El Chaco no tiene dueño: observaciones al litigio boliviano-paraguayo

The Chaco has no Owner: Observations to the Bolivian-Paraguayan Litigation

Álvaro Montoya *

El presente artículo examina las razones por las que las gestiones diplomáticas emprendidas entre 1879 y 1928 entre Bolivia y Paraguay para dirimir el conflicto territorial por el Chaco Boreal fracasaron en la mesa de negociaciones. Realiza un breve repaso por algunos de los títulos más defendidos por las partes negociantes, y los analiza en el marco del derecho internacional contemporáneo. Revela también las vicisitudes de los negociadores entre sus connacionales, sus rivales foráneos y las trabas e intereses partidarios de ambos países, que, de haberse entendido, podrían haber evitado la guerra.

Palabras clave: Bolivia; Paraguay; Chaco; límites internacionales; litigio.

Abstract

This article examines the reasons why diplomatic contact initiated from 1879 to 1928 between Bolivia and Paraguay to resolve the territorial conflict over the Boreal Chaco failed at the negotiating table. It briefly reviews over some of the most defended titles by the negotiating parts, and analyzes them on context of contemporary international law. It also reveals the vicissitudes of the negotiators among their nationals, their foreign rivals, the obstacles and partisan interests of both countries which, if they would had understood, could have avoid the war.

Keywords: Bolivia; Paraguay; Chaco; international limits; litigation.

1. Introducción

La pérdida territorial es un aspecto que acompaña a los bolivianos a lo largo de la experiencia individual, desde muy pequeños. En la educación primaria nos muestran el Chaco como ese gran último territorio arrebatado por un pequeño país llamado Paraguay, la última y más lapidaria pérdida. Algo similar ocurre en el Paraguay; los niños crecen viendo el mapa de aquel paraje gigantesco que fue defendido del invasor boliviano.

El objetivo de esta investigación es demostrar que los dos países tenían títulos y elementos que generaban soberanía sobre el Chaco Boreal o partes de él, contrastándolo con el alcance real de las posesiones que se lograron, para demostrar que la salida diplomática habría sido posible, de no haber sido por los intereses políticos, económicos y personales que intervinieron en el proceso.

La mayoría de la bibliografía existente sobre este tema limítrofe sigue remitiéndose a estudios temporalmente cercanos a la Guerra del Chaco, y muchas de las investigaciones al respecto se nutren únicamente de estos documentos, que, se evidencia, están llenos de concepciones y análisis en extremo parcializados y que poco o nada conceden a los argumentos contrarios.

En el contexto en que la mencionada bibliografía apareció, es entendible que personajes, como Fulgencio Moreno, Ricardo Mujía, Antonio Mogro Moreno, Manuel Domínguez o Miguel Mercado Moreira se enfrentasen o debatiesen a través de sus textos; porque se trataba de un litigio en el que se disputaba, primero, la honra nacional, mucho más vigente entonces, y segundo, un territorio extenso, considerando además las otras cercanas pérdidas territoriales.

Sin embargo, en la actualidad esto es diferente, priman distintos valores y distintas concepciones sobre el Estado. Los hechos relacionados con el Chaco Boreal, pese a ser contemporáneos, están más alejados temporalmente, y se puede ser más observador con muchos de los argumentos presentados por los publicistas y diplomáticos de ambos países, para establecer, ahora, una actitud más crítica sobre éstos.

2. Aspectos teóricos: el debate entre el tratado y la costumbre y los elementos generadores de soberanía

Mucha de la normativa internacional que rige ahora la relación entre los países nació después de la Guerra del Chaco (1932-1935), cuando se fundaron las Naciones Unidas (ONU), y actualmente nos sirve como guía para determinar lo inviable de la compulsa de títulos. Esto sin olvidar que ya existían bases de derechos y obligaciones entre los países, ya sea través de organismos internacionales como la Liga de las Naciones o a través del derecho por costumbre o consuetudinario.

El problema de entendimiento entre Bolivia y Paraguay radicó en gran medida en la comparación de hechos disgregados, así como títulos y actos de soberanía de facto que trataron de escalonarse y/o superponerse, cosa que en el derecho internacional no es aplicable, pues no existe jerarquía entre los procesos generadores de derecho. Para entender un poco más sobre cómo funcionan los elementos generadores de soberanía entre los Estados hay que entender que no solo los títulos, tanto coloniales como republicanos, establecen la soberanía sobre un territorio; la fuente de creación de la normativa en el derecho internacional tiene tres vertientes.

Gutiérrez Posse (2007) señala que los elementos y/o procesos válidos para la creación de derecho internacional son los tratados, la costumbre y los principios generales de derecho estatales. Por tratados pueden entenderse tanto los multilaterales como los bilaterales; estos últimos, como se podrá apreciar posteriormente durante las negociaciones que se llevaron a cabo entre Bolivia y Paraguay, son acuerdos jurídicos entre dos países que, una vez aprobados sin protestas u objeciones, generan los derechos y obligaciones que se manifiesten en las disposiciones generales al finalizar la negociación y son plasmados en la parte última del documento, para su corroboración (pp. 25-27).

El derecho consuetudinario o por costumbre nace del comportamiento de los Estados dentro del marco del que se considera su derecho, y es refrendado por otro(s) Estado(s) cuando éstos se manifiestan a favor, o no se manifiestan, siendo el silencio una muestra de consentimiento.

La figura territorial del Paraguay cambió en distintas ocasiones, y las protestas bolivianas contra los avances paraguayos, y viceversa, tan solo se pudieron dar durante la etapa republicana de ambos países. Intentar aplicar el concepto de aceptación o protesta durante la Colonia es imposible, pues el caso y la normativa son en extremo anacrónicos y porque las figuras estatales latinoamericanas nombradas no existían entonces. Sin embargo, Bolivia y Paraguay se internaron en el Chaco Boreal siempre desde la óptica de estar actuando bajo sus derechos, fundados en sus propios títulos y prácticas o "costumbres".

Una vez dicho esto, podemos adentrarnos en el estudio de algunos títulos y actos generadores de soberanía que ambos países ostentaron durante la Colonia, y las observaciones pertinentes a éstos.

3. Crítica morfológica y aletelógica de las fuentes históricas

Cuando se inicia una investigación histórica, según las concepciones metodológicas, hay una serie de parámetros que deben seguirse para asegurar que la reconstrucción de la estructura histórica que se desea analizar es la correcta, ya que solo de esta manera tendrán sentido todas las 'pistas' o fuentes documentales que nos brinden información de los hechos históricos que se busca estudiar.

