Diálogo
Derechos indígenas y autonomías Departamentales

Dialogue
Indigenous rights and departmental autonomies

Susana Seleme Antelo¹ 

T’inkazos 20, 2006, pp. 35-59, ISSN 1990-7451

Fecha de recepción: abril de 2006
Fecha de aceptación: mayo de 2006

A poco tiempo de la instalación de la Asamblea Constituyente, y con el objetivo de aportar al debate, el Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, investigadores, analistas políticos y una líder indígena, participaron en un diálogo sobre derechos indígenas y autonomías departamentales. En el encuentro, también, se analizó la existencia de un Estado multinacional, la redistribución del poder territorial y político, las bases de una economía andino-amazónica, nuevos mestizajes, entre otros importantes temas.

Palabras clave: Derechos indígenas / autonomías departamentales / autonomías indígenas / reformas del Estado / Estado multinacional / tierra – territorio / poder político / economía

Shortly after the inauguration of the Constitutional Assembly, and with the aim of contributing to the debate, the Vice-President of the Plurinational State of Bolivia,  Álvaro García Linera, together with researchers, political analysts and an indigenous leader, participated in a dialogue on indigenous rights and departmental autonomies. They also analysed the existence of a plurinational state, the redistribution of territorial and political power, the foundations of an Andean-Amazonian economy, new mestizajes, and other important issues.

Key words: Indigenous rights / departmental autonomies / indigenous autonomies / state reforms / plurinational state / land – territory / political power / economy

“Todo el mundo prevé, o trata de prever, el futuro.
Interrogarse sobre el mañana forma parte de la vida…
Pero el proceso de previsión del futuro debe basarse necesariamente en el conocimiento del pasado”.
Eric Hobsbawm²

Pensamos que el diálogo sería un aporte importante a la discusión general nacional sobre las inevitables reformas del Estado, a las puertas de la Asamblea Constituyente y del Referéndum Autonómico. Ambos procesos, en un escenario político marcado por el cambio de los tradicionales actores de la política boliviana y la insurgencia de nuevos liderazgos, al calor de la “rebelión de las masas”: los movimientos sociales e indígenas. El cambio-rebelión fue producto de la resolución de la severa crisis política, social, económica y estatal, fermentada durante los últimos siete años. Como sucede casi siempre, esta  historia se escribió con sangre, pero también con pactos. La crisis tuvo su momento de quiebre con un acuerdo político, bajo las reglas del juego democrático y su asombroso resultado en las elecciones de diciembre de 2005, cuando las masas dijeron su palabra.

La consecuencia de aquel cambio de actores y líderes ha conllevado, de suyo, la presencia de un nuevo bloque político en el poder, con Evo Morales Ayma, primer indígena en la Presidencia de la República, y un grupo multicultural de intelectuales de izquierda en la conducción de los aparatos del Estado. Ha sido una victoria de lo nacional popular, al menos por ahora, tras no pocas batallas. Obviamente, esta victoria no es asumida como propia por todo el tejido social boliviano, en virtud de los intereses de clase y sus proyectos económicos, ideológicos, visiones de mundo y acumulaciones étnicas, culturales y sociales de diverso cuño.

No obstante, de la presencia popular-populista-indigenista y de intelectuales de izquierda, proviene la recuperación “nacionalista” que pasó del discurso a la práctica con la nacionalización de los hidrocarburos, el primero de mayo pasado. Esa fue la primera fase de una transición a la intervención del Estado y del nuevo bloque en el poder en la misma estructura, aun antes de los debates de la Asamblea Constituyente y las reformas del Estado. Hablar de esas reformas y otras pretendía nuestro encuentro con el Vicepresidente, y lo logramos. Sin embargo, la nacionalización se produjo después de aquel encuentro. Nos quedamos con las preguntas a cuestas, pero ya se prefigura cómo podrán ser las transformaciones, el nuevo patrón de acumulación estatal, con un contundente fortalecimiento del Estado, su decidido protagonismo y control sobre los recursos naturales y el destino de los excedentes.

Para asistir a aquella cita, previamente, habíamos leído el trabajo del Vicepresidente, “Estado multinacional: una lectura de la descentralización regional a partir de las identidades culturales³”; el libro de Juan Carlos Urenda, Separando la paja del trigo⁴, y conocíamos la propuesta de creación del décimo departamento, el del Chaco, promovida por la Asamblea del Pueblo Guaraní, que presentó Nelly Romero. Cada uno de ellos expuso su visión sobre el tema que nos convocaba. Hoy, luego de aquel encuentro, también podríamos presentar este diálogo bajo un sugestivo y abrumador título que diga: “Reformas del Estado: Estado multinacional con autonomías indígenas y departamentales que reconoce economías, identidades, etnias, memorias, culturas, visiones del mundo diversas, a partir de una renovación y cambio de liderazgos nacionales, locales y nuevos mestizajes, en un escenario de reacomodo y redistribución del poder territorial y político, bajo un proceso de construcción postneoliberal, en los marcos de una economía andino-amazónica, que recupera la naturaleza de un Estado regulador e interventor en el manejo de los recursos naturales y la redistribución de la acumulación de excedentes”.

Ese colmado título no es un abstract y tampoco se agota ahí todo lo tratado en el encuentro. Esos y otros conceptos, categorías, ideas, discursos, matizados de certezas, dudas y algo de escepticismo, pero también de reafirmación, aclaraciones y profesiones de fe ideológicas, consumieron las dos horas que duró aquello que fue concebido como una mesa redonda y terminó en el rico intercambio que hoy presentamos, no sólo a los lectores habituales de T’inkazos, sino a las y los futuros constituyentes, en vísperas de la instalación de la Asamblea Constituyente. Ya en la mesa, que no era redonda, Carlos Toranzo puso las reglas: este no sería un debate, sino más bien un escuchar, preguntar, interpelar al Vicepresidente de la República, al hombre de Estado, al gobierno; ya no al ideólogo o al intelectual. Y eso hicimos. Sin embargo, el hombre de Estado no dejó en momento alguno su militante condición de intelectual e ideólogo que ha encontrado el camino para llevar la teoría a la praxis, confrontándolas y articulándolas desde el Estado que pretende transformar democráticamente.

Teníamos la visión desde el oriente, la de los dirigentes cívicos, de los sectores económicos y las élites dominantes cruceñas, que han partido de la base de que las autonomías departamentales representan un momento constitutivo de una nueva forma de articulación entre territorio, población, economía y poder, a partir del nivel meso, hasta hoy no tomado en cuenta. Nadie se asombrará de que ese planteamiento ha sido y es una constante de las demandas cruceñas en la actualidad, desde el poder económico que ha acumulado la región en los últimos veinticinco años. Siempre ha sido un tira y afloja para medir la correlación de fuerzas, frente al centralismo del que ha renegado siempre, y que le ha valido tantos prejuicios y estereotipos, muchos sin fundamento, como el de separatista. Habrá que reconocer, en todo caso, que el debate sobre el proceso estatal de descentralización política, que tiene una primera batalla ganada, con la elección de prefectos, simultáneamente a la elección general de diciembre de 2005, tiene varias vertientes, vistas del pasado más próximo: a) la marcha reivindicativa de los pueblos indígenas del oriente, en los años noventa, pero sin un planteamiento orgánico estatal; b) la Ley de Participación Popular de 1994, como una de las reformas más importantes de esa llamada segunda ola de reforma del Estado neoliberal, y c) la demanda de las élites cruceñas desde mucho antes, pero ya con un planteamiento orgánico de poder, vía el Comité Cívico Pro Santa Cruz, en los años 2004-2005, cabildos mediante e iniciativa legislativa ciudadana con 500.000 firmas.

En la visión de Juan Carlos Urenda, las autonomías departamentales que propone Santa Cruz, no se contraponen a las autonomías indígenas, las mismas que tienen amplio reconocimiento en las Organizaciones Territoriales de Base (OTB), en los Territorios Comunitarios de Origen (TCO) y en los municipios indígenas, vigentes desde la Ley de Participación Popular. Lo sorprendente es que esos institutos tienen vigencia sólo en la zona amazónica de Bolivia, norte y oriente, con minoritaria población indígena, y no así en el occidente del país, con tan marcada mayoría indígena.

Los y las impulsores de la creación del décimo departamento, propuesta presentada por Nelly Romero, desde las provincias, como renovación de élites locales, reivindican igualdad, atención y reconocimiento, tanto a los departamentos como al Estado central, aunque sólo apunten hoy al centro-capital departamental.

