INTRODUCCIÓN

El movimiento cocalero del Chapare¹ constituye uno de los actores más influyentes de la historia política reciente de Bolivia, al condensar tensiones entre Estado, colonialidad y soberanía en torno a la defensa de la hoja de coca. Desde la década de 1980, los cocaleros articularon repertorios múltiples -protesta, confrontación, negociación institucional y participación electoral- que configuraron una gramática política propia, capaz de transformar la acción colectiva en el país y de proyectarse hasta la conquista del poder estatal en 2006, en alianza con organizaciones indígena-campesinas. Su trayectoria revela, además, un proceso de diferenciación interna producido por la clasificación estatal entre coca “tradicional” y “excedentaria”: mientras los Yungas de La Paz fueron reconocidos como zona legítima con capacidad de interlocución, el Chapare fue constituido como espacio ilegal y objeto de erradicación, estableciendo condiciones desiguales de reconocimiento que marcaron su radicalización política y sus estrategias de acción.

En este marco, la potencia del movimiento cocalero del Chapare no puede explicarse únicamente por sus recursos organizativos o marcos identitarios, sino por su capacidad de producir una estrategia de acción multiescalar que articula de manera relacional lo local, lo nacional y lo transnacional. Este tránsito no implicó un simple desplazamiento entre niveles, sino una reconfiguración activa de los espacios de lo político, mediante la cual los cocaleros redefinieron interlocutores, ampliaron márgenes de acción y resignificaron sus demandas en distintos contextos. El artículo se centra en el momento en que esta estrategia adquiere proyección transnacional, particularmente entre 1991 y 1995, con la creación del Consejo Andino de Productores de Hoja de Coca (CAPHC), instancia que articuló actores de Bolivia y Perú -y, en menor medida, Colombia- y proyectó una narrativa alternativa frente a las definiciones dominantes sobre la coca inscritas en el régimen internacional de control de drogas.

La literatura sobre acción colectiva transnacional -desde autores como ^{Tarrow (2010),Keck y Sikkink (1998)}- ha tendido a concebir lo transnacional como un espacio disponible de oportunidades, donde los movimientos actúan estratégicamente. Sin embargo, esta perspectiva resulta limitada para contextos poscoloniales, en la medida en que omite las jerarquías epistémicas e históricas que estructuran el sistema internacional. En el caso andino, la acción transnacional cocalera emerge desde una posición subalterna producida por esos mismos regímenes de saber y poder, que no solo clasifican la coca y a sus productores como objetos de control global, sino que delimitan activamente sus condiciones de visibilidad, enunciación y legitimidad. Como se mostrará en el artículo, la incursión de los cocaleros en espacios como la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evidencia que lo global no constituye una arena disponible, sino un campo jerárquico que regula quién puede hablar, desde dónde y bajo qué lenguajes, obligando a los actores subalternos a desplegar prácticas de traducción política y epistémica que, al tiempo que habilitan la interlocución, revelan las asimetrías que la condicionan.

Frente a este vacío, el artículo propone la noción de política subalterna de la escala, entendida como el proceso mediante el cual actores subalternos producen sus propias geografías políticas en contextos estructuralmente desiguales, disputando simultáneamente los marcos estatales e internacionales que definen lo legítimo. Desde esta perspectiva, la transnacionalización no se comprende como una mera expansión, sino como una reapropiación conflictiva de lo global, en la que se articulan prácticas organizativas, discursivas y epistémicas orientadas no solo a incidir en espacios existentes, sino a reconfigurar las condiciones mismas bajo las cuales esos espacios producen autoridad, verdad y legitimidad.

El artículo persigue un doble objetivo -sociológico e histórico-: por un lado, problematizar la acción colectiva transnacional desde una perspectiva poscolonial y relacional; y, por otro, reconstruir la experiencia del CAPHC entre 1991 y 1995. Esta investigación fue realizada en el marco de una beca del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Ecuador, institución a la que se agradece su apoyo.

ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO

La literatura sobre los cocaleros del Chapare constituye una de las más robustas y diversas en el estudio de los movimientos sociales en Bolivia durante las últimas tres décadas. Con fines analíticos, puede organizarse en cuatro grandes vertientes. En primer lugar, una literatura clásica que examina los procesos de migración y formación del sujeto cocalero en la segunda mitad del siglo XX ^{(Blanes y Flores, 1984;Rivera, 1991;Rodríguez, 1997;Weil y Weil, 1993)}, destacando la movilidad social de campesinos y obreros hacia zonas de colonización y su posterior especialización en el cultivo de la hoja de coca. Este enfoque privilegia la dimensión socioeconómica y demográfica en la constitución del actor cocalero.

