DESAFÍOS PENDIENTES EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN COMUNICACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA SOCIEDAD BOLIVIANA

Pending challenges in the design of public policies in Communication and their incidence on Bolivian society

Sandra Villegas Taborga

Boliviana, Magister en Comunicación Estratégica por la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB). Docente de las carreras de Comunicación de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”.
stvillegast@gmail.com

Resumen:

El artículo enfatiza en la relevancia del derecho a la información (en tanto acceso a la información pública, transparencia, control social y rendición de cuentas) y el derecho a la comunicación (expresado en la libertad de expresión y de prensa) para el ejercicio pleno de la participación ciudadana y el diseño de políticas públicas en Comunicación en Bolivia. El objetivo del artículo consiste en analizar algunos de los desafíos de las políticas públicas en Comunicación en el escenario socio-político boliviano el 2020 a partir de los resultados del Informe de los Indicadores de Desarrollo Mediático (IDM) de la UNESCO en Bolivia; de esa forma, se fundamenta la necesidad de diseñar Políticas Nacionales de Comunicación (PNC) de forma consensuada entre distintos actores sociales como el Estado, las organizaciones gremiales y la ciudadanía.

Palabras clave: Comunicación, políticas públicas, participación ciudadana

Abstract:

The article emphasizes the relevance of the right to information (as access to public information, transparency, social control and accountability) and the right to communication (expressed in freedom of speech and of the press) for the full exercise of citizen participation and the design of public policies in Communication in Bolivia. The objective of the article is to analyze some of the challenges of public policies in Communication in the Bolivian socio-political scenario in 2020 based on the results of the Report of Media Development Indicators (IDM) of UNESCO in Bolivia; In this way, the need to design National Communication Policies (PNC) in a consensual manner between different social actors such as the State, trade-union organizations and citizens, is based.

Key words: Communication, public policies, citizen participation

Introducción

Es importante recuperar la noción de la comunicación como un derecho humano fundamental que permite lograr el diálogo entre iguales pero diferentes, la comunicación contribuye a empoderar a la ciudadanía en sociedades democráticas (Gumucio en VILLEGAS, 2019:51). En esa perspectiva, la comunicación deja de ser patrimonio de especialistas, de periodistas o de propietarios de medios, sino un derecho de todos y todas, que implica el acceso y la participación en procesos individuales y colectivos de construcción del conocimiento.

En los últimos 70 años el derecho a la comunicación se fue configurando muy lentamente como un nuevo derecho humano de todas las personas más allá de la labor y efectos de los medios de comunicación. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) encargó la elaboración de la Comisión para el Informe MacBride (1980) que expresa que el derecho a comunicar es un prerrequisito para la realización de otros derechos humanos. En particular, debemos reconocer la relación que existe entre el derecho a comunicar y aquellos que garantizan la participación pública.

Pero no es posible estudiar el derecho a la comunicación sin tomar en cuenta su estrecha relación con el derecho a la información. Bajo la perspectiva de Jorge Carpizo y Ernesto Villanueva (2015) “el derecho a la información es garantía a atraerse a información, a informar y ser informado”. La información no pertenece ni al poder, ni a los empresarios, ni a los periodistas; la información es de los ciudadanos, es un valor social que le permite analizar y conformarse una opinión sobre todos y cada uno de los fenómenos sociales de una sociedad determinada (REYES, 2007).

El derecho a la comunicación amplía el derecho a la información porque va más allá del ejercicio de los medios, sus propietarios y los periodistas, sino que plantea que el titular del derecho a la comunicación son todas las personas (AGUIRRE, 2013). Según Tamayo (2011, p. 109) existe una urgente necesidad de nuevos derechos, especialmente comunicativos porque el nuevo régimen socio-comunicativo proporciona otras formas de comprender el rol de la comunicación en la esfera pública y cómo este rol transforma el significado tradicional de conceptos como democracia, representación, derechos, deberes, responsabilidades y participación en las estructuras sociales contemporáneas.

