Hans Möeller S ¹.

La explotación de la mayor reserva de estaño del país, ubicada en el centro minero de Huanuni,  derivó en enfrentamientos entre mineros cooperativistas y asalariados. El autor de este artículo asegura que estos sucesos son el resultado de un largo proceso de desencuentros y tensiones entre sectores, pero también de la falta de políticas adecuadas y oportunas.

Quienes pensaron que con la promulgación del Decreto Supremo 21060, que casi puso fin a la actividad minera estatal, se estaba también acabando con la explotación minera de manera general, y por lo tanto dispersando a los trabajadores que hasta ese momento habían vivido de la riqueza mineralógica que posee nuestro país, se equivocaron. Si bien es evidente que muchos trabajadores mineros, cargados de esperanzas y de los pocos bienes que poseían, emprendieron, junto con sus familias, migraciones hacia las capitales departamentales en busca de mejor fortuna, también es cierto que muchos se quedaron y se organizaron en grupos cooperativos para seguir viviendo de la explotación minera.

Quizá por la relación que tiene el minero con la tierra, que lo liga a la fuerza telúrica de la naturaleza, y que crea una influencia mutua; o porque “el tío” quiso seguir teniendo sobrinos con quienes departir, lo real es que la explotación de minerales, que desde tiempos inmemoriales fue una actividad dinamizadora de la economía nacional, sigue constituyendo una de las más importantes fuentes generadoras de trabajos y de ingresos económicos, especialmente en Oruro, Potosí y parte de La Paz, pero abarcando también una parte importante del oriente boliviano.

Los trabajadores que, junto a sus familias, fueron marginados por diferentes causas de la minería estatal, o los campesinos que están asentados cerca de los centros mineros, donde la sequía no permite la producción agrícola, se han organizado en cooperativas y siguen dedicándose a la explotación minera para beneficio no sólo de ellos, sino también de otros, pues directa e indirectamente generan otras fuentes de ingresos colaterales a esta actividad.

Los cooperativistas son mineros que trabajan en minas marginales, desechadas de los procesos técnicos desarrollados y que generalmente han entrado en un proceso de agotamiento. Estas minas se encuentran en áreas contaminadas, donde existen inmensos depósitos de residuos  minerales explotados durante  décadas por la minería estatal y la gran minería privada.

La pobreza, la recesión económica y social, la falta de recursos técnicos, la discriminación presupuestaria a las zonas mineras, la mala distribución  de los yacimientos, la apropiación indebida de éstos y  las dificultades para el acceso a los servicios básicos condujeron a la  precaria  situación del sector cooperativista. A estos factores se suma una baja producción debido, principalmente, a la utilización de herramientas de trabajo artesanales que, por otra parte, redunda en el medio ambiente, con un nivel de contaminación significativamente menor en relación al de empresas como Huanuni, que expulsa alrededor de 200 toneladas diarias de contaminantes al río Huanuni, que desemboca en los lagos Poopo y Uru Uru.

Actualmente, las características del trabajo de los cooperativistas mineros podrían resumirse en: a) bajo nivel de seguridad ocupacional, b) escaso bienestar laboral, c) limitado grado de formación técnica de los socios y socias. Este último aspecto trae como consecuencia la falta de planificación de la explotación minera y del procesamiento metalúrgico de concentrados de minerales en ingenios manuales, la utilización, relativamente deficiente, de los recursos mineralógicos debido a la explotación selectiva de minerales, y la baja recuperación metalúrgica en los procesos de concentración. Tampoco cuentan con recursos para paliar daños ambientales.

Los críticos del trabajo de las cooperativas, especialmente aquellos que desconocen el aporte de este sector al Estado,  no recuerdan que fueron éstas las  que mantuvieron la economía del occidente con 60.000 cooperativistas trabajando las minas “no rentables” y creando 120.000 empleos indirectos después de la relocalización. A pesar de  las caídas de los precios de los minerales, las cooperativas lograron producir importantes volúmenes de mineral (Ver cuadro 1).

Frente a la realidad de los cooperativistas se ubica la de los mineros asalariados. Los empleados de la Comibol y sus dirigentes han trabajado juntos para promover reivindicaciones sociales, mejores salarios, inmovilidad funcionaria e incrementos económicos al personal, imponiendo  el eslogan de pertenecer a “una empresa de carácter social”. El ser asalariado de la empresa estatal es un privilegio, que conlleva  un sueldo fijo, servicios sociales, bonos y atención médica; reconocimiento de años de trabajo y de dirigencia en organizaciones sindicales, locales, departamentales y  nacionales.

Estas ventajas no se perdieron con la relocalización. Los mineros que no se acogieron a esta situación y permanecieron en los distritos mineros  continuaron  influyendo con su dirigencia sindical dentro de la  administración de Comibol, recalcando, como en el pasado, que  deseaban  desterrar la corrupción y la burocracia.

