Constitución política y
regulación de criptomonedas
en Bolivia¹

Francisco Alejandro Riveros Dullmann²
Presentado el 17 de abril de 2023     Aceptado el 30 de junio de 2023

Resumen

En Bolivia, se necesita una regulación adecuada de las criptomonedas para prevenir su uso en actividades ilegales y proteger a los usuarios. Es esencial establecer una legislación clara y efectiva para definir y tipificar estos activos digitales, así como para imponer requisitos y medidas para su construcción, emisión, venta y protección. Los proveedores de servicios de criptomonedas deben cumplir con las normas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Además, es necesario establecer procedimientos tributarios para las criptomonedas y obligar a los usuarios a divulgar sus transacciones y tenencias en su testimonio fiscal.

Palabras clave: Criptomonedas, Constitución Política, Regulación jurídica, Gobierno Corporativo, Protección.

Abstract

In Bolivia, proper regulation of cryptocurrencies is needed to prevent their use in illegal activities and ensure user protection. It is important to establish clear and effective legislation to define and classify these digital assets, impose requirements and measures for their construction, issuance, sale, and protection, and require cryptocurrency service providers to comply with rules to prevent money laundering and terrorism financing. Tax procedures for cryptocurrencies should also be established and users should be required to disclose their transactions and holdings in their tax testimony.

Keywords: Cryptocurrencies, Constitution, Legal Regulation, Corporative Gobernance, Protection.

INTRODUCCIÓN 

Para garantizar el uso seguro y eficiente de las criptomonedas en la sociedad y la economía, se necesita una regulación adecuada y efectiva. Esta regulación debe estar enmarcada en la Constitución Política del Estado y proteger los derechos individuales y fundamentales, así como la propiedad privada, el libre comercio y la protección al consumidor.

Es esencial realizar un análisis del marco jurídico y constitucional en cada país para entender cómo se aplican estas regulaciones en la práctica, y cómo las políticas de las instituciones reguladoras tienen un impacto en la regulación de las criptomonedas. Una perspectiva legal y constitucional adecuada es fundamental para abordar este tema y garantizar su correcta regulación en beneficio de la sociedad y la economía en general.

La regulación adecuada de las criptomonedas es un tema crítico para garantizar su uso seguro y eficiente en la sociedad y la economía. Se necesitan leyes y regulaciones efectivas que se ajusten al marco jurídico y constitucional de cada país, protegiendo los derechos individuales y fundamentales y fomentando el libre comercio y la protección al consumidor.

La metodología empleada en el trabajo de investigación consistió en realizar una revisión exhaustiva de diferentes fuentes de información relacionadas con el tema de investigación, como tesis, libros, documentos varios, videos de YouTube, páginas web y otros. Esta revisión permitió recopilar información relevante y actualizada sobre la regulación de criptoactivos y su impacto en la sociedad y la economía. La técnica de análisis de datos utilizada en esta metodología consistió en examinar y evaluar críticamente la información recopilada para obtener conclusiones y respuestas a las preguntas de investigación planteadas.

PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD PRIVADA, GARANTÍA AL LIBRE COMERCIO Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

En Bolivia, el Derecho Constitucional puede relacionarse con la regulación de criptoactivos a través de varios aspectos, como:

1.  Protección de la propiedad privada: La Constitución boliviana reconoce el derecho a la propiedad privada, lo que significa que las personas tienen derecho a poseer, usar y disfrutar de sus activos, incluidos los criptoactivos.

La propiedad privada en Bolivia está regulada por diversas disposiciones legales, entre las que se encuentran:

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Artículo 56 de la Constitución Política del Estado de Bolivia

I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social.

II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo.(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, 2009)

Artículo 156 de la Constitución Política del Estado de Bolivia

II. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información...(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, 2009)

Tanto la propiedad privada individual como la colectiva son reconocidas y protegidas por la Constitución. La propiedad privada individual es aquella que pertenece a una persona o entidad específica, mientras que la propiedad colectiva es aquella que pertenece a una comunidad o grupo. Ambas formas de propiedad están sujetas a los principios de utilidad social, redistribución equitativa y beneficio colectivo, y pueden ser expropiadas por el Estado en casos de utilidad pública o interés social, siempre y cuando se garantice una indemnización justa y previa.

