APORTES

 

Covid-19 y recintos penitenciarios en Bolivia¹

 

Covid-19 and Prisions in Bolivia

 

Gabriela Jeanneth Reyes García²

Fecha de recepción: 31 de agosto de 2020
Fecha de aceptación: 30 de septiembre de 2020

 

 

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Resumen

El artículo, apoyado en documentación hemerográfica, presenta el estado de situación que atravesó el sistema penitenciario durante los primeros cinco meses desde la aparición del primer caso registrado de covid-19 en Bolivia. Describe las recomendaciones internacionales aplicadas para prevenir y reducir el impacto de la pandemia, y resume las principales acciones y medidas sanitarias tomadas dentro de los recintos penitenciarios, el manejo de audiencias virtuales y el proceso de aprobación del Decreto Presidencial N° 4226 de indulto y amnistía.

Palabras clave: covid-19, centro penitenciario, salud pública, derechos humanos, Bolivia

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Abstract

The article, supported by hemerographic documentation, presents the state of affairs that the prison system went through during the first five months since the appearance of the first registered case of Covid-19 in Bolivia. It describes the international recommendations applied to prevent and reduce the impact of the pandemic and summarizes the main actions and sanitary measures taken within prisions, the management of virtual court hearings and the process of promulgation of the Supreme Decree N° 4226 for pardon and amnesty.

Keywords: covid-19, penitentiary precincts, public health, human rights, coronavirus in Bolivia

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INTRODUCCIÓN

Desde la primera notificación sobre el brote de covid-19, reportado en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019, se efectuaron una serie de cambios sociales y estructurales que por supuesto involucran acciones dentro de los Sistemas Penitenciarios para el cuidado de las personas privadas de libertad a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante movilizaciones con gobiernos y asociaciones, ha promovido el cuidado, la prevención y la contención del coronavirus a nivel mundial; esto principalmente implicó difundir información de las recomendaciones adoptadas para el control de la actual pandemia dentro de prisiones y otros centros de aislamiento (Preparedness, Prevention and Control of covid-19 in Prisons and other Places of Detention [WHO, 2020])³. Una de las organizaciones asociadas, como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), realizó una compilación sobre las medidas de prevención y reducción del impacto de la pandemia del covid-19 en lugares de detención. Esta compilación está basada en las obligaciones estatales dentro de los recintos penitenciarios, derivados del derecho y los estándares internacionales adoptados por diversos gobiernos, incluyendo a Bolivia (CICR, 2020).

En cuanto a Bolivia, los dos primeros casos confirmados de coronavirus se dieron a conocer el 10 de marzo de 2020; la denominada paciente cero fue una mujer de 65 años de edad que llegó de Italia a Santa Cruz⁴ sin síntomas del virus. Al día siguiente, el 11 de marzo de 2020, ya se habían confirmado tres casos de coronavirus en el país; el mismo día, la OMS declaró como pandemia al covid-19. En Bolivia se tomaron medidas a nivel nacional desde el Gobierno central a partir del 12 de marzo, la presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, Jeanine Áñez, informó a la población la suspensión de clases en todos los niveles y modalidades en todo el país, la suspensión de viajes hacia Europa y el control de toda persona que entre al país siguiendo los protocolos definidos por la OMS; se prohibió la realización de eventos públicos de más de 1.000 personas. Además, dispuso que en todas las ciudades capitales se habiliten, progresivamente, espacios (hospitales) que reúnan todas las condiciones para la atención exclusiva de los casos confirmados de covid-19.

Entonces, ¿qué pasa con los recintos penitenciarios?, ¿cuáles serían las medidas que se adoptarían para tal contingencia en estos espacios?

Como se conoce, los recintos penitenciarios y el Sistema Penitenciario está colapsado a nivel Sudamérica; el sistema penitenciario boliviano no es la excepción. Existe falta de preparación para el tratamiento penitenciario calificado y especializado, se carece de recursos materiales y profesionales para la rehabilitación y reinserción de aquellas personas privadas de libertad que lo necesitan. Los recursos financieros no abastecen; a esto se añade la mala administración, distribución y el mal uso de estos recursos afectando así a las y los privados de libertad y al Sistema Penitenciario en general; todo esto dificulta una atención eficaz y eficiente ante una pandemia, porque afecta a varios países, global.

De acuerdo a la Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP), hasta marzo de 2020 había 18.108 personas privadas de libertad, 1.203 mujeres y el resto varones. El hacinamiento llega al 269% debido principalmente a la gran cantidad de detenidos preventivos; 70% de la población carcelaria está con detención preventiva y el 30% con sentencia condenatoria. Asimismo, son evidentes las precarias condiciones de infraestructura; la falta de servicios básicos como agua, alcantarillado y las peligrosas instalaciones de luz; la falta de personal médico acorde a la cantidad de privados/as de libertad; el bajo presupuesto para una alimentación adecuada. Considerando que la población más vulnerable dentro de la emergencia sanitaria son los adultos mayores, debido al nivel de decesos por el virus focalizado en este grupo, en enero de 2020, se ha realizado el conteo de personas mayores de 65 años recluidas en los recintos penitenciarios bolivianos. El resultado: hay 619 personas mayores de 65 años. 176 están en La Paz; 161, en Santa Cruz; 109, en Cochabamba; 50, en Tarija; 34, en Oruro; 31, en Chuquisaca; 28, en Beni; 23, en Potosí; y 7, en Pando (El Diario, 24-1-2020). Por los datos emitidos, se tiene una considerable cantidad de personas adulto mayores detenidas en recintos penitenciarios. Por eso, después de todo lo mencionado, se puede pensar que la población privada de libertad está proclive a una rápida propagación del virus.

En esta época es necesario ser realista y mirar críticamente la realidad del sistema penitenciario boliviano, que hace casi imposible ejercer un control sanitario efectivo para evitar el contagio y la propagación del covid-19. Es por esto que el objetivo principal de este documento es presentar el estado de situación que las personas privadas de libertad han atravesado durante la temporada más dura de la emergencia sanitaria en Bolivia. Así también, conocer un poco más las decisiones de autoridades emitidas y presentadas mediante medios de comunicación sobre las medidas de prevención y contención para mitigar el impacto de la pandemia en los recintos penitenciarios nacionales.

 

METODOLOGÍA

En cuanto a la metodología adoptada para la elaboración de este documento, se optó por una recopilación, principalmente, hemerográfica, y de notas de prensa audiovisuales, que nos permitió conocer cuáles fueron las medidas adoptadas por el gobierno y, en particular, por el Régimen Penitenciario para precautelar la salud de los internos e internas. Además, se recogió datos oficiales de la Dirección General de Régimen Penitenciario, y de organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en Bolivia la temática penitenciaria. Esta compilación nos ayudó a determinar qué estrategias y recomendaciones se han adoptado en Bolivia para prevenir y reducir el impacto del covid-19 en los recintos penitenciarios.

La información recolectada para este documento comienza el mes de marzo de 2020, fecha en la que se registró oficialmente a la primera persona contagiada en Bolivia, fuera de los recintos penitenciarios, y se extendió hasta julio de 2020, tres meses después de que se registró el primer contagio dentro de un recinto penitenciario. El espacio temporal elegido para la elaboración de este documento se debe a la importancia de conocer tanto las medidas de prevención como las medidas de contención del impacto de la pandemia, tomadas por las autoridades para el resguardo de la población penitenciaria.

RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL COVID-19 EN RECINTOS PENITENCIARIOS

El Comité Internacional de la Cruz Roja elaboró una lista de 23 recomendaciones para la prevención y mitigación del coronavirus dentro de los recintos penitenciarios. Entre los más importantes están: la coordinación del sistema penitenciario con el sistema general de salud y otras instituciones; la disposición de elementos para los lugares de detención; la designación y adecuación de espacios de cuarentena y aislamiento; las medidas de control al ingreso de toda persona a los lugares de detención; la prevención y manejo de contagios de covid-19; la atención a las personas privadas de libertad (PPL) con riesgo de previa exposición al virus de la covid-19 (cuarentena); la atención a las PPL con síntomas de la covid-19 (aislamiento); la supervisión de PPL bajo cuarentena y aislamiento; la preparación del personal encargado de las PPL; el ingreso del personal a sectores de alojamiento; la nutrición e higiene de las PPL; la limpieza permanente de todos los espacios de los lugares de detención; la revisión judicial de casos en riesgo de contagio y libertades por razones humanitarias; la gestión de excarcelamiento por indulto o amnistía (CICR, 2020).

Estas recomendaciones han sido pensadas para cuidar el pilar fundamental, basado en los derechos humanos, que es el de preservar "la dignidad y el valor inherentes de las personas privadas de libertad como seres humanos" (reglas 1 a la 5 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos [UNODC, 2015]), es decir, velar en todo momento por la seguridad de las personas privadas de libertad, el personal, los proveedores de servicios y los visitantes que involucran este grupo. Promover la seguridad y las condiciones humanas de las personas privadas de libertad, promover condiciones de encarcelamiento dignas, sensibilizar acerca del hecho de que las personas privadas de libertad son parte integrante de la sociedad y valorar la labor del personal penitenciario.

