La modernidad esquiva: debates políticos e intelectuales sobre la reforma agraria en Bolivia (1935-1952)

The evasive modernity: political and intellectual debates on agrarian reform in Bolivia (1935- 1952)

Carmen Soliz*

El artículo explora los debates, propuestas y proyectos políticos que circularon en torno a la reforma agraria entre la guerra del Chaco (1932-1935) y la Revolución de 1952. Aunque el término fue muy común y ampliamente utilizado entre los intelectuales de la época, sus significados y connotaciones no fueron los mismos. Este artículo explora estas múltiples lecturas, no carentes de ambigüedades, con las que intelectuales nacionalistas y de izquierda intentaron reconciliar los principios de respeto a la propiedad privada, defendidos por la Constitución, con las crecientes demandas indígenas y campesinas por acceso y restitución de sus tierras, todo en el marco de sus propios proyectos e imaginarios de modernidad y desarrollo.

Palabras clave: Reforma agraria, Bolivia, Revolución de 1952.

Abstract:

This paper examines the proposals, intellectual debates and political parties projects around the question on Agrarian Reform between the Chaco War (1932-1935) and the 1952 National Revolution. Although the term "agrarian reform" became very common and widely used at that time, its meanings were significantly different. This work explores those different and sometimes-ambiguous meanings in which left and nationalist parties attempted to conciliate the principles of private property protected by the Constitution with the increasing peasants and indigenous demands for access and restitution of their lands; and frame both within their own images of modernity and development.

Key words: Agrarian reform, Bolivia, Revolution of 1952.

1. Introducción

James Wilkie, historiador norteamericano que estudiaba reformas agrarias en América Latina, entrevistó en 1966 a quien lideró la revolución y fue presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro. Interesado en conocer los orígenes del decreto de Reforma Agraria, le preguntó sobre las diferencias existentes entre sus propuestas de reforma presentadas en 1944 y el texto del decreto de Reforma Agraria de 1953. Paz Estenssoro respondió que no había diferencias: en la discusión del proyecto de 1944 él ya había expresado que el principio que se debía seguir en el país era el de dar la tierra para quien la trabaja, y éste era justamente el principio que había guiado el decreto de 1953. Wilkie preguntó si el hecho de que el decreto de Reforma Agraria se hubiera promulgado a más de dieciocho meses de que él asumiera el poder no significaba que el problema campesino tenía menor prioridad para el MNR, al menos si se comparaba con la problemática minera. Paz Estenssoro respondió que, apenas asumió el poder, su gobierno creó el Ministerio de Asuntos Campesinos, lo que mostraba el interés del gobierno por el problema campesino. "Además, nosotros considerábamos que para proceder a la distribución de tierras era necesario que los campesinos pasaran por un proceso educativo, pues ellos no estaban en el mismo nivel cultural que los otros sectores de la sociedad. Debido a siglos de dominación y explotación, los indígenas se caracterizaban por un retraso cultural que comenzaba con el problema del lenguaje" (Wilkie, 1974:28). "Pero al final la redistribución comenzó de todas maneras sin esperar a que los indígenas estuvieran educados", interrumpió Wilkie¹.

Desde fines de la década de 1960, varios investigadores, al igual que Wilkie, comenzaron a cuestionar la autoría que había pregonado el MNR por casi dos décadas en la implementación de la reforma agraria. A pesar de las innumerables críticas, la reforma agraria eliminó el latifundio en el Occidente y valles del país y los servicios personales a que estaban sujetos los indígenas dentro del antiguo régimen de haciendas. Autores como Richard Patch (1956) y Jorge Dandler (1969), por ejemplo, cuestionaron el protagonismo que había presumido el MNR en la promulgación y ejecución de esta política. El primero argüía que la presión de los campesinos mediante confiscaciones de tierras había forzado el proceso de expropiación de latifundios; el segundo subrayaba la importancia que había tenido la temprana politización campesina de fines de la década de 1930 con la fundación del primer sindicato campesino en Ucureña, con apoyo de activistas del Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR). Desde el escenario político, integrantes del PIR, acérrimos enemigos del MNR desde la década de 1940, acusaban al MNR de que este partido gobernante nunca tuvo una propuesta clara sobre la cuestión agraria y que, de hecho, el MNR se había visto forzado a acudir a un pirista, Arturo Urquidi, para que presidiera la comisión que elaboró el proyecto de reforma agraria.

Ciertamente, la demanda por "una reforma agraria" circuló extensamente entre los intelectuales y activistas políticos desde fines de la década de 1930 y 1940. Pero estas propuestas no rondaron solamente en los programas de acción de los partidos nacionalistas e izquierdistas, sino también entre los de los conservadores. Cabe preguntarnos, por tanto: ¿qué entendían exactamente cada uno de estos partidos cuando hablaban de "reforma agraria"? ¿En qué medida la Reforma Agraria era sinónimo de redistribución de tierras? ¿En que medida existió una coherencia entre las propuestas pre-revolucionarias y las políticas de la post revolución?

A partir de la lectura de folletos, programas de acción política, entrevistas y debates congresales, este artículo expone las múltiples y muchas veces contradictorias reflexiones que desarrollaron los emergentes partidos de izquierda y nacionalistas sobre la cuestión agraria en el periodo comprendido entre la Guerra del Chaco y la Revolución Nacional de 1952. A la par de ser una historia de las ideas políticas sobre reforma agraria, este artículo explora los intentos gubernamentales prerevolucionarios por establecer una política agraria, ya sea bajo los gobiernos de tendencias progresistas (los regímenes de militares socialistas como Toro y Bush (1937-1938) y Villarroel (1943-1946); como conservadoras (los regímenes de Quintanilla, Peñaranda (1939-1943) y Hertzog, Urriolagoitia y Ballivián (1946-1952), en un intento de trazar una genealogía de los planteamientos e instituciones que se implementaron con el decreto de 1953.

Antes de la revolución, con una elite terrateniente empoderada, las propuestas de los partidos políticos radicales y conservadores se vieron en el desafío de proponer modelos de desarrollo para el área rural que contemplaran las presiones de las poderosas Sociedades Rurales, que agrupaban a los propietarios, y las crecientes demandas indígenas y campesinas que demandaban, desde el avasallamiento de sus tierras, las condiciones de explotación que sufrían bajo el sistema de pongueaje y el colonato, hasta los continuos abusos, despojos y tratos arbitrarios por parte de autoridades locales. En ese sentido, proclamar la reforma agraria como sinónimo de un proceso generalizado de expropiación de tierras -tal como se asumió después de la revolución— implicaba desconocer el principio de propiedad privada protegido por la Constitución y entregarla a campesinos e indígenas que incluso para los activistas más progresistas y radicales no dejaban de ser agentes de retraso económico y cultural. Las disputas sobre qué hacer con los hacendados, los colonos, las comunidades indígenas; los debates sobre cómo articular estas múltiples demandas e intereses; y los imaginarios de desarrollo rural que sostuvieron esas propuestas políticas son el objeto de este trabajo.

