Los procesos de reforma judicial en Bolivia (1991-2017)*

Judicial reform processes in Bolivia (1991-2017)

Marco Antonio Saavedra Mogro**
marcoantonio_saavedra@hotmail.com
Presentado: 15 de Agosto de 2017. Aceptado:14 de Noviembre de 2017

Resumen

El presente trabajo expone, bajo la estrategia del institucionalismo histórico, los procesos de reforma judicial en Bolivia durante los últimos 26 años, explicando los contextos institucionales cambiantes, las coyunturas y secuencias rivales emergentes en la época de la "Democracia Pactada", en el "Proceso Constituyente" y en el "Mandato de la Cumbre de Justicia"; desarrollando argumentos sobre las trayectorias crecientes y decrecientes de los procesos de reforma o de refundación de la justicia, sobre la dinámica de retroalimentación del sistema jurídico, el tipo de resultados lentos o acelerados de la institucionalización de la justicia y, las perspectivas de una política jurídica orientada a la independencia de la justicia e imparcialidad del juez en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Palabras clave: institucionalismo histórico, procesos de reforma judicial, contextos institucionales cambiantes, coyunturas y secuencias rivales, trayectorias crecientes y decrecientes, dinámica de retroalimentación del sistema jurídico, independencia e institucionalización de la justicia.

Summary

This paper exposes, under the strategy of historical institutionalism, the judicial reform processes in Bolivia during the last 26 years, explaining the changing institutional contexts, the conjunctures and emerging rival sequences at the time of the "Agreed Democracy", inthe "Constituent Process" and inthe "Mandate of the Justice Summit"; developing arguments on the increasing and decreasing trajectories of the processes of reform or refoundation of justice, on the feedback dynamics of the legal system, the type of slow or accelerated results of the institutionalization of justice and the perspectives of a legal policy oriented to the independence of justice and impartiality of the judge in the Plurinational State of Bolivia.

Keywords: Historical institutionalism, judicial reform processes, changing institutional contexts, conjunctures and rival sequences, increasing and decreasing trajectories, feedback dynamics of the legal system, independence and institutionalization of justice

El presente trabajo tiene como objetivo investigar los procesos de reforma judicial en Bolivia en el período 1991-2017 y determinar las condiciones institucionales de su consolidación en dos contextos (el del neoliberalismo y el del Estado Plurinacional) caracterizados tendencialmente por la ruptura política, ideológica y jurídica; la investigación mostrará las variantes de reforma y organización de un Poder Judicial en condiciones de desigualdad institucional, encoyunturaspolíticasd¡ferenc¡adas,pero con gobiernos de derechas y de izquierdas sin voluntad de transformar radicalmente la justicia y con irrenunciable decisión de controlar fácticamente el Órgano Judicial. En perspectiva se analizara la factibilidad política y jurídica en el Estado Plurinacional para la construcción de un Órgano Judicial independiente y, el desarrollo de una política jurídica que incentive la meritocracia, la imparcialidad y el comportamiento ético de la autoridad judicial.

La dinámica de la forma y reforma del Poder Judicial en Bolivia durante los últimos 26 años y sus interacciones con los poderes Legislativo y Ejecutivo pueden ser explicados mejor a través del institucionalismo histórico. El enfoque del institucionalismo histórico¹ enfatiza la construcción de instituciones, la ingeniería constitucional y la configuración de organizaciones, permitiendo en este estudio sobre "Los Procesos de Reforma Judicial en Bolivia (1991-2017)", desarrollar explicaciones macrotendenciales sobre más de dos contextos histórico institucionales de cambio en la reforma de la justicia boliviana en un periodo relativamente corto; para ello la secuencia del tiempo en las reformas de los años 90', las decisiones tomadas por la Comisión Judicial en la Asamblea Constituyente instalada en Bolivia el año 2006 y el Mandato de la Cumbre de Justicia del año 2016 son determinantes, como también es de importancia el movimiento dialéctico hacia atrás y adelante para evaluar resultados en los procesos de transformación judicial. Bajo la estrategia del institucionalismo histórico sintetizaremos información secundaria emergente de la reforma judicial durante la época de la "Democracia Pactada" y en el actual "Proceso de Cambio", con la finalidad de desarrollar argumentos sobre los rendimientos crecientes o decrecientes de los procesos de reforma judicial, sobre la dinámica de retroalimentación del sistema jurídico, el tipo de resultados lentos o acelerados de la institucionalización de la justicia y, las perspectivas de una política jurídica orientada al diseño institucional de independencia de la justicia e imparcialidad de la autoridad judicial en el Estado Plurinacional de Bolivia.

En la retrospectiva histórica hay una tendencia que evalúa la construcción de instituciones en América Latina bajo el signo de la persistente inestabilidad, con poderes judiciales ineficaces y leyes con bajo nivel de aplicación, de hecho los países de la región copiaron sistemas políticos occidentales con sus virtudes y sus defectos; la separación de poderes en tres ramas, fue una imitación del sistema político de Estados Unidos, de Francia se copió el centralismo y la legislación por decreto y, la Constitución española de 1812 sirvió para modelar el gobierno limitado y el centralismo; los sistemas políticos latinoamericanos ampliaron los poderes presidenciales hasta el punto de tutelar al Poder Judicial y designar jueces directa o indirectamente a través de los Poderes Legislativos (Drake, 2012: 7 y ss.). El diseño institucional de la justicia permaneció congelado en sus principales atribuciones en tanto funcionamiento de un Poder Judicial con independencia débil y debilitada desde los Ejecutivos fuertes; por lo que un Poder Judicial independiente y un juez neutral no son la ruta positiva en la tradición estatal latinoamericana².

La justicia es un problema irresuelto en Bolivia, la evaluación de su comportamiento tiene su antecedente inmediato en la reapertura democrática en octubre de 1982. Durante los gobiernos del periodo neoliberal la sujeción de la justicia y la intimidación a los administradores de justicia mediante juicios de responsabilidades y destituciones fue "ejemplarizadora"; este disciplinamiento del Poder Judicial y un control político asfixiante desde el gobierno, no sufrió variaciones positivas durante el llamado Proceso de Cambio, por el contrario se agudizo. El proceso político durante la democratización de los últimos 35 años demostró que al Estado Boliviano no le interesa la tragedia de la injusticia, tampoco hubo gobierno que no haya renunciado al control factico de la justicia y del Ministerio Publico, siendo una constante tenebrosa la composición política de los magistrados, jueces y fiscales.

1. Contexto institucional cambiante en los procesos de reforma judicial

La temporalidad de las reformas de la justicia en los últimos 26 años es importante para determinar la decisión política y los costes económicos e institucionales, porque no lograron resolver la independencia de la justicia ni la imparcialidad de la autoridad judicial; bajo la estrategia del institucionalismo histórico nos planteamos las siguientes preguntas de investigación ¿Por qué los procesos de reforma judicial y de institucionalización han fracasado en Bolivia, reproduciendo una tendencia de continuidad negativa en términos de dependencia del Órgano Judicial y de parcialización del juez?, ¿Qué modelo factible de limitación del poder con independencia judicial razonable e imparcialidad fuerte, de institucionalidad de la justicia y de institucionalización de la carrera judicial, está en condiciones de viabilizar el poder político?. La conflictiva dependencia y parcialización del Poder Judicial y la turbia y corrompida administración de justicia, la explicaremos en una perspectiva histórico institucional, comparando las reformas estatales de los años 90' con las reformas establecidas en el Mandato de la Cumbre de Justicia el año 2016.

