LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO²

Antonio Edgar Moreno Valdivia*

Bolivia no se halla al margen de situaciones de violencia, en general, y, en particular, de aquella dirigida en contra de las mujeres. La violencia con raíces estructurales vinculadas a la irresuelta cuestión social, la dependencia, el modelo de desarrollo, la crisis urbana, la cultura patriarcal y el carácter multiétnico y pluricultural del país, constituye una constante histórica que, con distintos niveles de intensidad, se expresa en una multiplicidad de formas que se hallan determinadas por variables tales como edad, sexo, status, procedencia, ocupación laboral y nivel económico.

Una de las formas más frecuentes de la violencia es la denominada violencia intrafamiliar o doméstica, hasta hace poco casi imperceptible. En la actualidad, ha irrumpido en la sociedad boliviana poniendo en evidencia una alarmante magnitud y frecuencia, que asume dimensiones dramáticas. A tal punto se han incrementando las cifras de la violencia intrafamiliar en contra de las mujeres que, por las secuelas físicas y los trastornos psicológicos que provoca en las victimas, ha dejado de ser un asunto privado y se ha convertido en un grave problema de salud pública.

Al llegar a cifras alarmantes y rebasar los límites de lo privado y el conflicto individual se han multiplicado los esfuerzos de instituciones gubernamentales y no gubernamentales para prevenir y atender las manifestaciones de violencia en contra de las mujeres. Bajo este contexto, el Estado Boliviano ha establecido un Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Contra la Mujer, cuyos ejes principales son la Ley de Descentralización Administrativa, la Ley de Participación Popular y la Ley de Municipalidades.

El conjunto de estas disposiciones legales engloba dos dimensiones. Por un lado, la incorporación en la formulación de las políticas sociales del concepto de desarrollo humano, que hace referencia a la ampliación de opciones y oportunidades de que disponen las personas en cuanto a tener una vida larga y saludable y un nivel de vida decoroso y libre de privaciones reñidas con los derechos humanos. Por otro lado, la asignación a los Gobiernos Municipales de nuevas atribuciones y responsabilidades en ámbitos sociales de mayor conflictividad. En razón de ambas disposiciones, surgen los denominados Servicios Legales Integrales Municipales (SLIMs), como uno de los brazos operativos para enfrentar la violencia intrafamiliar en contra de las mujeres.

A pesar de las acciones institucionales que cumplen estos servicios municipales los elevados índices de violencia intrafamiliar o domestica no han disminuido, paradójicamente se han incrementado. Por ello, a casi más de cinco años de su implementación, existe la necesidad de analizar críticamente la labor institucional de los SLIMs. Este fue el propósito de la investigación realizada a través del Taller de Investigación, Paralelo "C" durante la gestión académica 2005. Dicha investigación estableciendo una convergencia lógica y coherente entre la metodología cualitativa y cuantitativa analizo las causas, las repercusiones de la violencia intrafamiliar en la ciudad de El Alto y su tratamiento institucional por parte de los SLIMs que actualmente funcionan en esta ciudad. Las siguientes páginas constituyen una apretada síntesis de dicha investigación.

Rutinización de la Violencia

El actual modelo de desarrollo que prevalece en Bolivia ha configurado una tendencia dominante que se caracteriza por situaciones de pobreza, desocupación, subempleo y una profunda crisis urbana. Bajo este contexto, la mayoría de los problemas sociales están vinculados a la falta de empleo, la inestabilidad laboral, los bajos ingresos y el deterioro del nivel de vida. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que estos males sociales activan y profundizan otras secuelas sociales de carácter negativo que se manifiestan en situaciones de inseguridad humana y de violencia fáctica y simbólica.

La violencia no es un fenómeno social nuevo ni reciente, con diferentes matices y niveles de intensidad, constituye una constante histórica que tiene viejas causas y nuevas manifestaciones. Hasta hace algún tiempo atrás resultaba difícil aceptar a Bolivia como un país con un temperamento violento, pues no tenía el privilegio de la violencia y no presentaba situaciones extremas. Sin embargo, paulatinamente esta realidad fue modificándose y en la actualidad se advierte una espiral ascendente y una rutinización de la violencia con características diferentes a otros periodos, como consecuencia de los profundos cambios económicos que se han implementando aduciendo la necesidad de influenciar o modificar el camino hacia el bienestar social y el crecimiento económico.

En el país, existe una multiplicidad de manifestaciones de violencia que se recubren y se retroalimentan mutuamente, siendo muy diversos los actores que participan de ellas (Neira, 1987). En función de ello y según los intereses en juego, los agentes, las víctimas, los escenarios, los instrumentos, la temporalidad y los efectos provocados, se habla de violencia estructural y coyuntural, violencia política y cultural, violencia fáctica y simbólica, violencia real o encubierta, violencia estatal, social o familiar, violencia intrafamiliar, violencia de género y violencia generacional. Las causas de estos diferentes tipos de violencia son múltiples y bastante complejas, pero están principalmente determinadas por la estructuración de una organización social basada en la desigualdad, la discriminación y la marginalidad. En este marco, la cotidianidad, la intensidad, la visibilidad y la complejidad de los factores precipitantes o circunstancias que rodean los hechos de violencia han configurado una sociedad predispuesta a la violencia, dentro la cual tienen lugar algunas manifestaciones específicas, como la violencia en contra de las mujeres.

