Democracia: apreciaciones sobre un concepto multifacético

León E. Bieber

El sistema democrático ampliamente difundido en el mundo contemporáneo enfrenta actualmente marcado escepticismo con relación a su estabilidad y perdurabilidad. En 2002, uno de sus más destacados defensores, el germano-británico Lord Ralf Dahrendorf, sostuvo "que actualmente experimentamos una severa crisis de la democracia"¹. (Dahrendorf, 2002:7) A su entender, es menester repensar, a la luz de transformaciones fundamentales que están aconteciendo y que todavía no han concluido, los fundamentos constitutivos de la democracia (Dahrendorf, 2002:8). Alegando que "[1]a actual invención dominante del significado democracia en el ámbito intelectual es una versión liberal, minimalista y procedimental, ..." y que se trataría de "un discurso de la 'democracia' profundamente ideologizado y por tanto de desconocimiento, de encubrimiento de realidades políticas de dominación ...", el cientista social Álvaro García Linera, actual vicepresidente del país, plantea que esta democracia estaría siendo cuestionada en Bolivia a partir del año 2000 por una "irrupción de la plebe en el campo político". A su entender "... la política innovada por los movimientos sociales (en Bolivia, LEB), ..., está provocando una regeneración sustancial de la democracia, y eso vale también para los propios mecanismos mediante los cuales 'la parte de los que no tienen parte' modifican el modo de producir la política". Los movimientos sociales surgidos en nuestro país, agrega líneas más adelante, estarían generando "sistemas políticos alternos capaces de cumplir de manera más eficiente y democrática que los partidos y la representación liberal la agregación de voluntades, la construcción de consensos ..." (García Linera, 2003:72-73,97).

El término central aquí en cuestión es utilizado por doquier, en conversaciones, en los medios masivos de comunicación, en trabajos académicos, en la cátedra, amén de por parte de miembros de los poderes políticos. Se mencionan las "elecciones democráticas", el "proceso democrático", la "cultura democrática", la necesidad de "fortalecer la democracia", su "fragilidad", que la "democracia aún no se consolidó", que "está amenazada", que "sus principios básicos" son cuestionados². ¿Pero, cuáles son esos "principios básicos", cuáles sus elementos constitutivos? Además: ¿es qué existe la democracia o más bien diversos tipos o formas de ella?

Dividido en cuatro acápites, el trabajo hará primero escuetas referencias sobre su desarrollo histórico. Seguidamente expondrá los elementos constitutivos y una tipología de la democracia moderna. En la tercera parte se tratarán dilemas actuales con los cuales está enfrentado este sistema político, para concluir con una serie de reflexiones sobre el mismo.

En torno al desarrollo histórico de la democracia

Si en Estados-ciudad de la antigua Grecia, particularmente en Atenas, la democracia era considerada como una de las tres formas de gobierno, al lado de la monarquía, o el "gobierno de uno solo", y la aristocracia, o el "gobierno de algunos", en el correr de los siglos ella pasó a contraponerse, primero, a formas absolutistas de poder y, en el siglo XX, a regímenes comunistas y fascistas, a gobiernos militares, a Estados teocráticos y a dictaduras de la más diversa índole.

Hasta el presente, la democracia directa que se gestó en el siglo V a.C. en Atenas, y que perduró alrededor de dos siglos³, sigue siendo considerada como la democracia clásica y fuente de inspiración del pensamiento democrático. En ella existía una participación efectiva de los ciudadanos en la "cosa pública" y era una democracia eminentemente deliberativa. Pero no conocía ni partidos ni un sistema representativo o formas institucionalizadas de trabajo gubernamental, como tampoco una división de poderes. Ella prácticamente no tenía nada en común con la democracia representativa y liberal que conocemos en nuestros días.

