¿Viejos actores, nuevos problemas? ¿Nuevos actores, viejos problemas?

 Balance de la investigación sobre pueblos indígenas de tierras bajas

Old actors, new problems? New actors, old problems?

Evaluation of research on lowland indigenous peoples

 Ana María Lema1

Fecha de recepción: abril de 2012
]]> Fecha de aprobación: mayo de 2012

Versión final: junio de 2012

Palabras clave: investigación / indígenas y campesinos de tierras bajas / tenencia de tierra / derechos indígenas / recursos naturales / gestión territorial

This article proposes to show how research published by the PIEB on the lowland indigenous peasant thematic set out to identify former social actors − rendered invisible both by society and by the academic world − and others that are new, in the sense of today having organisations that represent them. Such research is devoted to studying indigenous people in situations of adaptation or conflicts created by longstanding problems (landholding, rights, political participation) and new ones (handling of natural resources, territorial management).

Keywords: research / lowland indigenous people and peasants / landholding / indigenous rights / natural resources / territorial management

INTRODUCCIÓN 

Pese a haber sido parte integrante de la geografía y de la historia de nuestro país, las tierras bajas y, específicamente, sus poblaciones originarias, recién se han convertido en objeto de estudio a fines del siglo XX. Acontecimientos, modas y políticas públicas llevaron a que cientistas sociales se interesaran por un espacio que ofrece una variedad de temáticas de estudio tanto sobre su población humana, su biodiversidad o su potencial económico. El Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) ha sido parte de este proceso al haber impulsado numerosas investigaciones sobre la temática y, en este artículo, evocaremos los aportes de algunas publicaciones auspiciadas por esta institución y difundidas en la primera década del siglo XXI2. 

Es preciso identificar los momentos o etapas en las que se producen rupturas que permiten detectar la existencia de un antes y un después, específicamente para la historia de los pueblos indígenas de tierras bajas. El punto de partida de estos cambios ha sido la Marcha por el Territorio y la Dignidad realizada en el invierno del año 1990, marcha en la que varias organizaciones indígenas de las tierras bajas, cansadas de no encontrar respuestas a sus reivindicaciones, iniciaron una gran movilización que permitió que el país en su conjunto se diera cuenta de su existencia. Los años siguientes han ofrecido oportunidades para lograr un mayor reconocimiento a estos actores.  

A partir de entonces, varios hitos de la historia reciente boliviana (2000-2010) han tenido un impacto directo en las poblaciones indígenas y campesinas de las tierras bajas. Pero más allá de los hitos en sí, dos procesos han afectado notoriamente a las mismas. En primer lugar, en los años 1990 específicamente en los años 1993-1997, durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada la producción de normas legales ha sido importante tanto en materia social como ambiental. Cabe destacar que no fue un fenómeno exclusivamente boliviano. Ver Cuadro 1. 

Cuadro 1

Legislación favorable al mundo indígena en la última década del siglo XX

Fuente: Elaboración propia a partir de Lema, 2001; Martínez, 2010 y datos de Xavier Albó.

Muy criticadas en los años siguientes, varias de estas medidas fueron sustituidas por otras en el marco del nuevo contexto político, a partir de la llegada del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder desde el año 2006. El llamado “proceso de cambio” suponía la incorporación de la atención de las demandas indígenas de manera prioritaria pero la primera gestión de gobierno (2006-2010) no ha mostrado muchos avances en la materia. Al contrario, se ha constatado algunos retrocesos debido a la prioridad que se ha dado al sector campesino originario en desmedro de los intereses de los indígenas. En el segundo periodo de gobierno del MAS (2011-2015) no se ve todavía muchos avances. 

En esta década, hubo importantes avances legales que fortalecieron la imagen -fuera del país- de una Bolivia progresista e innovadora. Ver cuadro 2.  

Cuadro 2

Legislación favorable al sector indígena en la primera década del siglo XXI

Fuente: Elaboración propia a partir de Lema, 2001; Martínez, 2010 y datos de Xavier Albó.

En las siguientes páginas, evocaremos, en primer lugar, a los viejos y nuevos actores indígenas que fueron estudiados por los investigadores del PIEB. Antes de adentrarnos en los problemas que han y que siguen enfrentado, veremos cómo algunos estudios se han dedicado a analizar los efectos de la implementación o aplicación de algunas reformas en un escenario indígena. Luego, evocaremos los viejos y nuevos problemas que aquejan a este sector y los que se encuentran siempre en agenda.

Las investigaciones del PIEB que tomaron en cuenta a pueblos indígenas específicos se interesaron en los grupos siguientes: ayoreos, chiquitanos, guarayos, yuracaré, sirionó, moxeño, itonama, chacobo-pacahuara, tacanas, chimane, mosetenes, guaraníes, tapietes y weenhayek. Son los grupos étnicos de la región amazónica los que han recibido la mayor atención de los investigadores del PIEB; los siguen los pueblos del Chaco. De manera más detallada, guarayos y guaraníes han generado una mayor cantidad de estudios, que vienen a reforzar una importante producción bibliográfica. En cambio, el pueblo chiquitano, el más numeroso del conjunto pero también con altos niveles de aculturación debido a una larga convivencia con la sociedad colonial, ha concitado menos atención de parte de los investigadores del PIEB, quizás por estar más atendidos por otras instituciones. De todas maneras, los aportes de estos estudios son importantes en la medida en que permiten visibilizar pueblos que, hace un poco más de veinte años, eran desconocidos tanto de la sociedad boliviana en general como de algunas comunidades científicas.