Para Botero (2006, p. 25) la comunicación pública y la comunicación política se constituyen en un espacio propicio para fortalecer la democracia y la participación ciudadana, dados los vacíos conceptuales, teóricos y prácticos, sobre la comunicación, lo público y lo político. En ese contexto, la comunicación pública tiene por finalidad poner en marcha procesos de concertación social para la movilización, a partir del consenso y el disenso bajo la negociación de propósitos colectivos. Por ello, la comunicación pública no sólo es un concepto, sino una oportunidad para la construcción democrática de sociedad, a partir de una comunicación estratégica que posibilite escenarios para el desarrollo de las comunidades (CUADROS, ARIAS y VALENCIA, 2015).

El año 2008, el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (Unesco por sus siglas en inglés) elaboró los Indicadores de Desarrollo Mediático (IDM) con el propósito de ofrecer una metodología integral que evalúe las circunstancias específicas del entorno mediático de un país. Los IDM constituyen “una importante herramienta de diagnóstico para que todos los actores evalúen el nivel de desarrollo de los medios de comunicación en un determinado país y de esta manera determinen las áreas en las cuales más apoyo se requiere” (Organización de Naciones Unidas México, 16/08/2019). Los IDM contemplan 5 categorías: 1) Sistema de regulación, 2) pluralismo, 3) medios y democracia, 4) capacitación y apoyo a la libertad de expresión y 5) infraestructura mediática.

CATEGORÍA 1: Un sistema regulador conducente a la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación social. Se refiere a la existencia de un marco jurídico, político y reglamentario que proteja y promueva la libertad de expresión e información, en base a las normas internacionales que constituyen mejores prácticas y desarrollado participativamente con la sociedad civil.

CATEGORÍA 3: Los medios como plataforma para el discurso democrático. Plantea el análisis de los medios de comunicación social, dentro de un clima general de auto-regulación y respeto hacia el periodismo como profesión, reflejan y representan la diversidad de criterios e intereses en la sociedad, incluyendo los de los grupos marginados. Hay un alto nivel de “alfabetización” en materia de la información y los medios de comunicación social.

CATEGORÍA 4: Capacitación profesional e instituciones de apoyo a la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad. Analiza si el personal de los medios tiene acceso a la capacitación y desarrollo profesional, tanto en lo práctico como académico, en todas las etapas de su carrera, y el sector mediático en su conjunto se somete a la vigilancia y se beneficia por el apoyo de los gremios profesionales y de las organizaciones de la sociedad civil.

CATEGORÍA 5: La capacidad infraestructural es suficiente para apoyar a medios independientes y pluralistas. Alude a cómo se caracteriza el sector mediático por niveles altos o crecientes de acceso público, incluyendo a los grupos marginados, y un uso eficiente de la tecnología para recoger y distribuir las noticias e información, de manera apropiada para el contexto local (UNESCO, 2008: 7-8).

En Bolivia el estudio para la aplicación de los Indicadores de Desarrollo Mediático fue implementado por el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR, por encargo de la ex Consejera de Comunicación e Información para los Países Andinos de la UNESCO (Quito), a cargo de Rosa M. González. La ejecución de esta investigación se desarrolló entre el 15 de junio de 2011 y el 15 de junio de 2012. No obstante, su publicación fue posible recién el año 2016 gracias al apoyo de Guilherme Canela, Responsable Regional de la oficina de Unesco en América Latina, Unesco Quito y el PIDC (sede de la Unesco en París).

El estudio de los Indicadores de Desarrollo Mediático (IDM) en Bolivia diagnosticó el rol de los medios como plataforma del discurso democrático, la normativa existente relacionada a la Comunicación y al Periodismo, así como las garantías constitucionales de libertad de expresión de la ciudadanía en general y de los periodistas en particular. Sin embargo, asociaciones de medios de comunicación privados manifestaron que existía una crítica sostenida desde el Órgano Ejecutivo contra los medios privados y se los calificó como “opositores” (TORRICO y VILLEGAS, 2016:11).