DECISIONES DEL GOBIERNO ANTE LA CRISIS SANITARIA EN RECINTOS PENITENCIARIOS

Desde el 11 de marzo, día que se declaró la pandemia mundial, las noticias de la situación y el tratamiento de los centros reclusorios en Bolivia empezaron a aparecer en los periódicos nacionales. El Gobierno central recibió cartas de auxilio de las y los privados de libertad del recinto penitenciario de San Sebastián de Cochabamba y de varias organizaciones, como el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), la Defensoría del Pueblo y la Pastoral Social Cáritas Bolivia. Todos pidieron, en primer lugar, priorizar la protección de la vida y salud de las personas privadas de libertad ante la emergencia sanitaria. Así también solicitaron la ampliación de la atención médica y la capacitación a los médicos en la atención de enfermos con covid-19; mejorar las condiciones de infraestructura y dotar de implementos de higiene personal; informar a la población privada de libertad sobre los métodos de prevenir el contagio; limitar el contacto entre los reclusos y controlar rigurosamente todos los materiales, alimentos y personas que ingresen a los penales (ANF, 31-3-2020) y, sobre todo, acelerar la solicitud de amnistía e indulto para la liberación de privados de libertad que cumplan con los requisitos.

Entre los pedidos particulares que hicieron los privados de libertad a las autoridades, la mayoría estuvo vinculada con el Decreto Presidencial N° 4226 de amnistía e indulto por razones humanitarias y de emergencia sanitaria nacional en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y propagación del coronavirus. Entre ellos, están la liberación de personas de la tercera edad, la liberación de las personas que sobrepasaron el vencimiento de plazos de la detención preventiva, la liberación de las personas que cuenten con una sentencia ejecutoriada y ya hayan cumplido con las 2/5 y 3/5 partes de la condena, de quienes se acogieron al indulto en años anteriores, pero no fueron beneficiados; y, por último, la limitación del ingreso de nuevos reclusos con delitos menores no violentos (Challapa, 2020c). Sobre esto, la ITEI solicitó liberar a los reclusos que están más de seis meses en detención preventiva, a las víctimas de la represión política detenidas desde noviembre de 2019 y determinar medidas sustitutivas para las mujeres con hijos y personas de la tercera edad (ANF, 31-3-2020). En cuanto a la petición de la Pastoral Social Cáritas Bolivia, su preocupación principal fue el pedido de ampliación del indulto para las personas menores de 58 años con enfermedades terminales, discapacidad física y mental, mujeres embarazadas y la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad en tiempos de pandemia (El País, 2-4-2020).

Es así que las medidas se iniciaron con la restricción de visitas para evitar que el covid-19 ingrese a los recintos, medida que, como se señaló antes, fue propuesta por los mismos privados de libertad.

Las visitas

Una de las primeras decisiones que se tomaron para evitar un desastre sanitario dentro de los recintos penitenciarios fue la restricción de visitas. En primera instancia, se consideró reducir los horarios de visitas en los diferentes recintos penitenciarios, el ingreso era de 08:00 a 13:00. Sin embargo, para ese entonces, ya había restricciones de transitabilidad para la ciudadanía en general debido a que el Gobierno central había decretado emergencia sanitaria nacional y cuarentena a partir del 17 de marzo en todo el territorio nacional; esto implicó la restricción de actividades y la libre circulación en las calles desde las 17:00 hasta las 05:00 del día siguiente. Cinco días después, la Presidenta del Estado Plurinacional endureció la cuarentena, con restricciones en personas menores de 18 años y mayores de 65 años. La transitabilidad para el abastecimiento de alimentos sólo se realizaría el día correspondiente a la terminación del número de cédula de identidad de la persona responsable de esta actividad, una por familia. Ésta, entre otras medidas que se tomaron, como el corte de los servicios de transporte público, desencadenó la disminución de la cantidad de personas que visitaban los recintos penitenciarios; por ejemplo, en los recintos penitenciarios de Cochabamba, las visitas se restringieron en un 80%, y en Arani y en el recinto de San Pablo de Quillacollo; y en San Roque de Sucre los mismos privados resolvieron no tener ninguna visita (El Diario, 22-3-2020).

Para el 24 de marzo, según el Director General de Régimen Penitenciario, Clemente Silva, toda la población penitenciaria decidió, mediante voto resolutivo, que no se permita el ingreso de visitas a los centros penitenciarios (El Diario, 28-3-2020). Aun así, durante el mes de marzo la medida era acatada con irregularidades; las pocas personas que podían llegar a los recintos penitenciarios a ver a sus familiares o amigos/as, lo hacían con dificultad por la dificultad de movilizarse.

Para comienzos del mes de abril, las personas privadas de libertad a nivel nacional resolvieron no tener visitas. Sólo se podía dejar paquetes de suplementos alimenticios y enseres de higiene en la puerta de los recintos. Estos, posteriormente, serían desinfectados por los responsables de seguridad en los recintos. El 5 de abril, el medio de comunicación El País registró que todavía había familiares y amigos de privados/as de libertad que llegaban a la puerta del Centro Penitenciario de Morros Blancos en Tarija haciendo todo lo posible para llevar medicamentos para sus familiares enfermos que se encontraban recluidos, así como comida y enseres de limpieza; otras personas solamente deseaban conocer la situación de sus familiares (Castillo, 2020). Las personas expresaron su lamento por las medidas que se habían tomado. La directora departamental de Régimen Penitenciario afirmó que se recibían los encargos de los familiares de las personas recluidas, pero que no dejaban que aquellos puedan acceder al recinto. También sostuvo que ni siquiera el sacerdote del penal ni los abogados podían entrar debido al temor de las personas privadas de libertad, de la seguridad penitenciaria y de los funcionarios de Régimen Penitenciario de que el virus entre y las personas empiecen a enfermar dentro de los recintos.

La misma situación se dio en las cárceles del departamento de Cochabamba. La inconformidad de los familiares y amigos de los internos/as llevó a la difusión de la noticia de que la restricción de visitas al recinto fue impuesta por la Dirección de Régimen Penitenciario, por lo que la directora departamental de Régimen Penitenciario de Cochabamba emitió un comunicado mediante medios de comunicación nacionales, resaltando que los mismos privados/as de libertad habían puesto la restricción de las visitas. (ABI, 2-5-2020). Tanto las autoridades como las y los internos de los penales asumieron esta decisión por la seguridad de las visitas, de los privados/as de libertad y del personal penitenciario.

Para el mes de junio, tiempo después de que se confirmaran las primeras muertes de internos contagiados por coronavirus y más de tres recintos penitenciarios con personas contagiadas, no ha cesado la restricción de recibir visitas, aunque la cuarentena se ha flexibilizado. En un comunicado oficial, el Viceministro de Seguridad Ciudadana afirmó que se mantendría la restricción de visitas y que cualquier permiso de ingreso a personas particulares o de instituciones sería anulado con la finalidad de evitar más contagios de covid-19 (Alanoca, 2020b).

Desinfección, fumigación e implementos de bioseguridad y limpieza

Otra de las medidas que tomaron las autoridades para la prevención del virus fue la desinfección y fumigación de los recintos penitenciarios. La realizaron a finales de marzo, tanto dentro del perímetro de reclusión como fuera del área, donde generalmente se encuentran las oficinas de la seguridad penitenciaria y de los funcionarios de Régimen Penitenciario.

Según El Diario, el primer registro de desinfección se realizó en siete centros penitenciarios de Cochabamba. El segundo fue en el recinto penitenciario de San Roque, en el departamento de Chuquisaca; las autoridades presentes en la desinfección mencionaron a los reporteros de Correo del Sur que las desinfecciones en este centro se realizarían de manera periódica. El tercer registro se realizó a inicios del mes de abril, en tres recintos penitenciarios del departamento de La Paz, dos de mujeres y uno de varones. En La Razón no se mencionó si se efectuó la desinfección de Chonchocoro⁵; el director de Régimen Penitenciario afirmó que el objetivo era desinfectar las áreas donde los internos se concentran, como pasillos, patios y otras áreas comunes. El cuarto fue el recinto penitenciario de Palmasola, en Santa Cruz, que es uno de los reclusorios con la mayor cantidad de personas privadas de libertad. La desinfección se registró a mediados del mes de abril; la municipalidad desinfectó las instalaciones, aunque no es la primera vez que lo hace debido al clima y a las enfermedades existentes en esa región. El último registro de desinfección fue del penal de Mocoví, en el departamento de Beni, realizada en ambientes de mujeres y de varones.

Cabe destacar que la desinfección y fumigación de centros penitenciarios se llevó a cabo bajo la coordinación del sistema penitenciario con el sistema general de salud, autoridades regionales y otras instituciones. Por ejemplo, en la desinfección del recinto penitenciario de Palmasola participó la Dirección de Riesgo y Emergencia Municipal, que apoyó con máquinas motores y motobombas para hacer la desinfección; en Chuquisaca participaron el Servicio Departamental de Salud (Sedes), el Ministerio de Deportes y la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario. En La Paz, participaron el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Seguridad Penitenciaria y la Dirección Nacional y Departamental de Régimen Penitenciario. Según las autoridades, se movilizaron cuatro cisternas y brigadas de funcionarios y obreros del Sistema de Regulación Municipal para la desinfección de las penitenciarías. En las desinfecciones realizadas en los recintos penitenciarios, los funcionarios de cada Sedes, además de realizar la desinfección del recinto, difundieron a la población reclusa y a los funcionarios información básica para la prevención del virus.

