1990-74511990-7451S1990-74512013000200003000220130002201316343750Perspectivas de los bosques en Bolivia respecto de las negociaciones en cambio climático
Prospects for Bolivia’s forests in the context of climate change negotiations
T’inkazos, número 34, 2013, pp. 37-50, ISSN 1990-7451
Fecha de recepción: octubre de 2013
Fecha de aprobación: noviembre de 2013
Versión final: noviembre de 2013
La importancia de apoyar la reducción de emisiones de gases a la atmósfera, así como de controlar la pérdida de bosques, en el caso de Bolivia ha dado lugar a la implementación de un Mecanismo de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques, como una alternativa a la respuesta internacional REDD. La autora muestra las virtudes de este Mecanismo y sus contradicciones con las políticas implementadas a nivel nacional.
Palabras clave: bosques / deforestación / equilibrio ecológico / recursos hídricos / uso de suelo / mercados de carbono
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In the case of Bolivia, the importance of supporting a reduction in emissions of greenhouse gases and controlling the loss of forests has given rise to the implementation of a Mitigation and Adaptation Mechanism for Integrated and Sustainable Forest Management, as an alternative to the international response known as REDD. In this article, the author discusses the virtues of this Mechanism and how it clashes with the policies being implemented in the country.
Keywords: forests / deforestation / ecological equilibrium / water resources / land use / carbon markets
1. Los bosques: una mirada desde la Convención SOBRE Cambio Climático
La deforestación tiene múltiples impactos en el equilibrio ecológico de la tierra, tanto a nivel mundial como también en los ecosistemas bolivianos. Uno de los más importantes y estudiados es el aporte de la deforestación al cambio climático. Efectivamente, la pérdida de bosques contribuye en un 17%[2] al total de todos los gases de efecto invernadero que se emiten por año. La mayoría de dicha deforestación se da en los países en desarrollo: es el caso de Bolivia. Además hay que añadir que la pérdida de bosques también contribuye a la pérdida de biodiversidad, desestabiliza los equilibrios de los ciclos de agua y daña la estabilidad de los suelos.
La deforestación global fue de 13 millones de hectáreas como promedio anual durante la última década, cifra que ha disminuido, desde 16 millones de hectáreas en los 90. Sin embargo, es el efecto acumulativo que genera el problema dramático de la deforestación. Actualmente solo el 31% de la superficie total de la tierra está cubierta por bosques, mientras que este porcentaje originalmente llegaba alrededor del 50% (FAO, 2010).
Con el problema de la deforestación acumulativa estamos llegando cerca de los límites que pueden afectar al sistema planetario; si se sobrepasan habrá peligro para el equilibrio sistémico integral, según explica el estudio “Un espacio de operación seguro para la humanidad” (Rockstrom et al., 2009). En el caso del cambio de uso del suelo, una conversión de tierras forestales a áreas agrícolas es peligrosa si llega al 15% de la superficie terrestre; la cifra actual es de 11,7% (2009).
En la Convención Mundial de las Naciones sobre el Cambio Climático (CMNUCC), espacio de las Naciones Unidas donde los países desde hace años intentan acordar reducciones contundentes a las emisiones mundiales, se consideró que recortar las emisiones causadas por la deforestación debe ser una prioridad. La contabilidad de la pérdida o ganancia de áreas forestales en los países desarrollados había sido parte del Protocolo de Kioto, negociado en 1997, y que entró en vigencia en su primera fase entre los años 2008 y 2012. Sin embargo la deforestación en los países en desarrollo, al igual que una serie de otros temas importantes, nunca fue considerada en la CMNUCC.
Uno de los capítulos importantes en el Plan de Acción de Bali, fue el referido a la “Reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques”, abreviado REDD, inscrito en el inciso 1biii del acuerdo. El texto relevante, base para todo el resto del desarrollo sobre la temática, es:
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[La Conferencia de las partes:]
1. Decide iniciar un proceso global que permita la aplicación plena, eficaz y sostenida de la Convención mediante una cooperación a largo plazo (…) [sobre]
b) La intensificación de la labor nacional e internacional relativa a la mitigación del cambio climático, incluido, entre otras cosas, el examen de:
(…)
iii) Enfoques de política e incentivos positivos para las cuestiones relativas a la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo; y la función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo (13º período de sesiones de la Conferencia de las Partes -CP13- de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y 3º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CMP3, 2007).