2. Las apuestas marxistas e indianistas de principios de siglo

En la década de 1920, intelectuales de izquierda como Tristán Marof y Roberto Hinojosa proclamaron la consigna por la reforma agraria en Bolivia. De acuerdo a Schelchkov (2009), estas reflexiones estuvieron fuertemente influenciadas por las transformaciones en la Unión Soviética. En esta vorágine de propuestas políticas, "La idea de estatización de la tierra como un paso transitorio a su socialización, era bastante popular" (p. 6). Marof, señala Schelchkov, intentó adaptar la teoría marxista a la realidad boliviana y propuso su célebre proclama: tierras al indio y minas al Estado: "Citando a Mariátegui, Marof subrayó que el problema indígena consistía no solamente en la educación e instrucción indígena, sino en la liberación efectiva del indio, devolviendo a los indígenas las tierras usurpadas por los blancos y criollos desde los tiempos de la Colonia hasta su actualidad" (p.6). En su libro La tragedia del Altiplano, Marof expuso el programa marxista de la revolución, que consistiría en reforma agraria, liquidación del latifundio a través de la colectivización de la tierra, socialización de los medios de producción y, al final, industrialización (p.13).

Por su parte, Roberto Hinojosa, quien lideró la frustrada revolución de Villazón en 1930 que pretendía la toma del poder ingresando al país desde Argentina, planteó que el Estado debía expropiar los latifundios y otorgarlos a los aymaras y quechuas bajo el sistema de enfiteusis, es decir, bajo cesión a cambio de un canon anual (Hinojosa, 1944). Para Marof e Hinojosa, la redistribución de la tierra a los indígenas sólo sería posible a partir de una revolución que derrocara el orden constituido. Finalmente, el diplomático Alfredo Sanjinés, de tendencias políticas algo más conservadoras, publicó en 1932 el texto La reforma agraria en Bolivia. En él, Sanjinés subrayaba que uno de los mayores problemas de Bolivia residía en el acaparamiento de tierras en pocas manos y el estancamiento de la agricultura. Más cauteloso, él apuntaba que lo que Bolivia debía hacer era seguir las últimas tendencias en legislación agraria en Europa y América Latina, donde la propiedad de la tierra estaba sujeta al cumplimiento de una función social (Sanjinés, 1932)².

En esta etapa previa a la guerra del Chaco (1932 -1935), estas ideas, como sugiere Lora, tuvieron escasa repercusión entre los políticos e intelectuales bolivianos (Lora,1980). Pero fue la crisis política que emergió después de la guerra del Chaco la que forzó a las elites a repensar los modelos políticos y económicos sobre los cuales se estaba construyendo el país. En este nuevo contexto, tres desafíos articularon el debate: primero, la necesidad de que el Estado tuviera un mayor control del territorio vía políticas de colonización y poblamiento, desafiando el andino-centrismo que caracterizaba al país; segundo, ampliar la base económica para contrarrestar el peso de una economía monoproductora fuertemente trastornada con la crisis mundial de 1929, y tercero, frenar la masiva migración rural hacia áreas urbanas surgida en la posguerra. Esta agenda obligó -incluso a las elites más conservadoras- a repensar el rol que jugaba y debía jugar el área rural en el desarrollo del país y el rol que deberían asumir propietarios, colonos y comunidades indígenas en ese desarrollo.

Después de un intenso debate en que numerosas voces criticaron el sistema de latifundio tanto en el altiplano como en los valles y el oriente boliviano; la propuesta fue exitosamente aprobada, lo que significó un duro golpe para los propietarios rurales (Barragán, 2006:145-146; Gotkowitz, 2011:167-182).

Pero, ¿cuál era el origen de las ideas que circularon en la Convención? ¿En qué medida la proclama de la función social era una idea que circulaba entre pequeños grupos de intelectuales? ¿O se trataba más bien de una idea generalizada en la sociedad boliviana? Es notable apuntar, por ejemplo, que, en el contexto del socialismo militar, el propio Marof matizó sus posturas. En un intento por acercar su propuesta con la del nuevo régimen.

Marof trató de apartarse de su pasado marxista... y desarrolló lo que el denominaría socialismo boliviano, descrito como la unión de los esfuerzos de la clase obrera, de los campesinos indígenas y del capital nacional bajo la tutela y dirección del Estado boliviano. Este socialismo era una copia del de los militares, camuflado en frases comunes que enmascaraban el olvido de las tesis sobre la nacionalización de las minas y de la reforma agraria (Schelchkov, 2009:20).

A pesar de estos giros intelectuales, apenas dos años antes de la Convención -bajo el régimen de Toro- se organizaron en Cliza y Vacas (Cochabamba), los dos primeros sindicatos agrarios de colonos que pugnaban por el derecho de arrendamiento de las propiedades pertenecientes a la Iglesia, en el primer caso, y a la municipalidad de Cochabamba, en el segundo. La confrontación de propietarios y administradores versus colonos despertó notable interés de la prensa y apoyo decidido de las federaciones obreras, especialmente de Oruro. La disputa involucró además a Toribio Claure, quien organizó la primera escuela indigenal en el valle, en Vacas, emulando la experiencia de la primera escuela indigenal fundada en 1931 en Warisata (Antezana y Romero, 1970; Dandler, 1969). Ambos conflictos retumbaron fuertemente en la prensa y obligaron a la clase media (maestros y obreros, principalmente) a tomar bandos, lo que permitió que conflictos locales en el área rural, tan alejados de las preocupaciones cotidianas urbanas, se tornaran centrales en el debate nacional. Periódicos como La Calle registraron casi diariamente el conflicto en Vacas; y las federaciones obreras plantearán la abolición del pongueaje, criticando los abusos de los latifundistas. Aunque los decretos de Toro y Bush no se refirieran a la mayoría de propiedades rurales en manos privadas, aprobar mediante decreto la organización de los sindicatos, garantizándoles el arrendamiento de las propiedades eclesiásticas y municipales, fue un signo decisivo de la época⁴.

Fue en ese caldo de cultivo que emergió la Convención de 1938 y que se discutió la cuestión agraria. Sin embargo, como señala Barragán, la Convención fue también la expresión de los límites y frenos de la época: Walter Guevara Arze propuso a la plenaria incluir: "la problemática del indio y su acceso a la tierra". La moción fue rechazada en una tensa votación de 49 contra 36 votos (Barragán, 2006:150). Intelectuales y activistas de izquierda criticaron la tenencia improductiva de la tierra característica del área rural, pero se mostraban escépticos de que la solución pasara por su expropiación y redistribución a la población indígena, a la que consideraban que estaba todavía en un estadio social, cultural y económico "retrasado". Los propios discursos de Toro, Bush y de activistas políticos no cesaban de usar palabras como "rehabilitación" o "civilización" para referirse a los indígenas. Fue usual en la época pensar las temáticas indígenas y de la tierra como problemáticas diferenciadas⁵. La primera refería a maquinaria, productividad; la segunda, a educación y civilización. Antezana y Romero (1970) apuntan que el propio Claure, director de la escuela indigenal de Vacas, hablaba "del problema étnico cultural de los indígenas, en lugar de un problema económico y social" (p.48).