2.         Libre comercio: La Constitución boliviana también garantiza el libre comercio, lo que significa que las personas tienen derecho a comprar y vender criptoactivos sin restricciones ilegales.

]]> El artículo 47 de la CPE establece:

I. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo.(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, 2009)

En relación a las criptomonedas, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia no menciona directamente este tema. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la Constitución establece que el Estado debe promover la inversión interna y externa y garantizar la libre competencia y el acceso a los mercados en igualdad de condiciones.

Esto podría ser interpretado como un respaldo del Estado a la libre circulación y uso de las criptomonedas, siempre y cuando se respeten las leyes y regulaciones establecidas para el comercio y la inversión, tomando en cuenta su función social y su contribución al bien común. Actuando de forma responsable, teniendo en consideración su impacto en la sociedad y en el medio ambiente.

Aunque la Constitución Política no menciona las criptomonedas, el gobierno boliviano ha adoptado una postura crítica hacia su uso. En mayo de 2021, el Banco Central de Bolivia emitió un comunicado en el que se estableció que las criptomonedas no son una forma legal de pago en Bolivia y que su uso podría generar riesgos para la estabilidad financiera del país. Además, el gobierno ha establecido regulaciones estrictas sobre el uso de criptomonedas en Bolivia, lo que indica que la postura del Estado no es completamente favorable al uso monedas digitales.

3.         Protección al consumidor: La regulación de criptoactivos en Bolivia debe garantizar la protección de los derechos de los consumidores, incluido el derecho a recibir información clara y precisa sobre las características y riesgos de los criptoactivos.

Artículo 75 de la CPE establece:

Las usuarias y los usuarios y las consumidoras y los consumidores gozan de los siguientes derechos:

]]> 1.    Al suministro de alimentos, fármacos y productos en general, en condiciones de inocuidad, calidad, y cantidad disponible adecuada y suficiente, con prestación eficiente y oportuna del suministro.(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, 2009)

El Estado protege los derechos de los consumidores y usuarios, y garantiza la calidad de los bienes y servicios que se producen y comercializan en el país.

El artículo 316 de la CPE establece:

2.    Dirigir la economía y regular, conforme con los principios establecidos en esta Constitución, los procesos de producción, distribución, y comercialización de bienes y servicios.(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, 2009)

El Estado tiene la responsabilidad de dirigir la economía y regular los procesos de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, en concordancia con los principios establecidos en la Constitución. Esto significa que el Estado boliviano tiene el deber de proteger los derechos fundamentales, fomentar el desarrollo económico y promover la justicia social a través de políticas económicas y regulaciones que promuevan el bienestar general de la población.

Bolivia no reconoce el uso de activos digitales como moneda legal, y ha prohibido su uso como medio de pago en el territorio nacional. Esto se debe en parte a la preocupación por la falta de regulación y supervisión del mercado de criptomonedas, que puede generar riesgos financieros y económicos para la población. En este sentido, el Estado boliviano puede considerar que su responsabilidad de regular los procesos de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios incluye también la regulación de las criptomonedas, en aras de proteger los intereses y derechos de la sociedad boliviana.

En relación a las criptomonedas, su uso puede implicar riesgos para los consumidores y usuarios, como la falta de protección de sus datos personales, la inseguridad en las transacciones y la volatilidad de los precios. Por lo tanto, es importante que el Estado adopte medidas de protección para los consumidores que utilizan criptomonedas.

El gobierno boliviano ha establecido regulaciones estrictas sobre el uso de criptomonedas para proteger a los consumidores y usuarios. Por ejemplo, existe normativa que establece que todas las transacciones de criptomonedas deben ser reportadas a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y que los proveedores de servicios de criptomonedas deben cumplir con los requisitos de debida diligencia y prevención de lavado de dinero.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece que el Estado debe proteger los derechos de los consumidores y usuarios, y garantizar la calidad de los bienes y servicios que se producen y comercializan dentro de su economía. El estado boliviano ha establecido regulaciones para proteger a los consumidores y usuarios que utilizan criptomonedas.