1. Metodología

Este artículo fue elaborado a partir del análisis de las conclusiones del estudio “Análisis del Desarrollo Mediático en Bolivia” basado en la aplicación de los Indicadores de Desarrollo Mediático en Bolivia (2016), datos que fueron analizados y contrastados con los resultados de una revisión bibliográfica y hemerográfica en el contexto actual. La implementación de los IDM en Bolivia se inició con la conformación de un Grupo Consultivo con representantes de 22 instituciones de la sociedad civil, la academia y del gobierno que contribuyó con sugerencias al diseño metodológico inicial. Adicionalmente involucró la recopilación y análisis documental, bibliográfico, hemerográfico y cibergráfico; entrevistas a 80 informantes clave; el análisis de los datos de monitoreo, consultas ciudadanas, grupos focales y encuestas con periodistas elaborados por el ONADEM de la Fundación Unir Bolivia (2005-2014).

Para los fines de este artículo algunas de esas conclusiones relacionadas a la participación ciudadana fueron complementadas con una nueva revisión bibliográfica-documental más actual.

2. Contexto de la Comunicación y los medios de comunicación en Bolivia

En enero de 2010 el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) manifestó su deseo de crear una Ley de medios que reemplace a la Ley de Imprenta de 1925. Posteriormente el 14 de febrero de 2012, el ex presidente Morales se reunió con directivos de la Asociación Nacional de la Prensa, la Asociación Boliviana de Radiodifusoras, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de La Paz y se comprometió a no impulsar ninguna normativa. En el año 2011 se creó el Ministerio de Comunicación que poseía un viceministerio de Políticas Comunicacionales y el Viceministerio de Gestión Comunicacional.

Durante el año 2019 se hicieron públicas varias denuncias relativas a la política de distribución de asignación publicitaria del gobierno, el gasto en el pago de propaganda (La Razón, 07/05/2020). Según un editorial del diario Página Siete (9/07/2020) el gobierno de Evo Morales usó como principal mecanismo para cooptar y controlar a los medios la distribución de la publicidad estatal. Según Julio Linares, entre 2010 y 2018, se gastaron 750 millones de dólares, sin contar con la publicidad de las empresas estatales como YPFB y Entel que poseían su propio presupuesto para propaganda.

Por otro lado, existía la obligatoriedad de asignar espacio en prensa y tiempo en radio y televisión a la difusión de al menos 13 nuevas normativas (PÁGINA SIETE, 08/04/2019), entre las que están: la Ley 348 Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente, la Ley 045 Ley Contra El Racismo Y Toda Forma De Discriminación y Ley Nº 263 Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas.

El 29 de abril de 2019, luego de una reunión entre las principales autoridades del gobierno y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y la Asociación Boliviana Radiodifusora (Asbora) se acordó la modificación de las leyes pertinentes para dejar sin efecto la difusión obligatoria de leyes sino que se continuaría de manera voluntaria. Adicionalmente, se postergó la asignación de licencias en el espacio radioeléctrico previsto en la Ley N° 164 General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación (08/08/2011) y se amplió el plazo para ejecutar la primera fase del denominado ‘apagón analógico’ de las transmisiones televisivas para migrar a la señal digital en alta definición (MINISTERIO DE COMUNICACIÓN, 29/04/2019).

El último hecho que marca este breve contexto histórico vinculado a la Comunicación se dio el 4 de junio de 2020, fecha en la que el gobierno de transición anunció el cierre del ministerio de Comunicación, de Cultura y el de Deportes para ahorrar recursos económicos para mejorar la atención en salud durante la pandemia por el Covid-19. La cartera de Comunicación pasó a depender del Ministerio de la Presidencia. (Comunicado Ministerio de Comunicación, 04/06/2020).

3. Avances y retrocesos en el diseño de políticas públicas en Comunicación

El análisis bibliográfico documental, de las entrevistas y los datos cuali-cuantitativos recopilados de otros estudios en Comunicación producidos en Bolivia permitió elaborar conclusiones luego de aplicar los IDM en Bolivia. A continuación, se evalúan aquellas conclusiones por categoría que se han modificado en el marco de la coyuntura actual y que coinciden con aquellos ejes temáticos más sensibles de abordar como parte de una política pública:

A pesar de las normas establecidas sobre libertad de expresión aún existe censura y autocensura a la labor periodística y a las expresiones de ciudadanos; mientras unos fueron presionados para “bajar el tono” de las noticias a cambio de recibir publicidad del Estado, los otros fueron “perseguidos virtualmente” por la Dirección General de Redes Sociales (Decreto Supremo 2731 del 14/04/2016) del ex ministerio de Comunicación e incluso formalmente en el caso de periodistas que fueron despedidos de sus fuentes laborales por opinar en contra del gobierno de turno.¹

En el año 2020, se promulgaron tres polémicos decretos supremos durante el gobierno transitorio de Añez que fueron local e internacionalmente cuestionados. “El gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren ‘incorrecta’, y esto viola el derecho a la libertad de expresión”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (sitio web Human Rights Watch, 07/04/2020). Esa posición fue compartida por la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza (LA RAZÓN, 13/05/2020).