En este acápite, haremos referencia a las investigaciones que abordan a los actores indígenas desde las disciplinas de la antropología y la historia; evocaremos también a los actores campesinos. Finalmente, es a partir de la visibilización del actor indígena como colectivo, como conjunto capaz de tomar determinaciones, acciones, movilizaciones y de poder tener impacto en la política, que los estudios se han volcado hacia las instancias que representan y que actúan a nombre de los indígenas: sus organizaciones.

Los indígenas desde la antropología y la historia

Algunos de los estudios propiciados por el PIEB rescatan un abordaje más “tradicional” de esta temática, como por ejemplo el de Eddy Arce3 (2003) que pretende entregar una suma de conocimientos sobre el pueblo indígena tapiete, ubicado al extremo suroeste del país, en el Chaco tarijeño, a orillas del río Pilcomayo, casi en la frontera con el Paraguay, y que se caracteriza por contar con muy pocos pobladores en Bolivia (pero muchos en Paraguay) y por una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de más de 20.000 hectáreas.

En los llanos de Moxos, el estudio de Zulema Lehm (2002) se enfoca en las relaciones interétnicas y de género a partir de la práctica social del matrimonio que sintetiza ambas y que permite la reproducción de los grupos. Esta investigación cualitativa reúne estudios de caso por pueblo indígena (guarayo, sirionó, moxeño y yuracaré) en un departamento común: el Beni. Cada uno de los estudios de caso se asemeja a una monografía por cada pueblo, con énfasis en temas de parentesco, género, matrimonios, identidad, reproducción étnica y valoraciones interétnicas e intergenéricas. Se constata que la manera en que cada pueblo percibe a los demás pueblos refleja una suerte de jerarquía étnica. El estudio de los matrimonios interétnicos está ligado al de temas como salud, migraciones y reproducción económica. Pese a haber sido realizado hace más de diez años, sigue siendo una investigación de referencia en materia de género y pueblos indígenas.

Un caso aparte4 constituyen los estudios históricos realizados por dos especialistas: la investigación de Isabelle Combès (2005) sobre la región del Isoso, en el Chaco cruceño, busca en el pasado las raíces de muchos comportamientos y estrategias actuales. Es un texto que interpela a la comunidad académica así como a las instituciones cercanas a las organizaciones indígenas, desmitificando algunos personajes o hechos. Es respetuoso de los actores indígenas pero no pretende hacer apología de los mismos. Ofrece pistas para entender las pugnas por el liderazgo indígena entre los isoseños, desentrañando el tema en la larga duración. A su vez, en la provincia cruceña de Guarayos, Pilar García Jordán (2006) presenta una historia general de la región brindando elementos para entender problemáticas contemporáneas, por ejemplo, en torno al tema de la tenencia de la tierra y de las élites locales. Estas dos autoras han producido investigaciones que se preocupan por estudiar a los indígenas destacando sus relaciones con el entorno social, tanto en el pasado como en la actualidad. Más allá de ser historias indígenas, los resultados son historias regionales.

En el Beni, Wilder Molina (2009) dibuja un retrato de la sociedad chimane que se caracteriza, entre otras cosas, por haberse mantenido relativamente al margen de la influencia de la sociedad boliviana pese a contar con una larga historia de relacionamiento con sus vecinos. Es una sociedad donde la familia es más importante que la comunidad, cuya constitución obedece más a la necesidad de adaptarse a las presiones y demandas del entorno (municipio, por ejemplo). El estudio plantea el tema de la identidad y de la autoafirmación, de la identificación por los demás, y del dilema entre identidad étnica e identidad territorial.

Los campesinos

La presencia de los campesinos en el escenario social y en el de los estudios académicos es de larga data. Sin embargo, el auge de las identidades indígenas y originarias, a fines de los años 1970 y específicamente en la última década del siglo XX, parece haberlos relegado a un segundo plano en el mundo académico. La Constitución Política del Estado (CPE) de 2009 ha recuperado el término al referirse constantemente al conjunto “indígena-originario-campesino”. En el grupo de estudios del PIEB, los aportes de Alfonso Hinojosa y de Carlos Vacaflores sobre la situación del campesinado chapaco en el valle tarijeño son de gran valor.

Carlos Vacaflores (2003) aborda otro tipo de migración, de carácter temporal: la trashumancia del ganado vacuno. Esta práctica, considerada por muchos como “premoderna”, es en realidad una estrategia económica vital para el sector campesino del valle tarijeño. Describe minuciosamente sus estudios de caso, familias campesinas agrupadas en una asociación cuyo denominador común es la práctica de la trashumancia. La investigación presenta un enfoque novedoso sobre la actividad ganadera, ofreciendo una nueva perspectiva sobre el actor ganadero, frecuentemente asociado a la imagen del empresario, dueño de un numeroso hato en grandes extensiones -como en Guarayos, San Matías, Beni, Cordillera- mientras que acá se trata de un actor campesino. Señala las limitaciones del concepto de comunidad adscrito a una unidad territorial definida. Plantea una importante reflexión teórica sobre campesinado y desarrollo a partir de la experiencia de la sociedad rural de Tarija que ha tradicionalmente excluido al campesinado de su visión de desarrollo.

