EN TIEMPOS DE PAWIPACHA: PONER LA TEORÍA Y LAS PRÁCTICAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN COMUNICACIÓN AL DÍA

In the times of Pawipacha: putting the theory and public policies practices in communication up to date

Adalid Contreras Baspineiro

Boliviano, Sociólogo y comunicólogo.
Ex Secretario General de la Comunidad Andina – CAN ]]> adalid.contreras1@gmail.com

El autor declara no tener conflicto de interés alguno con la revista Punto Cero.

Resumen:

La teoría de la comunicación se ha enriquecido con el planteamiento de las políticas públicas en comunicación, que condensan un acumulado de conquistas por la democratización de la comunicación y de la sociedad. También la legislación ha abierto caminos de formas de democracia participativa con el ejercicio del derecho a la información y la comunicación. Sin embargo, las prácticas de comunicación en los niveles de decisión sobre estas políticas, no están marchando a la par de la teoría altruista ni de la legislación humanista. Por el contrario, se ha hecho instrumentalista, funcional a los poderes, desarraigándose de las ciudadanías.
En este ambiente, inmersos en un tiempo de incertidumbre (Pawipacha), proponemos poner al día la teoría y las prácticas de las políticas públicas en comunicación, considerando críticamente los siguientes factores: i) interpelar la (in)comunicación en su contexto y relaciones de poder; ii) interpelar las políticas públicas en comunicación centradas en la dinámica mediática, abriéndola a la naturaleza de las redes sociales digitales; iii) interpelar la naturaleza occidental de las políticas públicas, para complementarla con la emergencia vivificante de los paradigmas interculturales; y iv) interpelar la noción de lo público desde las formas de constitución híbridas de lo público y lo privado en la descentralización de las sociedades.
Poner al día la teoría, legislación y prácticas de las políticas públicas en comunicación, constituye una oportunidad para retomar las banderas de la democratización de la comunicación y de la sociedad.

Palabras clave: Políticas públicas en comunicación / Pawipacha / derecho a la comunicación / democratización de la comunicación y de la sociedad / redes sociales digitales / comunicación política / interculturalidad / hibridación público – privado / sentipensamientos.

Abstract:

Key words: Public policies in communication / Pawipacha / right to communication / democratization of communication and society / digital social networks / political communication / interculturality / public-private hybridization / feelings.

1. Tiempos de Pawipacha

Pawi es desorientación o aturdimiento que, cuando se territorializa en un espacio y un tiempo, se establece como Pawipacha, o tiempo de incertidumbre, que podría aquietarse en las opacidades del horizonte, o sembrar para arribar a otro ciclo, fértil. Siguiendo este sentido, Pawipacha, en su carácter social, implica asumir un tiempo de incertidumbres con realismo, pero sin derrotismo ni resignación ni pasividades, sino con la decisión de superarlo para seguir en camino. Así viene a ser un tiempo de profunda creatividad, de encuentro, de unidad y de solidaridades, un tiempo de siembra para superar el momento gris y renacer.

Estamos viviendo tiempos de Pawipacha porque estamos inmersos en una compleja crisis multidimensional, que es al mismo tiempo una crisis sanitaria mundial por la pandemia de Covid-19; una crisis económica nacional e internacional; una crisis política que reaviva polarizadas diferencias territoriales, ideológicas y étnicas; una crisis (in)humana que multiplica expresiones de violencia intrafamiliar y feminicidios; una estridente crisis ambiental ecocida; una crisis social con incremento dramático de los índices de pobreza y niveles de desempleo; una crisis de valores e insolidaridades; y una crisis de gobernabilidad con políticas públicas que desestiman los fundamentos participativos de la democracia.

Estamos, en suma, en presencia de una crisis multipolar que es alimentada por otra crisis, comunicacional, que se dejó arrastrar por el retorno a sistemas en los que la intervención de diversas institucionalidades pretende resolver el clima social incierto en base a (re)producciones de las relaciones verticales entre un emisor sabido y un mundo receptor desvalido. Esto configura un ambiente en el que, en tiempos de incertidumbre, las políticas públicas y las angustias, temores, incertidumbres, ilusiones y esperanzas cotidianas ciudadanas, se han incomunicado; un tiempo en el que la naturaleza de las políticas públicas en comunicación se ha puesto en receso.

