La problemática de la reinserción con los
veteranos de guerra bolivianos: Un
estudio sobre los aspectos legales y
sociales durante la postguerra del
Pacífico (1880-1940)

The problems of reintegration of Bolivian war veterans:
A study of the legal and social aspects during the post ]]> Pacific War (1880-1940).

Carlos Méndez Notari^1
1 Licenciado en Educación por la Universidad de Los Lagos Chile. Magister en Historia
y Doctor en Estudios Americanos por la Universidad de Santiago de Chile. Postdoctor
en Ciencias Sociales, Ciencias de la Comunicación, Humanidades y Artes Universidad
Nacional de Córdoba (República Argentina). Profesor titular y jefe del Departamento
de Postgrado de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos.
Ha ejercido la docencia en la Universidad Del Desarrollo, Universidad Bernardo ]]> O´Higgins, Universidad Diego Portales y en la Escuela Militar General
Bernardo O´Higgins. Correo: camhistoria@hotmail.com
Recibido: 12 de abril de 2022     Aprobado: 3 de junio de 2022

Resumen

El estudio de las problemáticas de los veteranos, así como de las soluciones entregadas por organismos estatales y privados, son aplicables (con ciertos parámetros) a la generalidad de los principales conflictos bélicos latinoamericanos durante la segunda mitad del siglo XIX. Esta problemática, aunque lejana en su origen, no pierde validez. El presente estudio se configura como un análisis de la problemática de reinserción de los veteranos bolivianos de postguerra del Pacífico y la intervención por parte de las autoridades nacionales en los aspectos legales y sociales de dicho proceso.

Palabras clave: Sociedades de veteranos, guerra del Pacífico, reinserción, sociedad nacional, veterano.

Abstract

The study of the problems of veterans, as well as the solutions provided by state and private organizations, are applicable (with certain parameters) to the generality of the main Latin American war conflicts during the second half of the 19th century. This problem, although distant in its origin, does not lose its validity. The present study is an analysis of the reinsertion of Bolivian veterans of the Pacific War and the intervention of the national authorities in the legal and social aspects of this process.

Introducción

Historiar sobre las condiciones sociales, económicas, laborales, etc. de los veteranos de guerra, sin duda, nos sitúa frente a una problemática ampliamente desconocida, y si a lo anterior, adicionamos que los acontecimientos nos separan por más de un siglo, inferimos que aún se torna más complejo, por la escasez de información que se pueda compilar. De ahí que éste sea un tema poco trabajado en América Latina y en particular, en los países actores de este conflicto como es el caso de Bolivia, Chile y Perú, cuya guerra aconteció a fines del siglo decimonónico. Lo anterior, sin embargo, no impide que, a pesar de la lejanía de los acontecimientos y la limitación o escasez de fuentes, deje de ser un tema de estudio que pierda vigencia en las sociedades actuales.

Constantemente encontramos en la prensa, columnas, noticias o comentarios referidos a los efectos de la postguerra y sus participantes, y que estos en ocasiones, resultan ser aún más complejos que el conflicto mismo, especialmente aquellas publicaciones que dan cuenta de la situación referida a los trastornos psicológicos sufridos por los veteranos de guerra, como fue el caso de Irak y las Malvinas, entre otros.

De modo que preliminarmente investigadas las consecuencias sociales en Chile y Perú, surgió la necesidad de conocer la realidad boliviana; por esta razón se estimó estudiar profusamente algunas leyes que promulgó su parlamento y a partir de ellas, conocer de qué manera, se fueron cumpliendo los preceptos dispuestos por las autoridades en beneficio de los ex movilizados, pudiendo comprender, cuán compleja se tornó la situación a partir del retorno a sus lugares de origen; entendiendo fácilmente que los países definitivamente no estaban preparados para acoger a sus combatientes. Debido a esta omisión, será que, desde ese momento, los afectados iniciarán un largo camino, pregonando por su evidente estado de abandono e indigencia, culpando principalmente a sus ejércitos, que los llevaron a la guerra y Bolivia, no estuvo ajena a esta situación.

