Identidad nacional y ciudadanía en tiempos del Estado Plurinacional

National identity and citizenship in the era of the Plurinational State

Fernando L. García Yapur¹

 Fecha de recepción: mayo de 2014
Fecha de aprobación: mayo de 2014 ]]> Versión final: junio de 2014

El autor analiza la relación entre identidad nacional y ciudadanía desde la perspectiva de la participación política de las poblaciones indígenas campesinas y, con ello, de la producción de mecanismos de mediación e intercambios políticos establecidos por estos sujetos con los proyectos de Estado Nación de las elites. En ese marco, reflexiona sobre la identidad compuesta: “inclusiva” y “exclusiva” de ciudadanía, y el devenir Estado (Plurinacional) de los campesinos indígenas en Bolivia ocurrida con y a través del MAS-IPSP en el marco de la democracia representativa.

Palabras clave: identidad nacional / ciudadanía / Estado Nación / campesinos - indígenas / Movimiento al Socialismo / Estado Plurinacional

This article analyses the relationship between national identity and citizenship from the perspective of political participation by rural and indigenous people and, with it, the creation of mediation mechanisms and political exchanges established by these subjects with the nation-state projects of the elites. Within this framework, it reflects on the compound identity of rural and indigenous people - both “inclusive” and “exclusive” of citizenship and the development of the (Plurinational) State - brought about with and through the MAS-IPSP in the context of representative democracy.

Key words: national identity / citizenship / nation-state / rural-indigenous people / Movement for Socialism / Plurinational State 

En la literatura de las ciencias sociales bolivianas existen diferentes estrategias para abordar el asunto de la nación y la ciudadanía que han configurado distintas narrativas de explicación e interpretación política. En todos los casos se ofrecen hipótesis y reflexiones sobre el estado de situación de la identidad nacional y en torno al registro o alcance de la ciudadanía lograda, lo cual habla ya de por sí sobre la naturaleza polémica de ambas nociones. ]]> Como se sabe la nación remite a la dimensión de pertenencia e integración social que una comunidad política trae consigo: la reproducción de recursos simbólicos, memoria histórica, prácticas e imaginarios colectivos. Así, la nación es la identidad colectiva que se configura en la medida en que las dinámicas sociales, económicas y políticas ocurren; es un producto de los avatares históricos más que un deseo colectivo fijo e inalterable. El proceso no es lineal y el imaginario de nación tampoco es necesariamente coherente y final.
Por su parte, la ciudadanía deviene en un recurso formal de vinculación de los miembros de la comunidad con el Estado o poder político, un estatus legal que confiere derechos a los miembros de la sociedad y que el Estado reconoce como el basamento de su estructura institucional y fin. Supone el fluir de dinámicas sociales que continuamente reinventan su concreción política: el registro, adscripción o forma de acceso al goce y garantías de los derechos individuales y colectivos. En ese sentido, la ciudadanía tiene una naturaleza historiable pues es un referente “universal” puesta en relación polémica para su comprobación u operación práctica (Arditi, 2007).
Sobre la base de los hallazgos de la investigación “Las facetas entrecruzadas del MAS-IPSP. Ciudadanía y devenir Estado de los campesinos indígenas en Bolivia”, presentamos, aquí, reflexiones analíticas en torno a la identidad nacional y la ciudadanía en el marco del asentamiento del Estado Plurinacional comunitario, un proyecto o imaginario del devenir Estado de los campesinos indígenas que reinventa a la nación boliviana.
Para el efecto, inicialmente, procedemos con el tratamiento de las categorías analíticas de identidad nacional e identidad compuesta de ciudadanía; luego, abordamos sintéticamente la relación entre identidad nacional y ciudadanía como parte de los proyectos de Estado Nación dilucidados a lo largo de los siglos XIX y XX, para, finalmente, concluir con el análisis del devenir Estado de campesinos indígenas acaecida a través del Movimiento al Socialismo -Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP)- en el marco de la democracia representativa y el Estado Plurinacional.