El desarrollo institucional relativo a la justicia en el periodo analizado (1991-2017), se produjo en los noventas en base a un acuerdo político entre las principales fuerzas políticas de la época; fueron cinco partidos políticos (MNR, ADN, MIR, CONDEPA y MBL) que el año 1991³ determinaron la reforma e institucionalización del Estado y la reforma del Poder Judicial; subyacía en dichas reformas la despartidización, la cualificación técnica, la independencia y la meritocracia como nuevo modelo a seguir. Un nuevo sistema de justicia conformado por el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, la renovación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y la institucionalización de los vocales de la Corte Nacional Electoral, y posteriormente la modificación del Código Penal (que expulsó del ordenamiento jurídico la prisión por deudas) tenía como finalidad lograr desde arriba la interacción democrática en términos de gobernabilidad, estabilidad y confianza en el sistema político. A la vez podía y debía generar la retroalimentación positiva entre los poderes del Estado; es decir que dichas reformas del Estado buscaban mejoras en la capacidad de gobernar y nuevos patrones de ruptura con la poderosa inercia de los poderes estatales desiguales, donde el Poder Judicial se encontraba en clara desventaja respecto del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

La Constitución Política del Estado promulgada el 6 de febrero de 1995 dio un salto cualitativo al constitucionalismo liberal para reconocer a Bolivia como un país multiétnico y pluricultural, determinando la independencia y coordinación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, prohibiendo que las funciones del poder público se reúnan en el mismo órgano; esta Constitución creó nuevas instituciones como el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura, el Defensor del Pueblo y, el artículo 116 disponía la organización del Poder Judicial⁴ estableciendo la independencia de los magistrados y jueces en la administración de justicia, además del Escalafón Judicial para promover la carrera judicial basada en méritos. Si bien la revolución institucional lograda con los "Acuerdos de febrero de 1991" habían dado lugar a un modelo institucionalizador de los poderes públicos, estos no tuvieron sostenibilidad en el tiempo, no sirvieron para un positivo desempeño de la democracia y tampoco generaron confianza ciudadana en la administración de justicia.

El analista Carlos Toranzo afirma que durante las últimas dos décadas (1985-2005) en Bolivia se realizaron más reformas político institucionales que todas las que se ejecutaron de 1952 a 1985⁵. Para fines de los 90' se había trazado una nueva agenda de rediseño estatal que se conoció como Dialogo Nacional de 1997 y Diálogo Nacional 2000; las nuevas reformas del Estado modeladas en el Diálogo Nacional de 1997, conocido también como "Diálogo Nacional Bolivia hacia el siglo XXI, de 1997" se desarrollaron en cuatro mesas (Oportunidad, Dignidad, Justicia e Institucionalidad y Equidad), fue la mesa referida a Justicia e Institucionalidad que mayor avance tuvo en materia de reforma del Estado tratando cuestiones de justicia, administración de justicia, organización institucional y reforma del Estado, Estado de Derecho, sistema político, gestión pública, descentralización, género y desarrollo, política de defensa y fortalecimiento de la sociedad civil (Toranzo, 2006: 189), de este Diálogo fueron partícipes en representación del Poder Judicial los miembros de la Corte Suprema de Justicia. El Diálogo Nacional 2000 o denominado "Diálogo 2000 de Lucha Contra la Pobreza" fue una continuidad del anterior y conformo tres mesas: la Municipal, la Departamental y la Nacional, en esta última se tematizo la elaboración de una agenda de temas político-institucionales y, se promulgó la "Ley Diálogo Nacional 2000" el año 2001⁶.

La evaluación sobre la justicia boliviana realizada por el ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos en el año 2002, Carlos Alberto Goitia Caballero, es que el fortalecimiento institucional emprendido desde 1994 dio lugar a una adecuación del sistema de justicia a la democracia y a mejoras de la justicia expresadas en un mejor marco constitucional⁹ con la creación del Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, la Defensa Publica, la Aprobación de la Ley del Ministerio Público, la integración del Tribunal Agrario, la modernización de procedimientos y reglamentos internos, que los órganos de justicia cuenten con bases de datos y estadísticas judiciales, el diseño de una carrera judicial y escalafones que ponderan los méritos, un mejor acceso a la justicia de los más débiles, la modernización del marco legal ejemplificado con el procedimiento oral en materia penal y la capacitación de los operadores de justicia y de la ciudadanía en general en temas de justicia, es decir que en los hechos en los comienzos del siglo XXI se han superado distintas injusticias; pero también se ha podido ver que hay municipios pobres donde la población no tiene justicia, el acceso a la justicia es aun restringido y la calidad de la prestación del servicio de justicia es baja; quedan estas como tareas pendientes del Estado.

Las reformas judiciales de los años noventa no lograron los rendimientos positivos esperados, ni una retroalimentación institucionalizadora en términos de independencia e imparcialidad de mediano plazo; tampoco se pudo evitar la erosión de confianza y credibilidad ciudadana en el sistema de justicia en Bolivia¹⁰. La mala administración de justicia fue la característica en el Estado neoliberal, que extendió como fuego en la pradera la corrupción judicial, la discriminación, la retardación de justicia y un desigual acceso; el comportamiento de la autoridad judicial estuvo bajo sospecha permanente por sus actuaciones al margen de la ley¹¹. En el microanálisis del mal funcionamiento de la justicia están el litigio de tiempo indeterminado, la obstaculización o distorsión de las investigaciones hechas por el personal de la policía, la conducta inadecuada de los subalternos judiciales que reciben coimas y, los peritos cuyas opiniones no siempre son las mejor calificadas; configurando un sistema tenebroso que pone en subasta a la justicia y la vende al mejor postor, consecuencias estas devastadoras por el alejamiento de la gente de la corrompida y discrecional administración de justicia.

No transcurrió ni una década para que el Estado reformado en los noventas ingrese en tensiones profundas y en una crítica radical al funcionamiento de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los ataques al Estado Republicano cobraron forma de protesta ciudadana, rebelión de los movimientos sociales, acusaciones de los partidos políticos opositores y la denuncia de intelectuales de distinta procedencia. La dinámica de la crisis del Estado estuvo marcada por la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el interinato del Presidente Carlos Mesa a partir de octubre de 2003 y su renuncia el 7 de junio de 2005, momento a partir del cual asume el mando presidencial el 9 de junio de 2005 (luego de la renuncia a su derecho de sucesión de los parlamentarios Hormando Vaca Diez y Mario Cossio) el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez Veltzé quien convoca a elecciones generales para el 18 de diciembre de 2005, donde ganara el Movimiento Al Socialismo y llegara al poder Evo Morales Ayma.

Las demandas de una gran transformación se condensaron narrativamente en la impugnación al Estado que se había reformado en los tiempos del neoliberalismo y a la democracia pactada que le daba gobernabilidad y, en la exigencia de los de debajo de refundar el Estado cuyos antecedentes inmediatos estaban en los bloqueos iniciados en abril de 2000 y en los conflictos y rebeliones de febrero y octubre de 2003 (que más tarde se conocerá como la Agenda de Octubre); a partir de las movilizaciones del año 2000 la sociedad comenzó a actuar por fuera de la institucionalidad que se había establecido en la Constitución de 1995, esta movilización social al margen de la legalidad enunciaba el hundimiento del Estado que para algunos pensadores de la época se caracterizaba por una crisis del ordenamiento estatal republicano y una crisis del modelo neoliberal. Para Álvaro García la organización de la institucionalidad gubernamental había privilegiado en los últimos 18 años la división de poderes, la gobernabilidad, la centralidad parlamentaria, la construcción de normativa liberal; esta institucionalidad construida no tenía correspondencia con la lógica real de la dinámica social y ni siquiera era acatada por las elites reformadoras (Garcia, 2003: 41). Para Jorge Lazarte la coyuntura del 2003 no expresaba una crisis de Estado sino que era una crisis en el Estado, es decir una crisis del gobierno y de la forma como estaban organizadas sus instituciones y, más amenazas que realidades¹². Desde la izquierda moderada se caracterizaba la coyuntura como de transición desde la crisis de la forma estatal neoliberal hacia un nuevo contrato social incluyente, justo y democrático, proponiendo para la Asamblea Constituyente una arquitectura estatal cristalizada en la Federación Boliviana de Municipios, Regiones y Nacionalidades Originarias Autónomas¹³.