En la visión del Vicepresidente, que contiene también el pensamiento de las élites aymaras, como expresión de la renovación de las élites intelectuales, las autonomías o el tema de coexistencia de varias nacionalidades, como formas de Estado federativo, se remontan a antes de la República y de la existencia de los departamentos. De esa constatación histórica, rescata las luchas de los aymaras en la época de la Colonia, con Tupac Katari en el siglo XVIII y Zárate Wilca ya en la República, a fines del siglo XIX. Hoy, las autonomías indígenas y la Asamblea Constituyente expresan esa vieja lucha política de los pueblos originarios andinos, a la que se suman las demandas provinciales por el manejo de los recursos, frente a un Estado excluyente, centralista y racista. Es una lucha, según García Linera, por una nueva redistribución y reacomodo territorial del poder, pero no para quedarse en esa mera redistribución, sino para resolver “la falla colonial”. Esa la gran diferencia conceptual e ideológica frente a otras propuestas: reconocer esa falla, señalarla y corregirla, pues es la que ha impedido la convivencia, la coexistencia de varias culturas, varias identidades y naciones diferentes en un mismo espacio geográfico, en igualdad de condiciones. Es decir, ha impedido la  realización estatal-nacional. Esa falla es producto de la presencia de un Estado monoétnico, monocultural, monolinguístico castellano hablante, colonial, racista y discriminatorio de la mayorías indígenas, componente vertebral del cuerpo social boliviano. Las otras fallas son el centralismo y la falla primaria exportadora.

Surgieron muchas interrogantes al hombre de Estado. La propuesta de autonomías indígenas, ¿es una forma de diluir la demanda de autonomías departamentales, propuesta esencialmente por Santa Cruz y Tarija? No es, según el Vicepresidente. Centrar el problema en el nivel territorial, ¿no conlleva el peligro de una tribalización, o procesos centrífugos de territorialidades, que harían peligrar el proyecto hegemónico del Movimiento al Socialismo? El peligro existe, pero la territorialización de las demandas reivindicativas y de reafirmación étnico cultural es la única forma para descomponer la colonialidad del poder, respondió.

Y, ¿por qué la preeminencia en el análisis de la cultura aymara? Si se habla de un nuevo mestizaje a partir de la “indianitud”, ¿por qué una cultura y no múltiples mestizajes, en razón de las diferencias entre orientales, paceños, alteños, tarijeños, y el mestizaje reconstituido a partir de los setenta? Porque, según el mandatario, existe una identidad macro aymara, que no es un etnocentrismo, sino un reconocimiento a su capacidad política de irradiación nacional, a su identidad más cohesionada y compacta, que debe ser el núcleo articulador del nuevo mestizaje, para que no fracase.

La duda obvia es si “La construcción de identidades utiliza materiales de la historia, la geografía, la biología, las instituciones productivas y reproductivas, la memoria colectiva  y las fantasías, los aparatos de poder y las revelaciones religiosas”, como señala Manuel Castells⁵, ¿tendrá aquella identidad macro, la capacidad de incluir y reconocer a las otras? Y la duda persiste porque “...los individuos, los grupos sociales y las sociedades procesan todos esos materiales y los reordenan en su sentido, según las determinaciones sociales y los proyectos culturales implantados en su estructura social y en su marco espacial-temporal”⁶, y por último, porque la identidad es una cuestión de multiculturalidad, pluralidad, diferencia y resistencia.

A todo esto ya se había pasado el término de la hora otorgada para el encuentro por la oficina del Vicepresidente. Pero nadie nos lo advirtió. Y seguíamos preguntado y él respondiendo. Así surgió el concepto gramsciano de hegemonía, en contra del criterio de “avasallamiento” que maneja la oposición. No obstante, la hegemonía en Gramsci, se le interpeló, es hegemonía de una clase sobre otra, por mucho que se recurra a la “seducción” de potenciales grupos aliados, a partir de la organización del intelectual orgánico. Si en Bolivia la clase fundamental es tan escasa, ¿podrá construir el gobierno del MAS esa hegemonía en el largo plazo, sólo a partir de su amplio y variopinto espectro social, para construir un Estado consociativo?

Uno de los problemas y dudas al mismo tiempo, fue el intercambio de ideas sobre la base económica, el desarrollo de los medios de producción y las fuerzas productivas  en un país que tiene formas no capitalistas como las de la economía familiar campesina, familiar urbana o comunitaria rural mayoritarias, y formas capitalistas de desarrollo, modernidad y globalización en bolsones muy reducidos. Siguiendo la línea del pensamiento del Vicepresidente, a aquellas se las puede pensar como situaciones esencialmente a-democráticas del campesino, aislado del modo de producción dominante y reducido a la producción dificultosa de unos pocos valores de uso para sí y para su familia. Ahí no existe la libertad jurídica para la relación contractual entre la fuerza de trabajo que se vende al empleador. Pero la ausencia de la relación trabajo asalariado-capital, con presencia de una clase que irradia ideología, no se da sólo en el mundo campesino, sino también en el urbano. En ese escenario, sin clase obrera fuerte, es imposible hablar de postcapitalismo, como han señalado algunos funcionarios, puntualizó el Vicepresidente. No obstante, ese postcapitalismo podrá ser comunismo, socialismo, comunitarismo, sólo de aquí a varias décadas, cincuenta años... Entre tanto, sí se puede pensar en un postneoliberalismo, con un capitalismo andino amazónico conducido estatalmente.

Vistos así los datos fácticos y los debates en la sociedad política y en la sociedad civil, ¿en esta efervescencia de autonomías departamentales e indígenas, se estaría pensando en una revolución territorial y política, puesto que aquellas tendrían parlamentos, asambleas departamentales e indígenas, además de atribuciones propias en el seno de un Estado, eso sí unitario multinacional y autonómico? Y ¿qué hacer para que las riquezas del gas, por ejemplo, lleguen a todas partes y a todos los rincones del país, sin que eso signifique desmembrar los actuales nueve departamentos, partiendo de la base de que el manejo de los recursos naturales es competencia inalienable del Estado?

No hubo tiempo de formular más preguntas. No obstante, por el momento, una constatación es que el Referéndum a celebrarse el 2 de julio, junto con la elección de constituyentes, es únicamente departamental, como establece la ley del 5 de marzo del año en curso, y como propuso Santa Cruz. Ese planteamiento no ha sido ni es de confrontación ni opuesto a las autonomías indígenas, idea que debe quedar clara para los hombres y mujeres que vayan a tener la responsabilidad de redactar la nueva Constitución Política del Estado en la Asamblea Constituyente.

Son ellas y ellos quienes deberán determinar cuál será el nuevo tipo de Estado que tome en cuenta el resultado del Referéndum Autonómico. ¿Será un Estado multinacional con autonomías departamentales e indígenas? ¿Cómo serán las transformaciones de las estructuras político administrativas para la conversión de un Estado centralista en uno autonómico? ¿El nuevo Estado reconocerá que las autonomías son procesos graduales, flexibles, solidarios y subsidiarios? La forma de gobierno de la que se dote el nuevo Estado, ¿será democrática y plural, a pesar de las declaraciones del gobierno de que quiere “copar” la Asamblea Constituyente, afirmación que provoca susceptibilidades? ¿Cuál será la propuesta de solución a la revisión del tema tierra, territorio y propiedad de la tierra? ¿Cómo encarar la reactivación económica y cuál el papel del Estado, la empresa y los capitales privados para generar empleo y evitar el exilio económico de tantos y tantas compatriotas? ¿Cómo piensan los y las constituyentes concebir una política de Estado de cara a una reforma educativa que tienda a eliminar el ciclo perverso de reproducción intergeneracional de la pobreza, lamentablemente en las espaldas de las mujeres?

Este es un documento que contiene apenas líneas de exploración, pero pretendemos que se convierta en una contribución para ellas, siempre minoritarias en las candidaturas, y quizás, menos aún, las elegidas. Claro que también es una contribución a ellos, todos y todas los constituyentes, en quienes está no sólo la necesidad de conocer el pasado, sino la forma de “interrogarse sobre el mañana”, como proceso de previsión y construcción del futuro. Lo medular de estas líneas de exploración se encuentra en el diálogo que a continuación le presentamos.

AUTONOMÍAS INDÍGENAS 

Susana Seleme (SS).- Ante todo, muchas gracias señor Vicepresidente por concedernos un momento de su apretado tiempo. Previamente le informo que acordamos hablar —a partir de la sugerencia de Juan Carlos Urenda— de los Derechos Indígenas en un Estado Autonómico. Para ello partimos de su trabajo “El Estado multinacional: Una lectura de la descentralización regional a partir de las identidades culturales”.

Proponemos conversar, en una especie de mesa redonda, de cómo se compatibilizan las autonomías departamentales, propuestas inicialmente por Santa Cruz y que expondrá Juan Carlos Urenda, con las indígenas que usted propone, sobre la base de la unidad lingüística, étnica y cultural, y la propuesta de Nelly Romero, que fue, hasta hace poco, Presidenta de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), que promueve la creación del décimo departamento.  

Carlos Toranzo (CT).- Probablemente el debate no sea tal, pues deseamos aprovechar la presencia del Vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, para que nos absuelva algunas inquietudes. Las preguntas ya no serán al ideólogo o al intelectual, sino al hombre de Gobierno. Entonces, ¿cuáles son las respuestas del Gobierno en torno a los temas que queremos tocar? Hay, pues, mucha distancia entre ser un intelectual a cuando se está ejerciendo una función gubernamental.