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4.         Combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo: La regulación de criptoactivos en Bolivia debe incluir medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a través del uso de criptoactivos

El delito de lavado se refiere a un delito del pasado, la actividad criminal que ha generado los fondos es previa a la actuación del lavado. El financiamiento del terrorismo corresponde al tratamiento de bienes o fondos de cualquier fuente (legal o no) con el objetivo de financiar una actividad terrorista futura.(BANCO DE GUATEMALA, 2020, pág. 8)

El gobierno boliviano ha establecido regulaciones estrictas sobre el uso de criptomonedas en el país para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Se establece que las personas que realizan actividades con criptomonedas deben identificar a sus clientes y reportar cualquier transacción sospechosa a la Unidad de Investigaciones Financieras.

5.         Protección de los derechos individuales: La regulación de criptoactivos en Bolivia debe garantizar que las medidas adoptadas para regular los criptoactivos respeten los derechos individuales, incluidos el derecho a la privacidad y el derecho a no ser objeto de discriminación.

Artículo 333. Las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, gozarán del derecho de confidencialidad, salvo en los procesos judiciales, en los casos en que se presuma comisión de delitos financieros, en los que se investiguen fortunas y los demás definidos por la ley. Las instancias llamadas por la ley a investigar estos casos tendrán la atribución para conocer dichas operaciones financieras, sin que sea necesaria autorización judicial.(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, 2009)

La importancia de la constitución política de bolivia en la protección de los derechos individuales y su relación con el uso de criptomonedas

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece una serie de derechos individuales que el Estado tiene la obligación de proteger. Estos derechos están contenidos en la Sección III del Título I de la Constitución, denominada "De los Derechos Fundamentales".

Los derechos humanos incluyen el derecho a la vida, integridad física y moral, libertad y seguridad personal, juicio justo y defensa, igualdad ante la ley, privacidad y protección de datos personales, libertad de pensamiento, expresión, opinión, prensa, reunión, asociación y sindicalización, y el derecho a la propiedad privada

En relación al uso de criptomonedas, es importante que se respeten los derechos individuales de los ciudadanos que utilizan estas monedas digitales. El gobierno boliviano ha establecido regulaciones estrictas sobre el uso de criptomonedas en el país para garantizar que se respeten los derechos individuales de los ciudadanos y se evite cualquier tipo de abuso.

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece una serie de derechos individuales que el Estado tiene la obligación de proteger. Con relación a las criptomonedas, el gobierno boliviano ha establecido regulaciones estrictas para garantizar que se respeten los derechos individuales de los ciudadanos que utilizan estas monedas digitales.

El artículo 13 de la Constitución Política establece:

I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, 2009)

Esto significa que todos los derechos tienen la misma importancia y que deben ser respetados por igual, y que el Estado tiene la obligación de garantizarlos y promover su ejercicio.

Además, el artículo 13 establece que estos derechos son progresivos, lo que significa que deben ser cada vez más efectivos y amplios con el tiempo. Por lo tanto, el Estado tiene la responsabilidad de trabajar constantemente en mejorar las condiciones para el ejercicio de los derechos y garantizar que sean efectivos para todos los ciudadanos.

Las normas jurídicas son reglas o principios establecidos por el Estado o por otras autoridades reconocidas, que regulan el comportamiento humano y establecen las consecuencias para aquellos que no cumplen con las mismas. Estas normas tienen como objetivo garantizar el orden y la seguridad en la sociedad, protegiendo los derechos y las libertades individuales, y resolviendo controversias y conflictos de manera justa y equitativa.

Los fundamentos de las normas jurídicas generalmente se basan en principios como la justicia, la igualdad, la seguridad, la libertad y la protección de los derechos individuales.