1. Identidad nacional e identidad compuesta de ciudadanía

La identidad es siempre una construcción en ciernes, un “por venir” que se visibiliza como un hacerse en la medida en que los hechos suceden. En este “por venir” hay un conjunto de estructuras sedimentadas en la memoria individual y/o colectiva. El “por venir” de la identidad nacional no opera en el vacío sino en un campo de significaciones y estructuras que la sostienen y sobredeterminan (Arditi, 2007; Laclau y Mouffe, 1987; Derrida y Roudinesco, 2003).
Las determinaciones acumuladas que dan cuenta a la edificación de la identidad nacional son múltiples y de distinto tipo. Implican, en la mayoría de los casos, la vivencia colectiva de determinados momentos y hechos que por su intensidad se expanden como un manto que cubre a los miembros de la comunidad política (Antezana, 1991). A través de estas vivencias nos constituimos en sujetos nacionales, en una identidad nacional que nos convoca y congrega. Por ello, la vivencia colectiva es un momento de intersubjetividad social amplia que nos marca y compartimos como una identidad “inclusiva”, “un nosotros común”: los bolivianos.
En cambio, las identidades particulares son “exclusivas” y son de distinto calibre o estructura respecto a su alcance y cobertura, se caracterizan por ser de múltiple variación y gravitación; existen las que se asientan en dinámicas “densas” como en “frágiles” y “evanescentes”. Las “densas” son las menos contingentes puesto que presuponen estructuras de sedimentaciones sólidas; por ejemplo, las identidades colectivas de base territorial, étnico-culturales, regionales, de clase, de género, etcétera. Las “frágiles” como las “evanescentes” son mucho más contingentes pues varían y permanecen según las circunstancias, la temporalidad del asunto, la coyuntura, etcétera.
Las vinculaciones de lo “exclusivo” con lo “inclusivo” y, a través de ellas, la producción de lo nacional son también de registro variable, múltiple y complejo. Por ello, se dice que toda identidad es relacional y contingente; no hay una forma de concreción final, pura o última de la identidad nacional. Lo relacional y contingente tiene que ver con el carácter nómada de las identidades colectivas, lo cual tampoco implica que sea fútil. Hay una idea formulada por los filósofos franceses Gilles Deleuze y Félix Guattari que establece que toda identidad es metaestable, esto es, una identidad es un estado de equilibrio variable, oscilante. Algo es metaestable, menciona Benjamín Arditi (2007), “cuando pasa de un estado a otro tan lentamente que parece estable” (37). ]]> Esta idea es importante para entender la relación y las disyunciones entre identidades particulares o exclusivas y la identidad nacional. Los avatares de las estrategias de visibilización ciudadana reproducen una dinámica oscilatoria entre lo particular y la identidad nacional en función a las determinaciones contextuales. Por ejemplo, en nuestro caso, existió disyunción cuando la ciudadanía era negada a lo largo del siglo XIX y parte del XX para grandes sectores sociales mayoritarios; hubo articulación y contaminación cuando fue un resultado de la polémica en torno al proyecto de nación o “comunidad imaginada” en determinados momentos históricos y, en particular, en los últimos treinta años de vida democrática. La oscilación es la constatación del equilibrio variable de la identidad metaestable de la identidad nacional.
Entonces, la concreción de la identidad nacional es performativa, depende (y dependerá) de la capacidad de acumulación de fuerzas de los sujetos que participan activamente en la relación de las partes para encausar sus derroteros particulares como del devenir de sus proyectos o imaginarios en identidad colectiva (nacional).

2. El proyecto de identidad nacional 

Uno de los temas recurrentes del debate político e ideológico en el país es el relativo a la relación entre Estado y sociedad civil, pues de ella se configura la identidad nacional o “comunidad imaginada”. Como ya mencionamos, en la producción de la identidad nacional, hay una especie de integración del cuerpo social con distintos dispositivos de articulación: históricos, culturales y territoriales. La identidad nacional es resultado de momentos de intersubjetividad social que marcan la forma de articulación de la sociedad y, simultáneamente, la producción de un “sentido común”.
En el caso boliviano este asunto ha sido tratado de distintas maneras; unos, sostienen que el proceso aún no ha completado su concreción: la “nación inconclusa”; y, otros, entienden que el proceso es de continua negación, alineación y ajenidad: la “nación clandestina” (Irurozqui, 1992b; 2007). En ese sentido, se ha reproducido una lectura binaria: por una parte, una identidad vinculada a un proyecto de Estado Nación pensado y puesto en marcha por las elites económicas y políticas bajo el referente del liberalismo decimonónico y el imaginario de una nación moderna e integrada al mundo; y, por otra, una nación indígena y campesina en continua resistencia y sublevación que, se dice, pervive a la dominación colonial y a la republicana, cuyo referente de identidad política es la restitución del orden ancestral o bien el despliegue de la descolonización (Ticona, 2005).
En torno al tema, la estrategia explicativa que seguiremos busca cuestionar estas lecturas. Para el efecto, el análisis se desarrollará sobre la base de las relaciones instituidas como estructuras de poder y dominio (los proyectos de Estado Nación desplegados a lo largo de los siglos XIX y XX) que nos permitirá revisar brevemente el despliegue de las estrategias de visibilización ciudadana seguida por los indígenas campesinos en el marco de los recursos formales e informales que precisamente los vedaban del status de ciudadanía.
El proyecto decimonónico de nación de las elites proyectó un modelo de sociedad que se sustentaba en la dinámica mercantil, la ciudadanía individual y un orden institucional sustentado en el “lenguaje de los derechos”; proyecto que en parte fue instituido como “sentido común” en el seno de la sociedad e inspiró la arquitectura de la estructura estatal. Este imaginario de nación y de orden político de fuerte inspiración occidental ha sido fruto, asimismo, de un largo proceso de confrontación de proyectos de Estado Nación dilucidados y desplegados por las elites desde la constitución de la república hasta inicios del presente siglo.
 