En su sentido amplio, los tiempos de incertidumbre son aptos para la siembra, para que las políticas públicas en comunicación, tan importantes en sus alcances y en sus perspectivas, ajusten su teoría y su legislación con las prácticas sociales, poniéndose al día con las nuevas realidades que ha abierto el mundo de la comunicación digital; con los avances conceptuales y tímidas prácticas de las políticas estatales que no se atreven a reales procesos de descentralización; así como con las nuevas emergencias interculturales ciudadanas y sus formas de participación más proclives a las causas concretas que a los grandes idearios.

Por todo eso decimos que los tiempos de Pawipacha, tiempos de incertidumbre y de creación colectiva, son apropiados para rescatar de los anaqueles a la teoría y a las prácticas de políticas públicas en comunicación, y así, puestos como semillas en la realidad contemporánea, ponerlas al día con el futuro, para seguir avanzando.

2. Las paradojas de las políticas públicas en comunicación

Las políticas públicas en comunicación son conquistas de alto valor democrático, expresadas en principios y en legislaciones con reconocimiento, sustento y proyección del protagonismo ciudadano, así como de formas de comunicación enmarcadas en una deontología con primacía de derechos y de comportamientos éticos. Constituyen un legado que cumple la función de un faro que guía las navegaciones con o sin brújula de los procesos comunicacionales.

Sin embargo, en la realidad, entre conquistas conceptuales y legales invaluables y la vigencia de sistemas sociales incomunicados, las políticas públicas de comunicación están viviendo un tiempo de paradojas entre: i) la presencia en teoría de principios altruistas; ii) la existencia de legislaciones humanistas; y iii) el desarrollo de prácticas instrumentalistas con inaplicabilidad de los principios altruistas y de las legislaciones humanistas.

En teoría, el altruismo de las políticas públicas es un referente ético y democrático de alta trascendencia. Son expresiones de aspiración de formas de democracia participativa que han logrado consagrarse en la búsqueda de la democratización del Estado, el reconocimiento del protagonismo ciudadano, y el diálogo como mecanismo de construcción de acuerdos políticos en función del bien común. En estos cometidos, el deber ser de la comunicación se convierte también en una aspiración como derecho, así como en el dispositivo llamado a generar la construcción de las democracias participativas.

Una de las características de las políticas públicas en comunicación pasa por su aporte conceptual a la recomposición de los roles tradicionales del Estado, trascendiéndolos del monopolio del poder a la inclusión de la sociedad civil en el diseño, control y fiscalización de la gestión gubernamental. De este modo, el Estado se convertiría en “promotor de la interlocución, de la concertación de los intereses sociales y de la negociación de pactos ciudadanos en los procesos de planificación y ejecución de los planes y programas de desarrollo”, garantizando en su gestión el valor de la transparencia y, añadimos, del acceso a la información como un elemento fundamental de un gobierno con sentido público.

Como se puede apreciar, son expresiones radicales de democracia participativa, cuyos componentes de política pública están soportados, fundamentados y tejidos por procesos de comunicación, cuyo carácter transdisciplinario articula las realidades sociales con las aspiraciones políticas e institucionales.

En síntesis, la teoría de las políticas públicas es una formulación bien intencionada y legitimada de una democracia participativa, deliberativa, dialogal, generadora de pactos sociales, sistemas de transparencia y gobernanza con responsabilidad social por el bien común.

En un ámbito conexo, lo recorrido en la formulación de leyes y normas de políticas públicas, expresa encaminamientos hacia la democratización de la comunicación. Existe una legislación que refleja el acumulado y la naturaleza social y política de las conquistas en diferentes procesos históricos, a la par de las reivindicaciones ciudadanas por sus derechos individuales y colectivos.

La libertad de opinión y la libertad de expresión, contenidos en el Derecho a la Información¹ , reflejan los alcances y limitaciones que tienen los derechos de primera generación o derechos civiles y políticos, que están basados en el ejercicio de las libertades individuales, de la autonomía y defensa de las ciudadanías frente a los Estados.

También el Derecho a la Información establece los roles y deberes del periodismo, así como el sentido público de los medios de comunicación, cuya orientación ya no es solo inherente al individuo, sino que contiene responsabilidades con la sociedad; responsabilidades que McBride (1980) define en cuatro direcciones: “contractual, social, hacia la ley y hacia los valores universales”, y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) los define en la aspiración de asegurar el respeto a la reputación de las personas, la protección de la seguridad nacional, el orden público y la salud o moral pública.²

Estas conquistas, desde el espacio latinoamericano, que cuando se las formula había ya opuesto la comunicación horizontal y participativa a la difusión, así como la comunicación para el desarrollo democrático al progreso, guardan relación con la búsqueda de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC), que se encamina con el planteamiento de las Políticas Nacionales de Comunicación (PNC), presentado en reunión de la Unesco, el año 1976 en San José.³

