Data in the public domain

Timothy J. Killeen

Conservation International y Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado
Casilla 2489, Santa Cruz, Bolivia
Email: t.killeen@conservation.org

Recientemente, al buscar un colaborador en un proyecto de investigación, me aproximé a una persona afiliada a una institución boliviana. Esta institución aloja a algunos de los científicos más experimentados de Bolivia y es el producto de casi dos décadas de inversión en capacidades técnicas del país. Mi deseo era el de tomar ventaja de su experticia con el fin de asegurar que el proyecto sea adecuadamente implementado y a la vez también apoyar a ese centro en su crecimiento y desarrollo; según mi humilde opinión era una excelente oportunidad.

A mi pesar, esta persona declinó mi oferta, bajo la prerrogativa de cualquier científico en establecer sus prioridades respecto a su agenda de investigación. Sin embargo, la razón principal que fue presentada al declinar esa oportunidad fue la de proteger la integridad de la base de datos institucional y el deseo de no compartir sus datos con terceras personas. De hecho, la colaboración propuesta no dependía del acceso a una base de datos – pese a que hubiera sido beneficioso – y estoy seguro que el acceso a esa base de datos fue usado como un pretexto para no colaborar con el grupo de investigación, que fue visto como competencia. Esta es una reacción que muchos de nosotros hemos tenido alguna vez durante nuestra trayectoria profesional; no es particularmente atractiva, pero es parte de nuestra realidad y en muchos casos es totalmente legítima.

La mayoría de las instituciones científicas funciona en base a fondos que son provistos por el Estado o más comúnmente en Bolivia por las agencias de desarrollo y la cooperación internacional de otro país o entidades multilaterales de desarrollo. En otras palabras, los fondos son asignados por alguien que está pagando impuestos en algún lugar del planeta; esos fondos son explícitamente destinados para el mejoramiento de los bienes comunes y usualmente con el propósito expreso de conservar el medio ambiente y mejorar el bienestar humano.

O tal vez nuestro apoyo proviene de una fundación privada, pero típicamente éstas existen como una forma de evitar el pago de impuestos (p.e. fundaciones), entonces su respaldo también significa algún tipo de financiamiento público (aunque claramente neoliberal en su aplicación). Además los fundamentos de su misión están inequívocamente orientados hacia el avance del bien público. Argumentos similares pueden ser propuestos para financiamiento de corporaciones

privadas cuando éste es realizado como donación – lo cual a menudo es deducible de sus impuestos que debería pagar el Estado – por lo que son eventualmente pagados por ciudadanos del mundo.

¿Cómo podemos justificar no compartir o acaparar datos (porque eso es lo que es) cuando nuestro financiamiento es visto desde esta perspectiva?

Será que esto significa que todos los datos deben ser disponibles y accesibles al dominio público? Claramente, tenemos el derecho de resistir a cualquier acceso de información cuando ésta es de nuestra propiedad y solo nuestra, habiendo realizado el trabajo con nuestro propio tiempo y sin respaldo del ámbito público. Aunque tal vez sea tonto, tenemos este derecho si los datos son netamente nuestros. En Bolivia hay muchos aficionados botánicos y zoólogos, y ellos sin duda tienen este derecho. Sin embargo, en mi experiencia esos individuos son los más ansiosos de compartir su conocimiento, porque su labor es de dedicación y amor, y el amor debe ser compartido y no acaparado.

Otra situación legítima que podría restringir el acceso a la información es cuando un contrato limita específicamente el acceso a empresas privadas, como aquellas que son evaluadas en un estudio de impacto ambiental (EIA) o una iniciativa de bioprospección. Pese a esto, hay muchos otros argumentos válidos que al restringir el acceso público en un EIA es fundamentalmente inmoral (e usualmente ilegal), mientras que en la bioprospección es esencialmente una actividad inexistente dado que se ha convertido en un término erróneo de biopiratería. Pero estoy divagando ...

En resumen:

Acaparar datos está moralmente mal. La información que ha sido pagada por fondos públicos debe ser disponible en el dominio público, de lo contrario se apropia de un bien público que no pertenece a un individuo o

una institución, incluso a las instituciones respaldadas por el Estado. Dicho más preciso, especialmente de aquellas instituciones que son financiadas por el Estado.

Acaparar datos no es científico. La razón más utilizada para no soltar datos es que “se pretende usarla en un análisis futuro que será pronto publicado”, siendo el engaño académico más puro. La mayor parte de esas publicaciones nunca ven la luz del día y la mayoría de los análisis potenciales que podrían beneficiarse del acceso a datos inaccesibles serán conducidos a diferentes escalas y/o enfocando distintos temas, con los cuales es extremadamente improbable que el científico de campo afirme sus propios esfuerzos de investigación.

Acaparar datos es un error profesional. Hay muchos tipos de científicos, incluyendo aquellos que son ambiciosos y no éticos, quienes usarán datos (e ideas) sin reconocer a la fuente. Sin embargo, al aislarnos a nosotros mismos de la comunidad científica (y eso es lo que hacemos cuando acaparamos información), también perdemos la oportunidad de cooperar con científicos competentes y éticos que compartirán créditos, visiones y colaboración. Perdemos mucho más de lo que ganamos como individuos cuando rechazamos el compartir nuestro conocimiento con una comunidad más amplia.

¿Qué podemos hacer? Debemos continuar argumentando hacia pensamientos racionales y

conductas éticas. La historia y avances recientes están del lado de sistemas abiertos de datos. En muchos países la información que no es considerada como un secreto de Estado o una amenaza para la seguridad pública, es accesible para todos por ley! Las instituciones más grandes y más influyentes en el financiamiento de investigación a nivel mundial – la Fundación Nacional de Ciencia (NSF en inglés) y el Instituto Nacional de Salud (NIH en inglés) – demandan que la investigación financiada por el Estado norteamericano sea accesible a la comunidad científica. Su incumplimiento pone en riesgo al financiamiento futuro de esas instituciones por ambas agencias. De igual manera, las fundaciones privadas están empezando a requerir compromisos similares con un muy simple incentivo: “Si quieres nuestra plata, esto es lo que debes hacer”.

Extrañamente, algunas de las organizaciones ambientales todavía no han captado este imperativo ético y moral; al contratar científicosinsisten que todos los derechos de propiedad intelectual pertenecen a la organización. Esto es sencillamente indignante. Cuando por primera vez me enteré de este requisito, me negué a firmar el contrato (e hicimos de todas formas el trabajo). Pero semejante actitud no es fácil de ser asumida por científicos jóvenes que no cuentan con la independencia o prestigio que les permita desafiar a las ONG’s internacionales. Irónicamente, esas son las mismas organizaciones que desean (y necesitan) conducir análisis a escalas globales y continentales que son tan dependientes del acceso a bases de datos de diversidad biológica que son generados por científicos locales. Los científicos (como yo) que son parte de esas organizaciones ambientales necesitan una conversación honesta con sus abogados.

Este tema no será resuelto en Bolivia y este ensayo improbablemente podría ser para cambiar muchas opiniones, pero podemos intentar ...