La revisión historiográfica sobre las disputas interelitarias y los proyectos de Estado Nación da cuenta de las mutaciones del liberalismo conservador en los siglos XIX y XX y las correspondientes afiliaciones suplementarias que matizan el proyecto decimonónico para desembocar en un proyecto de Estado Nación de raíz democrático-liberal; el mismo que desde hace treinta años constituye la plataforma del campo político.
En la discursividad hegemónica se visibilizaron dos proyectos de ciudadanía y de Estado Nación que, en función a los periodos históricos, han sido impulsados por las elites económicas y políticas del país. El primero, emerge con el nacimiento de la república en la que las elites imaginan un orden político o estatal de una “nación de ciudadanos” bajo el discurso de consecución del progreso y el desarrollo mercantil. Como sostiene la historiadora Marta Irurozqui (2012), antes que un proyecto de una nación “fraterna” que incluyera a todos, el proyecto respondía a los intereses inmediatos de unidad de las elites. En consecuencia, las elites no impulsaron grandes reformas políticas e institucionales de ampliación de los mecanismos de representación y participación de las poblaciones indígenas campesinas y, por ende, de incidencia de estas en la sociedad. En todo caso, el interés fue garantizar la estructura de privilegios que ostentaron y heredaron de la Colonia; como también, paradójicamente, del margen de relaciones de intercambio político logrado con y por las poblaciones indígenas. (Gordillo, 2000; Irurozqui, 2012).
Según la historiadora, la referencia normativa de integración social o de identidad nacional fue la postulación de un imaginario de ciudadanía cívica en la que la vinculación de los sujetos con el Estado estaba mediada por el cumplimento de un conjunto de cargas comunitarias en función al “bien común”, los deberes ciudadanos y las “acciones patrióticas”, antes que el “lenguaje de los derechos” de inspiración liberal y tardía.
El consenso o “sentido común” en torno a la ciudadanía cívica emergía precisamente por el contexto particular de formación de la naciente república con una frágil identidad nacional. La integración social y la propia identidad nacional, no eran mecanismos ni dispositivos estructurales asentados en la colectividad; se requería su impulso e incentivo. Según los primeros constituyentes, este debiera ser el principal fin u objetivo del poder político y, en función a ello, debiera pensarse a la ciudadanía como un bien y un status a lograr y/o adquirir por los miembros de la comunidad social que congregaba la naciente república. La democracia censitaria y los recursos normativos vinculados a la preeminencia de los deberes sobre los derechos ciertamente establecían mayores condiciones para lograr el reconocimiento de la ciudadanía, que venía cargada por el consenso normativo de apostar por una identidad nacional que propugnaba a la ciudadanía cívica como el dispositivo de vinculación de los sujetos con la naciente república (Irurozqui, 2012).    
En este marco, las poblaciones indígenas campesinas generaron y desplegaron mecanismos y estrategias de pertenencia a la nación y visibilización ciudadana. De acuerdo a Irurozqui (1999; 2006) el “tributo indígena” y el “soldado armado” que participa en las revueltas de las elites, son los recursos formales e informales de participación política y visibilización ciudadana. Mecanismos y recursos que darán lugar, a lo largo del siglo XIX, a la existencia de mediadores formales que suplantan a los antiguos caciques indígenas del periodo colonial: los Apoderados Generales. Como menciona por su parte Pilar Mendieta (2006; 2008; 2010), los Apoderados Generales fueron actores legales protagónicos que andaban y vagaban entre dos mundos: el de la ciudadanía cívica (identidad nacional) y el de las comunidades indígenas.
En otras palabras, a través de estos mecanismos de visibilización ciudadana y mediación política se manifiesta la búsqueda de la concreción o reinvención del viejo “pacto de reciprocidad” (Platt, 1982), o mejor, la reactualización del intercambio político en el que sea posible el acoplamiento de las estructuras de gobierno y civilización entre los sistemas de autogobierno y jurisdicción territorial de los indígenas campesinos y la soberanía del Estado Nación en curso. Como sostiene Tristan Platt, relación de intercambio que los indígenas ya habían obtenido como un mísero logro del Estado colonial; empero, sustancial para sus fines primordiales: el reconocimiento de una autonomía relativa del sistema de autogobierno comunitario de los indígenas campesinos en el marco de la relación de dominio u opresión colonial.
Básicamente esta (re)negociación o relación de intercambio político estará detrás de la participación indígena en las sucesivas alianzas de este sector con las elites, primero contra Melgarejo y, sobre todo, después en la formación del ejército auxiliar de indios bajo el comando de Pablo Zárate Willka en la Guerra Federal de 1899, a favor de las fuerzas liberales de Pando. Aquí, desde nuestro parecer, se percibe y entreteje la demanda de una “doble adscripción” a la ciudadanía, y constituye el basamento político de la configuración de la identidad nacional de “regeneración de Bolivia”, donde ellos se ven como sujetos centrales que buscan ser parte del proyecto de nación (Mendieta, 2010). Una identidad nacional canalizada por el imaginario de la ciudadanía cívica, que a su vez era compatible con los intereses particulares o exclusivos del intercambio político, establecidos por las poblaciones indígenas con el orden político estatal.
El segundo proyecto de Estado Nación emerge como consecuencia de la Guerra Federal. Este proyecto recupera, asimismo, la lectura de las elites respecto a su interés primordial de lograr la unidad de grupo para atemperar sus conflictos internos y encauzar la reproducción de su dominio. La Guerra Federal había desencadenado fuerzas ocultas y, con ello, incrementado los efectos perniciosos de las luchas intestinas. Entonces había la necesidad de no llevar nuevamente al extremo los conflictos y atenuar las disputas políticas y diferencias internas. Finalizada la Guerra Federal con el apoyo de la movilización militar de los indígenas comunitarios organizados en un ejército auxiliar a favor de las armas liberales, las elites buscaron construir un recurso político que permitiera el decurso normativizado de las luchas internas y, así, lograr constituir un orden político que en lo posible evite la confrontación violenta y, sobre todo, la apelación a fuerzas sociales que en los hechos eran una amenaza para la permanencia de sus propios privilegios.