Un año más tarde, también bajo el gobierno de Bush, se emprendió la organización del Primer Congreso Interamericano de Indianistas, que inicialmente debía llevarse a cabo en La Paz, pero que se realizó finalmente en Pátzcuaro, México (Gotkowitz, 2007:160). El documento presentado para la organización de este Congreso constituye una valiosa síntesis de las temáticas alrededor de los cuales se pensaba y se enmarcaba lo indígena. El Congreso se centró en educación: de hecho, el liderazgo de la conferencia fue asumido por Elizardo Pérez, entonces director de educación indígena y campesina, quien tendría como misión "testimoniar...la obra fecunda de la redención del indio" que se llevaba a cabo en Bolivia. Representaría "la voz de los maestros indigenistas de Bolivia, que habían consolidado doce núcleos indigenales inspirados sobre bases de la cultura pre-hispánica" (Congreso, 1939:3).

La segunda parte del Congreso trataría diversos temas, como:

]]> 1.  El campesino biológica, antropológica y psicológicamente juzgado.

2.  Regímenes de trabajo y de la propiedad agraria en América.

3.  ¿Existe el indio?

4.  Supervivencia de las instituciones ancestrales en la cultura campesina.

5.  ¿Existe todavía la necesidad de una legislación indígena?

6.  Valor de la prehistoria, del coloniaje y de la historia contemporánea en la formación de una cultura americana (Congreso, 1939:3).

Como representantes del Congreso, al lado de los líderes de los núcleos educativos de Warisata (Raúl Pérez), Llica (Fernando Loaiza Beltrán) y Caquiaviri (Rigoberto Villarroel Claure), encontramos el nombre del aún joven Capitán Gualberto Villarroel, más tarde presidente de la República, que figuraba en la coordinación de la mesa "Educación cívica y física". Aunque su participación fue relativamente marginal, es indudable que su participación revela su temprana conexión con la problemática indígena, lo que nos ayuda a entender sus políticas durante su presidencia: un nacionalismo cargado de indigenismo. En el Congreso participaron además Félix Eguino Zaballa, Cecilio Guzmán de Rojas, Yolanda Bedregal, Marina Núñez del Prado, Arturo Posnansky, Donoso Torres, Ernesto Fricke Lemoine, Tristán Marof, Eduardo Arze Loureiro, Alipio Valencia Vega y Alberto Mendoza López(Congreso, 1939:19). Indudablemente, una generación de intelectuales y políticos cuyo rol sería fundamental en las siguientes décadas.

La Convención de 1938, como la organización del Congreso de 1939, ofrece una mirada privilegiada sobre las ideas de las elites intelectuales bolivianas sobre el indio. El rol de marxistas e indianistas fue fundamental en términos de visibilizar la situación de explotación de los indígenas, en denunciar que el modelo liberal que había seguido el país desde fines del siglo XIX no había traído sino la acumulación de tierras en manos improductivas: la de los terratenientes. La crisis económica de 1929 y la guerra del Chaco permitieron que esas denuncias, que parecían marginales en la década de 1920, sacudieran a las elites bolivianas. Estas denuncias no estuvieron ausentes de contradicciones y nociones cargadas de racismo. Se denunciaba abiertamente el abuso y explotación al que estaban sometidos los indios; se suponía que su liberación vendría de la mano de la educación y de la superación cultural y moral; se hablaba de su redención pero se cuestionaba su capacidad jurídica.

3. Las nuevas agendas agrarias: entre el conservadurismo y la revolución

Fue también bajo el gobierno de Peñaranda que se impulsó una de las primeras experiencias de colonización en el Chapare, con "trasplante de campesinos de los valles y puna de Cochabamba", en 1942. El proyecto, denominado Cooperativa Aroma, estuvo bajo la dirección de Eduardo Arze Loureiro, quien como funcionario de Toro apoyó la organización del sindicato de colonos en Cliza¹⁰. Notablemente, esta experiencia se hizo efectiva con campesinos de Ana Rancho en el valle Alto de Cochabamba, una región donde la presión por la tierra en ese entonces era ya muy intensa. La participación de este connotado miembro del PIR en ambos gobiernos refleja la posición del partido sobre la cuestión agraria. En efecto, planteaban que contratos de arrendamiento que permitirían a los campesinos librarse de su condición de colonos, ligados a proyectos de colonización, permitirían el paulatino acceso de los campesinos a la tierra.

Bajo el gobierno de Peñaranda también se creó la Corporación Boliviana de Fomento, con financiamiento norteamericano. Granjas experimentales, fomento agrícola, banco agrícola y Corporación Boliviana de Fomento constituirán instituciones y políticas que serían claves en la política del MNR, pero que fueron diseñadas y creadas casi una década atrás. Para Peñaranda, los propietarios rurales estaban lejos de ser un problema, se veían más bien como aliados y ejes del desarrollo rural. De hecho, en la creación del Banco Agrícola dispuso que dos de los cuatro representantes del banco estuvieran elegidos por las Asociaciones Rurales de la República¹¹. Peñaranda veía que las sociedades rurales podían ser agentes en la construcción de la nación: les concedió los impuestos provenientes de la chicha y la coca, para que ellas gestionaran con esos fondos la construcción de caminos. Ante la debilidad estatal, si no ausencia, las sociedades rurales aparecían como los brazos operativos que permitirían al Estado consolidar el tan anhelado desarrollo agrícola y vinculación nacional. Pero el gobierno de Peñaranda no careció de problemas. Desde principios de 1940 se generalizaron huelgas de brazos caídos en el campo. Los propietarios en Oruro denunciaban que los colonos saboteaban la producción negándose a realizar sus obligaciones. La respuesta del Gobierno fue clara: creó tres colonias penales: Coati,Todos Santos e Ichilo, donde exiló a varios líderes indígenas, "cabecillas que soliviantaban a la indiada"¹².

Todavía durante el gobierno de Peñaranda, el convencional Eguino Rodas presentó un proyecto de abolición del pongueaje¹³. El proyecto fue rechazado, y éstos fueron los argumentos utilizados por el convencional Salmón para desechar el proyecto:

El pongo es ahora el único vínculo que nos liga con el indio. Suprimido éste, se cortará el último eslabón y el indio quedará alejado. Hay que tener en cuenta que el indio que sirve como pongo en la ciudad oye radio, recorre las calles, se interesa por las noticias y está bien alimentado¹⁴.

Esta política conciliadora del Estado con los propietarios rurales y represiva con los colonos se vio drásticamente cuestionada con el golpe del Coronel Gualberto Villarroel, en diciembre de 1943. Villarroel no cuestionó el derecho de propiedad de los hacendados pero reparó en la ausencia de un registro catastral actualizado, lo que significaba cuantiosas pérdidas para el Estado, pues los pocos propietarios que pagaban impuestos lo hacían sobre la base de un registro caducado cuyo valor monetario estaba más que obsoleto para la época. Aunque el proyecto de realizar un nuevo registro catastral había sido esbozado ya por el gobierno de Peñaranda¹⁵ , fue el gobierno de Villarroel que lo hizo efectivo, causando alarma entre los propietarios rurales. El decreto del 25 de octubre de 1944 ordenaba:

Todos los propietarios de fondos rústicos están obligados, en el término de 120 días de promulgada la presente ley, a presentar al tesoro departamental una declaración jurada estimativa del valor de sus propiedades que será considerando como valor catastral de sus propiedades para el pago del impuesto,...a los remisos se les cobrará el quíntuplo.