La primera etapa a superar debe ser la recolección de la información a estudiar, es decir, la constitución del estado del arte. Una vez superado este prolegómeno, se constituyen algunos de los criterios de veracidad más importantes antes de la reconstrucción del hecho histórico. Según Valentín (Abecia, 1977), en primera instancia se debe probar la veracidad de todas las fuentes documentales que se utilicen en la investigación, para lo cual debe constituirse primero la crítica de autenticidad o morfológica y luego la crítica de veracidad o aletelógica.

A grandes rasgos, el primer filtro constituido en la crítica de autenticidad o morfológica indica que se debe analizar la veracidad de la fuente utilizada para reconstruir la estructura histórica, es decir, determinar si el testimonio documental es auténtico o falso. El segundo filtro mencionado está constituido por la crítica de veracidad o aletelógica, que indica que el ejercicio del historiador en este caso debe centrarse en analizar si los documentos dicen la verdad. Hay algunos casos en los que los testimonios documentales son reales (de la época estudiada y fuentes oficiales) pero que simplemente por los hechos posteriores, precedentes o por irregularidades de reconstrucción de la estructura histórica, no pueden decir la verdad. El más grande ejemplo se encuentra en una carta de Pedro Domingo Murillo:

]]> Hay un tiempo en que algunos historiadores bolivianos, suponiendo que las cartas escritas por el insigne Murillo a Goyeneche y Paula Sanz, el 1° y de 2 de octubre de 1809, por las que ponía a disposición de los realistas españoles la fuerza que estaba bajo su mando, significaban una traición del caudillo a su pueblo, las ignoraron o las tacharon de falsas. Ésta era una impostura, que se estaba yendo contra la autenticidad de dichas cartas al tratar de ignorarlas. El gran caudillo paceño, por otra parte, no necesitaba de defensores impostores para merecer su gloria (...) solo la crítica aletelógica nos llevó a establecer que las cartas auténticas escritas por el caudillo paceño no decían la verdad, eran producto de una genial hipocresía (Abecia, 1977, p. 56).

Es centrándonos en la aplicación de esta crítica aletelógica que muchos de los argumentos presentados por los publicistas de ambos países evidencian imposturas y forzamientos, para legitimar o desestimar los testimonios documentales que les favorezcan o perjudiquen.

4. Fuentes y situaciones coloniales. Un continente a dividir: los adelantazgos

Cuando los conquistadores arribaron a América del Sur, después de los sucesos por demás conocidos en Cajamarca en 1533, con la ejecución de Atahualpa, y una vez sucumbido el poder incaico en Cuzco, los ibéricos concentraron sus esfuerzos en terminar de conquistar y explorar los vastos territorios que tanto prometían, en oro, en plata, en tierras y títulos para los aventureros que se animasen a mirar más allá. Algunos recibieron cuantiosas recompensas territoriales por parte de la Corona, en la medida de sus servicios, de su fama y de lo conquistado.

Es así que entre 1529 y 1534 a través de tres capitulaciones destinadas a los conquistadores, el rey dividió el dilatado territorio entre los denominados "adelantados", o "adelantazgos", conformando algunas de las primeras gobernaciones que organizarían el mapa sudamericano. Esto considerando, por supuesto, que para entonces el territorio español ya estaba separado del lusitano por la nunca respetada Línea de Tordesillas, que había sido conformada en 1494.

Las gobernaciones antes mencionadas eran: Nueva Castilla, Nueva Toledo y la del Río de la Plata o Nueva Extremadura, que les fueron asignadas a Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Pedro de Mendoza, respectivamente. La constitución de estas dilatadas gobernaciones es importante y nos concierne en particular en el presente artículo, debido a que es desde la constitución de éstas que los debates que se llevarían a cabo entre las repúblicas de Bolivia y Paraguay se centran, para comenzar a mostrar disidencias e impases a la hora de fijar sus límites. Dicha demarcación entre las gobernaciones de los adelantados debería ser en lo práctico fácil de discernir, pues los documentos íntegros de las capitulaciones se encuentran transcritos. Bolivia argumentaba que la gobernación de Diego de Almagro, Nueva Toledo, que sería la base para la constitución de la posterior Real Audiencia de Charcas o Alto Perú, abarcaba la totalidad del Chaco Boreal que después entraría en pugna. Al contrario, los representantes del Estado paraguayo sostenían que Nueva Toledo nunca había llegado a estar siquiera cerca del Chaco Boreal.

Esta disidencia puede explicarse mejor examinando las capitulaciones por las que el rey entregó las tierras a los tres adelantados:

Capitulación de Francisco Pizarro ]]> 26 de julio de 1529

Primeramente doy licencia y facultad a vos Capitán Francisco Pizarro para que por Nos y en nuestro nombre y el de la Corona de Castilla podáis continuar el dicho descubrimiento, conquista y población de la dicha Provincia del Perú hasta doscientas leguas de tierra por la misma costa, las cuales comienzan desde el pueblo que en lenguas de indios se dice Tenempuela y después le llamaste Santiago, hasta llegar al pueblo de Chincha, que puede haber las dichas doscientas leguas de costa poco más o menos... (Aranda, 1890, p. 26).

Es a través de la citada capitulación que el rey Carlos V le otorgó a Francisco Pizarro la primera concesión sobre Nueva Castilla, que constaba de 270 leguas, que ampliaría en 1534 con 70 leguas más; cabe recalcar que el límite oriental no estaba especificado.

Capitulación de Diego de Almagro
21 de mayo de 1534

Primeramente os doy licencia y facultad a dicho Mariscal don Diego de Almagro para que por Nos y en uuestro nombre y en el de la Corona Real de Castilla, podaís conquistar, pacificar y poblar las provincias y tierras que oviese en las dichas doscientas leguas que comienzan desde donde se acaban los límites de la Gobernación que por la dicha capitulación y por nuestras provisiones tenemos encomendada al capitán Francisco Pizarro a Levante que es hacía el Estrecho de Magallanes (Aranda, 1890, p. 39).

Así, el rey Carlos V fijaba los límites al norte, al sur y al oeste de la gobernación de Nueva Toledo. Pero lo que nos interesa es que, siendo esta capitulación uno de los argumentos bolivianos en la disputa diplomática que se llevaría adelante siglos después, no existe una delimitación precisa de la provincia hacía el oriente.

