"Pugna de poderes" y "ajustes de cuentas": estereotipos, marginación
y motines en las cárceles Bolivianas¹

"Punch-up over power" and "settling accounts": stereotypes,
marginality and riots in Bolivian prisons

Alison Spedding Pallet² ]]> ² Doctora en antropología (London School of Economics and Political Science, Londres). Docente de la Universidad
Mayor de San Andrés, La Paz. E-mail: mamahuaco@hotmail.co.uk
Fecha de recepción: 30 de marzo de 2019       Fechas de aceptación: 28 de abril de 2019

Resumen

Los reportajes sobre cárceles bolivianas suelen enfocar casos de motines y conflictos excepcionales que no representan la realidad cotidiana de estos centros y son presentados en términos estereotipados que no proporcionan una explicación efectiva de los hechos. Este artículo ofrece una interpretación estructural de las causas de estos episodios, incluyendo aspectos habitualmentc ignorados como el genero de los involucrados.

Palabras clave: cárcel, poderes, capital social, control social, género

Abstract

Media reports on Bolivian prisons usually focus on cases of riots and exceptional confliets which do not represent the daily rcality of these centres and are presented in stereotypical terms which do not provide an effective explanation of the faets. This article offers a structural interpretation of the causes of these episodes, including aspects habitually ignored such as the gender of those involved.

INTRODUCCIÓN

Durante los dos años y seis meses que yo pasé en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores en la ciudad de La Paz, solía decir: "La cárcel es uno de esos sitios marginales donde descubres lo que realmente valen las personas, y lo que descubres es que la mayoría no valen absolutamente nada". La cárcel es un espacio social que produce y reproduce la marginación. No todas las cárceles están en sitios geográficamente marginados —la de Miraflores está en un barrio central de la ciudad y gran parte de los paceños pasan delante de esta casi a diario, lo que no impedía que muchos de mis conocidos alegaron que jamás pudieron ubicarlo para visitarme mientras estaba allí-; pero su ubicación social las sitúa efectivamente en el borde de la visibilidad, son difíciles de percibir, y lo que se percibe de estas es borroso y distorsionado. El estigma que pesa sobre las personas que actualmente o alguna vez han sido privadas de libertad induce a la mayoría de ellas a callarse sobre sus experiencias tras las rejas; es un silenciamiento que puede extenderse a la represión interna de esos recuerdos, y en todo caso implica evitar comunicar el haber estado en la cárcel a cualquier contacto que no disponga ya de esa información. En consecuencia, mucha gente desconoce cuántos y cuáles de sus conocidos son en realidad ex presos o presas y, por tanto, "delincuentes", hasta el punto de poder decir: "Yo no conozco nadie que ha estado en la cárcel", de la misma manera que muchos aseveran: "Yo no conozco a ningún homosexual", aunque es indudable que de hecho conocen a varios, sólo que estos no han "salido del closet" delante suyo. Entonces, lo que saben o creen saber sobre las cárceles y las personas encerradas en ellas procede de reportajes mediáticos, es decir, de la crónica roja, y de las películas, más que todo las de Hollywood, donde las temáticas carcelarias tienen bastante popularidad. Es de notar que la mojigatería aún prevaleciente en la vida pública en Bolivia conduce a que la prensa amarilla nacional es más bien prensa roja; prefiere asesinatos, descuartizamientos y narcotráfico a escándalos de adulterio o desviaciones sexuales de políticos y estrellas de la farándula. Así, donde la prensa amarilla británica gusta de títulos como "Párroco sexy tenía nido de amor con secretaria rubia", su equivalente boliviano optaría por "Fábrica de pichicata encontrada en una iglesia".

METODOLOGÍA

El título de este artículo recoge dos frases típicas de tales reportajes, en particular cuando tratan de episodios de violencia al interior de las cárceles. Enfocaré un caso notorio de estos episodios, el enfrentamiento con armas de fuego ocurrido en la cárcel de El Abra en Cochabamba en la noche del 14 a 15 de septiembre 2014, que terminó con cuatro adultos y un feto muertos y dio lugar a un juicio por corrupción a funcionarios judiciales, de Régimen Penitenciario y policías. El caso es conocido como "el Tancara", refiriéndose al más famoso (o infame) de los muertos, Edgar Ariel Tancara Sangorda, también denominado "el gánster de la Llajta".³ Pude visitar la cárcel de El Abra en agosto de 2016, en el curso de una investigación aún inédita sobre las cárceles a nivel nacional, patrocinada por el Ministerio de la Presidencia. Este ensayo se basa en las visitas de campo y entrevistas a internos y policías realizadas dentro de ese proyecto, y para el caso Tancara en específico, en información proporcionada por las sociólogas Magaly Quispe y Gabriela Reyes, quienes vienen trabajando en y sobre las cárceles durante varios años: está complementado por reportajes de la prensa escrita sobre el tema. El estudio de caso sirve como punto de partida para un análisis más amplio de la representación estereotipada de las cárceles y de los "delincuentes" o "el hampa" en general.

TANCARA Y EL ENFRENTAMIENTO EN EL ABRA

Así, Tancara dejó de tener vínculos formales con la policía; pero mantenía los contactos y amistades establecidas informalmente con algunos de sus miembros. Su oficio legal, mientras estaba en libertad, era el de chófer de taxi, y aparentemente le fue bien porque llegó a ser dueño de una empresa de radiotaxis, pero se puede suponer que el capital para lograrlo no tuvo un origen legal, porque su actividad paralela consistía en diversos tipos de robo. Seguía la típica carrera ascendente de esta rama (ver Pérez Guadalupe, 2000, para el equivalente peruano): primero robos callejeros menores —en este caso, autopartes— y luego, mayores: los autos mismos. Después pasó a ser "monrero" (la jerga boliviana para los ladrones que entran a viviendas a robar). De ahí se graduó al nivel mayor, el de los atracos, donde se usa la violencia o la amenaza de la misma para apropiarse de botines de elevado valor. "Acumuló 22 denuncias por robos agravados a librecambistas, tentativas de homicidio, el secuestro de un niño de 12 años, el robo de 102.000 bolivianos de una caja del Banco Ganadero en la Udabol (...) volteo de droga y dinero de narcotraficantes entrando en sus casas (...) se rumoreaba que un jefe policial le había provisto de un radio Handy de Radiopatrullas para que pueda salir a robar 'con tranquilidad'.