La función de las normas jurídicas en la sociedad es garantizar el orden y la seguridad, protegiendo los derechos y las libertades individuales, y resolviendo controversias y conflictos de manera justa y equitativa. Además, estas normas también tienen una función precepto, ya que establecen lo que se considera aceptable y lo que no lo es en la sociedad, y ayudan a formar la conciencia y la conducta de las personas.

El Derecho regula las acciones del hombre con el fin de establecer un ordenamiento justo de la convivencia humana.(Pacheco G., 1990, pág. 77)

La importancia de la regulación jurídica en el uso y comercio de criptoactivos.

]]> La regulación jurídica consiste en el enlace normativo de ciertas consecuencias a determinados supuestos. La relación jurídica consiste en una relación hipotética normativa entre dos extremos: si se da A debe darse B. (Pacheco G., 1990, pág. 212)

La regulación jurídica se refiere al conjunto de normas y leyes que el Estado establece para regular una determinada actividad o sector, y asegurar su cumplimiento. En el caso de la regulación de criptoactivos, se busca establecer las reglas y principios para su uso y comercio, y asegurar que se cumplan las normas legales y reglamentarias en materia de seguridad, cumplimiento de obligaciones fiscales, prevención del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y garantizando al mismo tiempo los derechos y libertades fundamentales establecidos en la constitución entre otros aspectos.

La Constitución Política del Estado es el documento fundamental que establece los principios y normas básicas para el funcionamiento del Estado y la sociedad. En lo que respecta a los criptoactivos, la Constitución puede establecer las bases para la regulación de estos activos, y establecer las competencias y responsabilidades de las diferentes autoridades en materia de regulación.

La Constitución Política es la ley fundamental del Estado que establece las bases de su organización y la forma de su gobierno. (Pacheco G., 1990, pág. 227)

La Constitución Política contiene normas jurídicas que determinan la forma del Estado, el régimen del gobierno, las garantías de los derechos de las personas, la organización y atribuciones de los Poderes Públicos que ejercen las diversas funciones del Estado, el régimen administrativo, el procedimiento de reforma de la Constitución Política, etc. (Pacheco G., 1990, pág. 227)

La importancia de la protección de los derechos fundamentales en la regulación de criptomonedas.

Derecho, en sentido objetivo, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los hombres con el objeto de establecer un ordenamiento justo de la convivencia humana. (Pacheco G., 1990, pág. 127)

En nuestro concepto, el derecho subjetivo es la facultad que tiene un sujeto para ejecutar determinada conducta o abstenerse de ella o para exigir de otro sujeto el cumplimiento de su deber. (Pacheco G., 1990, pág. 128)

El derecho tiene como objetivo garantizar la convivencia pacífica y justa entre las personas y para ello establece las reglas que deben seguirse en la conducta humana y las consecuencias en caso de incumplimiento. Además, el derecho reconoce y protege los derechos fundamentales de la persona, como la vida, la libertad, la igualdad, la propiedad y la dignidad, entre otros.

Es por ello que la persona humana es el sujeto fundamental del derecho, ya que todas las normas y principios jurídicos tienen como finalidad proteger sus derechos y garantizar su bienestar en sociedad.

El papel del derecho constitucional y del gobierno corporativo en la regulación de las criptomonedas.

El derecho constitucional establece los principios fundamentales de una sociedad, incluyendo la regulación jurídica de las criptomonedas. Los principios de gobierno corporativo garantizan la transparencia y rendición de cuentas en la administración de empresas en el contexto de las criptomonedas. La regulación jurídica es esencial para prevenir delitos financieros y garantizar la seguridad y estabilidad del mercado cripto.

El gobierno corporativo se entiende como el conjunto de políticas, cultura y regulaciones internas que guían la gestión de una empresa, con el propósito de hacerlo más transparente y eficiente.

Básicamente, el objetivo del gobierno corporativo en las empresas es optimizar su gestión y otorgar más transparencia a las decisiones tomadas por el equipo directivo. Esto permite que los empleados, clientes, inversionistas e instituciones financieras de la empresa los entiendan más fácilmente.((c) MyABCM, 2023)

Los principios fundamentales del gobierno corporativo son: transparencia, equidad, responsabilidad social y rendición de cuentas.