Villarroel impulsó también un registro de las concesiones de tierras fiscales especialmente en el este y sur del país, demandando la reversión de las mismas a favor de campesinos si es que éstas no habían cumplido con los acuerdos establecidos. Los antes aliados y ejes del desarrollo rural pasaron entonces a convertirse en evasores y causantes de la debilidad del país. La política de Villarroel fue tan efectiva, que de hecho los registros catastrales mejor organizados de la primera mitad del siglo XX que aún se conservan en archivos históricos son los organizados bajo su gobierno, en 1944. Notablemente, uno de los primeros decretos del gobierno de Hertzog, tras el colgamiento del Presidente Villarroel, fue anunciar que los registros catastrales realizados "solo tendrían fines estadísticos e informativos, no impositivos"¹⁶.

El discurso de Paz ante la Asamblea provee lineamientos sobre la manera en que él entendía el problema agrario: uno de los problemas más críticos en Bolivia es el problema del indio "que todavía está en un proceso de formación moral y cultural". Para lograr ese proceso era necesario un cambio en la estructura económica (Paz Estenssoro, 1955:303-305). Paz enmarcó la defensa del proyecto aludiendo a los cambios de la estructura en el "imperio romano", en un denodado esfuerzo por desvincular su propuesta de un proyecto socialista:

La reforma agraria no implica implementar un programa socialista, sino más bien uno liberal, porque de lo que se trata es de superar la etapa feudal, la cual ya ha sido abolida en otros países. Lo que propongo, prosiguió Paz, no es devolver la tierra a sus antiguos propietarios sino dar la tierra a quien la trabaja... No pretendo socavar el derecho de los propietarios, sino simplemente proteger el derecho de los pobres rentistas lo que permitiría incrementar la productividad (Paz Estenssoro, 1955:309-316).

La propuesta fue rechazada por la Convención.

Un año más tarde, en mayo de 1945, Villarroel impulsó un acontecimiento inusitado para la época en el contexto boliviano y latinoamericano: un congreso indígena¹⁷. Ciertamente, en 1939 se había emprendido un congreso indianista que convocó a varios intelectuales y activistas políticos latinoamericanos para reflexionar sobre la problemática indígena. El congreso indigenal, en cambio, convocaría a casi 1500 indígenas para que debatieran y expusieran sus demandas.

La idea misma de un congreso tuvo sus orígenes en una práctica cada vez más extendida en el país, especialmente desde fines de la década de 1930, cuando los gobiernos militares socialistas impulsaron la sindicalización de los trabajadores. En ese contexto político se difundieron los congresos de maestros, fabriles y mineros. Conviene también recordar que antes del Congreso Indianista de 1939 se organizó el Primer Congreso de Directores Indigenistas, en 1936. Ese evento involucró a maestros del área rural y apuntaba a visibilizar a nivel nacional el trabajo de las escuelas indigenales y "paliar la campaña de provocaciones y desprestigio de los latifundistas" (Antezana y Romero, 1970: 53). A principios de la década de 1940 se celebraron dos congresos indígenas quechuas regionales impulsados por la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia (CSTB), en los que se demandaba la abolición del pongueaje y acceso a la educación para los indígenas (Gotkowitz,2007:160).

Finalmente, hay que subrayar los intentos de la nueva generación de activistas por imponer "una nueva forma de hacer política". Por ejemplo, el diputado del MNR por la provincia Ingavi, Germán Monroy, presentó el informe de su gestión en la capital de la provincia: Viacha¹⁸. Era sin duda un intento de arrancar la política de los estrechos marcos del parlamento y llevarla a las calles. El congreso finalmente fue parte de una política cada vez más extendida en el MNR: un año después del congreso, los opositores cuestionaron al MNR por organizar manifestaciones de apoyo al gobierno utilizando "indígenas analfabetos, harapientos y desnutridos"¹⁹.

De todas maneras, la recepción de más de 1200 líderes indígenas, 600 de comunidades y 600 colonos de haciendas al seno mismo del poder estatal sacudió a la sociedad. La revista Bolivia detalló así el evento:

Ante una enorme ansiedad de parte de quienes medran a expensas de los nativos y el temor de los indiferentes... se ha llevado a efecto el primero congreso nacional indígena. Se creía que era una insensatez provocar la reunión de indígenas, pues según quienes así pensaban, no haría sino encender la hoguera de la rebelión, ya que los indios en la vida de la escuela y en el cuartel han adquirido la conciencia de su clase, esto es que ya saben que son víctimas irredentas de una opresión a todas luces deprimente... pero el congreso ha venido a darnos una impresión de sorpresa... que luego se ha convertido en apoyo franco a sus demandas... lo que piden, a buenas cuentas, es que apenas se los considere como seres humanos y no como a esclavos ... solicitan escuelas, institutos agrarios y un régimen de trabajo que no los coloque más en la situación de hacer trabajos viles como el pongueaje, ni pagar tributos absurdos como los exigidos por el cura, el corregidor o el subprefecto²⁰.

La revista contenía además una entrevista a Francisco Chipana Ramos, que fungió como presidente del Congreso. La entrevista permite ver el tono político de la época, la manera en la cual los lideres indígenas percibieron los decretos y su relación con el Estado y el Gobierno.

P: ¿Estas satisfecho del Congreso que has presidido? R: Estoy feliz por los cuatro decretos firmados por el Presidente de la Republica...Ahora podremos trabajar tranquilos y sin molestias. Pero lo que más nos ha devuelto la confianza es que ahora seremos libres. Han hecho desaparecer nuestra condición de esclavos. Los cuatro decretos satisfacen nuestras reclamaciones que hacíamos desde cuando llegaron los españoles. Antes nos encontrábamos por cientos de años como animales. Sin leyes, sin garantías, solamente como bestias de carga y trabajo.

P: ¿Cuáles son los decretos de que nos hablas? R: Son cuatro, señor: El primero que dice que habrá un Código de Trabajo Agrario que estará a cargo de los ministros de Trabajo, Salubridad, Previsión Social, Agricultura, Ganadería y Colonización. El trabajo obligado que teníamos en la hacienda no pasará de cuatro días semanales. No nos obligarán a trabajar gratis ni en otras haciendas. Los pastores no estarán obligados al trabajo de hacienda. Cuando el patrón desee que se hagan trabajos extras deberá pagar jornales. Esta ley de trabajo agrario estará lista a fin del año 1945. La segunda ley nos protege en los servicios del campesinado. Trabajaremos con gusto para la hacienda porque siendo dueños de nuestras cosechas, podremos disponer de ellas. Ya no habrán las entregas obligadas de corderos, de lana, aves de corral y otras en forma gratuita. La otra ley dice que tendremos escuelas por todas partes, principalmente donde hay empresas agrícolas... fundos o haciendas. Y la última ley, la más importante se refiere a la muerte del pongueaje. Esto quiere decir que ya no trabajaremos por semanas o meses en las casa del patrón como pongos en forma gratuita... Desde ahora nuestros servicios serán pagados como en cualquier otro oficio o trabajo²¹.