Mirando estas conquistas desde las prácticas sociales y políticas, ya el año 2006 advertíamos que “la distancia entre la norma y la práctica de aplicación del Derecho a la Información presenta una brecha extensa y profunda, que se expresa en normas constitucionales nacionales inconclusas y prácticas desfasadas, tanto de las legislaciones, como de los principios”. Esta afirmación fue corroborada con un análisis comparado de legislaciones de comunicación en los distintos países del continente, sujetos a fuertes violaciones de las libertades de expresión y de prensa. Ya entonces, y en realidad siempre, se sabía que la formulación de un derecho no es suficiente, cuando no se acompaña para su aplicación de la capacidad de exigibilidad colectiva, como una tarea ciudadana fundamental.

Siguiendo el proceso, de la mano de las corrientes y experiencias de comunicación educativa y popular que se desarrollan en nuestro continente, y con resistencias en una parte del mundo institucional, académico y político, que entiende que el Derecho a la Información contiene los derechos de los polos de la emisión, de la circulación y también de la recepción, se plantea el Derecho a la Comunicación, sintonizándose con el carácter colectivo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC),⁴ en el marco de la emergencia de movimientos y formas societales participativas.

El Derecho a la Comunicación parte de los derechos de los ciudadanos, para construir sentidos de sociedad, de cultura, de política y de espiritualidad en procesos dialogales y de radicalidad democrática popular. Se trata también de superar la realidad normativa que muestra que “prácticamente todos los dispositivos de Derechos Humanos se refieren a la comunicación como un proceso de transferencia de mensajes”. Y se puede afirmar también que, a diferencia de los derechos a la libertad de expresión y a la información, son derechos pensados no solamente desde la perspectiva del derecho conteniendo una visión instrumental de la comunicación, sino también desde la naturaleza democratizadora de los paradigmas comunicacionales.

El Derecho a la Comunicación es, en cualquier circunstancia, una apuesta por una comunicación donde se democratice la palabra para democratizar la sociedad, en un mundo con derechos exigibles, ejercibles y justiciables, en los que Estado y sociedad interactúan con responsabilidad social⁵ en función del interés común.

Los principios altruistas y la legislación humanista no se están correspondiendo a las prácticas de gestión de las políticas públicas en comunicación, entre otras razones, porque la generalidad de los gobiernos con su comprensión reduccionista de la comunicación a difusión, establece Estados en estado permanente de publicidad, que creen ingenuamente que con inversiones millonarias en marketing y propaganda proselitista de sus acciones e intenciones pueden organizar sociedades en democracia. Su concepción verticalista de la comunicación no les deja ver que más allá de los oyentes, consumidores o clientes con los que pretenden comunicarse, existen ciudadanos con derechos exigibles, con historias de vida y con voz propia.

Esto no está siendo posible hacerse realidad en las políticas públicas de comunicación, porque mientras principios y normas son expresiones de democracias participativas, las formas de gestión son expresiones de deformadas democracias representativas, cuando no autoritarias (democraduras), que no siempre respetan la legislación y que, por lo general, aíslan de sus mandatos a la participación y opinión ciudadana.

Las institucionalidades centralistas de los gobiernos son estructuras premeditadamente desobedientes de la legislación de las políticas públicas en comunicación, porque les es más fácil y más cómodo gobernar ejerciendo hegemonías sin reconocimiento ciudadano, manipulando en lugar de dialogar y reduciendo la noción de lo público al ámbito gubernamental.

Desde el territorio de la sociedad civil, las estructuras de exigibilidad de los derechos de la comunicación han logrado importantes conquistas, por ejemplo, en el reconocimiento de las radios comunitarias, así como en la reflexión sobre los derechos de la comunicación y de las prácticas contemporáneas de la comunicación popular y participativa. Del mismo modo, la academia y los organismos internacionales no han descuidado el conocimiento de los principios y legislaciones; así como los periodistas se han apropiado retóricamente de los códigos de ética.

Sin embargo, faltan consolidarse los espacios de exigibilidad que incidan en las políticas de los gobiernos y de los organismos internacionales, asumiendo las políticas públicas como derechos ciudadanos ejercibles. Para ello, en tiempos de Pawipacha, se tiene que transitar de la declamación de los principios altruistas y las legislaciones humanistas a las conquistas de la palabra en la práctica social, encarnada en las luchas de los pueblos por una democracia que los incluya, con voz y con justicia.