La violencia basada en la variable género, es un fenómeno antiguo y complejo que tiene un carácter estructural vinculado a construcciones sociales que definen y articulan los ámbitos "masculino" y "femenino" en función de relaciones asimétricas de poder que desvalorizan lo femenino y establecen desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales que permiten y favorecen a los hombres en el ejercicio del poder y 278 el derecho a intimidar, controlar y maltratar. La violencia de género está vinculada a la existencia del "machismo" que históricamente aparece con la emergencia de la familia patriarcal que asigna al hombre a las actividades productivas y públicas y relega a la mujer a las actividades domésticas y privadas. Es así como la división de los papeles entre lo masculino y lo femenino se fueron fijando hasta considerarse biológicamente inherentes a cada sexo (Monzón, 1988). Esta situación, que plantea la inferioridad de lo femenino y la supremacía de lo masculino, persiste a lo largo de la etapa esclavista y se profundiza en la edad media cuando la subordinación de la mujer llega a ser casi total y donde las instituciones feudales construyen imaginarios equivocados respecto a la mujer con el propósito de validar la supremacía masculina (Ibid.).

En el capitalismo, tanto en la estructura como en la superestructura, con el propósito de justificar la marginalidad y la discriminación de la mujer, la ideología burguesa genera e impulsa una serie de acciones, actitudes y prejuicios machistas que refuerzan una imagen estereotipada de lo femenino que se expresa en la concepción de la mujer como objeto sexual el establecimiento de privilegios económicos, políticos, jurídicos laborales y culturales en favor del hombre, la exclusión de la mujer de decisiones importantes, las limitaciones de sus oportunidades de acceso a una preparación técnica y científica la imposibilidad de decisión en torno a su sexualidad, Is negación de su acceso al mundo público y el confinamiento s la esfera de la familia.

En pleno siglo XXI, todas estas situaciones que refuerzan el mito de la supremacía masculina, son socialmente aceptadas y reproducidas sutilmente por diversos agentes socializadores como la familia, la escuela, las leyes, las instituciones y los medios de comunicación. En este contexto, el machismc históricamente como forma sutil de subordinación continúa asignando a los hombres de manera casi natural el derecho de controlar, educar, corregir y castigar a la mujer.

En este contexto histórico social, la violencia contra la mujer presenta diferentes manifestaciones al interior del sistemé social y resulta imprescindible diferenciar sus expresiones fácticas y simbólicas, en los diferentes ámbitos públicos > privados. En tal sentido, cabe señalar que la violencia en contre de las mujeres tiene una matriz bidimensional, por un lado ideológica/cultural y, por otro lado, familiar/personal. Si bier esta última es consecuencia de la primera, ambas se alimentar y retroalimentan mutuamente, siendo uno de los espacios principales donde se reproduce esta interrelación el ámbitc doméstico, espacio en el cual se reproduce la violencia intrafamiliar como resultado de las formas y las características de relacionamiento familiar que reproducen e internalizan los factores ideológico/culturales que prevalecen en determinado sistema social.

Violencia Intrafamiliar

A pesar de la existencia de la violencia intrafamiliar desde épocas remotas y la evidencia empírica de sus efectos negativos en el desarrollo integral de la mujer, son muy recientes los esfuerzos masivos para enfrentarla, controlarla y prevenirla. En la década de 1970, las corrientes feministas analizan el alcance de la violencia contra la mujer y la consideran como un fenómeno social exclusivamente masculino. La labor de este movimiento de mujeres posibilita que el problema de la violencia en contra de las mujeres tenga la visibilidad y el peso suficiente para que diversas instituciones, la sociedad y el propio Estado se interesen por el tema de la violencia intrafamiliar en contra de las mujeres. Bajo este marco, el logro más visible de las demandas de las mujeres y los grupos femeninos organizados es haber colocado en la agenda pública mundial y nacional la temática de la mujer en todas sus dimensiones, particularmente aquella referida a la violencia intrafamiliar o doméstica como una violación de los derechos humanos y como un problema que transciende el ámbito privado y que resulta imprescindible abordarlo públicamente para tratar de prevenirlo, erradicarlo y sancionarlo.

En 1993, por el número de víctimas y las lesiones físicas y psicológicas que produce, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, definieron a la violencia intrafamiliar contra la mujer como un problema de salud pública, reconociendo que este flagelo social está deteriorando el capital humano y menoscabando el desarrollo sostenible y las bases de la institucionalidad democrática.

En ese mismo año, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres define a la violencia intrafamiliar contra la mujer como cualquier acto violento que, basado en el género, da o puede dar lugar a un perjuicio o sufrimiento físico, sexual o psicológico de las mujeres. Asimismo, sostiene que la violencia intrafamiliar en contra de las mujeres es la violación más generalizada de los derechos humanos y que se manifiesta en numerosas formas fácticas y simbólicas. Un año después, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer define a la violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tantc en el ámbito público como en el privado. Más adelante, afirmé que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidac humana y una manifestación de las relaciones de podei históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Por otrc lado, señala que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad afectando negativamente sus propias bases, independientemente de la clase social, raza c grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edac o religión.