El timbre paternal y condescendiente del entrevistador para con el Presidente del Congreso contrastaba con la deferencia al "Doctor" Carlos Morales Guillen, también entrevistado en el mismo número de la revista. Los decretos referidos por Chipana reflejan bien el mensaje del Gobierno, que consistía en reivindicar los derechos de los indígenas, frenar los abusos laborales por parte de los patrones, pero invisibilizar las demandas por acceso a tierra. El Gobierno logró silenciar la voz de casi 600 participantes provenientes de comunidades y sus quejas por despojo de tierras. A pesar del éxito gubernamental en controlar la agenda del Congreso, el lenguaje de Chipana Ramos que afirmaba que los decretos eran un parteaguas entre ciudadanía y esclavitud, indudablemente retumbó en el contexto de la época.

El congreso fue recibido con notable escepticismo, no solo por los partidos conservadores o la elite terrateniente, sino también por los partidos de izquierda. José Antonio Arze, jefe del PIR, criticó duramente el congreso. El título de su texto sintetiza bien su perspectiva sobre el Gobierno: "Bolivia bajo el terrorismo nazi- fascista". Arze acusaba a Villarroel de haber perseguido a la oposición, incluyendo a los líderes obreros de quienes pregonaba su respaldo. Arze calificó al congreso como una comedia, una parodia que no resolvía realmente "la miseria feudal de los indios" (Arze, 1945).

Ricardo Anaya, subjefe del PIR, publicó desde Santiago de Chile otro texto en contra del que tildaba como "demagógico Congreso Indigenal" (Anaya, 1945).

Para Anaya, el congreso no era un esfuerzo real por entender la problemática campesina sino un mecanismo para frenar la sublevación campesina:

Ante la amenaza de una sublevación campesina, se apresuró a detenerla convocando de inmediato a un congreso indígena... Pero antes... los Ministros de Gobierno, Agricultura y Trabajo acompañados de una numerosa cohorte de funcionarios, realizaron viajes a las provincias de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Sucre y Tarija como apaciguadores de la rebeldía campesina. En todos los lugares por donde pasaron no se olvidaron de hacer promesas... Tampoco se descuidaron de dejar ... en todos los sitios visitados piquetes de carabineros perfectamente armados para tener a raya a los campesinos y someterlos a la autoridad de los hacendados. Los personeros del gobierno, al reconocer públicamente haber establecido la vigilancia policiaria en esos centros, la justificaron bajo el pretexto de que esos piquetes servirían para regular las relaciones entre patrones a indígenas colonos (Anaya, 1945: 39).

Aunque en tono de crítica, resulta interesante constatar que incluso líderes de oposición reconocían el esfuerzo gubernamental que había implicado la organización del congreso. Es notable imaginar que tantos altos funcionarios de Estado del poder central se trasladaran a cada uno de los departamentos para difundir el congreso. Probablemente, como afirma Anaya, esta presencia estatal acompañada de carabineros haya cumplido el rol de apaciguar sublevaciones, pero es indudable que esta sola presencia implicaba un reto directo al poder local que ostentaban los propietarios en el área rural.

Anaya acusó al Gobierno de sus constantes ambivalencias, pues declaraba que después de hablar de la redención del indio los propios personeros se retractaban señalando que el Gobierno protegería la propiedad privada:

Carlos Morales Guillen explicó lo siguiente: "es falso que el gobierno pretenda hacer la llamada reversión de tierras al indio; que el gobierno hará respetar el cumplimiento de las obligaciones legales y el derecho de propiedad" que "se conminó a los indígenas a volver pacífica y tranquilamente a sus labores, dentro del marco de respeto debido a las autoridades y a la propiedad privada" (La Razón, 3 de abril de 1945) (Anaya, 1945: 40).

Ciertamente, las declaraciones citadas por Anaya representaban la posición del gobierno de Villarroel. Al igual que su política impositiva, la política de Villarroel no pugnaba por modificar las estructura de propiedad, sino por hacer cumplir lo que estaba ya establecido en la ley, lo que ya resultaba profundamente confrontador para la elite terrateniente. Para Anaya las conclusiones del congreso habían significado más bien el "desahucio de las aspiraciones campesinas", pues los 1200 delegados "indios... permanecieron celosamente custodiados por las autoridades de policía durante todo el tiempo que funcionó el congreso". Las ponencias del Congreso que se habían referido a temas como "la abolición del pongueaje, servicios personales gratuitos, creación de escuelas rurales en las haciendas y comunidades, definición de obligaciones y deberes entre patronos a indígenas y otras cuestiones de menor importancia" habían obviado una cuestión fundamental: "cuestión de la tierra", un elemento que "el gobierno había eliminado y suprimido de antemano" (Anaya, 1945: 39-40).

Finalmente, Anaya copió el decálogo que había leído Villarroel en la clausura del Congreso, cuyo lenguaje rebuscado decía, "no se sabía si causaría hilaridad o indignación" y que demostraba "la ignorancia que el gobierno tiene del problema campesino". Los primeros puntos de este decálogo señalaban:

1º Vigilareis para que todos en vuestras jurisdicciones cumplan sus deberes para con Dios y sus semejantes

]]> 2^º enseñareis a vuestros comarcanos a honrar a la patria y servirla con abnegación.

3^º Inculcareis a vuestra gente el hábito del trabajo y el fiel cumplimiento de sus obligaciones, haciendo que la colectividad repudie a los holgazanes: cuidareis con diligencia para que se siembre bien, se coseche con actividad, ayudándonos los unos a los otros... (Anaya, 1945: 39-40).

Probablemente el punto más interesante de este ciertamente rebuscado lenguaje fue el punto diez, en el que evidentemente, como señala Gotkowitz, Villarroel delegaba el cumplimiento mismo de las leyes en manos de los líderes indígenas (Gotkowitz, 2007:192).

Denunciareis ante las autoridades superiores todo abuso que cometan los patrones, administradores o vecinos de cantones... para que sea el supremo gobierno el que los sancione de acuerdo a ley y así mismo en vuestra defensa (Anaya, 1945: 39-40).

Tal como reclamaba Anaya, la agenda formal del gobierno de Villarroel había silenciado efectivamente las demandas indígenas por reivindicación de tierras. Pero la organización misma del Congreso impulsó, como afirma Gotkowitz, la organización de una agenda propia entre los líderes indígenas, que usaron el congreso para articular sus intereses y reivindicaciones en torno a sus demandas por tierra (Gotkowitz, 2007:268-306). La sola enunciación de un lenguaje de "reivindicación del indio", respaldada oficialmente desde el poder central, se convirtió en un poderoso movilizador para los más de 1200 líderes indígenas, que retornaron a sus comunidades en franca confrontación del poder que pregonaban en el ámbito local propietarios y autoridades locales.