En consecuencia, estimamos que las autoridades altiplánicas no tuvieron al menos durante la postguerra, la capacidad de abordar la problemática de la reinserción social y laboral de sus ex movilizados, ocasionando con esta temporalidad un marcado disgusto, propiciando en consecuencia, sostenidas y reiteradas demandas ante los estamentos públicos y privados del país.

Descrito lo anterior, podremos conocer de manera sucinta qué hicieron los organismos públicos y privados por solucionar las demandas de los actores del ’79 que eran clamadas como justas.

Consideraciones sociales, económicas y laborales de los actores

Esto se puede verificar en la Ley de 17 de octubre de 1880, por la cual se especificaba que se reconoce:

...montepío a favor de las viudas, huérfanos o padres de los que mueren en guerra extranjera o defendiendo el orden constitucional sea en combate, o en calidad de prisioneros, en campaña y a consecuencia de ella. El montepío consistirá en el sueldo de un año correspondiente a la graduación que tuvo el finado, pagadero de una sola vez. (Archivo General del Congreso Nacional de Bolivia, 17 de octubre de 1880, art.2).

Además, su tercer artículo definía las preferencias para la asignación de los montepíos, estableciéndolo de la siguiente manera:

1.   La viuda e hijos menores de 21 años siendo varones y en toda edad, siendo mujeres, mientras no tomen estado. 2. En defecto de hijos, la viuda que no hubiese contraído segundas nupcias.3. Los hijos naturales reconocidos, a falta de legítimos. 4. En último lugar, la madre o padre finado, notoriamente indigente. (Archivo General del Congreso Nacional de Bolivia, 17 de octubre de 1880, art.3).

Como comprobación de lo expresado, en 1891 el Estado invertía 152.512 Bolivianos, sin embargo, el presupuesto fiscal para ese mismo año, asignaba 100.000 Bolivianos de manera que sólo se pudo cancelar 52 pensiones completas y a los pensionados restantes, sólo les adelantaron algunas cifras menores y de manera arbitraria. (Archivo General de la República, 1892).

Otro antecedente que se refiere a las irregularidades denunciaba que en: Cochabamba, de los 19 inválidos con pensión completa que se encontraban hospedados en el Cuartel para Inválidos, solo 16 de ellos estaban absolutamente impedidos, es decir habían 3 que recibían esta pensión sin cumplir con el requisito básico y de los 53 semi inválidos, 33 estaban catalogados como aptos. (Dunkerley, 1987, p. 52).

En todo caso y de igual manera las pensiones de los veteranos con invalidez absoluta fueron notoriamente más reducidas que los sueldos de los activos. A modo de comparación el cuadro siguiente exhibe los sueldos en 1886 (Dunkerley, 1987).

El poder legislativo consciente de ello planteaba en 1881 algunas soluciones a los reiterativos y antiguos problemas relacionados a su personal inválido. Es así como declaraba “...un cuartel general de inválidos del ejército destinado a dar albergue y trabajo adecuado y voluntario, a todos los inválidos de la república, en relación a su clase militar y la naturaleza de su inhabilidad para el trabajo.” (Archivo General de la República, 12 de enero de 1881, art. 1). Aquello, venía a subsanar la no creación del cuartel de inválidos decretada el 15 de julio de 1842 y reglamentada el 16 del mismo, puesto que “...por defecto de una organización adecuada y estable, no satisface las exigencias de una institución que debe subsanar en lo posible la inhabilidad física a que quedan reducidos los inválidos del ejército” (Archivo General de la República, 12 de enero de 1881, art. 2).

Lo anterior no era desconocido para las autoridades de la época. En una circular del Ministerio de Hacienda e Industria, de 4 de mayo de 1883, se exponía que:

...se ha presentado en este ministerio varias solicitudes de los pensionados que habiendo obtenido montepíos militares en conformidad a la ley de octubre de 1880, y recibido abonos a títulos de buena cuenta del haber anual, manifiestan que, hecha la deducción prescrita por el supremo decreto de 22 de febrero último, resultan recibiendo el adelanto de dos o más años de la pensión mensual que fija la referida Ley; los reclamantes expresan que la privación absoluta de todo socorro fiscal, por un periodo tan largo los recudiría a la miseria; a todo lo cual agregan, algunas de las viudas, que tocando a sus últimos días no tienen ya la esperanza a la pensión de vitalicia, que la Ley y el Gobierno les tienen asegurada, prefiriendo por estas razones especiales, la paulatina amortización del haber correspondiente al sueldo de un año, por medio de los abonos parciales, en la forma en que se les atendía anteriormente al decreto supremo de 22 de febrero (Ministerio de Hacienda e Industria, 1883, p. 1).