El presente artículo busca ofrecer al lector información sobre la problemática de la minería cooperativizada en el país. De ninguna manera se pretende justificar las acciones ejecutadas por el  movimiento minero cooperativizado ni el asalariado. Más bien se quiere proporcionar una visión completa de la problemática para construir puentes de comprensión y entendimiento.

Comunidades circundantes a las cooperativas

Las cooperativas mineras generan continuamente nuevas fuentes de trabajo. La inserción de nuevos trabajadores  requiere de poco capital, ya que la inversión en el proceso productivo es reemplazada por el ingenio y la creatividad. Todo esto permite a las comunidades y a los ayllus contar con ingresos adicionales, aunque modestos, para vivir. En este escenario se da un proceso sostenible de explotación minera que, de igual forma, debe cumplir con las exigencias de la implementación de las normas ambientales.

Todas las comunidades campesinas aledañas a los centros mineros son poblaciones que se integran en algún aspecto al proceso productivo de las cooperativas, trabajando en precarias condiciones de seguridad e higiene industrial, con poca asistencia técnica y escasos servicios de salud y educación, aspectos que inciden en su calidad de vida.

Edgar Arandia. El bolero mortal (1998). Mita sobre aglomerado

La minería cooperativizada es una  opción para las comunidades y los ayllus. Al estar éstas cercanas a las minas, el trabajo proporciona liquidez monetaria inmediata y recursos complementarios que no son afectados por las reglas y las normas de las comunidades. Por éstas y otras razones es que las comunidades indígenas y pueblos originarios de las regiones mineras demandan la participación comunitaria y el control social sobre los recursos naturales explotados, de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De esta manera se busca precautelar una adecuada inversión de los recursos, para crear fuentes de trabajo cuando las reservas naturales se agoten.

Los centros mineros tienen un relativo impacto económico y social, y generan un dinamismo y vitalidad que para las zonas deprimidas del occidente del país es muy importante, tal cual se aprecia en el cuadro de las exportaciones de Oruro en los últimos años.

Medio ambiente: todos contaminan

Las cooperativas mineras están próximas tanto a empresas estatales, como el caso de Huanuni, como también a  privadas, en los alrededores de Pazña, Poopó y el sur del país. Las empresas grandes expulsan residuos con poco tratamiento previo y en volúmenes muy elevados  a los ríos Huanuni y Pilcomayo, y a los lagos Poopó y Uru Uru. Las aguas que son utilizadas por las comunidades campesinas en la cercanía de la cuenca de los lagos Poopó y Uru Uru, y del río Pilcomayo, presentan una contaminación  por encima de los niveles aceptables.

En relación a las grandes empresas, la contaminación que produce la actividad de los cooperativistas es menor. Lamentablemente,  las autoridades directamente llamadas a velar por el cumplimiento de la Ley del Medio Ambiente hicieron muy poco por socializar su contenido en este sector.  Sobre este tema, también es necesario mencionar las condiciones ambientales en las que trabajan los mineros cooperativistas y que, por falta de  asesoramiento técnico adecuado, terminan ellos mismos y sus familias siendo afectados por la contaminación.

De acuerdo a una encuesta aplicada en la investigación Dinamitas y contaminantes (Möeller, 2002), el 63,2 por ciento de los coperativistas consultados desconocen la contaminación que provocan con sus actividades, mientras que sólo el 6 por ciento están informados del tema. Los cooperativistas no realizan ningún tratamiento de las aguas residuales y el 99,2 por ciento echan esas aguas directamente al río.

El mayor impacto ambiental negativo en Oruro es generado por  la operación minera de Huanuni, con una influencia directa en el deterioro del medio ambiente y la calidad de vida de los pobladores de la zona, al expulsar más de un cuarto de  millón de residuos contaminantes al año.

Marco legal y régimen impositivo

Con respecto al tema impositivo, el Código de Minería es contradictorio. Las empresas  mineras que  ocupan a pocos trabajadores y obtienen significativas utilidades pagan menos impuestos que las cooperativas que dan empleo a un mayor número de personas, a pesar de sus difíciles condiciones de trabajo.

Los gastos de fundición, comercialización y transporte no son descontados cuando los cooperativistas pagan el Impuesto Complementario Minero; tengan utilidades o estén trabajando a pérdida deben pagar los impuestos sobre el valor bruto de venta. No existe la acreditación del impuesto a las utilidades de las cooperativas, y todos los mineros pagan igual el Impuesto Complementario Minero.

El principal comprador de la mayor parte de la producción de la Empresa Minera Huanuni y la  minería cooperativizada es la Empresa Metalúrgica Vinto, que descuenta directamente los impuestos asignados al sector. Las comercializadoras y los rescatadores adquieren  el mineral  por medio de relaciones primarias  con las cooperativas: compadrazgo, adelantos, entrega de materiales e insumos. Esto afecta y reduce el valor del mineral vendido, porque se realizan  descuentos por humedad, baja  ley,  peso y cotización.