Álvaro García Linera (AGL).- El problema que tiene que ser resuelto en la conformación de la estructura estatal boliviana, en su cohesión social, en su eficacia administrativa y en la solidez de sus relaciones económicas, es la convivencia entre varios pueblos, entre varias naciones diferentes en un mismo espacio geográfico, político y administrativo.

Hay otro problema que no lo voy a abordar ahora y es el de la coexistencia de varias lógicas civilizatorias, varios tiempos y sistemas políticos, formas de producción, etcétera. No obstante, dejaremos este tema para no complejizar el debate. Quedamos con el hecho de la convivencia, la co-existencia de varias culturas, varias identidades y nacionalidades en el país. Este es un debate que se remonta a la Colonia, incluso antes de ella. Se remonta a las propias experiencias que adelantaron los señoríos aymaras, el Imperio incaico, la Colonia y la República. Es un problema de siglos, no resuelto hasta el día de hoy.

El tema se vuelve más importante habida cuenta que culturas y pueblos con identidades mayoritarias demográficamente, han quedado reducidos a minorías políticamente dominadas. De hecho, eso es lo que no resolvió el colonialismo. No pudo resolver el problema o buscó resolverlo mediante un mecanismo de subordinación, de dominación que excluía a los pueblos indígenas mayoritarios de la toma de decisiones a nivel general global y los reducía a niveles de decisión local, como las jilacaturas que se mantuvieron hasta 1871. Es decir, redujeron y descuartizaron los ámbitos de decisión local, y ocuparon el ámbito de lo general, dejando la gestión de lo público en manos de la forma organizativa de la identidad cultural proveniente de más allá del Atlántico.

El colonialismo fue un proceso de exclusión y dominación de unos pueblos enraizados territorialmente por otro pueblo de raíces distintas en lo territorial, cultural e identititario. La República no resolvió este tema. Buscó resolverlo mediante una falsa homogeneización de bolivianización de los pueblos. Logró una igualdad: todos somos bolivianos, pero inmediatamente reconstituyó el régimen de discriminación colonial mediante la inclusión de la ciudadanía, pero de una ciudadanía diferenciada. Ciudadanos eran los que sabían leer, escribir y tenían un salario, los demás no lo eran; es decir, 90% no eran ciudadanos, no tenían derechos políticos, no podían acceder a cargos públicos ni elegirlos. La República no resolvió la coexistencia de varios pueblos en condiciones de igualdad.

La Revolución de 1952, y a su modo, diluyó la existencia de los pueblos indígenas, mediante un proceso de homogeneización política y económica y el esfuerzo por lograr una identidad única. Se desconocían sistemas políticos, idiomas y culturas diferenciadas, que no correspondían al molde pequeño propietario de la Revolución. Y se llega hasta hoy con el mismo problema, pues pese a los grandes avances de la democracia, ésta también hace exclusión de ciudadanía y no ha tenido capacidad de resolverla.

La igualdad no es sólo un hecho político-jurídico, es también una fuerza productiva de la economía. El capitalismo lo supo entender muy bien a partir de la igualdad abstracta que genera riqueza, porque da lugar a un principio de adhesión a la voluntad nacional general estatal. Sin principios de adhesión no hay economías productivas y expansivas, de ahí que el tema del colonialismo y la discriminación es un hecho económico, político, jurídico y social. Debatir sobre los temas de Estado multinacional y autonomías indígenas es un modo distinto de buscar resolver esta falla estructural de nuestra conformación social.

Hubo varios intentos de resolver esta falla. El de Túpac Katari fue muy interesante, estudiado con mucho detenimiento por Sinclair Thompson, en su tesis de doctorado⁷, a partir de la idea de ayllus de blancos propuesta inicialmente por Katari antes de la confrontación con los mestizos. En febrero se inicia el cerco a La Paz. Hasta abril, está la alianza con los mestizos en una estrategia —especie de un federalismo muy interesante, de coexistencia de varias culturas— en la que los indígenas proponen a los mestizos su reconocimiento, bajo la adhesión a la forma de ayllu, que era la forma cómo un indígena reconocía su derecho de ciudadanía: la adscripción y pertenencia a un ayllu. Cuando los mestizos rompen con los indígenas y se pasan al lado de los españoles, los indígenas se lanzan a una guerra de exterminio que acaba con la primera propuesta federativa de la que se podría hablar en nuestra historia política: 1781, entre febrero y abril. La sublevación de Katari también ha sido estudiada por Forrest Hylton⁸.

Sobre un segundo momento de resolución de co-existencia de pueblos en igualdad de condiciones, se puede leer el texto de Condarco⁹. La propuesta de la coexistencia que aborda esta articulación semifederativa: Zarate Villka, nombrado comandante de las tropas aborígenes con traje republicano, dirigiendo específicamente a las tropas indígenas en la Guerra Federal. La movilización autónoma con sus autoridades, sus banderas y su alianza con los federados de Pando frente a Alonso, es otra propuesta de coexistencia federada de los pueblos, que se rompe tras la masacre de Mohosa, cuando los pueblos indígenas se lanzan a una posibilidad de gobierno propio.

A lo largo de la historia se menciona esos dos grandes movimientos, y el tema está presente en el debate actual: ¿cómo convivimos los pueblos en igualdad de condiciones? Ahora estamos intentando buscar una opción que recoja las experiencias de coexistencia fallidas, en un tipo de Estado donde los distintos pueblos tengan el reconocimiento de su identidad oficial, la capacidad de ejercer ciudadanía a partir de su cultura societaria, sin por ello dejar de pertenecer a lo macronacional.

Desde principios del siglo XX, la ciencia política ha tenido varias iniciativas de resolución de este tema: el debate de los marxistas, con Otto Bauer, Rosa Luxemburgo, Lennin, pasando por la social democracia. El liberalismo fue muy distante a esta temática, pues el liberalismo político de finales del siglo XIX y principios del XX, proveniente de Estados Unidos, no tenía que resolver el problema de la coexistencia de varias culturas, porque apostaba a una mezcla que daba lugar a una nueva identidad. En ciencia política, la propuesta de democracia multicultural o de estados multinacionales o estados federales autonómicos, son maneras institucionales distintas para abordar este problema común a muchos otros problemas del mundo: la convivencia democrática en igualdad de condiciones de varias culturas y pueblos de identidades culturales-linguísticas diferentes.

Lo que hago es simplemente una propuesta. Una propuesta que recoge estas herencias del debate contemporáneo para resolver un viejo tema boliviano de discriminación y exclusión que aún se mantiene. Creo que llegó el momento de reconocer que el eje articulador de la reforma moral e intelectual contemporánea es el mundo indígena, y que la fundamental fuerza de movilización, hoy, es la indígena, y el principal creador de idea y liderazgo es el mundo indígena.

Hoy estamos en condiciones de abordar de manera muy abierta la resolución o sutura de esta fisura fundamental del Estado, que hizo de nuestro Estado un semi Estado o un cuasi Estado o un para Estado. De ahí que mi propuesta se resume en buscar alternativas institucionales y organizativas para resolver la convivencia de varias culturas y varias nacionalidades en condiciones de igualdad. A esto llamamos un Estado multinacional que va más allá del simple reconocimiento que se hizo en 1993 de la multiculturalidad, que no dejó de ser un saludo a la bandera, porque no se convirtió en ninguna estructura organizativa.

La resolución de esta fisura es un hecho material organizativo, no es un hecho discursivo-declarativo. De ahí que se requiere de un Estado multinacional que resuelva institucionalmente, organizativamente, normativamente y procedimentalmente, la convivencia en condiciones de igualdad de las múltiples culturas, y la existencia de ciudadanías diferenciadas en función de las culturas societarias de cada uno de los pueblos, en el marco de una ciudadanía general. Ahí se resume mi propuesta.

Juan Carlos Urenda (JCU).- Voy a mencionar algunas constataciones en la búsqueda de soluciones a este Estado multicultural que es Bolivia. Enumeraré unas cuantas y después trataré de esbozar líneas generales de posibles soluciones en un esquema institucional.

Una primera constatación es que tenemos en marcha un Referéndum que se circunscribe a una propuesta de autonomía departamental y no a otro tipo de autonomía. Tenemos una ley y un próximo sufragio por una pregunta que incluye el concepto de autonomía departamental. Esta es una constatación innegable.

Una segunda constatación es que en Bolivia, de mayoría indígena, hay una diferenciación poblacional indígena muy marcada entre el oriente y el norte, y el occidente. En el occidente boliviano la población indígena es mayoritaria, empezando por Chuquisaca que tiene 61% de población aymara; La Paz que registra 68% de aymaras y 7% de quechuas, totalizando 73%. Oruro tiene 35% de quechuas y 37% de aymaras, que hace 72%, y, finalmente, Potosí, que tiene 77% de quechuas y 6,3% de aymaras, lo que hace 83% de población indígena. Esto, versus  la población indígena originaria del oriente y norte de Bolivia: Beni con 25,8%, Santa Cruz con 16,5%¹⁰, Pando con 6,9% y Tarija con 4,2%. Entonces, las poblaciones mayoritarias en estos departamentos son “otros” como se estableció en el Censo de 2001, o “ninguno” según otros estudios. Esta es una segunda constatación que debe considerarse en el diseño de la propuesta final.