Al mismo tiempo de efectuada la desinfección y, en algunos casos, fumigación de los recintos penitenciarios, se instalaron algunas medidas de control para el ingreso de las personas a los lugares de detención. Por ejemplo, en el recinto de Mocoví, instalaron una cámara de desinfección gracias a la Dirección departamental de la Policía (ABI, 20-4-2020). En el caso del recinto penitenciario de San Pedro, de La Paz, la Dirección General de Régimen Penitenciario entregó la primera cámara de desinfección, que se encuentra en la entrada del recinto. Según Correo del Sur, los internos del penal de San Roque, en la ciudad de Sucre, fabricaron una cámara de desinfección que fue instalada, también, en el ingreso del penal. El Gobernador del centro penitenciario de Sucre afirmó que ésta fue una iniciativa conjunta de policías y privados de libertad del recinto, como medida para evitar contagios. La autoridad mencionó que los privados de libertad están ocupando su tiempo realizando estas cabinas para la venta al público⁶.

Por otro lado, el 24 de marzo, la Dirección General de Régimen Penitenciario entregó equipos de bioseguridad a los médicos que trabajan en los centros penitenciarios; además, se dotaron algunos implementos de bioseguridad a los responsables del control de los alimentos que ingresaban para la población. Sin embargo, el medio de comunicación El Diario conversó con algunos internos, quienes manifestaron que carecen de equipos de bioseguridad como barbijos, guantes o alcohol en gel. Los internos más favorecidos y protegidos son los que tienen los medios económicos para comprar sus propios insumos. "No tenemos nada, menos alcohol en gel, algunos se compraron barbijos y guantes, los que no tenemos estamos sólo en las manos de Dios. Desde la cuarentena hemos iniciado a hacer una olla común y cada sector está aislado" (El Diario, 28-3-2020). La directora departamental de Régimen Penitenciario de Tarija afirmó que no se tienen los insumos suficientes y necesarios para poder sobrellevar la crisis, afirmó que se realizó una petición al Ministerio de Gobierno, pero hasta el 5 de abril no había sido respondida.

Para mediados del mes de abril se difundió la noticia de que se habían implementado protocolos de bioseguridad para el ingreso de alimentos, la desinfección de paquetes y bolsas que entran a los centros penitenciarios para el consumo de los mismos internos/as (El Diario, 2-4-2020). Fundaciones y organizaciones también han ayudado con la dotación de material de desinfección. El 3 de abril, el programa italiano Progetto Mondo donó 26 mochilas con insumos para la desinfección; cada mochila constaba de alcohol, lavandina y otros implementos. El director nacional de Régimen Penitenciario, Clemente Silva, destinó estas mochilas a la desinfección del personal policial y administrativo que ingresaba a los centros de reclusión. Por otro lado, el 11 de abril, los internos del penal de Oruro afirmaron que no les dotaron ni de las mínimas medidas de seguridad, no tenían barbijos ni otros implementos de limpieza. Entonces, ¿será que la cantidad de la entrega fue mínima? Según los internos: "Aquí solo un solo barbijo y una botella de gel por sección..." (ANF, 30-3-2020). Esta dotación no abastece al total de la población penitenciaria⁷, ni siquiera al personal a cargo de la seguridad penitenciaria; al respecto, los internos del penal de San Pedro se quejaron del incumplimiento de las medidas sanitarias por parte de este personal. Afirmaron que las personas de la seguridad penitenciaria, cuando realizan los controles, "llamado de lista", actividad que se realiza tres veces al día, lo hacen sin guantes ni barbijos, a pesar de que el 2 de abril las autoridades penitenciarias anunciaron que el uso de mascarillas es obligatorio para el personal policial, médico y administrativo dentro de los recintos penitenciarios (El Diario, 2-4-2020).

El peligro son los cambios de turnos y los policías que pasan lista a las 07:00 y a las 17:30, cada día por medio, son 18 policías que vienen de sus casas a través de las calles y no toman las medidas de salud, muchas veces ni barbijos tienen (entrevista realizada a un interno de San Pedro en ANF, 30-3-2020).

A pesar del show mediático que se realizó con la desinfección y fumigación de algunos recintos penitenciarios bolivianos como medida de prevención, no se sabe si la limpieza que se realiza tanto dentro como fuera de la penitenciaría es frecuente, o si todos los espacios y lugares de detención han sido beneficiados con esta medida de seguridad. Para el 12 de mayo, el medio de comunicación Los Tiempos enfatizó que el penal de San Sebastián varones, entre otros centros penitenciarios, se encuentra en situación de abandono y falta de higiene; no hay implementos básicos para la desinfección y cuidado de los ambientes. En el penal de San Sebastián mujeres, la mayoría de las duchas están fuera de servicio y la estructura de los espacios se está cayendo, no se han hecho evaluaciones médicas. Además de esto, se le negó la entrada al delegado de la Defensoría, "Nosotros cumplimos con todos sus protocolos, pero inexplicablemente se nos prohíbe el ingreso para realizar nuestro verificativo" (Los Tiempos, 12-5-2020).

Cabe destacar que toda dotación de insumos de bioseguridad, higiene y limpieza para privados de libertad la realizan instituciones y organizaciones no gubernamentales. Está el caso de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que para el mes de julio seguía apoyando a la población penitenciaria con lotes de insumos, por ejemplo, jaboncillos, desinfectantes, trajes de protección personal, guantes de látex, barbijos, entre otros (El Diario, 9-7-2020b). Pero estas dotaciones no alcanzan al total de la población penitenciaria. A pesar de los esfuerzos, no existen garantías sanitarias que puedan reforzar la calma entre las y los privados de libertad. Las medidas de protección contra el covid-19 han sido, en su mayoría, asumidas por los propios privados de libertad (El Diario, 29-6-2020), en algunos recintos penitenciarios ellos mismos subvencionan la desinfección del recinto y de sus espacios, "celdas". El eucalipto es un gran aliado, según los internos, debido a que es una forma económica para desinfectar los ambientes.

Una de las últimas noticias registradas de desinfección y fumigación en los recintos fue realizada después de la muerte de reclusos dentro del recinto penitenciario de San Pedro de La Paz. Según el director Nacional de Régimen Penitenciario se ha tomado muestras a más de veinte privados de libertad y se realizó el aislamiento de personas sospechosas de haber contraído covid-19, el rastrillaje se realizó como medida adoptada para la contención del virus dentro del recinto (El Diario, 9-7-2020a). La demora de la respuesta del rastrillaje desarrollado desató que los mismos privados de libertad se autoaíslen en sus celdas, a pesar de que pocos son los privados de libertad que cuentan con celdas independientes; esta medida es la más conveniente para evitar la propagación masiva. Para el 10 de julio, según el medio de comunicación Los Tiempos, ya se tuvo casos positivos y sospechosos en Palmasola, Santa Cruz; Mocoví, en Beni; San Roque, en Sucre; Villa Busch, en Pando, y en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en La Paz. La autoridad penitenciaria sostuvo que la coordinación con las autoridades municipales y de la gobernación es crucial para poder contener el virus (Challapa, 2020a).

Los alimentos y la alimentación dentro los recintos penitenciarios en época de pandemia

El 30 de marzo salió una nota de prensa que titulaba: "Internos del penal de San Pedro en cuarentena: 'Dios quiera que podamos sobrevivir'". En el periódico Los Tiempos, en una entrevista realizada por la Agencia de Noticias Fides (ANF) a los privados de libertad del penal de San Pedro de La Paz, se señala que los alimentos no abastecen al total de la población penitenciaria: "si no mueren por el coronavirus será por la falta de alimentos, en la cuarentena que vienen cumpliendo para evitar la infección y propagación del virus en el recinto penitenciario" (ANF, 30-3-2020). A pesar de que los responsables de Régimen Penitenciario aseguraron la alimentación a los privados/as de libertad en diversos penales, según los internos del penal de San Pedro de La Paz hubo una reducción de alimentos. Afirmaron que la porción otorgada para el almuerzo se redujo, más o menos, a la mitad.

... los internos señalaron que la comida es por lo general sopa de huesos con verdura o de patas de pollo, como fue la ración del domingo. Y a esto se suma que la cantidad bajó a un cucharón y hasta solo medio cucharón de sopa; pese a esa reducción muchos internos se quedan sin comer. En las mañanas (..) el pan y el té no alcanzan para todos (ibid.).