Nuevos actores: las organizaciones indígenas

Las organizaciones indígenas han llamado la atención de los investigadores pues son las instancias que permiten un abordaje más integral y conjunto de las problemáticas indígenas. Además, se han convertido en actores sociales de gran importancia en los últimos años; efectivamente, muchas de ellas se conformaron debido a la necesidad del Estado de contar con interlocutores organizados para dialogar en distintos niveles: local, municipal, provincial, departamental o nacional. Es precisamente este carácter que ha incidido en el interés de los investigadores; además, se ha establecido una norma implícita en el mundo académico: la de pedir permiso a las organizaciones para poder incursionar en un determinado universo indígena. Muchas veces, los representantes de estas organizaciones han sido los interlocutores e informantes de los investigadores por conocer mejor que los demás una problemática específica.

En las investigaciones auspiciadas por el PIEB, se constata una mayor presencia de las organizaciones guaraníes y del Chaco que son las más importantes en términos de cobertura, pues la Asamblea del Pueblo Guaraní abarca varios departamentos. Las demás organizaciones o capitanías son muy locales; corresponden a un pueblo indígena territorialmente concentrado (el caso de COPNAG para los guarayos) o disperso (el caso de CANOB para los ayoreos). Las organizaciones amazónicas suelen ser más pequeñas (TAPAYA para los chacobo-pacahuara).

El estudio de Mirna Inturias (2003) ha permitido visibilizar la capitanía guaraní de Parapitiguasu, en el que se describe los recursos naturales en tres comunidades guaraníes, pero con mucho énfasis en las características de la organización indígena. Recurre a la historia para explicar las diversas situaciones en torno a la tenencia de la tierra en estas comunidades. Se evoca la presencia creciente del Estado y el impacto de la guerra del Chaco.

Isabelle Combès y José Ros (2003) abordan el tema de la migración relativamente reciente de otros pobladores guaraníes hacia la ciudad y las áreas periurbanas de Santa Cruz de la Sierra. Los autores desarrollan una reflexión sobre la identidad y cómo aquella se adapta al entorno. Estudian el desempeño de una organización indígena (la capitanía Zona Cruz) que no cuenta con una base territorial definida ni demanda una TCO pero que pide el reconocimiento de los derechos de sus miembros. Es un texto de actualidad, pese a que la coyuntura ha cambiado.

Por otro lado, los estudios dedicados a los derechos indígenas (ver adelante) se detienen minuciosamente en las organizaciones indígenas que los representan. Por ejemplo, el Consejo del Pueblo Nativo Guarayo (COPNAG), previamente estudiado por Elba Flores (2007) en torno al tema de la resolución de conflictos, es también analizado por José Martínez (2010) que evoca las diversas crisis por las que pasó dicha organización.  

LA TRANSICIÓN, OBJETO DE ESTUDIO

Si la marcha indígena de 1990 constituye un hito histórico para que la sociedad boliviana tome conciencia de la existencia de las poblaciones indígenas de tierras bajas, es principalmente a partir de las reformas de esa década que el tema indígena se convierte en materia de política pública. Dos de ellas, en particular, han creado condiciones para que las organizaciones indígenas se movilicen en defensa de sus derechos, tanto políticos como territoriales. Se trata de la ley de Participación Popular (1994), y de la ley del Instituto de Reforma Agraria, aprobada tras una movilización indígena en 1996.

Ana María Lema (2001) analiza la implementación de la ley de Participación Popular en municipios con una mayoría de población indígena, a partir de tres casos: el municipio de Urubichá en la frontera sur de la región amazónica y dos municipios chaqueños: Gutiérrez y Villa Montes. Tras un análisis de la historia de la relación y, específicamente, del contrapunteo entre el Estado y los pueblos indígenas de tierras bajas, de manera general, y de la contextualización de los estudios de caso, se llega a la evaluación del ejercicio político de los derechos indígenas a través de la identificación de los escenarios de la participación indígena, mayormente construidos por la Participación Popular: organizaciones territoriales de base, comités de vigilancia, distritos municipales indígenas o herramientas como la planificación participativa. Incluso, en dos casos (Gutiérrez y Urubichá) se pudo dar una mirada sobre la gestión municipal indígena. El carácter reciente del proceso de apertura fue marcado por una serie de obstáculos que impidieron el ejercicio del poder local, tanto desde un punto de vista legal como cultural.

El enfoque municipal ha sido utilizado en dos estudios realizados en el departamento del Beni. Wilder Molina (2002) estudia las sociedades locales en el Beni a través de los casos de dos municipios con población indígena: San Ignacio de Moxos y San Joaquín. Sus aportes teóricos son muy relevantes sobre el concepto de lo local; cuenta con una discusión interesante en torno al proceso de la municipalización con una visión bastante crítica hacia los autores que han escrito sobre el mismo pero que fueron parte del proceso. Presenta por tanto una visión menos “afectiva” que los demás. Como se trata de uno de los primeros estudios consistentes sobre el Beni, dedica varias páginas a caracterizar el departamento, algo que retomará en estudios posteriores. A partir de la elaboración de la historia de los municipios estudiados, destaca la importancia de las identidades locales. En este escenario, estudia la municipalización preguntándose cómo ésta cambio o influyó en las sociedades locales.