Además de su inspiración en el principio del gobierno del pueblo que conoció Atenas, la democracia representativa y liberal tuvo múltiples influencias hasta adquirir su textura actual. De la Roma de la antigüedad recogió la idea republicana y particularmente su concepto de libertas, vale decir el derecho a la libertad de expresión, de credo, de residencia, así como la protección del ciudadano de la arbitrariedad de los funcionarios; una forma temprana de defensa contra injerencias y transgresiones del Estado y un mecanismo para precaver formas despóticas de ejercicio del poder⁴. La tradición republicana habría de extenderse a la Italia del Renacimiento, donde ciudades como Arezzo, Génova, Florencia, Milano, Padua, Pisa y Siena habían asegurado su autonomía frente a las reivindicaciones del Papado o del Imperio, conformando un sistema político basado en consejos compuestos de ciudadanos, quienes ejercían el poder ejecutivo y judicial. Estas repúblicas italianas se entendían como contrapunto a las monarquías y a los principados; como formas de gobierno autorreguladas por los ciudadanos⁵. Reflexiones de teólogos, filósofos y juristas de la Alta Edad Media, así de Tomás de Aquino, Marsilio de Padua o Nicolás Maquiavelo, sobre los gobiernos de las ciudades libres de Italia habrían de influenciar el pensamiento político democrático y republicano de los siglos venideros. La idea de un orden político democrático también recogió elementos del cristianismo, tales como el precepto de que todos los seres humanos son iguales ante Dios; precepto que en el periodo del iluminismo adquirió validez para la vida terrenal, al proclamar la igualdad de los hombres como partícipes de la razón universal. Por su parte, el movimiento de la Reforma aportó al énfasis que habría de poner la democracia en elementos liberales, como la libertad de credo, el individualismo y la tolerancia. Sin embargo, de importancia significativamente mayor en la gestación de la democracia moderna fueron los planteamientos elaborados por Jean Bodin (1529-1596), Charles de Montesquieu (1689-1755) y Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) y por los ingleses como Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) y John Stuart Mill (1806-1873) respecto de las preguntas sobre la delegación de soberanía y poder por el pueblo a su(s) mandatario(s), la organización del poder y la relación entre sociedad civil y gobierno. Fue Locke quien, con base en el derecho natural, formuló la idea de que el hombre posee derechos inalienables preestatales. De este modo surgió el concepto de una democracia liberal que habría de combinar los procesos de la conformación de voluntad y decisión democrático-representativas con el respeto de derechos y libertades individuales⁶. Al establecer que el Parlamento como representante de todo el pueblo es el elemento medular para forjar la democracia, Mill cuestionó de raíz la democracia directa de inspiración ateniense planteada un siglo antes por Rousseau. Para Mill, no correspondía a una asamblea popular sino a un parlamento ejercer el poder supremo y controlar a su antojo toda medida de gobierno. Con la finalidad de garantizar la más amplia pluralidad, ese parlamento debía ser elegido por voto proporcional. Además, para posibilitar disputas racionales, sus miembros no debían responder a ningún tipo de mandato imperativo. Ya con anterioridad a los planteamientos de Mill, los norteamericanos Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, en sus Federalist Papers, rechazaron la democracia directa y formularon una antítesis al acatamiento sin reservas a la voluntad general concebida por Rousseau⁷, al establecer que la inevitable existencia de intereses y voluntades particulares debía ser respetada. Adscribieron, a su vez, plenamente a la democracia representativa y diseñaron un modelo político republicano, federalista y constitucional⁸. Al igual que posteriormente Mill, su propósito fue el de preservar la libertad individual y de grupos para evitar la tiranía de la mayoría. Medio siglo después de la publicación de los Federalist Papers⁹, entre 1835 y 1840, el francés Charles Alexis de Tocqueville (1805-1859), con su obra sobre la democracia en América, aportó el primer estudio politológico sobre la democracia de masas moderna.

Es interesante anotar que, cuando la democracia moderna comenzó a implementarse , primero con la independencia de las 13 colonias norteamericanas y poco después con la Revolución francesa, no se hacía referencia al término democracia; se enfatizaba, más bien, el carácter republicano del nuevo orden. Fue recién con los levantamientos populares en muchas ciudades de la Europa continental en 1848-1849, vale decir durante la "primavera de los pueblos", que democracia se convirtió en término contestatario, combativo contra el orden absolutista. A diferencia de los partidarios del sistema monárquico, las fuerzas emergentes progresistas se autodenominaron democráticas; con ello la idea de la democracia pasó a plano más importante que la republicana.

La democracia liberal y representativa propugnada desde el siglo XVII por filósofos y por los que hoy denominamos cientistas sociales y politólogos, que se inspiraron o tomaron por referencia corrientes de pensamiento, reflexiones y realidades que se remontan hasta el siglo V a.C., se plasmó, con altibajos y con diversos grados de éxito, en sistema de gobierno vigente a nivel mundial en cuatro grandes fases. La primera se remonta a la implementación de la democracia en Inglaterra, los Estados Unidos y Francia entre los siglos XVIII y XIX. Fue recién después de la Segunda Guerra Mundial que, bajo presión de los Estados Unidos y de Gran Bretaña, Alemania occidental, Italia y Japón siguieron este camino. Luego, a fines de los años 70 y en los 80 del siglo XX, se produjo la democratización de España, Grecia y Portugal; al mismo tiempo que en países latinoamericanos y del Este asiático se dieron procesos de redemocratización¹⁰. Y fue a comienzos de la última década de ese mismo siglo que, a consecuencia del derrumbe del bloque socialista, se produjo la última fase¹¹.

Todos los estudiosos coinciden en señalar que la democracia ateniense sólo pudo funcionar gracias a su limitación geográfica y demográfica¹², y, no sin razón, algunos agregan que también la supremacía militar y el sistema esclavista contribuyeron a ello. No sorprende, por tanto, que la democracia representativa moderna haya surgido como resultado de la creciente complejidad de las relaciones sociales a consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas, sobre todo debido a la industrialización y a la concomitante ampliación de los mercados nacionales. A su vez, fue producto de las revoluciones burguesas en Inglaterra, en los Estados Unidos y en Francia en los siglos XVII y XVIII. Con estos acontecimientos, las relaciones humanas sufrieron una profunda transformación; más y más ellas dejaron de tener cualquier adscripción divina o natural. Fue en este contexto que la idea de un contrato entre los individuos como base de la creación de un Estado adquirió relevancia política y pasó a combinarse con la idea de los derechos individuales derivados del orden natural. Con ello, el individuo, su libertad y su derecho a la integridad corporal y al libre usufructo de sus bienes se convirtieron en elementos cardinales de la democracia. La democracia representativa fue el mecanismo para instituir una democracia en un espacio geográfico amplio, económicamente cada vez más complejo, socialmente heterogéneo y con intereses divergentes.