Desde este momento, siempre se ha referido al punto como 1biii o simplemente REDD.
2. REDD: una perspectiva de mercados de carbono
Antes de entrar a las especificidades de las negociaciones sobre REDD, hace falta un breve paréntesis en torno a los principios básicos sobre los cuales se negocia la reducción de las emisiones en la CMNUCC. En vista de las muy altas emisiones históricas de los países desarrollados, como también las desproporcionadamente altas emisiones per cápita en este mismo grupo de países, se estableció en la convención que existen “responsabilidades comunes pero diferenciadas” para la reducción de las emisiones. Esto implica que si bien todos los países tienen algún grado de responsabilidad, son los países desarrollados los que se deben comprometer, y los países en desarrollo quienes deben hacer solo lo que está dentro de sus alcances, principalmente en términos financieros. En este entendido, los países en desarrollo no tienen ningún compromiso de reducción de sus emisiones. Respecto a los bosques, suma además el argumento que los países desarrollados deforestaron históricamente en grandes extensiones, por ejemplo, Europa estaba cubierto en gran medida por bosques hasta antes de la era industrial.
En ese marco, el freno a la deforestación en los países tropicales debería venir acompañada de apoyo financiero por parte de los países desarrollados, lo cual es aún más difícil tomando en cuenta la actual crisis económica.
Es entonces que entraron las propuestas ‘innovadoras’: un mercado de carbono para los bosques. ¿En qué consiste la propuesta? Tomando en cuenta que, sin acción específica ni apoyo financiero, la deforestación seguirá al ritmo normal durante las siguientes décadas; y que si logramos frenar dicha deforestación, se logrará reducir las emisiones, en otras palabras, se podrá contabilizar las ‘emisiones evitadas’; estas emisiones evitadas, expresadas en toneladas de CO2, serán certificadas como ‘bonos de carbono’, y vendidos en el mercado internacional, pues, los países desarrollados -quienes tienen compromisos de reducción de emisiones- podrán compensar el exceso de sus propias emisiones con dichos bonos de carbono. Y, a la vez, las recaudaciones de dichas ventas, servirán para financiar las políticas que deben frenar la deforestación en los países en desarrollo.
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A los países en desarrollo se explicó que la lógica consiste en dar un valor a los bosques, y pagar a quienes viven en ellos. Bajo esta lógica, la decisión económica de quien planifica deforestar el bosque cambia, ya que podrá ganar por no deforestar.
La propuesta tuvo mucho apoyo y fue promovida por varios países y también por instituciones internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo ONU-REDD (dependiente de PNUD; FAO y PNUMA), y por ONG internacionales, como Conservation International. Muy rápidamente el acrónimo REDD se volvió un sinónimo del enfoque de mercados para bosques. En las decisiones de la CMNUCC, REDD se ha ido vinculando con los mercados de carbono, y se trabajó para operativizar el esquema, definiendo las bases de los cálculos relativos a las líneas base para los bosques, la cantidad de carbono almacenado, y los ratios de deforestación.
Interesante notar que la primera experiencia de preservación de bosque con mercados —inclusive antes de que el concepto fuera conocido como REDD— nace en Bolivia. Se trata del proyecto de conservación del Parque Noel Kempff Mercado (NKM), desarrollado en el período 1995-1997. Bajo el impulso de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) y la ONG americana The Nature Conservancy (TNC), se implementó un proyecto, orientado hacia la futura generación de bonos de mercado por deforestación evitada. El proyecto aseguró casi duplicar el área de lo que era en ese entonces el Parque Noel Kempff Mercado, para lo cual se consiguieron fondos de fuentes privadas, como las empresas petroleras (BP) y la empresa de generación de electricidad de los Estados Unidos (Pacifi Corp y American Electric Power). El proyecto fue desarrollado con el conocimiento y consentimiento del Estado boliviano, en el período del ex presidente Sánchez de Lozada.