Una tercera constatación está en los instrumentos que ha creado la República en el pasado inmediato, en un intento de solucionar el problema de los pueblos originarios, a través de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) creadas por la Ley de Participación Popular, o las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), institutos constitucionales establecidos en la Constitución. Este tratamiento a los pueblos originarios, habida cuenta que además tienen el manejo de los recursos naturales renovables y una administración propia, es un capítulo de vanguardia a nivel latinoamericano. Incluso en la reglamentación de estos institutos se admite formas de resolución de conflictos de acuerdo a sus usos y costumbres. El otro instituto que también ha sido utilizado es el gobierno municipal indígena. En Santa Cruz tenemos dos experiencias muy ricas: el municipio de San Antonio de Lomerío, con la etnia Monkox que habla el dialecto bétsio (también denominado bésiro), y el municipio de Urubichá que tiene una comunidad chiquitana, con municipios que se inscriben prácticamente en su totalidad en el ámbito originario indígena.

Otra constatación con relación a estos instrumentos es que han servido solamente para etnias ubicadas en la Amazonía: Santa Cruz los lidera con nueve TCO y Beni con ocho. Llama la atención que en Oruro y Potosí, por ejemplo, no las hubo ni las hay, cuando fueron instrumentos diseñados para representar derechos indígenas. En La Paz existen cuatro TCO pero que corresponden a etnias tacanas amazónicas. La pregunta obvia es: ¿por qué las etnias mayoritarias del país, como quechuas y aymaras, no han hecho uso de estos instrumentos? Es un tema a resolver.

En relación con las propuestas de alteración de límites, esbozadas por líderes como Álvaro García Linera en algunos de sus trabajos académicos, o la propuesta de modificación de límites para la creación del décimo departamento, debemos decir que hay que tomar en cuenta el reciente conflicto en Tarija entre las provincias O’Connor y Gran Chaco. De ahí que la modificación de límites departamentales puede acarrear serios problemas entre bolivianos. Esta es una realidad ya constatada.

En líneas generales, la propuesta parte del respeto a las mayorías: oriente debe respetar las mayorías de occidente y viceversa. En ese sentido, en el diseño institucional de las autonomías departamentales, la solución viene por los siguientes caminos:

1) En el tema de las etnias originarias del oriente boliviano, se debe perfeccionar los derechos de los indígenas en los institutos de las TCO y en la búsqueda de dotar la mayor autonomía indígena a esas poblaciones, que son reducidas.

]]> 2) De acuerdo a ello, el texto constitucional debe permitir claramente a las asambleas departamentales, crear todos aquellos instrumentos tendientes a perfeccionar las atribuciones de las TCO y, especialmente, la modificación de límites municipales en los casos que los límites actuales interrumpan la continuidad de un asentamiento indígena, como lo mencionó en un trabajo reciente Enrique Camargo¹¹.

3) En lo que respecta a las poblaciones mayoritarias, como la aymara en el departamento de La Paz y quechua en Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba, se propone, en el ámbito de la descentralización política que impulsa la autonomía departamental, otorgar a la Asamblea Departamental la facultad de instrumentar un estatuto de autonomía que respete y represente las mayorías indígenas en esos departamentos, y que sea la  expresión de aquellos derechos.

4) En cuanto a las etnias que cubren más de un departamento, es importante que se tome parcialmente el caso de Bélgica, para concebir una entidad que respete derechos étnicos-linguísticos que no necesariamente coinciden con la espacialidad. Y que aquella entidad u órgano represente, al mismo tiempo, derechos interdepartamentales, sin que se vea afectada la territorialidad de ese órgano, sino que responda a aspectos de espacialidad, que van más allá del departamento. Esto permitirá, sin alterar límites departamentales, tener representaciones intradepartamentales de etnias mayoritarias.

Así, estaríamos ante un tratamiento diferenciado para aquellos departamentos cuya población es mayoritariamente indígena, con la posibilidad de un estatuto autónomo que exprese a cabalidad las aspiraciones y derechos de esos pueblos. En los departamentos donde las poblaciones indígenas originarias no son mayoritarias, como en el norte y el oriente de Bolivia, también se debería facultar a las asambleas departamentales la posibilidad de perfeccionar los institutos constitucionales de las TCO y de los municipios indígenas, a efecto de que con una profunda descentralización política, las comunidades indígenas originarias en esos departamentos expresen su diversidad cultural, sus lenguas y sus costumbres.

DERECHOS INDÍGENAS Y RECURSOS NATURALES 

Nelly Romero (NR).- Saludos al señor Vicepresidente. Creo que la propuesta de creación del décimo departamento, presentada por la Asamblea del Pueblo Guaraní, tiene su fundamento y se remonta a la masacre de 1892¹², que resurge en 1992¹³ para tratar temas que vayan a responder al desarrollo de nuestro pueblo. ¿A raíz de qué? No tenemos agua, vivienda ni caminos, ni el cumplimiento de al menos 50% de las demandas territoriales. Esto sintetiza el hecho de que estamos todavía siendo considerados inquilinos en nuestra propia casa.

Por otro lado, si quisiéramos cumplir con nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos, estamos indocumentados; hay un eleva-do índice de analfabetismo, sobre todo en las mujeres, aunque ahora se está apostando a erradicarlo con el programa de alfabetización. En materia de salud hay serios problemas  en todo el Chaco por ausencia de recursos humanos calificados del pueblo guaraní.

Y sobre los recursos naturales, resulta que en todo el territorio de las comunidades de origen se encuentran los pozos petroleros, como el campo Margarita, por ejemplo, pero: ¿quién habla de que nosotros seremos beneficiados por este hecho? No hay avances ni consultas, no se dice nada de las compensaciones de las empresas ni del Estado; se habla del derecho de servidumbre, pero nada más, a pesar de que está contemplado en la OIT. Entonces, ¿de qué sirve que vivamos en un territorio rico en recursos naturales, cuando en la realidad nuestra situación es de extrema pobreza y hambre?

Todo contribuye a hablar de la creación del décimo departamento y así lograr que nuestros requerimientos sean atendidos. Por ejemplo, las regalías de 11% tienen 26 años de vida, pero están centralizadas en las capitales de departamento: Santa Cruz, Sucre y Tarija.  No llega a las comunidades. Si hablamos de la Ley de Participación Popular, hasta ahora no trascendió como debiera ser. La prueba más clara es que, hasta hoy, estas comunidades no tienen agua potable. Es lamentable, pero es la realidad.

La creación del décimo departamento no es para que nos encerremos en la posición de que nuestras autoridades sean guaraníes; al contrario, luchamos por la recuperación de los recursos hidrocarburíferos, justamente para que la riqueza no sea de unos cuantos, sino que la comunidad ya no tenga hambre y pobreza. Apostamos a eso. Apostamos a que los recursos se vayan socializando.

Ahora recién se habla de la firma del Quebracho¹⁴. Ahora hay repercusiones y pronunciamientos. Algo tiene que salir de ahí. La actual Constitución Política del Estado no responde a las necesidades de la población boliviana y, a raíz de ello, se tuvo que recurrir a marchas y sufrir represiones, todo para tener una nueva Constitución y un Referéndum. Las actuales autoridades saben perfectamente de las necesidades que tenemos, el Presidente lo sabe muy bien porque estuvo con nosotros en los bloqueos. Ahora es el momento de atender nuestras demandas. 

JCU.- Considero que la creación del décimo departamento es la solución por el desastre, por lo siguiente:

Primero, no se está atacando el problema central que es, fundamentalmente, el abandono económico. Entonces, lo importante es buscarle una solución. La causa no es solamente la capital del departamento, ya sea Santa Cruz, Sucre o Tarija. En este Estado, excesivamente centralizado, la Prefectura era simplemente un brazo desconcentrado. Si se trata de poner la mira en el enemigo, el enemigo no necesariamente fue un departamento, sino el gobierno central.

Segundo, tengo la impresión de que subyace en la propuesta del décimo departamento el tema de los recursos naturales, ignorando que son una exclusiva competencia del gobierno central. No podemos apropiarnos de los excedentes de los recursos naturales, porque resulta que nos tocaron en nuestro territorio, en desmedro de otros pueblos bolivianos que no tienen pozos petroleros. Si se entiende que la competencia de los recursos naturales es del Estado nacional, las modificaciones de límites departamentales carecen de sustento porque lo que se manda es una Ley de la República, independientemente del límite departamental.

Es importante que se sepa que la población guaraní comprende 10% de la población del departamento de Santa Cruz. Y que en el Gran Chaco, en Tarija, que tiene tres de los cuatro megacampos del país, 21% de la población es guaraní. Entonces, tampoco parece justo desde ese punto de vista la demanda de creación de otro departamento.