La novedad del periodo es que en la discursividad de las elites la figura del enemigo ya no será sus partidarios y sus apetitos personales y de grupo sino la identificación de un “otro” considerado como ajeno: la raza indígena. En el marco político-cultural de la época, el discurso de las corrientes sociológicas denominadas “cientificistas” respecto a la diferencia de razas será el sostén de la narrativa de exclusión de los indígenas por su condición natural. Sumado a ello, el despliegue de las interpretaciones en torno a los sucesos acaecidos en el pueblo de Mohoza durante la Guerra Federal, en el que 130 miembros del ejército liberal fueron asesinados brutalmente por la comunidad indígena. En este contexto, las elites liberales promoverán un amplio debate en torno al proyecto de sociedad y nación a configurar, donde el tratamiento de la cuestión de los indígenas será un tema central. En general, la deliberación política se abocó a construir y asentar la discursividad de la “guerra de razas” para establecer así la identificación de un “enemigo común” que amenazaba a los fines del progreso nacional y, además, expresaba la condición de barbarie y atraso. Ambas condiciones eran vinculadas al fuerte enraizamiento de los indígenas campesinos en la propiedad comunitaria de la tierra que eran gestionadas mediante estructuras corporativas como rémoras del pasado colonial (Irurozqui, 2006; 2012).  ]]> Entonces, el imaginario de identidad nacional irá mutando de la ciudadanía cívica en la que no se excluía en forma expresa a los indígenas campesinos en la construcción de la nación, al imaginario de ciudadanía civil donde la vinculación de los miembros de la comunidad nacional con el Estado pasaba necesariamente por el reconocimiento de la primacía de los derechos civiles individuales. El imaginario de ciudadanía era por tanto la del “hombre libre” que conoce y respeta las leyes para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, y no sobre cargas comunitarias en función al “bien común” como inicialmente se pensó la ciudadanía cívica.
En ese sentido, el imaginario de ciudadanía civil excluirá a los indígenas de la condición de ciudadanía no solo de los derechos políticos (vigente por la democracia censitaria desde el nacimiento de la república hasta la Revolución Nacional del 52), sino del propio estatus de ciudadanía; ya que desde la percepción de las elites la situación en la que se hallaban las poblaciones indígenas era incompatible con el imaginario de identidad nacional: una comunidad organizada bajo el dispositivo de la ciudadanía civil.
La exclusión será de doble registro: la concepción de inferioridad natural de estos sujetos sustentada por las teorías cientificistas de la época: el social-darwinismo; como por la condición gregaria y/o corporativa vinculada a la propiedad y gestión comunitaria de la tierra. Por ello, los imaginarios de nación que emergerán a lo largo de este periodo, graficada en el debate entre Alcides Arguedas y Franz Tamayo en torno a qué hacer con los indios, serán excluyentes y paternalistas (Irurozqui, 1992a; Salmon, 1997).
Según esto, el acceso a la ciudadanía será tan solo posible si los indígenas son separados de los lazos comunitarios respecto a la propiedad de la tierra vía los procesos de reforma agraria (la aplicación de la vieja ley de ex vinculación²), y mediante el adiestramiento de estos en labores de enlace con el mercado (artesanales y productivos) y con el orden civil del ejercicio de los derechos (educación básica). En otras palabras, la conversión de los indígenas campesinos en ciudadanos debería pasar por la eliminación de la propiedad comunitaria de la tierra y la desaparición de sus estructuras corporativas de autogobierno, con la correspondiente incorporación a la nación bajo el tutelaje y la dirección de las elites ilustradas. Este es el esquema de la ciudadanía civil de acuerdo a Marta Irurozqui, donde prevalece el reconocimiento de los individuos como sujetos de derechos antes que de deberes. En ese sentido, el proyecto de identidad nacional imaginaba el lograr una homogeneidad “civilizatoria” básica.
Con matices, el proyecto de ciudadanía civil es el que se desplegará a lo largo del siglo XX al presente. Sin embargo, es importante remarcar que para la segunda mitad del siglo acaecerán dos grandes mutaciones con impactos en la re-significación del mencionado proyecto: i) el acontecido con la Revolución Nacional del 52: la reforma agraria que permitirá la titulación individual de la propiedad parcelaria de la tierra y la universalización de los derechos políticos y, ii) la posterior democratización del poder político e instauración de la democracia representativa como sistema de gobierno a finales de la década de los setenta (Zavaleta, 1983).
A pesar de estas mutaciones que matizan el discurso excluyente y racista de las elites del siglo XX por uno de integración social, universalista y del mestizaje, la idea de ciudadanía civil continuará siendo el referente duro o primordial sostenido por las elites. En ella se presupone que para el logro de la ciudadanía plena es imprescindible la ruptura de los lazos comunitarios y de autogobierno que prevalece como condición estructural de arraigo tradicional. Se ve y, asimismo, se sostiene el acontecer irreversible de la expansión de las dinámicas mercantiles a lo largo y ancho del territorio nacional y, en función a ello, de paulatina individuación social donde el “hombre libre” es el sujeto de derechos, un producto inescrutable de la extensión de las condiciones de homogeneización social y cultural de la sociedad.
Como sucedió en el siglo XIX, en el nuevo contexto aparecieron también mediadores que intentaban “jugar” en un campo político poco auspicioso al intercambio político entre las elites y los indígenas para el beneficio exclusivo de sus intereses comunitarios y corporativos: los Caciques Apoderados. Nuevamente, frente a la arremetida liberal conservadora para eliminar la propiedad comunitaria de la tierra de las poblaciones indígenas a favor de las haciendas, los Caciques Apoderados aparecerán como los protagonistas de la defensa legal de la propiedad ancestral de las tierras sobre la base de la ciudadanía civil que establecía márgenes de interacción para el ejercicio y la garantía de los derechos (Gotkowitz, 2011; Salazar; 2013). Así, las poblaciones indígenas campesinas interactuaron en el marco de las restricciones normativas, políticas e institucionales. Obviamente, el proceso nunca fue armónico ni lineal, las diversas historias de los Caciques Apoderados y de las comunidades indígenas en su lucha por la defensa de sus tierras, la permanencia de estructuras de autogobierno, y la demanda de ciudadanía, explicitan el grado de avance, retroceso y logro sustancial en función a las circunstancias y oportunidades políticas e institucionales (Gotkowitz, 2011; Mendieta, 2008; 2009).