A pesar de la progresista reforma de la Constitución Política del Estado de 13 abril de 2004 que incorporaba la Asamblea Constituyente, la Iniciativa Legislativa Ciudadana, el Referéndum y nuevas formas de Representación Popular¹⁴, la organización de la institucionalidad neoliberal se hizo pedazos con la refundación del Estado en la Asamblea Constituyente convocada para el año 2006; estaba en curso la edificación del mundo plurinacional y, la ¡ncertidumbre de los bolivianos comenzó a disiparse abriéndose la esperanza de que el entretejido del Estado Plurinacional seria para bien y que se podía construir instituciones justas. Las encuestas y entrevistas en profundidad realizadas en junio de 2006 denominadas "El estado de la opinión: los bolivianos, la Constitución y la Constituyente"¹⁵ evalúan el momento constituyente como un proceso intenso de reforma estatal, de alta legitimidad y de emergencia de un nuevo sentido común; la Asamblea Constituyente fue caracterizada como una demanda desde abajo en busca de participación ciudadana y justicia social y con la esperanza de los bolivianos de "contar con una nueva legalidad más abierta, participativa y justa, que ahora sí, se cumpla para beneficio de todos" (PNUD-IDEA, 2007: 20). La lectura de la cultura de la legalidad en Bolivia, en el referido "estado de la opinión", afirma que hay una aplicación diferenciada, discrecional y discriminatoria de las normas y una exigencia desigual y de conveniencia en el cumplimiento de las leyes, un grupo mayoritario de bolivianos considera que las leyes en el país son injustas y consideran que la Constitución garantiza los derechos solo de algunos siendo que el Estado no respeta sus derechos ciudadanos, los imaginarios y percepciones sobre la ley tienen una carga negativa porque son injustas, no se respetan, se aplican discrecionalmente y benefician a las minorías económicas y políticas¹⁶.

Sobre la justicia y el sistema judicial el "estado de la opinión" afirma que los bolivianos tienen una valoración negativa de las instituciones y de las autoridades encargadas de impartir justicia, de hecho el Poder Judicial es la institución que genera menos confianza¹⁷, la ciudadanía mayoritariamente duda de la independencia de los fallos de los jueces y de que hagan su trabajo libre de presiones e interferencias¹⁸; la justicia es entonces invariablemente una mercancía susceptible de compra-venta y, los jueces la subastan al mejor postor. Las expectativas positivas sobre la Asamblea Constituyente para el 2006 y 2007 eran el logro de justicia social, cumplimiento de las leyes, protección de los derechos ciudadanos y participación democrática, el horizonte del sentido común de la bolivianidad era la convivencia intercultural y de igualdad social y económica (PNUD-IDEA, 2007: 295).

La ideología rupturista con el viejo régimen y los anhelos fundacionales de un nuevo Estado hicieron síntesis en la Asamblea Constituyente que se instaló en Bolivia el año 2006 con una correlación de fuerzas mayoritariamente favorable al Movimiento Al Socialismo (MAS), encontrándose en minoría Poder Democrático y Social (PODEMOS); estas fuerzas políticas gravitantes de la coyuntura tenían visiones de país rivales que las expresaron los constituyentes en la dinámica de funcionamiento de las Comisiones que se habían conformado; en dichas Comisiones y Subcomisiones las diferencias fueron de fondo y terminaron en serias dificultades para llegara consensos.

La Comisión Judicial fue integrada por 11 constituyentes titulares¹⁹, se dividió en 3 Subcomisiones: la Subcomisión de Justicia Comunitaria, la Subcomisión de Justicia Ordinaria, la Subcomisión de Tribunal Constitucional, Tribunal Agrario y Consejo de la Judicatura, iniciando el proceso de votación de articulados el 12 de julio de 2007; es de suma importancia destacar el Acta de Reunión de 12 de julio de 2007 en la cual la Comisión Judicial propuso la selección y elección de magistrados mediante voto popular²⁰. Las Actas de Sesiones y Deliberaciones reflejan las diferencias ideológicas de las Subcomisiones y la imposibilidad de llegar a consensos en relación a la jerarquía de la Justicia Comunitaria y la Justicia Ordinaria. El Informe Final de la Comisión Judicial en mayorías (MAS) y minorías (PODEMOS-MNR) registro como principales puntos del debate el pluralismo jurídico, el acceso a la justicia, los mecanismos de control social, la participación ciudadana, la justicia comunitaria, un diagnóstico sobre fortalezas y debilidades del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, donde se relieva la injerencia política, la falta de credibilidad y transparencia.

Dos contextos institucionales contrapuestos, cambiantes y rupturistas, el de la reforma judicial neoliberal y el de la pretendida refundación de la justicia en el proceso de cambio, se anularon mutuamente; las visiones rivales de las elites de derechas y de las contraelites de izquierdas para reorganizar el Poder Judicial trazaron una ruta de cambios con retroalimentación negativa; posiciones del poder gobernante y de las potencias opositoras fueron incapaces de dar continuidad a las fortalezas de la reforma judicial y fueron extremadamente insensibles a las debilidades del funcionamiento catastrófico de la justicia.

El constitucionalismo boliviano nacido el año 2009 inaugura una narrativa constructora de un innovador Estado Plurinacional fundamentado en el reconocimiento de los de abajo y en la potencia de la acción colectiva de los pueblos indígenas y de las naciones originarias portadores de un nuevo sentido de justicia. La Nueva Constitución Política del Estado promulgada el 7 de Febrero de 2009 rompe con la tradición de la reforma incremental del Estado y, opta por ir a la raíz fundacional de un nuevo Estado Plurinacional²¹. En materia judicial al menos cinco fueron las transformaciones: el pluralismo jurídico, el reconocimiento de los derechos indígenas y la justicia comunitaria²² (denominada también justicia plurinacional indígena originaria campesina), la nomenclatura del Órgano Judicial, la paridad expresada en cuotas de género y plurinacionalidad para ocupar cargos de autoridad judicial y, la elección de magistradas y magistrados mediante sufragio universal y mayoría simple de votos y con un mandato de seis años²³.

Se suponía que la respuesta histórica a la crisis de la justicia era la elección de magistrados, que se implementó por primera vez en el Estado Plurinacional de Bolivia en octubre de 2011. El proceso de selección del 2011 que llevó a cabo la Asamblea Legislativa Plurinacional terminó en una depuración política que validó la selección de militantes del partido de gobierno ¿Cuál fue la respuesta del pueblo en la elección de magistrados? La respuesta ciudadana fue el rechazo, ganaron los perdedores con tremendo déficit de legitimidad y, el rendimiento institucional del Órgano Judicial durante estos seis años de mandato constitucional fue empobrecedor, inundado de escándalos internos, pugnas de poder, fallos judiciales cuestionados, denuncias de corrupción, juicios de responsabilidades y marcada ineptitud y retardación de justicia. Los magistrados electos cumplen su mandato constitucional en octubre de 2017 y, se ha iniciado un segundo proceso de selección y elección de magistrados a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional con cuestionada legalidad y déficit de legitimidad.