Casi simultáneamente, Oscar Saavedra (2002) se dedica a estudiar los procesos de planificación participativa en el departamento del Beni, en tres municipios (Rurrenabaque, Riberalta y Baures), de manera complementaria al anterior. Lamentablemente, no toma en cuenta a la población, su visión y percepción del espacio y del territorio.

De nuevo en el Chaco, Mirna Inturias (2003) ve cómo los procesos municipales inciden en el desempeño de la Capitanía Parapitiguasu que se encuentra ubicada simultáneamente en dos municipios (Boyuibe y Charagua), y se refiere a una apertura abierta por la ley de Participación Popular que ha sido aprovechada en el mundo guaraní con los distritos municipales indígenas; éstos son considerados como amenazas por los gobiernos municipales en tanto salieron de la propuesta de las organizaciones indígenas. Por otro lado, se refiere al tema de la distribución (desigual) de recursos por concepto de coparticipación en la capitanía, según los municipios. Aquello repercute en la capitanía misma, aparentemente dividida en función de sus interlocutores municipales, pero ninguno de estos municipios piensa entonces en el tema de territorio, de TCO o en gestión de recursos.

En la medida en que la ley de Participación Popular ha creado el mecanismo de la consulta con las organizaciones territoriales de base para poder recoger precisamente demandas puntuales para su desarrollo, Amparo Herbas (2005) estudia el desarrollo local en Pando a través del caso de dos comunidades campesinas. Analiza conceptos clave como necesidad, demanda, desarrollo, movilización; las demandas de cada comunidad son abordadas desde un mismo patrón que considera el proceso de construcción de la demanda, la movilización y, finalmente, la situación de la demanda; asimismo, se ordena las demandas por grado de satisfacción.

Pese a que estos estudios datan en algunos casos de más de una década, en medio de tantos cambios que se ha vivido recientemente, quizás el tema de la participación popular haya sido el que ha demostrado la mayor estabilidad. En la actualidad, la nueva Constitución ha introducido la figura de las autonomías que vendría a complementar el proceso.

La ley INRA y las TCO: la territorialidad en cuestión

La ley INRA data de octubre de 1996 y fue reglamentada a mediados del año 1997. Desde entonces, se multiplicaron las demandas de TCO y se pudo identificar los problemas que conllevaba la nueva política de tierras en la que los beneficiarios se amparaban en normas que sus aplicadores no siempre querían poner en práctica, no solo en lo que se refiere a la tenencia de la tierra sino al manejo de los recursos naturales comprendidos en las TCO.

Una presentación general del asunto se encuentra en un artículo de José Martínez en el libro de Miguel Urioste y Diego Pacheco (2001), al evocar la temática de las TCO a nivel general, debatiendo acerca del concepto de tierra comunitaria de origen; también muestra los avances logrados en la materia hasta la fecha y algunas experiencias de saneamiento. Destaca la dificultad de aplicación de la ley INRA en la materia y los conflictos que genera el asunto.

En la región del Chaco cruceño, el trabajo de Mirna Inturias (2003) señala cómo el nuevo marco legal obliga a los guaraníes de la capitanía de Parapitiguasu a asumir nuevos desafíos para encarar la gestión de su TCO. Uno de los aspectos a tomar en cuenta es el referido al ordenamiento territorial y la administración de recursos, a través de la experiencia de la aplicación de planes como el Plan de Uso de Suelos, Plan de Ordenamiento Territorial y los Planes de Ordenamiento Predial. Indudablemente, la multiplicación de planes complica la gestión de este territorio, lo que constituye un reto para la capitanía. En la medida en que esta TCO no estaba aún titulada al momento de la investigación, los autores se refieren a los problemas generados por el proceso de saneamiento, una constante en todas las tierras bajas y, específicamente en este caso, por la ausencia de continuidad territorial.

La falta de coordinación entre el distrito municipal indígena y la TCO, originada en el hecho que corresponden a lógicas diferentes, es una falencia pero en ambos casos, es la capitanía la que tiene que señalar el camino en materia de gestión territorial. Sin embargo, en la medida en que el estudio ha sido realizado antes de la titulación de la TCO, es más un ejercicio de reflexión sobre el manejo de los recursos naturales que un verdadero análisis sobre el funcionamiento de la gestión territorial.

Enrique Herrera (2004) no explora los derechos en sí de los pueblos indígenas ni su legitimidad -aunque presenta una síntesis muy interesante acerca de la gestación de los mismos, del reconocimiento estatal de los derechos indígenas, sobre todo los territoriales- sino la manera en que dos pueblos indígenas, tacanas en Pando y ayoreos en Santa Cruz, desarrollan estrategias específicas, principalmente en torno a la expresión de su identidad, para poder reivindicarlos. Su hipótesis señala que las reconfiguraciones de las identidades étnicas son influidas por las exigencias del contexto y de las normas nuevas vigentes; se hicieron con prácticas sociales sobre la base de las demandas externas pero también “sobre la base de sus propias expectativas y visiones del reconocimiento formal de los derechos territoriales indígenas”. Se enfoca en el manejo de la etnicidad de estos pueblos ante la aplicación de la ley INRA y describe las nuevas formas de relacionamiento que desarrollan con el Estado y con la sociedad, impulsadas por la necesidad del reconocimiento de sus derechos territoriales. Las afirmaciones étnicas de cada grupo son muy diferentes pues en el caso tacana, éstos han sido invisibilizados hasta una época muy reciente mientras que en el caso ayoreo, su identidad es obvia (aspecto físico, idioma, atributos, etcétera) y constantemente reforzada. En ambos casos, las reacciones del entorno regional han sido también decisivas. En el caso ayoreo, se destaca con mucha claridad cómo algunas acciones de “choque” interpretadas como acciones políticas han permitido superar obstáculos en la lucha por sus derechos.