Más adelante agregaba, que: 

...el jefe constitucional del Estado, a quien he enterado de la situación excepcional de las reclamantes, ha notado con sorpresa que el decreto que restableció el imperio de la Ley con el propósito de mejorar la condición de los pensionistas, ha llegado a ser perjudicial a los mismos a quienes se propuso favorecer, explicándose esta singular anomalía, por el antecedente de haberse dado buenas cuentas, con mucho superiores a la pensión mensual; de manera que los agraciadas llegaron a consumir sobre el porvenir en cuyo estado, la vuelta al régimen legal se les presenta tan solo como una privación. Ministerio de Hacienda e Industria, 1883, p. 1).

Estas discusiones, generaron serios problemas de convivencia entre la apesadumbrada sociedad altiplánica, y sus veteranos de guerra del ´79; a quienes en vez de mirarles con admiración, fue lo contrario: 

...un vil populacho compuesto de todas las heces de la sociedad: demagogos ávidos de todo desorden para medrar; jovenzuelos que en los vicios han llegado a la decrepitud; cholos sebosos y petardistas que buscan el pillaje por todos los medios; personajes de leva raída de quienes jamás se supo qué industria, oficio, u ocupación tuviesen. (Crónica de la Revolución. 8 de septiembre de 1888, p. 13, en Dunkerley, 1987, p. 65).

Esta situación la había advertido el presidente Narciso Campero y por esta razón, dispuso:

...que todos los veteranos de esta guerra fueran licenciados temporalmente, con el propósito de que, en lugar de permanecer agrupados, con la tentación de seguir protagonizando sucesos en el presente o en el futuro, se disgregaran, perdiendo su ferocidad al quedar separados, convertidos en mansos ciudadanos, resignados a no ser más que vestigios de una leyenda. (Querejazu, 1988, p.457).

Lo planteado por el ejecutivo en función de mejorar la situación, fue rápida en cuanto a la promulgación de la referida ley, sin embargo, su puesta en vigencia, sólo se hizo efectiva hasta bien avanzado el siglo XX. De hecho, las intenciones preliminares de Campero, apuntaban más a reunir el máximo de recursos económicos, para continuar con el esfuerzo bélico, aun cuando su ejército de línea después del Campo de la Alianza o Batalla de Tacna, se había desmovilizado espontáneamente y la totalidad de sus cuadros se encontraban ya radicados en el altiplano.

En consecuencia, lo anterior hacía indispensable que el Estado tuviera siquiera la voluntad de solucionar los problemas económicos a los actores de modo que las pensiones a los veteranos heridos o mutilados no pasaba más allá de ser una quimera. Una manera de solucionar la controversia pasaba por reducir bruscamente en número de militares, concibiendo una institución más pequeña y profesional con un presupuesto más racional. Fue así como el tamaño del ejército definitivamente se disminuyó en un 55%, y en razón a la preparación y nuevas doctrinas se firmaron convenios de cooperación e integración con otros países, entre ellos, Alemania, Checoslovaquia, España, Francia, e Italia, recibiendo de ellos interesantes influencias doctrinarias y de instrucción, hasta avanzado el pasado siglo XX.

Una muestra de preocupación que evidenció el gobierno con sus veteranos de guerra dice relación con la instalación de una casa de acogida para sus inválidos más desposeídos e incluso indigentes. La citada instalación les proporcionaba albergue, alimentación e incluso trabajo digno, como así mismo, un tiempo después, estableció asilos para las viudas pobres que hayan quedado en el más absoluto desamparo. Lo curioso e interesante de este proyecto, que, si bien lo creaba el Estado, su mantenimiento era gracias al apoyo generoso de toda la sociedad boliviana, ya que decreta que los “...empleados nacionales serán el sostén del cuartel general de inválidos, erogando mensualmente el 2% para ello”. (Archivo General de la República, 14 de enero de 1881, art. 2).