La elección de magistradas y magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, tenía por finalidad mejorar la justicia y democratizarla; pero el proceso de preselección por la Asamblea Legislativa Plurinacional el año 2011 termino eligiendo en octubre de ése año a los menos votados. Luego de seis años el proceso de selección y elección de altas autoridades judiciales está en entredicho y la independencia del Órgano Judicial está bajo sospecha y sumando más desconfianza ciudadana²⁴. A pesar de las modificaciones al "Reglamento de Preselección de Candidatas y Candidatos Para la Conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura" dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional el veintinueve de abril de dos mil diecisiete años, para que el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) participe en la evaluación curricular de los postulantes a candidatos a autoridades judiciales, el CEUB ha terminado con posiciones divididas sobre el fondo del acompañamiento universitario, la transparencia y credibilidad del proceso y, de manera específica el Rectorado de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) se pronunció públicamente por el "Establecimiento de un Gran Acuerdo Nacional Por Una Nueva Justicia en Bolivia"²⁵, posteriormente el Honorable Consejo Universitario de la UMSA decidió no participar de la selección de los postulantes a magistrados²⁶. La conclusión del proceso de selección de magistrados (al finalizar el mes de agosto de 2017) a través de la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional no está libre de sospechas, de denuncias y de escándalos, las listas de candidatos judiciales tampoco tiene consenso entre las fuerzas políticas del oficialismo y de la oposición²⁷ y, comienza a ser vista por la ciudadanía como una oportunidad perdida para cambiar la desprestigiada justicia boliviana.

De manera paralela al cumplimiento del mandato de seis años de los actuales magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, se posicionó en la agenda pública a fines del 2014 la Cumbre Nacional de Justicia y fue impulsada por el Ministerio de Justicia; el objetivo trazado para la Cumbre de Justicia fue poner fin a la mala imagen de la justicia y promover la meritocracia en el Órgano Judicial²⁸. El diagnóstico compartido por la mayores controversias en la precumbre de justicia fue la elección de magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Dada la trayectoria errática de la reforma judicial y la acelerada desconfianza ciudadana en el Órgano Judicial, en la administración de justicia y en los operadores de la justicia, el gobierno del Estado Plurinacional impulso durante el año 2016 una Cumbre de Justicia conjuntamente las organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas vinculadas a la cuestión de la justicia, de la cual a mediados de año surgió un mandato para transformar la cuestionada justicia boliviana. La "Cumbre Nacional de Justicia Plural. Para Vivir Bien"³³, se instaló en la ciudad de Sucre los días 11 y 12 de junio de 2016 con el objetivo de ponerle fin a la crisis de la justicia; la ingeniería reformadora de la justicia se inauguró con la propuesta del Vicepresidente del Estado Alvaro Garcia de instaurar la cadena perpetua para casos de violación de niños y niñas³⁴.

Para transformar la justicia se organizaron 6 mesas de trabajo y se arribaron a una cantidad considerable de conclusiones y recomendaciones provenientes de una variedad de actores, desde las organizaciones sociales y dirigencias sindicales, hasta las instancias académicas, profesionales, empresariales y políticas, que sintetizamos a continuación.

La Mesa de Trabajo 1 "Elección de Magistrados y Consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional", ratifico su apoyo a la nueva institución creada para elegir autoridades judiciales mediante voto popular, bajo el argumento de que esta era una conquista social y garantizaba la independencia del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

La Mesa de Trabajo 2 "Acceso a la Justicia Plural" recomendó refundar el sistema de justicia a partir de la descolonización, la despatriarcalización, la interculturalidad y la complementariedad sobre la necesidad de la población en servicios de justicia plural y, finalmente el acceso igualitario a la justicia para poblaciones en situación de vulnerabilidad.

La Mesa de Trabajo 3 "Retardación de Justicia" recomendó lograr que las decisiones judiciales se tomen sin dilación y oportunamente "Justicia a tiempo"; la implementación de plataformas de atención al usuario, y efectivizar la oralidad plena en todo el sistema de justicia. Implementación del gobierno electrónico y la gestión en línea; establecer un sistema de evaluación y control de las actuaciones judiciales, fiscales y policiales para establecer responsabilidades por el incumplimiento de plazos procesales; mejorar las condiciones materiales y presupuestarias del Órgano Judicial, Ministerio Público, Régimen Penitenciario, Defensa Pública y otros servicios.

La Mesa de Trabajo 5 "Política Criminal y Justicia Penal" recomendó diseñar una política criminal, preventiva, generacional descolonizada, despatriarcalizada, democrática, plural, intercultural, planificada, concertada, integral, basada en la gestión pacífica de la conflictividad con enfoque de derechos humanos y acorde a la realidad social, planificación y coordinación interinstitucional e intersectorial en el desarrollo de las acciones de prevención.

La Mesa de Trabajo 6 "Formación, Ingreso, Capacitación y Régimen Disciplinario de Servidores Judiciales y Profesionales Abogados" de extraordinaria importancia para el sistema universitario, recomendó rediseñar el perfil de ingreso de las y los estudiantes de la carrera de Derecho, modificar y adecuar las mallas curriculares a la realidad social, económica, política, cultural, nacional e internacional en base a la Constitución Política del Estado adicionando nuevas materias con enfoque holístico (pluralismo jurídico, derechos humanos, ética, deontología jurídica, oralidad, MASC, derecho autonómico, idiomas, entre otros), establecer y fortalecer las menciones para que en los últimos años exista una mayor formación teórica y práctica en las áreas del Derecho promoviendo la cultura de paz, instituir el servicio social en la formación del abogado a través de la asistencia legal y orientación jurídica obligatoria por un tiempo mínimo de 6 meses dentro de los años de formación académica, para su cumplimiento, las universidades, gobernaciones y municipios deberán aperturar consultorios populares y casas comunales de justicia, transparentar la designación de docentes en universidades públicas y privadas a través de concurso de méritos, convocatorias públicas y examen oral de competencias con la conformación de tribunales evaluadores externos dentro del sistema universitario boliviano, las universidades públicas, privadas y de régimen especial deberán destinar parte de su presupuesto en actividades de investigación y actualización para mejorar la formación académica tanto de los estudiantes como también del plantel docente permanente; modificar la Ley del Órgano Judicial introduciendo el procedimiento de designación de vocales, jueces y personal de apoyo judicial, promoviendo la meritocracia y probidad; fortalecer la Escuela de Jueces, Escuela de Fiscales del Estado y Universidad Policial.

Dentro de las conclusiones y recomendaciones en las seis mesas de trabajo organizadas, se aprobó mantener el voto popular para elegir magistrados, la cadena perpetua (criticada desde la oposición por considerarla parte de un plan del gobernante MAS para perpetuarse en el poder). Con la finalidad de dar cumplimiento a las conclusiones de la "Cumbre Nacional de Justicia Plural. Para Vivir Bien", el Estado Plurinacional de Bolivia promulgó la Ley No 898 de 26 de Enero de 2017 "Ley de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia" cuyo objeto es crear una Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia y definir una agenda de trabajo. La Ley No 898 de 26 de Enero de 2017 "Ley de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia" tiene un enorme desafío para introducir mejoras en el sistema de justicia boliviano y, la Carrera de Derecho de la UMSA tiene el deber de colaborar con la Comisión creada para tal efecto, especialmente en lo que se refiere a la cualificación de los recursos humanos y nuevas readecuaciones de su novel e innovadora curricula universitaria para una nueva enseñanza del derecho orientado a la conciliación y la reducción del conflicto y del litigio.