Para finalizar y abordar la problemática de dichas capitulaciones, veamos la tercera delimitación:

]]> Capitulación de Pedro de Mendoza
21 de mayo de 1534

Primeramente os doy licencia y facultad para que por Nos y en nuestro nombre y de la Corona Real de Castilla, podáis entrar en el dicho río de Solís que llaman de La Plata hacía la mar del Sur, donde tengáis 200 leguas de luengo de costa de gobernación que comience desde donde se acaba la gobernación que tenemos encomendada al Mariscal don Diego de Almagro hasta el Extrecho de Magallanes, y conquistar y poblar las tierras y provincias que oviese en las dichas tierras (...) entendiendo ser cumplidero al servicio de Dios y nuestro y por honra nuestra persona y por vos hacer merced prometemos de Vos hacer nuestro Gobernador y Capitán General en las dichas tierras y provincias y pueblos del Río de La Plata y en las dichas doscientas leguas de costa del mar del sur, que comienzan desde donde acaban los límites que como dicho es tenemos dado en Gobernación al MI. Diego de Almagro (Zorraquín, 2000, p. 91).

Como puede verse, al parecer los límites en este caso parecían ser muy claros, el Mar del Sur al Este (océano Pacífico) las tierras de Diego de Almagro al Norte, y 200 leguas al Sur. Sin embargo, nuevamente la limitación oriental queda ambigua, y ahí residieron los problemas de interpretación.

La interpretación que hacía el equipo boliviano sobre el mapa que configuraba la extensión territorial de las gobernaciones señalaba que, aunque el límite oriental no se vea señalado, era obvio que éste estaba establecido por la línea de Tordesillas, que se encontraba vigente durante la conformación de las gobernaciones a través de las capitulaciones correspondientes.

En aquel momento regía el Tratado de Tordesillas que separaba las posesiones orientales de España de las occidentales del Portugal en la América, mediante un meridiano tirado de polo a polo. Y, aunque dicho meridiano no estaba matemáticamente precisado entonces sobre el terreno, no sería imposible calcular por qué puntos pasaba en el Continente. Así se explica que Carlos V hubiera creído innecesario señalar el límite Oriental de las tres gobernaciones. Se sobreentiende que ese límite era la raya de Tordesillas mientras ella no saliese del Continente; y en la parte Sud, en que el territorio se enangosta, ese límite no podía ser sino el Mar del Norte (Mercado Moreira, 1928, p. 29).

Al contrario, desde la perspectiva paraguaya, la línea de Tordesillas no fijaba de manera obvia el límite oriental de Nueva Toledo, que nunca había llegado cerca al Chaco Boreal. Según la interpretación que los publicistas paraguayos hacían de la capitulación de Pedro de Mendoza, no se indicaba que el territorio asignado a éste abarcaba desde la actual Guyana hasta el límite que tenían las tierras de Mendoza con la Patagonia, en el Sur.

Uno de los publicistas paraguayos más afamados, Manuel Domínguez, decía al respecto: "La gobernación de Mendoza era un martillo gigantesco, compuesto de un mango de 500 leguas de largo con el extremo perdido hacia el Amazonas, debajo de las gobernaciones de Serpa y Silva y de una cabeza ancha de 200 leguas asentada del Atlántico al Pacífico" (cit. en Mercado Moreira, 1928). Esta interpretación del mapa sudamericano en función a las divisiones de las provincias de los adelantados era en suma contraria a la tesis manejada por la posición boliviana. Por eso se planteó una réplica señalando que tal división era impráctica, y que un territorio tan dilatado habría sido imposible de administrar y defender por Pedro de Mendoza.

Otra de las interpretaciones, llevada adelante por el doctor Fulgencio Moreno, explicaba:

La conquista de Almagro estaba circunscrita a la costa del mar Sur (Pacífico) sin límite oriental determinado; y la de Mendoza abarcaba a más de una extensión igual en la misma costa, al Sur de la de Almagro, la tierras, provincias y pueblos del Río de la Plata. Esta conquista abarcaba las tierras extendidas entre ambos mares, siendo evidentemente mayor que la primera. Y ateniéndonos a sus antecedentes, al objeto urgentísimo de atajar los avances portugueses hacia el Perú y a lo que la toponimia regional designaba entonces con el nombre de Río de La Plata, resulta evidente, que la gobernación de Mendoza comprendía íntegramente la cuenca del río Paraguay (cit. en Mercado Moreira, 1928, p. 30).

Como puede verse, la ambigüedad en los documentos coloniales sobre las primeras gobernaciones conformadas en nuestro subcontinente ocasionó y/o permitió que los representantes de ambos países se aferraran a los datos no especificados en ellos, para aplicar una dialéctica corrosiva entre las dos partes. Así, se llevaba hacia el lado propio las bondades, beneficios y validez de un título en caso de favorecer la causa defendida; por el contrario, si éste era perjudicial, el ejercicio consistía en buscar irregularidades para desestimarlo o tildarlo de inviable. Algo que en este caso específico no habría sido posible de existir en las capitulaciones la designación de los límites orientales (figs. 1 y 2).

5. Las gobernaciones de Chávez y Manso

Otra ambigüedad encontrada en los documentos coloniales y explotada por ambos contendientes era la ubicación del pueblo Santo Domingo de la Nueva Rioja, fundado por Andrés Manso. Esto es importante debido a que, en la Cédula Real del 29 de agosto de 1563, se estipulaba que el territorio descubierto por Andrés Manso y Ñuflo de Chávez pasaría a formar parte de la delimitación territorial de la Real Audiencia de Charcas. Era, por lo tanto, de mucha conveniencia para la delegación boliviana probar que las tierras de Andrés Manso llegaron a la margen derecha río Parapetí, dentro de los límites del Chaco Boreal. La favorable ubicación de Nueva Rioja determinaría implícitamente que la primaria estructura territorial-jurídica que daría luz al futuro Estado boliviano había tenido bajo su jurisdicción territorio chaqueño.

Por el contrario, los esfuerzos paraguayos alrededor de este título se centraron, no en combatir su validez o legalidad, sino en determinar que la existencia de Santo Domingo de la Nueva Rioja, fundado por Andrés Manso (que evidenciaría jurisdicción de la Real Audiencia de Charcas) se encontraba en la orilla izquierda del río Condorillo (Parapetí), lo que a grandes rasgos significaría que las tierras de Andrés Manso no habrían penetrado en los límites naturales del Chaco Boreal.

En contraposición, el equipo boliviano presentó el testimonio del gobernador del Paraguay, Francisco Ortiz de Vergara, quién viajó en 1564 de Asunción a Santa Cruz de la Sierra, y de allí a Chuquisaca. El testimonio está plasmado en una carta de Ortiz de Vergara a Juan Obando, Presidente del Consejo Real de Indias, y en ella se señala lo siguiente:

Partí de Santa Cruz, y caminé cinco jornadas por tierra poblada de muchos indios labradores, gente muy doméstica, llegué do se apartaban dos caminos: el uno que iba al Guapay que era el camino ordinario por donde Ñuflo de Chávez iba y venía, y el otro camino era por donde se iba a Santo Domingo de la Nueva Rioja, que era lo que tenía poblado el Capitán Andrés Manso (...) tomando pues este camino de Santo Domingo por evitar algunos inconvenientes, que se pudieran recrecer y por enterarme de lo que se decía de Andrés Manso, y ver el asiento del pueblo y su tierra para dar razón de ella (...) caminé y anduve por despoblado catorce jornadas que me parece tenían cincuenta legua, al cabo de todo esto llegué a un río muy ancho aunque bajo y pasélo con mucho recatimiento. Y subiendo una cuesta muy alta, dimo en el pueblo de Andrés Manso, que estaba quemado (Mercado Moreira, 1928, p. 19).