Dada esta realidad, se hace imperioso actualizar la teoría y las prácticas de las políticas públicas en comunicación, si se quiere reconocer el poder de la palabra para construir el mundo, disputando los sentidos de la vida con propuestas por la esperanza y por la vida digna. Con este cometido, en lo que sigue del presente documento vamos a abordar los siguientes puntos: i) poner al día las políticas públicas en comunicación interpelando la (in)comunicación en sus condiciones de reproducción social, cultural y política; ii) poner al día las políticas públicas en comunicación interpelando el carácter mediático de los principios y legislaciones; iii) poner al día las políticas públicas en comunicación con la energía de la convivencia intercultural; y iv) poner al día las políticas públicas en comunicación interpelando la institucionalización de lo público.

2.1. Poner al día las políticas públicas en comunicación interpelando la (in)comunicación en sus condiciones de reproducción social, cultural y política

La comunicación es un hecho social, esto es incuestionable. En el fondo de las construcciones discursivas, mediadas por las prácticas sociales, se encuentra la realidad, compuesta de distintas dimensiones (económica, social, cultural, política, ambiental, espiritual, educativa…) y también la comunicación, que además cumple la tarea de provocar intercambios entre estas distintas dimensiones, operando como una disciplina de fronteras. También opera generando significaciones de la vida, articulando el mundo individual con el colectivo, el público con el privado, y el presente con el pasado y el futuro.

Enfatizamos en esta noción, porque uno de los problemas en la paradoja entre principios altruistas, legislación humanista y práctica instrumentalista de las políticas públicas en comunicación, radica precisamente en que a la comunicación se le desprende de su pertenencia social, pretendiendo un acto de levitación que la pone por encima de la realidad, en el intento de procesos de ordenamiento de la realidad desde mensajes preelaborados y difundidos con fines efectistas y de persuasión para moldear pensamientos y conductas.

Trabajar las políticas públicas en comunicación implica la tarea de sintonizar los latidos de los espacios donde la palabra se construye y se expresa, es decir, la discursividad social, concepto con el que Eliseo Verón (1997) establece que toda acción social es portadora de sentido y de interpretación de la realidad articulada con una práctica social, porque “[sólo] en el nivel de la discursividad el sentido manifiesta sus determinaciones sociales y los fenómenos sociales develan su dimensión significante”.

En definitiva, toda producción de sentido es necesariamente social y todo fenómeno social es una de sus dimensiones constitutivas. Como dice Erick Torrico (1992), tanto en su naturaleza comunicable o de exteriorización subjetiva y por ello, soporte material, así como también en sus intenciones y efectos de poder, o su dimensión política, como objetivación y sígnica de una ideología.

Por ello, afirmamos que el discurso y, particularmente el discurso político,⁶ no se limita al pensamiento verbalizado, manifiesto y expresado con algún soporte comunicacional. Discurso es, además, lo que no se expresa, lo que vive latente en las subjetividades, aquello que radica en las intuiciones que se conectan con los latidos de la realidad, que parten y discurren el sentido común para colectivizarse en tomas de distancia crítica de la realidad. Hablamos de los sentipensamientos que, explícitos o implícitos, verbalizados o subjetivados, aportan a la construcción de la palabra en sus contextos, como el marco indesligable en el que se explica, cobra vida y genera interacciones en las que las ciudadanías resignifican los mensajes.

En nuestro planteamiento tienen valor comparable tanto el sentido común, o los sentidos de los comunes, labrados en el pensamiento más inmediato de la vida cotidiana, así como las ideologías establecidas como abstracciones críticas de las aproximaciones a la realidad. En consecuencia, el discurso político viene a ser una forma de acción política, que contiene, expresa y construye sentidos de política y de sociedad en las posibilidades y limitaciones de los contextos donde se elaboran los textos.

Dicho esto, y retomando el tema de las políticas públicas en comunicación, hay que reconocer autocríticamente que vivimos un tiempo de receso, de esfuerzos voluntaristas dispersos, de buenas iniciativas desconectadas, de impotencias frente a retrocesos como el desempleo, de limitaciones frente a la magnitud de la crisis sanitaria y económica, de retornos paradigmáticos a un difusionismo que no contribuye a superar las incertezas, y de asentamientos en democracias imperfectas.

Las políticas públicas en comunicación, que tienen su fuente de inspiración en el camino recorrido de la democratización de la comunicación, en estrecha articulación con la exigibilidad de los derechos humanos, están en estos tiempos ahí, en los anaqueles de los principios y de las legislaciones, guardadas como un baluarte descuidado, desportilladas por las predominantes concepciones utilitarias de la participación, ajadas por las hendiduras del diálogo que no escucha, suspendidas por la pasividad de la auto regulación periodística, y subvaloradas por las nociones de la casi-comunicación virtualizada que no sabe que existen normativas, o si lo sabe, las ignora, y se ampara en la libertad de expresión, igual que los empresarios de los medios de comunicación para violentar los códigos de ética, ni más ni menos.