3.2. Categoría 2. Pluralidad y diversidad de los medios de comunicación social, igualdad de condiciones económicas y transparencia en la propiedad

Aunque existe pluralidad y diversidad de medios, no coexisten en igualdad de condiciones. A la fecha sigue sin aplicarse plenamente la Ley de Telecomunicaciones porque aún no ha redistribuido las frecuencias para el servicio de radiodifusión y televisión entre los medios estatales, comerciales, del sector social comunitario, de pueblos indígenas originarios campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas.

Por otro lado, Bolivia aún no cuenta con una ley sobre publicidad comercial ni publicidad estatal. Aunque hubo un avance con la promulgación de la Ley N° 453 (04/12/2013) General de los derechos de los usuarios, usuarias, consumidores y consumidoras y la creación de un Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor (D. S. 29894 07/02/2009) que prevé el derecho al suministro e información fidedigna de alimentos, fármacos y productos en general en condiciones de inocuidad, calidad y cantidad disponible adecuada y suficiente.

3.3. Categoría 3. Los medios como plataforma para el discurso democrático

Un país democrático precisa medios de comunicación que contribuyan con información y educación al fortalecimiento ciudadano. No obstante, hubo un retroceso, el 4 de junio de 2020, el gobierno transitorio en Bolivia anuló el ministerio de Comunicación y reestructuró totalmente las atribuciones conferidas en esa cartera para la administración de medios estales (cuyo personal fue despedido en un gran porcentaje) (Viceministerio de Comunicación, 04/06/2020). La dependencia del viceministerio de Comunicación bajo la tuición del Ministerio de la Presidencia limita las competencias, personal y presupuesto asignados a la antigua cartera de gobierno. Por tanto, actualmente el viceministerio de comunicación posee menos autonomía política y económica, lo mismo que los medios gubernamentales a su cargo.

Por otra parte, a pesar de la riqueza en los enunciados de la Ley de Imprenta, el sector gremial desconfía de intereses políticos ante la posibilidad de actualizar y dar vigencia a esta norma; situación que repercute en la falta de supervisión a las fallas técnicas y éticas de los periodistas, en especial de radio y televisión. Otros países han consensuado entre organizaciones de la sociedad civil, gremios periodísticos y el Estado para elaborar una Ley de radio y televisión (Perú, Ley 28278 del 15/07/2004 y México Reforma DOF 09/04/2012); no obstante, esa es una tarea pendiente en Bolivia. También existen ya experiencias positivas como la del Consejo Nacional de Televisión de Chile es el organismo que debe velar por el correcto funcionamiento de la televisión chilena a través de políticas institucionales.

3.4. Categoría 4. Capacitación profesional e institucional de apoyo a la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad.

En ese sentido, ante la ausencia del ONADEM, desde junio de 2019, surgió la iniciativa Chequea Bolivia cuyo objetivo es detectar las noticias falsas (fake news) que se difunden en Facebook, Twitter y WhatsApp en y sobre el país.³ Así también, la Fundación para el Periodismo creó en junio de 2019 “Bolivia Verifica” que es un medio digital sin fines de lucro ni tendencia política que tiene como objetivo verificar noticias y el discurso público para luchar contra la desinformación y mejorar la participación democrática.⁴

3.5. Categoría 5. Capacidad infraestructural es suficiente para apoyar a medios independientes y pluralistas

En junio de 2018, acertadamente se publicó el informe denominado Estado TIC. Estado de las Tecnologías de Información y Comunicación en el Estado Plurinacional de Bolivia coordinado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC). En ese informe se rescata la labor del proyecto de telecentros educativos comunitarios (TEC) dirigido, a través del Programa Nacional de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (PNTIC), por el Ministerio de Educación, en coordinación con Entel S.A. y la Agencia Boliviana Espacial (ABE). No obstante, para el año 2020, estas políticas públicas demostraron sus dificultades porque la cuarentena un alto porcentaje de estudiantes no pudieron continuar con su educación por la cuarentena, a lo que se sumó la falta de internet y dispositivos para acceder a clases virtuales en sus hogares.