El comercio de minerales ha producido especuladores, rescatadores y productores mineros sin minas, ni yacimientos, ni trabajadores. Los especuladores se apropian de los impuestos  y los descuentos sociales, y hasta hoy no existe una fiscalización adecuada de esta actividad.

Inversiones con alianzas estratégicas 

En el balance crítico, los cooperativistas subrayan como un factor de su rezago la falta de inversión de recursos para el mejoramiento de sus procesos productivos, la ausencia de contrapartes financieras o socios estratégicos, la falta de equipos que mejoren el proceso tecnológico, a inexistencia de medianos proyectos, entre otros factores. En contrapartida, las cooperativas cuentan con yacimientos potenciales para una mayor actividad extractiva y, lo más importante, con los recursos humanos y la experiencia para afrontar la explotación de estos yacimientos.

Los cooperativistas carecen de estrategias para formalizar alianzas empresariales y  financieras que les generen mayores ingresos. En la actualidad su accionar está limitado al acopio de la producción de las cooperativas y la venta de mineral que todos los socios entregan dos veces por mes para ser comercializado, especialmente con la Fundición de Vinto. Estos recursos son redistribuidos inmediatamente entre los socios que han entregado el mineral, previo descuento acordado para la cooperativa, destinado al sistema impositivo y a la seguridad social. El monto obtenido, pese a ser pequeño, permite al socio cooperativista o a las cuadrillas de cooperativas realizar inversiones internas, mejoras en el sistema de producción o la ejecución de algunos proyectos potenciales, insuficientes, en todo caso, para incidir en la realidad del sector.

Las cooperativas están generando más ingresos por las mejores cotizaciones del mineral. Las zonas mineras se están recuperando y existe una mayor circulación de recursos. Este escenario puede ser aún más favorable si se cuenta con inversión productiva. Sólo así se trabaja la gran y dispersa cantidad de yacimientos minerales existentes en el país, facilitando a los cooperativistas obtener mayores volúmenes de producción para una comercialización más estructurada.

En el siguiente Cuadro 4 se observan las pocas inversiones extranjeras directas para Oruro. (Ver cuadro 4)

Comercialización

En  1980, la comercialización de minerales producidos por la Comibol representaba más del 60% de las exportaciones bolivianas; para fines de la década de los 90 sólo representaba el 5%.

Hasta el año 2004, los precios de los minerales tuvieron sus más bajos registros, afectando principalmente a las cooperativas mineras que se vieron obligadas a trabajar en condiciones de sobrevivencia. El Estado boliviano carecía de una política de desarrollo minero; el apoyo que brindó al cooperativismo fue producto de las demandas negociadas y de la movilización  social. A medianos de 2000, la presión de los mineros cooperativistas logró que el Estado les entregue cupones de empleo productivo (que fueron valores no transferibles) por la entrega de la producción física de minerales, otorgados y redimibles de manera exclusiva por la Comibol.

Después  de más de diez años de estar con bajos precios, la libra fina de estaño sobrepasó la cotización de seis dólares, lo que significa que es la más alta de los últimos años de acuerdo a los registros obtenidos (Ver cuadro 5).

Capacidad de movilización y negociación

Las cooperativas mineras desarrollaron una sólida capacidad organizativa que incluye estrategias en el ámbito de la negociación política. En todos los casos, la negociación con el gobierno, combinada con medidas de presión, dio como resultado concesiones en los acuerdos firmados. El incumplimiento de estos acuerdos, por las limitaciones del propio Estado, fue la causa de las movilizaciones sociales del sector. Las cooperativas mineras emplearon todos los recursos de presión de los movimientos sociales: bloqueos de caminos, marchas de protesta en las ciudades y carreteras, huelgas de hambre, toma de edificios y centros mineros, etc. Estas movilizaciones se caracterizaron por la contundencia en su aplicación, tal es así que casi todas ellas lograron su objetivo, al menos en el papel.

Los cooperativistas exigían la promulgación de medidas que beneficien su faena extractiva, además de cargos y representaciones, y siempre fueron aliados estratégicos de varios gobiernos por estar bien organizados y ser numéricamente significativos. El sector fue impactante en sus movilizaciones, acompañadas de muchas descargas de dinamita, que hacían recordar y temer las antiguas e intimidantes acciones violentas de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia.

Como resultado de estas movilizaciones, se cuenta con aproximadamente 17 decretos a favor del sector promulgados desde la primera gestión del presidente  Sánchez de Lozada. Se logró recuperar parte de  los activos acumulados en los almacenes de la Comibol obtenidos  en calidad de ventas al crédito y/o en arrendamiento financiero, beneficiándose también la minería pequeña.

Entre 1997 y 2002, por la baja del precio de los  minerales en el mercado mundial, se creó para todos el Programa Minero de Empleo Productivo, apoyado por el Estado a través de la Comibol. Para el segundo mandato de Sánchez de Lozada, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) consiguió media docena de decretos, uno de ellos abrió el directorio de la Comibol a tres directores cooperativistas. En la gestión de Carlos D. Mesa se entregó al sector otras tres disposiciones legales.