Tenemos que leer los procesos de comunicación en sus contextos, son parte de ellos. Son una de sus dimensiones. Se nutren de las dinámicas socioculturales y de las prácticas sociales, influyéndose y alimentándolas, al mismo tiempo que construye sentidos de sociedad, de cultura, de política y de espiritualidad siguiendo y recreando rutinas institucionalizadas. No es la comunicación quien lleva de la mano a las estructuras sociales, caminan juntas, correspondiéndose.

Mucho ha avanzado en conceptualizaciones y en metodologías la investigación de la comunicación, en todos sus campos. Valiéndose de este arsenal, en estos tiempos es imprescindible aproximarse a las realidades para desentrañarlas desde los recorridos discursivos. No se trata de describir la realidad o el contexto en el que ocurren los procesos de comunicación con diagnósticos demográficos que hacen caminar por separado las estadísticas de las discursividades.

Las condiciones de reproducción social, como lo sugiere su nombre, son construcciones eminentemente histórico-sociales. Uno de sus motores es la articulación entre rutinas institucionales, en las que se explican los sentidos y orientaciones que asumen las políticas públicas, sujetas a proyectos y explicables en las orientaciones de los gestores de dichas políticas. Como ya hemos visto en las paradojas, el rol garante de la legislación que les corresponde no siempre es cumplido, así como tampoco son aplicados los principios, aunque se los recite.

Por otra parte, las rutinas institucionales se reflejan en dinámicas socioculturales en las que las ciudadanías participan como beneficiarias o como marginadas de las políticas públicas. Dependiendo de la situación que ocupen, estas dinámicas socioculturales podrán ser aliadas de las políticas o demandantes de las que se correspondan con sus intereses.

Esto explica las prácticas sociales, que son intervenciones organizadas de las sociedades, ya sea para acompañar, o para demandar, para proponer, o para exigir acuerdos de beneficio colectivo y para el bien común. Es importante establecer en este punto que los principios y la legislación de las políticas públicas de comunicación per se, no forman parte de las agendas reivindicativas de las ciudadanías. Esta afirmación no niega la exigibilidad más amplia de la participación y la expresión como derechos ciudadanos para ser escuchados.

Lo afirmado, tampoco niega la importancia que han adquirido los movimientos por el reconocimiento de los derechos a la comunicación, por ejemplo de las radios comunitarias y su particular identidad, incluso como emprendimientos colectivos, y con líderes comunitarios cumpliendo el rol de comunicadores, aspectos que no necesariamente se recogen en las legislaciones.

Sobre estas bases se tienen que interpelar las prácticas de (in)comunicación para construir estrategias que, siguiendo el espíritu de las políticas públicas en comunicación, contribuyan a cambios societales institucionalizados, con interlocución entre instituciones, organizaciones sociales y ciudadanía, en contextos históricos con memoria acumulada, dinámicas presentes y creación simbólica y prácticas de futuros esperados.

2.2. Poner al día las políticas públicas en comunicación, interpelando el carácter mediático de los principios y legislaciones

Como ya vimos, la legislación existente tiene su fuente de inspiración y de realización en las características de los derechos humanos, y de las concepciones de la comunicación fuertemente arraigadas a su mediatización, es decir, a su realización como práctica social en los intercambios e interacciones, a partir de las funciones decisivas que cumplen y han cumplido los medios de comunicación. De aquí resulta entonces que la libertad de expresión y el derecho a la información tienen fuerte asentamiento en el campo de la emisión y en el mensaje, con adicional consideración del campo denso y dinámico de la recepción activa, especialmente en las dimensiones de su acceso a los medios y a una información digna.

Este paradigma, ya enriquecido con el planteamiento del derecho a la comunicación, que asume las políticas públicas desde las mediaciones, con protagonismo ciudadano, impulsado por las corrientes de comunicación participativa, necesita consolidarse y profundizarse aún más en las características particulares de las nuevas tecnologías que definen sistemas de comunicación digital.

Vivimos tiempos de mayor autonomía ciudadana en las re/significaciones de los mensajes, que rasgan la noción fundamentalista de la influencia efectista de los medios. Las características de la comunicación en redes sociales informáticas, cuyas burbujas no caben en las concepciones centralistas de los medios, ni en sus formas expansivas sin fronteras, configuran un mundo comunicacional fragmentado, cuando no individualizado. Y los encuentros se tejen desde estas explosiones de mensajería, poniendo en las agendas multiplicidad de temas, de convicciones particularizadas y causas concretas, cada una remando en sus aguas, simultáneamente.