4. El devenir Estado de los campesinos indígenas

Solo los efectos prácticos de la vigencia y ejercicio de la democracia representativa, como una forma de gobierno organizada bajo los principios de: i) “igualdad jurídica” de “una persona un voto” para garantizar el acceso y la validación legítima del poder político, ii) “las mayorías” para la estructuración del poder político y la toma de decisiones y, iii) “representación territorial” para la organización legítima del poder político, posibilitarán la conversión efectiva de los indígenas campesinos en ciudadanos en su doble registro. ]]> La adscripción a la ciudadanía en el marco de la democracia representativa implicó la configuración de una ciudadanía compuesta: “inclusiva” y “exclusiva”, que busca su concreción efectiva en identidad nacional; y no la renuncia o bien la diseminación de sus estructuras comunitarias y, con ello, la concreción de la ciudadanía civil como base de sustento de la identidad nacional. Para que ocurra la ciudadanía compuesta era necesario que la democracia representativa con su dispositivo de ciudadanía civil sea incorporada como la base del sustento procedimental y deseo colectivo de la sociedad boliviana por afirmar a la democracia representativa. Hecho que según Zavaleta Mercado (1983) se hizo una realidad efectiva en noviembre de 1979 y, en consecuencia, en los posteriores sucesos que caracterizaron a ese periodo; donde, de acuerdo a Zavaleta, la novedad sociológica constituye la participación autónoma de los campesinos indígenas quienes irrumpen en la movilización social, a través del contundente bloqueo de las carreteras troncales del país, organizada por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en respuesta al llamado de la Central Obrera Boliviana (COB) para defender el orden democrático constitucional quebrado por un golpe de Estado militar. De ahí en adelante la identidad democrática ha derivado en una identidad colectiva, nacional.
La incorporación de la ciudadanía civil al bagaje y a los repertorios de lucha de los indígenas campesinos como un deseo o una “ambición de masa”, ocurrida a lo largo de la primera mitad del siglo XX es, entonces, la que posibilita la cristalización de la ciudadanía compuesta. La expansión de la sindicalización, promovida antes y después de la Guerra del Chaco, permitió la contaminación entre la identidad “inclusiva” de la nación: “el decir nosotros los bolivianos”, y la exclusiva o particular: “el decir nosotros los indígenas campesinos”, “aymaras”, “quechuas”, etcétera que dará sentido al proyecto de identidad nacional en el marco de la democracia representativa; un proyecto de nación, ahora, pensado y ambicionado en “clave plurinacional”: el Estado Plurinacional comunitario.
No existe una diferencia radical o esencial entre el proyecto de nación del siglo XIX y XX con el del siglo XXI, el proyecto de las elites versus el de los indígenas campesinos. Hay mucho de continuidad, ampliación, contaminación y oscilación interna. El proyecto de nación encarna los deseos compartidos de los bolivianos por lograr la cristalización de las mutaciones de la ciudadanía civil de la tradición liberal-democrática, como, a partir del devenir Estado de los campesinos indígenas en el escenario democrático, de concretar un Estado Nación “en clave plurinacional” con asimetría institucional que dé cuenta a un formato estatal complejo y plural. 
En general, como ya mencionamos, las distintas explicaciones y lecturas reproducen visiones lineales y dicotómicas sobre la “conversión” paulatina e irreversible de los indígenas campesinos en ciudadanos, o bien, la resistencia y rebelión continua de estos en pos de una verdadera liberación y emancipación. Unido a ello, las respuestas en torno al registro de la ciudadanía y del proyecto de Estado Nación presentan narrativas binarias. Entre una ciudadanía vinculada a la tradición político-cultural del liberalismo decimonónico, basada en el principio de la igualdad jurídica de los individuos y el “lenguaje de los derechos”, versus las tradiciones político-culturales de las comunidades indígenas campesinas donde la ciudadanía tiene un carácter étnico-cultural, comunitario y/o corporativo (Albó, 2006; Patzi, 2009).
En consecuencia, se hace evidente la división entre un proyecto de Estado Nación pensado y formulado por las elites tradicionales y el proyecto de Estado Plurinacional comunitario, dilucidado y puesto en marcha por los campesinos indígenas contemporáneos. Así, por un lado, aparece el despliegue imperial del liberalismo y de las tradiciones occidentales que permean a los distintos proyectos de Estado Nación de las elites y, por otro, la resistencia y rebelión permanente de los indígenas campesinos entendidos como actores “subalternos”, “invisibilizados” o “laminados” por el poder y la dominación (neo)colonial (Pazti, 2009), por lo que irrumpen de vez en vez, con su proyecto de descolonización. En el fondo, aparece la imagen de una disputa irreconciliable o antagónica entre dos proyectos civilizatorios: “ciudadanizar” Bolivia o “indianizarla”.