Con el mismo jefe hacían volteos" (Sánchez, 2014b). Será que no supo mantener una separación estricta entre sus negocios ilícitos y su pantalla legal, ya que en los radiotaxis de su propiedad "las denuncias de atracos a los pasajeros aumentaron y la Fiscalía empezó a investigar su propiedad. El 6 de mayo de 2006 fue detenido en El Alto en un alojamiento frente a la entidad financiera Prodem, en posesión de (...) armas avanzadas" (ibid.). Hay que deducir que este arresto habría sido consecuencia de una denuncia por parte de algún conocido suyo que se enteró de sus intenciones antes de que llegara a cometer el atraco a mano armada, aunque sólo se puede especular sobre los motivos que tuviera para dar el "soplo" a la policía. Debido a la cantidad de denuncias acumuladas en Cochabamba, fue trasladado a la cárcel de El Abra, ubicada en las cercanías de esa ciudad.

Esta es una cárcel relativamente nueva, empezó a funcionar en 1990 y además fue construida desde el inicio como cárcel, lo que indica que sus instalaciones son relativamente adecuadas para este fin, a diferencia de varios centros penitenciarios en Bolivia, que empezaron sus vidas como una clínica privada, casas residenciales, colegios, un mercado o un alojamiento y sólo después fueron convertidos en cárceles.⁵ Los delegados de los internos de El Abra en 2016 indicaron que es de mediana, no alta, seguridad; pero tiene un "régimen cerrado", que indica que durante las horas de la noche los presos son encerrados bajo llave en sus celdas (en la mayoría de las cárceles bolivianas las únicas personas que echan llave a las celdas son los mismos presos que habitan en ellas). Durante el día, ellos circulan libremente por el recinto, que es bastante amplio: cuenta con extensos talleres y varios espacios abiertos: tiene una buena vista del valle circundante, siendo en este aspecto menos deprimente que otros recintos rodeados por altas murallas donde lo único que se ve que no es penitenciario es una franja del cielo. En los talleres, los presos realizan trabajos de carpintería, cerrajería y otros por cuenta propia, porque El Abra, como la totalidad de las cárceles del país, no cuenta con presupuesto suficiente para su mantención. Todo privado de libertad tiene que proveerse de ropa de cama y de vestir, vajilla, artículos de aseo personal, focos de luz y otros, además de comida, porque el rancho financiado por el pre diario⁶ es insuficiente, incluso cuando se considera que su calidad no es tan deficiente como para evitar consumirla cuando sea posible.

El espacio habitacional (celdas) no ha sido privatizado en todas las cárceles'; pero incluso cuando las celdas son asignadas gratuitamente y no hay que comprarlas o pagar alquiler a sus propietarios, las o los internos tienen que ocuparse de su limpieza y mantenimiento (pintura, refacción, etc.) porque la administración no tiene fondos para estos fines. En El Abra, además, tienen que cubrir un gasto particular de los centros penitenciarios en Cochabamba: el agua, servicio que en las demás cárceles del país es cubierto por la administración⁸. En sus inicios, la cárcel tenía un suministro de agua de un pozo subterráneo con bomba, pero éste se secó y no hubo intentos de solucionar la falla. Entonces se asignó un suministro por cisterna; pero como el número de cisternas pagado por la Gobernación del Departamento no es suficiente, los internos tienen que financiar la cantidad restante. Esta es una causa de conflictos, porque siempre hay algunos que realmente no pueden pagar y otros que alegan que no tienen dinero. En todo caso, la cobertura de estos gastos de infraestructura, más la organización de actividades sociales como campeonatos deportivos y festejos (Día de la Madre, Día del Preso -que es el 24 de septiembre-, Virgen de las Mercedes, etc.) y la representación y defensa de los derechos de los internos ante las autoridades corre a cargo de "los delegados", es decir, de la organización propia de los presos. Para esto manejan fondos, cuya fuente principal es el cobro que se acostumbra realizar a cada nuevo detenido que llega. La fuerza y la regularidad (en el sentido de proceder de manera honesta y transparente) de esta organización varían de una cárcel a otra y según las variaciones en el tiempo de la composición social del conjunto de privados de libertad en cada centro. Los delegados deben ser nombrados a través de una elección donde votan los presos de base. Algunos pueden hacer campaña para ser elegidos, pero aunque no lo hagan de manera explícita, al menos tienen que haberse hecho conocer y tener cierta reputación en cuanto a su capacidad de hablar y negociar. Supuestamente, personas detenidas por la Ley 1008 (ofensas relacionadas con sustancias controladas) no son elegibles, sino personas detenidas por delitos "comunes", es decir, todos los demás delitos especificados en el Código Penal.

Entre estos predominan el robo y el robo agravado, la violación (en las cárceles de varones, evidentemente), el asesinato y el homicidio. Los violadores son los marginados de los marginados; los mismos presos tienen un desprecio total hacia ellos y los sujetan a maltratos casi ritualizados, así que es imposible que uno de ellos sea delegado. Las y los asesinos tienen sentencias largas, hasta el máximo de treinta años,⁹ así que siendo antiguos conocen a fondo cómo funciona la cárcel; pero pocos de ellos tienen una personalidad extrovertida y buena labia que se requiere para ser negociador. Tampoco les ayuda el hecho de que suelen tener poca capacidad de controlar las reacciones impulsivas, en particular las violentas. Las características buscadas son más frecuentes entre las y los estafadores, que además suelen tener excelente conocimiento del manejo de todo tipo de papeleo, legal y otros (es requisito básico en su oficio al fin). Si bien son una minoría en cárceles de varones —son bastante más numerosas en cárceles de mujeres—, suelen ser candidatos preferidos como delegados. Dentro del gran grupo de ladrones, siempre más numeroso en cárceles de varones (delitos de sustancias controladas predominan entre mujeres), algunos consideran que sólo el ladrón chambón necesita recurrir a la violencia para apropiarse de bienes ajenos, mientras que el ladrón fino sabe hacerlo sin que la víctima se dé cuenta siquiera. Sin embargo, entre los ladrones de mayor jerarquía figuran los atracadores, que sí suelen manejar la violencia —pero "manejar" es un término clave. En adición, un atraco exitoso requiere buena planificación y organizar un grupo de varias personas, lo mismo que debe hacer alguien que es efectivo como delegado. El ex policía Blas Valencia¹⁰ tenía estas capacidades y cuando llegó a la cárcel de Chonchocoro, a causa justamente de sus atracos, intentó actuar de la misma forma que Tancara, aunque sin llegar a las mismas consecuencias.