Aunque desafiar la propiedad de la tierra resultaba todavía impensable para el gobierno de Villarroel y el MNR, ¿tenía entonces el PIR una propuesta para la expropiación del latifundio? Ricardo Anaya en 1945 detalló lo que su partido consideraba una verdadera política agraria:

El caso de nuestra agricultura es el de una reivindicación total, histórica o de época, desde el grande hasta el pequeño agricultor, que necesita la ayuda y la orientación del Estado. El problema del indio, como lo hemos dicho diez mil veces, es el problema de la tierra, y el problema de la reforma agraria es el de la superación del feudalismo, con un vasto plan de regadío y de tecnificación, que beneficie a todos cuantos poseen hoy tierras, grandes o pequeñas, pues, en esta etapa de la revolución democrática burguesa, la primera tarea consiste en poner los campos en condiciones de producir lo suficiente para alimentar a nuestra población, consiste en habilitar tanto a los propietarios individuales como a las comunidades indígenas para usar máquinas y aplicar los conocimientos científicos, en organizar las granjas colectivas, en otorgar a los pequeños campesinos facilidades para hacer mas eficiente la explotación de la tierra. Cuando las comunidades, las granjas colectivas, las cooperativas de producción, con ayuda de los elementos que nos brinda el progreso comiencen a producir en gran escala, intensifiquen el cultivo y rebajen sus costos de producción, los propios latifundistas se verán avasallados por este formidable proceso y tendrán que entrar al ritmo de la civilización (Anaya, 1945:42).

4. Últimos intentos reformistas y la reacción de la Sociedad Rural Boliviana

Al trágico derrocamiento de Villarroel le siguió el gobierno de Hertzog, que llegó al poder no solo con apoyo de partidos conservadores sino también con el apoyo de la izquierda y del PIR. Esta extraña alianza articuló en el mismo bando a notables figuras de izquierda, como Ricardo Anaya y José Antonio Arce, con el ex Ministro Zilvetti, uno de los más duros represores del PIR durante el gobierno de Peñaranda.

Aunque el derrocamiento de Villarroel implicó el exilio inmediato de partidarios del MNR, el Gobierno fue incapaz de controlar la intensa ola de levantamientos indígenas en el área rural. Gotkowitz y Antezana y Romero dan cuenta de levantamientos en Pucarani, Topohoco, Aygachi, Tacanaca (La Paz) Norte de Potosi, Yayani, Tirita, Morochata (Cochabamba), Chuiriga (Chuquisaca), por mencionar algunos de los más importantes. Los reportes incluían desde rumores de levantamiento hasta alzamientos, ataques e incluso casos de asesinatos al propietario o administrador de la hacienda. Entre las causas se citaban desde conflictos por límites entre haciendas y comunidades hasta demandas por el cumplimiento de los decretos de Villarroel, pasando por denuncias de ilegales dotaciones de tierra. Notablemente, como apunta Gotkowitz (2007), se trata de localidades geográficamente articuladas y, en muchos casos, con una larga tradición de lucha indígena y campesina desde fines del siglo XIX y principios del XX²². Pero se trataba también de localidades fuertemente influencias por su cercanía a ciudades y/o centros mineros, es decir, lugares que eran parte de lo que Barragán denominó el "arco de la presencia estatal" en Bolivia (PNUD,2007:200).

Esta ola de sublevaciones arrinconó al PIR en un lugar cada vez más incómodo, desde donde intentaron, por una parte, apoyar las demandas indígenas y campesinas y, por otra, explicar/ justificar la violencia de las continuas sublevaciones: "sin duda alguna que los indígenas incurrieron también, durante las sublevaciones, en actos sanguinarios, ellos arrastran centurias de sufrimiento y acaso podemos explicarnos sus reacciones violentas como la obligada actitud del pueblo oprimido"²³.

Al describir las sublevaciones como actos sanguinarios, el PIR reforzaba la mirada barbárica sobre el indio que tenían sus aliados más conservadores. El PIR no cuestionó esa caracterización, sino intentó explicarla como una respuesta a las condiciones de vida que enfrentaban los indígenas.

Fue en ese ambiente de creciente descomposición política que el PIR presentó al Congreso de 1947 su más clara propuesta de reforma para el campo, que proponía la creación de un Instituto de Reforma Agraria. Éste ayudaría al "ordenamiento y racionalización científicos de la producción" y establecería, con base en criterios técnicos, la expropiación de ciertos fundos:

... pensamos que en la época inicial de la reforma agraria se debe aplicar la expropiación solamente a las propiedades comprendidas en los siguientes casos: a) las que fueran ofrecidas voluntariamente por sus dueños b) los latifundios improductivos por incuria de sus poseedores, previo informe de los organismos competentes. Nos gustaría ver grandes propiedades científica e intensivamente explotadas porque ese grado correspondería a las necesidades actuales de la revolución anti-feudal (Anaya, 1949:18).

... lo que acabo de expresar no quiere decir que desconozcamos (que): hay agricultores progresistas pero que sin embargo de serlo no pueden introducir ni la ciencia ni la máquina en sus propiedades, porque se ven individualmente impotentes para resolver estos problemas. ... el retraso de la agricultura no se puede imputar a los hacendados, sino al estado general del estancamiento feudal que sufre el campo, en estos casos, digo, el Estado debe interesarse por la suerte de los terratenientes progresistas...ayudarles a salir de los moldes feudales en que debaten acaso contra su voluntad e impulsar... las corrientes de mejoramiento y de transformación de las condiciones de vida y de producción en el campo²⁴.

Proponían, por tanto, una expropiación pausada y planificada:

es preciso comenzar por la fijación, que debe hacer el Estado, de la extensión máxima permitida por ley, para la posesión de la propiedad rural, de acuerdo a las distintas zonas del país. El Estado debe calificar la propiedad mínima, la mediana y la grande. Los excedentes del área de la grande propiedad, deben ser expropiados, ya sea para fraccionarlos en parcelas o para organizar la explotación colectiva²⁵.

Para paliar las crecientes demandas campesinas por tierra, el PIR proponía como política inmediata impulsar la colonización: "La colonización de tierras hacia el Oriente se impone como el único remedio al estado de cosas anteriormente examinado, tendrá un criterio no solo económico, sino también humano"²⁶.

Aunque fue el PIR quien promovió este proyecto en el Congreso, variantes de él circulaban en los planes de varios partidos políticos. En 1944 el Partido Socialista refirió también al derecho del Estado a expropiar latifundios: "previo pago de su justiprecio, de tierras y fundos declarados de necesidad y utilidad sociales... Anulación del latifundismo en sentido de utilizarse el excedente de tierras cultivables para trabajo y sustento del pueblo"²⁷.

Por su parte, el Partido Social Democrático, mas conservador, planteaba: "Adopción de una ley agraria que procure la formación de cooperativas de producción y distribución agrícola en que el propietario sea el empresario director y los socios industriales los trabajadores agrícolas, en las regiones sujetas al régimen de arriendos"²⁸.