Origen del descrédito

Desde 1987, la Comibol incentivó la creación de cooperativas, conformadas al inicio únicamente por ex trabajadores relocalizados, a quienes les entregó yacimientos. Los relocalizados, además, podían ocupar  los  campamentos mineros abandonados, donde también se asentaron comunarios y peones que fueron ganando espacios en las cooperativas, hasta institucionalizarse como socios regulares.

A partir de 2000 continuaron las transferencias de bienes de la Comibol a manos privadas (maquinaria, equipo, repuestos, insumos y otros bienes de almacén), a favor  de los  mineros chicos, artesanos, agricultores y pequeños industriales, en calidad de arrendamiento, ventas a plazo y al contado, y se regularizó la transferencia de herramientas a las cooperativas, destinadas a miles de desocupados que se desplazaban a las minas que empezaban a activarse. Los gobiernos favorecieron a estos trabajadores con varios programas de apoyo coyuntural, iguales a los ejecutados en otras regiones del país.

En las minas, en los años posteriores a 2001 se vivió una severa crisis, por la nueva caída de los precios internacionales de los metales. En este escenario, y desde septiembre de 2001, la Comibol recibió una serie de tareas para las transferencias de recursos financieros, asistencia técnica, generación de empleo de emergencia y de empleo productivo. Muchas de ellas estuvieron enmarcadas en el Programa de Cupones de Empleo Productivo que la Comibol administró desde 2001 hasta marzo de 2004.

Ante esa realidad, los mineros sindicalizados y otros sectores involucrados en la minería presentaron diferentes propuestas para reactivar el aparato productor minero y  modificar el Código de Minería, ajustándolo a la coyuntura. En lo concreto no se hizo nada en beneficio de la minería, y por tanto se fueron gestando otras acciones.

En el cuadro  apreciamos los impuestos que todavía, con precios bajos de los minerales se pagaban en 2005 (Ver cuadro 6).

Después de los sucesos de 2003, ex trabajadores de la Comibol y otras personas extrañas al distrito minero de Colquiri se organizaron alegando derecho sobre el mismo. Urdieron un operativo para la toma de este distrito, propósito que no se concretó por la oportuna reacción de los pobladores, los comunarios, los trabajadores regulares y los cooperativistas mineros, quienes en forma conjunta asumieron una posición  de defensa  de sus fuentes de trabajo.

Desde el año 2004, aprovechando la coyuntura, en muchas minas aparecieron supuestos dirigentes  para usurpar fuentes de trabajo, iniciando la toma de concesiones mineras y  la   intervención física en contra de las leyes vigentes y la seguridad jurídica. Otros coparon predios urbanos en Oruro, apoyados por cooperativistas que durante meses desprestigiaron al sistema, hasta que Fencomin y la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Oruro los instaron a abandonar el Parque Industrial. Incluso se convocó a un ampliado nacional para asumir acciones contra los dirigentes de los ocupantes, pues sus actividades iban  en contra de los estatutos y reglamentos internos de las cooperativas. El mal estaba hecho. El desprestigio  en estos años se difundió a nivel nacional, aunque muchos comprenden que el sector fue utilizado por unos pocos para satisfacer ambiciones personales o sindicales, lo mismo que para plantear otra vez más la refundación de Comibol.

Socavones de conflicto

La empresa minera Huanuni fue privatizada en marzo de 2000, en el Gobierno de Gonzalo Sanchez de Lozada, que entregó la explotación de la mina a la empresa inglesa Allied Deals Minera Huanuni (ADMH). En diciembre de 2001, ADMH transfirió sus acciones a RBG Resources PLC, actuando en contra del contrato establecido. El 3 de mayo de 2002, en Londres, el Banco West LB intervino la oficina matriz de RBG por quiebra fraudulenta. Un día después, y siguiendo acciones legales, la Comibol decide intervenir la mina Huanuni (El Deber, domingo 15 de octubre).

Las movilizaciones de mineros del 24 de julio de 2002 logran arrancar al gobierno de entonces la Ley 2400, que modifica el artículo 91 del Código Minero y permite a la Comibol asumir la dirección y administración directa, plena y definitiva de las actividades mineras y metalúrgicas de cualquier yacimiento entregado a las transnacionales mineras bajo licitación y que haya quebrado, cometido fraude o incumpla los contratos firmados. Más adelante, en noviembre de 2002, se formaliza el juicio ordinario civil de resolución de contrato de riesgo compartido, así como el pago de daños y perjuicios contra Allied Délas Minera Huanuni.