Sobre esta carta hay dos aspectos a analizar. Primero, en cuanto a las posibles pruebas que podrían haber perdurado en el tiempo, como las ruinas de una población, no es posible, porque Nueva Rioja desapareció hasta los escombros debido a su quema. Éste es un elemento que va a ser recurrente en el lado boliviano, porque van a encomendarse posteriormente misiones para buscar, por ejemplo, los restos de la antigua misión de San Ignacio de Zamucos. En todo caso, si el fuego no había borrado las huellas del poblado fundado por Andrés Manso, el tiempo y la escasez de materiales muy sólidos en el área contribuían a que fuera difícil, por no decir imposible, rastrear o localizar las ruinas de un antiguo asentamiento.

El segundo elemento recae en la subjetividad de interpretación de los datos. Como puede verificarse en la transcripción epistolar, al equipo boliviano le bastó la breve descripción que hizo entonces el gobernador Francisco Ortiz de Vergara, de un río "muy ancho, aunque bajo" para afirmar que se trataba del Condorillo (Parapetí), y que por lo tanto Nueva Rioja estaba en el extremo derecho del mencionado río.

Existen documentos más específicos, por supuesto, y se tratarán más adelante, pero lo que se trata de recalcar en la revisión de estos documentos y su análisis, aunque superficial, es que muchos de éstos eran ambiguos, y tanto la parte boliviana como la paraguaya recurrían al sofisma para tratar de aventajarse entre sí en la pugna diplomática (fig. 3).

6. La fundación de la gobernación del Guayrá

Tras un breve análisis de la petición, el virrey del Perú, Juan de Mendoza y Luna, ante un mapa del área en cuestión, se planteó cuáles serían los términos y límites de la nueva provincia del Guayrá, que contó al principio con cuatro ciudades: Asunción, Villa Rica, Santiago de Jerez y la Ciudad Real del Guayrá. De ellas solo persistió en pie Asunción, debido a los constantes asaltos de los indígenas del Chaco y las intromisiones de los mamelucos portugueses por el norte y este de la provincia.

En cuanto a los límites señalados en el mapa que adjuntó el virrey Mendoza en su informe al rey, se puede notar la percepción de dicha autoridad sobre los límites de la provincia, que no sobrepasaban el río Paraguay, por lo tanto, sin ocupar el Chaco Boreal.

Esta división territorial tan solo generaría el decrecimiento de la población y del territorio español a manos de los portugueses, quienes impunemente ingresaban a los poblados indígenas y se llevaban miles de esclavos para comercializarlos. Posteriormente llegarían incluso a fundar fuertes en jurisdicción española, como el de Coímbra (fig. 4).

El cabildo de la ciudad de Asunción fue una de las instancias más importantes durante toda la época colonial, ya que en el seno de sus reuniones se tomaban las determinaciones más importantes a seguir por la provincia. A su vez, la correspondencia que mantenían con distintos órganos gubernativos son documentos invaluables por la información que pueden proporcionar. Un claro ejemplo de esto es el mapa de la provincia del Paraguay que en 1792 elaboró el afamado cartógrafo y naturalista Félix de Azara, por orden de la Corona española (fig. 5).

Como puede percibirse en este mapa, los límites de la provincia del Paraguay durante finales del siglo XVIII seguían siendo fluviales, con los ríos Paraná y Paraguay como las fronteras naturales que la dividían del territorio portugués y del Chaco Boreal. La importancia de este documento queda demostrada además porque antes de que fuera remitido a la Corona, el cabildo de Asunción solicitó una copia, por la utilidad de dicho material cartográfico y el prestigio del autor.

Otro documento importante fue el informe que el gobierno de las Provincias del Río de la Plata pidió en 1812 a la Junta Gubernativa del Paraguay, con el propósito de intentar abrir un camino hasta el Perú por el Chaco.

]]> El cabildo de Asunción, en respuesta dada a una nota del gobierno provisorio, el 13 de febrero del citado año, manifestábale: que nada podía informar sobre el Chaco, por cuanto carecía de noticias al respecto, y las expediciones desgraciadas que se habían intentado desde el río Paraguay, para castigar a los bárbaros depredadores de las estancias vecinas al chaco jamás lograron apartarse de sus márgenes (Memorándum del General Mitre. Cuestión argentino-paraguaya, cit. en Mogro, 1937, p.276).

Como se lee en la anterior cita, durante la Colonia, los paraguayos, pese a haber realizado una serie de campañas para pacificar y castigar a los indígenas por sus incursiones, jamás se alejaron lo suficiente de las riberas del río Paraguay como para poblar el Chaco Boreal o lograr explorarlo a cabalidad. La confluencia del río Pilcomayo con el río Paraguay, que dista unas cuatro leguas de Asunción, recién fue descubierta por los habitantes de la provincia en 1686, como lo informa la carta del gobernador don Francisco de Monforte el 8 de febrero de ese año. Sin embargo, y esto es importante, que se hayan realizado dichas incursiones en el Chaco Boreal durante el periodo colonial es un precedente importante para demostrar la presencia paraguaya en la zona, contradiciendo la tesis boliviana que afirmaba que los paraguayos jamás habían cruzado a la ribera occidental del río Paraguay.

7. La antigua misión de San Ignacio de Zamucos

En el caso boliviano, uno de los elementos consuetudinarios más destacados es la misión jesuita de San Ignacio de Zamucos, la que más al sur del Chaco se fundó, en 1724, por el padre Castañares, asistido por el políglota padre Chomé.

Pese a la corta duración de la misión (fue atacada y abandonada en 1745), existen varios registros de su existencia, aunque tras varias expediciones realizadas a principios del siglo XX no se logró encontrar rastros de la misma, debido a la fragilidad de los materiales con los cuales se había construido.

La excursión más recordada en búsqueda de la antigua misión fue la que dirigió Germán Busch Becerra, que tampoco tuvo éxito. Uno de los aspectos que dificultó la tarea fue que existían varias misiones con el nombre de San Ignacio, por lo que se cree que la ubicación estipulada no era la correcta. Las descripciones hechas por el padre Chomé de las circunstancias geográficas que observó y anotó en su diario de campo permiten sostener distintas teorías de su ubicación real. En definitiva, nunca se pudo determinar con precisión la ubicación de la antigua misión de San Ignacio de Zamucos, por lo que, a nivel argumentativo, no pudo ser un elemento de apoyo libre de escepticismo por parte de los árbitros y del país oponente en el litigio (fig. 6).

