Cada cierto tiempo se suscita en Bolivia la polémica acerca de la pertinencia de la Ley de Imprenta de 1925. Los representantes del gobierno de turno, incluidos esta vez los del Movimiento al Socialismo (MAS), plantean la eliminación de los llamados Jurados de Imprenta, mientras que los periodistas salen en su defensa.
Generalmente, hasta ahora ha sucedido que, luego de una condena social, los gobernantes se ven forzados a abandonar su proyecto y el conflicto termina ahí, prácticamente sin consecuencias posteriores.
Esto trae dos complicaciones:
· Para el gobierno, queda la frustración por lo que consideran una imposibilidad de frenar o controlar a los periodistas.
· Para los periodistas, queda la victoria pero queda la frustración de defender una Ley de Imprenta que no se aplica sino en su amenaza.
Ello porque pese a estar vigentes los Jurados de Imprenta, el Secreto de Imprenta y la Cláusula de Conciencia, entre otras medidas, la profesión del periodista no sólo está mal protegida, sino lo que es peor venida a menos, por lo que no cumple cabalmente la función social que le corresponde.
A esta situación se suma hoy el debate sobre si se debe exigir titulo profesional a los periodistas para el desempeño de sus labores, como sucede en el mundo desarrollado hace varias décadas y como todavía no sucede en muchos países considerados subdesarrollados.
]]> Desde la universidad únicamente nos podemos cuestionar que si la exigencia de título profesional a los periodistas no se cumple, como lo obliga la ley boliviana, estamos de más, porque en buena parte de nuestros graduados y graduadas podrían considerar que su título profesional les ha costado mucho esfuerzo y de poco les vale ahora.Por ello, creo que el debate sobre el mejoramiento del periodismo en Bolivia no pasa ni por la supresión de las garantías a su trabajo ni por la desaparición de la carrera de comunicador o periodista. En la universidad sabemos que más bien pasa por el mejoramiento de ambas: garantías laborales y formación profesional.
Es el camino difícil y tal vez más largo, y desde Punto Cero nos toca contribuir a la formación profesional de los periodistas y comunicadores desde la difusión del conocimiento científico, su socialización y su posterior debate. El Estado y el gremio periodístico deben cumplir la otra parte, la de las garantías para el ejercicio de la labor periodística y del respeto a la integridad de los informados.
Dicho esto, en este número de Punto Cero abrimos el debate con la contribución del docente de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" — Regional Cochabamba, Fernando Andrade que nos plantea una "Cobertura conceptual del derecho ciudadano a la comunicación política", donde argumenta que la comunicación tiene suficiente sustento filosófico-ético, doctrinal y teórico como para ser considerada como derecho humano fundamental.
Igualmente queremos saludar el retorno a Punto Cero de contribuciones originales de estudiantes o recién graduados de nuestra casa de estudios como ser: "De los habitus al femichismo: Reproducción de conductas machistas en mujeres de Cochabamba" de María Reneé Mendez Cruz, "La noción de `la bendición de Dios' en la música popular cristiana protestante de la ciudad de Cochabamba" de José Miguel Luizaga Velasco y "Mariachis: Letra y Música" de Ana Triveño.
Estas contribuciones refrescan la discusión académica universitaria a la vez que reorienta nuestros caminos científico-teóricos.
Finalizamos esta edición con dos contribuciones. "Conflicto y desarrollo en los ámbitos locales. Bases para el diseño de un Mapa de Tendencias de Gobernabilidad Municipal" del profesor español Jesús Ortego Osa y "Enfoques teóricos para una comunicación orientada al desarrollo y retos actuales para una comunicación y desarrollo desde la diversidad" del Director del Servicio de Capacitación en Audiovisuales y Radio para el Desarrollo (SECRAD) de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" — Regional La Paz, José Luis Aguirre Alvis.
Muchas gracias y buena llectura.
El Director
Cochabamba, mayo de 2012
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