Luis Ramos Quevedo, quien fue portavoz del comité organizador del Congreso Indigenal de 1945 y tuvo un rol fundamental defendiendo las demandas campesinas contra abusos de terratenientes y autoridades locales contra los campesinos (Dandler yTorrico, 1987:341; Gotkowitz, 2007:227-228), publicó en 1947 un Plan sintético para la salvación de Bolivia y la felicidad del pueblo. Notablemente, el énfasis del folleto -más que en la elite terrateniente o el gobierno conservador— estaba en el capitalismo imperialista, al que Bolivia derrotaría solo con la nacionalización de las minas. Al referirse al agro decía: "[Proponemos] organización de la explotación agropecuaria, como medio de asegurar las posibilidades de subsistencias, primero el auto-abastecimiento y después la exportación, imitando la política argentina en este aspecto. Ese plan se llamaría de aumento de producción y sería complementado con un programa amplio de vías de comunicación y transportes (Ramos, 1947).

Probablemente la posición más clara de la época fue la planteada por el Partido Agrario Nacional (PAN), bajo el liderazgo de Fausto Reynaga, quien afirmaba: "Bolivia fue y debe ser indígena...Bolivia será grande cuando los indios sean libres". Aunque el partido de Reynaga contó con muy pocos adherentes y en el espectro de partidos políticos de la década de 1940 sus posturas estaban entre las más radicales; sus proclamas se erigían como una denuncia ante la falta de claridad de los partidos nacionalistas e izquierdistas (Dandler yTorrico, 1987: 346).

A pesar de que la propuesta del PIR no era extraordinaria en el contexto político de la época y a pesar de que el PIR moderó sus planteamientos, la Federación Rural de Cochabamba (FRC) respondió airada. El tono y argumentos de Eduardo del Granado, quien fungía como representante legal de la FRC, dan cuenta de la postura política de los propietarios rurales a tan escasos años de la revolución nacional. El documento titulaba Ataque comunista del PIR a la democracia y a la agricultura²⁹. Del Granado comenzaba afirmando: "La libertad se encuentra atacada por el comunismo y nosotros inspirados por la libertad, legada por nuestros mayores, tomamos la pluma para defenderla. La Federación Rural, rompiendo el mutismo y la indiferencia del ambiente, cree de su deber defender las instituciones tutelares de la democracia y los vitales intereses de la agricultura, puestos en peligro con el proyecto de reforma del instituto agrario" (Del Granado, 1949).

Del Granado criticaba que el proyectado instituto no contemplara la representación de los propietarios rurales: "¿Por qué se trata de silenciar -criticaba Del Granado- la voz de las personas mejor preparadas y más conscientes?" Sencillamente porque el comunismo pretende controlar la planificación agraria mediante el Instituto: "¿en que quedaría el derecho de propiedad privada?" (Del Granado, 1949: 49-60).

El representante de la FRC también se refirió a la propuesta de que el instituto tuviera la potestad de expropiar fundos improductivos:

La finalidad de la expropiación es darle al colono las tierras de su patrón, para lo cual el Estado tendría que gastar ingentes sumas y luego establecer granjas colectivas, mal administradas por los funcionarios fiscales y, por otra parte, afianzar los sistemas comunarios, que en vez de ser un factor de progreso son una rémora, debido a la indivisión, que acarrea toda clase de dificultades. ...Tampoco sabíamos que dotar de tierras a los campesinos es el medio de aumentar los productos alimenticios, las materias primas de origen vegetal y dar bienestar a los trabajadores del campo. La experiencia demuestra todo lo contrario. Los campesinos propietarios o miembros de comunidades, por si solos, nunca han sido factores de progreso, debido... a su mentalidad llena de prejuicios. Por ello, en las tierras de comunarios no vemos diques, obras de regadío, caminos, nuevas formas de cultivo, estudios experimentales, uso de maquinarias. Todo eso los hace la iniciativa del patrón, que según los comunistas, es un explotador, al que hay que atacarlo sin cuartel, despojándolo de todos sus derechos y cargándole de impuestos (Del Granado, 1949: 70-72).

Y sobre la relación patrones—colonos, Del Granado apuntaba:

]]> la autoridad del patrón sobre sus colonos responde a la imperiosa necesidad de disciplina y organización en el trabajo agrícola. ... El cuidado de las sementeras, de los trojes, de los animales de labranza, ganados, requieren también atención continua e inmediata. ¿Habrá que suprimir esos servicios en homenaje al horario y por aversión al pongueaje? Dentro de nuestro régimen actual, las relaciones entre propietario y sus colonos se desenvuelven siguiendo las costumbres tradicionales, que el indígena las acata con beneplácito (Del Granado, 1949: 75).

Y sobre los anhelos de la izquierda por la "culturización del indio", Del Granado apuntó: "la experiencia nos demuestra que el indígena y aún el salvaje, dentro de un ambiente superior, adquieren el modo de vivir del civilizado (Del Granado, 1949: 77).

En un intenso debate realizado en la Universidad de Cochabamba en 1949, Mario Rolón Anaya respondió a las críticas de la FRC. Criticó que Del Granado pretendiera anular toda discusión alarmando al público con el fantasma del izquierdismo y de asumir que cualquier proyecto era un ataque a la propiedad privada:

La reforma agraria constituye necesidad harto sentida por todo el país; solo extraviados sectores empeñados en mantener como sagradas las tradicionales y anacrónicas relaciones jurídicas que dominan el agro, pueden impugnar, como ha pretendido hacerlo la Federación Rural de Cochabamba... después de más de un siglo en que dominan inalterables aquellas "costumbres tradicionales" nos hace ver que requieren de una sustantiva y radical transformación, no solo porque la esclavitud del indio a través de la ominosa institución del pongueaje es hecho que atenta contra la civilización y la dignidad de nuestro pueblo, sino porque , en un siglo y más de dominio feudal en el agro... hemos obtenido únicamente, que nuestra endeble economía nacional descanse solo en la mono producción minera (Rolón Anaya, 1949:103-106).

Además, agregaba Rolón Anaya: "ya hemos determinado...que el proyecto habla solo de expropiación indemnizada en los casos en que el latifundio no cumpla la función social que debe cumplir a través de la tecnificación y la industrialización del cultivo...la expropiación no se plantea como medida general" (Rolón Anaya, 1949:115).

El PIR se esforzaba por encontrar un punto en el que fuera posible un cambio en el área rural sin que esto significara violentar la estructura de tenencia de la tierra. Las propuestas de expropiación del latifundio eran atenuadas al señalarse que la expropiación sería parcial, con indemnización y regulada desde el Estado, etc. La drástica respuesta de la Sociedad Rural muestra el desafío de lograr algún cambio en el escenario político pre-revolucionario.

El proyecto del PIR fue rechazado en 1947 y en 1949, cuando los representantes de este partido intentaron reponer la propuesta en el Congreso. Resulta interesante anotar, sin embargo, que varias de las ideas esgrimidas en 1947 fueron incluidas en el decreto de reforma agraria de 1953. Entre ellas se puede citar la clasificación del tamaño de las propiedades dependiendo de la región, la creación de un instituto de reforma agraria, la indemnización de los latifundios afectados y la colonización como vía de salida frente a la presión por la tierra.