Los fondos fueron utilizados en parte para compensar las concesiones madereras que funcionaban en alrededores del Parque además del desarrollo de proyectos para apoyar a los pueblos indígenas que viven en el área de amortiguación. Para poder cumplir con los requisitos internacionales de medición, reporte y verificación, se empezó con la medición del carbono almacenado y otros factores importantes, con una visión de una posterior comercialización de créditos en los mercados de carbono.
Estaba previsto que después de un periodo de 10 años se llevaría a cabo una primera medición de los resultados para certificar la deforestación evitada, con la posterior venta a los mercados de carbono. Posterior a ello, se consideraba certificar cada tres años la deforestación evitada, y llevar al mercado. Debido a la alta inestabilidad de autoridades estatales en el periodo 2003-2005, además de una falta de claridad de cómo se debería dividir entre los diferentes actores involucrados los beneficios de los certificados, no se logró emitir dichas certificaciones y se paralizó parcialmente el proyecto. Sin embargo, los fondos iniciales que aportaron las empresas norteamericanas, fueron invertidos como fondos fiduciarios y siguen proveyendo recursos parcialmente para el funcionamiento de proyectos de apoyo por parte de la FAN a los indígenas que habitan el área de amortiguación. A finales del año 2008, Bolivia decide que no quiere participar en los mercados de carbono y se acaba con los intentos de venta de los bonos de carbono que hubiera generado el Parque Noel Kempff Mercado.
A pesar de que nunca se vendieron certificados de carbono, el proyecto REDD se volvió parte de una polémica fuerte; sus promotores lo mostraban como el primer proyecto de REDD que funcionaba a nivel internacional, y que además logró reducir de manera certificada la deforestación, pero existieron también posturas contrapuestas como la de Greenpeace que publicó un informe donde, en base al caso del parque NKM, se demostraba que la política de REDD no funcionaba (Greenpeace, 2009).
Llama la atención que hasta la fecha, la ONG americana Nature mantiene el proyecto NKM en su página web, indicando que fue un éxito en la implementación de REDD[3], mencionado como el primer proyecto grande que tuvo reducciones de emisiones verificadas por un verificador independiente.
3. Los problemas de los mercados de carbono
Efectivamente, los mercados de carbono en general, y REDD en particular, tienen problemas e incoherencias conceptuales.
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1. En los mercados de carbono, quien paga un bono de carbono, tiene el derecho de emitir una tonelada de CO2. Son precisamente los países desarrollados los que tienen emisiones históricas y emisiones per cápita muy altas, quienes compran los derechos de emitir más. Los mercados de carbono contrarrestan la necesidad de reducciones urgentes para estos países.
2. Para mantener los precios de los mercados de carbono, se necesita una alta demanda y una relativamente baja oferta. Las políticas climáticas hacen justo lo contrario: los compromisos de reducción son muy suaves, por lo cual no existe mucha demanda para comprar bonos de carbono. Por el contrario existe una oferta muy amplia de bonos, parcialmente generada por proyectos que no implican una reducción real de las emisiones. Los bonos de REDD aumentarán en gran medida la oferta de bonos.
3. Una reducción de las emisiones por la deforestación se traduce automáticamente en derechos de emisiones en otra parte del planeta, deshaciendo el objetivo de reducciones netas.
4. Como los bonos de carbono no representan una mercancía visible, son muy susceptibles a corrupción, como ya fue ampliamente demostrado en el pasado.
5. Bonos de carbono en los bosques implica que quien compre el bono es dueño del carbono almacenado en dicho bosque, quitando así el derecho de decisión soberano de quien habita el bosque.
6. Consecuentemente hay una infinidad de quejas sobre atropellos a los derechos humanos de los habitantes del bosque en zonas con contratos de REDD.
7. Para asegurar que los bosques mantengan la cantidad de carbono establecida, se necesita contratos a largo plazo. Sin embargo, no existe ninguna seguridad sobre la estabilidad de los precios de los bonos de carbono a largo plazo; por el contrario, los mercados de carbono están colapsando, y todo indica que se mantendrá esta tendencia.