Creemos que las demandas del Chaco son justas, y que si se entendiera a plenitud la propuesta de autonomía, que significa una amplia descentralización política, el Chaco tendría una amplia representación, no sólo a través de subprefectos elegidos por voto popular, cuando así lo establezca la ley, sino a través de los representantes de las provincias en la Asamblea Departamental. Es esa asamblea la que en definitiva va a definir la inversión pública en un gobierno autónomo. El caso de Santa Cruz con Cordillera, de Tarija con O’Connor y Gran Chaco, y el caso de las provincias chuquisaqueñas, tendrían en la Asamblea Departamental voz y voto para negociar y determinar la inversión pública. Es por ello que insto a profundizar en el conocimiento de ese instrumento que puede ser de extraordinario valor para aquellas provincias que fueron postergadas.

ESTADO MULTINACIONAL

AGL.- En los textos usamos de manera indistinta Estado multinacional y Estado multicultural. El concepto fuerte es Estado multinacional, es más riguroso y preciso porque deja a un lado el mal uso del término multiculturalismo, utilizado  por la ideología liberal en los últimos diez años. En su versión fuerte, el multiculturalismo es la manera de trabajar de los pueblos y nacionalidades, pero la versión liberalizada de los últimos quince años, es una lectura light, simplemente declarativa, por lo tanto, en un sentido académico, hay que hablar de un Estado multinacional, en el que el tema de las autonomías y derechos de los pueblos es reconocido por el Estado en igualdad de condiciones.

Sobre el tema de si las autonomías indígenas o las autonomías provinciales tendrían por función diluir el tema de las autonomías departamentales, es falso. En el primer caso, el tema de la coexistencia de varias nacionalidades se remonta a antes de la República o de los departamentos en el país, por eso hice referencia a Katari y Willka. Y es el tema central. Ahí está la falla estructural y esa es la falla colonial. La segunda falla es el centralismo, y la tercera la falla es primaria exportadora.

Centrándonos en la falla colonial, que es la fundamental, entenderemos que este debate tiene más tiempo que el autonomista departamental, porque se remonta por lo menos a los siglos XVII y XVIII, con distintos movimientos de intensidad por los años. Renace claramente en el debate contemporáneo, en los años setenta, con el indianismo y katarismo, que surgen en oposición a la dictadura. Este ciclo contemporáneo de debates teóricos e intelectuales, es previo a la reivindicación departamental de los ochenta en democracia, pero no entra en contradicción con el tema departamental, por lo menos nunca lo coloqué en mis reflexiones en oposición sino como un tema que le antecede y atraviesa.

El tema de autonomías provinciales, más allá de la función política que jugó en los últimos meses, denota o saca a luz un tema expuesto por la compañera de la APG, y es que el centralismo no es sólo un defecto del poder central, sino una especie de enfermedad que se reproduce en todos los estratos. El Estado es centralista, y se ve en cómo se concentran los recursos y las decisiones. También son centralistas los departamentos, y a su turno las alcaldías, y así sucesivamente. Cuando uno ve cómo el campo Margarita, San Alberto, San Antonio, o en Cochabamba, o en La Paz, los recursos fundamentales están a 3.000 o 3.500 metros bajo la tierra, y mira ahí arriba a la gente sin agua, descalza, sin luz, como si estuvieran en el siglo XVII, literalmente. Lo menos que puede hacer es preguntarse: ¿dónde fueron esas regalías?, ¿dónde está el 11% de regalías departamentales? Se llega a la conclusión que buena parte estaban concentradas en las élites o nacionales o locales departamentales.

Lo que estamos viendo es un despertar a la vida política de élites subdepartamentales, regionales, locales, que reclaman  una mejor distribución de recursos territoriales. En el fondo todo el debate sobre federalismo, autonomías, nuevos departamentos, busca discutir la distribución territorial del poder y la capacidad de decisión. Ese es el fondo, pues toda identidad étnica, departamental, cultural es una forma político-simbólica de pelear por recursos. Cuando hay sectores o comunidades que sienten que tienen recursos y no les llega y otros se enriquecen, surgen identidades territoriales, regionales, departamentales o étnicas. Es el caso de Santa Cruz, que representa un proceso muy contemporáneo de construcción de una identidad departamental. Pero toda identidad se puede construir a su turno, es el caso de los aymaras y quechuas, que son construcciones de identidades de siglos, que fueron formas de disputar recursos y gestión territorial de poderes.

El surgimiento de las demandas de los departamentos, ahora de las provincias y las comunidades, son formas de politización de esta lucha por la gestión de recursos, muy fomentada por el excesivo centralismo del Estado, de los departamentos, las prefecturas y las alcaldías, que está dando lugar a movilizaciones y al surgimiento de nuevas élites regionales, y con ello, al despertar de un discurso identitario local-regional, con capacidad de movilización en torno a la disputa de departamentos o provincias de los recursos centralizados, ahora, en las élites nacionales o departamentales.

Uno puede ver esta confrontación como disputa de élites, con el surgimiento, renovación ampliación de fuerzas y poderes de élites, que tienen la capacidad de movilizar discursos con adhesión social. Y no es un delito, porque la Historia es así, la Historia se mueve así. Haciendo una lectura de la Historia a partir de la ampliación de élites y de derechos, de renovación de élites y derechos, en el fondo se verá que en el debate nacional ese es un tema que se está expandiendo: primero en los grupos culturales étnico-nacionales, en los departamentos, provincias y comunidades, que hablan del proceso gigantesco de deliberación, pero, también, de fragmentación de las identidades.

Esto puede ser interesante  si se mira como un proceso de socialización y democratización del debate y de la lucha por recursos, que ya se dio con la Participación Popular, en su momento, pues promovió unas élites provinciales y municipales en la lucha por el acceso a los recursos. Así se amplía la democracia, la movilización, pero corre un riesgo que hay que saber medir: puede crear un proceso de tribalización en la sociedad.

Ahí voy a la tercera pregunta que me hizo Carlos Toranzo. La forma de garantizar la presencia de un Estado unitario con capacidad material de su unitariedad y su fuerza de atracción, capaz de equilibrar las fuerzas centrípetas legítimas con las locales, regionales, departamentales y étnicas, pasa por una clara delimitación de las riquezas, propiedades y competencias del Estado central.

El tema de los recursos naturales es una condición sine qua non de esta presencia unitaria de la base material del Estado. Propiedad de los recursos naturales de manera estatal nacional, pero, ahora sí, con formas de gestión, administración de consulta y utilización con amplia flexibilidad descentralizada a nivel comunal, provincial y departamental.  Son dos casos distintos y dependerá del modelo económico que se implemente: si se pone más peso no sólo en la propiedad,  sino en la gestión y administración estatal; o si se pone más peso en la gestión de administración departamental. Eso dependerá del modelo económico que uno implemente pero, en ambos casos, está la presencia prioritaria e indiscutible de la propiedad de los recursos naturales de forma estatal nacional.

Ahora, ¿qué significa esto de forma estatal nacional en un sociedad multinacional? Se lo resolverá en la Constituyente, porque la idea de Nación tiene que cambiar. La idea de Nación en sentido de Estado monocultural tiene que desaparecer; la idea de Nación en sentido de Estado multinacional, multicultural, tiene que incorporarse. La idea de Estado tiene que ir más allá de su unitariedad, más allá del Ejército, más allá de la ley o de las competencias. Tiene que ir por el lado de una voluntad colectiva, de una comunidad política compuesta por varias identidades nacionales que se reflejen en la composición del Parlamento, del Poder Judicial, del Ejército. Entonces, la idea de Estado-Nación tiene que ser redefinida en la Asamblea Constituyente, pero eso no puede poner en duda un principio fundamental de todo Estado: su unitariedad.

HEGEMONÍA Y PLURALISMO

SS.- Vicepresidente, una primera duda. El proyecto hegemónico que tiene el partido de gobierno, no se cómo se ensambla con los principios democráticos expresados por usted, y que debieran plasmarse en la práctica del Poder Legislativo y en la práctica de toda la administración del aparato del Estado que, entre otros elementos, debiera contemplar actitudes democráticas, es decir,  aceptar los disensos.

Una segunda duda. Al hablar de autonomías provinciales, cantonales, indígenas, pienso que se puede producir un proceso centrífugo de territorialidades tan grave como el de tribalización al que usted hacía mención. Ese fenómeno puede ir en contra del proceso hegemónico político del Movimiento al Socialismo (MAS). ¿Cómo piensan que van a  poder manejar territorial, política y socialmente ese proceso, que podría convertirse en una caja de Pandora, compleja y hasta inmanejable para el propio proyecto del MAS, pero también para la gobernabilidad del país?

Otra preocupación tiene que ver con lo que percibo en su trabajo como una fuerte preeminencia de la cultura aymara, que es mayoría aquí en La Paz y que por tanto permitiría una autonomía lingüística-étnica-territorial, pero que no se aplica al resto de las presencias étnicas ni de otras realidades en el país.