En segundo lugar, se encuentra una línea enfocada en la economía política de la coca ^{(Alvarado, 2020;Bascopé, 1982;Grisaffi, 2021;Farthing y Grisaffi, 2022,2024;Llanos, 2008;Rivera, 1991;Salazar, 2008;Spedding et al., 2005)}, orientada a comprender los circuitos de producción, comercialización y los vínculos entre mercados legales e ilegales. En tercer lugar, una producción centrada en la organización, movilización y protesta durante el periodo neoliberal ^{(Crabtree, 2005;Castillo, 2004;Chávez et al., 2008;Oikonomakis, 2019;Pinto, 2004)}, generalmente anclada en categorías de la sociología norteamericana como estructuras de movilización de recursos, repertorios de acción colectiva, oportunidades políticas y marcos interpretativos ^{(McAdam et al., 2001;Tarrow, 2010;Snow & Benford, 1988)}. En esta línea destacan los aportes sobre identidad y discurso cocalero ^{(Grisaffi, 2010;Viola, 2001)}.

Finalmente, una cuarta vertiente -que se ha convertido en dominante- aborda el proceso de politización de los cocaleros en articulación con el MAS-IPSP, enfocándose en las relaciones entre movilización y participación electoral, entendidas como formas de autorrepresentación y autogobierno ^{(Córdova, 2005;García et al., 2014;Komadina & Geffroy, 2007;Ramos, 2011;Stefanoni, 2003;Suazo, 2009)}, así como en su inserción en la gestión estatal a nivel nacional y municipal ^{(Córdova, 2005;Zegada et al., 2008)}. Asimismo, esta literatura ha explorado el rol de liderazgos como el de Evo Morales en la articulación socio-estatal ^{(Mayorga, 2019;Sivak, 2008)}. No obstante su riqueza, estas vertientes comparten un límite: el relativo descuido de la dimensión espacial en la que se configuran la acción, la organización y la politización cocalera.

Este vacío no es menor, pues restringe la comprensión de cómo se producen y articulan los distintos escenarios donde se despliega la acción colectiva. El análisis de las interacciones entre estos espacios -locales, regionales, nacionales y transnacionales- abre una entrada clave para entender la construcción de la identidad cocalera, sus marcos interpretativos y sus formas de intervención política. En este sentido, el presente estudio se inscribe en la sociología de los movimientos sociales, pero introduce un desplazamiento hacia una lectura poscolonial, relacional y situada de la acción colectiva transnacional.

Desde esta perspectiva, se busca comprender cómo los cocaleros del Chapare -a través del CAPHC- configuraron prácticas políticas que desbordaron las fronteras del Estado, articulando repertorios de lucha y marcos discursivos que interpelaron tanto la política antidroga global como los regímenes de conocimiento que la sostienen. Este posicionamiento implica, a su vez, una revisión crítica de la noción de acción colectiva transnacional, desarrollada principalmente en la sociología norteamericana y europea.

En efecto, la literatura sobre acción colectiva transnacional, consolidada desde las décadas de 1980 y 1990, ha planteado que los movimientos sociales expanden estratégicamente su acción más allá del Estado en contextos de globalización ^{(Della Porta y Tarrow 2005;McAdam et al., 2001;Sikkink, 2003;Tarrow, 2005,2010)}. Conceptos como las redes transnacionales de defensa y el boomerang effect ^{(Keck y Sikkink, 1998)} han sido centrales para explicar estas dinámicas. Sin embargo, estos enfoques tienden a asumir una universalidad epistemológica que traduce las experiencias del Sur a categorías analíticas del Norte ^{(Escobar, 2008;Walsh, 2009)}, a concebir lo transnacional como un espacio neutral ^{(de Sousa Santos, 2009)} y a tratar al Estado como un referente externo, sin problematizar su carácter poscolonial y racializado ^{(Mamdani, 1996;Chatterjee, 1993,2004)}.