Cuando Tancara llegó a El Abra, al parecer era su primera condena; pero es de suponer que él al menos no ignoraba la realidad carcelaria, aunque fuera por referencias de terceros. Si no lo sabía ya, pronto se dio cuenta de las ventajas que podría ofrecer hacerse de un cargo en la organización de delegados. Según el periódico, armó una conspiración para asesinar al entonces jefe de delegados, convenciendo a un asociado suyo de administrarle un mate con soporífero y luego apuñalándolo con dos secuaces mientras dormía, aunque el reportaje no aclara cómo es que no hubo acusaciones posteriores por esta muerte. Tancara más bien logró salir con libertad condicional en 2008, antes de acceder al puesto de delegado. Es decir, dicho asesinato habría sido sin motivo, y mientras tanto otra persona debió ocupar el cargo. Sólo cuando Tancara volvió a la cárcel en noviembre de 2009, por otro caso de robo y tentativa de asesinato, y ya con sentencia dictada por un robo realizado en 2002, se lanzó en serio a la política carcelaria y consiguió el puesto de jefe de los delegados. Referencias verbales señalaron que su acusación no era de una mera tentativa de homicidio, sino un homicidio a secas, y no sabían por qué no fue procesado por eso (ya que, cuando se suman varias denuncias, predomina la acusación que conlleva mayor sentencia).

Lo que sí se consta, y todas las fuentes están de acuerdo en esto, es que por 2009 Tancara ya tenía establecido su vínculo con la juez de Ejecución Penal Yolanda Ramírez, aunque —a diferencia de sus contactos policiales— no se ha encontrado información sobre cuándo y cómo se hubiera hecho de la confianza de ella, ni de que ella u otros miembros del poder judicial habrían manipulado directamente sus procesos. Lo que es de conocimiento general es que a través de esta juez conseguía permisos para salir de la cárcel las veces que quería, con pretextos como una consulta médica o participar en una de las ferias periódicas donde se pone a la venta las artesanías fabricadas por los presos. Tuvo que salir, como es reglamentado, con escolta policial, pero incluso tratándose de presos o presas comunes —sin contactos extra reglamentarios— la escolta no suele hacer problemas si su custodiado hace cosas formalmente prohibidas durante su salida, como por ejemplo consumir bebidas alcohólicas, siempre que se les pase unos cuantos pesos. Tancara les habría pasado más de unos cuantos a los nombrados para que lo acompañen y para que hicieran la vista gorda a transgresiones mayores. Obviamente no alcanzó a sobornar a la totalidad de la policía cochabambina, así que alguna vez unos uniformados lo encontraron en el curso de estas salidas, incluso en una situación seriamente comprometedora —no sólo con tufo a alcohol, sino en un vehículo con placas falsas y en posesión de armas de fuego, siempre junto con sus custodios—; pero al parecer demostrar los permisos firmados por Ramírez (y de repente más pesos, de paso) bastaba para que lo dejaran regresar a El Abra sin consecuencias.

Aparte de sus abusos, de los cuales se tratará en seguida, Tancara no descuidaba sus deberes regulares como delegado. Se presentaba tanto ante las autoridades y los medios defendiendo los derechos y reclamos legales de los presos, como ante quienes le permitían hacer uso de sus vínculos irregulares en beneficio de sus bases. Cuando alguno de ellos requería un permiso u otro trámite que estuviera en manos de la juez Ramírez, Tancara facilitaba el paso de un soborno; una forma habitual era el encargo de cierto mueble de buena calidad, de esos que se fabrican en el mencionado taller de carpintería, para entregarlo sin costo a la juez. Hay que notar que librarse de o manipular los procesos penales no es simplemente una cuestión de tener dinero y ofrecer un fajo de billetes, como se suele imaginar. Se requiere saber cómo, en qué forma (determinados objetos de valor, no un pago directo en efectivo) y a través de qué intermediarios se puede hacer llegar el soborno a la persona que pueda otorgar el favor buscado. Y aún cuando se haya logrado la entrega del pago de manera apropiada, sólo cuando existe algún tipo de vínculo que impone un sentido de obligación moral (por inapropiada que parezca la palabra en este contexto) la o el sobornado ha de cumplir con lo acordado o prometido. Caso contrario, más le vale dictar la sentencia de ley o negar el permiso de dudosa justificación —y de paso quedarse con el soborno—, sin arriesgar su posición profesional y sin temor de que el sobornador la denuncie, ya que declarar "Yo te he pagado tanto... ¡y aún así me has sentenciado a tantos años!" le haría tan culpable como la persona culpada y sin posibilidad de comprobar la acusación porque no se entrega los sobornos bajo recibo. Evidentemente, los contactos de Tancara eran de tal naturaleza que los que recibían los pagos informales sí se sentían obligados a cumplir con lo solicitado a cambio.

Hasta allí, hemos visto la cara buena del reinado de Tancara como delegado en jefe de El Abra. Su cara más notoria era la de los abusos y la extorsión. Como hemos visto, es uso y costumbre legítima imponer un cobro a todo ingreso nuevo en esta y las demás cárceles. El monto puede variar entre 100 a 500 bolivianos, según la cárcel y el año, y en el caso de que el novato realmente no tenga de dónde conseguir dinero, se le asigna tareas serviles como cocinar, limpiar, etc., hasta cubrir un equivalente al pago. La "extorsión" consiste en aprovechar de este dispositivo para sacar pagos mucho más cuantiosos, bajo amenaza, dinero que se destina para el uso personal de los confabulados en la extorsión y no para fines de beneficio común, como mantener la infraestructura o financiar festejos (el delegado quien se dice fue asesinado por Tancara estaba volviendo de una salida para comprar juguetes que se iban a regalar a los hijos de los internos en Navidad). Tancara y sus asociados exigían dinero a presos nuevos con el concepto de "seguro de vida", es decir, alegando que si no pagaban los iban a matar. En esto entraba otro de sus contactos —o, en términos más sociológicos, su capital social—, que era Dennis Mejía, el entonces jefe departamental de Régimen Penitenciario. Al parecer este individuo también era ex policía y esto explicaría la relación que Tancara tenía con él. Ambos se comunicaban por teléfono y, por ese medio, Mejía le avisaba a Tancara sobre los detenidos que iban a llegar a El Abra, el estado de sus recursos económicos y cuánto de dinero podría exigírseles. El nuevo preso era encerrado por mandato de Tancara y sometido a amenazas, golpizas y diversos maltratos (como, por ejemplo, ser obligado a sumergir sus pies en lavandina) hasta extraerle el dinero. Algunos lograron salvarse con sumas de 300 a 500 dólares, mientras otros, en particular extranjeros quienes eran reportados como acomodados, tenían que pagar 2 mil, 3 mil o hasta 10 mil.