8. Las etnias del Chaco y las fronteras de la civilización

A esta situación se sumaba que los españoles, en muchas ocasiones, cambiaban o modificaban el nombre con el que se conocía a las etnias, para facilitar su pronunciación. Esto ocasionó que se produjera una gran dificultad para mapear con total seguridad el panorama de las poblaciones indígenas en el Chaco Boreal. Es el caso de los afamados zamucos, que también eran denominados chamacocos, timinahas, zamúc, samacosis, morotocas, etc.; o los guaycurus, que fueron también conocidos por el nombre de sus parcialidades: Mbayás, Payaguás, Abipónes.

Este problema con las denominaciones provocó también dificultades en la labor de los investigadores, de manera que el nombramiento y localización de las etnias en el Chaco Boreal no aportó claridad durante las negociaciones que llevaron a cabo Bolivia y Paraguay, pese a ser un aspecto de suma importancia.

Durante gran parte de la vida colonial, el Chaco fue conocido como un obstáculo gigante, imposible de atravesar o poblar, tanto del lado boliviano como del paraguayo. Los intentos fallidos de encontrar la confluencia del Pilcomayo o el terror que ocasionaban las incursiones a la provincia siempre generaron recelo y desconfianza en aquel páramo (fig. 7).

En el mapa puede observarse una serie de etnias cuya localización fue utilizada en los argumentos de ambos países durante años para demostrar el alcance civilizatorio real que había logrado alcanzar cada uno. Por el lado boliviano, las etnias de los chiquitos y los zamucos más su respectiva área de influencia y ubicación geográfica sirvieron para elaborar una serie de hipótesis sobre la localización de una de las misiones jesuíticas más septentrionales que le debían obediencia a la gobernación de Santa Cruz de la Sierra: San Ignacio de Zamucos. Fue un dato de "hecho o costumbre" sobre el terreno litigioso que asumió su importancia en varios momentos históricos.

Por otra parte, también la ubicación en las márgenes del río Paraguay de las tribus belicosas de Guaycurus, Mbayas y Payaguas, y los constantes informes de sus incursiones a las poblaciones paraguayas, así como las campañas de éstos para contrarrestarlas denotan hasta qué punto Paraguay logró insertarse en el Chaco en persecución de los infieles.

Es así que el mapa de las etnias fue un aliciente muy utilizado para la controversia territorial, pese a ser información algo segmentada por la poca precisión de la ubicación o las variaciones en los nombres con que se denominaba a las etnias, que incluso llegaron a moverse a diferentes ubicaciones como es el caso de los Mbayá y los Chamacocos o Zamucos.

Otro aspecto importante referido a las naciones indígenas de la región eran los llamados indios fronterizos. Los indígenas que habitaban la zona del Chaco Boreal y su constante ataque a las poblaciones españolas de Paraguay ocasionaron que en muchos informes y correspondencia oficiales se hiciera referencia a ellos, en su mayoría Guaycurús o Payaguás, que navegaban peligrosamente las aguas del río Paraguay y se insertaban en la provincia, robando ganado, secuestrando mujeres y matando tanto españoles como indígenas convertidos a la fe católica. Por lo tanto, en muchas ocasiones los paraguayos se refieren al río Paraguay como esa frontera inhóspita y peligrosa que no debía cruzarse por el peligro palpitante que representaba. Una de estas referencias es la carta que el gobernador de Paraguay, don Alonso Sarmiento de Figueroa, le escribe al rey el 1 de agosto de 1660, en el momento de la posesión de su cargo:

]]> Señor: En carta de Veinte y ocho de febrero de este año di quenta a Vuestra Majestad de mi llegada a esta provincia embiado de Vuestro Virrey Conde de Alva de aliste Por gouernador della, y asimismo del estado en que la halle, bien trauajoso por las continuas molestias, que le ocasionaron las Invassiones de los indios de Guerra Guaicurus, y Payaguas, los primeros fronterizos, y los segundos navegando el Río en canoas, e infestando todas las tierras de su costa con muertes, Robos y maldades, bien a costa de los españoles, e Yndios amigos, que las habitan, y donde mas sensible se han hecho daños en dos leguas de esta ciudad en un paraje llamado Tapuá (...)
(Archivo General de Indias-Audiencia de Charcas-Legajo N° 30 cit. en Mogro, 1937, p. 52).

Dicha carta da a entender que en los primeros años del siglo XVII los paraguayos no lograron transgredir la frontera "indígena" que existía en las riberas del río Paraguay. Pero esto no siempre era así, puesto que en muchas ocasiones los habitantes de la provincia del Paraguay cruzaron a la otra ribera del río para perseguir a los infieles después de sus incursiones. Dicha práctica estaba prohibida por las ordenanzas de Alfaro de 1612, que prohibían traspasar las jurisdicciones que tenían las provincias, además de la guerra ofensiva contra los indígenas; tan solo estaba permitido defenderse de los ataques gracias a la cédula de 1620, que permitió a los españoles del Paraguay perseguir y castigar en varias ocasiones a los guaycurús y otras parcialidades.

Muchos propagandistas paraguayos señalan esta serie de intervenciones y expediciones armadas al lado occidental del río Paraguay como una forma de conquista y un hecho civilizatorio. Hay dos fundaciones sumamente importantes que muestran la trascendencia de estas incursiones como fuentes consuetudinarias del Paraguay en la ribera occidental del río: la creación de la misión de Remolinos en 1776, que pretendía reducir a la parcialidad de indígenas "lengua", y la creación del fortín Borbón, el 25 de septiembre de 1791, en la margen occidental del río, con el objetivo de poner freno a las invasiones de mamelucos portugueses, que habían fundado poco tiempo atrás el fuerte Coímbra.

9. Tratados iniciales (1879-1894)

Después de los conflictos bélicos que atravesaron tanto Bolivia como Paraguay, en las guerras del Pacífico y de la Triple Alianza, respectivamente, quedó claro que sus límites y necesidades geopolíticas se vieron modificados. La Guerra del Pacífico (1879-1884), además de la pérdida de un amplio espacio geográfico, y de zonas ricas en salitre y guano, significó para Bolivia la pérdida de su navegabilidad y solvencia comercial en el Pacífico. Pasó a ser, en la práctica, un país mediterráneo puesto que la vista siempre había estado puesta en ese océano. El mismo año en el que la pérdida del Litoral se avizoraba irremediable, es decir en 1879, el gobierno boliviano vio la posibilidad de una nueva alternativa para lograr una salida al mar, esta vez por el Atlántico, a través del río Paraguay.