La idea de “ciudadanización de Bolivia” sostiene que es un resultado de la conjunción entre el hecho colonial, la introducción de lo occidental en la constitución de nuestra sociedad, con lo ancestral o propio, la pervivencia de las estructuras sociales y culturales de los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional. El mestizaje es el resultado de un largo proceso de sincronía entre lo colonial y ancestral que ha nutrido a la estructuración de la identidad nacional (Mesa, 2013). Por ello, el horizonte de la identidad nacional es la ciudadanización sobre la base de la incorporación e inclusión de los distintos rasgos históricos y culturales que constituyen a la identidad común de la nación boliviana.
Por su parte, “indianizar Bolivia” trae consigo distintas narrativas cuya matriz es la apuesta por re-establecer el balance de las relaciones de poder donde los indígenas campesinos son quienes debieran imprimir e irradiar el imaginario de nación a través de la instauración de un Estado Plurinacional comunitario (García, 2014). Para el efecto, es imprescindible el despliegue de procesos de descolonización en los distintos órdenes de organización de la sociedad y el Estado, siendo el imaginario de la “reconstitución” del orden político, social y cultural donde el pasado es un referente para proyectar un orden social auténtico y reconciliado consigo mismo, en el que los indios gobiernen y lo “indio” exprese genuinamente a la identidad nacional (Rivera, 2009).
Estas lecturas y/o respuestas, a pesar de su riqueza descriptiva y reflexiva, no logran resolver satisfactoriamente la comprensión de las intricadas relaciones de los indígenas campesinos con la política y el Estado que hemos descrito anteriormente. Menos todavía dan cuenta de las facetas del poder político cuando Evo Morales, un indígena campesino vinculado a las organizaciones campesinas, ocupa el centro de poder político y, desde ahí, despliega un conjunto de acciones de visibilización ciudadana y gestión hegemónica.
En respuesta a estas lecturas y visiones dicotómicas, desde nuestro parecer, existe una doble adscripción a la condición de ciudadanía que re-significa a la identidad nacional. La doble adscripción se hace más evidente cuando estos sujetos, paulatina y de manera creciente, ocupan el poder político en una especie de devenir Estado. La identidad es compuesta: “inclusiva” y “exclusiva”, y estos sujetos se mueven indistintamente en ambos registros de vinculación, ejercicio y ambición de la ciudadanía.
Es “inclusiva” cuando los indígenas campesinos buscan ser parte de una identidad común, un proyecto de comunidad nacional al que siempre buscaron vincularse, con el cual deseaban re-establecer una relación de intercambio político. Aquí, opera en términos prácticos el dispositivo del “decir nosotros los bolivianos” donde aparece el deseo de pertenencia a la identidad nacional y al logro de un grado básico de homogeneidad social relativa al reconocimiento de derechos civiles, políticos y sociales, además de una historia inclusiva y un horizonte común. ]]> En realidad, todo ello se vincula al canónico deseo de consecución de la ciudadanía civil que antes -hasta hace apenas medio siglo- se la pensaba y restringía solo para las elites y, luego, a condición de acaecer un fuerte proceso de “civilización” y tutelaje, para las masas indígenas campesinas. Así, la nación era concebida como nación civil: de vinculación individual con el Estado en función a una cultura mestiza y, discursivamente, universalista. Esta búsqueda de ciudadanía civil a fines del siglo XX permitirá la dilucidación, construcción y el desarrollo de un instrumento político en el seno de sus estructuras comunitarias y corporativas para viabilizar el acceso a la representación política y, consiguientemente, al poder político: el MAS-IPSP.
Es “exclusiva” en la medida de que la participación política de los indígenas campesinos tiene asidero en estructuras y dinámicas político-institucionales “propias”, cuya fuerza y dinámica precede y excede al Estado Nación. Aquí, opera “el decir nosotros los indígenas campesinos” en plural, y expresa la existencia de múltiples formatos y nodos de identidad ciudadana de base comunitaria y territorial (Salmon, 2010). La identidad “exclusiva” es una condición de socialización de los individuos en estructuras comunitarias desde donde se ambiciona y enuncia la pertenencia a la nación, no una búsqueda o un deseo colectivo de una condición alterna o dicotómica a la nación civil. 
En ese sentido, es una diferencia cualitativa de gestión institucional y política que funciona como un conjunto plural y asimétrico de sistemas de autogobierno de base territorial. Expresa un “lugar propio” de enunciación que va más allá de la autoidentificación étnica o identitaria³. Desde ahí, “un-otro” pluralismo, es que se procesan las estrategias políticas para contaminar y oscilar entre una y otra identidad de ciudadanía. La oscilación y contaminación son en el fondo lo que da cuenta al devenir Estado de los campesinos indígenas y al despliegue entrecruzado de su identidad compuesta. En ello radica su potencia y complejidad.