8. Después del pago de los bonos, los bosques todavía son susceptibles a ser deforestados, de modo que la permanencia de carbono ni los derechos de emisión son asegurados.
9. Tampoco hay garantía que los efectos de deforestación no se muevan hacia zonas aledañas, solamente desplazando la deforestación y no eliminándola.
10. El precio ofrecido por hectárea de bosque bajo manejo de REDD no compensa las posibles ganancias en el sector agropecuario, por lo cual la lógica economicista no se cumple.
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11. Por ello, en muchas zonas, los gobiernos intervienen con mano militar para prevenir la deforestación y proteger los compromisos contraídos a nivel internacional.
12. La definición de la línea de base definirá a largo plazo cuánto será la deforestación evitada, y, por ende, cuántos serán los derechos de emisión. Si otros factores bajan la deforestación, de igual forma se mantienen altos los derechos de emisión.
13. Quienes ingresaron en la lógica de REDD, sienten que tienen el derecho de ser pagados por proteger el bosque. Esto lleva a un debilitamiento de facto de las políticas públicas, y, además, al supuesto derecho de deforestar cuando hay ausencia de pagos por concepto de REDD.
4. La propuesta boliviana como alternativa a REDD
Frente a los problemas expuestos con el concepto de los mercados de carbono y de REDD en particular, Bolivia decidió proponer un mecanismo de protección de los bosques, no basado en esquemas de mercado. Es curioso notar que las propuestas fueron hechas primero como posiciones ante la CMNUCC, antes que como propuesta de política nacional. Sin embargo, cuando se revise la propuesta entregada a nivel internacional, se identifica que más se trata de una propuesta específica para Bolivia, y no tanto un marco de políticas para todos los países en el escenario internacional. No obstante, hay lecciones y aportes interesantes de esta propuesta para el nivel interno en Bolivia y para los otros países.
La propuesta del funcionamiento del mecanismo en Bolivia
El Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra (MCMA o Mecanismo de Bosques) se basa en una visión de manejo integral del bosque. Según el documento, presentado por el gobierno boliviano ante la CMNUCC en agosto de 2011,
…el manejo integral y sustentable de los bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra comprende una variedad de dimensiones entre las que se incluye la dimensión de los recursos forestales, la diversidad biológica de los bosques, la salud y vitalidad de los bosques, funciones productivas, de protección, socio-económicas y culturales y un marco legal, institucional y político. Asimismo, considera el manejo sustentable de los paisajes incluyendo la promoción de sistemas productivos agrícolas, ganaderos, piscícolas y forestales, y su combinación, de manera sustentable (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012).
El mecanismo espera poder frenar la deforestación, basado en tres factores fundamentales: 1) incentivos para proyectos de gestión integral del bosque, 2) desincentivos (multas) para la deforestación ilegal, en el marco de su visión sobre regulación y control, y 3) fortalecimiento de la gobernanza estatal y la gobernanza de las mismas organizaciones sobre el tema forestal. A continuación se explican cada uno de los factores.
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Daiela Rico. Sirena varada. Xilografía sobre papel, 2006.
Incentivos
El pilar más fuerte del MCMA se basa en el apoyo a las iniciativas de gestión integral que protegen el bosque. Cada proyecto tendrá que adscribirse voluntariamente al mecanismo, y recibirá un apoyo continuo y sostenido, que debe encaminar la gestión integral de los bosques con proyectos sostenibles que permiten el vivir bien de la población que habite dichos bosques. A medida que un proyecto cumpla con la conservación en el marco del manejo integral y sostenible, seguirá recibiendo apoyo periódico; si un proyecto ya no cumple, no recibirá apoyo.
Se dará apoyo de diversa índole, según las características específicas de cada uno de los proyectos. El apoyo podría ser financiero, de asistencia técnica, legal (apoyo en consolidar derechos propietarios), de defensa territorial (una fiscalización y control efectiva contra actos ilegales de terceros), facilitando iniciativas locales, priorización del desarrollo de infraestructura social y productiva y acceso a servicios básicos, gestión y desarrollo de cadenas de producción articuladas con mercados nacionales e internacionales, fortalecimiento organizacional y de sistemas de educación.