Por su lado, la guerra de la Triple Alianza (1865-1870) que sostuvo Paraguay contra Argentina, Uruguay y Brasil mermó la población masculina y el territorio paraguayo considerablemente y ocasionó una recesión económica en el que había sido el país más pujante de la región. La situación puso al Estado paraguayo y a la población en general en la seguridad de que no podían perder un solo centímetro de territorio más. Sin embargo, el estado económico y demográfico no era favorable para enemistarse con Bolivia, además de ser viable un acercamiento comercial con el país vecino. Fue en este contexto que se iniciaron las conversaciones entre los dos países para intentar encontrar una salida al problema fronterizo.

9.1. Tratado Quijarro-Decoud (1879)

El doctor Antonio Quijarro, delegado plenipotenciario de Bolivia, llegó a Paraguay en septiembre de 1879 con la misión de esclarecer los límites territoriales con el Paraguay; la negociación fue amena y después de una serie de reuniones con el presidente paraguayo, Cándido Barreiro, y su canciller, José Decoud, se firmó el tratado que se resume en los siguientes puntos:

1° Las dos repúblicas declaran que han convenido amigablemente sus límites divisorios sin discutir títulos ni antecedentes, y sin que las estipulaciones del presente tratado importen la renuncia de los derechos que Bolivia tuviese que hacer valer en sus cuestiones de límites con la Argentina.

2° La República del Paraguay se divide de la de Bolivia al norte del territorio situado en la derecha del río Paraguay, por el paralelo que parte de la desembocadura del río Apa hasta encontrar el río Pilcomayo. En consecuencia, el Paraguay renuncia en favor de Bolivia el territorio comprendido entre el mencionado paralelo y Bahía Negra; y Bolivia reconoce como perteneciente al Paraguay la parte sud hasta el brazo principal del Pilcomayo (Mercado Moreira, 1966, p. 15).

Las razones del fracaso de este tratado fueron la tardanza de su aprobación y la condición que impuso la Convención Nacional de Bolivia. Recién en 1881 esta instancia tanteó su aprobación si se negociaban uno o más puertos en la margen oriental del Pilcomayo, al sur de los bañados. Bolivia envió varias legaciones al respecto y el gobierno de Paraguay, después de dilatar aún más la aprobación del tratado, determinó su caducidad. Para entonces ya se había aprobado la ley de venta de tierras públicas (1883-1885) por el gobierno paraguayo para intentar mejorar la situación económica del país, y además se había establecido una guarnición militar en Fuerte Olimpo (ex Fortín Borbón) en territorio que según el tratado se encontraba dentro de las demarcaciones que le correspondían a Bolivia.

9.2. Tratado de límites Tamayo-Aceval (1887)

Después de declarada la caducidad del tratado Quijarro-Decoud, el gobierno boliviano designó al doctor Isaac Tamayo como nuevo encargado para llevar a cabo las negociaciones con el canciller paraguayo. Las negociaciones dieron lugar a la firma del tratado Tamayo-Aceval el 16 de febrero de 1887; la decisión de los plenipotenciarios determinó la división del Chaco Boreal en tres secciones: la norte para Bolivia, la sur para Paraguay, y la zona central fue convenida como la litigiosa, que pasaría a ser sometida al fallo arbitral del rey Leopoldo II de Bélgica.

El tratado especificaba lo siguiente:

Art 1° El territorio situado a la derecha del río Paraguay, se divide en tres secciones: 1° la parte comprendida entre el brazo principal del Pilcomayo que desemboca frente a Lambaré a los 25° 21' de latitud austral según el Mapa de Mouchez, y una línea paralela al Ecuador que parte de la orilla del río Paraguay frente a la parte media de la desembocadura del río Apa, que se encuentra en la orilla opuesta de dicho río, hasta encontrar el grado 63° de longitud del meridiano de París; 2° La parte comprendida entre esa línea y el paralelo que pasa a una legua al norte de Fuerte Olimpo hasta el mismo grado 63° de longitud oeste de París; y 3° La parte comprendida entre esta última línea que pasa a una legua al norte del Fuerte Olimpo y Bahía Negra.

Art 2° Queda reconocida como perteneciente a la República de Paraguay la primera fracción y como perteneciente a la República de Bolivia la tercera. En cuanto a la propiedad o derecho a la segunda sección, o sea, el territorio comprendido entre la línea del Apa y la línea que pasa una legua al norte de Fuerte Olimpo, queda sometido a la decisión definitiva e inapelable del fallo arbitral del Rey Leopoldo II de Bélgica (Mercado Moreira, 1966, p. 16).

Ante esta escalada de tensiones, el encargado de negocios de Bolivia, Claudio Pinilla, dirigió el 6 de enero de 1890 una nota al gobierno paraguayo en la que hacía conocer los derechos de Bolivia sobre el Chaco Boreal y el río Paraguay, y en seguida abandonó el país para dirigirse a Buenos Aires.

9.3. Tratado de límites Ichaso-Benítez (1894)

Después de varios intercambios y acercamientos truncos, en 1894 llegó a Asunción una nueva legación boliviana, presidida por el doctor Telmo Ichaso. Éste procuró la firma del protocolo de 3 de agosto de 1894, por el cual se declaraban caducos los dos tratados descritos anteriormente. El protocolo mencionado pretendía en primera instancia un arreglo directo entre las dos partes que no involucrara los títulos que poseían ambos países, determinando a su vez que, en caso de no llegar a un acuerdo transaccional, ambas partes recurrirían posteriormente al examen de títulos.

Al ser estériles los intentos de un acuerdo directo, inmediatamente los representantes de ambos Estados se enfrascaron en negociaciones basadas en el estudio y argumentación de los títulos que poseía cada uno. Las acciones se vieron paralizadas y estuvieron al borde del fracaso, pero pudieron ser llevadas a cabo gracias a la intervención de la República de Uruguay, que ofreció su mediación y posibilitó la firma del tratado Ichaso-Benítez el 23 de noviembre de 1894.

Por él, ambas Repúblicas convienen en fijar definitivamente sus límites en el Chaco, por medio de una línea recta que, partiendo desde tres leguas al norte de Fuerte Olimpo, en la margen derecha del río Paraguay, cruce todo el territorio disputado hasta encontrar en la orilla izquierda el brazo principal del Pilcomayo, en el punto de intersección de los 21° 28' del meridiano de Greenwich (Mercado Moreira, 1966, p. 19).