Frente a estos límites, una perspectiva poscolonial permite comprender la acción colectiva transnacional como una práctica simultáneamente política y epistémica que reconfigura las geografías del poder. En este marco, las luchas cocaleras no solo responden a la política antidroga, sino que disputan las categorías que la sustentan -como “droga”, “desarrollo” y “legalidad”-, evidenciando su inscripción en historias de dominación ^{(Coronil, 1997;Escóbar, 2010)}. La noción de escala resulta aquí central: más que niveles jerárquicos, constituye un campo de relaciones interdependientes y conflictivas ^{(Bringel y Cabezas, 2011;Jelin, 2003)}, donde el tránsito hacia lo transnacional no implica abandono de lo local, sino su rearticulación en nuevos escenarios.

Asimismo, la colonialidad del poder y del saber ^{(Mignolo, 2005;Quijano, 2000)} permite entender que la política antidroga no solo regula economías, sino también regímenes de verdad. En este sentido, la defensa de la coca puede leerse como una forma de epistemología insurgente ^{(Escobar, 2010;Walsh, 2009)}, donde los marcos interpretativos operan como prácticas de traducción intercultural ^{(de Sousa Santos, 2009;Spivak, 1988)}, articulando sentidos locales y disputas globales.

En este horizonte, proponemos la categoría de política subalterna de la escala, que permite sintetizar y profundizar este desplazamiento analítico. Esta noción parte de reconocer que los actores en contextos poscoloniales habitan escalas relacionales y no lineales, en las que sindicato, federación, Estado y redes transnacionales configuran un entramado donde autoridad y legitimidad se negocian de forma desigual. Así, producir “geografías políticas propias” no remite únicamente a expandir el alcance de la acción, sino a reconfigurar las jerarquías que organizan lo local, lo nacional y lo global desde posiciones subalternas. Analíticamente, esto supone atender a cómo lo global deja de ser un horizonte disponible para revelarse como un terreno estructuralmente desigual, que es a la vez disputado y producido mediante prácticas de traducción política y epistémica. De este modo, la transnacionalización se comprende no como mera expansión, sino como una reapropiación conflictiva de lo global, identificable en la producción de espacios alternativos de interlocución, la articulación de repertorios multiescalares y la disputa por los marcos de legitimidad sin diluir los significados locales.

METODOLOGÍA

La investigación se inscribe en una metodología relacional y poscolonial orientada a comprender la producción política y epistémica de la acción cocalera en los años noventa. Parte del supuesto de que categorías como Estado, escala o subalternidad no son entidades dadas, sino relaciones históricas de poder, por lo que busca reconstruir cómo los propios actores producen escala y agencia en contextos atravesados por la colonialidad. En este marco, se adopta una epistemología situada ^{(Haraway, 1988;de Sousa Santos, 2018)}, que reconoce el carácter relacional del conocimiento y exige reflexividad frente a las asimetrías de poder. Desde el diálogo sostenido con organizaciones del Chapare, se prioriza la co-producción del conocimiento, evitando enfoques extractivos, y se asume -siguiendo a ^{Spivak (1988)} y ^{Smith (2012)}- que el trabajo con archivos y testimonios, incluidos materiales en quechua, constituye un proceso de traducción intercultural en el que el conocimiento emerge en la interacción.

El diseño de investigación es cualitativo e histórico-comparativo, articulando análisis documental, entrevistas y observación participante con el fin de captar la dinámica relacional del proceso de transnacionalización ^{(Abbott, 2001)}. El Consejo Andino de Productores de Hoja de Coca (CAPHC) (1991-1995) es abordado como un caso relacional, en tanto nodo que condensa la disputa subalterna por la soberanía y la legalidad a través de múltiples escalas. En lugar de buscar generalizaciones, se privilegia una lógica abductiva y la reconstrucción procesual, atendiendo a las conexiones, desplazamientos y rearticulaciones que configuran la acción colectiva en distintos niveles.