Generalmente, los familiares de los y las internas abastecen a los privados y privadas de libertad, son los familiares, amigos/as o visitas quienes dotan de alimentos y enseres de higiene personal, y lo que sea necesario, para la cotidianidad en el encierro⁸. Debido a la restricción de visitas, muchos/ as de las y los internos están consumiendo los alimentos que cocinan en la olla común de los recintos, esta comida era evitada por muchos de las y los internos debido a la calidad y dudosa salubridad en la preparación. Algunos internos se quejaban de dolores de estómago después de comer la comida del penal; por este motivo, la rechazaban. Sin embargo, se evidenció que las condiciones de salubridad varían por penal. Por lo tanto, puede ser posible que la cantidad de alimentos que entraban al recinto antes de la cuarentena sea la misma que actualmente. Pero los internos percibieron la escasez de dichos alimentos que afirman que padecían. El director de Régimen Penitenciario se vio obligado a aclarar que las provisiones de alimentos son aseguradas por las proveedoras contratadas para abastecer las raciones, debido a las quejas presentadas por los privados de libertad del recinto penitenciario de San Pedro, y afirmó que se empezarían averiguaciones sobre las raciones en caso de que siga habiendo falta de alimentos.

Relacionado al tema de la alimentación, es de suma importancia mencionar que un grupo de la población invisibilizada y que actualmente forma parte de la población privada de libertad es el de las niñas y los niños⁹. El 15 de abril, El Deber sostuvo que se cerraron las guarderías al interior de los penales para precautelar la seguridad de los niños; así, los 35 niños de Palmasola que acudían a la guardería se quedaron sin la alimentación que allí se les proporcionaba. Debido a que no está presupuestado dentro del "rancho", se dejó de dotar alimentos, por lo que organizaciones y fundaciones ejecutaron movimientos para la recolección y colecta de raciones secas y dinero para abastecer esta necesidad de las y los niños (Soria, 2020b). Las autoridades sostuvieron que se les anunció que los niños tendrían que salir del penal, pero las internas no querían separarse de ellos. En esta época, las donaciones de la sociedad han sido evidentes, y así lo afirma la directora del penal de Mocoví, en Trinidad, "... debido a las restricciones de la cuarentena decretada, los privados de libertad no están recibiendo visitas, en consecuencia, varias instituciones y personas particulares les han hecho llegar donaciones" (ABI, 20-4-2020). Es necesario resaltar la colaboración que siempre han recibido los penales a nivel nacional, tanto por voluntarios para el área de medicina, psicología y otros para la atención a los niños, sobre todo en esta etapa, cuando la necesidad se ha extendido.

Diferentes organizaciones y personas con y sin afinidad de parentesco con las y los privados de libertad han colaborado de muchas formas. Sobre todo con alimentos e insumos de higiene y desinfección, se sumaron a este movimiento la Unidad de Apoyo de Gestión Social de la Presidencia y el Ministerio de Obras Públicas, que entregaron víveres al recinto penitenciario de San Pedro, en La Paz, que fueron recolectados entre funcionarios de esa cartera de Estado como parte de la campaña "Obras solidarias", en la que también participaron la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el Servicio de Aeropuertos Bolivianos, la Administradora de Rodaje y Pesaje (Vías Bolivia) y otras entidades públicas.

En el caso de Cochabamba, los integrantes de la Asociación de Gastronómicos, Garzones y Ramas Afines "8 de Diciembre", junto con grupos de voluntarios/as, realizaron la entrega de donaciones de alimentos: "Hasta la fecha (6 de mayo), este movimiento solidario llevó canastones con víveres como pan, fideo y otros artículos de primera necesidad. También, medicamentos a recintos penitenciarios..." (Delgadillo, 2020). Dos recintos de Trinidad tampoco quedaron excluidos de las donaciones, según La Palabra del Beni, la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf) entregó alimentos a las cárceles de varones y mujeres; esta dotación fue realizada por entidades públicas y privadas, y entregada a la organización Cáritas¹⁰ para su distribución. La misma organización coordinó con la empresa de pollos IMBA para la donación de pollos dentro de los mismos reclusorios.

Salud

Según la UNODC, en las reglas mínimas para la prevención y contención del covid-19 en recintos penitenciarios, se ha propuesto enfatizar en la prestación de servicios médicos a las personas privadas de libertad, por supuesto, como una responsabilidad del Estado. La UNODC agrega detalles significativos a los principios, alcance y composición generales de los servicios médicos en prisión. Estos incluyen:

— Garantizar los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad y proveer acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin discriminación.

— Evaluar, promover, proteger y mejorar la salud física y mental de las personas privadas de libertad, incluidas las personas que requieren una atención especial.

— Cumplir con los principios de independencia clínica, confidencialidad médica, consentimiento informado en la relación médico-paciente y con la continuidad en el tratamiento y cuidado (incluidos el VIH [virus de la inmunodeficiencia humana] de la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, y la drogodependencia).

— La prohibición absoluta de participar en actos de tortura y otras formas de maltrato, y la obligación de documentar y denunciar casos de los cuales pudieran tener conocimiento (UNODC, 2015: 8).

Estos servicios médicos y sanitarios se refieren a las reglas 24 a 27, y 29 a 35 de las Reglas Mínimas adoptadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Las autoridades de Régimen Penitenciario han adoptado estas reglas con muchas limitantes, debido a las deficiencias que se tienen hace muchos años en el sistema de salud penitenciario. Uno de los problemas más evidentes es la ausencia de personal médico suficiente para cubrir la demanda de privados de libertad que lo requieren (ANF, 30-3-2020). Al respecto, según El Diario, hay 30 médicos para 48 centros reclusorios. Generalmente, la atención de los médicos dentro de los recintos se limita a chequeos médicos generales; incluso, el mismo médico debe atender casos donde el dentista u otro profesional del área de la medicina debería actuar. También se recluta a internos/as profesionales en medicina para ayudar en dichas tareas; como consecuencia, se creó la delegatura de salud al interior de los recintos penitenciarios bolivianos (ANF, 23-6-2020).

El director general de Régimen Penitenciario ordenó que, a pesar de la cuarentena y debido a la emergencia de salud, los médicos siguieran trabajando con regularidad y estuvieran disponibles por si se presentaba alguna emergencia sanitaria en todos los centros penitenciarios. Al parecer, la mayoría de los funcionarios que trabajan en los recintos han atendido los requerimientos y dados los cuidados que se podían otorgar a los privados de libertad durante la pandemia. Las áreas de medicina, psicología y trabajo social realizaron la difusión de información básica para la prevención del virus. Se ha instruido y capacitado a la población sobre cuidados y controles de bioseguridad que deben tomarse dentro del penal. En cuanto a los aspectos psicológicos y emocionales, en el recinto penitenciario de San Roque¹¹ las profesionales de las áreas de psicología y psiquiatría han brindado contención emocional a los privados de libertad por el miedo al contagio en la población penal (Correo del Sur, 31-3-2020).

El 15 de abril, según La Razón, se realizó una evaluación médica a las personas privadas de libertad que diagnosticó que una mayoría tiene mal de Chagas. El Viceministro de Régimen Interior afirmó que se hizo este relevamiento de información debido a que el covid-19 es más peligroso para las personas con enfermedades de base; por lo tanto, el Viceministro afirmó que "el Gobierno instalará centros de monitoreo de estas personas con patologías y se los separará de la población.." (Farfán, 2020b).

Además de la falta de personal médico, hay la escasez de medicamentos y de tratamientos. Los internos afirman que cualquier dolencia la tratan con diclofenaco y paracetamol (Challapa, 2020b). Esta falta de medicamentos dentro de los recintos penitenciarios empezó a preocupar a los privados de libertad de San Roque debido que para junio ya se contaba con personas con síntomas de resfrío; dos de esas personas tuvieron que ser aisladas en cumplimiento del protocolo de sanidad. El gobernador del penal afirmó que se había agotado el stock de medicamentos. "Pedimos que las autoridades o algunas farmacias e instituciones pueda solidarizarse con los internos para ayudar con medicamentos sobre todo antibióticos para los resfríos" (Correo del Sur, 12-6-2020). Poco después del cumplimiento del protocolo de sanidad se confirmó que un privado de libertad y dos guardias policiales del recinto dieron positivos para covid-19.

El 26 de junio se realizó la campaña de recolección de medicamentos para los enfermos de covid-19. El gobernador del recinto afirmó que muchas organizaciones, empresas y la población en general hicieron donativos; esto aportó a la recuperación de algunos enfermos (Correo del Sur, 26-6-2020). Bajo el ejemplo de San Roque, la Dirección Departamental de Cochabamba y la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia católica realizaron gestiones para que brigadas médicas visiten los centros penitenciarios y, a la vez, se realicen donaciones de medicamentos. En el caso de Cantumarca, en Potosí, asesores jurídicos, junto a la radio Omega 107.9 FM, realizaron la campaña "Corazones solidarios", que buscó recaudar colchones, frazadas y otros insumos para los enfermos del penal (El Potosí, 1-7-2020). Después de los primeros decesos registrados en Palmasola, El Diario confirmó que al penal ingresaron "funcionarios municipales que llevaron alimentos, sábanas y medicamentos para los privados de libertad. Asimismo recibieron atención médica de los profesionales que acompañaron la comitiva del municipio cruceño" (El Diario, 13-5-2020) y la ayuda de la alcaldía, que donó tres mil unidades de medicamentos.