Podemos afirmar que la trayectoria de los procesos de reforma judicial (1991-2017) se produjeron en un contexto institucional cambiante; su trayectoria última expresada en la preselección de 96 candidatos a cargos judiciales y el Mandato de la "Cumbre Nacional de Justicia Plural. Para Vivir Bien", no tuvo consenso entre las fuerzas políticas primando la imposición de la mayoría gobernante; dicho proceso de reforma de la justicia termino en desacuerdos, ruptura y acusaciones mutuas entre oficialismo y oposición. Los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Quiroga y otros cuatro líderes políticos opositores rechazaron las elecciones judiciales del 3 diciembre de 2017 emitiendo una "Declaración Conjunta Sobre la Preselección de Candidatos al Órgano Judicial"³⁵, acusando a los candidatos a magistrados de ser afines o militantes del partido de gobierno (MAS), una convocatoria ausente de los mejores juristas del país y, convocando al pueblo boliviano a rechazar lo que ellos consideran un "nuevo atropello a la institucionalidad democrática del país". La respuesta del gobierno a través del Presidente en Ejercicio Álvaro García, no se dejó esperar y estuvo marcada por la hostilidad hacia los opositores que se han manifestado en contra de las elecciones judiciales; la declaración de los jefes de la oposición fue calificada por Álvaro García como mentiras de la derecha con fines electorales y la asoció con el pasado de cuoteo y dedazo de la justicia³⁶

El proceso de Preselección de Candidatas y Candidatos Para la Conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, fue una imposición de la mayoría gobernante, con una baja disponibilidad al consenso y ninguna tolerancia con visiones innovadoras de justicia rivales. Por otra parte las iniciativas principales de implementación de las conclusiones y recomendaciones "Cumbre Nacional de Justicia Plural" tienen su fuente en el Órgano Ejecutivo³⁷, mostrando una evolución del sistema de gobierno hacia un presidencialismo imperial.

En síntesis, la trayectoria de los procesos de reforma judicial pueden caracterizarse por la discontinuidad, la prevalencia de mayorías gobernantes, la no voluntad de arreglos políticos plurales y estructurales, el tutelaje, el cuoteo, el manoseo y el control fáctico del Órgano Judicial, que el propio Movimiento Al Socialismo reconoció como una "inevitabilidad metódica"; así como el gobierno actual critica ácidamente el cuoteo de la justicia entre los partidos neoliberales ellos también asumen su mea culpa al reconocer que también cuotearon la justicia entre las organizaciones sociales³⁸. Entonces el cuoteo, el manoseo y el tutelaje no fue exclusividad de la dictadura militar, ni del neoliberalismo, también el proceso de cambio sucumbió a la tentación de la desinstitucionalización endógena y exógena de la justicia.

3. Conclusiones

La conclusión sobre los procesos de reforma judicial tiene que ver con el dominio de contextos de cambio institucional inestables y de trayectorias procesuales erráticas. La justicia boliviana no solamente que es la más cuestionada de América Latina y la más corrupta sino que también la desconfianza ciudadana es absoluta en la institución judicial. A pesar de que el problema de la justicia es de todos los bolivianos, no se ha podido dar con soluciones estructurales a la decadencia de la administración de justicia durante el periodo democrático (1982-2017); la consecuencia ha sido la injusticia sobre los más débiles y sobre los que tienen menos dinero; de hecho la independencia razonable, la meritocracia necesaria, el juez imparcial obligatorio, no son garantía de no control político y, siempre han sido vistos como un peligro; garantizar justicia independiente e imparcial y distancia de los poderosos, es un mal negocio para la hegemonía del bloque en el poder.

Las instituciones no se hacen de la noche a la mañana, son procesos constructivos de larga duración, donde están en juego hechuras y rehechuras, progresos y retrocesos. Los procesos de reforma judicial en Bolivia durante los últimos 26 años (1991-2017) reformaron tres veces la Constitución y reestructuraron la justicia en dos oportunidades. Dichos procesos de reforma institucional en Bolivia han dependido de acuerdos político partidarios y, sus alcances, profundidad y consolidación han sido mayores en términos de institucionalización cuando esos acuerdos se dieron entre los partidos políticos oficialistas y de oposición, como lo fueron los Acuerdos de Reforma del Estado del año 1991. Simultáneamente, las rutas de la contrarreforma y la desinstitucionalización se desencadenaron cuando advinieron rupturas partidarias, partidización de dichas reformas estatales, la no voluntad política de respetar las reglas del juego democrático y la no incorporación ciudadana y de las voluntades colectivas en la construcción de institucionalidad; este marginamiento de la sociedad en la construcción de instituciones justas provoca el ingreso violento de los movimientos sociales en la arena política interpelando al orden establecido como sucedió con la demanda de refundación del Estado en clave plurinacional el año 2006.

Si bien el sistema de justicia experimentó varias reformas en los referidos 26 años, estas no le favorecieron a la gente, su trayectoria fue la de la imposible institucionalidad del Poder Judicial y de la ausencia de institucionalización de los cargos judiciales; esta trayectoria de hechuras y rehechuras en los procesos de reforma judicial evidenciaron una ruta negativa que se expresó en el sometimiento del Poder Judicial al poder político, la desconfianza ciudadana en la administración de justicia y en sus administradores, la corrupción judicial, la incompetencia y falta de imparcialidad de magistrados, jueces y fiscales, el cuoteo de la justicia y de los cargos judiciales, la debilidad del juez para fallar en estricto derecho, la insensible impartición de justicia en contra de los más débiles de la sociedad; estos son y han sido los síntomas más visibles de la crisis de la justicia boliviana⁴⁰.

Notas

* Artículo de investigación producto del Programa de Investigación del Instituto de Investigaciones, Seminarios y Tesis de la Carrera de Derecho, Universidad Mayor de San Andres, desarrollado en la gestión 2017.

** Marco Antonio Saavedra Mogro es Docente Investigador del Instituto de Investigaciones, Seminarios y Tesis de la Carrera de Derecho.

1 El institucionalismo histórico define su estrategia de investigación abordando preguntas del mundo real, rastreando procesos a través del tiempo y analizando configuraciones y contextos institucionales "Pero aunque institucionalistas de diferentes tipos han convergido en preguntas y respuestas complementarias (Thelen 1999: 372-81), aún existen diferencias importantes. Los académicos de la elección racional suelen enfocarse en las 'reglas del juego' que proveen 'soluciones' de equilibrio a dilemas de acción colectiva. Mientras tanto, los institucionalistas históricos descubren balances de poder y recursos complejos, y ven a las instituciones como productos desarrollados a partir de luchas entre actores desiguales. Los académicos de la elección racional a menudo se enfocan en un set de 'reglas' a la vez. Los institucionalistas históricos no presumen que varias 'piezas' institucionales que se intersectan puedan encajar en un todo coherente, y por esa razón prestan mucha atención a las formas, como múltiples áreas institucionales y procesos que se intersectan, a menudo creando intencionalmente aperturas para actores que desatan cambios. Los institucionalistas históricos analizan los orígenes, impacto y estabilidad o inestabilidad de configuraciones institucionales enteras, algunas veces para explicar los arreglos institucionales en sí mismos y otras para utilizar variables que refieren a configuraciones institucionales para explicar resultados de interés". Pierson, P. y Skocpol, T. (2008). Institucionalismo histórico en la Ciencia Política contemporánea. En Revista Uruguaya de Ciencia Política, Volumen 17 No 1 Enero a Diciembre de 2008. Uruguay: Ediciones Cauce. Pag. 19. Sobre las corrientes del análisis institucional, ver: North, D. (2006). Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico. México: Fondo de Cultura Económica; March, J. y Olsen J. (1997). El Redescubrimiento de las Instituciones. México: Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, A.C. - Universidad Autónoma de Sinaloa - Fondo de Cultura Económica; Tsebelis, G. (2006). Jugadores con veto. Cómo funcionan las instituciones políticas. México: Fondo de Cultura Económica; Ostrom, E. (2015). Comprender la diversidad institucional. México: Fondo de Cultura Económica.