El trabajo empírico se sustenta en tres tipos de fuentes. En primer lugar, archivos organizativos de la Central Eterazama y la Federación del Trópico, junto con prensa alternativa en quechua como Conosur Ñawpaqman, boletines del CAPHC, documentos internos y publicaciones del Centro Documentación (CEDIB) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), los cuales fueron analizados y traducidos respetando sus sentidos para identificar marcos interpretativos, repertorios discursivos y eventos de articulación transnacional. En segundo lugar, se realizaron entrevistas semiestructuradas entre 2018 y 2023 a dirigentes cocaleros, asesores técnicos, periodistas y actores de organizaciones aliadas, desarrolladas en español y quechua con apoyo de traducción (Cristina Choque), priorizando el consentimiento informado y la validación comunitaria. En tercer lugar, se llevó a cabo observación participante en asambleas y eventos conmemorativos en el Chapare durante 2021, lo que permitió registrar prácticas rituales, discursos y formas de interacción entre actores locales y estatales, aportando a la comprensión de la dimensión performativa y territorial del movimiento.

El análisis combina codificación relacional y narrativa en tres momentos: la reconstrucción de secuencias de acción entre 1991 y 1995 según escalas, el análisis crítico del discurso desde un enfoque poscolonial para identificar marcos semánticos y la triangulación entre fuentes y niveles -local, nacional y transnacional- para comprender los mecanismos de articulación. A lo largo del proceso se asume una postura reflexiva que reconoce la doble posición del investigador como productor de conocimiento y sujeto atravesado por tensiones éticas, incorporando verificación con informantes y revisión colectiva. La validez del estudio se sostiene en la densidad interpretativa y la coherencia relacional más que en la representatividad, orientándose a la producción de conceptos transferibles -como la política subalterna de la escala- que permitan dialogar con otros contextos del Sur global sin pretensión universalista.

HALLAZGOS

2. Escalas de la movilización y acción cocalera

Frente a la militarización, los cocaleros configuraron una dinámica de acción multiescalar que articuló de manera relacional los niveles local, nacional y transnacional, convirtiendo la lucha por la coca en una disputa socioespacial por su control y significado ^{(Swyngedouw 2001)}. La escala no operó como niveles predefinidos, sino como un campo en construcción, donde la acción se expandía y rearticulaba según las condiciones del conflicto.

En este marco, los cocaleros pasaron de acciones territoriales a la construcción de redes nacionales con organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB) y la CSUTCB, al tiempo que proyectaban su lucha hacia instancias estatales e internacionales. La creación del Comité Nacional de la Coca tras la promulgación de la Ley 1008 expresó esta reconfiguración: permitió coordinar movilizaciones, producir marcos comunes y enfrentar la fragmentación promovida por el Estado. Este desplazamiento escalar no sustituyó lo local, sino que lo densificó, articulando la resistencia territorial -incluidos comités de autodefensa- con estrategias nacionales y proyecciones transnacionales en defensa de la coca.

Cuadro 1. Tipo de acción cocalera y ámbito o escala (1990-1995) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de periódicos locales, periódico Conosur Ñawpaqman, información del CEDIB y el archivo de la ^{Central Eterazama (Trópico de Cochabamba)}.

3. Acción transnacional: Consejo Andino de Productores de Hoja de Coca

Frente a la militarización del Chapare tras el Anexo 3 y el Acuerdo de Cartagena, los cocaleros adoptaron una doble estrategia organizativa: la creación de la Coordinadora de las Cinco Federaciones del Trópico de Cochabamba² y la conformación del CAPHC en 1991. Este último articuló productores de Bolivia y Perú (con vínculos posteriores con Colombia), proyectando la voz cocalera en el ámbito internacional. Su dirección reflejó esta articulación: inicialmente presidido por Genaro Cahuana y luego por Evo Morales (1993-1997).

El CAPHC operó como una plataforma de coordinación y producción de escala mediante los Encuentros Andinos de Productores de Hoja de Coca (1991, 1993, 1995), donde confluyeron organizaciones cocaleras y actores sindicales como la COB y la CSUTCB (^{Conosur Ñawpaqman 41}, p. b-5; Cabieses, comunicación personal, 19 de julio de 2019). Estos espacios permitieron articular demandas, construir marcos comunes y proyectar la lucha hacia niveles regionales e internacionales.

Fuente: (Evo Morales[BO], Modesto Condori[BO], Genaro Cahuana[PE], Omaira Morales[CO], Moisés Arista[PE]). ^{Conosur Ñawpaqman (1995, p. 8)}.