5. Facetas entrecruzadas del MAS-IPSP e identidad nacional

Ahora bien, a través de la identidad compuesta de ciudadanía los indígenas campesinos han buscado incorporarse a la identidad nacional. Sin embargo, esta incorporación no fue neutral o ciega, supuso un proceso previo de asimilación de los dispositivos normativos e institucionales de la nación civil en el acervo político-cultural de estas poblaciones. El resultado fue y es una relación de intercambio político. A la par de expresar la búsqueda de los campesinos indígenas de la pertenencia efectiva a la nación civil, se pone en juego el reconocimiento de los formatos de autogobiernos de base territorial para la gestión de los recursos naturales, simbólicos, sociales y políticos.
La contaminación e interpenetración mutua entre lo “inclusivo” y “exclusivo” de la identidad ciudadana explica el desemboque del nuevo imaginario de identidad nacional bajo la batuta de los campesinos indígenas, donde acontece el acoplamiento de los sistemas de gobierno: el Estado Plurinacional y, por ende, la apertura del campo político a distintos nodos de articulación y oscilación política e institucional. Por lo tanto, la llegada de los campesinos indígenas al poder político a través del MAS-IPSP trae consigo múltiples facetas de concreción de su identidad “exclusiva” e “inclusiva”.
El MAS-IPSP es el dispositivo político-electoral de las organizaciones indígenas campesinas cuyas facetas respecto a su registro organizativo, performance político y desempeño electoral a primera vista parecerían incompresibles o ambiguas. Una faceta fue la de ser el recurso de mediación entre la identidad “exclusiva” del amplio espectro de formas de autogobierno comunitario con base territorial (sindicatos agrarios, organizaciones comunitarias, etcétera), y la identidad “inclusiva” de pertenencia y vinculación de los individuos con el Estado Nación.
En el MAS-IPSP, y mediante él, se posibilitó el acomodo de las dinámicas de la democracia comunitaria de las organizaciones campesinas indígenas con las de la democracia representativa. Para decirlo en pocas palabras, a través del MAS-IPSP sucedió y acontece el devenir “post comunitario” de los indígenas campesinos: de sujetos comunitarios/corporativos a sujetos liberal/democráticos y viceversa. Entendiendo por el prefijo “post” no una superación y abandono de lo comunitario, sino una incorporación suplementaria de lo liberal-democrático que amplía y dosifica lo comunitario. 
Devenir que ocurre a través del despliegue práctico de la democracia representativa en el seno de las organizaciones sociales de raigambre campesina. En otras palabras, no existe una relación binaria entre el formato de la democracia comunitaria y el de la democracia representativa. Los campesinos indígenas organizados en sindicatos y estructuras corporativas, en el marco de la democracia representativa, descubrieron que además de ejercer un ámbito de poder jurisdiccional en determinadas unidades territoriales bajo su control, son mayorías efectivas como suma de sujetos individuales, y a través de un instrumento político, el MAS-IPSP, pueden hacerse fácilmente del poder político.  ]]> Otra faceta es la que expresa la articulación social y la condensación de los puntos de ruptura acaecidas en el campo político a lo largo de las últimas décadas, a partir de la performance y el desempeño de Evo Morales como el representante y actor político que navega entre dos mundos: el “exclusivo” de los indígenas campesinos y el “inclusivo” de la democracia representativa.
La figura y representación simbólica de Evo Morales fue y es la de un mediador que articula a las organizaciones sociales de base territorial y, simultáneamente, condensa las pulsiones que confieren de brío a las dinámicas nacional-populares de la democracia representativa (Mayorga, 2006). Ello garantiza un amplio campo de intercambios en el que confluyen, además de las estructuras corporativas de los campesinos indígenas, organizaciones sociales de distinta raigambre y gravitación como factores reales de poder e influencia política. Entonces, se concreta un modelo de gestión de la hegemonía con distintos grados y escalas de incidencia que dotan de dirección y sentido a las dinámicas del “proceso de cambio” en el campo político.
Por último, se da la concreción de una identidad nacional de ciudadanía compuesta: “exclusiva” e “inclusiva”, que proyecta la edificación del Estado Nación en “clave plurinacional”. Como reiteradamente mencionamos no existe una relación binaria entre el imaginario del viejo Estado Nación, que buscaba y proyectó la “ciudadanización” de Bolivia, como una base de condición social mínima compartida en tanto grado de homogeneidad social y cultural; y el Estado Plurinacional comunitario, la antiquísima búsqueda de los campesinos indígenas del reconocimiento de sus estructuras de autogobierno y la diferencia civilizatoria: la “indianización” del país.
La oscilación y/o gravitación entre uno u otro imaginario para la concreción de la identidad nacional es performativa de apuesta ético-políticas que, ahora, toca a todos.