4. Los nuevos desafíos: acceso a información pública y transparencia

El Art. 106 de la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza el Derecho a la Información y el derecho a la comunicación; no obstante, en la práctica gran parte de la población desconoce ambos derechos, no los ejerce. El derecho a la información tiene como uno de sus pilares el acceso a la información pública, pero este derecho tampoco ha sido ni es impulsado de forma eficiente por el Estado. Ante la ausencia de una Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y control social.

La transparencia de la gestión gubernamental permite una eficiente participación ciudadana para fiscalizar su labor, aplicar el control social y supervisar la constante rendición pública de cuentas. Sólo entonces se garantizará el derecho a la información y el derecho a la Comunicación de los ciudadanos bolivianos. La transparencia es definida como el manejo honesto y adecuado de los recursos públicos, así como la facilitación de información pública desde los Órganos del Estado y las entidades privadas que administran recursos fiscales y/o recursos naturales, de forma veraz, oportuna, comprensible y confiable (Art. 4, Ley Nº 341 de Participación y Control Social, 5 de febrero de 2013).

La Política Nacional de Transparencia (PNT) aprobada mediante D.S. No. 214 (22/07/2009) era responsabilidad del ex Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción⁵; esta norma contenía 4 ejes o áreas de acción en ámbito preventivo y de lucha contra la corrupción: 1) fortalecimiento de la participación ciudadana; 2) fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública y el derecho de acceso a la información; 3) Medidas para eliminar la corrupción y 4) mecanismos de fortalecimiento y coordinación institucional.

Además, la Ley de Participación y Control Social N° 341 (05/02/2013) fortaleció el marco normativo Constitucional en relación a la obligación de rendir cuentas públicamente, incluyendo la evaluación de resultados, ante la sociedad civil y los actores que ejercen Control Social en particular (arts. 8 y 37).

5. Internet, uso de TIC, participación y educación

Internet es un nuevo espacio de política ciudadana y esta forma de política se expresa con mayor frecuencia en el apoyo a reivindicaciones de causas puntuales, mayormente asociadas con la defensa de derechos y no de ejercicio político partidario (Fundación Internet Bolivia, 2018). Sin embargo, según Quiroz (2017) a menudo, “la voz libre de los ciudadanos en el espacio público digital es editada y mutilada”.

Adicionalmente, la Ley N° 164 General de Telecomunicaciones (08/11/2011) no ha involucrado a representantes de la ciudadanía en la conformación de directorios con en el Plan Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (PRONTIS, Art. 65) ni en el Plan Nacional de Frecuencias (Art. 8) para planificar el uso del espacio radioeléctrico (Art. 9) y la distribución de frecuencias para radiodifusión (Art. 10). Lo mismo ocurre con el directorio del Comité Plurinacional de Tecnologías de Información y Comunicación (COPLUTIC) (Art. 73) o el Consejo Sectorial de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación (COSTETIC) que sólo posee representantes de entidades públicas (Informe Bolivia digital 2025, AGETIC, 2017).

En todos los casos sería vital conocer el nivel de coordinación con todos o la mayoría de los 342 municipios en el país, el rol de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM).

Por otro lado, el Art. 110 de la Ley de Telecomunicaciones contempla la Participación y Control Social en el diseño de políticas desde el gobierno central y los gobiernos municipales, pero no existe información pública disponible sobre la forma en que se prevé alguna representación ciudadana ni los aciertos o cuestionamientos a la gestión gubernamental en esos ámbitos. También se tiene pendiente legislar en torno a las medidas que es necesario tomar para vivir sin sobresaltos el apagón analógico hacia la era digital, se avanzó a nivel técnico pero la ciudadanía posee escasa información de cuánto puede afectar su economía y forma de vida esa transición.