En febrero de 2006, representantes de la Gran Thornton, Malcolm Shierson, y las cooperativas Playa Verde, K’arazapato, La Salvadora y Los Libres acuerdan negociar la compra y venta de las acciones que la empresa RBG tenía en Huanuni (El Deber, domingo 15 de octubre de 2007). Sus representantes afirman haber obtenido estas acciones y una carta poder para administrar Huanuni, en presencia del delegado de la Embajada de Bolivia en Londres, Pablo Ossio. El 7 de julio, se publican diferentes comunicados de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y de la COD calificando de falsa esta compra.

El 27 de abril de 2006, el dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Alfredo Aguilar, denuncia que los cooperativistas, agrupados en la Fedecomin, “brazo social del Gobierno”, exigieron hacerse cargo de algunos centros mineros. Las cooperativas entregaron una serie de misivas al presidente Evo Morales, señaló, donde se exige, insistentemente, la atención de esta demanda en perjuicio de los mineros asalariados, quienes actualmente se encuentran trabajando en las minas de interés cooperativista, y advirtió que defenderán sus fuentes de trabajo, incluso con las armas.

El 13 de julio de 2006, la Federación Regional de Cooperativas Mineras de Huanuni (Ferecomin) plantea la creación de una nueva empresa para explotar los socavones del cerro Posokoni, ubicado en el centro minero Huanuni, y considerado el yacimiento más grande de estaño de Bolivia. La Ferecomin propone conformar  una sociedad entre los cooperativistas mineros y los mineros sindicalizados asalariados. El documento señala que la creación de esa empresa implica la unificación de todos los trabajadores del subsuelo, para la explotación del cerro Posokoni y de otras concesiones mineras existentes en yacimientos circundantes al cerro. De acuerdo a la propuesta, Ferecomin Huanuni fortalecería la economía de la localidad y mejoraría los niveles de ingreso, tanto de los cooperativistas como de los trabajadores asalariados, lo cual repercutira positivamente en otras ramas productivas.

Después de 16 reuniones realizadas entre el Gobierno, los cooperativistas y los trabajadores de la Corporación Minera de Bolivia para resolver el problema de Huanuni, el Poder Ejecutivo no logra dar respuesta a la distribución equitativa de los yacimientos del cerro Posokoni, por las posiciones cerradas de los cooperativistas y de los asalariados de Comibol. El vocero de Palacio señala que las propuestas no fueron escuchadas por ninguno de los dos sectores, y que se negaron a aceptar las condiciones y las alternativas sugeridas.

Al final de estas negociaciones infructuosas, los mineros asalariados, en forma ágil y estratégica, firman un pacto Minero Campesino Originario con los campesinos de la provincia Dalence, donde se encuentra el centro minero Huanuni, para defender la mina de Huanuni y para crear 1.500 fuentes de trabajo, con destino a los desocupados y los hijos de los campesinos de esta provincia. El fin era lograr un respaldo numérico para que el sindicalismo se fortalezca. El 27 de septiembre de 2006, las firmas de los que suscribian este convenio llegaban a 500, entre mineros sindicalizados, campesinos y desocupados. “Lo que estamos exigiendo es la refundación de Comibol, porque hay más de 1.500 desempleados en Huanuni que quieren ingresar a la empresa para tener un ingreso fijo que permitirá mantener a sus familias”, afirmó Jorge Villca, secretario general del sindicato de  Huanuni el 26 de septiembre.

En septiembre de 2006, la Ferecomin asegura que terminó el proceso de compra de                 acciones de la Empresa BG Minera Huanuni y da un plazo al Gobierno para que defina la forma de explotación de la mina. El gobierno de Evo Morales responde a una parte de las demandas de los cooperativistas, comprometiéndose a no permitir el avasallamiento de sus concesiones mineras, amenaza que surgió de parte del sector asalariado y de los ayllus de la zona, en base al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se refiere a tierra y territorio, y que daba argumentos y derechos a los ayllus de la zonas  mineras para avasallar áreas de trabajo, creando problemas con los mineros. Después de hecha pública la decisión del Gobierno, se ratifica el pacto político de los cooperativistas con el MAS.

“Hemos tomado en cuenta un conjunto de preocupaciones de parte de los cooperativistas respecto a la presencia, la intervención o avasallamiento de compañeros indígenas o campesinos en áreas de trabajo que están siendo utilizadas por los cooperativistas mineros”, señaló el vicepresidente Álvaro García Linera el 21 de septiembre del 2006 (La Patria) . Es más, dijo: “Queremos ratificar el pleno compromiso y reconocimiento del Gobierno para con el trabajo, la lucha y las necesidades del cooperativismo minero nacional, el gobierno reconoce y reconocerá permanentemente el aporte económico, ideológico, organizativo que llevan adelante las cooperativas en defensa de la Patria, de los intereses de las regiones y de los sectores sociales excluidos”. Finalmente el Gobierno se comprometió a otorgar más áreas mineras a los cooperativistas, hacer respetar las concesiones mineras, los contratos de arrendamiento, los contratos de riesgo compartido y las conclusiones de la Comisión Tripartita de Minería, anunciando el 22 de septiembre que impulsará una política de inversión en el sector minero cooperativista.