La última preocupación, pero no la menos importante: ¿cómo será la incorporación de esas comunidades o autonomías de tipo lingüístico y étnico cultural al aparato productivo y sobre qué bases va a funcionar? Y disculpe que le haga esta pregunta, pero leía que el ministro Carlos Villegas habló de la generación de un proceso para desmontar las bases del Estado capitalista. ¿Qué piensa usted sobre este tema?

SS.- Disculpe, señor Vicepresidente, el problema es que aun en el concepto gramsciano, la hegemonía es de una clase sobre otras, y no confundo ni clase con hegemonía ni clase con élites. Y en cuanto a la seducción, ¿está el MAS en capacidad de seducir a todo el tejido social boliviano para construir esa hegemonía política?  

AGL.- Vamos a intentar, vamos a intentar compañera... Tal vez no lo logremos, porque es un proceso; es algo que no se define ni siquiera en una elección. Es un hecho histórico. En la siguiente media década, se tendrán que ver nuestras posibilidades o limitaciones.  

SS.- ... no lo veré, si es a tan largo plazo, aunque claro que comparto el concepto de proceso histórico en el tiempo...  

AGL.- Bueno, apostamos a que sí. Quizás sí se logre, quizás no. Pero habrá que intentarlo. Alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que cumplir esa tarea, sino, no hay manera de cohesionar a la sociedad y al Estado. Pero si el concepto de hegemonía va en el sentido más fuerte y duro, o como algunos que confunden todo... y le doy un ejemplo. Escuché al senador Wálter Guiteras patear el lenguaje con estos términos. Lo oí peleándose atrabiliariamente con el lenguaje. La hegemonía que pensamos no va en el sentido de avasallamiento, de imposición. No hay nada más alejado de nosotros. Algo muy concreto como ejemplo: la Ley de aprobación de convocatoria a la Asamblea Constituyente y al Referéndum y reconocimiento de minorías por encima de mayorías, es tanto así que si mantuviéramos la votación de 54%, tendremos 50 o 49% de constituyentes. Lo sabíamos y no es que se nos olvidó. Teníamos toda la estructura de los números, pero había que habilitar la presencia de organizaciones sociales en circunscripciones.

Otros datos. La presencia en el gabinete de una composición tan plural: desde gente proveniente del viejo nacionalismo revolucionario, liberales, indianistas, radicales, economicistas tibios, en fin, una composición muy laxa, diversidad de personalidades y tendencias, pasando por las instituciones. No hacemos masacres blancas, 95% del personal del Estado fue heredado, no cambiado.

SS.- Señor Vicepresidente, un punto muy flaco es el caso del Fiscal de la Nación...

AGL.- Es posible, pero 95% de la “vieja memoria” estatal se encuentra intocable porque sabemos que es una memoria estatal. Que haya sido del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), no importa, mientras sea eficiente. Si es corrupto e ineficiente, se va, incluso si es del MAS.

La lectura que estamos haciendo, y lo digo con toda honestidad, va en ese sentido. Cuando el Presidente reclama en el ámbito de la justicia, no es para colocar fiscales o jueces nuestros; no tenemos gente para copar el Estado. Así de claro. Cuando se pide un cambio es para gente capaz y honesta, sin otro requisito.

CT.- Disculpe señor Vicepresidente, se aceptó a la gente hasta el 31 de marzo. En los inicios de abril, 170 personas en el Ministerio de Educación quedaron fuera. Gran parte de los funcionarios de Desarrollo Rural, fuera.

AGL.- Sí. Habría que verificar los datos pero, si no me equivoco, buena parte corresponde al fin de contrataciones hechas a principios de año. Lo que pasa es que algunas personas se pasaron de “vivas”; sabían que había nuevo gobierno y quisieron renovar contratos por uno o dos años de gente evidentemente elegida “a dedo”. Ahí encontramos la colaboración del ex presidente Rodríguez Veltzé, a quien se le pidió que por favor haga contratos por sólo tres meses. Puedo decirles que hasta marzo, los únicos cambios fueron de presidente, vicepresidente, ministros, viceministros y  80% de directores. Ni un solo cambio más en dos meses. Ahora habrá cambios en nivel intermedio, pero no tendrá la dimensión de una masacre blanca. No pasará de 10% de la estructura gubernamental. Esto también va como aclaración en términos de hegemonismo y retomo sus otras inquietudes.

Usted preguntaba por qué esta preeminencia del aymara en el texto. Es por un hecho político. Es la identidad indígena más cohesionada del país, en términos de varios componentes de cualquier identidad nacional. La existencia de una inteligencia sedimentada, con capacidad de reinterpretar la Historia; reordenar la forma de narrar la Historia es una forma de construir los nacionalismos, aquí y en todas partes del mundo. Todo nacionalismo es una forma de organizar el hecho histórico y su conocimiento. Acá se tiene eso: una inteligencia sedimentada culturalmente, letrada o no. Unas estructuras de movilización y organización suficientemente densas y con amplia capacidad política, como la Federación de Campesinos de La Paz, la Federación de Campesinos de Oruro, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto; a su modo, los ayllus en algunas zonas de sur Carangas, o en parte de la provincia Ingavi en la Paz; en fin, estructuras con gran capacidad de movilización. Un conjunto de liderazgos políticos desde los años setenta: Genaro Flores, a su modo Víctor Hugo Cárdenas, Felipe Quispe, Evo Morales, que son fundamentalmente liderazgos aymaras. Y una capacidad de irradiación de su discurso, de esa inteligencia, de las simbologías y de las representaciones identitarias surgidas del mundo aymara, no sólo en el ámbito territorial aymara hablante, sino también en el quechua hablante, que han logrado aceptación retraducida incluso en  las tierra bajas. Es la identidad más compacta territorialmente y la que no está segmentada.

La identidad quechua es mayoritaria, en términos numéricos, pero está territorialmente más fragmentada y aún no hay una identidad quechua; lo que hay son varias identidades quechuas, distintas según las diversas zonas donde están asentadas. Son identidades locales, más regionalizadas. En cambio, es posible hablar de una identidad expansiva macroaymara, por eso hago mucho hincapié en ella. Pero hacer hincapié en la identidad y poder aymara, no puede ser asumido como un aymara etnocentrismo. No, es simplemente reconocimiento a su capacidad política, a sus grados de institucionalidad. Su identidad es un hecho político y su presencia en el Estado dependerá de su capacidad de movilización, de presión política y representación; es decir, de un cálculo de fuerzas físicas hacia el Estado.

CAPITALISMO ANDINO-AMAZÓNICO 

AGL.- Sobre la pregunta que usted se hacía respecto del aparato productivo... Es un tema de debate en los movimientos sociales e internamente en el gobierno. En mi opinión, la forma más honesta de designar lo que se puede hacer en Bolivia, es un tipo de capitalismo andino-amazónico. Creo en él y lo sostengo, porque los datos me dan pie para mantener esa hipótesis académica de trabajo, que la defiendo políticamente y la hago presente porque es la posibilidad de construir una sociedad postneoliberal, que no es postcapitalista. ¿Por qué postneoliberal sí, pero postcapitalista no? Por tres motivos.

Primero, que el postcapitalismo requiere de dos fuerzas: una obrera organizada política y culturalmente, y eso no existe en Bolivia. El nuevo proletariado de los noventa es tremendamente fragmentado, más numeroso pero reducido a niveles microorganizativos que aún no ha creado identidad, ni estructuras de movilización, ni prácticas identitarias lo suficientemente densas para hablar de un movimiento obrero fuerte. En la medida que el obrero representa la fuerza del capitalismo es justamente su negación, porque es la fuerza productiva en acto, en vivo. En ese sentido no hay un fuerte movimiento obrero en Bolivia que nos haría pensar, a mediado plazo, en la posibilidad de contar con un liderazgo obrero y con una estructura postcapitalista generada por los propios trabajadores. Segundo, la fuerza fundamental de la movilización contemporánea no es, ni siquiera, la comunidad: es la pequeña economía familiar, y  no se construyen procesos de socialización expansivos sobre la base de  la economía familiar, cosa que han comprobado muchos movimientos. La base de las movilizaciones de los últimos diez años es la economía familiar urbana y rural. La base de la Federación de Juntas Vecinales es la unidad familiar; la base de los cooperativistas mineros, de los regantes y de los miembros del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ) es la economía familiar; la base de los indígenas del Oriente es la economía familiar; la base material de las sublevaciones indígena-populares del ciclo de protesta de los últimos siete años es la economía familiar. Pero no se construye socialismo sobre la base de la economía familiar. El socialismo es la socialización y reapropiación por los productores directos de la riqueza general, no es la fragmentación en unidades familiares de la riqueza social. Este es un segundo elemento estructural que nos impide hablar, temporalmente, de un proceso postcapitalista.