Por otro lado, la democracia digital en procesos electorales es un tema nuevo que se ha impulsado con mayor fuerza durante esta gestión 2020 a causa de la pandemia del COVID – 19. En ese sentido, sería necesario que se amplíe el debate planteado por la Fundación Internet Bolivia y su propuesta sobre una Política Ciudadana digital que revela la forma en que la esfera pública está en constante tensión y conflicto.

6. Educación virtual, medios de comunicación y alfabetización mediática

En Bolivia, las clases escolares fueron suspendidas por la cuarentena desde el mes de marzo de 2020 y en julio de 2020 el gobierno dispuso la clausura anticipada del año escolar porque los estudiantes de las áreas rurales (40% de la población) carecen de acceso adecuado a internet, lo que les impedía tener acceso a la educación virtual. (SEMANA, 16/10/2020).

Las principales dificultades para la educación virtual en cuarentena por COVID-19 están: la baja conectividad de la red de Internet, el alto costo económico que representa el uso datos, la falta de equipos digitales como celulares, laptops y computadoras y el choque de horarios en las clases (LOS TIEMPOS, 14/07/2020). Respecto a la educación virtual, un sondeo de UNICEF en Bolivia señaló que casi el 90% consideró que el costo de la conexión a internet es alto (UNICEF,s/f).

Durante la pandemia por la Covid-19, la radio comenzó a usarse para dictar clases, pero no de forma planificada, sino más como efecto de la crisis. La maestra América Sevillano empezó a enviar clases de inglés grabadas hasta San Matías (Santa Cruz) para que se difundan por radio Pantanal de Comunicaciones 93.1 FM (Los Tiempos, 14/07/2020). En Trinidad, a partir del 23 de septiembre de 2020 se imparten clases a través del canal 11 y de radio Ibare (Bolivia.com, 23/09/2020). Asimismo, en Copacabana los estudiantes continúan sus estudios a través de Radio Copacabana y Canal 9 Cruz Andina, las tareas se envían por Whatsapp (PÁGINA SIETE, 07/9/2020).

En ese contexto, es urgente debatir sobre el rol educativo que pueden tener los medios de comunicación -en especial comunitarios- y la importancia de trabajar en la alfabetización mediática e informacional con maestros, estudiantes y la población en general. La alfabetización mediática e informacional facultan a los ciudadanos a comprender las funciones de los medios de comunicación y de información, a evaluar críticamente los contenidos y a tomar decisiones fundadas como usuarios y productores de información y contenido mediático (UNESCO, 2017).

7. Política Nacional de Comunicación consensuada y participativa

La comunicación democrática para el desarrollo es la utopía orientadora del pensamiento, la obra y la enseñanza de Luis Ramiro Beltrán Salmón, el más reconocido comunicador e investigador boliviano. Dos de los grandes temas en los que contribuyó a poner en la agenda regional e incluso mundial fueron el Derecho a la Comunicación y las Políticas Nacionales de Comunicación (PNC), gracias a su prolífico aporte fue invitado a asesorar a la UNESCO. Beltrán definió una política nacional de la comunicación como “un conjunto integrado, explícito y duradero de políticas parciales, organizadas en un conjunto coherente de principios de actuación y normas aplicables a los procesos o actividades de comunicación de un país” (Beltrán en TORRICO, 2009:10)

En ese sentido, es necesario abrir un debate serio y amplio sobre la relación entre las PNC – la libertad de expresión y la libertad de prensa porque se han asumido como de competencia de los políticos, de los empresarios que dirigen los medios y de los periodistas. El gran ausente y actor central de cualquier PNC es la ciudadanía (en especial las organizaciones sociales y agrupaciones ciudadanas) y su derecho a la información y a la Comunicación que hasta ahora ha permanecido indiferente (VILLEGAS, 2013, p. 71).

A partir de lo anterior, las líneas estratégicas que deberían guiar un proceso participativo, horizontal y dialógico para elaborar políticas públicas en Comunicación deberían contemplar la formulación de una ley de acceso a la información pública y transparencia y cumplir con la Ley Telecomunicaciones.