Para el 14 de julio, según Correo del Sur, la evolución de los enfermos con covid-19 al interior del recinto penitenciario de San Roque fue favorable debido a que se pudo contener su propagación con ayuda del rastrillaje que realizó el Sedes dentro del recinto. Los internos de esta cárcel accedieron a realizarse ensayos clínicos con dióxido de cloro para ver la evolución de la enfermedad con este tratamiento. Y algunos internos que ya habían superado la enfermedad afirmaron que serían donadores de plasma hiperinmune y que se podría formar un banco de este insumo necesario para la recuperación de pacientes con coronavirus.

Audiencias y otras medidas

En plena emergencia sanitaria, han ingresado y salido detenidos preventivos de los recintos penitenciarios de Bolivia¹². Ante este fenómeno, como medida de seguridad y según la determinación del plan de contingencia en cárceles y carceletas, Régimen Penitenciario ha informado sobre el aislamiento durante 14 días antes de que los nuevos internos ingresen a la población. Para este cometido, se han adecuado espacios en los recintos para que los nuevos internos/as ingresen de manera pasajera para poder monitorear su salud y descartar que sean portadores de covid-19 (Cusicanqui, 2020b). En caso de verificarse que alguna de estas personas tuviera los síntomas de covid-19, el personal de Régimen Penitenciario debía ponerse en contacto con el Sedes para que se tomen las pruebas necesarias. En cambio, la población penitenciaria solicitó la restricción de nuevos ingresos debido a la aparición de internos/as contagiados.

Las audiencias, sobre todo virtuales, se han mantenido activas desde el mes de abril; según Correo del Sur, el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca llevó adelante 16 audiencias durante la cuarentena hasta el 14 de abril. Se promovió la realización de audiencias mediante plataformas virtuales para evitar la concentración de personas en un mismo espacio. El presidente del TDJ de Chuquisaca aseguró que se instaló un sistema especial que conecta a la autoridad judicial respectiva, desde el tribunal, y a los detenidos en compañía de sus abogados, desde el penal (Correo del Sur, 14-4-2020). Las autoridades debían decidir la priorización de unas audiencias sobre otras para llevarlas a cabo.

Un aspecto positivo de este tratamiento judicial ante la cuarentena fue que más de 10 privados de libertad de la penitenciaria de San Roque, de Sucre, se beneficiaron con la detención domiciliaria o la libertad condicional siguiendo el conducto regular, mediante las audiencias virtuales.

Por otro lado, en Santa Cruz, se realizó la primera audiencia virtual por videoconferencia el 4 de mayo, en la que se evidenciaron observaciones de tipo técnicas que, con el paso del tiempo, se supieron mejorar. Para el mes de junio, ya se registraron más de 3.300 audiencias virtuales a nivel nacional (Los Tiempos, 16-5-2020). En el departamento de Cochabamba, se llevó a cabo un plan de descongestionamiento; el presidente del Tribunal Departamental de Justicia informó que se realizaron audiencias virtuales en las cuales 14 detenidos fueron beneficiados con mandamientos de libertad y otras 20 personas con beneficios penitenciarios. Este plan beneficia a personas que hayan cometido delitos leves ".. además que se toman otras acciones para quienes están con sentencias ejecutoriadas" (Corrales, 2020). La misma línea siguió el penal de Palmasola al liberar a cuatro privados de libertad, la vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz informó que se desarrollaron 58 audiencias virtuales en las que se determinó liberarlos (Los Tiempos, 28-05-2020).

Decreto supremo de indulto y amnistía

Durante los años 2013 al 2018, el Órgano Ejecutivo emitió decretos presidenciales de amnistía e indulto para descongestionar y reducir el alto índice de hacinamiento en los recintos penitenciarios; este año, por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el CICR y la OMS, debido a la preocupante situación y deficiencias penitenciarias, además por razones humanitarias y de emergencia sanitaria, para beneficiar y proteger a los privados/as de libertad ante posibles casos de coronavirus (Aguilar, 2020). La comisión mixta de la Asamblea Legislativa aprobó un informe de amnistía e indulto para que el pleno legislativo conceda el beneficio. Según el Gobierno, esta norma ayudaría aproximadamente a ocho mil personas privadas de libertad a nivel nacional (Villca y Cusicanqui, 30-4-2020).

El 9 de abril, la Asamblea Legislativa Plurinacional recibió la propuesta legal que permitiría la excarcelación de hombres mayores de 58 años y mujeres mayores de 55 años que no estén vinculados a delitos mayores, como violación, feminicidio, asesinato, terrorismo, tráfico de personas, robo agravado y secuestro, entre otros. Este decreto se aplicaría por razones humanitarias a personas que tengan una enfermedad terminal acreditada mediante certificado médico forense, salvo que la Constitución Política del Estado, el Código Penal u otra disposición legal no admita el indulto o se trate de delitos mayores.

El medio de comunicación Los Tiempos realizó un pequeño artículo puntualizando las características, tanto de la amnistía como del indulto:

—  La amnistía sería concedida a las personas adulto mayores que se encuentren con detención preventiva o con medidas sustitutivas a la detención preventiva; personas que hayan permanecido en el recinto penitenciario o detención domiciliaria que hayan expedido el mínimo legal de la pena prevista por el delito que contemple la pena más grave hasta el 29 de febrero de 2020; personas que tengan enfermedades terminales o incurables graves o muy graves siempre que la atención amerite cuidado especial, respaldada con la certificación médica forense (Aguilar, 2020).

—  El indulto será concedido a las personas adulto mayores que cuenten con sentencia ejecutoriada, en privación de libertad o con beneficio de extramuro, detención domiciliaria o libertad condicional emitida antes de la publicación del Decreto Presidencial o sea procesada a la fecha de la publicación del decreto presidencial y cuente con sentencia ejecutoriada hasta antes del 30 de junio de 2020. El indulto procede para personas con grado de discapacidad grave o muy grave, respaldado con la certificación correspondiente, sin que sea necesario cumplir parte de la condena; personas no reincidentes, condenadas a pena privativa de libertad igual o menor a ocho años, sin que sea necesario el cumplimiento de una parte de la condena; personas condenadas a pena privativa de libertad igual o menor a diez (10) años, que hayan cumplido una cuarta (1/4) parte de la condena privativa de libertad. También alcanza a la persona que se encuentra en etapa preparatoria y se someta a procedimiento abreviado obteniendo sentencia condenatoria ejecutoriada durante la vigencia del presente Decreto Presidencial, así como a la persona que hubiera hecho uso de recurso de apelación restringida o casación y desistiera del recurso, obteniendo la ejecutoria de la sentencia durante la vigencia del presente Decreto Presidencial (ibid.). Igualmente procede para mujeres embarazadas o madres de niños lactantes; personas que estuvieran bajo cuidado exclusivo de uno o varios de sus hijos/as bajo tutela o custodia única de niñas y niños menores de seis años que no hayan cometido delitos de gravedad.

De acuerdo con la Constitución Política del Estado, la norma requiere de la aprobación de la Asamblea Legislativa para entrar en vigencia. El 21 de abril, la comisión mixta de la Asamblea Legislativa aprobó un informe para que el pleno del Legislativo conceda el beneficio de indulto y amnistía a privados/as de libertad. Al fin, el decreto presidencial fue sancionado por el legislativo el 30 de abril y el 4 de mayo fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado para su puesta en vigencia (Villca, 2020c).

Alguno de los cuestionamientos a este decreto está dirigido a los requisitos que se les exige a las personas para el beneficio, como, por ejemplo, formularios y certificados. Al respecto, según La Razón, la Defensora del Pueblo aseguró que en el decreto se establecieron procedimientos dilatorios y burocráticos en los trámites para acceder al perdón. La autoridad planteó:

... que se apliquen alternativas más ágiles y menos formales para que los privados de libertad cumplan con los requisitos, "tomando en cuenta que la obtención del Informe del Sistema de Información de Registros de Causas Judiciales, el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y el certificado médico forense, en condiciones normales ya ameritan un procedimiento dilatorio y burocrático. El procedimiento que se establece implica la activación de dos instancias, una administrativa ante el Servicio Legal o la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, y otra judicial ante el Juzgado de Ejecución en lo Penal competente.." (Villca, 2020d).

Para el 11 de mayo, y con los primeros decesos de privados de libertad por coronavirus, el Decreto Presidencial N°4226, pese a que había entrado en vigencia el 4 de mayo, aún no registraba beneficiados/as. El medio de comunicación La Razón afirma que autoridades de Régimen Penitenciario anunciaron que primero empezarían con la socialización de la norma en los recintos (Cusicanqui, 2020a). El 16 de mayo de 2020, después de más de dos meses de la presentación del Decreto Presidencial de indulto y amnistía y más de dos fallecidos dentro del penal de Palmasola por coronavirus, el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz anunció la aplicación del Decreto Presidencial de indulto y amnistía, y pidió agilizar los procesos y aplicar audiencias virtuales para este cometido. ^“Además, se pide la predisposición de Defensa Pública, que es la instancia que representa a los internos, y de Régimen Penitenciario para que habilite las condiciones logísticas para llevar audiencias de forma simultánea desde el penal vía internet" (Los Tiempos, 16-5-2020).