Figura 1 Fotografía del comité ejecutivo del CAPHC en Quillabamba, Perú, en 1995 

En términos estratégicos, el CAPHC centró su acción en disputar el régimen internacional antidroga, planteando la exclusión de la hoja de coca de la lista de estupefacientes de 1961 y su revalorización cultural y económica (Estatutos del CAPHC, 1995). Esta disputa se desplegó en campañas internacionales como “Coca 95” y “Coca 96”, que implicaron giras en varios países europeos para sensibilizar a la opinión pública, establecer alianzas políticas y explorar mercados para productos derivados de la coca ^{(Acción Andina et al., 1995;CEDIB, 1995)}. En estos recorridos, las delegaciones cocaleras -incluido Evo Morales- expusieron el carácter ancestral del consumo de coca, denunciaron los efectos sociales de la erradicación forzosa y buscaron apoyo institucional, logrando interlocución con parlamentarios y organizaciones sociales europeas, aunque enfrentando límites regulatorios y sanitarios (^{CEDIB, 1995}; entrevista a Roncken, director de Acción Andina, 20 de mayo de 2019). En este sentido, la proyección internacional no se limitó a la búsqueda de reconocimiento, sino que implicó una crítica explícita a los fundamentos del régimen global, pues, como señalaban los propios dirigentes, “las Naciones Unidas no debieron penalizar el consumo de la hoja de coca” (Modesto Condori, entrevista personal, Ivirgarzama, 23 de mayo de 2019), evidenciando que la acción transnacional cocalera operó también como una impugnación directa de los marcos normativos que estructuran la política antidroga a nivel internacional.

Una dimensión central de esta proyección fue la incursión en espacios multilaterales. El CAPHC participó en la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena (1993-1995), donde Evo Morales, junto a dirigentes y asesores como Hugo Cabieses, presentó propuestas orientadas a revisar la clasificación de la coca, promover investigaciones científicas y diferenciarla de la cocaína ^{(Acción Andina et al., 1993)}. Estas intervenciones marcaron un hito al introducir por primera vez la voz directa de los productores en ese espacio y reabrir el debate sobre la hoja de coca tras décadas de clausura ^{(Acción Andina et al., 1993)}. Sin embargo, también evidenciaron los límites del sistema: en 1995, el discurso de Morales fue retirado por presiones diplomáticas, lo que reforzó la percepción de exclusión y rigidez institucional ^{(CEDIB, 1995)}.

El líder de los cocaleros (Evo Morales) debía leer su discurso a nombre de los productores de la coca andinos y según denunció telefónicamente (Evo), el asesor de la Cancillería de Bolivia, Alfonso Alem y otra funcionaria no identificada, presionaron para que “no se escuche las propuestas de los campesinos en foro internacional”. Sin embargo, finalizada la sesión 38, Evo logró distribuir su discurso (escrito) a todos los representantes de los países asistentes a la reunión de Comisión de Estupefacientes y explicar a la prensa el contenido del mismo. Para Morales, el altercado no significó una derrota para los productores de coca andinos, “sino para la Organización de las Naciones Unidas que hablaba de participación y desarrollo alternativo, y, sin embargo, dio la espalda a los cocaleros” ^{(CEDIB 1995, p. 109)}.

Aun así, los cocaleros persistieron en su estrategia, utilizando estos espacios para visibilizar su causa y acumular legitimidad internacional. De manera complementaria, el CAPHC participó en seminarios, foros académicos y redes internacionales, buscando sostener su demanda en registros científicos y políticos, así como tejer alianzas con comunidades epistémicas.

DISCUSIÓN

El análisis del CAPHC entre 1991 y 1995 permite reubicar la transnacionalización cocalera más allá de su lectura como expansión estratégica del repertorio de acción. Lejos de un desplazamiento lineal entre niveles, lo que se observa es la emergencia de una práctica política situada en condiciones históricas de exclusión, donde la clausura estatal -expresada en la Ley 1008, la militarización y la erradicación- no solo restringió la acción, sino que forzó la reconfiguración de los espacios mismos desde los cuales intervenir. En este sentido, la articulación con productores de Perú y Colombia, así como la incursión en escenarios como Naciones Unidas o el Parlamento Europeo, no respondió simplemente a una apertura de oportunidades, sino a la necesidad de producir condiciones de enunciación política allí donde el Estado las negaba.

