2005

El  proceso constituyente boliviano: el hito de la cuarta marcha de tierras bajas.

Santa Cruz de la Sierra: CEJIS,  781 p.

2006

Proceso constituyente boliviano. Santa Cruz de la Sierra: CEJIS. Ocho cuadernos o “series”:

1. Crisis de Estado, 83 p.

2. Antecedentes y desarrollo de la IV marcha, 92 p.

4. Contenidos de la actual Constitución, 90 p.

5. Propuestas de reformas liberales, 79 p.

6. Propuesta de reforma desde los movimientos sociales, 73 p.

7. Autonomía, 69 p.

8. Estructura estatal y autonomía, 65 p.

Xavier Albó

Carlos Gustavo Romero Bonifaz es un excelente y poco común ejemplo de abogado dedicado a la investigación acción, y de intelectual orgánico dentro del movimiento popular, como se decía en el pasado reciente. Asociado desde 1995 al Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), primero en Trinidad y desde 2000 como director ejecutivo de esta institución con sede en Santa Cruz, ha vivido desde dentro la problemática social del país, sobre todo en los sectores indígenas de las tierras bajas. Esta doble publicación lo muestra en ambas vertientes.

El Epílogo de la primera edición (p. 687-709) viene a ser una especie de resumen ejecutivo de todo este gran conjunto. Los capítulos 1, 5 y 6, al igual que las correspondientes series 1, 3 y 4 de 2006, son de tipo más general e histórico. El primero, mejor articulado en la edición de 2006, da una panorámica global, de carácter más económico y político; el quinto, ofrece un recuento de los principales cambios constitucionales hasta 2004 y el sexto resume la estructura y alcances de la Constitución todavía vigente. Son más bien los otros capítulos los más novedosos para nuestros fines.

Los capítulos 2, 3 y 4 forman una unidad diferenciada del resto, que justifica el subtítulo del conjunto: “El hito de la cuarta marcha de tierras bajas”. Se dedican a la marcha de Santa Cruz hasta La Paz del 13 de mayo al 19 de junio de 2002, llamada también “por la Asamblea Constituyente”, a la que, al llegar a las tierras altas se le juntó otra marcha del CONAMAQ y un grupo guaraní. El capítulo 2 se centra en los antecedentes; el 3 es el relato de la marcha misma y sus negociaciones día a día; y el 4, recoge los relatos de otros dos marchistas: Marisol Solano, guaraní y dirigente de la CPESC (Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz), y Diego Marquina, nacido en Cochabamba pero dirigente máximo de la Federación Campesina de Santa Cruz. Además, en las páginas 711-745 de los Anexos se reproducen los principales documentos y algún otro material relacionado con esa IV Marcha. En el cuaderno 2 de 2006, todo ese conjunto ha sido resumido en un sólo relato, de más fácil lectura pero sin tanto detalle analítico. En este último, por ejemplo, desaparece la rica reflexión sobre la débil respuesta que despertó en los cocaleros el paso de la marcha por el Chapare.

Nuestro autor, Carlos Romero, acompañó a los marchistas de principio a fin y su relato combina un estilo muy testimonial y, a la vez, un análisis muy cuidadoso de las vicisitudes y regateos que ocurrieron con el gobierno; la competitividad entre esta marcha y otra paralela de signo más oficialista; e incluso las tensiones más internas de los marchistas, por ejemplo, con los cocaleros, con un sector del Movimiento sin Tierra, y entre los marchistas de tierras bajas y los andinos del CONAMAQ, desde que ambas marchas se juntaron. Se reproducen en detalle las diversas demandas, las conversaciones ulteriores ya en La Paz y el resultado final, en el que resalta haber logrado por fin que se acordara, apenas una semana antes de las elecciones presidenciales, convocar a una sesión especial del Congreso para aprobar una ley de necesidad de reforma de la Constitución incluyendo en ella un mecanismo para poder realizar una Asamblea Constituyente. Este conjunto resulta así un documento sin parangón para comprender este antecedente fundamental de la Asamblea Constituyente que se llevará a cabo en los años siguientes.

El último bloque, formado por los capítulos 7 a 10 (y los cuadernos 5 a 8) resulta igualmente fundamental para comprender esta misma Asamblea Constituyente pero desde una perspectiva más conceptual. Los dos primeros capítulos de este bloque  recopilan las propuestas de cambio surgidas después de la reforma constitucional de 1994, agrupadas en dos bandos: las que el autor llama “reformas liberales” (capítulo 7) y las surgidas “desde los movimientos sociales” (capítulo 8).  Entre las primeras, sobresale la que fue presentada a fines de 2001 por el llamado “Consejo Ciudadano”, conformado por un grupo de ocho “notables” de diversas tendencias (como Carlos Mesa, Waldo Albarracín y Juan Carlos Urenda) a invitación de los partidos políticos con mayor representación en el Parlamento. Trabajaron durante varios meses y su amplio y bien ajustado documento con más de 200 artículos venía a ser todo un anteproyecto de nueva Constitución a ser abordado en el Parlamento como una propuesta de ley. Como muestra el detallado análisis de Romero, por una parte incorporaba nuevos mecanismos de participación (como el Referéndum) y derechos sociales; pero, por otra, liberalizaba la tierra y otros recursos naturales al mercado y a la inversión extranjera disminuyendo en cambio las garantías de los pequeños productores agrarios. Romero destina las páginas 486-497 (p. 58-66 del cuaderno 5) a comparar artículos de la Constitución vigente con los de la propuesta de los notables para ilustrar este punto¹.