Otra medida que dejaba en evidencia la vulnerabilidad de las autoridades nacionales fue la entrega de terrenos, en los departamentos de Beni y Santa Cruz. Para esto se acordó dar “un premio extraordinario consistente en la adjudicación gratuita de ciento, cincuenta y veinticinco hectáreas de terreno en el distrito oriental de Bolivia. Respectivamente, a todos los jefes, oficiales y soldados que cumplieron con el deber en la defensa de integridad nacional.” (Sanjinés, 1881, p.205) Promulgada esta ley, sorprendentemente diremos que muy pocos veteranos fueron los que aceptaron la oferta de los terrenos; aquellos que se negaron, adujeron públicamente que “...era imposible habitar ese tipo de tierras improductivas y lejanas.” (Diaz, 1940, p. 388).

Pese a todos los intentos, siempre subsistían dificultades y desencuentros, de manera que no era de extrañarse, que, en ocasiones de modo arbitrario, se ponía término a las tramitaciones de las solicitudes de pensiones y montepíos de los participantes en el conflicto, decretándose en adelante la prohibición, de: 

...toda reclamación que tenga por objeto obtener del gobierno la gracia del montepío militar, por razón de los que hubiesen fallecido en los combates que se han sucedido, desde que principió la actual guerra con Chile, hasta el fatal desastre del Alto de la Alianza (Archivo General de la República, 17 de enero de 1881, s/p.)

En otro sentido, se produjeron serios intentos por parte de los actores de organizarse en entidades de veteranos con presencia en todo el país, ante estas demandas, el Estado comprendió que la eventual proliferación podría ser altamente riesgosa para la estabilidad democrática. Por ello el gobierno decreta el 6 de julio de 1880, que a todos los veteranos de guerra se les tenía que licenciar, aduciendo el peligro de mantenerlos agrupados, y una manera de alejarlos de eventuales levantamientos, había que separarlos y evitar la proliferación de algunas organizaciones de veteranos de guerra.

Lo anterior deja en evidencia, que, al Estado, le resultaba inconveniente apoyar la creación de sociedades de veteranos e inválidos del ’79, ya que, con ello podía resultar contraproducente que los veteranos comenzaran por clamar por soluciones económicas, sociales, etc. y con estos exmovilizados y con los movimientos sociales, pudiera romperse el statu quo que hasta ese momento se mantenía en todo el país.

Al respecto una teoría que podía aceptarse como válida, dice relación con los movimientos sociales y huelguísticos que surgieron tardíamente y cuyas repercusiones se hicieron evidentes durante la presidencia de Bautista Saavedra, mandatario que se caracterizó por su elevado populismo ideológico, derivado de un potente espíritu nacionalista. Una muestra en consecuencia fue la autorización para el establecimiento de la “Sociedad de Veteranos del Pacífico”. (Méndez, 2014).

Como actividades complementarias que estas entidades desarrollaban, las reuniones programadas para cada semana tenían lugar de preferencia los sábados o domingos en la tardes. La idea principal de estas reuniones era realizar instrucción militar, al menos por una hora, efectuando sencillos movimientos, los que más que un adoctrinamiento, servía para mantener viva la memoria de las hazañas bélicas de la guerra y cuando las autoridades locales, e incluso la autoridad militar los citaba, los veteranos ordenadamente desfilaban en alguna efeméride nacional, en este sentido, los círculos y sociedades, estaban organizadas de manera similar a la estructura castrense, e incluso el cargo de presidente de la entidad, recaía habitualmente en un oficial superior o en un general retirado.

Los objetivos fundamentales que motivaron la creación de estas entidades patrióticas fueron las siguientes:

a.  Un fin patriótico.

Mantener latente el espíritu de sus socios y con el ánimo popular de mantener y estimular el espíritu militar.

Cooperar a la acción de las autoridades en todo lo que tienda al respeto y cumplimiento de la Constitución y las Leyes.