Aunque en su estructuración son sumamente heterogéneos¹³, regímenes democráticos tienen principios comunes que se nutren de idearios políticos de diversa naturaleza: del democrático, del liberal y del igualitario social. Lo que sin embargo puede ser considerado común a estos sistemas de gobierno, y ello es reconocido ampliamente, es que toda democracia basada en elecciones libres, universales e iguales no puede sobrevivir sin las garantías de derechos liberales y sin un Estado de derecho (Puhle, 2004:24-25 y Burchardt, 2004:152).

Entre los principios constitutivos de raigambre eminentemente democrática que caracterizan a una democracia moderna destaca el de la soberanía popular. Producto del planteamiento de la filosofía del iluminismo de que los hombres son libres, racionales e iguales, la soberanía popular es el principio justificador y legitimador decisivo de la democracia. Ella configura al Estado en forma autónoma.

Soberanía popular implica necesariamente garantizar la participación permanente de hecho y de derecho de todos los ciudadanos en la política, mediante el derecho universal al voto¹⁴ y el derecho a ser elegido. Íntimamente vinculado a este principio está la alternancia en el ejercicio del poder. A su vez, ésta presupone un sistema pluripartidario. Principio constitutivo de fundamento democrático también es la desconcentración del poder en diferentes instancias que se controlan mutuamente. En una democracia ninguno de los poderes puede funcionar sin la existencia de los otros¹⁵.

A los elementos constitutivos de raigambre liberal de un orden democrático corresponde sobre todo la vigencia de los derechos humanos, que resguardan una esfera privada intangible para el Estado, así como los derechos cívicos, que crean el espacio público que permite el intercambio de ideas y, con ello, el proceso de comunicación e interacción del que precisa una democracia. Se constituye así un Estado de derecho que garantiza las libertades de expresión¹⁶, de reunión, de asociación, de coalición, de información, de organización, de realizar manifestaciones, así como el derecho a la educación y a que el individuo desarrolle sus capacidades. Al liberalismo político también le es inmanente el pluralismo¹⁷ y, por ende, el conflicto y la discusión. Además, al sostener una concepción filosófico-política que admite y acepta como ilusión la existencia de una sociedad perfecta, la democracia liberal parte de su propia imperfección, de sus paradojas. Y, al conceder su carácter incompleto, ella se distingue nítidamente de aquellos regímenes totalitarios del siglo XX que postularon el sueño de una sociedad perfecta capaz de dar solución a todos los problemas.

En cuanto a los principios igualitario-sociales, una democracia provee a sus súbditos, a distintos niveles y en conformidad a legislaciones vigentes, de beneficencia mínima para la supervivencia, o, en la medida que el país se reconoce como Estado social, de determinado bienestar material, tendiente a menguar contrastes y tensiones sociales y a otorgar al ciudadano carente posibilidades de participación en la vida nacional¹⁸. En este contexto, cabe señalar que, en una democracia liberal, igualdad significa igualdad ante la ley, significa no discriminación por razones de género, raza, religión, descendencia u origen familiar, pero no denota igualdad económica y social.

Si bien sistemas democráticos adhieren básicamente a los principios constitutivos reseñados, el grado de importancia y de observancia que le son otorgados varía de país a país. Estas disparidades son resultado de diferencias ideológicas y/o de la estructuración del poder político.