El dinero obtenido se repartía entre Tancara, Mejía, Ramírez y los policías a cargo del penal. Sin embargo, Mejía no observaba los cuidados recomendables cuando uno recibe sumas elevadas de dinero de una fuente ilegal, como sí lo hizo —por ejemplo— cierto campesino de la provincia de Sud Yungas dedicado a fabricar pasta base de cocaína. Cuando, por sorpresa general, la casa donde lo hacía (siendo cuidador de la misma) fue allanada a fines de 2011, se descubrió un grupo de fotos en las que él y su mujer pasaban vacaciones de lujo en las playas de Río de Janeiro; pero cuando estaba en su comunidad, iba a la tienda a comprar media libra de arroz y una lata de sardinas, haciéndose pasar como un jornalero pobre. Mejía, en contraste, ostentaba un auto último modelo que difícilmente hubiera podido costear con su sueldo y ya provocaba sospechas entre sus superiores. Los policías también tenían tratos con Tancara para facilitar el ingreso de armas de fuego, bebidas alcohólicas y sustancias controladas al penal. Las sustancias eran vendidas. Las armas eran distribuidas entre los "soldados", un conjunto de unos treinta presos, quienes eran los ayudantes y guardaespaldas de Tancara, organizados en tres cuerpos jerarquizados, siendo el cuerpo de mayor estatus el de los más cercanos al jefe. También se cobraba para permitir tener un celular o un laptop. Cualquier intento de evitar o denunciar estos tratos era respondido con más maltratos y con la amenaza de enviar afuera de la cárcel a sicarios para eliminar a sus familiares. Estas amenazas se extendieron a abogados y periodistas que presentaron reclamos de algunos presos víctimas. Estas intimidaciones pueden haber resultado en conseguir que no siguieran protestando, y en desanimar a otros a abrir la boca, aunque no hay información de caso alguno donde efectivamente se hiciera daño real a los amenazados o a sus parientes. Es de suponer que, más que estas fanfarronerías de película, la red de funcionarios sobornados era la causa efectiva de la impunidad. Por ejemplo, cuando un procesado expuso sus pies llagados en una audiencia como prueba de cómo Tancara le torturaba, el juez le ordenó ponerse los zapatos de nuevo y no hizo caso alguno a la denuncia (Sánchez 2014a).

No obstante el silencio público, el resentimiento de los extorsionados no dejaba de crecer, incluso entre los mismos "soldados". Al parecer lo que más odio les provocaba era que Tancara les obligara a "prestarle" a sus parejas para servicio sexual. La organización de estos odios para proceder a la eliminación de su autor es atribuida a un colombiano detenido por la Ley 1008. No hizo problemas al momento de pagar un buen "seguro de vida" —será que lo consideraba algo esperable en el ambiente carcelario—; pero cuando su novia llegó a visitarlo y Tancara le hizo saber que debería prestarle a su mujer, consideró que "meterse con mi novia" era absolutamente inaceptable. El tráfico de armas se había hecho tan regular en El Abra que no le costó mucho encontrar a un policía dispuesto a venderle unas pistolas. A la vez, sabía que no se iba a "manchar las manos" disparando él mismo. Entonces convenció a otros resentidos para hacerlo, a la cabeza de uno de los principales matones de Tancara, quien ya no toleraba que le haya impuesto el tributo sexual a su mujer, y de otro, un amigo de infancia de Tancara y antes compañero de sus correrías, quien en la cárcel finalmente llegó a rechazarlo por haber drogado y violado a otra mujer. Será que esos individuos estaban totalmente cegados por el odio, o nunca habían sido de muchas luces en todo caso, porque se dice que no sólo planificaban matar a Tancara y sus socios inmediatos, sino aprovechar las armas para luego someter a los guardias y fugarse en masa —otra fanfarronería de película, porque es imposible que una balacera pasara ignorada—; una acción semejante inevitablemente iba a desatar un operativo policial masivo tal que, en el muy improbable caso de que hubieran logrado salir del penal antes de que los policías se recuperaran del susto, los hubieran recapturado al momento.

El enfrentamiento se planeó para el 14 de septiembre 2014, cuando Tancara iba a ofrecer una fiesta en honor a la Virgen de Urkupiña, con una misa seguida por baile y bebidas. La juez Ramírez estaba entre los invitados al evento, lo que obviamente contaba con la venia de la policía. Como en las fiestas de pueblo, el jolgorio empezó en la víspera, es decir, el día antes de la fiesta misma, aunque inicialmente sólo se dio "permiso" para festejar hasta las diez de la noche el 13 de septiembre. El día 14, después de la misa y los bailes de las fraternidades folklóricas, los tenientes de policía preguntaron a Tancara hasta qué hora iba a ser la celebración; él dijo que hasta la una o dos de la mañana y les pasó un fajo de billetes, además de invitarles cerveza. Los confabulados esperaron hasta las once de la noche, cuando la mayoría de los guardaespaldas de Tancara ya estaba ebria y él se encontraba en medio de la pista bailando con su pareja. Entonces se le acercaron entre unos seis y le dispararon. Lo que no esperaban era que de inmediato la policía (que no había sido sobornada en su totalidad) también empezó a disparar y se desató el caos. Cuando el fuego cruzado paró, yacían muertos Tancara y tres de sus matones más fieles. Varias otras personas resultaron heridas, entre ellas una mujer que estaba vendiendo comida (recibió una bala en la barriga, lo que provocó la pérdida de su feto en gestación). Fue entonces cuando otras víctimas se acercaron al cadáver de Tancara y llenaron su boca de galletas. Esto fue reportado en la prensa roja como si tuviera un significado ritual de brujería, pero según los internos que estaban presentes, era una metáfora directa: que siga comiendo, porque nunca estaba satisfecha su hambre, siempre quería sacar más.

Días después, varios internos andaban atribuyéndose el honor de haber matado a Tancara, para recibir la estima de la población penal, que los veía como héroes. La confusión fue tal que era imposible demostrar quién o quiénes realmente dieron los tiros fatales. Eventualmente, quince personas fueron trasladadas a la cárcel de Chonchocoro,¹¹ supuestamente por haber sido los autores del enfrentamiento, aunque, según otros internos, por lo mucho cinco de ellos realmente habrían estado involucrados en eliminar a Tancara. El resto eran presos considerados "muy peligrosos" por haber cometido asesinatos múltiples, atracos con muerte y similares, y la nueva administración de El Abra aprovechó esa oportunidad para deshacerse de ellos. De hecho, cuando murió, Tancara ya había cumplido su sentencia y estaba a poco tiempo de salir en libertad; pero había rumores de que no quería dejar un negocio que le había resultado tan rentable y tenía la intención de seguir manejando El Abra a distancia a través de sus secuaces. De ahí viene la interpretación de que le mataron en una "pugna de poderes", para sustituirle a la cabeza de la red de extorsión. Pero si alguien pensaba que, una vez que Tancara no estaba, se podía pasar a ocupar su lugar y seguir con el business as usual, debería haber buscado una manera mucho más discreta de sacarle del camino. El enfrentamiento desató tal escándalo mediático —al mostrar que no sólo se podía conseguir armas de fuego dentro de un penal, sino que se permitía fiestas con alto consumo de alcohol que duraban dos días y un montón de otras contravenciones de los reglamentos— que condujo a la destitución del mayor de policía a cargo de El Abra y su jefe de seguridad, de Mejía, Ramírez y otros funcionarios involucrados, y su posterior juicio por corrupción. Retiradas las piezas claves, ya no quedaba una red de la que apropiarse. Mientras tal red seguía en pie, no había pugna de poderes sino más bien una coincidencia excesiva de poderes.