En la actualidad, las Naciones Unidas y la Organizaciór Panamericana de la Salud definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexc femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño c sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produjera en la vida pública como en la vida privada.

En el Artículo 5^o, se considera hechos de violencia doméstica las agresiones cometidas entre ex/cónyuges, ex/convivientes o personas que hubieren procreado hijos en común legalmente reconocidos o no, aunque no hubieran convivido. Más adelante, en el Artículo 6^o, se reconoce las siguientes formas de violencia: Violencia Física, las conductas que causen lesión interna o externa cualquier otro maltrato que afecte la integridad de las personas; Violencia Psicológica, las conductas que perturben emocionalmente a la víctima, perjudicando su desarrollo psíquico y emotivo; y Violencia Sexual, las conductas, amenazas o intimidaciones que afecten la integridad sexual o la autodeterminación sexual de la víctima. Asimismo, se considera hechos de violencia en la familia cuando los progenitores, tutores o encargados de la custodia pongan en peligro la integridad física o psicológica de los menores, por abuso de medios correctivos o disciplinarios o por imposición de trabajo excesivo e inadecuado para la edad o condición física del menor. Igualmente, se considera actos de violencia en la familia los realizados contra los mayores incapacitados.

Cifras de la Violencia Intrafamiliar

Con relación a la magnitud y frecuencia de la violencia en Bolivia, se sabe que del total de hechos de violencia registrados, entre el 70 y más del 80% corresponden a formas de violencia intrafamiliar y que entre el 88 y 95% de estas denuncias es la mujer la principal víctima y el varón el principal victimario.

Para 1999, a nivel nacional, de cada 10 mujeres casadas o concubinadas, 5 mujeres reconocían que eran víctimas de violencia intrafamiliar o doméstica. Esta información estadística revela que en este periodo alrededor del 50% de la población femenina económicamente activa y en edad fértil sufría algún tipo de maltrato al interior del hogar.²

En el año 2003, a pesar de los esfuerzos de las políticas públicas y las estrategias implementadas, la prevalencia de la violencia intrafamiliar se había incrementado porcentualmente, lo que equivale a decir que, en esa época, de cada 10 mujeres 6 eran víctimas de violencia doméstica (OPS/OMS, 2004).

Para el año 2004, un informe elaborado por el Comité Impulsor del Abordaje de la Prevención, Detección y Atención a las Victimas y Sobrevivientes de la Violencia Sexual, afirma que en Bolivia 7 de cada 10 mujeres sufre algún tipo de violencia,

sea física, psicológica o sexual y que por lo general estos tres tipos de violencia se presentan de manera simultánea.

En el año 2005, un informe elaborado por el Viceministerio de la Mujer señala que en el periodo 2003 y 2004, el 88% de las mujeres sufre algún tipo de violencia doméstica frente a un 12% de los hombres. De estos datos se deduce que de cada 10 mujeres 9 sufre algún tipo de violencia, frente a 1 de cada 10 hombres, incrementándose el número de denuncias como consecuencia de contar con políticas y normativas implementadas desde 1995 (Viceministerio de la Mujer, 2005).

CUADRO 1 CIFRAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Por estos datos estadísticos, se advierte que, a pesar de la implementación de políticas de Estado y acciones públicas y privadas dirigidas a la identificación, erradicación y control de la violencia intrafamiliar y doméstica, las manifestaciones violentas en contra de las mujeres se vienen incrementando persistentemente.

Una vez conocida e identificada la prevalencia y la magnitud de la problemática social de la violencia intrafamiliar se ha implementado diversos y variados intentos para controlar, prevenir y atender las manifestaciones violentas en contra de las mujeres, por parte de organismos nacionales e internacionales. En este contexto, a nivel de políticas sociales, el Estado Boliviano ha establecido el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (2001-2003), con el propósito de lograr la disminución de la violencia hacia las mujeres, abarcando las relaciones ínter e intragenéricas, orientado a generar valores de convivencia pacífica y mayores marcos de tolerancia en las actitudes de hombres y mujeres, rescatando la necesidad de la autodeterminación, fundamentalmente de hombres y mujeres, sin distinción de sus condiciones determinadas por el sexo, raza, etnia, clase o edad.

El diseño y la implementación del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (2001­2003) se hallan en función de tres instrumentos jurídicos principales:

• La Ley N° 1654 de Descentralización Administrativa del Poder Ejecutivo a través de la cual se transfiere y delega atribuciones de carácter técnico administrativo a nivel departamental en términos de recursos económicos, financieros y se fortalece la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública en la prestación de servicios en forma directa y cercana a la población en forma equitativa e igualitaria.