Conservar en las mejores condiciones de cuidado y ornato del o de los mausoleos institucionales.

b.    Un fin económico.

La ayuda pecuniaria a los socios carentes de un empleo remunerado buscándoles nuevas colocaciones.

]]> c.     Un fin social y cultural.

Practicar el Socorro Mutuo, no sólo en cuanto a lo material, sino también en cuanto a lo intelectual y moral. (Méndez, 2014, p. 94).

Otro medio muy usado por las sociedades y círculos de inválidos y veteranos, e incluso hasta los días de hoy, ha sido la propaganda, quienes, a través de la difusión masiva, buscan que la ciudadanía los comprenda y apoye en sus demandas. Para estas manifestaciones se publicitaban consignas y reclamos en periódicos locales, como también en sus propios boletines que existían en cada organización. En el caso de la Sociedad de “Veteranos del Pacifico” del Departamento de Sucre, en el mes de noviembre de 1919, expresaba públicamente que se constituía en esa “...capital unasociedad compuesta por todos los ciudadanos que, habiendo concurrido a cualquiera de las acciones de armas de la Guerra del Pacífico, hubieran sido declarados Veteranos por el supremo gobierno.” (Méndez, 2014, p. 3).

Respecto al interés particular, sobre la opción de la participación en política de estos actores, creemos que luego de la retirada del Campo de la Alianza una vez concluida la Batalla de Tacna, algunos veteranos iniciaron una militancia partidista, produciéndose una recluta dirigida por generales caudillistas, ya que el interés de estos altos oficiales, no era otro que asumir los destinos de un país bastante alicaído, la situación no fue fácil, pues las autoridades locales trataron de desarticularlos al verificar el persistente peligro de mantener un interesante número de ex movilizados armados y semi equipados con las indumentarias militares que quedaron en poder de ellos, luego de la retirada desde Tacna hacia el altiplano.

También la participación militar en los círculos y partidos políticos, cada vez se fue haciendo más habitual al interior de la sociedad, en efecto iniciada la fase de postguerra, esta intromisión pasó a ser casi una normalidad, dado que esta simbiosis, tal vez comprensible por una parte, ya que Bolivia y Perú, una vez acabada la guerra, mantuvieron gobiernos militares encabezados por distinguidos oficiales generales, que habían prestado valiosos servicios durante el conflicto, en consecuencia pudieron gobernar con un importante apoyo de la sociedad civil y además, con el respaldo de las armas.

Como complemento a lo anterior, una muestra concreta la encontramos en los estatutos de la Sociedad de “Veteranos del Pacífico” del Departamento de Chuquisaca; en esta organización en ninguna parte de su extenso articulado, les prohibía que sus integrantes participaran activamente en política partidista, como efectivamente lo prohibían otras sociedades afines, como fue el caso chileno o peruano.

Otro fin que tuvo un significativo número de veteranos del ´79, tanto en Chile y Bolivia, fue reclutarse para prestar servicios en la policía de sus respectivos países. Ejemplo de lo anterior, en el caso boliviano, de los cuerpos de inválidos en los servicios policiales; según una orden general del 31 de diciembre de 1889 del Ministerio de Guerra, se autorizaba:

...desde el mes de enero próximo, los expresados cuerpos serán atendidos como socorro diario pagadero por las boletas quincenales que al efecto se formarán para jefes, oficiales y tropa en la siguiente escala. Las expresadas boletas se pagarán por las tesorerías departamentales cada 1 y 15 de mes con cargo al tesoro nacional; el saldo de sus haberes con el decreto de pago sobre sus respectivos presupuestos.” (Ministerio de Guerra, 1889, 31 de diciembre, s/p.).

Como conclusión a la referida investigación historiográfica y con los antecedentes expuestos, es posible concluir en lo siguiente:

Para el caso de los ex movilizados de Bolivia, se evidencia escases de fuentes que nos permitan, conocer de manera más profusa y concreta sobre las condiciones que debieron sortear los actores del ´79 en los principales departamentos del país. Ahora respecto a las pensiones y montepíos, podemos sostener que estas fueron otorgadas y que además el Estado boliviano mediante un decreto supremo, dispuso la entrega de terrenos en la zona nororiente del país.