CAPITAL SOCIAL Y CONTROL SOCIAL

La red de extorsión cuyo nudo central era Edgar Tancara no era algo que él había montado desde cero una vez que llegó a El Abra. Era algo que se iba construyendo desde más de una década antes. Se originaba en su carrera policial fallida y tenía como componentes esenciales, además de sus vínculos con la policía, sus aliados en el Régimen Penitenciario y en el aparato judicial. Sin la información y la protección —casi, se podría decir, el apoyo institucional— que ellos le dieron a cambio de dinero, su aparato de matonaje dentro de la cárcel jamás hubiera llegado tan lejos. Blas Valencia intentó hacer algo similar en Chonchocoro, basándose solamente en la presión que pudo aplicar a los mismos presos. No dispuso de una fuente de información que le permitió la aplicación selectiva de sus exigencias, y sus aliados externos no eran funcionarios sino familiares de algunos de sus asociados. El preso extorsionado tenía que instruir a su familiar o allegado a presentarse en cierto local o calle en El Alto a una hora determinada, donde encontraría a una persona cuya descripción le habían dado. Tenía que portar el dinero exigido en un sobre cerrado con el nombre del preso en cuyo supuesto beneficio lo estaba entregando, y entregarlo a la persona indicada. Esta se ocupaba de comunicarse con Blas y el preso en cuestión ya no era presionado. Pero algunos simplemente no podían conseguir dinero. Esta era una situación comprometedora para el extorsionador: aunque resultaba evidente que era imposible que la víctima cumpla, no podía cesar en sus demandas y dejarle ir, porque quedaría en entredicho su supuesta implacabilidad, y si quería seguir en el negocio, a futuro tendría que optar por presiones cada vez más extremas que a la vez aumentarían los riesgos de ser intervenido.

En el caso de un detenido alteño sin recursos económicos, Valencia se vio reducido a tener que interrogarle sobre qué tenía en su casa para ver si había algo de relativo valor que podría exigirle. Quedaron en que debía darle su televisor. La víctima era interno nuevo, y sólo después de seis meses un preso puede solicitar el ingreso de un televisor para su uso personal. Entonces le dieron el nombre de otro interno más antiguo; su mujer tenía que traer el aparato a la cárcel y entregarlo en nombre de esa persona. Pero ella no comprendió el trato, y cuando ingresó al penal dijo que el televisor era de su marido, pero que le estaban obligando bajo amenazas a hacerlo traer para darlo a otra persona. Esta fue la punta del ovillo que bastó para desatar la red incipiente de Valencia, quien luego fue trasladado al Punto de Control 7 de la cárcel de Palmasola, que es como se denomina el pabellón de ese penal destinado a los reos "más peligrosos". El día de su traslado, Valencia ordenó hacer un reparto de sobres de pasta base entre los internos, quienes se amontonaron y empezaron a gritar que él era muy buena persona, que nunca había hecho nada malo y ellos querían que se quedara; pero ya era tarde. El ex policía fue trasladado lanzando amenazas de muerte a todos los policías y personal del Régimen penitenciario presentes, y a sus familias más, pero hasta la fecha ninguno ha sufrido un rasguño.

Pues, la idea de que, desde la cárcel, es fácil contratar a un sicario o matón que va a desfigurar o sino asesinar a los hijos de alguien o a ese mismo, es una de esas leyendas urbanas que tiene poco sustento en la realidad; pero funciona como amenaza en tanto que las personas crean en ella. Es parte del mismo mundo de fantasías creado como las fugas masivas, habitualmente citadas por los funcionarios de Régimen Penitenciario como supuesta justificación para cualquier problema —por ejemplo, un incendio— en una cárcel, alegando que fue provocado "en pos de una fuga masiva", cuando más bien son consecuencias accidentales de una infraestructura deficiente (Spedding, 2008: 113-115). Exceptuando Chonchocoro¹², la mayoría de las cárceles bolivianas está en tal estado que si los presos no fugan es porque no quieren hacerlo, ya que, en caso de ser recapturados, pierden derecho a todo beneficio (como acceder a la libertad condicional antes de completar su sentencia), y, para evitar la recaptura, es necesario abandonar a su familia, su casa y todo lo demás de su vida anterior. De hecho, la mayor parte de los que sí fugan termina siendo recapturada justamente por haber ido a ver a su familia. Pero, como hemos visto, en ocasiones hasta los mismos presos terminan creyendo en la realidad de esta fantasía. Otro clisé de la misma laya es el "ajuste de cuentas", levantado como explicación casi automática cuando aparece un cadáver en circunstancias no aclaradas, y más aún si resulta tener antecedentes criminales, sobre todo de narcotráfico. He dicho "explicación", ya que aparenta serlo, pero en realidad esta frase no explica nada, y menos cuando aún no se sabe quién le mató y menos por qué.

Donde sí es factible conseguir que asesinaran a alguien es cuando se trata de una persona que está dentro de la cárcel. No conozco si el colombiano en El Abra tenía antecedentes carcelarios, pero él tenía suficiente familiaridad con el contexto como para saber que habría terceros disponibles para matar a Tancara. A la vez, era un caso excepcional porque dicho individuo había abusado a tantos que casi todos estaban en su contra. Dejando a un lado los linchamientos de pedófilos, que expresan el rechazo social a la violación de menores de edad y en particular, de infantes, hay diversas razones que inducen a un preso a buscar la muerte de otro. Muchas veces tratan de algo que hizo afuera —como haberse metido con su mujer, un reparto considerado injusto del botín o se sospecha que él era quien dio un "soplo" a la policía— y otras veces son roces surgidos dentro del penal. Es cierto que en varios casos estos roces surgen del manejo de fuentes de ingresos ilícitas, que es lo que se suele llamar "pugna de poderes". Sin embargo, en todas las cárceles existe cierto tráfico de alcohol, de sustancias controladas, y diferentes tipos de favores sexuales. Lo mismo ocurre con el negocio de asuntos que podemos llamar "paralegales", como permisos de salida, gozar de ciertas comodidades o librarse de restricciones, etc., que puede extenderse a manipuleos jurídicos. En general estos tratos se mantienen a través de contactos dispersos y en un nivel que no atrae la atención externa. Es más bien excepcional que lleguen a centralizarse y aumentar su nivel hasta convertirse en algo que induzca a enfrentamientos y hasta muertes.