Rosario Ostria. Virgen. Acrílico sobre tela, 1997.

 VIEJOS PROBLEMAS, NUEVOS PROBLEMAS

Los problemas enfrentados por los indígenas no son novedosos. Son décadas sino siglos de espera ante la resolución de los conflictos suscitados por la carencia de derechos en materia de tenencia de la tierra, desde la ausencia de reconocimiento de su propiedad hasta el despojo de la misma. Esta situación generó reacciones de resistencia pasiva menos vistosa que en otras regiones del país y, por lo menos a lo largo del siglo XX, salvo episodios puntuales (Combès, 2005) no hubo movilizaciones en demanda del respeto a sus derechos sino hasta fines del siglo. Estas reivindicaciones se articularon en torno a los temas siguientes: tierra/territorio, educación, manejo de recursos naturales, participación política, agrupados bajo el nombre genérico de “derechos indígenas”.

En esta parte, destacamos los problemas abordados por los investigadores en dos etapas: en la primera, que corresponde al periodo previo a los cambios políticos recientes, se destaca el tema de la tenencia de la tierra y los conflictos por el manejo de los recursos naturales; se hace también mención al tratamiento de los derechos indígenas. En la segunda, este mismo tema se aborda pero en un nuevo contexto, en el que la gestión territorial indígena cobra una nueva dimensión. El marco político no solo ha cambiado a nivel nacional: en el nivel departamental, la gran novedad radica en la apertura que significan las autonomías departamentales.

El trabajo de Omar Mendoza (2003) está enfocado en la lucha por la tierra, no a través de una demanda de TCO como en la mayoría de los estudios, sino en un estudio de caso dedicado al Movimiento Sin Tierra en el Chaco tarijeño. Esta lucha afecta a muchos actores como campesinos, indígenas, ganaderos y el papel de los medios de comunicación ha sido importante para azuzarlo. Por tanto, es un estudio sobre un conflicto, en un texto muy apegado a la coyuntura de la época, muy sensible. El tema central es la tenencia de la tierra y los conflictos recientes (2001) generados por la complejidad de su acceso. El tema de la ganadería es central en la región. Los autores evocan el tema de la aplicación de la ley INRA en la región, a través del saneamiento de tierras identificado como el proceso que ha contribuido a reactivar conflictos. Por más que se trate de un estudio de conflicto, éste carece de las herramientas teóricas para analizar el mismo, que probablemente fueron desarrolladas posteriormente en Bolivia y es muy empírico. Las etapas de génesis y maduración del conflicto así como la evocación de su explosión son descritas de manera un tanto desordenada pero con elementos muy interesantes sobre los actores en presencia. 

Los conflictos por los recursos naturales 

Elba Flores (2002) da una mirada a los recursos forestales en dos TCO del Beni: el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) y la TCO Itonama, con mucho potencial en la materia. Desde el campo legal, muestra el problema de la superposición entre las concesiones forestales y las TCO, un tema clásico, y el de la explotación irracional de la madera. Al respecto, dos aspectos son fundamentales: los sistemas de explotación y las normas y control.

La misma autora estudia el uso y el acceso a los recursos naturales en la provincia Guarayos (Santa Cruz) y analiza los conflictos generados en torno a estos temas (Flores, 2007), en particular en lo referido a la explotación forestal. La explotación irracional de la madera empezó en los años 1960 y se acentuó posteriormente con impactos en la fauna, por ejemplo, alterando el acceso de los indígenas a sus recursos tradicionales. Proporciona datos sobre las superficies explotadas, sobre los tipos de árboles buscados. La reiteración de incidentes generó la necesidad de organizarse para reaccionar. El nuevo marco legal (ley Forestal) ofrece alternativas de desarrollo y formación de las Asociaciones Sociales del Lugar para poder explotar el bosque. En 1997, se identificó un grave problema de superposición entre las concesiones forestales existentes y la demanda de la TCO guaraya. Pasada una etapa de enfrentamientos, recuerda que hubo una política de acuerdos y conciliaciones entre indígenas y empresarios madereros. El estudio de los conflictos es más preciso, sobre todo por la identificación de los actores en presencia. Luego, ve los impactos de la existencia de la TCO titulada enfocando las debilidades de la organización indígena. 

Los derechos indígenas antes del proceso de cambio 

Entre los trabajos pioneros en la materia producidos por los investigadores del PIEB, los artículos de Elba Flores (2005) y de Elva Terceros (2005), ambos elaborados sobre la base de un diagnóstico realizado en varios pueblos indígenas (chiquitano, mojeño y tacana) en el año 2002, constituyen un interesante punto de partida.  