Así, a nivel ideológico podemos distinguir entre democracias conservadoras, pluralistas, con amplia participación de masas y socialistas. Las designadas en primer término parten de una visión antropológica que, negando un postulado básico de la Ilustración, no considera al ser humano racional, emancipado y responsable, sino más bien egoísta y pecaminoso. En consecuencia, sus teóricos insisten en que se precisa de un Estado con autoridades e instituciones políticas firmes para controlar, apaciguar y unir a los ciudadanos. Por tanto, la sociedad debe subordinarse al Estado y la participación ciudadana debe ser limitada. La participación de grupos de interés y de presión en la política es vista con fuerte escepticismo y hasta rechazada, ya que podría debilitar el poder del Estado en favor de un dominio de asociaciones¹⁹. A la participación popular se antepone la necesidad de competencia y experiencia para manejar la cosa pública²⁰. En contraposición a esta visión conservadora, una democracia pluralista considera que el hecho de que el ser humano sea egoísta y busque lograr sus designios sería, por el contrario, una condición y una chance para una democracia dinámica. Los conflictos de intereses no son considerados perniciosos. Siempre y cuando el consenso democrático básico sea conservado, pugnas y rivalidades constituyen, más bien, un potencial para solucionar problemas políticos²¹. Proyectos democráticos con participación directa de masas populares en la política se han dado con las "sociedades revolucionarias" en el transcurso de la Revolución francesa, con la Comuna de París en 1871 y en forma de "soviets" o consejos de soldados, trabajadores y campesinos durante la segunda y la tercera década del siglo XX en diversos países de Europa. En todos estos casos, amplias partes de los estratos bajos de la población buscaron reeditar, a imitación de la democracia ateniense y en base a planteamientos de Rousseau, una efectiva participación del pueblo en la cosa pública. El dilema y drama de estos proyectos no lo constituye sólo su fracaso, sino, sobre todo, que en varios casos desembocaron en dictaduras totalitarias²². A diferencia de las concepciones democráticas conservadoras y pluralistas, el socialismo democrático postula la necesidad de que el Estado, aparte de las tareas clásicas que tradicionalmente le han sido conferidas, asuma otras para lograr igualdad y justicia social. La ampliación del Estado social mediante la intervención del Estado en la economía tiene rango prioritario en esta concepción que aspira a controlar, en mayor o menor grado, la economía de mercado. En contraposición a la concepción democrática conservadora, que ve en una fuerte injerencia popular en diversos campos de la vida nacional una politización indeseable y peligrosa para la eficiencia estatal, el socialismo democrático propaga, apoya y fomenta la activa participación del ciudadano en la vida escolar, en la esfera de la producción y en los medios masivos de comunicación.

Entre otras variantes de mucha menor importancia, por su estructuración, una democracia puede ser directa, representativa, fuertemente deliberativa o de marcada tendencia al compromiso, parlamentaria o presidencialista. Como ya se ha señalado, el representante más connotado de la democracia directa fue Jean-Jacques Rousseau, quien se opuso a la idea de la división de poderes adelantada por Montesquieu, y para quien el pueblo debe decidir directamente y sin mediación alguna sobre sus asuntos²³. Hoy este tipo de democracia ya sólo se practica en algunos cantones suizos (cf. Vorländer, 2003:112-113) y en reuniones municipales (townhall meetings) en ciertas partes de los Estados Unidos. Aunque cabe señalar que referéndum y plebiscitos también son formas de democracia directa; y se limitan a decidir cuestiones de importancia trascendental a nivel nacional, particularmente cambios en la Constitución. En una democracia representativa, el pueblo debe enviar representantes a un parlamento mediante elecciones. Por el periodo limitado de su gestión, éstos toman a su cargo la tarea de legislar y de controlar al gobierno. John Stuart Mill, el representante más conspicuo de esta vertiente, abogó por una democracia representativa en la cual también estén representados los intereses y las opiniones de las minorías, y que éstas obtengan la posibilidad de adquirir influencia (Mill, 1971:143). Existen democracias, como la británica, en las cuales los partidos debaten con vehemencia en base a diferencias ideológicas, programas y/o a promesas hechas al electorado, y en las cuales la mayoría decide imponiéndose claramente a la minoría. Democracias de esta naturaleza sólo parecen ser viables donde hay una cultura política relativamente homogénea, un sistema bipartidista y un sistema electoral de simple mayoría. Por el contrario, en sociedades nacionales heterogéneas (sea étnicamente, por la lengua o por el credo) el sistema democrático privilegia mecanismos que promuevan el consenso; por ende, se da particular importancia a las negociaciones y se presta atención a la participación de las minorías en los procesos decisorios. En democracias de esta naturaleza existe una clara tendencia al corporativismo, generalmente manifiesto en acuerdos entre instituciones empresariales, sindicatos y gobierno. En cuanto a la democracia parlamentaria y la democracia presidencialista, sólo cabe aludir a las notables diferencias existentes en la conformación del poder ejecutivo o en el poder del parlamento en países como los Estados Unidos o latinoamericanos, por un lado, y Gran Bretaña y la República Federal de Alemania, por el otro²⁴.

Dilemas y problemas de la democracia moderna

La democracia siempre está enfrentada a la difícil tarea de buscar un equilibrio entre la soberanía de la mayoría y la soberanía constitucional o de leyes consuetudinarias destinadas a unir a los ciudadanos²⁵. Ella tiene que lidiar por mantener armonía entre eficiencia gubernamental y participación social, entre decisión mayoritaria y resguardo de las minorías, entre continuidad y organización de cambios. Basada en la pluralidad de opiniones y en una reiterada rotación de gobiernos, se debate constantemente en conflictos y en disputas de ideas y concepciones, a veces no exentas de visiones utópicas. De ahí el constante peligro de que su grado de estabilidad disminuya, pudiendo desembocar en un alto grado de inestabilidad. Enfrenta incesantemente la dicotomía entre libertad e igualdad. La libertad ilimitada de cada uno tarde o temprano conduciría al dominio de los más fuertes o poderosos y, concomitantemente, a marcadas desigualdades económicas, sociales y jurídicas. Por otro lado, absoluta igualdad económica y social sólo es posible reprimiendo la individualidad, vale decir, poniendo coto a la libertad. Colocada en esta disyuntiva, la democracia liberal siempre ha puesto mayor énfasis en la libertad que en la igualdad²⁶.