• La Ley N° 1674 Contra la Violencia en la Familia o Doméstica de 15 de Septiembre de 1995 y su reglamentación mediante el Decreto Supremo N° 25087 de 6 de Julio que prevé la creación de los Servicios Legales Integrales para la atención de la violencia doméstica, la conformación de Brigadas de Protección a la Mujer y la Familia. Asimismo, el tratamiento de la Violencia Intrafamiliar como problema de salud pública y el abordaje intersectorial en la prevención y atención de la violencia intrafamiliar.

• La Ley N° 2028 de Municipalidades de 28 de Octubre de 1999, que en la jurisdicción y competencia de los Gobiernos Municipales en materia de servicios, establece como una de sus atribuciones principales el organizar, reglamentar y administrar los Servicios Legales Integrales Municipales de protección a la familia, la mujer y la tercera edad.

A través de estas disposiciones jurídicas se establece la Política del Estado contra la Violencia en la Familia o Doméstica, se conforma los componentes del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y se diseña una estructura Nacional de Defensa y Protección de la Mujer contra la Violencia Intrafamiliar en torno a tres niveles: nacional, departamental y local.

El Nivel Normativo a través del Ministerio de Desarrollo Sostenible, el Viceministerio de la Mujer y el Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia, a nivel nacional, tiene la misión de proponer políticas y normas de prevención, protección y atención integral de problemas vinculados a la violencia intrafamiliar.

El Nivel Ejecutivo Departamental, a través de los Servicios Departamentales de Gestión Social (SEDEGES), tiene como misión implementaren el departamento acciones de protección y defensa a la mujer maltratada, así como brindar servicios integrales para mejorar las condiciones de vida, en el marco de las políticas y normas nacionales.

El Nivel Operativo Municipal, en el ámbito de las jurisdicciones 285 municipales, tiene la misión de promover, defender y restituir los derechos de las mujeres y realizar las acciones preventivas contra el maltrato intrafamiliar. En correspondencia con este nivel operativo y en concordancia con los procesos de descentralización y desconcentración del aparato estatal, se ha conformado los Servicios Legales Integrales Municipales como brazos operativos en la lucha contra la violencia intrafamiliar.

De acuerdo a las disposiciones de la Ley 1674, promulgada el 15 diciembre de 1995, y el Decreto Supremo 25087, de 6 de julio de 1998, se conforma los Servicios Legales Integrales Municipales como mecanismos descentralizados y brazos operativos en la lucha frente a la violencia en contra de las mujeres.

El Artículo 20° de la norma reglamentaria señala que los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIMs), constituyen organismos de apoyo para la lucha contra la violencia en la familia y que deben funcionar en los diferentes municipios del país, como parte integrante de los Programas Municipales de la Mujer, siendo un servicio municipal gratuito y permanente de defensa psico/socio/legal en favor de las mujeres para brindar un tratamiento adecuado a las denuncias de violencia y discriminación. El principal objetivo de los Servicios Legales Integrales Municipales es contribuir a la prevención y la atención de manifestaciones de violencia intrafamiliar y violencia doméstica, proporcionando tratamiento social, psicológico y legal apropiado a las denuncias de los y las usuarias. Entre otros propósitos, los SLIMs buscan sancionar la violencia y la discriminación contra la mujer, capacitar a grupos de mujeres, sensibilizar a autoridades y conformar redes de defensa de la mujer.

Para inicios del año 2005, de acuerdo a datos proporcionados por el Viceministerio de la Mujer, a nivel nacional se cuenta 286 con 128 Servicios Legales Integrales que funcionan en los aproximadamente 325 municipios del país. Esta información revela que en este periodo alrededor de un tercio de los municipios del país ha establecido formalmente el funcionamiento de estos servicios municipales. En contraste, en casi dos tercios de los municipios del país no funcionan los SLIMs, principalmente por la falta de voluntad política expresada en la carencia de recursos humanos, económicos e infraestructura.

Violencia Intrafamiliar en la Ciudad de El Alto

Según un Informe Mundial sobre Violencia y Salud, la violencia intrafamiliar ocurre en todas las sociedades, independientemente del grupo social, económico, religioso y cultural. Sin embargo, este mismo documento expresa que, en condiciones de pobreza y desventaja social, algunos sectores sociales resultan especial y particularmente amenazados con mayor intensidad por situaciones de violencia doméstica debido a que se hallan expuestos a situaciones de vulnerabilidad familiar, social y estatal. Esta puntualización implica que la violencia intrafamiliar tiene un estrecho vínculo con la exclusión social y la pobreza, situaciones que caracterizan al país en su conjunto y en particular a la ciudad de El Alto.

El Alto refleja la aguda crisis socioeconómica que afecta al país y constituye la muestra más ilustrativa del conjunto de problemáticas económicas, sociales, políticas, demográficas y culturales que caracterizan a la sociedad boliviana. Es considerada una de las ciudades más importantes de Bolivia y, a pesar de ser una de las más jóvenes, es una de las ciudades más pobres.

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2001, de una población total de 649.958 habitantes, el 66% está concentrado entre los 0 y 29 años de edad. El Mapa de Pobreza 2001 informa que, de un total de 634.535 habitantes, 312.807 personas viven en condiciones de pobreza moderada, 108.434 personas en situación de indigencia y 3.263 personas en condiciones de marginalidad. Esto implica porcentualmente que 287 las situaciones de pobreza alcanzan al 66.9% de la población total.