La mayoría de los presos esperan cumplir sus sentencias y salir cuanto antes de la cárcel, y mientras tanto, tener una vida tranquila y cómoda en tanto que sus circunstancias lo permitan. Aunque no todos los asesinatos ocurridos dentro conducen a un proceso y condena a sus autores, el interno que decide, o acepta, matar a otro acarrea el riesgo de adquirir una sentencia adicional de treinta años aparte de la condena que ya tiene. Entonces, ¿quiénes están disponibles para tal acto? Como hemos visto, no suelen ser los mismos individuos que "mueven y sacuden", es decir, los que dirigen redes de negociados dentro y fuera de la cárcel. Más bien, suelen ser los que no tienen redes de ningún tipo. Generar ingresos dentro de una cárcel boliviana depende a la vez de contactos con el mundo exterior, para traer insumos y vender los productos terminados. En primer lugar, estos contactos son los familiares, luego otras amistades y conocidos, y en casos provienen de instituciones (las diversas iglesias destacan en esto). Hay presos que no tienen familiares, o estos se encuentran muy lejos, y rara vez o nunca vienen, como es el caso de muchos presos extranjeros. Otros sí tienen parientes, pero ellos no quieren verles más. Esto ocurre con mayor frecuencia en tanto que estén cumpliendo una segunda o subsiguiente condena. Muchas familias están dispuestas a disculpar una primera condena, suponiendo que el delito que se le imputa representa una equivocación, un tropiezo casual o una calumnia: pero, cuando este vuelve a la cárcel, varias concluyen que no ha sido capaz de recapacitar y pierden interés en ayudarle. Finalmente hay esos presos que han cometido los delitos más rechazados socialmente, donde sobresalen los violadores y, más que todo, los que han violado a menores de edad.

Estos individuos se encuentran totalmente desprovistos de cualquier tipo de asistencia que no fuera la que puedan procurar de sus compañeros de encierro. Son los que no pueden pagar su cuota de ingreso, porque no hay quien les lleve dinero, e inician su carrera carcelaria realizando tareas de servicio. Esta suele ser su única oportunidad a futuro —limpiar la celda de otro, lavar su ropa y su vajilla, traerle la comida, hacer sus mandados. Están agradecidos cuando reciben cualquier pago, aunque sea reducido, o regalos de ropa o algún bien de consumo (incluyendo drogas y alcohol). Según el caso, esta relación de servidumbre doméstica puede afirmarse y extenderse hasta que el preso se pueda ocupar de otras tareas más propias de un guardaespaldas o lugarteniente y finalmente llegar a los asesinatos por encargo. Tal relación nace del encuentro entre dos extremos: de un lado, los marginados entre los marginados, los que están aislados hasta dentro de la cárcel y no tienen absolutamente nada ni social ni económicamente; de otro lado, los menos marginados, los que mantienen amplios contactos dentro y fuera del penal, y tienen los recursos para manejarlos y así obtener más recursos todavía. Los segundos, por ejemplo, son los que pueden procurar armas y otros materiales formalmente prohibidos, conseguir información judicial, y demás. Las situaciones patológicas de abusos extremos surgen cuando hay la coincidencia excepcional, no sólo de un preso como Tancara con una red preexistente de contactos útiles, sino de otros individuos con características similares en puestos claves fuera de la cárcel, y además, que la estructura social propia de la cárcel de El Abra cuando ocurrieron estas coincidencias habría sido particularmente debilitada.

Lo que no se suele tomar en cuenta son los casos negativos, es decir, cuando se impidió el surgimiento de aparatos abusivos tipo Tancara. Estos casos señalan que hay cárceles cuya estructura social está suficientemente firme como para frenar los abusos. Un ejemplo proviene de la cárcel de San Roque (Sucre) en 2016, cuando llegó el ex fiscal Humberto Quispe. Este había sido procesado por una serie de irregularidades cometidas en virtud de su cargo como fiscal; eran tantas que había toda una asociación de "víctimas del fiscal Humberto Quispe". Podemos suponer que tampoco las cometía solo, sino que tenía su propia red dentro del poder judicial, incluyendo la Corte Suprema, en Sucre. En tanto que llegó a San Roque, intentó establecerse como intermediario, manipulador y traficante de influencias. Pero los demás internos, a la cabeza de su delegado, un estafador con maestría en Administración de Empresas, reaccionaron y protestaron tanto que procuraron el traslado de Quispe a la cárcel de Cantumarca (Potosí) antes de que este pudiera afirmar sus "poderes" (y se deduce que en Potosí estaba apartado de contactos que le hubieran ayudado a hacerlo). Los reportajes indicaron que, en su primera estadía en El Abra, Tancara procuró que sus secuaces asesinaran al entonces delegado en jefe, pero él no llegó a ocupar ese cargo sino unos dos años más tarde, cuando volvió con una segunda condena. Obviamente, el puesto no habría quedado vacante durante ese lapso, pero quienquiera que fuera el que lo ocupaba mientras tanto no causó impresión ni tuvo tanto apoyo como para exigir eliminarle también para que Tancara pudiera ganar la elección (que debe repetirse anualmente, aunque se admite la reelección, no sabemos si de manera indefinida). Más que "autonombrarse", como alegan los reportajes, no habría tenido candidatos rivales importantes, y es más que probable que hiciera campaña repartiendo regalos tal como lo hizo a destiempo Blas Valencia. En los años 1990, había varios presos y presas por delitos cometidos siendo miembros de grupos armados de izquierda, y estas personas frecuentemente ocuparon cargos de delegados; según entrevistas, su elevado grado de compromiso moral conducía a un rechazo tajante de todo manejo corrupto durante sus estadías. Puede ser cierto tratándose de su conducta personal, pero la ausencia de episodios como de Tancara en esos años también tendría que ver con la composición de la masa de privados de libertad entonces: predominaban reos por delitos de sustancias controladas, y esas personas —en contra del estereotipo— mayormente son comerciantes pacíficos sin orientación delictuosa más allá de haber manejado una mercancía prohibida por ley.