Con ello se corre el riesgo que, debido a fuertes o crecientes desigualdades sociales, fuerzas políticas, en un intento de querer suprimirlas, terminen eliminando la propia democracia. En la democracia representativa hay una marcada tendencia a dejar en manos de los políticos las cuestiones públicas, mientras la mayoría de la población permanece atomizada y sobre todo consagrada a satisfacer sus intereses materiales. Por otra parte, la administración pública adquiere peso cada vez mayor en los procesos decisorios. Ello determina un divorcio entre Estado y sociedad, con diversos grados de intensidad. La consecuencia es la apatía política, ciertamente negativa para el funcionamiento de la democracia, pero constitutiva de ella. Conjunta o paralelamente a los políticos y a la burocracia estatal, han sido los partidos los que han adquirido cada vez más peso e importancia, en muchos casos hasta decisivos, en los regímenes democráticos. Ellos han "colonizado" buena parte de la esfera pública, no sólo al fijar un segmento nada despreciable de la agenda de temas a ser tratados, sino también al ejercer fuerte influencia para el acceso a cargos públicos. Aunque no existe una explicación unívoca para una creciente abstención electoral, no hay duda de que en muchos casos ella responde a un desencanto con la política, pero en medida mucho mayor con los partidos²⁷. Y está fuera de cuestión que en no pocos países democráticos la abstención electoral muestra una curva ascendente. Manifestación del desencanto con la política lo es también la creciente tendencia de los ciudadanos a comprometerse en actividades de asociaciones de la sociedad civil (clubes, iniciativas ciudadanas, comités cívicos, grupos de ayuda y de autoayuda, organizaciones no gubernamentales de todo tipo), virando la espalda al campo político²⁸. Democracia ya no es entendida como política, sino como forma de vida (Beck, 1993:149ss.). Con ello se debilitan las grandes organizaciones políticas, como los sindicatos y los partidos, hecho que coadyuva a erosionar la democracia.

La impetuosa globalización de la economía²⁹ y el poder que ésta ha ganado a nivel mundial a partir de la última década del siglo pasado, la concomitante internacionalización de la política (Dahrendorf, 2002:15-26), la búsqueda de soluciones a problemas ecológicos, las masivas migraciones internacionales, los desafíos de fundamentalismos étnicos y religiosos han determinado situaciones que no pueden ser solucionadas a nivel de Estados nacionales. Con ello la política nacional ha perdido importancia e incidencia en el propio país³⁰. Este hecho cuestiona, a su vez, el orden y el sistema democráticos; mientras éstos pierden ascendiente, aumenta el poder de articulación de entes transnacionales sin legitimación democrática. Al respecto se plantea la pregunta: ¿Qué sentido tiene la democracia si la política está condenada a moderar desarrollos determinados por factores económico-financieros, tecnológico-científicos, sociales, climáticos, etc., que escapan completamente a su control? El desplazamiento de importantes y trascendentales decisiones políticas del Estado nacional a gremios internacionales con difusa o insuficiente legitimación democrática está en contradicción con la idea primigenia de que en una democracia el pueblo es el soberano absoluto en materia política³¹. No hay duda que la globalización profundiza el problema de la ejecución de políticas nacionales y con ello la legitimidad de una democracia.

Reflexiones finales

La estabilidad y supervivencia de una democracia depende, ante y sobre todo, de la conciencia democrática de sus habitantes. Democracia "no sólo son elecciones o libertad de expresión", ella es "una auténtica forma de vida que requiere una cultura política afín a sus principios y valores" (Varnoux, 2005:9). La experiencia histórica de los siglos XIX y XX ha demostrado que la perdurabilidad de este sistema político está condicionada³² por la tradición con la que cuenta en el territorio nacional³³, por la vigencia de una sociedad civil autónoma que en su gran mayoría respeta los mecanismos democráticos para solucionar conflictos y acepta el compromiso para dirimirlos, también en situaciones en que la democracia no funciona bien, o deja que desear³⁴, y que, a su vez, depende de la determinación de un respetable porcentaje de la población a participar no sólo en procesos electorales, sino en los asuntos públicos y de, al menos, tener un razonable conocimiento de ellos. La desconcentración del poder, tanto del político como del económico, social y cultural³⁵, la capacidad del control civil sobre las fuerzas del orden y las fuerzas armadas, la honestidad y credibilidad de sus representantes³⁶, la capacidad de los gobernantes de hacer prevalecer el primado del bien público sobre los intereses particulares, de lo político sobre lo económico³⁷, sin perder de vista la necesidad de implementar medidas que beneficien a los habitantes, de tal modo que reduzcan fuertes tensiones sociales sin coartar la libertad política³⁸, son condiciones que juegan un rol destacado en lo referente a resguardar, fortalecer y asegurar vigencia al orden democrático.