El apoyo puede estar destinado a proyectos específicos de gestión integral de bosques ya existentes, o también para la formulación de nuevos proyectos en áreas de alto riesgo de deforestación.
Desincentivos mediante regulación y control
El Mecanismo prevé las siguientes sanciones y mecanismos para implementarlas:
Penalizaciones, sanciones y multas a malas prácticas, imponiendo multas efectivas a procesos de desmontes ilegales o mal manejo del bosque.
Fiscalización y control con sanciones al uso no planificado y no sustentable de los bosques y las áreas con vocación forestal.
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Expulsión del Mecanismo en caso de incumplir los compromisos asumidos.
Se ha previsto la aplicación de multas altas a autores de la deforestación ilegal. En el marco de un estudio, el Instituto de Estudios Avanzados para el Desarrollo (INESAD) desarrolló la proyección de la deforestación evitada basada en los incentivos en combinación de una multa de $us 450 por hectárea de deforestación ilegal[4], que se puede tomar como monto de referencia.
El fortalecimiento de la gobernanza del bosque y la articulación de procesos[5]
El mecanismo se constituirá en una forma de coordinación entre diferentes instituciones existentes, entre ellas varios entes estatales, como la Autoridad de Tierras y Bosques (ABT), el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), Entidad Plurinacional para la Madre Tierra (creada en reemplazo del antiguo PNCC), el Viceministerio de Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), y, para los temas financieros, el Banco Central de Bolivia (BCB) y el Fondo Plurinacional de Justicia Climática. Sin embargo, también se pretende coordinar con organizaciones sociales y entes privados, entre los cuales están las Tierras Indígenas Originarias Campesinas (TIOC), comunidades, ONG, y entidades académicas y de investigación.
Además se propone articular otros esfuerzos públicos que son muy importantes para la consecución de sus objetivos, tales como el saneamiento de la propiedad agraria; la descentralización en el manejo de los bosques y otros recursos naturales; la zonificación de uso del suelo y la planificación de la gestión territorial; la investigación e innovación agropecuaria y forestal; y la regulación, monitoreo, fiscalización, control y manejo de los suelos, de los bosques y las áreas protegidas.
El Mecanismo deberá trabajar para lograr una articulación efectiva y movilizar un conjunto de procesos, entre los cuales están los derechos propietarios, los procesos de descentralización y autonomía en el gobierno de los bosques, la gestión territorial, la promoción del manejo integral y sustentable de los bosques, la articulación de los bosques con la agricultura dentro de las visiones de la gestión de paisajes, entre otros. Esto requerirá de una articulación de los esfuerzos públicos y de metas comunes de actores locales donde el involucramiento de y el respeto por los pueblos indígenas es fundamental.
La propuesta en el marco de la CMNUCC
A nivel internacional, el Mecanismo cae bajo el amparo de los artículos desarrollados en el marco del Plan de Acción de Bali, específicamente el subcapítulo 1biii que se refiere a la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques. Tanto en la COP 17 como en la COP 18 se aprobaron artículos específicos relevantes al mecanismo.
La inscripción de este mecanismo fue posible porque responde a los mandatos básicos de este subcapítulo del Plan de Acción de Bali:
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1. Trabaja con incentivos positivos.
2. Trabaja para reducir la deforestación y la degradación de bosques.
3. Cumple con las mismas salvaguardas que los proyectos REDD en general.
Un aspecto que fue más difícil de vincular, es el de adaptación de los bosques, ya que en el Plan de Acción de Bali, los incisos correspondientes se refieren exclusivamente a la problemática de la mitigación.
Sin embargo, muchos países coincidieron que los bosques no solo están relacionados con el tema de la mitigación, sino también con la adaptación. Además vale recordar que la problemática de REDD también fue retomada en la Convención de Diversidad Biológica (CDB), donde prevalecen en mayor grado las múltiples funciones del bosque, aunque mayoritariamente con un enfoque mercantilista.