Hay otro aspecto en común de esos casos estereotipados como "pugna de poderes": todos ocurren en cárceles de varones. Un motivo para su ausencia en penales de mujeres es que la violencia que apuntala los "poderes" masculinos no es parte de la identidad femenina. De hecho, entre presas, el asesinato es el delito más rechazado, a tal extremo que detenidas por este crimen tratan de hacerse pasar como culpables de delitos de sustancias controladas (Reyes García, 2015). Hasta ahora casi la mitad de las mujeres presas están por sustancias controladas, a diferencia de la actual composición de los varones presos. Otro estereotipo expresa que mujeres encarceladas son abandonadas casi de inmediato por sus maridos o parejas, mientras que las esposas siguen visitando a sus maridos en la cárcel, aunque se carece de un seguimiento sistemático que fundamente la veracidad de esta aseveración; igualmente, se carece de datos más que anecdóticos sobre la mantención de vínculos con los hijos según género de la persona privada de libertad. Tampoco existen en Bolivia registros sobre reincidencia en general y desglosados por género, siendo que entrar varias veces a la cárcel es un factor en la marginación extrema que proporciona "soldados" que efectúan los abusos dirigidos por los jefes con "poderes", aunque la información dispersa disponible sugiere que la reincidencia múltiple es más frecuente en los detenidos por robo, especialidad masculina. Las mujeres son estructuralmente marginales en el sistema penitenciario, en primer lugar, simplemente por su número reducido. Representan menos de 10% del total de la población carcelaria, y en la mayoría de los departamentos del país no pasan de unas decenas; sólo en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz hay centros femeninos cuyas reclusas llegan a sumar centenares. Tales contextos limitados restringen de entrada la posibilidad de armar redes extensas de negociados.

El régimen de mujeres es más estricto en ciertos aspectos, en particular referentes a su vida sexual —hay fuertes restricciones a sus posibilidades de tener visitas conyugales, y aún menos opciones para sexo casual con visitantes o prostitutos. Ellas mismas colaboran en imponer este control a sus compañeras, no solo en la sexualidad sino en el cumplimiento general con roles correctamente femeninos hasta en la higiene (corporal y de los espacios que ocupan) y en evitar el consumo excesivo de alcohol y drogas, que están más dispuestas a denunciar a Seguridad, conducta no aceptable entre varones si el soplón no quiere sufrir las consecuencias. La aspiración al rol del "delincuente" rebelde y desafiante no es frecuente entre presas, y muy pocas tendrán la carrera y los contactos previos de Tancara. Las relaciones interpersonales entre mujeres no se jerarquizan, como es habitual entre varones; esto implica que, entre otras cosas, el sistema de delegados sea más débil y que ellas recurran directamente a las policías a cargo para solucionar problemas que en las cárceles de varones son dirimidos por los delegados. Hacen esto aunque los problemas parezcan totalmente triviales —un intercambio de palabras o que el pequeño hijo de una interna ha hecho caer la taza de otra. Lo máximo que hacen frente a una interna cuya conducta les resulta insoportable por uno u otro motivo es tratar de reunir apoyo mayoritario para exigir su traslado a otro centro; no se vengan en ella misma. En resumen, aplican un control social que impide el surgimiento de aparatos abusivos. Esto también ocurre en cárceles de varones; de hecho, es el caso en la mayoría de ellas durante la mayor parte del tiempo, pero hemos apuntado factores coyunturales que, junto con el desgarro de este control, permiten los reinados mañosos. Irónicamente, las presas no son vistas como un modelo para procurar que las cárceles en general sean pacíficas; más bien, tanto policías mujeres como varones destinados a cárceles coincidieron en entrevistas que las mujeres son más "problemáticas" que los varones.

¿Cómo interpretar estas opiniones que parecen descartar la evidencia empírica sobre quiénes provocan los problemas realmente graves? Atribuirlo a un "patriarcado" plano y universal, en base al cual todo lo que hacen las mujeres es de menor valor que lo que hacen varones porque son mujeres quienes lo hacen, es una seudoexplicación en el mismo nivel que creer que llamar "ajuste de cuentas" a una balacera en la calle lo ha aclarado. Los mismos internos que vivían bajo Tancara describieron como "de película" los "tres anillos" sucesivos de "soldados", cada anillo sucesivo siendo de mayor confianza del caudillo, anillos que según ellos había que pasar para tener un contacto cara a cara con el jefe; es decir, tanto ellos como la administración recurre habitualmente al cine para interpretar la realidad carcelaria. Episodios como el de Tancara reproducen las situaciones dramáticas que son el pábulo de películas de estreno; la tediosa realidad cotidiana de una cárcel, donde predomina la rutina, el aburrimiento y las querellas mínimas que en un contexto menos frustrante no provocarían la ira de nadie, nunca vendería entradas. De la misma manera, la prensa escrita reporta un decomiso de cientos de kilos de cocaína y no el arresto de una vendegramos callejera, un atraco a un banco y no el robo de un celular. De ahí se concluye que las cárceles están llenas de delincuentes "grandes", que además poseen millones mal habidos, y no el conjunto de miserables ya marginados antes de entrar que realmente las ocupan. Policías entrevistados indicaron que ellos mismos compartían estas ideas cuando fueron destinados a una cárcel. No sólo el silencio de ex privados de libertad, sino los controles administrativos ayudan a ocultar la realidad penitenciaria; se prohibe grabar o filmar dentro de un penal excepto con un permiso especial, y las cámaras entraron recién a El Abra para filmar a Tancara muerto, nunca a presos almorzando con sus familias un día de visita o lavando su ropa o haciendo fila para el rancho cualquier día de la semana. La atmósfera de una cárcel de mujeres —yo describía a Miraflores como "un internado de chicas con barrotes"— no coincide en nada con las preconcepciones establecidas que, en ausencia de cualquier formación específica en temas penitenciarios, son todo lo que los encargados tienen para guiar sus acciones.

Estos contrastes según género no son exclusivos de cárceles bolivianas ni son recientes. Becker (1998/2014) resume dos investigaciones en cárceles de los EE.UU., publicadas en 1958 (sobre varones) y en 1965 (sobre mujeres) que presentan un panorama similar: "los presidiarios en cárceles de hombres (...) creaban gobiernos de convictos que se ocupaban de mantener el orden interno; desarrollaban mercados informales pero ordenados para la compra y la venta de cigarrillos, drogas (...) organizaban la actividad sexual; hacían cumplir un estricto código de conducta carcelaria poniendo énfasis en (...) no dar jamás información (...) a los oficiales y guardiacárceles (.. .)"(ibid.: 183). En cárceles de mujeres, ocurrió "Todo lo contrario (...) las mujeres (...) delataban unas a otras de tal manera que ocasionaban problemas constantes para sí mismas y para el personal de la cárcel. No existía ninguna clase de mercado alternativo. La vida sexual no estaba organizada con el estilo predador imperante en las cárceles de varones; en cambio, las mujeres desarrollaban pseudofamilias en las que las que eran más masculinas actuaban como esposos y padres" (ibid.: 184). Los estudiosos explicaron lo que pasó en el penal de varones como respuesta a las privaciones, en primer lugar, de "autonomía" a que respondían creando su propio "gobierno" (que no era reconocido oficialmente como lo es en Bolivia), y luego, para abastecerse de drogas y sexo de los cuales igualmente estaban oficialmente privados. Hasta allí tenemos una explicación (nada profunda, diría yo) también aplicable en Bolivia y que además abarca a las mujeres. Mientras que allá "las cárceles de mujeres permiten a sus reclusas comprar las cosas que necesitan, como cosméticos y ropa, de modo que no hay necesidad de un mercado alternativo" (ibid.: 185) —se deduce que es la administración la que ofrece estos bienes—, como ya hemos dicho, en las cárceles bolivianas todo se obtiene a través de mercados no oficiales, aunque en el caso de ropa, comida suplementaria e incluso cigarrillos y hojas de coca, esto es abierto y autorizado por la administración.