Para el 18 de mayo, se conoció a las dos primeras personas condenadas a 10 años por tráfico de sustancias controladas por la Ley 1008 beneficiadas por la norma; se trata de un hombre con diabetes y discapacidad lumbar, lo que imposibilita su desplazamiento, y una mujer mayor de edad con problemas de hipertensión arterial. Ambos estaban recluidos en el penal de San Roque, en Sucre (Correo del Sur, 18-5-2020). A medida que pasaba el tiempo, se fue indultando a los privados de libertad registrándose, para el 26 de mayo, 15 privados/as de libertad beneficiados, y 45 casos de indulto y 50 de amnistía en evaluación. Igualmente, se avanzó en el beneficio de medidas alternativas a la detención preventiva mediante audiencias virtuales (Farfán, 2020a).

Para inicios de junio, con 42 internos infectados de covid-19 y 72 internos/as aislados por posibles contagios en los penales de Palmasola, Mocoví y el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, se había beneficiado con el Decreto Presidencial de indulto y amnistía por razones humanitarias a 42 internos, y 92 carpetas aún estaban en proceso. El proceso avanzó lento por razones burocráticas. El Viceministro de Seguridad Ciudadana aseguró que los internos de penales se beneficiaban con salidas a través de dos vías, el Decreto Presidencial N° 4226, y el descongestionamiento carcelario, con medidas alternativas o sustitutivas, con el que se espera superar los mil casos (Villca, 2020a). A causa del lento avance de beneficiados por el Decreto Presidencial de indulto y amnistía, la Asociación de Víctimas Judiciales expresó su preocupación, pidió por al menos 500 privados de libertad que, mediante su equipo de juristas, certificaban su inocencia. Asimismo, exigieron una auditoría jurídica para estas personas. "Ya suficiente tienen estas personas con pagar por delitos que no han cometido, y si nosotros hablamos de personas privadas de libertad inocentes es porque contamos con pruebas idóneas para demostrar su inocencia", manifestó el representante del departamento de Oruro (ANF, 10-6-2020).

 

Inicio del covid-19 en los recintos penitenciarios

"No queremos morir de coronavirus"¹³.

Contagios en Santa Cruz

El 4 de mayo, un policía de seguridad de la carceleta de Bahía, en el departamento de Santa Cruz, dio positivo a la prueba de covid-19. El medio de comunicación El Potosí sostuvo que la Defensora del Pueblo pidió la aplicación de medidas para evitar el contagio, comenzando por realizar la prueba de coronavirus a las 74 personas recluidas en la carceleta, además de realizar la prueba al personal de seguridad penitenciaria y a los funcionarios de Régimen Penitenciario que trabajan con esta población. La Defensora del Pueblo afirmó que ambos grupos mantenían contacto directo con los privados de libertad y que ni los efectivos de seguridad ni la población penitenciaria usaba barbijos, además de que no se habían realizado las desinfecciones correspondientes y había mucha falta de salubridad e higiene dentro de la carceleta (ANF, 4-5-2020).

El 8 de mayo, después de dos meses de registrarse las primeras personas infectadas por coronavirus en Bolivia, se confirmó el primer deceso por covid-19 de un privado de libertad en el interior del Centro de Rehabilitación Palmasola, en Santa Cruz (Alanoca, 2020c). El primer privado de libertad que falleció debido a problemas respiratorios, neumonía y afecciones cardíacas debido al covid-19 fue un hombre de 53 años de edad detenido preventivamente en el área de régimen abierto PC-4, donde se concentra la mayor parte de la población penal de Palmasola. El 30 de abril, ya lo habían llevado de urgencia al hospital, donde personeros del Sedes le tomaron muestras para determinar si había contraído el virus. En vista de que el resultado tardaría, lo regresaron al penal. El resultado, que dio positivo, se conoció después de su deceso. Murió en la sala de la guardería, en el interior del penal. No se pudo conocer la forma en la que se contagió.

El segundo caso positivo fue un recluso que falleció debido a problemas respiratorios por covid-19, tenía 38 años de edad; se contagió por contacto con el primer caso, debido a que dormían en el mismo pabellón. Falleció el 10 de mayo de 2020 en la puerta del hospital, donde, al parecer, no había espacio para su atención (Cortez, 2020). Él esperó 20 minutos dentro de la movilidad del penal, en la puerta del hospital, cuando de pronto cayó sin vida.

El 11 de mayo, después de dos decesos de internos por covid-19 y 19 personas aisladas y otras hospitalizadas (Cusicanqui, 2020a) que tuvieron contacto directo con los internos fallecidos, el gobernador de Palmasola, en medios de comunicación, descartó que hubiera un contagio masivo en la población penal (El Diario, 11-5-2020). Sin embargo, el problema creció debido a que el contagio se expandió en dicho recinto. Para el 12 de mayo, el Comandante General de la Policía boliviana informó que no había personas sospechosas de portar el virus, que se habían aislado 250 internos de Palmasola debido a que tuvieron algún contacto o porque formaban parte del entorno de las personas fallecidas. Sin embargo, los mismos internos afirmaron que eran más de 300 los que podrían haber sido contagiados (Suarez, 2020). La siguiente decisión tomada por el Gobierno central fue la destitución del gobernador del penal de Palmasola por la mala gestión de la crisis sanitaria:

Lamentablemente hubo negligencia por parte del exgobernador de Palmasola, quien ordenó la salida de un privado de libertad a un centro asistencial, ya que sufría varias enfermedades de base y fue contagiado por el virus en ese centro de salud y en lugar de aislarlo, fue introducido nuevamente a la población, lo que ocasionó que mucha gente se contagie (Villca, 2020b).

Para el 14 de mayo, los fallecidos sumaron tres y se hospitalizó a 12 internos con síntomas de covid-19 (Los Tiempos, 16-5-2020). Se habilitaron tres centros de aislamiento dentro del recinto para monitorear y controlar a las personas que sean sospechosas y positivas de portar el virus. El primero es la guardería del penal que se encuentra fuera del PC-4; el segundo es la denominada "Casa Blanca" dentro del PC-4; y, por último, el área del Centro de Apoyo Integral Pedagógico (CAIP); estos últimos dos espacios se habilitaron para personas sospechosas. Sólo las personas que presentaban complicaciones de salud fueron trasladadas a centros médicos fuera del recinto.

Para el 19 de mayo, la cantidad de fallecidos por covid-19 ascendió a cuatro, y 53 personas fueron aisladas como casos sospechosos. Las autoridades tomaron la decisión de encapsular el PC-4. Se habilitó un microhospital con personal médico permanente, seis médicos de la Dirección General de Régimen Penitenciario y cuatro del Sedes. El director nacional de Régimen Penitenciario informó que 25 internos de Palmasola dieron positivo al coronavirus, por lo que se determinó instalar 120 camas en los lugares de aislamiento (Los Tiempos, 19-5-2020). También se informó que seis de los internos que padecían coronavirus presentaron mejoría y fueron dados de alta del hospital. Sin embargo, debían permanecer aislados del resto de la población penitenciaria por precaución (Curi, 2020).

Para el 24 de mayo, la situación se complicó debido a que no había reactivos y el Gobierno incumplió con la dotación prometida del hospital móvil. Asimismo, faltaban camas, colchones y colchas para los pacientes. Para entonces, los casos sospechosos aumentaron a 62 (ANF, 24-5-2020). Los familiares de los internos empiezan a manifestar sus preocupaciones ante los medios de comunicación. Dos días después, se registran 36 internos contagiados con covid-19 y 103 reclusos aislados con sospecha de portar el virus; 18 de los 36 reportados, están hospitalizados y 7 ya fueron dados de alta (Los Tiempos, 26-5-2020).

Para el 7 de junio, aumentan los contagiados de 36 a 56, y 89 personas aisladas; 6 de las 56 personas fueron trasladadas a los centros médicos por complicaciones en su salud (Alanoca, 2020a). Tres días después, 14 privados de libertad, además de los seis registrados, fueron evacuados a hospitales por complicaciones de la enfermedad. Para entonces, de estos 14, dos se encontraban en estado crítico, por lo que fueron internados en terapia intensiva. Por otro lado, aumentaron los casos sospechosos a 130 personas, debido a que tuvieron contacto con las 56 personas contagiadas. Hasta ese momento no había ninguna privada de libertad infectada.

Para el 20 de junio, se reportó la muerte de otro recluso, sumando a cinco los decesos en el recinto de Palmasola. Esta persona falleció dentro del recinto penitenciario. La información proporcionada por El Deber afirma que, días antes, el afectado estaba internado, pero fue trasladado al penal (Arancibia, 2020). La familia del quinto interno fallecido expresó a los medios de comunicación que estuvo cuatro días aislado y sobre el piso debido a que no contaban con camas en el centro de aislamiento designado dentro del penal. La Asociación de Víctimas Judiciales, que realiza seguimiento a casos específicos de injusticia judicial, afirmó que una audiencia virtual realizada el 25 de mayo le había concedido detención domiciliaria; sin embargo, él nunca lo supo. Desde el 15 de mayo se mantuvo sedado y unido a la vida sólo por medio de un respirador artificial, y, finalmente, se acusó de esta negligencia a la jefa de Asesoría Legal del penal.