Su acelerado crecimiento poblacional y la debilidad e incapacidad de su aparato productivo ha determinado que la mayoría de la población sobreviva a través de actividades informales principalmente vinculadas a los subsectores de servicios personales y comercio minorista. Lo preocupante de esta situación radica en el hecho de que estas actividades laborales de baja productividad generan ingresos económicos de subsistencia. Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral (CEDLA), el 62% de la población alteña gana menos de dos dólares por día para sobrevivir (La Prensa, 7 de Diciembre de 2003).

A la falta de empleos productivos se suman las dificultades de acceso y consumo de bienes y servicios básicos. Sólo el 52% de los hogares alteños cuenta con vivienda propia. Del total de 165.320 hogares, 57.728 acceden al agua potable por cañería dentro de la vivienda, 88.834 por cañería fuera de la vivienda y 18.758 hogares se aprovisionan de agua a través de piletas públicas, carros aguateros, pozos, ríos y vertientes. De un total de 104.721 hogares, 75.838 disponen como tipo de desagüe el sistema de alcantarillado y 28.883 tienen como desagüe pozos ciegos, cámaras sépticas o calles, ríos o quebradas aledañas a la vivienda. Con relación a la energía eléctrica, 140.852 hogares disponen de este servicio y 24.468 hogares no cuenta con este servicio.

En este contexto de pobreza, desocupación, subempleo, marginalidad e insatisfacción de necesidades básicas individuales y colectivas, la ciudad de El Alto se ha convertido en un espacio violento y conflictivo. Por tal razón, existe un criterio generalizado para afirmar que esta ciudad es la capital de la pobreza, la marginalidad y la violencia (La Razón, 29 de Septiembre de 2003). En efecto, los bajos niveles de vida que prevalecen en El Alto, sumados al complejo entramado cultural que caracteriza a esta ciudad, generan múltiples factores precipitantes para el ejercicio de la violencia. Por ello, no es casual que esta urbe registre la mayor cantidad de casos de agresiones contra los derechos fundamentales de las personas en particular de las mujeres. Según datos de la Fundación para la Mujer, en relación a las cuatro ciudades más pobladas del país, la ciudad de El Alto, presenta el porcentaje más elevado de casos reportados de violencia intrafamiliar. De cada 100 mujeres agredidas, el 87% sufre algún tipo de violencia en el ámbito familiar y el 85% de estas manifestaciones de violencia son ejercidas por los varones. Asimismo, se destaca que el tipo de violencia más recurrente es la violencia física por ser la más visible y denunciada

CUADRO 2

RELACION DE CASOS REPORTADOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Desagregando esa información y en el caso específico de la violencia intrafamiliar en contra de la mujeres, la Dirección de Género y Gestión Social de El Alto, señala que durante la gestión 2003, en las dos oficinas de los Servicios Legales Integrales Municipales se denunció 1.677 casos de violencia intrafamiliar psicológica, 1.424 casos de violencia intrafamiliar psicológica y física y 1.170 casos de violencia doméstica psicológica física y sexual, haciendo un total de 4.271 agresiones en contra de las mujeres.

En el año 2004, alrededor de 6.500 mujeres denunciaron algún tipo de maltrato en alguna de las tres oficinas de los Servicios Legales Integrales Municipales. En el terreno de las cifras y las estimaciones, estos datos estadísticos suponen que en cada una de estas oficinas municipales se atendió en promedio entre 15 y 20 casos diarios de violencia intrafamiliar en contra de las mujeres.

Para el año 2005, sin precisar si la violencia intrafamiliar en contra de las mujeres está en alza o en bajada, se advierte un mayor número de denuncias y de casos registrados que en años anteñores, pues para este año se atiende entre 20 y 30 denuncias diarias entre casos nuevos y de seguimiento. Se deduce que esta realidad halla su explicación porque ya existe mayor predisposición de las víctimas a la denuncia.

Causas de la Violencia Intrafamiliar

La violencia en contra de las mujeres en el ámbito doméstico tiene una multiplicidad de causas vinculadas, por un lado, a un sistema de dominación y de poder patriarcal y, por otro, a una situación de precariedad económica familiar. En tal sentido, conocimientos, actitudes, prácticas y precarias condiciones de vida familiar determinan un espacio familiar represivo, violento y peligroso donde el ejercicio de la violencia se convierte en un mecanismo negativo de resolución de conflictos interpersonales de pareja y en un instrumento para doblegar o anular la voluntad del otro.

290 Vinculado a los factores subjetivos, la violencia intrafamiliar se constituye en una práctica incorporada culturalmente a la vida cotidiana de las familias alteñas. En el contexto familiar, como ejercicio del poder a través del uso de la fuerza fáctica y simbólica, implica la existencia de un "superior" e "inferior" o de un "arriba" y "abajo" real o simbólico que determina los roles entre hombre/mujer o esposo/esposa.