Sirenas y emisoras en el enfrentamiento

El 4 de octubre los cooperativistas reciben una nota de la Comibol en la que se les comunica la imposibilidad de responder a sus demandas para transferir las acciones de la empresa a este sector. Mientras, los dirigentes de los mineros asalariados, a través de las radios, alarman a la población sobre una probable intervención por parte de los cooperativistas de ese distrito. En ese escenario, declaran el estado de emergencia para  resguardar sus áreas de trabajo. Por su parte, el Secretario General de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia anuncia que en la empresa Huanuni existían más de 100 policías, un importante número de efectivos militares, y los trabajadores de resguardo y vigilancia de la empresa que diariamente cuidaban las áreas de trabajo de los centros mineros sindicalizados (La Patria, 2006).

A las 3:30 de la madrugada del jueves 5 de octubre, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Pedro Montes, recibe dos llamadas. La primera la hizo su antecesor, Jaime Solares, y la otra el dirigente de la Central Obrera Departamental de Oruro, Miguel Zubieta, avisándole que los cooperativistas mineros se alistaban para una asamblea general a media mañana.

El 5 de octubre, un sector de mineros asalariados se apostó con armas  en el interior de la mina, según confirmaron diferentes fuentes. Al amanecer de ese día comienza un enfrentamiento entre mineros asalariados y cooperativistas que terminaría dos días después con el saldo de 16 muertos y casi una centena de heridos. En los primeros exámenes, los médicos forenses señalaban que las víctimas de Huanuni habían caído abatidas por impactos de bala, “por la acción de los francotiradores, que disparaban casi simultáneamente ráfagas”.

Resultó extemporánea la convocatoria de los dirigentes cooperativistas para una asamblea general de sus socios para el  día 5 de octubre en horas de la mañana, ya que se difundió la información de que en la oportunidad se buscaría implementar el control de la Empresa Minera Huanuni. Para impedir esta acción, los trabajadores de la empresa llamaron a  la defensa de sus fuentes de trabajo y propiciaron enfrentamientos apoyados por armas del  personal de vigilancia, guardias y trabajadores de resguardo. Cayeron las primeras víctimas  en los socavones, en niveles que son trabajados casi conjuntamente. Las acciones se asemejaron a las intervenciones militares. Se alarmó más a la población con el ulular de las sirenas, los discursos llamando a la acción a través de las emisoras y difundiendo cada momento los nombres de heridos y muertos de cada sector, que se iban acrecentando según pasaba el tiempo.

Pesares y pacificación

Monseñor Cristóbal Bialasik, Obispo de Oruro, jugó un papel decisivo en la pacificación, convocando a reuniones a los grupos enfrentados, en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima; finalmente logró que se firme un convenio consensuado que dio origen a la paz en el distrito de Huanuni y facilitó la participación de los representantes del Gobierno.

El debate por la distribución de concesiones del cerro Posokoni entre mineros asalariados y cooperativistas duró ocho meses antes de los hechos de octubre, y no hubo definiciones gubernamentales que atendieran las demandas.

El enfrentamiento entre mineros sindicalizados y cooperativistas mineros de Huanuni, el 5 y 6 de octubre del 2006, fue provocado por intereses personales de los dirigentes para lograr un beneficio propio y se equivocaron, admitió  el ex ministro de minería, Walter Villarroel, después de cinco meses de silencio. Expresó que viabilizar las actividades productivas del centro  minero de Huanuni no es un tema de hoy, sino un problema que se arrastra de las gestiones anteriores.

Porfirio Mamani, nuevo presidente de la Ferecomin, manifestó que la principal exigencia de ese sector es el respeto a sus fuentes de trabajo en el cerro Posokoni: “tenemos nuestros contratos de arrendamiento por 20 años y queremos que se los respete, esos contratos son totalmente legales, están en vigencia y las autoridades tienen que cumplir con lo que dice la Ley y con todas las garantías de la Constitución Política del Estado” (La Patria, noviembre de 2006).

Nuevamente asalariados

Los  hechos del 5 y 6 de octubre impulsaron al Gobierno a emitir el Decreto 28901, aduciendo  aspectos relacionados a la gravedad de la situación y a una supuesta intención  de iniciar una “reactivación” productiva de la minería en general, y en especial del centro minero Huanuni.

El decreto establece que la Comibol asumirá la dirección y administración directa, “plena y definitiva de las actividades mineras y metalúrgicas, consistentes en el derecho de prospección, explotación, exploración, concentración, fundición, refinación y comercialización” de los minerales del lugar.

El Decreto 28901 asigna a la Comibol el control y la administración del yacimiento de Posokoni, en la localidad de Huanuni del departamento de Oruro. Algunos juristas argumentan que  este decreto no es compatible con disposiciones  legales contenidas en la Ley 2400 del 24 de julio del 2002, y con el propio Código de Minería, pues  ese yacimiento estaba funcionando bajo el sistema de concesiones y contratos de arrendamiento a cooperativas,  y en gestiones pasadas la Comibol  no denunció ni demostró acciones ilegales encubiertas que vulneren el marco contractual pactado.