La respuesta del congreso paraguayo al tratado fue lanzar a través de la ley de 19 de mayo de 1896 la convocatoria para la conformación de una comisión científica que analizara los límites de la república en base a la evaluación de sus títulos históricos. La comisión nunca fue formada y tan solo dilató la aprobación del tratado, ya que en Bolivia el congreso esperaba la manifestación paraguaya para poner el tratado en consideración (fig. 8).

9.4. Tratados previos a la guerra (1907-1927)

Ya en el siglo XX, las intenciones de llegar a un acuerdo territorial entre ambas repúblicas seguían vigentes, pese a los sonados fracasos precedentes. En enero de 1907, mientras el ministro de relaciones exteriores boliviano, Claudio Pinilla, se encontraba en Buenos Aires con motivo de la Segunda Conferencia de La Haya, el gobierno argentino propició una reunión entre Pinilla, el ministro de hacienda paraguayo Adolfo Soler y el plenipotenciario Manuel Domínguez. Después de un periodo de negociaciones, la propuesta del canciller argentino Estanislao S. Zeballos fue considerada como la más viable. Una vez aceptada en consenso, se dio paso a la firma del protocolo de 12 de enero de 1907. A grandes rasgos éste consistía en que

Se sometía al arbitraje del presidente argentino la zona comprendida entre el paralelo 20° 30' y la línea que en sus alegaciones sostenga al norte el Paraguay; y en el interior del territorio entre los meridianos 61° 30' y 62° oeste de Greenwich (Querejazu Calvo, 1975, p. 21).

Pero la importancia de este protocolo se dio a partir de la cláusula que instauró el statu quo en las posiciones alcanzadas por ambos países, que ya habían activado ciertos sectores militares, por medio de la construcción de fortines. La cláusula respectiva decía en efecto que "Mientras se tramite el cumplimiento de este convenio las Altas Partes Contratantes se comprometen, desde este momento, a no innovar ni avanzar las posesiones que en esta fecha existan" (Mercado Moreira, 1966, p. 23).

El protocolo le fue ampliamente recriminado a Pinilla en Bolivia, puesto que se le cedía al Paraguay la zona más amplia del Chaco y la zona norte, que en anteriores acuerdos había sido destinada a Bolivia; ahora tendría que ser dirimida en un fallo arbitral. Esto sumado a que Pinilla no había esperado la respuesta del gobierno boliviano ni las interlocuciones de otros diplomáticos algo más avezados sobre el asunto del Chaco a la hora de firmar el protocolo.

Pinilla se justificó indicando que no quería desaprovechar ni malversar las buenas intenciones del canciller argentino, que además le había prometido que el arbitraje sería favorable a Bolivia. Así fue como Pinilla accedió a la firma del protocolo, ignorando las intenciones argentinas para con el Chaco Boreal, que desde la ley de venta de tierras públicas (1883-1885) había sido seccionado en grandes latifundios, de los que altas esferas del Estado argentino o sus allegados eran dueños, incluyendo al mismo Zeballos. El gobierno de Ismael Montes Gamboa y su gabinete aprobaron el protocolo, dándole la herramienta del statu quo al gobierno paraguayo, que lo utilizaría constantemente en las conferencias que se realizarían años antes de la guerra.

El protocolo no llegó a buen puerto debido a la muerte del diplomático Emeterio Cano en Asunción, mientras preparaba el material del arbitraje junto a Manuel Domínguez. Además, el presidente de la Argentina, José Figueroa Alcorta, renunció a su papel como árbitro, debido a que Bolivia había roto relaciones con Argentina después del arbitraje desfavorable en el conflicto limítrofe entre Bolivia y Perú, en el que Figueroa Alcorta también había actuado como mediador.

Protocolo Mujía-Ayala (1913)

Ante el inminente fracaso del protocolo Pinilla-Soler, debido, como mencionamos arriba, a la muerte del negociador boliviano Emeterio Cano y la renuncia del árbitro, además del fuerte rechazo que recibió dicho tratado entre la población boliviana, se iniciaron nuevas negociaciones entre ambos países, primero, para declarar oficialmente caduco el anterior protocolo, y segundo, para intentar nuevamente dirimir el conflicto territorial. Es así que nació el protocolo Mujía-Ayala el 5 de abril de 1913, que estipulaba lo siguiente:

1° Los dos países se comprometen a negociar un tratado definitivo de límites en el término de dos años, contados desde la aprobación del presente convenio por sus respectivos gobiernos.

2° Se contemplará primeramente la posibilidad de un tratado por arreglo directo, teniéndose en cuenta las conveniencias comerciales de ambos países.

3° Si no fuese posible convenir un acuerdo por arreglo directo, las Altas Partes someterán su cuestión de límites a un arbitraje de derecho.

4° Mientras se lleve a cabo el arreglo directo o se pronuncie el fallo arbitral, seguirá en vigencia el statu quo estipulado en el acuerdo de 12 de enero de 1907, declarando ambas partes no haber modificado sus respectivas posiciones desde aquella fecha.

5° Las Altas Partes declaran la caducidad del acuerdo Pinilla-Soler (Mercado Moreira, 1966, p. 27).

Como podía sospecharse por los antecedentes en las negociaciones diplomáticas entre ambos países, a nada llegó el arreglo, cumpliéndose el plazo de dos años establecido en el primer punto. Es más, los encargados de suscribir el mencionado tratado se enfrascaron en un debate escrito de títulos que demoró varios años. Inclusive el representante boliviano, doctor Ricardo Mujía, hizo entrega a su homólogo de ocho tomos de investigación histórica minuciosa para hacer valer los títulos de Bolivia, que consistía en tres tomos de exposición y cinco de anexos (la compilación más documentada y detallada existente).

La réplica paraguaya, a manos de Fulgencio Moreno, tardó más de lo estimado, y el periodo de aprobación del tratado tan solo se dilató más. Pero uno de los elementos más destacables del protocolo trunco puede percibirse en el cuarto punto arriba citado, que declara la continuidad del statu quo decretado en el protocolo Pinilla-Soler.

Mientras el ámbito diplomático se estancaba, la situación de las tropas de ambos países en el Chaco era preocupante, debido a los constantes movimientos de los ejércitos, que comenzaban a chocar y tener incidentes. Uno de los más desafortunados se dio en el mes de febrero de 1927, cuando acaeció la muerte del teniente paraguayo Rojas Silva. Éste, dentro del marco de su labor exploratoria para identificar los fortines bolivianos, se había presentado en el fortín Sorpresa, y ante las interrogaciones de los efectivos bolivianos, afirmó ser un cabo argentino; en el intento por huir del apresamiento de las tropas bolivianas, en una acción que tiene partes y contrapartes que alivianan o acrecientan la culpa boliviana, el teniente fue muerto, desatando un fuerte descontento en el ejército y la opinión pública paraguayos. La escalada de tensiones fue elevándose, de tal modo que se tuvo que apelar nuevamente a los oficios del gobierno argentino para atenuar la situación.