El 26 de junio, se registró 59 internos positivos con coronavirus. Según el Viceministro de Seguridad Ciudadana, a pesar de la cifra de contagiados, Palmasola mostraba un bajo índice de contagios del virus. También aseguró que ya se había instalado un centro de atención gracias al apoyo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). No obstante, los familiares de los internos señalaron que al interior del penal había muchos más contagios de los reportados, porque una gran cantidad presentó síntomas; pero optaron por tratarse ellos mismos consiguiendo medicamentos y evitando ser aislados (Soria, 2020a). Los familiares afirmaron que los mismos internos se organizaron por pabellones e implementaron sus medidas de seguridad para prevenir la propagación del virus.

 

Contagios en Beni

Mientras tanto, en el departamento de Beni, el 11 de mayo, el medio de comunicación Los Tiempos informaba que más de cien internos del penal de Mocoví, de Trinidad, se encontraban con problemas respiratorios y que el Sedes no visitaba el recinto. En una entrevista, el delegado del penal asegura que uno de los internos más graves convulsionó por el estado febril en que se encontraba y el médico tuvo que aislarlo en la panadería del penal. El delegado afirmó que ni siquiera tenían paracetamol para aliviar las dolencias (ANF, 11-5-2020). La directora del penal, Blanca Gómez, corroboró la información de los internos con problemas respiratorios del penal, y aclaró que también se presentaron casos de personas con dengue.

El penal de Mocoví de varones de Trinidad (..) hay más de 600 detenidos y con un hacinamiento cercano al 400 por ciento. De esta cantidad, más de 100 presentan escalofrío y fiebre y no reciben los cuidados básicos necesarios, denunció el delegado (ibid.).

Con esta declaración, el delegado exigió a las autoridades la fumigación del centro y pidió que se habilite un centro para aislar a las personas sospechosas de portar el virus. El 13 de mayo, la directora confirmó la habilitación de dos espacios de aislamiento tanto para las personas con posible contagio de coronavirus como para las nuevas personas que ingresaban con detención al penal.

El 26 de mayo, se confirmó el primer caso de contagio de coronavirus dentro del recinto penitenciario de Mocoví. Esta persona fue llevada desde la localidad de Riberalta al recinto, como nuevo ingreso; se sospecha que éste podría haber sido el vector de contagio. Dos días después, se confirmó un caso más haciendo un total de dos casos registrados y 13 personas aisladas; las personas aisladas presentaban dolores de cabeza y fiebre dentro del recinto (El Diario, 28-5-2020). Se menciona que se realizaron todas las medidas posibles para evitar el contagio, aunque no se especifica cuáles.

El 7 de junio, la cantidad de contagiados confirmados eran 14. Dos fueron trasladados a centros médicos debido a complicaciones de la enfermedad. Tres días después, 26 privados de libertad dieron positivo a covid-19. Pasó un tiempo para que se anuncie que más personas eran portadoras del virus dentro del recinto. El 27 de junio, ya sumaban 32 casos positivos y seis personas fueron aisladas por sospecha de covid-19. El reporte de las autoridades afirmaba que los contagiados se estaban recuperando.

 

Contagios en La Paz

En el departamento de La Paz, en el mes de junio, el primer caso se presentó en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF). Se trataba de una interna de origen asiático quien, poco antes de registrarse los síntomas de covid-19, había ingresado al penal por tratar de transportar dinero adherido en su cuerpo; ella fue detenida en el aeropuerto de El Alto. Personal del juzgado de El Alto que atendió el caso y personal de filiación del COF fueron aislados por precaución (Guarachi, 2020b). Se conoce que se produjo el deceso de una mujer dentro del penal; sin embargo, no se dio mayor información al respecto; tampoco se registró más información sobre contagios dentro del recinto.

En el caso de los recintos penitenciarios de varones, las noticias fueron sorpresivas debido a que directamente se informó sobre personas fallecidas en el recinto. El 6 de julio, se registró el deceso de tres privados de libertad dentro del recinto penitenciario de San Pedro. Es entonces que se endureció la aplicación de los protocolos de bioseguridad. Las autoridades de la dirección departamental de Régimen Penitenciario habilitaron espacios para las 14 personas (Bustillos, 2020) sospechosas de portar el virus. Estos espacios fueron las aulas del área de educación dentro del penal, el sector denominado La Grulla y la capilla del recinto, que fueron ocupados por personas contagiadas y sospechosas de portar el virus. El Director General de Régimen Penitenciario confirmó que, si la capacidad de los dos sitios de aislamiento era rebasada, los internos serían trasladados al recinto penitenciario de Calahuma¹⁴, en Viacha.

Dos días después, el 8 de julio, se registraron tres fallecidos más, alcanzando un total de seis fallecidos; no se sabía si la causa de las muertes era por coronavirus, pero se tomaron las muestras respectivas que podrían esclarecer el tema de los decesos. El 9 de julio, se reportó un nuevo fallecimiento y aún se esperaban los resultados de las pruebas de los anteriores decesos; de los siete fallecidos, seis registraban síntomas de covid-19. Los familiares reclamaron a los medios de comunicación que las muertes no fueron repentinas debido a que los fallecidos habían presentado síntomas de portar el virus.

Debido a los reclamos de familiares, algunas instituciones, como la Fundación Construir, denunciaron que la atención médica era precaria y que no contaban con el apoyo del Sedes. Así también, el Instituto de Terapia e Investigación (ITEI) denunció que algunos fallecidos del penal de San Pedro no fueron evacuados inmediatamente bajo protocolos de bioseguridad. Reportaron la situación en la que se hallaban algunos de los internos fallecidos dentro del recinto:

...el 7 de julio fallece el señor Segundino Pari, por problemas respiratorios dejándolo en su celda que comparte con su hijo por casi ocho horas. Este interno se encontraba en detención preventiva, (...) otro ejemplo dramático fue el caso de Oscar Gumercindo Chambi, de quien se conoció de su estado grave de salud por su esposa quien denunció que el mismo se encontraba en una sala común, con fiebre alta, dolor intenso en la garganta y cuerpo, pero no había sido atendido por el médico ni obtenido la medicación necesaria para su dolencia. La última persona que falleció en San Pedro con síntomas fue el interno Franklin Sandi de 79 años de edad que fue evacuado del penal en estado grave el 7 de julio, falleciendo al día siguiente (El Diario, 10-7-2020).

Autoridades, como el Viceministro de Régimen Interior, afirmaron que estaban haciendo averiguaciones para saber cómo se habían contagiado los internos, debido a que todavía no estaban permitidas las visitas y a que las audiencias eran virtuales (Alcázar, 2020). Para el 14 de julio, seguían en pie las averiguaciones; al respecto, el Director General de Régimen Penitenciario informó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz investigaba el ingreso del virus al penal. No mencionó nada sobre las declaraciones realizadas por los familiares de los internos fallecidos ni de las instituciones que habían denunciado negligencia en la atención médica. En cuanto a las averiguaciones del virus dentro del penal, la autoridad afirmó que la primera hipótesis que se tenía era que un privado de libertad de la sección La Posta habría planeado ingresar a personas portadoras del virus dentro del penal.

Esta hipótesis tiene como base un celular interceptado a un privado de libertad del sector de La Posta con mensajes de texto, donde se comunicaba con familiares del exterior indicando que ya estaba listo para que ellos ingresen el Covid-19 (El Diario, 14-7-2020).

El 11 de julio, fallecieron tres reos más con sospecha de coronavirus, sumando un total de 10 privados de libertad que habían muerto en el penal en menos de una semana (Correo del Sur, 11-7-2020). Dos días después, el 13 de julio, se confirmó que los primeros decesos fueron a causa del covid-19. No obstante, para esa fecha, dos personas más fallecieron sumando en total 12 decesos en el recinto penitenciario de San Pedro. Las 14 personas sospechosas de portar el virus fueron internadas en diferentes centros de salud. Para entonces, 164 reos estaban en aislamiento y observación debido a que tuvieron contacto con los fallecidos (Bustillos, 2020).

El 15 de julio, las muertes en el penal de San Pedro subieron a 14. El Sedes, encargado de dar los resultados de las pruebas, aún no había entregado las muestras que se habían tomado de los anteriores decesos hasta esa fecha. La mayoría de los internos asumieron que las muertes estaban relacionadas al covid-19; por lo tanto, tomaron sus propias medidas de seguridad para evitar el contagio.

 

Contagios en Sucre

El penal de San Roque de Sucre registró los primeros contagios el 17 de junio. Se trató de dos policías y un interno. Se presume que contrajeron el virus fuera del penal debido a que el interno fue evacuado al hospital por problemas intestinales; los dos policías eran custodios del interno. El Sedes de Chuquisaca realizó el rastrillaje en la seguridad penitenciaria y en los internos para descartar más contagios de coronavirus (Correo del Sur, 17-6-2020).