Los algoritmos de la Internet están modificando las tradiciones mediáticas de la libertad de expresión que, en su función como política pública, establece filtros de ética que garantizan niveles y formas de construcción y circulación discursiva. Los lenguajes y las narrativas en las redes sociales están transgrediendo estos límites, vaciándole su sentido a la libertad de expresión con estructura deontológica, para admitir como válidas las fakenews, así como las malas noticias y la desinformación.

Y en este ambiente contemplativo, son precisamente las políticas públicas en comunicación las que tienen que cumplir la función de reconducir estos procesos por las sendas de la construcción democrática, para que los tiempos de posverdades no se naturalicen como el signo contemporáneo de la vida. En sistemas particularizados, son imprescindibles formas de consumo responsable de la producción discursiva de las redes sociales digitales, así como mecanismos empoderados de auto regulación en las subjetividades.

Solo a modo de ejemplo, recuperamos como una alternativa el método del triple filtro socrático con sus componentes que velan por la verdad, la bondad y la utilidad, como criterios válidos para calificar las argumentaciones discursivas. Veamos:

- ¿Sabes, Sócrates, lo que acabo de oír sobre uno de tus discípulos?

- Antes me gustaría que pasaras la prueba del triple filtro. El primero es el de la Verdad ¿Estás seguro de que lo que vas a decirme es cierto?

- Me acabo de enterar y…

- O sea que no sabes si es cierto.

]]> - El segundo filtro es el de la Bondad ¿Quieres contarme algo bueno sobre mi discípulo?

- Todo lo contrario.

- Con que quieres contarme algo malo de él y sin saber si es cierto. No obstante, aún podría pasar el tercer filtro, el de la Utilidad, ¿me va a ser útil?

- No mucho.

- Si no es cierto, ni bueno, ni útil, ¿para qué contarlo?.

Es cierto, ¿para qué contarlo?, o ¿para qué transmitirlo?, o ¿para qué adelantarlo como primicia informativa?, o ¿para qué compartirlo?, o ¿para qué retuitearlo?

Es tarea contemporánea el pensar caminos de incorporación de la casi-comunicación digital en los marcos de las políticas públicas, sin forzar sus prácticas a las características mediáticas de los principios y legislaciones, sino abriéndolas a la incorporación de las formas descentradas y simultáneas en las responsabilidades sociales. Para eso se tienen que recuperar los idearios y las causas concretas, que son las conexiones de las redes con la realidad, y tejer desde allá empoderamientos particularizados y colectivos que se sumen a la lucha por la democratización que, desde cualquier perspectiva, se hace en las batallas por formas de sociedad inclusivas, armónicas, convivenciales.

2.3. Poner al día las políticas públicas en comunicación con la energía de la convivencia intercultural

Entendemos la Comunicación para el Vivir Bien / Buen Vivir como “[…] un proceso de construcción, de/construcción y re/construcción de sentidos sociales, culturales, políticos y espirituales de convivencia intercultural y comunitaria con reciprocidad, complementariedades y solidaridad; en el marco de una relación armónica personal, social con la naturaleza y el cosmos; para una vida buena en plenitud que permita la superación del vivir mejor competitivo, asimétrico, excluyente e individualizante cosificados en el capitalismo y el (neo)colonialismo

[…]. En este proceso, la construcción del discurso promueve una interacción participativa desde las diversidades y alteridades; poniendo en relación enunciaciones desde el espacio público y privado, estatal y ciudadano, real y virtual; compartiendo signos y significados para la construcción del Vivir Bien / Buen Vivir a través de múltiples recursos y medios de comunicación, en sistemas plurales enmarcados en el ejercicio del Derecho a la Comunicación” (CONTRERAS, 2019).

Este enfoque está explícitamente ausente de las políticas públicas en comunicación y es necesario recogerlo, para enriquecer su teoría, sus principios, su legislación y sus prácticas. Precisamente, en este camino, resulta pertinente acudir al sentido de la comunicación contenido en el Aruskipasipxañanakasakipunirakispawa, que el pueblo aymara asigna la comprensión de que “necesariamente debemos siempre comunicarnos unos a otros, obligatoriamente, para arribar a entendimientos”. Como se ve, esta formulación tiene dos sentidos: uno inclusivo/dialogal (nos comunicaremos unos a otros) en el ámbito de los intercambios e interacción discursiva; y otro vinculante (la obligación de comunicarnos) en la práctica social, para arribar a entendimientos, compromisos y decisiones en un acto de humanización de la palabra.