Al responder a una concepción filosófico-política que admite y acepta como ilusión la existencia de una sociedad perfecta, la democracia liberal y representativa admite su imperfección y las paradojas en las que se debate. Siendo así, ella no se siente limitada a una realidad cerrada y/o acabada. Al conceder su carácter incompleto, su relatividad, dejando de lado lo absoluto, se distingue nítidamente de aquellos regímenes del siglo XX que postularon el sueño de una sociedad perfecta, sea basada en una sociedad sin clases o en una con claro predominio de una raza considerada superior³⁹. Fue precisamente en este contexto que Winston Churchill, en una oportunidad, en la Casa de los Comunes, calificó a la democracia como la peor forma de gobierno, hecho que, agregó, vale exceptuando todas las demás formas de gobierno ensayadas hasta el presente (Churchill, 1974:7566). Sin embargo, vale reflexionar una vez más sobre lo planteado al inicio de este trabajo. En el siglo XX, la democracia obtuvo importantes impulsos y legitimidad gracias a su disputa con sistemas de gobierno totalitarios o autoritarios. Cabe preguntar si, considerando, por un lado, las dificultades y los problemas reseñados que ella enfrenta, y la desaparición masiva de dictaduras a partir de la segunda mitad y sobre todo a fines de esa centuria, por el otro, no ha perdido el sistema democrático parte de su fascinación y su fuerza.

1 Todas las traducciones al castellano son del autor de este aporte.

2   A guisa de ejemplo, véase Laserna (2004:VII,3s.,7s.)y Varnoux (2005:7 ss.).

3   En el siglo V a.C., Atenas contaba con alrededor de 200.000 habitantes, de los cuales unos 60.000 eran hombres. De éstos aproximadamente la mitad eran ciudadanos, vale decir personas con derechos políticos. Fueron básicamente dos factores los que posibilitaron el orden democrático en esa polis. Por un lado, el mantenimiento de esclavos que facilitaba a una parte de la población con derechos ciudadanos a dedicarse al debate, a la deliberación y a ocupar cargos públicos. Por el otro, los tributos que colectaba de otras regiones y su próspero comercio gracias a su supremacía naval; factores que permitieron, entre otros, remunerar cargos públicos. La democracia se consumó el 458 a.C., cuando se amplió substancialmente el derecho a ocupar cualquier cargo público. Habiéndose convertido la flota en el instrumento militar más importante de Atenas, fue menester contar con la absoluta lealtad de sus remeros, hombres reclutados entre los trabajadores y los artesanos; sólo así el Estado-ciudad podía conservar su posición de potencia militar. Esto fue lo que obligó a extenderles los derechos de participación política. Sobre la democracia ateniense, véase Vorländer (2003:13-38).

4   Cabe aclarar que la república romana no era democrática. Respondía, más bien, al tipo de gobierno oligárquico, con claro predominio de la nobleza, la cual gobernó gracias al control que ejerció sobre el Senado. La libertad en esa república no fue considerada un derecho fundamental universal de la persona y no conoció codificación jurídica.

5   Este tipo de poder también existió en ciudades germanas, de los Países Bajos y en Suiza, donde, al igual que en las italianas, los ciudadanos estaban protegidos contra apresamientos arbitrarios y tenían el derecho de disponer libremente de sus bienes.

6   Esta concepción encontró su primera concreción en la Constitución de los Estados Unidos, en la cual se estipula: "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness. That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government...".

7   Rousseau planteó un modelo de democracia directa conforme al cual todos los ciudadanos deben participar con los mismos derechos en la asamblea popular y constituirse en el poder estatal soberano. El pueblo, vale decir el soberano, es legislador y gobierno a su vez, promulga leyes y determina las medidas para su aplicación. Su poder es absoluto, no transferible, indivisible e inalienable. Sostuvo la idea de que en la asamblea del pueblo siempre se impondrían la razón y la justicia y que la voluntad general (volonté générale, esa categoría central de su pensamiento), o "verdadera voluntad del pueblo", es infalible, ella no puede equivocarse. (Rousseau [2000] :59-60,65-68,91- 95)

8   Para los autores de los Federalist Papers, la representación política debía contar con dos cámaras. Launa, el Senado, reflejaría la presencia de los estados federados; la otra, la de representantes, estaría conformada por la ciudadanía en su conjunto. Con su propuesta del federalismo, Hamilton, Madison y Jay introdujeron un elemento que hasta entonces no había merecido mayor atención en el debate sobre democracia. Con ello plantearon una división de poderes horizontal y vertical.

9   Publicados inicialmente entre octubre de 1787 y mayo de 1788 en forma de 85 artículos en periódicos de Nueva York, los Federal Papers aparecieron poco después como libro con ese nombre.

11  En la Europa oriental actual indudablemente países como Chequia, Hungría, Eslovenia o los países bálticos cuentan con democracias mucho más estables que Rumania o Bulgaria. Detalles más específicos sobre las fases de implementación de la demo cracia a nivel mundial traen Vorländer (2003:6-8,93-94) y Puhle (2004:15-16).