Para el 19 de junio, se reportó un deceso en el penal de San Roque, un hombre de 80 años que presentaba problemas cardíacos. Horas antes del deceso, esta persona fue evacuada al hospital debido a que ya presentaba síntomas de covid-19. Fue trasladado junto a otro de sus compañeros, pero, según la información obtenida por Correo del Sur, el señor no quiso quedarse internado en el hospital por lo que lo regresaron y falleció dentro del penal (Guarachi, 2020a). Según información oficial de la situación dentro del recinto, para el 21 de junio, un poco más de 20 internos estaban aislados por sospecha de coronavirus. Las áreas de aislamiento destinadas a sospechosos y casos confirmados estaban en la sección de población, específicamente, en el comedor, el pabellón 4 y en el área de mujeres, debido a que las mujeres también estaban aisladas por sospecha. Aunque estas personas tenían un cuadro de salud estable, fue una medida de precaución tomada por el Sedes y la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario (Correo del Sur, 21-06-2020).

Ocho días después, el 27 dejunio, el centro de reclusión carcelaria de San Roque dio cuenta de 29 casos positivos de covid-19, no se tuvo información de la cantidad de personas que eran sospechosas y estaban aisladas por el virus. La siguiente noticia se registró el 17 de julio, con buenas noticias. Unos 20 internos de San Roque esperaban el alta, se encontraban en la etapa final de recuperación del covid-19.

 

Contagios en Cochabamba

La primera noticia registrada sobre contagios es del 27 de junio. Autoridades afirmaron que en los recintos penitenciarios de San Sebastián varones, El Abra y la carceleta de Quillacollo, seis privados de libertad serían sospechosos de portar el virus, de los cuales tres fueron internados en un hospital a la espera de los resultados de laboratorio; el caso sospechoso del recinto penitenciario de El Abra fue aislado en el Área Penal 51 y los dos sospechosos fueron aislados en el recinto de San Sebastián. Esta medida fue tomada por la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario para asegurar que los posibles casos positivos guarden distancia física del resto de la población. El mismo día, el Viceministro de Régimen Interior informó que una de las tres personas hospitalizadas falleció. No se confirmó si fue por complicaciones en su salud por covid-19. Este hecho generó la reacción de los privados de libertad, quienes exigieron el respectivo análisis de laboratorio, atención médica e insumos para la población penal (ABI, 27-6-2020).

El 29 de junio, se registró el deceso de dos reos con síntomas del virus en las cárceles de San Sebastián varones y San Pablo de Quillacollo. El Defensor del Pueblo en Cochabamba solicitó la coordinación de brigadas médicas en los recintos penitenciarios. Las pruebas de los resultados para covid-19 no se entregaron y para entonces no se sabía el motivo de las muertes. Mientras tanto, en el penal de El Abra se encontraban cinco privados de libertad aislados y un caso registrado como positivo (Los Tiempos, 29-6-2020).

Por otro lado, el Director General de Régimen Penitenciario afirmó que el Sedes no había realizado el mapeo epidemiológico como así lo requirió. Entre tanto, privados de libertad de San Antonio y San Pedro, en Sacaba (Cochabamba), lamentaron que no se haya dispuesto el aislamiento de las personas sospechosas, pese a que en días pasados se había dado la muerte de dos internos; esta información no pudo corroborarse con información oficial. El 9 de julio, se reportaron cuatro decesos, uno en San Pablo de Quillacollo, otro en San Pedro de Sacaba y dos en San Sebastián varones; además, dos estaban internados y en estado crítico (Challapa, 2020b).

Debido a la poca información sobre el motivo de los decesos, la cantidad de personas sospechosas de portar el virus y el estado de los enfermos, los privados de libertad denunciaron que Régimen Penitenciario trataba de ocultar la crisis sanitaria que se vivía en las cárceles de Cochabamba. El delegado de los internos del penal de San Sebastián varones afirmó al respecto: "No llegan médicos ni medicina, no sé qué hacer, como delegado tampoco puedo denunciar porque estamos amenazados con ser trasladados, pero la población ya no soporta más y en cualquier momento se van a levantar" (ibid.).

El representante defensorial atestiguó lo dicho por los internos y a la vez denunció que varios delegados penitenciarios fueron amenazados y algunos trasladados a otros recintos. La información ofrecida por los medios de comunicación aseguraba lo siguiente:

.. un reo de la cárcel de San Pedro de Sacaba fue trasladado de emergencia al hospital Solomon Klein, pero en el trayecto falleció por insuficiencia respiratoria aguda y neumonía; de acuerdo a sus familiares presentaba todos los síntomas del coronavirus. Según los internos, Fredy Veizaga Ferrufino, quien falleció el pasado lunes, solicitó atención médica por más de una semana. "Sólo le daban paracetamol para que tome, sabemos que murió por Covid-19 porque tenía todos los síntomas, durante toda esa semana él estuvo en contacto con todo su pabellón donde viven 40 internos, en un espacio de 3x5 metros", señaló un privado de libertad a este medio. (..) "El delegado de San Pedro de Sacaba después de denunciar la falta de medicamentos e insumos de higiene en castigo fue trasladado al bloque C de El Abra, y el reo que denunció el muerto del penal de San Pablo de Quillacollo también fue trasladado" (Challapa, 2020b).

Las autoridades correspondientes no mencionaron nada sobre las declaraciones hechas por los familiares y algunos internos de los penales de Cochabamba.

 

CONCLUSIONES

Se evidenció que autoridades y organizaciones están ayudando con el tema de la alimentación, la salud y las medidas de bioseguridad para proteger a las personas privadas de libertad. Uno de los aspectos fundamentales que se demostró fue que la ayuda del Sedes es crucial para la intervención en los penales en los que se han presentado casos de covid-19. Se han visto las deficiencias y demoras para aprobar el Decreto Presidencial de indulto y amnistía; la burocracia es la principal queja de la mayor parte de las personas privadas de libertad para acceder a esta medida. Aunque ésta no parece ser la respuesta para frenar el contagio y evitar la propagación del virus dentro de los recintos, se debe priorizar y aprovechar las audiencias virtuales debido a que ésta sería una herramienta fundamental para el descongestionamiento judicial y para evitar la sobrepoblación carcelaria a nivel nacional. También, se ha advertido sobre el peligro de las y los niños dentro de los recintos penitenciarios, y aunque no se ha visto mayores complicaciones con este tema, es un grupo muy vulnerable dentro de la población penal.

A pesar de los esfuerzos, muchos o pocos que hayan podido realizar las autoridades en el tema de prevenir y contener el virus dentro de los recintos penitenciarios, en realidad se está tratando con un problema estructural, desde las raíces del sistema penitenciario. Se necesita una reformulación de todo el sistema, sobre todo del sistema judicial, debido a que es casi imposible lidiar con una sobrepoblación de privados de libertad, lo cual se debe al exceso de detenidos preventivos. Se ha cumplido con la mayoría de las recomendaciones para la prevención y contención del covid-19 en recintos penitenciarios; sin embargo, no parecieron ser suficientes para mitigar el desastre que podría ocurrir si el coronavirus sigue avanzando.

 

Notas

1 La autora declara no tener algún tipo de conflicto de intereses que haya influido en su artículo.

2 Socióloga, investigadora independiente y vicepresidenta del Programa Alternativas a la Violencia Bolivia (AVP/PAV Bolivia). La Paz, Bolivia.

E-mail: gaby_tagus@hotmail.com. orcid: https://orcid.org/0000-0001-9414-4256.

3 Disponible a la fecha sólo en inglés, revisado el 10 de mayo de 2020.

4 Departamento de Bolivia con mayor cantidad de población.

5 Recinto penitenciario de máxima seguridad del departamento de La Paz, ubicado en la comunidad de Chonchocoro, cercana a la ciudad de El Alto.

6 El costo por cabina varía según el tamaño de ésta; sin embargo, una de tamaño regular cuesta aproximadamente 1.800 bolivianos.

7 Es posible que los insumos no alcancen debido a la escasez, incluso, fuera de la penitenciaria; además de la sobrepoblación que existe en los penales a nivel nacional.

8 Según Los Tiempos, más o menos el 60% de las personas privadas de libertad, sólo en el recinto penitenciario de San Pedro, recibe apoyo de familiares (ANF, 30-3-2020).

9 Según el Régimen Penitenciario, hasta diciembre de 2019, existían 133 niños en cárceles de mujeres (El País, 2-4-2020).

10 Pastoral Social Cáritas Bolivia es una institución de la Iglesia católica que se caracteriza por trabajar con las y los internos de los penales a nivel nacional.

11 El recinto penitenciario de San Roque, de Sucre, es el único que cuenta con atención en psiquiatría; al parecer, la contratación de la psiquiatra se debió al incentivo de la Directora Departamental y de la Seguridad Penitenciaria del penal.

12 Una nota de prensa afirmó que el alcalde de Patacamaya (municipio del departamento de La Paz, Bolivia) entró al recinto penitenciario de San Pedro de La Paz en situación preventiva debido a que se realizó una fiesta en su comunidad vulnerando y violando la cuarentena nacional. Otras noticias afirman que hay personas que han sido enviadas a la cárcel de Trinidad por haber incumplido con la cuarentena.

13 Declaración de un privado de libertad en plena revuelta (Los Tiempos, 11-5-2020).

14 Centro reclusorio para jóvenes menores de 21 años.

 

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