•     La equidad implica que las decisiones tomadas por la gerencia beneficien a sus miembros en general.

•     La responsabilidad social es importante para crear un ambiente adecuado para que los empleados realicen sus tareas y mejorar la sociedad en la que están incluidas las empresas.

•     La rendición de cuentas, directamente relacionada con la transparencia, es el proceso de divulgación de todas las prácticas y resultados por los canales de la empresa. Es importante enfatizar que la información divulgada debe ser completamente verdadera, independientemente de si es positiva o negativa.(© MyABCM, 2023)

El gobierno corporativo en las empresas implica cambios profundos en la forma en que operan y para alcanzar el éxito se deben tomar ciertas acciones.

•     Jerarquía. El primer paso es elegir un equipo de liderazgo competente que establezca tareas, pueda adaptarse fácilmente a los cambios del mercado, tome la dirección de la empresa y las prioridades en la estrategia operativa.

•     Junta formada por socios, inversores y profesionales experimentados y capacitados debe monitorear la operación del equipo de administración y asistir en sus decisiones.

•     Reuniones son importantes para la deliberación entre la gerencia y el consejo asesor, intercambiar información, discutir el futuro de la empresa y tomar decisiones. La voz de todos los socios o inversionistas debe escucharse en las reuniones, y los asuntos discutidos deben ser registrados. La implementación del gobierno corporativo en la empresa puede ser compleja, pero puede optimizar la gestión empresarial y aumentar la rentabilidad entre otros.(© MyABCM, 2023)

Porqué es relevante estudiar la constitución para estudiar a las criptomonedas.

 Es importante estudiar la Constitución al analizar las criptomonedas ya que puede establecer los límites y regulaciones legales en torno a ellas y servir como guía para comprender la postura oficial del gobierno. Al estudiar la Constitución en relación a las criptomonedas, se pueden analizar los derechos y deberes de las personas, las regulaciones financieras, las políticas fiscales, entre otros aspectos importantes para su uso y regulación. También es importante considerar cómo las criptomonedas pueden desafiar la soberanía y la autoridad monetaria del Estado.

Que los artículos 331 y 332 de la Constitucion Política del Estado determinan que las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro, son de interes público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, por cuanto las entidades financieras deben estar reguladas y supervisadas por una institucion de regulación de bancos y entidades financieras.(BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, 2020, pág. 5)

La maxima autoridad del BCB mediante Resolucion de Directorio No. 044/2014 determina prohibir el uso de monedas no emitidas o reguladas por estados, países o zonas económicas y de órdenes de pago electrónicas y denominaciones monetarias no autorizadas por el BCB en el ámbito del sistema de pagos nacional. (BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, 2020, pág. 6)

Articulo 2. Se prohibe a las entidades financieras procesar órdenes de pago por concepto de operaciones de compra-venta de criptoactivos. (BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, 2020, pág. 10)

El Banco Central de Bolivia (BCB) ha prohibido el uso de criptomonedas como medio de transacción dentro del Estado Plurinacional.

Desde su llegada al poder, el Gobierno nacional tuvo en claro que no permitiría la intromisión de criptomonedas en el país. Por ello instruyó al Banco Central de Bolivia (BCB) a emitir una Resolución de Directorio para prohibirlas, "al no constituirse en monedas de curso legal".

Gabriel Espinoza, exmiembro del directorio del BCB, explicó a Sputnik que las criptomonedas "son activos digitales vinculados a un sistema de blockchain, de cifrado criptográfico, que permite garantizar la titularidad y asegurar la integridad de transacciones". (Ochoa, 2022).

“Debido a que los criptoactivos no son una moneda de curso legal en el país, el BCB prohíbe su uso, comercialización y negociación, ya que implican potenciales riesgos de generar pérdidas económicas a sus operadores y/o poseedores”, dijo el ente emisor en un comunicado.(EL PLANTEO, 2022).