12  Que una democracia directa requiere de varias condiciones para funcionar lo admitió hasta su más distinguido representante, J. J. Rousseau, al señalar que ella debía reunir los cuatro requisitos siguientes: "En primer lugar, un Estado muy pequeño en que sea fácil congregar al pueblo y en el que cada ciudadano pueda conocer fácilmente a todos los demás; en segundo lugar, una gran sencillez de costumbres, ...; además, mucha igualdad en las categorías y en las fortunas ...; por último, poco o nada de lujo, ...". (Rousseau [2000]:100)

13 Así, por ejemplo, la división de poderes (fundamental para todo sistema democrático) es relativamente sencilla en Gran Bretaña si comparada con la de países federales como Alemania, los Estados Unidos o Suiza, países en los que, aparte de la clásica división horizontal de poderes (ejecutivo-legislativo-judicial), existe una vertical, vale decir una en la cual los Estados federados y/o las comunas disponen de poderes y derechos de decisión propios.

14 El voto universal masculino fue introducido en 1848 en los Estados Unidos y en Francia, y entre 1848 y 1879 en Suiza. Fue durante la Primera Guerra Mundial y poco después de su finalización que este principio se expandió a los países más desarrollados en aquel entonces. El derecho al voto para mujeres tuvo su debut en Nueva Zelanda, en 1893. A inicios del siglo XX siguieron Australia, Finlandia y Noruega; y luego de la Primera Guerra Mundial lo hicieron Alemania, Suecia, varios países de Europa occidental, los Estados Unidos y, con el Representation of the People Act de 1918, Inglaterra. Bélgica, Francia, Italia, otros países europeos y el Japón recién dieron este paso una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial; Suiza lo hizo en 1971.

15 Así, el poder ejecutivo tiene que actuar en el marco de las leyes y del presupuesto decretados o avalados por el poder legislativo; éste es inoperante sin aquél. El poder judicial sentencia en base a las leyes decretadas por los otros dos poderes y controla al ejecutivo.

16 La libertad de expresión presupone la existencia de medios masivos de comunicación libres de toda censura y manipulación estatal. Sólo así es posible revelar públicamente irregularidades, abusos, escándalos, corrupción, etc.

17  Pluralismo social y político significa el reconocimiento de que en el territorio nacional coexisten diversos intereses, interpretaciones, opiniones y formas de vida, los cuales son respetados. Íntimamente ligado al respeto del pluralismo está el derecho de los ciudadanos a coligar libremente; no sólo en partidos o sindicatos, sino también en iniciativas ciudadanas, en asociaciones de beneficencia de la más diversa índole, en asociaciones de credo, de ideología, de concepción del mundo.

18 Al respecto, existen notables diferencias entre, por ejemplo, los Estados Unidos, por un lado, y el grado de asistencia social mucho más amplio que otorgan países como la República Federal de Alemania o los países nórdicos europeos.

19 Aquí se teme sobre todo la influencia del sindicalismo.

21  Representante teórico paradigmático de esta concepción es Ernst Fraenkel (1973, particularmente p. 200ss.).

22  Lo planteado no significa descalificar todo intento o toda propuesta de una participación masiva en ámbitos públicos, como ser en comités de barrios, en cuestiones laborales, escolares, de salud, etc.; vale decir de hacer valer el principio de subsidiariedad, disminuyendo con él la presencia del Estado o de los partidos en la esfera pública.

23  Rousseau buscó "desarrollar una teoría política absolutamente racional lógica ... basada en la filosofía de la libertad del iluminismo. Todo poder del Estado debe emanar estricta y directamente de un principio. Este principio es el de la soberanía popular. Ésta es inalienable y no puede delegarse a representantes y a un ejecutivo que les esté enfrente. A la soberanía popular le corresponde toda la soberanía estatal. ... Por lo tanto, el poder no es divisible, sino que, al contrario, debe estar concentrado." (Schwan, 1991:219s.) Cabe señalar que Carlos Marx detectó, en la mejor tradición de Rousseau, una democracia directa en la Comuna de París de 1871. Al elegir a consejos municipales que desempeñaban tanto funciones legislativas como ejecutivas, ella habría conformado un sistema de consejos democráticos enraizado en el poder de la clase trabajadora y se habría constituido en el arma política para superar el orden burgués capitalista.

24 No solamente existen marcadas diferencias entre sistemas democráticos presidencialistas y parlamentarios; entre cada uno de estos sistemas también se dan casos disímiles. Una forma híbrida entre ambos es la quinta república francesa, instaurada por Charles de Gaulle en 1958 y vigente hasta el día de hoy.

25 Mientras la soberanía de la mayoría pone énfasis en el rol del pueblo, vale decir, en la satisfacción de sus demandas, la soberanía constitucional busca la objetividad y perseverancia de la ley. De ahíla permanente tensión que existe para conciliar la una con la otra.

26 El intervencionismo estatal a favor de menesterosos no está exento de la crítica de poner en peligro la libertad. Al respecto, se aduce que, al elevar constantemente los impuestos para financiar determinadas prestaciones sociales, como ser pagos a la cesantía, el Estado acostumbra a ciudadanos a no preocuparse o empeñarse por cautelar su bienestar presente y futuro, llevándolos a la dependencia e irresponsabilidad; con ello paraliza la iniciativa individual. También se alega que el Estado social tiende a convertirse en una enorme empresa de manutención.