Aporte para otros países
El mecanismo boliviano tiene un fuerte contraste con la política de REDD, que uniformiza la respuesta para reducir la deforestación y degradación de los bosques a un solo molde para todos los países, y justamente es criticada por no tomar en cuenta las diferentes realidades, necesidades, circunstancias y culturas entre los diferentes países. Esto es el mérito de la propuesta boliviana: funciona en base a los aportes locales y los avances ya existentes. Sin embargo, este enfoque dificulta una implementación universal para todos los países, ya que las circunstancias son divergentes en todos los casos.
Un aporte importante del Mecanismo es que ofrece la posibilidad de concebir que REDD no es la única respuesta a la necesidad de preservar los bosques, y brinda alternativas entre las cuales están:
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1. Demuestra que las políticas de conservación de bosques deben estar basadas en la integralidad, y en el desarrollo sostenible para quienes habiten en el bosque. El enfoque parte de lo local, y esto debería ser la norma a nivel internacional.
2. No involucra mercados de carbono y, por ende, la conservación de los bosques no provee derechos de emisiones para terceros.
3. Enfrenta a los países desarrollados con su deber moral, el de transferir fondos para la conservación del medio ambiente en los países en desarrollo, aspecto que ellos mismos descuidaron por completo y por lo cual tienen una deuda climática que deben honrar.
4. Se tiene un alto grado de respeto por los derechos de los pueblos indígenas y otros habitantes de los bosques.
5. Brinda una alternativa para que otros países también consideren esquemas alternativos a REDD.
5. La factibilidad de la propuesta boliviana a nivel nacional
Mientras que la propuesta teórica del Mecanismo tiene varias virtudes, y también varios problemas intrínsecos a su organización, como se verá más abajo, el problema principal es que las políticas aplicadas en el territorio nacional van en gran medida en contra de lo planificado.
La presentación del Mecanismo encaja en la visión internacional que quiere proyectar el gobierno en los escenarios internacionales: Bolivia como país defensor de la Madre Tierra, la vanguardia de los países ambientalistas. El discurso ambientalista en los escenarios internacionales siempre es muy fuerte. Sin embargo, se ha constatado repetidamente que las políticas aplicadas en el territorio nacional no se enmarcan necesariamente en la misma visión.
La propuesta del Mecanismo Conjunto lo demuestra más que ninguna otra política. Las contradicciones entre la planificación presentada a nivel internacional, y la orientación de las políticas implementadas a nivel nacional, no podrían ser más grandes.
El punto donde más coherencia hay es el rechazo de los mecanismos de mercados: efectivamente, a nivel nacional se ha prohibido la venta de bonos de carbono, ya sea por bosques o por otro tipo de proyectos.
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Estímulo para el avance de la frontera agrícola
A pesar que la Ley de la Madre Tierra prohíbe la deforestación, queda claro que la ampliación de la frontera agrícola es una política del gobierno. Durante el gobierno de Evo Morales, se incrementó en 21% la frontera agrícola, llegando a un total de 3.1 millones de hectáreas (Cambio, 2012). Además el gobierno llegó a un acuerdo con el sector de los agroindustriales de Santa Cruz para una adicional ampliación de la frontera agrícola con la meta de llegar a 10 millones de hectáreas (El Mundo, 2012). Se han dado todas las garantías legales de pertenencia de la tierra a los agroindustriales (FAO, 2012).
En oportunidades anteriores se había escuchado mensajes similares de parte de representantes del gobierno: en 2011, el viceministro de Tierras, José Manuel Pinto, aseguró que Bolivia puede ampliar su frontera agrícola de 5 a 10 millones de hectáreas (Tierra, 2011); también están las promesas del Vicepresidente, en diciembre 2012, para ‘pelear’ por ampliar la frontera agrícola (El País, 6 diciembre de 2012). Autoridades de la gobernación de Pando planifican deforestar el 40% del territorio del departamento, con miras a proyectos productivos, en particular hidroeléctricas (Página Siete, 2013).
La deforestación ilegal de años pasados fue perdonada a través de la Ley 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques. Solo se requerirá el pago de multas que son bajas en comparación con las ganancias que se pueden obtener por la actividad agropecuaria en las áreas deforestadas, y el compromiso de reforestar.