Esta comprensión relacional de la comunicación, recupera las tres bases de la comunicación participativa que fundamenta las políticas públicas en comunicación: acceso, participación y diálogo, y las enriquece con la incorporación de otro elemento: la convivencia comunitaria identificada con la ecología integral que se construye en la espiritualidad compartida para combatir la pobreza, cuidar la naturaleza y devolver la dignidad a los excluidos.⁷

En esta concepción, el Vivir Bien / Buen Vivir es el punto de llegada o la sociedad utópica a ser construida, pero es también y, al mismo tiempo, el camino que se deber recorrer para llegar a ese punto, poniendo en práctica cotidiana la solidaridad, las complementariedades, las reciprocidades para una convivencia comunitaria. En esta dinámica, la comunicación viene a ser la palabra que camina el devenir histórico de personas y sociedades múltiples que construyen y enuncian discursos dándole sentido a los tránsitos de una vida con principios de correspondencia y equilibrio con justicia. Es la palabra que fluye en las prácticas sociales, en las interacciones culturales, en los diálogos intrapersonales, en los intercambios y reciprocidades de los pueblos que interactúan y construyen vida digna, aquí y en el futuro.

Para la superación de la paradoja entre principios altruistas, legislación humanista y prácticas instrumentalistas, se tiene que recuperar la metodología de la Comunicación para el Vivir Bien / Buen Vivir, referida al saber comunicarse siguiendo cuatro principios: i) saber escuchar o escuchar para hablar; ii) saber lo que se habla o hablar con sentido y con sentidos; iii) saber compartir refrendando las palabras con los actos; y iv) saber celebrar y esperanzar.

Las políticas públicas en comunicación tienen que ganar en interculturalidad. Ésta, además de valorar el (re)conocimiento de los otros, propone dinamizar interacciones entre personas y culturas diferentes para enfrentar y superar las asimetrías bajo condiciones de respeto, igualdad y desarrollo en espacios comunes.

La vigencia de esta diversidad condiciona políticas públicas que superen las constituciones de una sola cultura, una sola religión, una sola matriz conceptual, una sola ideología. Las alteridades son necesarias para la democratización de la sociedad y de la comunicación, ejerciendo los derechos desde los lugares y recorridos por los que discurre el discurso, que son lugares situados en los sentipensamientos ciudadanos, intercambiando conjuntos textuales encadenados en un continuum simbólico cultural hecho de disputas, acuerdos, conflictos, por construcciones colectivas de sentido y de sentidos.

2.4. Poner al día las políticas públicas en comunicación interpelando la institucionalización de lo público

Otro campo de actualización trascendiendo el espacio reducido de la comunicación a medios de comunicación, o a información, o a intercambios de mensajes, y recuperando el sentido abarcador de las políticas públicas en comunicación, es devolverle su realización en los ámbitos del derecho a la comunicación de la mano de los derechos fundamentales. Nos referimos a la promoción de una justicia creíble; al funcionamiento de una verdadera auto-regulación; a la existencia de mecanismos de defensa de los ciudadanos en temas comunicacionales, mediante espacios de defensoría del lector, del televidente, de la audiencia, del internauta; a la profesionalización y garantías en el ejercicio periodístico; así como la incidencia en los Estados con políticas inclusivas.

Esto es el espacio público, antes reservado a la administración del Estado, y ahora ampliado a la intervención ciudadana que se involucra caminando desde lo común, desde su vida cotidiana, desde el sentido común y desde los sentidos de los comunes, con una fuerte carga solidaria, comunitarista y una orientación reivindicativa de reconocimiento de su palabra, de su vida, de sus proyecciones, horadando la normalidad excluyente.

Lo público restringido al espacio de acciones del Estado, sus autoridades y mecanismos ya ha sido superado por las conquistas de los movimientos de Derechos Humanos, como por ejemplo los derechos de las mujeres, que han tenido la capacidad de incorporar en el espacio público problemáticas que se escondían en la oscuridad de lo privado, como es el caso de la violencia intrafamiliar. Su visibilización ha servido para enfrentar el problema con los artefactos que contribuyan a conocerla, razonarla, cuestionarla, negarla y enfrentarla. El camino para su plena realización es todavía largo, pero se está caminando.

Y de eso se trata, de incorporar en el espacio público problemáticas que necesitan afrontarse con enfoque de derechos y que, en consecuencia, enriquezcan las bases de la democratización de la comunicación desde lo cotidiano, colectivizando las demandas, las necesidades, los intereses y las propuestas ciudadanas.