2 "Más que ninguna otra institución política después de la independencia, la organización de justicia heredó numerosas prácticas coloniales, algunas de (las) cuales perduran hasta el Siglo XXI. Durante muchos años, los criollos dejaron el sistema español de justicia mayormente intacto. Los legados incluyeron la tradición civil o romana de la ley, la indeterminación entre funciones políticas y judiciales, un cuerpo de jueces autónomo y corporativo, una justicia dependiente del ejecutivo y una formidable estructura extra-judicial de empleados y notarios públicos que frustraron cualquier intento de cambio o de tornar al sistema más eficiente y eficaz. Asimismo, el imperio de la ley durante el periodo colonial y el posterior a la independencia fue extremadamente irregular y laxo en áreas periféricas, lo cual generó desconfianza y pérdida de respeto por el sistema legal". Drake, P.W. (2012). Difusión histórica, desarrollo y durabilidad de las instituciones democráticas en América Latina en los siglos XIX y XX. En Revista Uruguaya de Ciencia Política. Volumen 21 No 2-Julio a Diciembre de 2012. Montevideo: Ediciones Cauce. Pag. 17.

3 "Después de varias reuniones previas, promovidas por la Conferencia Episcopal y el Nuncio Apostólico, finalmente el 25 de julio los tres partidos más votados suscribieron un acuerdo en el que se comprometieron a realizar reformas a la ley electoral para preservar la imparcialidad y transparencia de las cortes electorales. Este convenio fue la base para que el 5 de febrero de 1991, los jefes de los cinco partidos más votados del país suscribieran lo que se conoce ahora como los 'Acuerdos de febrero de 1991', que iniciarían el proceso de institucionalización de las instituciones fundamentales de la democracia, empezando por el organismo electoral". Lazarte, J. (2005). Entre los espectros del pasado y las incertidumbres del futuro. Política y democracia en Bolivia a principios del siglo XXI. La Paz: ILDIS/Plural Editores. Pag. 283.

5     "Para citar solo algunas de ellas, digamos que el país cambio de Constitución Política del Estado, reconociendo la plur iculturalidad y el multilingüismo; modifico el Código Penal, aceptando la oralidad de los procesos; asistió a la reforma de pensiones; hizo su reforma educativa congruente con el cambio de Constitución; aprobó la descentralización administrativa. Privatizó (capitalizó) las empresas públicas. Aplicó una de las reformas más importantes del Estado: la participación popular, que es una suerte de descentralización municipal; todos los contenidos de la participación popular son elementos de creación ciudadana y de impulso de la capacidad de la sociedad.

El cambio institucional condujo a modificar la forma de elección de los diputados, pues aprobó la elección de 50% de ellos en distritos uninominales. Se modificó el sistema de la seguridad social, en especial la previsional, creando las administradoras de pensiones. Por otra parte, se fundó un amplio sistema de regulación sectorial, se modificó las normas bancarias con una superintendencia destinada a ese efecto. El campo de la justicia vio el nacimiento del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Judicatura. Se aprobó la creación de la Defensoría del Pueblo. Se cambió la forma de elección de los magistrados de la Corte Suprema. Se comenzó a generalizar el principio de los dos tercios del Parlamento para la elección de cargos públicos importantes.

En fin, el desarrollo de la democracia en estas dos décadas ha modificado de manera muy profunda la organización institucional del país, por tanto, no es errado decir que la Bolivia de 2001 es muy diferente a la de 1982". Toranzo, C. (2006). Rostros de la democracia: una mirada mestiza. La Paz: ILDIS - Plural Editores. Pags. 252 y 253.

6      Ley N° 2235, Ley de 31 de Julio de 2001 "Ley Dialogo Nacional 2000". http://www.bivica.org/upload/control-social-reglamento.pdf

7     Cfr. PNUD - CNE - BID - PRONAGOB (2001). Democracia y Cultura Política en Bolivia. La Paz: EDOBOL. Y, Toranzo, C. (2006). Rostros de la democracia: una mirada mestiza. Op. Cit., Pags. 533 yss.

8     "En la ESH, 1995 un resumen de datos referidos a la desafección de la política se sintetiza del siguiente modo: 'El desgaste o falta de legitimidad de partidos políticos, Congreso, Presidencia de la Republica o Poder Judicial está minando la legitimidad global del sistema político......En una de las encuestas que comentamos (L, 1996) encontramos que un 78% de los encuestados dice explícitamente que no existe igualdad de todos ante la ley, solo un 21% sugiere que hay simetría......Por el lado de la ninguna confianza o desconfianza, no sorprende, porque ya son datos que van en esa dirección, que la ausencia de confianza esté concentrada en las instituciones del sistema político partiendo por los partidos políticos, pasando por el Congreso y el Poder Judicial.....

Algunos otros elementos a destacar en la CC, 1996 son los siguientes: un 79% de la gente expresa que todos debemos pagar nuestros impuestos, 21% dice que nadie debería hacerlo. Para un 73% las leyes deben ser cumplidas así no nos gusten, 27% más pragmático, entiende que hay que cumplir solo las leyes que les favorezcan.....el alto grado de exigencia de los derechos de la población, frente a una poca disposición a cumplir las leyes y una poca conciencia de sus obligaciones, lo menos que expresa es la construcción incompleta de ciudadanía en Bolivia". Toranzo, C., Op. Cit., Pags. 558-561-563-582-586.

9 "En lo institucional, tenemos desde 1994 un Poder Judicial con tres órganos importantes: la Corte Suprema de Justicia, que se encarga de administrar la justicia en lo penal, civil y familiar; el Tribunal Constitucional, que se encarga de controlar y proteger que se respete la Constitución y, al mismo tiempo, protege a los derechos humanos por medio del habeas corpus y el amparo constitucional; por último, el Consejo de la Judicatura, que se encarga de los temas de la administración de los recursos del personal y régimen disciplinario. Fuera de estos tres órganos, hay que mencionar al Tribunal Agrario Nacional, que está dentro del Poder Judicial. Al Poder Judicial lo acompañan un Ministerio Publico y un Servicio de Defensa Nacional Pública que da asistencia jurídica en hechos delictivos a la gente de escasos recursos, además de la Policía Nacional, que es el otro órgano importante en este ámbito de justicia en lo penal. También vale la pena destacar el rol del Defensor del Pueblo, que sin ser un órgano de justicia, ha aportado a su fortalecimiento". Goitia, C.A. (2007). Justicia boliviana. Una conversación con Carlos Alberto Goitia. En: Democracia boliviana. Un modelo para Armar. 32 entrevistas por Diego Ayo. La Paz: OXFAM-ILDIS-"Garza Azul" Impresores & Editores. Pag. 404.