A este proceso lo denominamos política subalterna de la escala. La categoría no describe un acceso a niveles preexistentes, sino la producción conflictiva de la escala como campo de relaciones de poder. En contraste con los enfoques de ^{Sidney Tarrow (2010)oMargaret Keck y Kathryn Sikkink (1998)}, que tienden a suponer la existencia de un espacio transnacional disponible -aunque desigual- para la incidencia, el caso del CAPHC muestra que dicho espacio está estructuralmente jerarquizado antes incluso de la acción. No se trata, por tanto, de actores que “escalan” hacia lo global, sino de actores que enfrentan un orden que regula de antemano quién puede hablar, en qué términos y con qué posibilidades de ser reconocido. La retirada del discurso de Evo Morales en la Comisión de Estupefacientes en 1995 no constituye una anomalía, sino un momento revelador de esta estructura: lo global no aparece como arena, sino como dispositivo de validación selectiva.

Empíricamente, la política subalterna de la escala se materializa en la construcción del CAPHC como plataforma transnacional propia. Lejos de operar como una red de intermediación hacia centros de poder, el CAPHC articuló encuentros andinos, campañas internacionales y presencia en foros multilaterales que combinaron repertorios sindicales, discursos identitarios y argumentos científicos. Este ensamblaje no solo buscó incidencia, sino que produjo un lenguaje político capaz de intervenir en el régimen internacional antidroga. En este punto, la distinción entre coca y cocaína, así como la reivindicación de la coca como práctica cultural y recurso económico no puede leerse únicamente como marco discursivo, sino como una operación de disputa epistémica orientada a desestabilizar las categorías que sostienen dicho régimen.

Este proceso se desplegó en un contexto marcado por la expansión de la política antidroga como forma de regulación global que articula seguridad, desarrollo y control poblacional. La militarización del Chapare y la clasificación de los cocaleros como sujetos ilegales no solo limitaron su acción económica, sino que delimitaron su inteligibilidad política. En este sentido, la acción del CAPHC puede leerse como una respuesta a una doble clausura: nacional, en tanto el Estado restringe los canales de interlocución, e internacional, en tanto el régimen global define de antemano los marcos de lo decible. La transnacionalización aparece así menos como apertura que como fricción, es decir, como el intento de intervenir en un espacio cuya estructura misma tiende a excluir a los actores que lo interpelan.

En esta línea, las prácticas de traducción política desplegadas por los cocaleros adquieren centralidad analítica. Consignas como “la coca es vida” o “la coca no es cocaína”, articuladas con argumentos científicos y referencias históricas, evidencian una operación compleja: hacer inteligibles saberes subalternos en un lenguaje reconocible para el orden global sin disolver su anclaje local. Esta necesidad de traducción se inscribe en lo que los cocaleros denominan la “leyenda negra de la coca”, entendida como un régimen de representación que fija de antemano las condiciones de su inteligibilidad y limita su posibilidad de enunciación legítima. Leídas a la luz de ^{Gayatri Chakravorty Spivak (1988)}, estas prácticas no implican una simple adaptación, sino una intervención estratégica en el régimen de representación. En este sentido, la traducción no aparece como un puente neutral, sino como una práctica atravesada por una condición de imposibilidad de la voz, donde lo que puede ser dicho -y reconocido- está estructuralmente condicionado.

Este conjunto de dinámicas permite ir más allá de los marcos clásicos de la acción colectiva transnacional. Más que insertarse en un espacio global dado, los cocaleros contribuyeron a producirlo como campo de conflicto, evidenciando que las escalas no son niveles fijos, sino relaciones históricamente constituidas. En este punto, el análisis dialoga críticamente con ^{Aníbal Quijano (2000)yWalter Mignolo (2005)} al mostrar que la colonialidad no solo organiza la economía y la política, sino también la distribución desigual de la voz en el sistema-mundo. Lo global, lejos de ser un horizonte universal, aparece como una forma específica de ordenamiento que naturaliza ciertas epistemologías mientras subordina otras.

Al mismo tiempo, esta lectura permite complejizar la comprensión del Estado poscolonial. Lejos de operar como un actor externo frente a lo transnacional, el Estado aparece como un espacio de traducción donde se internalizan y rearticulan los mandatos del régimen global. La distinción entre coca “tradicional” y “excedentaria” muestra precisamente cómo categorías internacionales son reconfiguradas localmente para producir diferenciaciones internas y gestionar poblaciones. En este sentido, la acción cocalera no solo disputó políticas específicas, sino las condiciones mismas de producción de legitimidad, desafiando las fronteras entre lo legal y lo ilegal, lo nacional y lo global.