NOTAS

1 Como ejemplo se puede citar el caso de Jhon Arandia quien fue despedido del canal de televisión Cadena A y luego manifestó sentirse perseguido por la Policía (Correo del Sur, 27/11/2018) y Amalia Pando quien denunció la persecución del gobierno (El Deber, 08/12/2015), entre otros.

2 https://www.cntv.cl

3 https://www.chequeabolivia.bo

4 https://boliviaverifica.bo/

5 En enero de 2017, ese ministerio pasó a ser viceministerio del Ministerio de la Justicia.

BIBLIOGRAFÍA

Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) (2018). Estado TIC. Estado de las Tecnologías de Información y Comunicación en el Estado Plurinacional de Bolivia. Recuperado en: https://www.agetic.gob.bo/pdf/estadotic/AGETIC-Estado-TIC.pdf (Consultado 12/08/2020).        [ Links ]

AGUIRRE, José Luis (2013). El derecho a la comunicación base para la construcción de la comunidad. Revista Punto Cero v.18 n.27 Cochabamba.
Recuperado en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-02762013000200008 (Consultado 14/08/2020).

BOTERO, Luis Horacio (2006). Comunicación Pública, Comunicación Política y Democracia: Un cruce de caminos. Anagramas Rumbos y Sentidos de la Comunicación, vol. 5, núm. 9, Universidad de Medellín, Colombia.

Estado de México. Revista Convergencia vol.14 no.43 Toluca, México. Recuperado en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352007000100005 (Consultado 5/11/2019).        [ Links ]

SEMANA (16/10/2020). ¿Por qué los estudiantes en Bolivia no tendrán clases virtuales durante 2020? Recuperado en: https://www.semana.com/educacion/articulo/por-que-los-estudiantes-en-bolivia-no-tendran-clases-virtuales-durante-el-2020/692220/ (Consultado 8/09/2020).        [ Links ]

TAMAYO, Camilo Andrés (2011). Ciudadanía Comunicativa. Aproximaciones preliminares. Universidad de Nottingham, Reino Unido. Recuperado en: http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/2415 (Consultado 4/07/2019).

TORRICO, Erick y VILLEGAS, Sandra (2016). Análisis del Desarrollo Mediático en Bolivia. Basado en la aplicación de los Indicadores de Desarrollo Mediático de la Unesco. Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC), ORGANIZACIÓN de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Recuperado en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246822_spa (Consultado 11/05/2020).        [ Links ]

TORRICO, Erick (2009). “Luis Ramiro Beltrán. Por una comunicología de la liberación” en Revista Latinoamericana de comunicación Chasqui N° 105, Quito, p. 8-13. Recuperado en: https://ciespal.org/wp-content/uploads/sites/5/2019/04/CIESPAL_Chasqui.105.pdf (Consultado 10/10/2019)

UNESCO (2008). Indicadores de Desarrollo Mediático. Marco para evaluar el desarrollo de los medios de comunicación social. Recuperado en: http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-development-indicators-a-framework-for-assessing-media-development/ (Consultado 7/05/2019).        [ Links ]

UNESCO (2017). Alfabetización mediática e informacional. Recuperado en: http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/media-development/media-literacy/mil-as-composite-concept/ (Consultado 9/09/2020).        [ Links ]

UNICEF (s/a). La continuidad educativa durante la cuarentena Recuperado en: https://www.unicef.org/bolivia/media/2581/file (Consultado 5/06/2020).

VICEMINISTERIO DE COMUNICACIÓN (04/06/2020).Gobierno reduce tres ministerios y cierra dos embajadas, para incrementar recursos en lucha contra el Covid-19. Recuperado en: https://comunicacion.gob.bo/?q=20200604/29638 (Consultado 14/06/2020).        [ Links ]

VILLEGAS, Sandra (2019). “Medios de Comunicación y Derechos Humanos”. Revista Temas y Problemas de Comunicación. Departamento de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto. Año 18, Vol. 17. Argentina. Recuperado en: http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/TyPC/issue/view/61 (Consultado 22/08/2020).

VILLEGAS, Sandra (2013). “Vigencia del pensamiento crítico de Beltrán en diferentes áreas de la Comunicación” en Memoria Académica V Ciclo de Estudios Especializados en Comunicación. Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación (ABOIC).Sucre - Bolivia.