10 Rodrigo Gazahui hace referencia a la desconfianza ciudadana en las instituciones en el periodo 1998 a 2006, basado en investigaciones del Proyecto de Opinión Pública Latinoamericano (LAPOP) "En relación a los temas referentes a las instituciones encargadas de la administración y manejo de la justicia, ninguno supera el mínimo aceptable, pues el Tribunal Constitucional tiene un promedio de confianza de 48.5; los Tribunales de Justicia un promedio de 46.0; los Defensores Públicos un promedio de 46.0; los Fiscales un promedio de 44.7; la Corte Suprema de Justicia un promedio de 44.5; y el Sistema de Justicia en su integridad un promedio de 42.0.".

11 "En términos absolutos, el último informe correspondiente a la gestión 2005 presentado por el Defensor del Pueblo al Congreso Nacional, determina que dentro los derechos más vulnerados está el Derecho a la Justicia, donde los tribunales y juzgados de justicia, así como los órganos administrativos con potestad jurisdiccional, continuaron siendo (como en años pasados) masivamente denunciados". Gazahui, R. (2007). Op. Cit. Pag. 294.

12 “Miradas las cosas desde el Estado, se deben distinguir tres crisis: crisis del fundamento del Estado; crisis de legitimidad del Estado y crisis de la estructura del Estado. La primera tiene que ver con la capacidad del Estado de garantizar un orden político; la segunda se refiere a las razones por las cuales la acción del Estado es aceptada por la sociedad (aquí esta crisis es equivalente a la crisis de régimen político), mientras que la tercera tiene que ver con la forma como se organiza el Estado, es decir, con sus instituciones (crisis en el Estado). Ciertamente estas crisis pueden darse por separado o de manera combinada. Una crisis conjunta es el derrumbe del orden político. Una guerra civil es el ejemplo más catastrófico”. Lazarte, J. (2003). El Conflicto entre un Estado del “Demos” y un Estado del “Etnos”. Apuntes para un debate. La Paz: PIEB
-Tinkazos - No 14 - Junio de 2003, “Grupo Design”. Pag. 55.

13   El Secretario Ejecutivo Nacional del Movimiento Sin Miedo, Javier Bejarano, proponía que "Las funciones gubernativas de los gobiernos autónomos regionales son legislativas, ejecutivas y judiciales..... el sistema judicial se organiza a partir de los distritos municipales y el nivel de apelación se encuentra en las cortes regionales, mientras que los niveles de casación y control constitucional pertenecen al nivel federal". Bejarano, J. (2004). Un nuevo contrato social. La Paz: PIEB -Tinkazos -No 17 - Noviembre de 2004, EDOBOL. Pags. 62 y 64.

14    "Artículo 4.- El pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante la Asamblea Constituyente, la iniciativa Legislativa Ciudadana y el Referéndum, establecidos por esta Constitución y normados por Ley".

"Artículo 222.- La Representación Popular se ejerce a través de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, con arreglo a la presente Constitución y las leyes". Constitución Política del Estado 2004. Reformada mediante Ley No 2650, Ley de 13 de Abril de 2004. Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente (UCAC) www.constituyente.bo.

15    PNUD-IDEA (2007). Encuestas para el Desarrollo Humano. Una Publicación del Informe sobre Desarrollo Humano en Bolivia. La Paz: Impresión Weinberg.

16 "En general, los bolivianos cuestionan la legitimidad de las leyes y de las autoridades encargadas de su elaboración y cumplimiento. Ello plantea un tema mayor en cuanto hace a la percepción que tienen los bolivianos de relación entre poder y legalidad: quienes detentan el poder de la elaboración y cumplimiento de las leyes, o bien las hacen a su medida o las aplican de forma discrecional para su propio beneficio. A partir de esta percepción, en el momento en que se sale del plano normativo-prescriptivo (lo que debería estar bien, que todos cumplan las leyes) y se ingresa al nivel concreto y cotidiano de la elaboración y cumplimiento de las leyes en el país, los ciudadanos no dudan en reconocer que habitan en una sociedad en la que prima la trasgresión de las normas". PNUD-IDEA (2007). "El estado de la opinión: los bolivianos, la Constitución y la Constituyente". Op. Cit., Pag. 80.

17    En relación al aparato judicial-penal del Estado, se observa que los niveles de confianza pasan de ser 'neutros' en el caso de la Corte Suprema de Justicia a ser francamente negativos en el caso de los jueces y la Policía Nacional que, junto a los partidos políticos, ocupan los últimos sitiales en materia de confianza ciudadana". PNUD-IDEA (2007). "El estado de la opinión: los bolivianos, la Constitución y la Constituyente". Op. Cit., Pag. 95.

19   Los constituyentes del MAS fueron: Rebeca Elvira Delgado de Bleichner, Victor Ezequiel Borda Belzu, Jimena Maglene Leonardo Choque, Marcela Choque Barrionuevo, Lidia Choque Olazo y Edgar Arraya Santa Cruz; los constituyentes de PODEMOS fueron: Oscar Urquizo Córdova, Osvaldo Ulloa Peña, Jeanine Añez Chávez de Ribera; un constituyente del MNR: Freddy Ibañez Gómez Ortega y, un constituyente del MBL Gíldaro Flores Coca. Cfr. Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano (2006-2009). Estado Plurinacional de Bolivia -Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tomo III - Vol.1. Impresiones Quality SRL. Pags. 721 al 858.

20   Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano (2006-2009). Op. Cit. Pag. 732.

21   "Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país". Constitución Política del Estado. Edición Oficial. 7 de Febrero de 2009. Gaceta Oficial de Bolivia. La Paz -Bolivia.

22   "La existencia de sistemas legales diferentes son el derecho positivo occidental y el derecho indígena consuetudinario, reclaman la constitucionalización de su pluralismo jurídico, bajo una coordinación mayor que estará en manos del Estado Unitario Plurinacional.....entre los derechos indígenas altamente necesarios para alcanzar una interculturalidad del Estado Plurinacional, están el derecho a la autodeterminación y las autonomías, el derecho a la cultura e idioma funcional propio; el derecho a la tierra y al territorio propio." Díez Astete, A. (2007). Temáticas en interculturalidad. En: Asamblea y Proceso Constituyente. Análisis y propuestas para un nuevo tiempo. La Paz: REPAC-PNUD-IDEA-AECI-Asdi. Pag. 25.

23   Sobre la singularidad de las elecciones judiciales el ex vocal del Tribunal Supremo Electoral sostiene que "Se realiza en dos sedes, una legislativa que en rigor funciona como jurisdicción administrativa (donde se efectúa la preselección de postulantes) y otra electoral (responsable de la organización y publicación de resultados del acto comicial, como tal). Ramiro Paredes Zárate. A propósito de las elecciones judiciales. La Razón, Domingo 23 de Abril de 2017.

24   Sobre la elección judicial de 2011 Juan Carlos Pinto afín al gobierno afirma "Así, la elección de jueces no es un tema de detalle, sino estructural para construir la justicia relacionada con la Democracia Intercultural. También pudimos ver con la primera experiencia de elección judicial que fueron elegidos, en su gran mayoría, jueces por su dimensión simbólica relacionada con la plurinacionalidad, aunque llevaban consigo expectativas de poder propias basadas en la tradicional formación del Derecho que han pervertido en mucho la defensa de los derechos fundamentales. Muchos de ellos con poncho, ojota o pollera no estuvieron a la altura de las transformaciones que el país requiere y profundizaron aún más la crisis de la justicia". Juan Carlos Pinto. Democracia Intercultural ¿Por qué elegimos a los jueces en Bolivia? La Razón, Domingo 18 de junio de 2017.