El proceso normal de envejecimiento de los actores y conjuntamente con la periódica acción de la prensa, fue sin duda un elemento valioso y muy productivo, incluso antes de la guerra misma, hasta fines de los años ´30 del siglo pasado, promovieron intensamente su condición de desamparo y abandono, especialmente cuando se les presentó, otro nuevo desafío que dice relación con aquellos que carecían de recursos económicos para una digna sepultación, fue así que en los principales cementerios de los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Oruro, Potosí y Cochabamba, se erigieron mausoleos y panteones militares para depositar de manera definitiva a sus héroes, que estaban en la más absoluta ignominia.

En relación con la situación laboral, creemos que no hubo una especial preocupación, dado que un alto número de veteranos fueron enrolados más tarde por connotados caudillos, de manera que, con la cancelación de un exiguo estipendio se sentían seudo movilizados, pregonando un discurso permanente ante la opinión pública “...que lo único que sabían hacer era combatir”, pese a que en este sentido, hubo una iniciativa de un acaudalado empresario que les ofreció trabajo en las minas de plata, sin embargo muchos de ellos, no aceptaron la mencionada oferta laboral.

Una solución para entregarles empleo a los ex movilizados, fue la proposición de destinarlos a prestar apoyo a los servicios policiales, misión que comenzaron a cumplir desde enero de 1890 y que, a cambio de estos servicios, se les cancelaba un sueldo cada quince días, de acuerdo a una tabla de remuneraciones que tenía tres categorías, cuyos montos diarios iban de 1 Boliviano para los oficiales jefes, 0,80 centavos para oficiales subalternos y finalmente 0,40 centavos para el personal de tropa.

Es importante señalar que los círculos y entidades de veteranos e inválidos del ’79, durante todo el proceso de la posguerra, cumplieron un activo papel que les permitió mantener viva la memoria histórica; una fue la denominada “Sociedad de “Veteranos del Pacífico” del Departamento de Sucre, ésta en su articulado sostenía que al fallecimiento del último socio, se debía cerrar definitivamente y toda la documentación de la entidad como así mismo sus inventarios, debía pasar a formar parte del patrimonio de la Biblioteca Nacional de Bolivia. Esta resolución logró que se dejara de recordar a los héroes de la guerra del Pacifico, quedando desde ese momento, sumidos en el olvido colectivo hasta al menos, cuando se creó años más tarde, la “Sociedad de Veteranos e Inválidos de la Guerra del Chaco”, en los departamentos de La Paz y Chuquisaca, respectivamente, y que, en sus estatutos, buscó integrar a su colectividad a los escasos veteranos del ´79, que aún permanecían con vida.

Estimamos que la importancia que se desprende de este estudio es que se da cuenta de los procesos de la postguerra del Pácifico en Bolivia, marcando un nuevo énfasis en la historia militar de este país, dado que con ello, es posible dar una mirada social a la guerra, además que dichos procesos tienen la particularidad que siempre serán reiterativos en cualquier conflicto, obviamente cada uno con sus particularidades y en cada caso, se desarrollará un largo periodo de postguerra, que lo deberán sufrir tanto el vencedor como el vencido.

En los temas históricos vinculados a los estudios militares, es habitual que se conozca con un relativo grado de precisión, los movimientos o despliegues de las tropas, las características de los armamentos, el equipamiento y vestuario, la capacidad de sus mandos, etc., sin embargo, una vez concluidas las hostilidades, pocos se interesan en historiar sobre las consecuencias sociales, económicas, culturales, medicas. educacionales, entre otras, que quedaron en los Estados belicistas, perdiendo de vista que las complicaciones se van a prolongar por muchos años más, e incluso, por periodos que superan largamente el tiempo de duración de la guerra misma; un ejemplo concreto, es el caso chileno, han transcurrido 143 años de la guerra y aún se cancelan montepíos mensualmente a las hijas solteras de los veteranos de guerra del ´79, si bien son cifras muy menores, pero el hecho es que aún persiste el fantasma de la guerra, de manera que todos estos procesos de postguerra, resultan atractivos, transformándose en un significativo incentivo para los historiadores militares y sociales.

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