En Bolivia, la relación entre el derecho constitucional y la regulación de criptoactivos es un tema importante y actual, ya que aún no existe una regulación específica para ellos y están prohibidos en el sistema financiero. El marco jurídico constitucional establece que el Estado tiene la obligación de regular las actividades económicas para lograr el bienestar social.

El artículo 326 de la Constitución establece que ”El Estado a través del Órgano Ejecutivo, determinara los objetivos de la política monetaria y cambiaria del país, en coordinación con el Banco Central de Bolivia”. (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, 2009)

El Estado debe fomentar y regular el desarrollo económico y social del país, promoviendo la inversión, la producción y el comercio, respetando el medio ambiente y los derechos de los trabajadores.

La Ley de Servicios Financieros establece que todas las actividades financieras en Bolivia deben estar reguladas y supervisadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), una entidad pública que tiene la responsabilidad de garantizar la estabilidad y solvencia del sistema financiero y proteger los derechos de los usuarios de servicios financieros.

El artículo1 de la ley 393 de la ley de servicios financieros establece que “La presente Ley tiene por objeto regular las actividades de intermediación financiera y la prestación de los servicios financieros, así como la organización y funcionamiento de las entidades financieras y prestadoras de servicios financieros; la protección del consumidor financiero; y la participación del Estado como rector del sistema financiero, velando por la universalidad de los servicios financieros y orientando su funcionamiento en apoyo de las políticas de desarrollo económico y social del país.(Ley de Servicios Financieros N^o 393, 2013, pág. 1)

A pesar de que todavía no existe una regulación específica para los criptoactivos en Bolivia, la ASFI ha emitido comunicados para advertir a la población sobre los riesgos asociados con la inversión en criptomonedas y ha afirmado que cualquier actividad relacionada con criptoactivos deberá estar sujeta a la regulación de la Ley de Servicios Financieros y la supervisión de la ASFI.

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Las entidades financieras también tienen prohibido usar, comercializar o registrar inversiones financieras en criptomonedas(Queiroz, n.d.).

La regulación jurídica de los criptoactivos sigue siendo incierta y desafiante. A nivel internacional, la OCDE y el G20 han destacado la necesidad de un marco regulador internacional para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Sin embargo, debido a la naturaleza descentralizada y evolución rápida de los criptoactivos, no hay un acuerdo global sobre cómo regularlos, lo que ha dificultado que los gobiernos establezcan políticas y marcos regulatorios efectivos y coherentes.

A nivel nacional, algunos países han adoptado medidas restrictivas y otros han establecido marcos reguladores específicos para los criptoactivos. El derecho constitucional es importante en la regulación de los criptoactivos, ya que establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos y del Estado.

No obstante, la regulación de los criptoactivos está en evolución y es importante seguir de cerca las tendencias y desarrollos en este campo, tanto a nivel nacional como internacional, con temas como la privacidad, libertad económica y derecho a la propiedad en juego.

Regulación de criptoactivos en Bolivia: análisis de la Constitución Política del Estado Plurinacional y su impacto en las políticas de ASFI y BCB.

En Bolivia, la regulación de los criptoactivos está principalmente a cargo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y el Banco Central de Bolivia (BCB), y está sujeta a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

La CPE establece que el Estado boliviano tiene el deber de proteger y defender los derechos de los consumidores y usuarios, así como garantizar la estabilidad del sistema financiero y la economía nacional. En este sentido, el BCB ha emitido diferentes comunicados y normativas con el fin de establecer los lineamientos para el uso de criptoactivos en el país.

En octubre de 2014, el BCB emitió un comunicado en el que señaló que los criptoactivos no son reconocidos como moneda legal en Bolivia y que cualquier actividad relacionada con ellos está fuera del ámbito de supervisión y regulación de la entidad. En consecuencia, el BCB desaconsejó el uso de criptoactivos en el país y señaló que las personas que realicen operaciones con ellos lo hacen bajo su propio riesgo.