25   Universidad Mayor de San Andrés. Por Un Nuevo Sistema de Justicia en Bolivia. La Razón, Domingo 23 de Abril de 2017.

26   Sobre las opiniones divididas en el sistema universitario, ver: Waldo Albarracín Sánchez. Preselección de Magistrados. Con el retiro se busca generar una reflexión. La Razón, Domingo 11 de Junio de 2017 y, Saúl Paniagua. El papel de la Comisión Académica. La participación de la universidad es una obligación. La Razón, Domingo 11 de Junio de 2017.

27   "Con posiciones encontradas, gritos y acusaciones mutuas entre oficialismo y oposición, ayer comenzó la sesión de la Asamblea Legislativa para seleccionar a los 96 nombres de los postulantes que figurarán en la papeleta electoral del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional en la elección del 3 de diciembre..... El oficialismo impuso sus dos tercios frente a los opositores que votaron nulo. Los oficialistas tenían listas marcadas con un punto a un lado de cada nombre, otros optaron por tener la información en sus celulares y un grupo tenía apuntes con una lista". Los Tiempos, 31 de Agosto de 2017. Sobre la última etapa de preselección de las candidatos a magistrados de la justicia, el periódico La Razón registra el siguiente titular "El MAS elige a los 96 candidatos con desmarque opositor". La Razón, 31 de Agosto de 2017.

29   Cfr. Universidad Mayor de San Andrés - Rectorado - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Instituto de Investigaciones y Seminarios. Crisis Estructural del Órgano Judicial. La Paz, Bolivia, Julio de 2015.

30   "'Dentro de las estructuras del Estado Plurinacional lo peor que tenemos en este momento es la Justicia boliviana', así calificó el presidente Evo Morales, a la situación de la administración judicial en el país, sumida en pugnas internas en los tribunales, corrupción, dilación de procesos y falta de recursos económicos, entre otras acciones. La posición de Morales fue compartida por el vicepresidente Álvaro García y representantes de diferentes instituciones estatales y organizaciones sindicales". La Razón, 18 de Enero de 2016.

31   "El resultado de la gestión 2011-2017 se puede calificar sin temor a error, como una de las peores de toda la historia del Poder Judicial en democracia desde que somos República". Carlos D. Mesa Gisbert. Un Órgano Judicial a tumbos. Página Siete, domingo 10 de Septiembre de 2017.

32   "García dice que la justicia en Bolivia 'decepciona' y 'apesta', anuncia cambios. El vicepresidente Álvaro García Linera fue crítico con la situación de la justicia y aseguró que este año será 'sacado de cuajo este cáncer' para evitar se irradie al resto del Estado. Perfiló ajustes como la incorporación de la meritocracia en la elección de nuevas autoridades. El vicepresidente Álvaro García Linera durante la entrevista que ofreció hoy al sistema RTP. El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró hoy que la Justicia en Bolivia decepciona y que es "uno de los lugares de mayor corrupción y apesta". Por ello, comprometió para este sacar 'de cuajo este cáncer' mediante una serie de iniciativas que serán discutidas en la Cumbre de Justicia, que aún no tiene fecha". La Razón, 5 de Enero de 2016.

33   "Cumbre Nacional de Justicia Plural. Para Vivir Bien". Sucre 11-12 de Junio de 2016. Ministerio de Comunicación. Estado Plurinacional de Bolivia. www.comunicacion.gob.bo; Bolivia Ministerio de Comunicación; @mincombolivia; mincombolivia. Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional http://www.justicia.gob.bo/

34   Al respecto el analista Rafael Puente sostiene "¿Así que la reforma de la justicia consiste en la cadena perpetua? No es que esperáramos mucho de esa Cumbre de Justicia, que ciertamente estaba condenada al fracaso, pero no deja de apesadumbrarnos el hecho de que su única innovación real —lo demás es puro verso— sea la implantación de la pena de cadena perpetua, porque parece que dicha cumbre se hubiera celebrado en las nubes. Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba". Página Siete, 17 de Junio de 2016. El político y abogado Juan Del Granado al respecto afirma "¿Tiene algún sentido la reiterada propuesta de "cadena perpetua" del Vicepresidente, aprobada sobre tablas en la inútil "Cumbre Judicial" de junio de este año? Ninguno. No sólo que reitera la peligrosa demagogia de los gobiernos que tratan de aprovecharse de la indignación popular frente a los crímenes más graves, haciendo creer que las cárceles o la guillotina acabarán con la delincuencia (como lo hizo la dictadura banzerista que implantó la pena de muerte), sino que de seguir la corriente europea, la de la "prisión perpetua revisable", la propuesta sería inútil, ya que los limites carcelarios estarían por debajo o cercanos a nuestra actual pena máxima de 30 años sin derecho a indulto". Página Siete, 20 de Diciembre de 2016.

35   Cfr. "Declaración Conjunta Sobre la Preselección de Candidatos al Órgano Judicial". Refrendada por Carlos D. Mesa Gisbert, Jorge Quiroga Ramírez, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Samuel Doria Medina, Rubén Costas Aguilera y Luis Revilla Herrero. Página Siete, 1 de Septiembre de 2017.

36   "Con recortes de periódicos en la mano, García Linera, recordó que, en la época de la democracia pactada, los partidos de gobierno negociaban con los de la oposición la designación de ministros de la Corte Suprema de Justicia. Señaló directamente a Mesa de designar a dedo a autoridades del Poder Judicial......Luego recordó que el entonces presidente de la Republica, el 30 de julio de 2004, designó por decreto a autoridades judiciales. 'El señor Mesa nos acusa de incumplir las leyes, cuando el único que no tiene transparencia, el que acudió al dedazo es el señor Mesa. Él lo hizo solo, con decreto; nosotros lo hicimos mediante el Congreso, con exámenes y apoyo de la universidad', gatillo Garcia Linera". Urgente.com. 1 de Septiembre de 2017.

37 "El 3 de enero de 2017, el presidente Evo Morales puso en marcha el plan de reforma del sistema judicial y remitió al Legislativo cuatro proyectos de ley que recogen las sugerencias de una Cumbre Judicial, uno de ellos el Código de Sistema Penal. La Asamblea Legislativa, a través de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, comenzó el debate del proyecto del nuevo Código del Sistema Penal que incorporará reformas como sanciones por retardación de justicia". La Razón, 7 de Marzo de 2017.

39 "Path dependence puede ser un término mañoso, sin un significado preciso, pero los mejores académicos institucionalistas históricos refieren a la dinámica de los procesos de retroalimentación positiva en un sistema político -lo que los economistas llaman procesos de 'rendimientos crecientes'-". Pierson, P. y Skocpol, T. Op. Cit. Pag. 13.

40 Desde el ángulo periodístico también se advierte las dudas sobre la justicia independiente y su estado calamitoso "Conocemos la actitud predispuesta de muchos fiscales y jueces por quedar bien con el poder político; que actúan con 'eficiencia' y con una celeridad que sorprende cuando son asuntos de 'Estado', pero no se ve esa misma conducta con el ciudadano que peregrina buscando justicia". Nancy Vacaflor. En juego otros seis años de una Justicia Devastada. La Razón, Domingo 2 de Julio de 2017.

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