Flores evoca la cosmovisión de los pueblos indígenas en la que los elementos de la naturaleza, los espíritus del monte, son reguladores de sus vidas. Los valores y normas se transmiten oralmente y estas normas son de orden moral, de protección de recursos, culturales, sociales y religiosas. El estudio describe el funcionamiento de algunas instancias importantes como los cabildos mojeños, de origen misional, y cómo se constituyen en espacios de resolución de conflictos entre indígenas mediante sanciones proporcionales a la falta cometida. En el caso chiquitano, los casos de brujería, rumor, chisme, robos, etcétera, son atendidos por autoridades específicas, pero si éstos son graves, interviene toda la comunidad. En el caso tacana, la resolución de conflictos puede ser interna o externa, dependiendo de los casos. Evitar recurrir a la justicia ordinaria es común por los costos que representa, porque las víctimas no ganan nada, porque la presión social de la comunidad es más fuerte.  

Por su parte, Elva Terceros parte del reconocimiento de las autoridades naturales de los pueblos indígenas por la legislación boliviana en la Constitución de 1994, para resolver conflictos internos en sus comunidades de manera alternativa al sistema oficial. Es una señal de “pluralismo jurídico”. Señala que el derecho “propio” está basado en dos principios: el espacio natural donde se desarrollan los indígenas y la vida en comunidad. El control social castiga a los que muestran diferencias económicas. La defensa de la comunidad significa mantener unión, cooperación, solidaridad, convivencia. Las limitaciones del sistema se perciben cuando algunos miembros de la comunidad no acatan las normas o la sociedad local no indígena no respeta. Señala la necesidad de estudiar los eventuales excesos.  

Estas investigaciones fueron llevadas a cabo antes de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (2009), adelantándose a la misma al prever que no debía subordinarse el derecho indígena al derecho ordinario escrito5.  

El nuevo marco legal vigente -el que fue establecido en la década de 1990 y el más reciente, fruto del proceso de cambio- establece nuevos retos para que los derechos indígenas puedan ser entendidos, aplicados y respetados. Esto ha motivado una convocatoria específica del PIEB en el periodo 2008-2009, promovida por el gobierno. En la misma se realizaron siete proyectos de investigación de los cuales cuatro se han referido a las tierras bajas. 

Una de las investigaciones fue realizada en el Chaco por Karina Fernández (2010) que se sumerge en el funcionamiento de seis capitanías guaraníes, estableciendo diferencias entre los derechos individuales y los colectivos. Señala las preocupaciones prioritarias en la zona, pero cabe advertir que las mismas no son necesariamente indígenas, sino que responden al sentido común: la tierra, el agua, los hidrocarburos, el monte. Da pautas sobre el conocimiento o desconocimiento de las leyes por parte de los indígenas. Se refiere al papel de la Asamblea del Pueblo Guaraní así como a la municipalización y sus impactos. 

En otro escenario, en el Beni, Wilder Molina (2009) pretende analizar la incidencia de los procesos políticos en las nuevas formas de construcción de la ciudadanía y prácticas de derechos de los pueblos indígenas, a través del caso chimane. Se trata de un pueblo indígena bastante cohesionado y con una percepción muy clara de su identidad, pese a su relativa dispersión. Aborda el tema de la ciudadanía a partir de dos perspectivas: desde adentro y desde afuera. En el primer caso, elabora una suerte de recuento de la organización de la vida de los chimanes, con algunas de sus instituciones tradicionales y su forma de organización, relativamente reciente. En el segundo caso, se refiere a la relación entre los chimanes y el Estado boliviano en un escenario “con huecos”. Señala asimismo la participación de los chimanes en algunas demandas políticas del departamento, específicamente en torno a las autonomías a nivel departamental, y resalta la existencia, desde el año 2000, del distrito municipal étnico chimane en el municipio de San Borja, considerando esta apertura como un “derecho colectivo orientado a la participación local en tareas de desarrollo y la planificación municipal…” (Molina, 2009: 152). Evoca un problema que atinge a la totalidad de los pueblos indígenas en Bolivia: el de la documentación personal cuya ausencia impide el acceso a la ciudadanía. Finalmente, evoca los derechos territoriales, algo un tanto complicado cuando las fronteras territoriales del municipio y de la TCO no coinciden necesariamente (en este caso, son varias TCO: el Territorio Indígena Chimane, el Territorio Indígena Multiétnico y el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure). 

En el departamento de Santa Cruz, José Martínez (2010) se interesa en los derechos indígenas en Guarayos, un término que se refiere tanto a un pueblo indígena, a una provincia y a una TCO. Si bien los principales actores del estudio son los indígenas, el mismo también toma en cuenta a los demás actores: campesinos colonizadores y población no indígena urbana o rural, como los ganaderos. Esto es importante en la medida en que se constata un incremento de la población no guaraya en la provincia, algo que causaría problemas a la hora de aplicar los derechos de una población nativa cada vez menos mayoritaria. Para argumentar el tema de los derechos, el autor discute varias teorías del derecho contrastando el nuevo marco legal vigente (nueva CPE) y la “realidad jurídica boliviana”. De acuerdo a esta investigación, los derechos legislados a favor de indígenas no cobran vida, no se cumplen y el derecho consuetudinario no es plenamente reconocido. La abundante legislación favorable al sector indígena es poco conocida y, por tanto, no puede ser aplicada o bien beneficia a otros sectores. 

La gestión territorial indígena 

Tanto desde la aprobación de la ley de Reconducción comunitaria en noviembre de 2006, como con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en el año 2009, se ha abierto un nuevo marco legal en materia de tierra para las poblaciones indígena originaria campesinas donde, tras la lentitud de la aplicación de la ley INRA en terreno, se reactiva la titulación de tierras pero los avances en materia de gestión territorial indígena no son tan visibles. 