Estímulo para colonización de tierras bajas
Se ha evidenciado una política que estimula la migración de productores del occidente hacia áreas del oriente. Algunos han hecho mención a colonizadores que llegan con títulos asegurados o con comodidades específicas —conexión de televisión satelital— apoyados por entidades gubernamentales[6]. Podemos mencionar como ejemplos a colonos que han sido reubicados con política gubernamental desde áreas del occidente, específicamente Potosí y Cochabamba, hacia Pando.
Proyectos de desarrollo
La lucha contra la deforestación se encuentra altamente perjudicada por proyectos grandes de desarrollo. Sin embargo, el Estado Plurinacional ha priorizado durante los últimos años el desarrollo de varios proyectos grandes y muchos pequeños, en nombre del desarrollo nacional, los cuales pueden significar un gran revés a los objetivos de parar la deforestación. Entre ellos:
Política de construcción de carreteras
La integración caminera atravesando los bosques generalmente inicia un proceso de colonización espontánea, extracción maderera, minería y especulación de tierras que es prácticamente imposible de controlar por los gobiernos. Los efectos devastadores de una carretera van más allá de la mera deforestación, incluida una afectación grave a la biodiversidad, una facilitación para la entrada de cazadores o madereros ilegales, un aumento en la polución química y de nutrientes afectando fuertemente la vida silvestre, y barreras contra el drenaje de agua (Laurance, Goosem y Laurance, 2009).
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Los impactos de las carreteras construidas en Bolivia, atravesando parques naturales u otras áreas de vocación forestal, son dramáticos. Es muy conocida la destrucción del Chapare después de la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, mismos efectos que se vieron más recientemente por la construcción de la carretera bioceánica en Pando[7].. También en el Pantanal está entrando la producción soyera en la TCO Pantanal después de la construcción de la carretera que pasa por su territorio[8]. Sin embargo, el Estado boliviano no ha aprendido las lecciones de estas experiencias, y sigue impulsando la construcción de nuevas carreteras atravesando parques naturales.
Minería
Los impactos de la minería son múltiples y abarcan la deforestación y degradación de bosques, la contaminación y afectación al ciclo hídrico, además de conflictos de invasión de tierras indígenas.
La deforestación y degradación afecta a las mismas áreas de explotación minera, pero también los asentamientos humanos cerca de las minas y las vías de acceso a estas explotaciones, que tienen un efecto similar a la integración caminera descrita en el anterior punto. También afecta la tala de árboles para la obtención de carbón vegetal, combustible necesario para el trabajo minero.
La contaminación es principalmente hídrica. Y existe una afectación al balance hídrico: la minería puede tener un impacto en el área de drenaje, contaminando el agua con escorrentías provenientes de la mina.
A pesar de ello, la minería en la Amazonía boliviana está teniendo un importante crecimiento en los últimos años. Hasta 2010 ya se contaba con alrededor de medio millón de hectáreas con derechos mineros en las tierras bajas de Bolivia (Tejada, 2013).
Hidrocarburos
La exploración y explotación de petróleo en la Amazonía ya tiene un largo recorrido. En la fase de exploración, se trazan corredores grandes y largos, con el objetivo de hacer la exploración sísmica. Nuevamente, estos corredores tienen un efecto porque permiten un mayor acceso a la población y una posterior deforestación. Además surgen varios de los mismos problemas que en la minería.
Sin embargo, para el gobierno boliviano, la extracción petrolera en la Amazonía es una absoluta prioridad, y oponerse a ello es ‘una oposición a la economía nacional’ y ‘un acto de la derecha’ (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010).
Efectivamente durante el periodo 2007-2010, Bolivia duplicó el área de exploración petrolera adjudicada a YPFB, que suman 14.9 millones de hectáreas en zonas protegidas, parques naturales y territorios indígenas (Fobomade, 2012).