En cuanto lo segundo, si bien existe el mito de que la violencia intrafamiliar solamente sucede en familias de bajos ingresos económicos. El hecho concreto es que la violencia intrafamiliar sucede en toda clase de núcleos familiares tanto pobres o humildes como familias ricas o acomodadas y la diferencia radica en el hecho de que en los primeros existe mayor tendencia a la visibilidad o la denuncia en relación a los segundos que tienden a enmascarar e invisibilizar sus dificultades intrafamiliares.

Si bien la vulnerabilidad y la precariedad socioeconómica afectan a todos los miembros de la familia, estos males tienen mayor incidencia en los más débiles como son la mujer y los hijos menores. En este marco, se advierte la presencia de muchas mujeres que se encuentran en una situación de subordinación en torno a los ingresos económicos del jefe de hogar varón y sin la capacidad, la instrucción, ni el conocimiento necesario para poder romper esta situación de dependencia y poder valerse por sí solas. Pero esta realidad no solamente se reproduce en las mujeres que tienen mayor dependencia económica sino también en aquellas mujeres que constituyen la única o principal fuente de ingreso familiar.

Al analizar los factores objetivos y subjetivos que determinan la violencia de género, se advierte que el tipo de violencia que se efectúa en el hogar constituye una flagrante trasgresión de los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre otras cosas, el ejercicio de la* violencia individual y colectiva contra las mujeres es una violación del derecho a la vida, la seguridad, la igualdad y la autonomía. Asimismo, la violencia de género es una violación al derecho a la identidad, la salud, la educación y el trabajo.

Atención de la Violencia Intrafamiliar en El Alto

La violencia intrafamiliar en la ciudad de El Alto no constituye una problemática social nueva, las causas son viejas, nuevas y múltiples y lo que llama la atención es su magnitud y su excesiva y constante proliferación. Según datos estadísticos, la ciudad de El Alto, a nivel nacional, presenta los más elevados índices de violencia intrafamiliar. Se estima que de cada 10 hogares aproximadamente 9 están signados por situaciones de violencia de género. El elevado número de víctimas y las dramáticas consecuencias que provoca la violencia intrafamiliar en contra de las mujeres, en principio, ha obligado a diversas organizaciones no gubernamentales y, posteriormente, a organizaciones estatales a desarrollar una serie de acciones con el propósito de crear, fortalecer y profundizar una estructura institucional para la prevención, erradicación, atención y sanción de la violencia intrafamiliar en contra de las mujeres.

Entre las más destacadas de estas instituciones no gubernamentales alteñas resaltar la labor institucional desarrollada por el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, el Centro de Formación Integral "Sartasim Warmi" y el Centro de Promoción "Gregoria Apaza". En relación a las instituciones gubernamentales se tiene la labor institucional de la Brigada de Protección a la Familia, la Dirección de Género y Gestión Social, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIMs)

SLIMs Alteños

Sustentados en las disposiciones legales detalladas anteriormente, los SLIMs son el brazo operativo en la lucha contra la violencia intrafamiliar en contra de las mujeres. Según el Artículo 20° del Decreto Reglamentario N° 25087, estos organismos de apoyo en la lucha contra la violencia en la familia deben conformarse y funcionar en los diferentes municipios del país como parte integrante de los programas municipales de la mujer. En tal sentido, dentro de una determinada jurisdicción municipal ofrecen servicios gratuitos, permanentes y públicos de orientación y apoyo legal, psicológico y social frente a manifestaciones de violencia, discriminación, marginalidad y maltrato en contra de las mujeres.

En la actualidad, en la ciudad de El Alto están funcionando 3 SLIMs con una cobertura sobre los 9 Distritos Municipales de la ciudad de El Alto. La ubicación espacial y la cobertura poblacional de estos servicios municipales se ilustran en el siguiente Cuadro.

CUADRO N° 3 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y COBERTURA

En los SLIMs se atiende en promedio entre 20 a 30 casos diarios y, según profesionales que integran los equipos multidisciplinarios, el número de denuncias considerablemente se incrementa después de los fines de semana y diversos acontecimientos sociales festivos donde ya es lugar común el consumo de bebidas alcohólicas. La mayoría de estas denuncias está vinculada principalmente a las agresiones físicas, el maltrato psicológico, la asistencia familiar y la irresponsabilidad paterna. Asimismo, se sabe que las mujeres que tienen mayores dificultades familiares signadas por manifestaciones de violencia y maltrato son las más jóvenes y 293 las que se encuentran en situación de concubinato, siendo los casos más dramáticos relacionados ya no a la violación de derechos sino a delitos que atentan contra la integridad física de las mujeres, pues a veces las lesiones físicas son tan graves que se tiene que derivar a la víctima a un centro hospitalario y, en el peor de los casos, el daño es tan irreversible que lamentablemente conduce a su muerte.

En el desarrollo de la labor institucional de los SLIMs se reconoce que no existen las condiciones mínimas y los recursos necesarios para cumplir una labor eficiente y eficaz. A esta falta de "voluntad política" se agrega la existencia de una serie de aspectos culturales en términos de identidad cultural, etnocentrismo y barreras culturales que influyen negativamente en los niveles de aceptación satisfactoria en mujeres que son víctimas del maltrato intrafamiliar y que actualmente son "usuarias" de los servicios que ofrecen los SLIMs.