Conclusiones

Desde la ciencia social contemporánea boliviana se sabe que el tema recurrente del debate político en torno a la cuestión de la nación fue la crisis de correspondencia entre la forma estatal y la condición social (Zavaleta, 1986; Tapia, 2009). El desencuentro o ecuación social entre estos dos factores lleva consigo la reproducción de múltiples clivajes que de alguna manera imposibilitaba pensar en la constitución de una comunidad política.
El clivaje ancestral tenía que ver con el carácter heterogéneo o abigarrado de la estructura o formación social boliviana (Antezana, 1991). Para algunos, la heterogeneidad estructural constituía el principal escollo para saltar a una sociedad más uniforme y viable; para otros, precisamente la dificultad consistía en lograr una “buena” correspondencia, entendiendo por “buena” la invención de un modelo que logre relajar las estructuras fijas y homogeneizadoras del Estado (Irurozqui, 1999).
La propuesta normativa de Estado Plurinacional fijada en la CPE posibilita este último desemboque que, como ya mencionamos, es de carácter performativo, pues nada está dicho de antemano. Lo que hagan y decidan los sujetos inmersos en el proceso permitirá que las cosas fluyan para lograr el equilibrio o el balance inestable de la relación de correspondencia entre Estado y sociedad y del sentido de la identidad nacional, como también, para su posible desbalance y reinstalación de la crisis. La responsabilidad en todo caso es política.
En ese sentido, las líneas de reflexión que emergen sobre la sedimentación de la identidad nacional es algo que muy sugerentemente propone René Zavaleta Mercado en sus últimos escritos (1983, 1986) y que Luis H. Antezana las retoma en forma sintomática en textos de la década de los noventa como en recientes trabajos que abordan la temática: el conocimiento social (1991, 2006). Tanto Zavaleta como Antezana consideran importante el conocimiento social como un efecto o resultado de la acumulación de memoria o intersubjetividad social, las que necesitan explicitarse para poder avanzar como comunidad e identidad nacional. ]]> El trabajo de Zavaleta estaba dirigido a dar “conocimiento” de lo que se había visibilizado como hecho factual y como “deseo” o “pre-juicio social” en determinados momentos históricos, en particular con y en la Revolución del 52 y, en noviembre del 79. Estaba convencido de que develar la carga intersubjetiva de estos dos momentos históricos, denominados constitutivos, permitía establecer el alcance y los límites de lo que la sociedad boliviana es y puede ser en tanto identidad nacional. Sus conclusiones y análisis no son menores, pues nos lega un conjunto de reflexiones que aun hoy nos provocan para pensar los asuntos de la nación y el devenir del Estado boliviano.
A partir de la “llegada” de los campesinos indígenas al poder político, el país vive un intenso proceso de reencuentro entre la forma estatal (institucional) con la composición social, y las consecuencias políticas, normativas y simbólicas son de un mayor sentido de pertenencia y constitución de un horizonte común. Empero, la línea del encauzamiento de la identidad nacional y de la ciudadanía compuesta no está marcada como irreversible en un derrotero lineal, viene penetrada por la contingencia y el continuo oscilar. Por ello, en la medida que podamos lograr un mayor conocimiento de la intersubjetividad social que arrastramos como sociedad y Estado, podremos asentar mejor la identidad nacional que presenta una nueva configuración política, simbólica e institucional. Facetas que se viven sin una conciencia clara sobre sus determinantes histórico-políticos e incidencia y efecto en la concreción de la nación.

Notas

1 Politólogo. Doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana (UIA), México. Coordinador de la investigación “Las facetas entrecruzadas del MAS-IPSP. Ciudadanía y devenir Estado de los campesinos indígenas en Bolivia”, desarrollada junto a los investigadores Luis Alberto García y Marizol Soliz en el marco de la convocatoria del PIEB sobre “La nación boliviana en tiempos del Estado Plurinacional”.  Correo electrónico: fgarciayapur@yahoo.com. La Paz, Bolivia.

2 Como sostiene Ticona (2003): “La Ley de Ex vinculación, dictada por el gobierno de Frías en 1874, sancionaba la sustitución de la propiedad colectiva del ayllu por la propiedad individual. En otras palabras, se declaraba legalmente la extinción del ayllu y se pretendía parcelar su territorio, individualizando la propiedad comunal, mediante la dotación de títulos individuales”.

3 En otras palabras, no es tan sólo una identidad étnico-cultural como han entendido gran parte de las perspectivas sociológicas y políticas del país, simplificando y, quizás, neutralizando su importancia política e institucional.

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