El reflujo del CAPHC a partir de 1997 permite observar, con mayor nitidez, los límites y alcances de esta forma de articulación subalterna: la clausura persistente del régimen internacional, la fragmentación de redes externas y la reconfiguración del campo político nacional no supusieron un fracaso de la estrategia transnacional, sino una transformación de sus condiciones de posibilidad. En este escenario, el desplazamiento hacia la arena electoral en articulación con el MAS-IPSP puede leerse como una reterritorialización de la política subalterna de la escala, más que como su abandono. La experiencia cocalera muestra así que la transnacionalización no desaparece, sino que muta en función de las aperturas y cierres de los distintos campos de poder, revelando una tensión constitutiva -en los términos de Partha ^{Chatterjee (1993)}- entre autonomía y captura, entre invención política y reinscripción institucional. Es precisamente en ese intersticio, donde la creatividad estratégica convive con restricciones estructurales, que se configuran las posibilidades y límites de la acción colectiva en contextos poscoloniales, abriendo el paso a una reflexión más amplia sobre la producción desigual de lo político a escala global.

CONCLUSIONES

El análisis del viraje transnacional de la acción colectiva de los cocaleros del Chapare entre 1991 y 1995 permite iluminar una dimensión central -aunque poco problematizada- de los movimientos sociales en contextos poscoloniales: la escala como resultado y condición de la acción política. Más que una ampliación estratégica del repertorio, la transnacionalización cocalera emergió de condiciones históricas específicas de subalternidad que reconfiguraron los límites de lo posible. En este sentido, el caso no solo evidencia la capacidad de los actores de desbordar el Estado, sino que obliga a repensar la relación entre territorio, poder y enunciación en clave relacional.

La comparación con los cocaleros de los Yungas de La Paz permite precisar este argumento al situar en el centro el papel del Estado en la producción de trayectorias diferenciadas. La distinción entre coca “tradicional” y “excedentaria” no operó únicamente como un criterio técnico, sino como un dispositivo que reorganizó el campo cocalero y sus posibilidades de acción. Mientras los Yungas mantuvieron márgenes de negociación dentro del Estado, el Chapare fue configurado como espacio ilegítimo, sujeto a erradicación y militarización, restringiendo sus condiciones de reconocimiento y empujando a los cocaleros a producir otros espacios de interlocución política.

En este marco, la noción de política subalterna de la escala permite captar este desplazamiento no como un tránsito entre niveles dados, sino como un proceso de reconfiguración de los espacios de lo político. La escala deja de ser entendida como un dato geográfico o institucional para ser abordada como un campo de disputa en el que se definen las condiciones de visibilidad, legitimidad y autoridad. La experiencia del CAPHC muestra que, frente a la represión estatal y la clausura internacional, los cocaleros no solo ampliaron su radio de acción, sino que produjeron una plataforma transnacional desde la cual disputar simultáneamente al Estado boliviano y al régimen internacional de control de drogas, interviniendo tanto en el plano organizativo como en el orden epistémico que lo sustenta.

En términos analíticos, la política subalterna de la escala permite identificar tres operaciones que los enfoques dominantes tienden a invisibilizar: la producción de interlocución política bajo condiciones de exclusión estructural; la traducción como práctica necesaria -y desigual- para acceder a espacios de enunciación global; y el carácter constitutivo del bloqueo institucional como parte del propio campo de lo político. Desde esta perspectiva, lo global no aparece como una arena disponible y neutra, sino como un espacio cuya accesibilidad, inteligibilidad y eficacia están diferencialmente distribuidas.

Más que sustituir los enfoques clásicos de la acción colectiva transnacional, esta propuesta permite problematizar sus supuestos de universalidad, mostrando que las condiciones de acceso, enunciación e incidencia en lo global están históricamente estructuradas por relaciones de poder de carácter colonial y neocolonial. En conjunto, estos hallazgos invitan a desplazar la mirada desde los repertorios y las oportunidades hacia las condiciones relacionales que hacen posible -y a la vez limitan- la producción de lo político. En este desplazamiento, la escala deja de ser un dato para convertirse en un problema, y la acción colectiva en una práctica que no solo ocupa espacios, sino que los produce y los disputa.