Las visiones apocalípticas de lo público como espacio privativo de los poderes han sido ya superadas. Muchos elementos del espacio privado forman parte constitutiva de ese poder que tiene que ser construido. Una parte de lo alternativo se ha reproducido en el seno de las políticas oficiales. Por eso es válido hablar de políticas públicas híbridas en comunicación, que combinen lo tradicionalmente público con los factores del espacio privado, que contribuyen a la democratización de la comunicación y de la sociedad.

Y, en consecuencia con esta concepción, se trata de incidir en la descentralización del poder comunicacional que han adquirido los Estados, al punto de convertirse, igual que los consorcios empresariales, en oligopolios de la comunicación con infraestructura, posesiones, medios, manejo de publicidad, otorgación de licencias, patrocinio de eventos, regulación de los medios, contrataciones con flexibilidad laboral de los comunicadores, y otros factores que deben ponerse entre los elementos a ser superados con la energía de las políticas públicas en comunicación.

Sigue siendo una tarea fundamental en la democratización de la comunicación interpelar a los poderes que controlan, monopolizan o acallan la palabra, las políticas públicas en comunicación que promueven los diversos, respetan los distintos, tejen los encuentros, fomentan los debates y generan espacios para la conquista de la palabra. Ni los gobiernos, ni los monopolios mediáticos privados, ni las escuelas, ni los partidos, ni la academia, ni las redes pueden destinarse a opacar las sociedades y su palabra, su rol es visibilizarlos y, con la intervención de las políticas públicas en comunicación, además promoverlos con producciones y estéticas dignificadoras.

Lo público tradicional, de la mano de la pospolítica, está queriendo legitimar cambios de sentido en las palabras, deformándolas. Por ejemplo, a la interculturalidad se la confunde con dispersión, a la alteridad con consensos, al diálogo con el monólogo oficial, a las libertades con los libertinajes permisivos. Emergiendo significados desde el sentido común y desde la praxis política, las políticas públicas en comunicación tienen que concebirse como espacios de representación del conflicto social y de las construcciones de encuentros y concertaciones, de visibilización, de diálogos, de construcciones y no de monopolios de la palabra.

3. En tiempos de Pawipacha la utopía está vigente

La utopía de la democratización de la comunicación y de la sociedad sigue vigente. Se tienen que retomar sus banderas poniendo las políticas públicas en comunicación al día. No va a ser posible el mundo diferente, ni las sociedades igualitarias, plurales, inclusivas, respetuosas del medio ambiente, garantistas de la libertad de expresión, si de la mano de la comunicación dignificadora no se cambian radicalmente los sistemas sociales que estamos viviendo.

La Paz, 12 de noviembre de 2020

NOTAS

1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) Se promulga en la Asamblea General de la ONU, mediante la resolución 2.220 A(XXI) del 16 de diciembre de 1966, y entra en vigor el 23 de marzo de 1976.

2. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el punto 2 de su artículo 13, recupera esta formulación y especifica que las libertades no pueden estar sujetas a censura sino a responsabilidades ulteriores.

3. La elaboración del documento sobre las Políticas Nacionales de Comunicación, entendidas como un conjunto integrado, explícito y duradero de normas, principios y aspiraciones que guían la acción, estuvo a cargo del maestro boliviano Luis Ramiro Beltrán Salmón.

4. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, con entrada en vigor el 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27.

5. Compartimos la comprensión de la responsabilidad social como “la conciencia de nosotros mismos en tanto sociedad y la conciencia de nosotros mismos en tanto individuos”, en Fernández Fátima, La responsabilidad de los medios de comunicación, Paidos, México DF, 2002, p. 96 .

6. En su comprensión más sencilla, el discurso político se suele definir como todo aquello que es dicho por los políticos y actores que intervienen en la esfera pública y/o en una práctica política. Comparto el criterio de Teun van Dijck, cuando afirma que, para caracterizar el discurso político, en lugar de pretender una definición abstracta, resulta más efectivo caracterizarlo en función de sus propiedades, tales como el dominio societal o el terreno donde actúa la política; los sistemas políticos; los valores políticos; las ideologías políticas; las instituciones, organizaciones y grupos políticos; los actores políticos; y las relaciones, los procesos y las acciones políticas (en Van Dijck Teun, Estructuras y funciones del discurso. Una introducción interdisciplinaria a la lingüística del texto y a los estudios del discurso, Siglo XXI, México. 5º edición, 1988).

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