27  Refiriéndose al desempeño de los partidos políticos bolivianos en el último cuarto siglo, L. F. Azurduy escribe que éstos "..., que debían actuar como fiduciarios de la voluntad popular, no estuvieron a la altura de sus obligaciones, convirtiéndose más en clubes de negocios o en simples máquinas electorales para hacerse cargo de necesidades particulares. La política, en ese sentido, se convirtió en el mecanismo para perpetuar el poder de unos pocos, desoyendo al soberano. De ahí que en la mayoría -sino en todas- de las encuestas de aprobación de instituciones públicas, los partidos políticos figuran entre los últimos lugares." (Azurduy, 2005:65-66).

28 Aludiendo a este particular en cuanto a la realidad boliviana contemporánea, L. F. Azurduy constata: "Es evidente que la gente se siente más representada por estas organizaciones (COB, COR, CSUTCB, CAINCO, CAO; LE B) que por los partidos políticos, ..."(Azurduy, 2005:67).

29 A consecuencia de mayores posibilidades de transporte y comunicación y del desmoronamiento del bloque socialista se ha acentuado mucho más el carácter global de la economía. Estamos frente a un vertiginoso encadenamiento de la economía y de los mercados financieros. A su vez, en la esfera de la producción productos industriales en sumo grado sofisticados, que otrora sólo se producían en países altamente desarrollados, han pasado a ser fabricados en los más diversos países asiáticos, del Este europeo o latinoamericanos.

31 Para atenuar esta realidad se discute el concepto de global governance. Ésta propone que la implementación de medidas y metas de cuestiones que son discutidas y decididas en foros internacionales, como la protección del medio ambiente, se realicen a nivel nacional, regional o comunitario, donde obtendrían o contarían con la legitimidad democrática ("Think global, act local" es la consigna que acompaña esta visión). Con ello, global governance estaría institucionalizando una nueva forma, más limitada por cierto, de soberanía nacional.

32 Las condiciones para la perdurabilidad de un sistema democrático tratan extensamente Dahl (1989) y Schmidt (2000).

33 Los casos de Inglaterra, los Estados Unidos y Suiza son por demás elocuentes al respecto.

34 Existen muchos países que cuentan con una constitución y con instituciones de carácter democrático pero donde la cultura política de un significativo porcentaje de los ciudadanos no es afín a los valores y normas de una democracia liberal. Éste es el caso de más de uno de los países de Europa oriental, donde expectativas iniciales con el orden poscomunista fueron frustradas y donde sobreviven viejas concepciones que privilegian la seguridad a la libertad, el consenso frente a la disputa y al conflicto, el sistema político jerárquico autoritario al pluralista participativo. En cuanto a la América Latina, una encuesta realizada a comienzos del siglo XXI por dos importantes corporaciones concluye que sólo un 48% de su población apoya a la democracia y que un porcentaje aún mucho menor, el 25%, está satisfecha con ella. (Democracia en América Latina, 2002:35-37).

35 En la medida en que genera competencia, el laissezfaire en la economía favorece el incremento de la producción, la oferta y la reducción de precios. El pluralismo social, con su diversidad de asociaciones, promueve civismo, dando vitalidad a la democracia, y un desarrollo cultural y científico no subordinado a la tutela del Estado fomenta la creatividad.

36  Con toda razón se afirma que, por ejemplo, en América Latina "hay algo que está socavando profundamente los gobiernos democráticos y la cultura democrática ..., es la corrupción. Nada desmoraliza tanto a una opinión pública como comprobar que aquellos a quienes se ha elegido en comicios libres para ocupar cargos públicos utilizan esos cargos para traficar y enriquecerse. ... La corrupción ..., puede conducir al deterioro, incluso al desplome, de esas jóvenes democracias." (Vargas Llosa y Krauze, 2006:14)

37  Refiriéndose a la situación de Bolivia a este respecto, F. Gamboa anota acertadamente que, desde que el país transitó a la democracia en 1982, enfrentó una serie de nuevos problemas, entre ellos, "emprender un difícil equilibrio entre democracia representativa y economía de libre mercado". Agrega que ésta y otras razones "provocan ... permanentes desencuentros entre el Estado y la sociedad civil, lo cual tiene un enorme influjo sobre el tipo de democracia que podría consolidarse ..., o también sobre un posible fracaso de la misma en el largo plazo". (Gamboa, 2001:82).

38 La paz social y con ello potencialmente el orden democrático estarán amenazados si el Estado no dispone de leyes que permitan controlar un capitalismo desenfrenado (regulación de procesos de concentración y centralización de capitales, de respeto a normas laborales y de salud) y si no garantiza, al menos, salarios mínimos para la existencia y cuotas de beneficencia para los más necesitados.

39 Al respecto, es interesante notar que estos regímenes fueron, en medida nada despreciable, respuestas, precisamente, al carácter intrínsecamente imperfecto de la democracia.

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