Pero en este mar de proyectos que intentaban diseñar modelos de desarrollo, indudablemente la gran ausente de estos debates fueron las demandas de las comunidades indígenas. Y de hecho es notable que fuera la SRB y los partidos políticos más conservadores quienes se refirieran con mayor énfasis a ellas; referirse a ellas servía para ilustrar el atraso del país y demostrar que los indígenas poseedores de tierras no serían los sujetos que garantizarían el progreso del país. Esta perspectiva no distaba mucho de la de intelectuales de izquierda y nacionalistas, para quienes las comunidades indígenas, al igual que los latifundios, también simbolizaban una rémora. Enfocados por el imán del desarrollo y la modernización, no lograron articular sus propias imágenes de futuro deseado con las demandas de las comunidades indígenas.

Es notable el énfasis y atención que recibieron los sindicatos agrarios, aunque se invisibilizaba a autoridades tradicionales igualmente activas a lo largo de este periodo. Una de las pocas referencias del PIR hacia las comunidades indígenas fue planteada por Arturo Urquidi en su libro La comunidad indígena, de 1941. Allí Urquidi apuntaba que las comunidades habían vivido en permanente estado de asalto, especialmente durante el gobierno de Melgarejo. Esto se modificó, afirmaba, con la Constitución de 1938 cuando se reconoció legalmente su existencia. Lo que queda hacia el futuro -decía Urquidi- es desarrollar las comunidades a partir de su organización en cooperativas (Urquidi, 1941). Ésta era una larga idea acariciada también por los nacionalistas. Walter Guevara Arze, en la Convención de 1938, también había planteado que habría que usarse la "natural disposición" de los indígenas al comunitarismo para organizar cooperativas. La idea tuvo impacto en Bolivia y aparecía como una faceta más refinada y estilizada de un deseo de las elites de "superar" el retraso de la comunidad.

Recibido: octubre de 2012
Manejado por: I. V.E.
Aceptado: noviembre de 2012

Notas

1 La entrevista fue realizada en Lima, el 29 de junio de 1966.

2 El texto de Sanjinés fue publicado nuevamente en 1945. En esta nueva edición Sanjinés incluyó su entrevista con Trotsky en 1937, sobre la cuestión agraria en Bolivia. Probablemente uno de los aspectos más interesantes de la entrevista residía en la lectura que el propio Sanjinés hacía del país a partir de las observaciones de Trotsky. Ante la propuesta de Trotsky de "usar" la estructura comunitaria indígena para colectivizar la tierra bajo tuición estatal, Sanjinés anotaba que en Bolivia esta colectivización no solo encontraría sus límites entre la elite terrateniente, sino entre los propios indígenas, que él describía como profundamente arraigados a su sayaña. Sanjinés describía "al indio" como "individualista, egoísta y excluyente". Trotsky sugirió además que una forma de expropiación paulatina de los latifundios podría lograrse a partir de una política impositiva más rígida que obligaría a los propietarios a deshacerse de la tierra que no estuvieran cultivando.

3 Agradezco a Pablo Stefanoni, quien me dio los datos de las personas y contextos que se refirieron al término reforma agraria durante la Convención de 1938.

4 Decreto Supremo de 22 de Enero de 1937.

6 Después de Clizay Vacas se organizaron los sindicatos de Higuera-Huayco (Tarija), Coca Marco (Arque, Cochabamba), Kochi (Punata) e Iscayachi (Tarija), todas propiedades públicas o eclesiásticas.

7 Decreto Supremo de 11 de febrero de 1942. El banco se creó con un capital autorizado de 200 millones de bolivianos y un capital pagado de 50 millones de bolivianos.

8 Decreto Supremo 0052 de 23 de febrero de 1943.

9 Resolución Suprema de 26 de febrero de 1942.

10Decreto Supremo de 9 de septiembre de 1939. El éxito de esta norma fue muy limitado, pues esta disposición fue revertida por el propio gobierno de Quintanilla, dos meses después mediante otro decreto supremo que aprobaba como valederas las ventas que había realizado el monasterio de Santa Clara a terceros.

11Decreto Supremo de 11 de febrero de 1942. El 5 de julio de 1942 se decidió que hubiera cinco representantes, de los cuales serían nombrados por el Gobierno, con el objeto claro de dar más peso a las decisiones estatales sobre las privadas.

12  Coati se creó mediante Resolución Suprema de 17 de julio de 1942. Se ratificó la creación de Coati, Todos Santos e Ichilo mediante Decreto Supremo de 18 de julio de 1942.

13  La Calle, 14 de agosto de 1943.

14  La Calle, 14 de agosto de 1943.

16 Decreto Supremo de 20 diciembre de 1946

17  Gotkowitz apunta que si bien en Guatemala y Ecuador se llevaron a cabo asambleas constitucionales en los que se adoptaron muchos de los cambios constitucionales que se aprobaron en Bolivia en 1938 y que en México y Perú se habían desarrollado congresos indianistas, era la primera vez que en América Latina se llevaba a cabo un congreso indígena a nivel nacional (Gotkowitz, 2007: 193-194).

18  Inti, 17 de mayo de 1941. Este periódico perteneció a Carlos Salinas Aramayo.

19El Diario, 10 febrero de 1946 en Antezana y Romero (1970:125).

20Revista Bolivia: La Paz: Año IX, N° 89. Mayo de 1945. La revista Bolivia fue fundada por el escritor Gustavo Adolfo Otero.

21 Revista Bolivia. La Paz: Año IX, No 89. Mayo, 1945. p. 29-31.

22  Ver los mapas de las páginas 133 y 245 del libro de Gotkowitz. Los mapas elaborados por Gotkowitz muestran continuidad en lugares en los que se arraigó la lucha de los caciques apoderados, las huelgas de brazos caídos a principios de la década de 1940 y el ciclo de sublevaciones de 1946-1947.

23Cuestiones de derecho agrario. En torno al proyecto de creación del instituto de reforma agraria. Universidad Autónoma de Cochabamba. Publicaciones de la facultad de derecho. Cuaderno No 40. Imprenta Universitaria. Cochabamba, Bolivia, 1949. P 9.

24  Ibid. p. 19.

26  Ibid. pág.20.

27  Partido Socialista. Bases y programa de acción La Paz Bolivia. Octubre, 1944. Algunos de los firmantes de este documento fueron Fernando Campero Álvarez, Abel Reyes Ortiz, Augusto Guzmán, Dámaso Eduardo Delgado, Alberto López Sánchez, José Tamayo, Enrique Baldivieso, Humberto Fossati, Zacarías Monje Gutiérrez, Walker Humérez.

28  Partido Social Democrático. Programa de Acción Política, Sucre, Bolivia: Escuelas gráficas salesianas. 1950. Entre los principales miembros del partido estaban Gastón Ardúz Eguía, Javier Caballero Tamayo, Gustavo Medeiros Querejazu, Tomás Guillermo Elío, Jaime Ossio Quezada, Mario Estenssoro.

29 "El presente estudio crítico del Dr. Eduardo del Granado, ha sido aprobado por la federación rural de Cochabamba como expresión de la defensa de los derechos del agricultor contra el comunismo" 46 Folleto publicado en agosto de 1949.

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