Es importante tomar en cuenta que durante  los últimos cinco años  las propuestas de  reactivación minera y las modificaciones sugeridas  al Código de Minería  se quedaron en el  discurso. Las autoridades mineras manifestaban que  estaban trabajando. Incluso, antes del conflicto, se conformó y trabajó  durante tres meses en una Comisión Tripartita, con la participación de dirigentes sindicales, representantes de la minería chica, mediana, cooperativistas,  autoridades de la Comibol, del Ministerio de Minería  y Metalurgia y otros ministerios del Poder Ejecutivo para iniciar una reactivación de la minería. No hubo un resultado concreto.

El fortalecimiento del sector minero metalúrgico estatal comenzó en Huanuni con la suspensión de los arrendamientos mineros a las cooperativas que operaban en la zona; también se pretende administrar “nuevos contratos productivos”, devolver a este centro minero, después de veinte años, la capacidad técnica y económica para participar en toda la cadena productiva, desde la prospección y la exploración hasta la fundición y comercialización de minerales. Asimismo, se perfila la modificación del sistema tributario para el sector minero.

Una de las consecuencias de estas decisiones se conoció en abril de 2007. La producción de la mina llegó a 485 toneladas finas de estaño, la más baja de los últimos meses. La dirigencia del sector asalariado justifica esta situación “porque existieron problemas internos con movilizaciones y paros para obtener bonos de producción, y porque tuvieron que desplazarse a Sucre”.

En mayo la producción llegó a 774 toneladas finas de estaño, cifra que figura en el proyecto presentado por el Ministerio de Minería y Metalurgia para la reactivación de Huanuni. El compromiso de los asalariados y cooperativistas era producir sólo 700 toneladas métricas de estaño al mes, aún con el aumento  del 400% de los trabajadores que ahora alcanzan a casi 5000 mineros asalariados. Antes existían 800 trabajadores asalariados. Como resultado de los hecho de octubre, y del convenio suscrito con el Gobierno, se sumaron al sector 4200 cooperativistas y desocupados que apoyaron la acción de los mineros asalariados.

Para motivar el ingreso de los cooperativistas al sistema asalariado de la Comibol, el Ministerio de Minas y Metalurgia difundió una serie de eslogans, que muestran la orientación de la gerencia de  Huanuni y fomentan una psicología social estatista arraigada en los bolivianos, en el sentido de que el Estado tiene que ser el que asuma todas las responsabilidades y obligaciones.

]]> Los recursos mineros son de dominio originario del Estado boliviano. Huanuni es un Centro Minero nacionalizado, propiedad del Estado, inviolable, imprescriptible, siendo el deber de todo boliviano, proteger la Constitución Política del Estado Arts. 136, 137, 138 y 145.
• Se crearán 4.010 fuentes de trabajo para contratar a la totalidad de los cooperativistas de Huanuni con un sueldo digno permanente y estable que asegure las necesidades  básicas de los trabajadores y sus familias.
• La propuesta de la Comibol a las cooperativas de Huanuni mejorará la situación financiera del país, porque: a) Habrá más ingresos para el Estado, b) Utilidades que garantizarán inversiones para crear fuentes de trabajo y alargar la vida útil de la mina c) Participación de las regiones de lo que genere Huanuni.
• Se ofrece beneficios para los trabajadores contratados, vacación anual pagada por la Comibol, aguinaldo de fin de año, participación en las utilidades, reservas para beneficios sociales, aportes para el servicio médico, vivienda para las familias, educación para los hijos de los trabajadores (hasta ese momento, los niños no tenían derecho de asistir a los colegios de los mineros sindicalizados).
• Desde su contratación, los trabajadores contarán con guardatojo, lámpara, botas, cinturón y otros implementos de seguridad.
• A la fecha, estos compromisos se han cumplido a nivel de implementos de trabajo, pero la reactivación y una mayor producción, acorde al incremento del 400 por ciento de trabajadores en Huanuni, no ha tenido un efecto significativo.

Nostalgia y liderazgos

“Sólo la estatización de la minería podría devolverle la fuerza combativa que en otrora caracterizaba a los sectores laborales”, expresaba Jacinto Pérez, dirigente de la Central Obrera Departamental, en conmemoración al Día del Minero en Potosí, el 31 de octubre de 2006 (La Patria, 22 de diciembre de 2006).