Tercero, es posible imaginar comunismo o socialismo, o postcapitalismo a partir de un proceso de expansión de la base comunitaria de las sociedades tradicionales que, en los últimos veinte años, ha sufrido un proceso de contracción y de asedio. La base comunitaria de la sociedad, aún presente en varias regiones indígenas campesinas, está sufriendo un proceso acelerado de con-tracción hacia reductos familiares. Esto limita el proceso de expansión del comunitarismo latente en nuestra sociedad. No conozco empresa comunitariamente gestionada ni proceso de producción comunitario alguno, conozco propiedades comunitarias producidas familiar e individualmente.

Entonces, se tiene una base material y una base política inexistente para un proceso postcapitalista. Sabemos que el postcapitalismo, al que podremos llamarle socialismo, comunismo, comunitarismo, no es una doctrina ni un deseo, como sostenía la “vieja” izquierda cadavérica. Es un movimiento real de la sociedad, es un proceso complejo de readecuamiento que no apunta aún al postcapitalismo, sino a un reacomodo... y aquí viene la justificación de la hipótesis de trabajo de un capitalismo andino amazónico: es un capitalismo particular, que vive como pequeñas islas en medio de un mar de premodernidad familiar campesina, comunitaria, andina amazónica, que es la mayoritaria en la actividad laboral.

Básicamente creo que ese es  el modelo posible en Bolivia, por lo menos para los siguientes cincuenta años; después se vería si es posible hablar como sociedad postcapitalista, que deberá haber pasado antes por la amplificación de la base comunitaria, por la conformación de un fuerte movimiento obrero, y eso ya  nos puede hacer imaginar un postcapitalismo.

SS.- ¿Quiere decir con esto, Vicepresidente, que sí se piensa en el desarrollo de los medios de producción, de las fuerzas productivas, en mirar al mercado interno, para poder abordar a ese Estado que tampoco veré?

AGL.- No somos los últimos cepalistas... Se requiere de mercado interno, pero, y simultáneamente, se requiere estar vinculado a los mercados externos, con los que siempre hemos estado vinculados. Nuestras exportaciones siempre estuvieron vinculadas afuera, desde la época de Toledo, cuando trajo las trituradoras. En ninguna parte del mundo hay autarquía; no hay sociedades autárquicas,  pero uno puede darle más prioridad al mercado interno o al externo. En todo caso, en este tema, debemos proteger el mercado interno y abrirnos allá donde somos competitivos, en una especie de globalización selectiva de nuestra producción y de nuestros mercados. ¿Por qué no total?  Porque ¿cómo hace un arado egipcio para competir con una de esas máquinas que he montado recientemente en Santa Cruz? Metafísicamente es imposible competir con esas estructuras tecnológicas tan dispares en la producción. Entonces, debemos partir de la protección del mercado interno y de la apertura a las exportaciones, procesos de industrialización en ciertos ámbitos donde resultemos competitivos, pero, a la vez, siendo integradores de economía regional y mostrando apertura a lo que nos pueda brindar la competencia de la producción internacional. Pueden decir que esto es muy parecido a una economía mixta, pero no es así. Lo novedoso acá es la incorporación de la economía tradicional. La economía mixta nunca la tomó en cuenta, ni a la familiar ni a la comunitaria; o era economía estatal moderna o economía privada moderna, pero ambas eran modernas.

En este régimen compuesto de economía estatal, economía privada, economía local y externa, hay que incorporar el eje de la economía fa-miliar y el eje de la economía comunitaria de las tierras altas y bajas. Se trata de una economía de tres niveles, con tres plataformas, y creemos que, en lugar de que coexistan jerárquicamente, co-existan con relativo equilibrio, para imaginar múltiples procesos de modernidad, de desarrollo y de progreso. Ahí nos diferenciamos de los cepalistas, quienes se imaginaban la historia unilineal. Nosotros la imaginamos en tres dimensiones, trilineal.

IDENTIDADES Y TERRITORIO

Moira Zuazo (MZ).- Poniendo especial atención a la última parte de su exposición, es interesante plantear una duda a la que estoy dándole vueltas desde que comenzó el debate sobre las autonomías en el país. Comparto la visión que tiene en torno a que uno de los desafíos más importantes de la sociedad boliviana en este momento histórico, es la resolución de esto que usted ha llamado el fallo colonial, es decir, la construcción de una sociedad donde todos los ciudadanos convivan en igualdad de condiciones, y ello no como algo discursivo, sino como algo verificable, en términos de proceso, pues sociedad de iguales no es algo que se construye de la noche a la mañana, pero que aceptemos todos que esa es la dirección adecuada.

Lo que me pregunto es si la respuesta a este problema hay que buscarla en el nivel territorial. Me da la impresión que si bien no se está ignorando, tampoco estamos mirando de frente lo que usted sintetiza discursivamente en trabajos teóricos, como la historia de la homogeneización, de más de 160 años, y que podría dar lugar a pensar también en el nivel político en esta recurrencia de la idea del mestizo.

Abordar la problemática desde el plano territorial, ha encontrado ya unos primeros atisbos de respuesta, en lo que ha sido el municipio indígena, después del proceso de municipalización. Como bien decía Juan Carlos Urenda, ese proceso comenzó a desarrollar los trazos de lo que podría ser un municipio indígena, y sorprende  que esto ocurre, tal como decía Juan Carlos, también, sobre todo o quizás, sólo en tierras bajas.

¿Qué significa el resultado de las elecciones, qué significa el triunfo del Movimiento al Socialismo sobre el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP), en territorio que fue del MIP? Mirando la geografía electoral del Movimiento Indígena Pachacuti, vamos a ver que la convocatoria política del MIP a la nación aymara tiene un alcance territorial mayoritario exclusivamente en áreas rurales y sólo en un pequeño espacio territorial. Pero incluso en estos espacios, en las elecciones de 2005, la convocatoria del MAS, que es convocatoria a lo nacional popular, la supera, es decir que esta visión de la presencia de una identidad mayoritaria aymara en el departamento de La Paz termina siendo una visión algo romántica.

Acá me parece interesante escuchar las reflexiones del hombre de Estado, cuando usted plantea la necesidad de un Estado consociativo. Y subrayo, no estoy hablando de elementos que se contraponen, cuando mencionamos la necesidad de un Estado democrático, fuerte, consociativo, capaz de traducir en instituciones, en normas y procedimientos, esta coexistencia en igualdad de condiciones de todos los ciudadanos, a los cuales se respeta también sus derechos culturales, sin mellar los derechos democráticos. Vale decir, ¿si la superación de esta sociedad señorial se solucionara con el abordaje territorial, no podría llevarnos esto al peligro de  la tribalización, como mencionó hace un momento?

AGL.- En las cosas que menciona hay varios puntos que quiero recoger. Uno de ellos es el mestizaje. La indianitud, la aymaritud, la quechuitud, la guaranitud, al igual que el mestizaje son construcciones político-culturales históricas. El mestizaje también es un producto, un invento político-cultural. La idea que tenemos de mestizo contemporaneamente, no en términos biológicos —porque biológicamente todos somos género mestizos— sino en términos de culturas, el mestizaje es un invento político, un producto, una construcción, un proceso de elaboración histórico, que se puede fechar en sus momentos nucleares, expansivos, defensivos.

Lo que hoy llamamos mestizaje, es la imposición de un núcleo cultural, o mejor, la hegemonía de un núcleo cultural que ha absorbido otros aportes culturales. En este caso, lo que ahora llamamos mestizaje, es la hegemonía, la victoria provisional y temporal de la cultura castellano-hablante, pequeño propietaria, desarrollista desde las años treinta hasta los sesenta. A eso llamamos mestizaje, que es también un tipo de identidad construida. Frente a esta identidad han resurgido, renacido o han sido reiventadas otras identidades étnico culturales, a partir de los años setenta del último siglo, hasta hoy. Lo aymara, por ejemplo, lo indígena, lo quechua, lo trinitario, lo guaraní, incluso lo homogéneo, existían como idiomas, pero no como identidad política proyectadas al Estado. Uno puede ver el proceso de constitución de esas identidades a partir de los setenta en tierras altas, y en los ochenta en tierras bajas, que es cuando irrumpen.

SS.- Perdone, Vicepresidente, pero todas las identidades han sido y son construidas aquí y en todas partes del mundo...

AGL.- A eso voy... No coloquemos al mestizaje como un hecho dado, y a las otras cosas como algo que se produce. La idea de mestizaje es también una idea construida, es una forma de identidad que tiene núcleo articulador.

Ahora retomo sus preguntas. Como hipótesis de trabajo, puedo mencionar la posibilidad de la construcción de un nuevo mestizaje a partir de la indianitud, a partir de la victoria del 18 de diciembre. Esto es lo novedoso de los últimos acontecimientos. No sólo es la victoria de lo indígena, en una coalición expansiva de lo aymara, lo quechua, lo mojeño, guaraní o trinitario que llega a las ciudades, sino que también es la posibilidad abierta, aún incierta —se verá en los siguientes años— de que se dé lugar a un neomestizaje de base indígena.