En poblaciones de extracción migrante, uno de los principales obstáculos que eliminan o dificultan las posibilidades de acceso y de consumo de servicios de salud son las llamadas barreras culturales que se definen como los "desencuentros" que se desarrollan en la coexistencia de personas o de grupos con culturas diferentes, lo que condiciona que en algunos aspectos, ambas culturas no se entiendan (Gonzáles, 2005). Por otro lado, en zonas urbano/marginales y áreas rurales, generalmente la oferta de servicios en salud responde a determinados parámetros "occidentales" o "modernos" y, en contraste, en la población que formula la demanda prevalecen fuertes arraigos a una cultura denominada "popular" o "tradicional". En consecuencia, y por lo general, en la prestación de servicios, en vez de establecerse "encuentros" se producen "desencuentros" por la existencia de las barreras culturales que se manifiestan básicamente en dos ámbitos: uno vinculado a los conocimientos, las actitudes y las prácticas, y el otro a las interrelaciones sociales que se establecen entre proveedores de servicios y la población que se constituye en 294 la demanda (Ibid.).

En el ámbito de los conocimientos, las actitudes y las prácticas, tanto los profesionales de los SLIMs como la mayoría de las usuarias y potenciales usuarias desarrollan lógicas y cosmovisiones diferentes. No se comparte la misma noción de violencia y las mismas vías de solución. En el caso de los profesionales de los SLIMs, se advierte un excesivo etnocentrismo y una desvalorización de la base racional de las usuarias y potenciales usuarias, considerando que la violencia intrafamiliar es producto de la ignorancia y las "miserias humanas". También en ellos prevalece el imaginario de que las oficinas de los SLIMs son los únicos espacios para la solución de los conflictos conyugales. En cambio, un importante número de mujeres considera a la violencia como un mecanismo regulador y necesario en las relaciones de pareja. Asimismo, muchas de ellas opinan que los encargados de solucionar los problemas conyugales no son las "personas ajenas" sino personas próximas al entorno familiar, principalmente los padrinos de matrimonio.

Estas realidades revelan que generalmente no se comparte conocimientos, actitudes y prácticas comunes que puedan facilitar la comunicación interpersonal, en consecuencia, los mensajes no son entendidos, internalizados, ni retroalimentados. Ante universos culturales disímiles no existe una comunicación plena, más bien prevalece la "incomprensión" o los "malos entendidos". Por si ello fuera poco, existe el problema del idioma, pues la mayoría de las usuarias es bilingüe y se advierte en ellas mayor confianza y facilidad para expresarse en su idioma originario. En contraste, son pocos los funcionarios que tienen la capacidad de expresarse en alguno de los idiomas nativos. En tal sentido, uno de los problemas que también incide en la calidad de la atención en los servicios está vinculado al uso del lenguaje, hecho que obstaculiza un diálogo intercultural acorde a la realidad sociocultural.

Las formas de relacionamiento entre "proveedores" y "usuarias" signadas por problemas culturales es también una de las razones por las cuales las mujeres no acuden o no vuelven a los SLIMs. Al no existir niveles adecuados de satisfacción de necesidades y expectativas, no se advierte un reconocimiento social en torno a la labor institucional de los SLIMs. Esta realidad es la que explica el fracaso de instituciones de desarrollo que han ignorado la función e importancia de la comunicación en procesos de cambio y que han sido indiferentes a las diferencias culturales. De lo que se trata es de incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de los SLIMs, mediante la incorporación de un nuevo enfoque de gestión más participativo, más comunicativo y más inclusivo de la población en términos de participación y control social.

Poniendo en el tapete de discusión todos los problemas, las dificultades y las deficiencias tanto internas como externas que prevalecen en la labor institucional de los SLIMs parece ser una misión muy dificultosa incrementar su cobertura y elevar la calidad y la calidez de los servicios. Sin embargo, cuando los actores sociales involucrados tengan la capacidad y la voluntad de superar estas situaciones desfavorables y cuando exista la voluntad política de los funcionarios y las autoridades ediles esta "misión imposible" puede hacerse efectiva.

Comunicación y Movilización Social

Se considera que para lograr el apoyo sobre una determinada reforma política, social o económica, para involucrar a los sectores sociales en dicha reforma y para articular los propósitos de dicha reforma con los intereses de los sectores sociales a los cuales va dirigida dicha reforma, resulta imprescindible generar, interrelacionar, transformar y difundir sentidos y significados a través de procesos de comunicación y de movilización social (Toro y Rodríguez, 2001). En definitiva, de lo que se trata es de reinterpretar y resignificar los procesos educativos y comunicativos a través de mediaciones o negociaciones culturales que se produzcan y se desarrollen en el ámbito de la socialización, la cultura y el uso del poder. Si los SLIMs logran el compromiso y la movilización de los pobladores a través de eficaces procesos educativos y comunicativos, las posibilidades, por un lado, de defender, proteger y promocionar los derechos de las mujeres y, por otro, de prevenir y sancionar manifestaciones de violencia intrafamiliar en contra de ellas serán mayores y tendrán mejores probabilidades de ser socialmente aceptadas y compartidas de modo permanente.