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Hidroeléctricas
Las hidroeléctricas afectan severamente al área boscosa, no solamente por las extensas áreas de inundación y por el área de afectación de la construcción, con caminos hacia el sitio, sino también por el profundo grado de afectación al equilibrio ecológico de los ecosistemas en los cuales se implementen. A su vez se ha comprobado que las hidroeléctricas en la Amazonía son una gran fuente de metano, y por ende grandes contribuyentes al cambio climático (McCully, 2011). Sin embargo, el gobierno decidió que construirá la mega-represa de Cachuela Esperanza (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010).
Estos distintos factores que priorizan al ‘desarrollo nacional’ sobre la protección ambiental hacen dudar a varios de los actores involucrados sobre la posibilidad de implementar el Mecanismo de forma que realmente pueda frenar la deforestación.
A manera se cierre
Mientras que a nivel internacional sigue avanzando la propuesta de REDD, que se basa en fondos inseguros provenientes de mercados de carbono que proveen derechos de emisiones, el gobierno boliviano hizo una propuesta alternativa, el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra.
El Mecanismo Conjunto propone sus intervenciones en el marco de procesos de gestión territorial con las entidades territoriales autónomas (gobierno departamental, municipal o autonomía indígena originario campesina) y Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC). En estos escenarios promueve una efectiva articulación entre actores públicos y privados en objetivos y/o metas comunes con relación a indicadores conjuntos de mitigación y adaptación al cambio climático.
El Mecanismo Conjunto considera a los bosques desde una perspectiva holística como parte de sistemas de vida donde interactúan diferentes componentes de la naturaleza (agua, tierra y bosques), por lo mismo, se hace manifiesta la necesidad de avanzar en el manejo integral y sustentable de los bosques, así como en la necesidad de articular el manejo y aprovechamiento de los bosques al desarrollo de sistemas productivos agrícolas, pecuarios, piscícolas y forestales, es decir, tomando en cuenta la compleja interacción que existe entre bosques, agricultura y provisión de agua. La propuesta tiene además el potencial de abrir el accionar alrededor de bosques, con un enfoque más integral, y basado en los derechos de los pobladores locales, y en proyectos sostenibles que permiten vivir en los bosques sin afectarlos.
Para la implementación del Mecanismo se requiere tomar en cuenta la evaluación de las condiciones de gobernanza local que orientan respecto a cuáles son las condiciones de contexto necesarias para garantizar el máximo impacto del mismo. A su vez la operación del Mecanismo Conjunto se basa en la integración de tres componentes: planificación y concertación, marco operativo de acción, monitoreo de indicadores conjuntos, y evaluación de desempeño.
El enfoque de no mercado para la mitigación y adaptación al cambio climático, denominado en Bolivia como “Vida Sustentable del Bosque”, se ha traducido en el Estado Plurinacional de Bolivia a través de la creación de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, la cual es la encargada de implementar el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra, el Mecanismo de Adaptación para Vivir Bien y el Mecanismo de Mitigación para Vivir Bien, así como el Fondo Plurinacional.
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El Mecanismo tiene como base la propuesta denominada “Vida Sustentable del Bosque”, se basa en los siguientes principios: a) No mercantilización de las funciones ambientales de los bosques; b) Manejo integral y sustentable de los bosques, incluyendo tierra, agua y biodiversidad, con énfasis en prácticas productivas locales y tradicionales; c) Promoción de las múltiples funciones de los bosques: económicas, sociales, ambientales, y culturales; d) Complementariedad de derechos, obligaciones y deberes para el manejo del bosque, destacando los derechos de los pueblos indígena originario campesinos y los derechos de la Madre Tierra, y e) Reconocimiento del doble rol de los bosques en mitigación y adaptación al cambio climático.
Cambio 2012 “Frontera agrícola crece 21% y se amplía a 3,1 millones de hectáreas”. En: http://www.cambio.bo/econom%C3%ADa/20121221/frontera_agricola_crece_21_y_se_amplia_a_3,1_millones_de_hectareas_85506.htm. [ Links ]
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[1] Analista política, investigadora sobre políticas ambientales a nivel nacional e internacional. Correo electrónico: nele.marien@gmail.com. La Paz-Bolivia.
[2] Global Greenhouse Gas Emissions by Source. En: http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/global.html.