En ese sentido, estaríamos empalmando con el 52 en la forma, pero superando estructuralmente el 52, que fue, básicamente, un mestizaje en contra de los indios, o en la segregación y la dilución de los indios. Este neomestizaje potencialmente abierto a partir de la victoria de Evo Morales, es un mestizaje que toma como núcleo a lo indio, y es en torno a lo indio que se esfuerza —veremos si tiene éxito— para articular las otras identidades dispersas e incluso la vieja identidad mestiza, que era la castellano-hablante, pequeño-propietaria, desarrollista, homogenizante. En los siguientes diez, quince años, veremos si tiene resultado, pero ahora uno puede ver al MAS en un intento de neomestizaje, de base y de núcleo indígena.

CT.- Donde tengo problemas con la hipótesis, y desde antes, Vicepresidente, es cuando hablamos de un solo mestizaje. Creo que hay que hablar en plural, de múltiples mestizajes. Los orientales son totalmente distintos a los de El Alto, de la ciudad de La Paz, del tarijeño. Y creo que la hipótesis del neomestizaje va a dar una multiplicidad de otros mestizajes, distintos según las regiones,  culturas, en fin, inclinarse a un plural.  

CT.- Aunque ya hay el mestizaje reconstruido desde los setenta, para entrar en la línea de su hipótesis. Una cosa es el mestizaje seco del 52 hasta los setenta, y otra es el inicio de los katarismos y los movimientos indianistas que conducen a asimilar mejor lo mestizo, separando lo cholo, a verlo, visibilizarlo, a dialogar. Ese fue un proceso.

AGL.- Sí. Yo creo que ese fue el proceso preparatorio, fundacional y de resistencia para llegar al momento de su consagración y expansión. Veremos si en esta segunda etapa le va bien o le va mal. Eso por una parte.

La segunda cosa que usted mencionaba, de si era necesario territorializar las reivindicaciones nacional culturales... Es que no hay otra manera para descomponer la colonialidad; no la hay.  Si hubiera una más laxa, más dialogada para descomponer la terrible colonialidad de la distribución racializada del poder en el país, sería excelente. Pero la racialización y etniziación del poder en Bolivia es tan fuerte, tan arraigada, que pasa obligatoriamente, al menos por un tiempo, por un proceso de territorialización de los procesos reivindicativos y de afirmación étnica-nacional de los pueblos maltratados.

Lo traduzco en hechos prácticos. ¿A qué llamamos autonomía o Estado multinacional? A la posibilidad de que si usted es aymara hablante pueda aprender a leer y escribir en aymara, pueda ir a las instituciones públicas y hablar en aymara; pueda ir a la universidad y graduarse como sociólogo en aymara; pueda ir al Parlamento o a un ámbito de gobierno y hablar en aymara, sin sufrir olvido, discriminación, marginación o se la invisibilice. Ese es un hecho territorializado obligatoriamente. Cuando tengamos esa posibilidad, habremos encontrado mecanismos de respeto e igualación de las culturas, las identidades, de los idiomas en el ámbito estatal. Que esto se expanda luego al ámbito privado de la vida cotidiana, del minubús, de la casa, corresponde a un proceso de décadas, pues la descolonialización, la desrazialización de los hábitos sociales es de más larga data. Pero al menos, el Estado puede desmonoetnizarse, descolonizarse, desracializarse, como está hoy en día, y eso tiene que pasar por la territorialización de los derechos, de las prerrogativas, de las competencias de los pueblos y las identidades indígenas.

Ciertamente en el ámbito de las tierras bajas, el proceso es distinto. En un diálogo con Juan Carlos Urenda, hace más tres años, coincidimos que en las tierras bajas el proceso es más fácil de articulación entre lo departamental y lo indígena. En las tierra bajas, obligatoriamente se debe suponer un proceso muy sofisticado de complementación entre la autonomía de base territorial-departamental y la autonomía de base étnico-cultural. Pienso que, inicialmente, podemos arreglarlo en términos de cámaras: la elección de diputados y senadores; la Cámara Baja por distritos departamentales; la Cámara Alta por identidades culturales, como se hace en otros países, y es una manera de resolver superposición territorial y cultural, para no generar conflictos.

Podemos imaginar otras, no tengo un catálogo cerrado de opciones. Aquí de lo que se trata es de tener una idea clara de que tiene que haber igualación institucional de las culturas y luego buscar el mejor mecanismo que resuelva este tema, y no al revés, como pueden pensar algunos: primero tiene que haber autonomía y luego ver cómo metemos a los indígenas ahí. No, no es así. Primero tenemos que ver cómo resolvemos el tema de la igualdad de los pueblos indígenas, cómo encontramos el mecanismo institucional que resuelva esa igualdad, yendo de abajo hacia arriba en lugar de arriba hacia abajo.

Se trata de ir explorando. Hago una propuesta que está ahí para explorar caminos de solución: Cámara Alta, Cámara Baja, representación proporcional de los pueblos, posibilidad de delimitación de límites departamentales en algún caso, pero, si es muy conflictivo, sobreposición mediante representación en las cámaras de una identidad territorial o una identidad étnico-cultural lingüística... Si los hindúes han logrado resolver la co-existencia de más de 200 idiomas en un mismo Estado, cómo no vamos a poder hacerlo nosotros, con 36 idiomas. No creo que sea una tarea imposible.

JCU.- Quiero rescatar de la propuesta del Vicepresidente de la República dos aspectos:

Primero, que en su propuesta teórica, no plantea el tema de las autonomías indígenas ni el de gobierno consociativo, o de tipo federativo plurinacional devolutivo, como una reacción a la propuesta de autonomías departamentales, y a mi me consta. Y debo expresarlo aquí, pues tengo la impresión de que este texto va a ser leído por constituyentes ¿no es cierto? Y rescato la propuesta del Vicepresidente, a diferencia de otras propuestas, como, por ejemplo, las recientemente divulgadas de Simón Yampara y Enrique Camargo, que son virulentamente opuestas a las autonomías departamentales, pues ambos consideran que ellas nacen como reacción al movimiento indígena y lo plantean como una cuestión total y radicalmente confrontada.

AGL.- Soy yo quien agradece la generosidad de ustedes que han venido desde Santa Cruz, del Chaco; como quiera que sea somos paceños los otros tres... pero esta tierra también es linda, y yo he viajado muchas veces a Santa Cruz, y seguiré yendo. Les agradezco todo el tiempo.

SS.-No, Vicepresidente, por favor, gracias a usted, que nos había concedido una hora de audiencia y finalmente ha tenido la condescendencia de atendernos dos. Estamos seguras y seguros que de este encuentro saldrá un importante material político para el debate de quienes vayan a representarnos en la Asamblea Constituyente. Gracias otra vez.

Notas

1 Susana Seleme es periodista y cientista política. Correo electrónico: susiseleme@yahoo.es

2 Hobsbawm, Eric. Entrevista sobre el siglo XXI. Al cuidado de Antonio Polito. Barcelona: Editorial Crítica, 2000.

3 Versión preliminar del ensayo publicado en Opiniones y Análisis de Fundemos, número 64.

4 Urenda, Juan Carlos. Separando la paja del trigo. Bases para constituir las autonomías departamentales. Santa Cruz: Editorial Imprenta El País, 2005.

5 Castells, Manuel. La era de la información. El poder de la  identidad. Volumen 2. Madrid: Alianza Editorial, 1998.

7 “Revolutionary Memory in Bolivia: Anticolonial and National Projects from 1781 to 1952”. En: Merilee Grindle y Pilar Domingo, editores. Proclaiming the Revolution: Bolivia in Comparative Perspective. Cambrige: Harvard University, 2003.

8 Hylton, Forrest. “Tierra común: Caciques, artesanos e intelectuales radicales y la rebelión de Chayanta”. En: Hylton et al. Ya es otro tiempo el presente: cuatro momentos de insurgencia indígena. La Paz: Muela del Diablo, 2003.

9 Condarco, Ramiro. Zárate, el temible Willka: Historia de la rebelión indígena de 1899. La Paz: Talleres Gráficos Bolivianos, 1965.

10 Según el Censo de 2001, en Santa Cruz existe 13,3%  de población quechua y 3,8% de población aymara.

11 Camargo, Enrique et al. Visiones indígenas de descentralización. De la Serie Descentralización y participación 8. La Paz: ILDIS, 2005.

12 Se refiere a la masacre de Kuruyuki, el 28 de enero de 1892, en la que el pueblo guaraní, al mando de Apia Oeki Tumpa, defendió su tierra y su territorio, frente a la violenta intervención militar del gobierno de entonces, con el pretexto de pacificar el Chaco.

13 Se refiere al centenario de Kuruyuki, que concentró a miles de guaraní, con la asistencia del presidente Jaime Paz Zamora. Años antes hubo una marcha a pie de los Pueblos Indígenas del Oriente, desde diversos lugares hasta la sede de Gobierno.

14 Documento suscrito en 1987 en defensa de los intereses del Chaco y retomado por la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y la Mancomunidad de Municipios del Chaco para sustentar la demanda del décimo departamento.