A partir de estas consideraciones, se estima que para involucrar a los pobladores y la comunidad en torno a la labor institucional de los SLIMs se requiere de una estrategia basada en la comunicación y la movilización social para conseguir por lo menos:

• Que los SLIMs desarrollen su labor institucional de acuerdo a los intereses de los usuarios, las usuarias y el conjunto de la comunidad.

• Que se desarrollen procesos de educación y comunicación para la práctica individual y social que posibilite la promoción de saberes, conocimientos, actitudes, prácticas y ambientes seguros y saludables.

• Que la labor profesional que desarrollan los funcionarios de los SLIMs y el accionar de la población beneficiaría se base en el respeto de la identidad y los valores culturales del "otro".

• Que los jefes de hogar, los funcionarios municipales, las autoridades y la comunidad organizada se conviertan en los principales agentes de transformación y en los multiplicadores de nuevos conocimientos, actitudes y 297 prácticas vinculadas a una cultura de respeto a los derechos humanos.

• Que los SLIMs y las organizaciones sociales que representan a la comunidad coordinen acciones en términos de participación y control social con el propósito de hacer efectivas las diferentes dimensiones de la ciudadanía.

En razón de los aspectos expuestos en torno la violencia intrafamiliar y la labor institucional de los Servicios Legales Integrales es posible establecer las siguientes consideraciones como una especie de conclusiones preliminares:

La violencia tiene viejas causas y multiplicidad de manifestaciones siendo su rostro más común los actos violentos cometidos entre los miembros del hogar, en particular del hombre en contra de las mujeres y los menores. En el ámbito familiar, la violencia en contra de las mujeres es una construcción social que se explica por factores subjetivos y objetivos, pues no surge como un hecho natural sino como resultado, por un lado, de una diversidad de construcciones socioculturales ligadas a prácticas machistas/patriarcales y a la constitución jerárquica de la familia y, por otro, de las precarias condiciones de vida material que prevalecen en los núcleos familiares en términos de pobreza, desempleo, desocupación, informalidad y bajos ingresos económicos.

La violencia intrafamiliar es una práctica social incorporada a la vida cotidiana de las familias. Sin embargo, las denuncias de ese tipo de maltrato en contra de las mujeres aún no son una práctica generalizada por situaciones vinculadas a la exclusión, subordinación, dependencia, marginalidad e inequidad de género. Son precisamente estas variables las que determinan en la mayoría de las mujeres dificultades y limitaciones en el ejercicio pleno de las diferentes dimensiones de su ciudadanía, e impiden la emergencia de una cultura de la denuncia. Por otro lado, en mujeres que se han atrevido a denunciar situaciones de maltrato no prevalecen niveles de satisfacción sino más bien situaciones de inconformidad con el servicio recibido. Esta realidad se explica por factores objetivos y subjetivos, los primeros ligados a la falta de infraestructura y los segundos a la relación asimétrica que se establece entre proveedores de servicios y usuarios en términos de "choque cultural" y carencia de "diálogo cultural"

La defensa y la protección de los derechos de las mujeres formalmente se hallan bien establecidas solamente "en el papel". Empero, los operadores de las políticas públicas enfrentan serias incongruencias entre lo legislado y la realidad concreta. Si bien la labor institucional de los SLIMs gira en torno a dos dimensiones principales, la prevención y la restitución de derechos, sus acciones principalmente se limitan a la atención de casos o denuncias debido a la falta de voluntad política en términos de asignación adecuada de recursos humanos, económicos y físicos. Se considera que esta situación puede modificar favorablemente si el gobierno local hace los esfuerzos necesarios para incrementar recursos destinados al funcionamiento eficaz y eficiente de los SLIMs.

La participación y el control social ciudadano en relación a la labor institucional de los SLIMs a pesar de estar contemplada formalmente en las recientes disposiciones legales, en la práctica presenta serias limitaciones y debilidades principalmente por la falta de espacios efectivos de participación y el desconocimiento por parte de los representantes de la sociedad civil de sus derechos y sus obligaciones establecidas en el nuevo modelo de gestión desconcentrado y descentralizado. Por otro lado, el control institucional interno de los SLIMs encuentra serias dificultades debido a la inestabilidad laboral, la falta de institucionalidad de los cargos y la falta de un sistema de registro e información único.

La carencia de una estrategia de información y comunicación social planificada, sostenida y permanente limita los niveles de conocimiento y de empoderamiento de la población en relación a la problemática social de la violencia intrafamiliar. Esta situación determinada la carencia de procesos efectivos de movilización y participación social que posibiliten acciones 299 coordinadas entre los SLIMs y las OTBs, Juntas Vecinales, Juntas Escolares y otras organizaciones sociales en términos de prevención, detección, apoyo y atención de las víctimas y posibles víctimas de la violencia intrafamiliar.

Notas

* Docente Investigador de la Carrera de Sociología de la UMSA

2. Datos de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud y Previsión Social y el Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia (2003, Octubre 5). El Diario.

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