Sin embargo, la mayoría de los estudios auspiciados por el PIEB que se refieren a la gestión territorial no han logrado aún tomar en cuenta este nuevo contexto legal. Tal es el caso del estudio elaborado por Amparo Herbas (2010), en un trabajo muy cercano a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), una suerte de evaluación de un ciclo de su proyecto de Gestión Territorial Indígena en varias TCO. En el caso chiquitano, en Lomerío (Santa Cruz), presta una mayor atención a la organización indígena. El caso moseten es muy interesante en la medida en que rescata la presencia de los colonizadores en el mismo escenario (la región del Alto Beni), decisiva para fortalecer o debilitar la llamada “conciencia territorial” de los mosetenes, debido al carácter complejo de la convivencia territorial, pues los colonizadores han desarrollado lógicas más individualistas que las de los indígenas. En el norte amazónico, el caso chacobopacahuara identifica algunas estrategias para acceder a recursos naturales, como los matrimonios. De manera general, destaca la importancia de las organizaciones indígenas en el ejercicio y la defensa de los derechos, sobre todo en materia de territorio; señala que el marco normativo de los derechos, aprobado en gobiernos anteriores, es frecuentemente inadecuado y anuncia que la nueva CPE cambiará el escenario. Finalmente, propone bases para la generación de políticas públicas respecto a la gestión territorial indígena, en el marco de las autonomías, en cuanto a sistema organizativo, normativo, planificación. 

Las autonomías departamentales 

Desde principios del siglo XXI, el tema de las autonomías departamentales ha ido creciendo en la agenda política del país, primero expresada como una demanda expresada desde los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija en el que algunos sectores conformaron un bloque denominado “media luna”. Sus propuestas han sido ampliamente analizadas por el mundo académico6. 

SIEMPRE EN AGENDA 

Los temas siguientes se refieren a problemáticas antiguas que siguen vigentes en la actualidad y que ameritan nuevos estudios en la medida en que el contexto actual tiende a acentuar las situaciones descritas. En realidad, algunas de las nuevas investigaciones auspiciadas por el PIEB ya las están tomando en cuenta. En el conjunto de las publicaciones revisadas, algunas se han interesado en estas temáticas.  

El desarrollo regional 

Un tema a tomar en cuenta es el desarrollo regional en las tierras bajas: la participación de las tierras bajas en la economía nacional es un hecho innegable desde hace varios años, sobre todo vinculado a la explotación de las materias primas para su consumo interno o bien para la exportación, tanto en el rubro agropecuario como el hidrocarburífero. Lo novedoso es el análisis de las repercusiones que puede tener este fenómeno en las poblaciones indígenas campesinas que viven en las regiones productoras. El trabajo de Loreto Correa (2003) presenta una historia económica de Santa Cruz en torno al rubro de los hidrocarburos y los efectos de la construcción de gasoductos a nivel local, es decir en los municipios por donde pasan éstos. El estudio viene acompañado por una reflexión sobre el desarrollo departamental y la falta de visión y de planificación de los actores involucrados en el proceso. 

La investigación parte de un esbozo de la historia de la importancia económica de Santa Cruz para el país; la documentación oficial de la Prefectura, por ejemplo, brinda pocas referencias al tema; explica aspectos técnicos relativos a la exploración, la explotación y el transporte de hidrocarburos; señala que Santa Cruz es más importante para el transporte y que Tarija lo es para la exploración. Evoca la transición de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa estatal, a las empresas petroleras multinacionales a través de la capitalización y cómo aquello impactó en la modernización de los equipos, ductos, seguridad, etcétera. Luego, describe el gasoducto a Brasil destacando la dimensión de la obra y comparándola con otras a nivel continental. Es el ducto más largo de Sudamérica aunque la parte boliviana representa una sexta parte del recorrido (Santa Cruz-Sao Paolo). En Bolivia, la propietaria y supervisora de la construcción es Gas Trans Boliviano (GTB). La empresa Transredes se ocupó de la supervisión, de los estudios de impacto ambiental, del impacto social en poblaciones indígenas y comunidades, de la investigación de suelo y demás. El costo de la obra alcanzó 2.000 millones de dólares. Esta obra de gran envergadura requirió además planes de compensación para los pueblos indígenas de la zona. El otro gasoducto, de San Miguel de Velasco a Cuiabá, en Mato Grosso, está a cargo de Gas Oriente Boliviano (GOB), con las mismas características que el gasoducto principal. Indirectamente, introduce o se anticipa al tema de las autonomías departamentales.  

Por otro lado, el conjunto de investigaciones coordinado por Miguel Urioste y Diego Pacheco (2001) es uno de los pocos esfuerzos que aporta insumos al tema del desarrollo regional de manera global. Destaca la importancia de la actividad agropecuaria y forestal para el desarrollo de los departamentos estudiados (Pando, Beni y Santa Cruz) y por ende, del país. Evoca las expectativas de las nuevas políticas en materia de tenencia de la tierra y en el tema forestal en los distintos actores involucrados. Se refiere a las actividades más movilizadoras de mano de obra en estas regiones como la agricultura, la explotación forestal y, en menor medida, la ganadería. El estudio está acompañado con datos cuantitativos muy importantes, tanto a nivel de los estudios de caso como a nivel departamental.