Protocolo Gutiérrez-Díaz León (1927)

1° Reiterar la aceptación de los buenos oficios ofrecidos por el Gobierno de la República Argentina con el fin de promover la cordial reanudación de las gestiones de solución del diferendo de límites entre ambos países.

2° A este efecto, ambas partes convienen en designar plenipotenciarios que se reunirán en esta capital dentro de los noventa días de la aprobación de este protocolo por los respectivos gobiernos.

3° Los plenipotenciarios deberán fijar las materias que serán objeto de sus deliberaciones. Las alegaciones o proporciones que se presentaren para la determinación de la línea fronteriza podrán incluir, a más de los títulos o antecedentes del respectivo derecho, término de transacción o de equivalencia territoriales.

4° En caso de no poderse arribar a un acuerdo sobre la fijación de la frontera internacional, los plenipotenciarios harán constar los motivos del disentimiento y fijarán la zona determinada sobre la cual deba recaer el fallo de un tribunal arbitral que designarán de común acuerdo.

5° Cualquiera de estos resultados será comunicado, a la vez que a los gobiernos respectivos, al gobierno de la República Argentina, bajo cuyos auspicios se habrán celebrado las conferencias (Mercado Moreira, 1966, p. 29).

Probablemente debido a que en el mismo no se mencionaba el statu quo, Paraguay se negó a la aprobación de este documento hasta que Bolivia declarase que con la aceptación de esta nueva fórmula no se modificaban los pactos vigentes (el Pinilla-Soler y el Mujía-Ayala), aunque el primero había sido declarado caduco con la firma del segundo. El tema del statu quo sería uno de los aspectos conflictivos más reiterados en las negociaciones posteriores.

Una vez aprobada la primera parte del arreglo diplomáticos, los países enviaron a los equipos que los representarían. El equipo de juristas bolivianos estaba presidido por el doctor José María Escalier, y el paraguayo por el doctor Eusebio Ayala.

Las conferencias de Buenos Aires (1927)

Ante el estancamiento de las negociaciones, el gobierno argentino intervino y propuso que el debate se centrara sobre la cuestión territorial, que era la fundamental, se desmilitaricen los sectores en pugna y ambos países declarasen que los avances conseguidos eran vacuos como alegatos o generadores de derecho. Las conversaciones cesaron el 15 de marzo de 1928, y el receso fue aprovechado por las delegaciones para intercambiar sus puntos de vista con sus respectivas cancillerías.

El segundo ciclo de conferencias de Buenos Aires (1928)

Tras este intermedio, las conversaciones se reanudaron en mayo de 1928. El equipo de juristas paraguayos, con la presencia de Gerónimo Zubizarreta, expuso que los límites entre el Paraguay y Bolivia eran los antiguos límites entre la Gobernación Militar de Chiquitos y la antigua Provincia del Paraguay. Sin embargo, la delegación boliviana, presidida por el jurista Daniel Sánchez Bustamante, desistió de este argumento, que ahora parece ser lógico y consecuente dentro del marco y abanico de documentos presentados en esta investigación. Las aspiraciones bolivianas sobrepasaron los márgenes del diálogo del primer ciclo de conferencias, ya que ahora se pedía un laudo arbitral sobre todo el Chaco Boreal, hasta el encuentro de los ríos Pilcomayo y Paraguay, solicitando además que se retirasen todos los establecimientos civiles, industriales y militares que tenía el vecino país en el Chaco; en retribución, Bolivia retiraría todos sus fortines fundados luego de 1907.

Ante la nueva exigencia del gobierno boliviano y la insistencia de la aplicación del statu quo pactado en el del protocolo Pinilla-Soler por parte de la delegación paraguaya, se produjo un impase irreconciliable entre los representantes, y las conversaciones quedaron clausuradas nuevamente.

10. La paradoja: establecimiento final de límites

Después del fracaso de las negociaciones, se dieron una serie de enfrentamientos y roces entre los ejércitos de ambos países. Uno de los más graves aconteció en diciembre de 1928 con la toma de fortín Vanguardia por parte de fuerzas paraguayas. Sin embargo, la rápida acción de la comunidad internacional evitó que la escala de violencia incrementase y se pudo evitar la guerra en aquella ocasión.

En los siguientes años, enceguecidos ambos países en la conquista del Chaco y con sus ejércitos en constante movimiento, hubo aún más incidentes, hasta que, unos años más tarde, acaecería el que iniciaría de manera irremediable la guerra.

Tras intentar tomar la ribera contraria a un puesto paraguayo en la laguna Pitiantuta-Chuquisaca en junio de 1932, tropas bolivianas desataron una escaramuza con las fuerzas que paraguayas que resguardaban el lugar. El revanchismo de ambas partes terminó desencadenando meses después la batalla de fortín Boquerón, que sería el paso final para cerrar el círculo de fuego que daría paso a la Guerra del Chaco, que después de tres años mermaría a la población y a la economía de ambos países, aunque bélicamente el Paraguay se mostraría más capaz, y para los finales de la contienda, lograría ocupar la mayoría del Chaco Boreal.

Lo lamentable de estos hechos es que, como se vio, podrían haberse evitado, y la distribución territorial incluso habría favorecido a Bolivia; de esa manera, ambos países hubiesen ahorrado una ingente cantidad de sacrificio económico y humano (fig. 9).

Todos los documentos coloniales y años de negociaciones fueron dejados de lado al final, para dar paso a los hechos de armas, definiendo así los límites entre dos países que simplemente no supieron entenderse en las negociaciones, que, como vimos, se vieron frustradas constantemente por la dilatación de la ratificación de los tratados en los congresos, por los fuertes intereses económicos de la zona comprometida y por las excesivas pretensiones de las partes.

Como pudo observarse, y éste era uno de los objetivos más importantes de este artículo, existe una pugna entre los tratados y los elementos de costumbre, una dicotomía conceptual entre la posesión de derecho y la de hecho. Si bien ambos países poseían elementos tanto documentales, como testimoniales de su jurisdicción, se trata con desmedro los alcances posesorios de ambos en la conquista del Chaco Boreal, lo que lleva a concluir dos cosas. Primero, que ninguna de las partes poseía, en los hechos, el territorio en su integridad, y segundo, que se ignoró el papel fundamental de los principios jurídicos y la utilidad de éstos para construir una verdadera convicción acerca de la propiedad del Chaco Boreal.

Notas

* Estudios de Comunicación Social en la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia. Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP).
Contacto: alvaromontoya1243@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2226-0033

Recibido: marzo de 2020
Aceptado: abril de 2020

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