En febrero de 2021, el BCB emitió una circular en la que estableció que las entidades financieras no podían realizar transacciones en criptoactivos ni ofrecer servicios relacionados con ellos. La circular señala que cualquier actividad relacionada con criptoactivos debe ser reportada a las autoridades competentes.

En 2014, Bolivia se convirtió en el primer país de Latinoamérica en prohibir los criptoactivos. Mediante la resolución de directorio 044/14 emitida por el Banco Central de Bolivia (BCB) se prohíbe la utilización de monedas que no sean emitidas y reguladas por el Estado.

Los motivos de la prohibición son varios, pero principalmente dos. Uno es la falta de marcos regulatorios institucionales que aborden la comercialización de los activos digitales. El otro tiene que ver con los riesgos que implica operar con criptomonedas y las estafas piramidales que se dieron en el país, como Bitcoin Cash y Pay Diamond.

Desde el 2014 hasta ahora el BCB reiteró en múltiples oportunidades la prohibición de los criptoactivos, como en un comunicado de 2017 o en la Resolución de Directorio 144/20 del 2020, que ratificaron en 2022.(FORBES, 2022)

En Bolivia no se reconoce a los criptoactivos como moneda legal y las autoridades financieras desaconsejan su uso debido a los riesgos asociados. Las entidades financieras están prohibidas de realizar transacciones en criptoactivos u ofrecer servicios relacionados con ellos.

En las últimas semanas, el Banco Central de Bolivia (BCB) y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) enfatizaron a través de publicaciones en redes sociales que las criptomonedas no son seguras y están vinculadas a ilícitos.

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En las últimas semanas, el Banco Central de Bolivia (BCB) y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) enfatizaron a través de publicaciones en redes sociales que las criptomonedas no son seguras y están vinculadas a ilícitos.(Reyes, 2022)

La necesidad de una norma jurídica para la regulación de criptomonedas en el marco constitucional.

En el contexto de la regulación jurídica de las criptomonedas, las normas jurídicas tienen una función importante en la sociedad al establecer reglas y principios para el uso y la comercialización de estos activos digitales. La regulación jurídica puede incluir la creación de leyes y reglamentos específicos para regular la oferta, la venta, la compra y el uso de criptomonedas, así como la protección de los derechos y la seguridad de los usuarios.

La estructura de las normas jurídicas en la regulación de criptomonedas puede incluir normas de rango superior, como leyes y tratados internacionales, y normas de rango inferior, como regulaciones y pautas de las autoridades reguladoras. Estas normas también deben estar relacionadas entre sí y formar un sistema coherente que garantice la protección y la seguridad de los usuarios.

Los fundamentos de las normas jurídicas en la regulación de criptomonedas pueden incluir principios como la transparencia, la protección al consumidor, la prevención de delitos financieros y la lucha contra el lavado de dinero. Estos principios se basan en la necesidad de regular y proteger el uso de criptomonedas para garantizar la estabilidad financiera y la seguridad de los usuarios.

CONCLUSIÓNES

La regulación adecuada de las criptomonedas es un tema de gran importancia para garantizar su uso seguro y eficiente en la sociedad y la economía. Para lograr esto, es fundamental contar con una norma jurídica adecuada que regule su uso y comercio, enmarcada en la Constitución Política del Estado y en la protección de los derechos individuales y fundamentales. Asimismo, es esencial que se proteja la propiedad privada, el libre comercio y se garantice la protección al consumidor. Por tanto, se hace necesario realizar un análisis del marco jurídico y constitucional en cada país, para entender cómo se aplican estas regulaciones en la práctica, y cómo las políticas de las instituciones reguladoras tienen un impacto en la regulación de las criptomonedas. En general, se requiere una perspectiva legal y constitucional adecuada para abordar este tema y asegurar su correcta regulación en beneficio de la sociedad y la economía.

¹ Nota del editor: Se ha mantenido el formato y el sistema de citas y notación utilizada por el autor.

² UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR. Magister en Derecho Empresarial y Corporativo. Registro ORCID: https://orcid.org/0009-0001-8381-4231

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