En la oportunidad recordó que las luchas históricas que se dieron en Bolivia tuvieron como  protagonistas principales a los mineros, quienes, por el grado de organización política y sindical que tenían, eran realmente dignos de admirar. Pérez señaló que precisamente los mineros, cuando aún dependían de la Comibol, fueron los que marcaban la línea ideológica y política para las grandes conquistas sociales. Desde la relocalización de los trabajadores mineros, en 1986, el movimiento sindical decayó abruptamente porque los mineros que quedaron en la minería privada dejaron de ser la vanguardia en las luchas sociales, toda vez que el modelo neoliberal “diezmó” a los sindicatos. La coyuntura actual es diferente, porque hay una mayor apertura para generar cambios en el país y la anunciada reapertura de la Comibol como una entidad productiva provoca optimismo. Los trabajadores mineros podrían, nuevamente, ser la punta de lanza en las luchas sindicales, “consideramos que sólo la vigencia de la minería estatizada será la que devuelva toda la fuerza y vigor que tenía antes el movimiento sindical en Bolivia” (La Patria, noviembre de 2006).

Mas allá de estos sucesos, los mineros cooperativizados fueron constantemente  estigmatizados como un sector acusado de obtener fuertes ingresos económicos, no contribuir con impuestos, ser aliados de los empresarios mineros que se niegan a incrementar al 300% el impuesto complementario minero, entre otros aspectos. Este estigma, azuzado hasta el cansancio por los dirigentes sindicalizados y replicado por los medios de comunicación y el propio Gobierno,  logró frenar temporalmente el ascenso del liderazgo de las cooperativas mineras como sector popular. Así lo demuestra la última movilización de las cooperativas por una mejor atención del Gobierno a sus demandas que concluyó con un acuerdo ventajoso para ellos, pero en un ambiente de poco respaldo de la población.

Los cooperativistas aprendieron que se debe convivir con expectativas idealistas sobre el sector, con una población que no está involucrada directamente en la angustia de dedicarse cada día a trabajar y tener al final de la jornada unos kilos de mineral que es su único salario. También están concientes que algunas de las acusaciones extendidas en el tiempo fueron la base para crearles una reputación en base a  eslogans repetidos hasta el cansancio. Ahora están preocupados por su imagen pública que deberá  ser restaurada, sin olvidar que ningún sector en el país disfruta de una solidaridad que se extiende por mucho tiempo.

Apuntes para finalizar

• La problemática de las cooperativas mineras es muy compleja,  dada la gran diversidad de modos de trabajo que han adoptado las mismas, por lo tanto, hay gente que gana más, y muy pocos medran gracias al sistema cooperativo. Tampoco es la utopía igualitaria, ejemplarizada en los enjambres de las abejas hormigas o termitas, que se toma como referencia para un modelo social perfecto soñado que también presenta muchas imperfecciones.
• La viabilidad económica de las cooperativas está por demás demostrada, tanto si los precios de los minerales son altos o si éstos bajan en el mercado internacional. Su sistema artesanal, sin ser una ventaja ni la mejor forma de producción, les permite afrontar las épocas de crisis mejor que a otro tipo de empresas mineras.
• Está también reconocido el aporte de las cooperativas mineras a la economía nacional, especialmente en la generación de fuentes de empleo. Por esta consideración es importante que el gobierno nacional, a través de políticas claras y concretas, atienda el fortalecimiento de estas organizaciones productivas, tanto en la parte organizacional, como en la parte técnica.
• La minería contamina los ecosistemas circundantes. Las comunidades originarias  deberían participar en el control y prevención de los impactos mineros, y definir los beneficios de la explotación minera a favor del desarrollo de la zona.
• Por el bien del cooperativismo minero se requiere establecer categorías de cooperativas, pensando en su tamaño. También limitar  las formas de explotación minera por su fundamento jurídico.
• Se debería revisar los convenios y compromisos firmados con  las  autoridades, determinar los que fueron o no cumplidos, consensuar las modificaciones a la reglamentación de la Ley General de Sociedades Cooperativas y, al mismo tiempo, restituir en sus funciones al Instituto Nacional de Cooperativas.
]]> Se requiere un apoyo para implementar programas de control, regularización y fiscalización de la comercialización  de minerales y metales.
• Es necesario  fortalecer las cooperativas pequeñas en la perspectiva de constituirlas en organizaciones cooperativas, para evitar en el futuro conflictos sociales derivados del  desorden de la producción y la asignación de áreas de trabajo más o menos mineralizadas.
• Cerrar las cooperativas  constituiría  un error por las consecuencias que una acción de este tipo puede generar tanto en la estructura económica y productiva, como en la actividad minera en general, generadora de un dinamismo económico para las regiones mineras.
• Debe existir una norma legal que establezca que parte de los ingresos generados por la explotación de los recursos naturales no renovables, sean reinvertidos en la zona de donde se los extrae.

Bibliografía

Fuentes hemerográficas

Periódico La Patria, años 2002-2007, Oruro.        [ Links ]

Periódico La Prensa, años 2002-2007, La Paz.        [ Links ]

Notas al Pie

1   Hans Möeller es economista, investigador y maestrante de investigación social de la Universidad PIEB. Ex director del Centro de Investigación y Servicio Popular de Oruro      (CISEP). 

Edgar Arandia. Kalipso (2000). Acrílico sobre tela