Como contrapunto, en el otro bloque, desde los movimientos sociales se resumen las seis principales síntesis de propuestas hasta entonces formuladas. Tres de las primeras tienen alguna relación directa con CEJIS, la institución dirigida por el propio Carlos Romero. Se trata de un manuscrito institucional de 2001 titulado “Necesitamos un nuevo país” y dos artículos aparecidos en el número 17 de su revista Artículo Primero (2005), uno de René Orellana y otro de Alfredo Rada (futuro Ministro de Gobierno de Evo Morales). Otro se refiere al material recogido a través de la Comisión de Pastoral Social (CEPAS) de la Conferencia Episcopal Boliviana en dos encuentros regionales y que después fue publicado aparte, en nueve volúmenes departamentales más otro de síntesis (CEPAS, 2006 a,b), entregados públicamente a la Asamblea Constituyente en una de sus primeras sesiones. Novedosa resulta la referencia a la pionera “Primera Asamblea Territorial Constituyente de la Provincia Ayopaya” (la del constituyente Román Loayza), realizada en diciembre 2004, y en la que se habla ya de apoyar el proyecto de convocatoria a una Constituyente por parte del “Pacto de Unidad”, creado tres meses antes; en 2006 y 2007 este Pacto dará aportes fundamentales a la nueva Constitución. Finalmente se cita una propuesta más sectorial elaborada por encargo de diversas instituciones dedicadas al medio ambiente. Este capítulo y cuaderno concluye con un esquema del propio Romero de lo que podría ser una nueva Constitución Política desde esta perspectiva más cercana a los movimientos sociales. Todo este paquete resulta de gran interés para comprender los antecedentes y ulteriores contenidos de la Asamblea Constituyente iniciada en agosto de 2006.

Una muy somera comparación entre el esbozo realizado por Romero al final de este capítulo y el índice del texto finalmente entregado por la directiva de la Constituyente al Presidente Evo Morales  el 15 de diciembre 2007, muestra sugerentes semejanzas entre ambos pero también diferencias, fruto de tantas discusiones y diálogos en los dos años transcurridos. Pero todo ese conjunto desmiente la reiterada afirmación de ciertos sectores de oposición de que el texto constitucional fue preparado a ocultas y sin consulta o, más descabellado todavía, de que venía redactado desde otro país.

Los dos últimos capítulos abundan en el tema de la autonomía, como no podría ser de otro modo en un texto elaborado y publicado en Santa Cruz. Se prepara primero el terreno analizando el proceso autonómico español, en el que Romero resalta la gradualidad del proceso (p.567-576). De allí, pasando ya a Bolivia, el autor agarra el toro por las dos astas enfatizando que “la demanda de autonomías en Bolivia tiene como protagonistas principales a los pueblos indígenas y al Comité Cívico pro Santa Cruz”. Estas serían las dos vertientes clave a veces en conflicto pero potencialmente complementarias, sin descuidar, claro está, las únicas autonomías reconocidas ya por el Estado, a saber, la municipal y la universitaria (p. 576-7). Como en los capítulos precedentes, se analizan las principales propuestas del momento, pero con cierto desequilibrio. La vertiente tratada más en detalle es la del Comité Cívico Pro Santa Cruz (p. 599-630), a la que se dirigía ya aquel preámbulo sobre el caso español. Es un tratamiento en buena parte informativo pero con comentarios críticos en algunos puntos clave, como su tendencia a acaparar para sí tareas en que debiera haber una mayor visión nacional. Un caso paradigmático, con el que concluye el capítulo, es el de la titulación de tierras. Según el Comité, los títulos ejecutoriales serían responsabilidad departamental como las instancias finales que “causan estado y no admiten ulterior recurso”, precisamente en este departamento con el record nacional de tierras mal habidas y una distribución final tan poco equitativa (p. 628).

En contraste, la vertiente indígena sólo se toca de manera directa al referirse a la propuesta del CPESC para las tierras bajas (p. 583-585). El tema sale de nuevo pero en un contexto más general al comentar un artículo de García Linera (2005) antes de ser vicepresidente, sobre el “Estado multicultural” (p.577-583) y otro de Javier Bejarano (2004), del Movimiento sin Miedo (MSM), que propone una “federación de municipios, regiones y nacionalidades” (p. 585-589). Pero llama la atención, por ejemplo, la ausencia de referencias al CONAMAQ, la organización andina que más ha insistido en este tema y con la que el autor tuvo una relación directa en la IV Marcha de 2002.

Se complementa después la visión más general sugerida por García Linera y Bejarano, con otra propuesta de los municipios del sur del país y el célebre “Estado triterritorial” de Franz X. Barrios (2002). Esta visión más general se retoma de nuevo al final del capítulo 10 (cuaderno 8)², donde Romero esboza su propia perspectiva (p. 677-684), sin bajar a mucho detalle, insistiendo de nuevo en la necesidad de una mayor articulación entre niveles, los cuales no llega a precisar. Concluye reiterando la necesidad de reconocer “los sistemas de participación indígena... de naturaleza autonómica que responden a sus propios referentes culturales”, algo que él no encuentra todavía en las propuestas hasta entonces presentadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz (p. 684).

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Barrios, Franz X.