Pero la ausencia de "autogobierno" y predación sexual, siendo estos reemplazados por "pseudofamilias" entre las mujeres, es explicada en términos que portan la señal de la época cuando se hizo el estudio: "las mujeres no estaban privadas de autonomía porque, como les explicaron a los investigadores, jamás habían sido autónomas, siempre habían vivido bajo la protección —y habían sido sometidas a la autoridad— de un hombre: padre, marido, o amante. La cárcel las privaba (...) de esa clase de protección (...) Entonces (...) desarrollaron un sistema de relaciones homosexuales en el que una mujer ocupaba el rol de hombre protector" (ibid.: 184). Creo que, incluso en los años 1960 y mucho tiempo atrás, la vasta mayoría de las mujeres bolivianas nunca habían vivido bajo esa especie de "protección", sino que han ejercido bastante autonomía en sus actividades económicas y sociales, tanto por razones culturales (al menos en la parte andina del país) como por motivos históricos y económicos: en una economía inestable y dependiente, el marido que mantiene —yo entiendo "proteger" como un eufemismo al respecto— a la mujer siempre ha brillado por su ausencia. Sería interesante saber si en los EE.UU., los grandes cambios sociales después de los años 1960 habrían alterado estas pautas sociales en cárceles femeninas; además de que, a principios de los 1960, ni reclusas ni investigadores habrían tenido una "conciencia elevada" (como decían las primeras feministas de segunda ola) y, por tanto, ambos grupos aceptaron la representación de las mujeres como dependientes y protegidas por varones y no cuestionaban hasta qué punto esto podría representar una falsa conciencia o el intento de retratarse como cumpliendo con el deber ser femenino de esos tiempos, que también habría incluido no consumir drogas, aunque fuera de la cárcel sí había las que lo hacían incluso entonces. Y falta aclarar cuáles mujeres asumieron el rol de "protector", ya que ellas al menos no habrían sentido la necesidad de tener una figura autoritaria de quien depender, si no que ellas mismas asumieron ser el jefe. Cayeron en un clisé de la sociología espontánea, en el mismo nivel que el clisé actual de hablar de "patriarcado" como supuesta explicación de cualquier diferencia según género. Pero esto sobrepasa el alcance de este artículo; más bien destaco que "Hasta las oficiales de la prisión se quejaban de la falta de un código entre las convictas" (ibid.). Aquí sí se observa una coincidencia y una continuidad: sus custodios perciben que las mujeres son "peores" para ellos que los hombres presos.

NOTAS

¹ Conflicto de intereses: el autor declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses que haya influido en su artículo.

² Doctora en antropología (London School of Economics and Political Science, Londres). Docente de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. E-mail: mamahuaco@hotmail.co.uk

³ Llajta es ‘pueblo’ o ‘ciudad’ en quechua, y en Bolivia es usado como apodo de la ciudad de Cochabamba, por ser la concentración urbana de quechua hablantes más grande del país. La frase figura en el título de Sánchez (2014b).

⁴ Sin duda hay bastante para investigar sobre los usos y costumbres policiales respecto a lo que se cuenta como violencia “excesiva”, pero parece que uno de los criterios de exceso es haber asentado golpes que dejan marcas inmediatamente visibles en la humanidad de la víctima. Aparte de utilizar objetos como mangueras que no marcan tanto como otros objetos contundentes, para mantener la violencia dentro de lo aceptable se debe pegar en partes
del cuerpo como la espalda y las nalgas, que no se descubren en situaciones públicas como audiencias judiciales.

⁵ Las ex casas residenciales son las cárceles de San Pablo en Quillacollo, San Pedro en Sacaba, San Roque en Sucre, y Mocoví en Trinidad (Beni). Miraflores en La Paz es una ex clínica. El Centro de Orientación Fenemina (Obrajes, La Paz) y San Sebastián Mujeres en Cochabamba eran colegios. San Antonio en Cochabamba es un ex mercado de papas y Patacamaya (La Paz) es un ex alojamiento incautado por tráfico de sustancias controladas.

⁶ Se le denomina así a la suma de dinero asignado por el Estado para cubrir la alimentación diaria de los reclusos.

⁸ La ciudad de Cochabamba y el valle circundante sufren de una escasez crónica de agua potable desde hace décadas, obligando a comprarla de particulares en cisternas cuando no hay fuentes alternativas.

⁹ En Bolivia no hay pena de muerte y tampoco cadena perpetua; treinta años es la sentencia más larga que se puede dar.

¹⁰ Ex coronel de policía que organizó una serie de robos a bancos y atracos a remesas cuantiosas. Él ubicaba los blancos y luego informaba a un grupo de ladrones profesionales peruanos. Lo primero que ellos hacían era ir a robar unos autos y luego dirigirse en estos al sitio indicado. Abandonaban los autos atravesados en la calle provocando una trancadera caótica, y entraban al banco. Mientras tanto, Valencia había desconectado la alarma automática que
unía el banco con la comisaría, bloqueando así los intentos de los empleados de llamar a la policía, que en todo caso no podía acercarse debido a dicha trancadera. Los ladrones tampoco tenían remilgos en matar a los policías de seguridad en el banco si estos se interponían en su camino. Esta muestra de total falta de solidaridad con sus compañeros de uniforme fue un motivo de rechazo hacia Valencia cuando sus fechorías salieron a luz y tendrá que ver con la ausencia de vínculos entre él y los policías una vez que fue encarcelado (ver infra).

¹¹ Cárcel de varones de alta seguridad, ubicada en el Altiplano paceño cerca a la ciudad de El Alto.

¹² Que, según un ex director de la misma, es excepcional a nivel latinoamericano por no haber tenido una sola fuga hasta la fecha. Este es el motivo de haberlo transformado en el depositario de todos los presos “más peligrosos” de los demás departamentos del país.

¹³ Ya que todo el mundo sabe que es imposible demandar a alguien sobre dinero ilegal, laúnica opción frente a un colega que no paga sus deudas es nunca más hacer negocios con él, y además avisar a todos los demás colegas del gremio que es indigno de confianza y que tampoco deberían tratar con él a futuro.

BIBLIOGRAFÍA

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