Los desastres ambientales 

Dos estudios abordan un aspecto lamentablemente cada vez más recurrente en nuestra realidad: los desastres ambientales provocados por la intervención humana y que afectan la calidad de vida de las poblaciones indígenas, entre otros. 

José Martínez (2003) innova al presentar una de las primeras investigaciones, probablemente a nivel nacional, sobre los impactos del fuego, específicamente los incendios forestales, en un punto del Oriente boliviano, un problema casi crónico en las tierras bajas bolivianas, cada invierno. El estudio abre -creo- un ciclo de estudios sobre la repercusión de los fenómenos naturales en conceptos culturales. El fuego es producto de la intervención humana (es un medio de producir nutrientes para el suelo y para crear pastizales para el ganado) pero su desborde se considera como una catástrofe natural. A su manera, es un estudio de historia ambiental que combina varios abordajes en la investigación desde varias disciplinas, enfatizando tanto la parte social como la científica “dura”, con métodos e instrumentos en manos de indígenas. Ha elegido una provincia fronteriza con Brasil (Ángel Sandoval) para realizar el estudio que analiza la historia de la práctica y los actores que intervienen en ella. Se destaca cómo el fuego tiene consecuencias tanto económicas como sociales, por ejemplo en el campo de la salud. Los autores se han esforzado en ofrecer recomendaciones interesantes en términos de prevención. 

Otro tema que cobra una dramática actualidad es el que estudia Ingrid Zabala (2001), en la investigación acerca de la influencia de un tramo de la carretera que une las ciudades de Santa Cruz de la Sierra y Trinidad sobre las prácticas agrícolas de algunas comunidades ubicadas en este tramo; éstas son pobladas por indígenas, campesinos benianos y colonizadores. La carretera, cuya construcción se inició en los años 1970, estaba destinada principalmente a facilitar el transporte de ganado y de productos agrícolas de una región a otra. Las comunidades ubicadas al borde de la carretera podían de esta manera incrementar su producción gracias a este rápido acceso a los mercados. Sin embargo, la investigación constata que, más que mejorar la producción, la carretera ha promovido un mayor poblamiento en la zona y, por tanto, una mayor presión sobre los recursos8 y una mayor dependencia del mercado de los pobladores, no como productores sino como consumidores. Se constata una serie de cambios ecológicos: deforestación, pérdida de especies valiosas, modificación del hábitat de algunos animales, por la caza y el ruido. Además, la construcción del terraplén tiene consecuencias nefastas para el drenaje en alguna comunidad y la práctica del barbecho en las parcelas implica menor biodiversidad. La autora señala que no hay medidas de mitigación previstas. Además, la valorización de las tierras en torno a la carretera ha generado un proceso de ventas a personas no indígenas o karayana.  

A MODO DE BALANCE 

En conjunto, el balance es positivo: desde luego, los aportes han sido significativos para conocer mejor a estos actores indígenas y sus problemas. Algunos estudios pueden parecer ahora un tanto desfasados en el tiempo, principalmente por los cambios vividos en el contexto político, la modificación de la legislación, etcétera, lo que no quita que las investigaciones siguen siendo válidas como testimonio de una época. Involuntariamente, son estudios sobre historia contemporánea.  

La mayoría de las investigaciones se ha dedicado a realizar estudios de caso de dimensiones diversas: un municipio, una TCO, un recurso natural, un pueblo indígena, etcétera. Esta elección ciertamente fue acertada en la medida en que los esfuerzos se concentraron en lugar de dispersarse. Pocas investigaciones se han prestado a brindar una mirada de conjunto sobre una problemática específica, salvo en el caso de Molina (2006) en su análisis del tema de la autonomía a nivel del departamento del Beni. Otro ejemplo “en-globante” es el de Urioste y Pacheco (2001) pero que ha resultado de otra técnica: la compilación de artículos sobre diversas temáticas en un conjunto geográfico amplio como “las tierras bajas”.  

Tras la lectura de estos libros, queda claro que el denominador común de estas investigaciones es la curiosidad por conocer las reacciones, los cambios de comportamiento y/o de condiciones de vida, el desarrollo de estrategias de la gente (generalmente de los indígenas) sea ante la aplicación de políticas públicas, sea ante las presiones de su medio natural y su entorno social.

Ahora, en la segunda década del siglo XXI, nuevos problemáticas afectan a las poblaciones indígenas campesinas de las tierras bajas. Aparentemente, el cambio propuesto por el gobierno del MAS no parece tomar en cuenta las demandas del sector indígena de tierras bajas -salvo en los primeros años en que se avanzó en la titulación de TCO-, favoreciendo en cambio las del sector campesino y estigmatizando a los indígenas como aliados de la oposición política. Otros elementos, ligados a los fenómenos naturales (inundaciones, sequías, cambio climático) también cobran cada vez más fuerza en su vida cotidiana. Por consiguiente, nuevas agendas de investigación podrían ser propuestas mediante convocatorias recogiendo el aporte y las sugerencias de varias instituciones. Entre las nuevas problemáticas a encarar en esta década, valdría la pena investigar temas como las relaciones laborales, las autonomías indígenas y su compatibilización con la gestión territorial indígena, la politización de las políticas de manejo de los recursos naturales, el avance de la colonización mediante las “comunidades interculturales” o bien el manejo y las nuevas expresiones culturales indígenas.  

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