A MANERA DE CONCLUSIONES

Juan Perelman Fajardo

1. El hecho que la capitalización de YPFB fue un mal negocio para Bolivia, práctica­mente un despojo. Y un gran negocio para las capitalizadoras que se hicieron del petróleo y del gas boliviano a cambio de nada.

2. El procedimiento llevado a cabo por los capitalizadores fue inequívocamente doloso.

3. El absoluto sometimiento del proceso de capitalización a los planes previamente elaborados por el FMI y el Banco Mundial.

4. La globalización no es otra cosa que la conquista económica, política y militar del mundo por las multinacionales imperialistas norteamericanas, europeas y japonesas. Pero es necesario precisar que el nuevo orden mundial está trazado por Estados Unidos, la potencia económica, política y militar que domina el mundo.

5. La conquista y ocupación de nuestro continente por el imperio norteamericano nos obliga a dar una respuesta nacional y latinoamericana a la globalización.

6. Las intervenciones del Foro no han planteado aún una respuesta a la capitalización, eso sí denuncian sin atenuantes que ésta significó.

La capitalización un mal negocio, un despojo

El primer punto que quedó claro en este Foro, a través de todas las exposiciones, es que la capitalización fue un mal negocio para el país, un pésimo negocio, que tiene las característi­cas de un despojo. En demasiados aspectos:

1. El Estado boliviano dejó de percibir un promedio de 400 millones de $US al año. El total recibido por el TGN en los dos períodos de gobierno que van desde 1986 a 1993 asciende a 2.858.8 millones de $US, esto significa un promedio anual de 356.98 millones de SUS para el Estado nacional y 40.31 millones de $US por regalías departamentales representado un 7,5% del PIB.

2. Mediante la capitalización, Yacimientos entregó sus reservas vivas de petróleo y gas a las empresas capitalizadoras a cambio de nada. Estas reservas vivas figuraron como activos de las sociedades que se capitalizaron, Andina y Chaco, creadas por YPFB:

Reservas Vivas

3. Quedó comprobado que no fueron las empresas traídas con la capitalización las que incrementaron en cinco veces las reservas de gas y petróleo. En el caso del gas, las reservas se habrían incrementado de 5,7 trillones de pies cúbicos a 32,2 trillones. A su vez, el petróleo habría aumentado de 264 millones de barriles a 3.040 millones de barriles adicionales. Este argumento es el más utilizado por los defensores de la capitalización, como Mauricio Antezana, vocero de prensa del MNR, quien sostiene que gracias a la capitalización se han podido incrementar las reservas de gas y petróleo pues ésta trajo empresas con capitales y capacidad técnica de exploración que Yacimientos no poseía. La difusión del Informe Cirvian hecho por tierra esta aseveración. Se trata de un informe presentado por la Gerencia de Exploración de YPFB, a cargo del Ingeniero Miguel Cirvian, en 1995, durante el desarrollo de un semina­rio sobre capitalización convocado por el Centro de Diplomados de Altos Estudios y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, realizado en Santa Cruz en la sede SIB-SCZ, en mayo de 1995. Las reservas de hidrocarburos de YPFB al 1 de enero de 1995 eran las siguientes:

A) Reservas de Gas natural, miles de millones de pies cúbicos -Probadas probables de 12 campos 7.308 -Pontenciales por áreas                   25.30

TOTAL DE RESERVAS DE GAS NATURAL: 32.608

B) Reservas de Petróleo Condensado en millones de barriles. -Probadas probables por áreas: 264 -Pontenciales por áreas 3.040

TOTAL RESERVAS DE PETRÓLEO CONDENSADO: 3.304

No es creíble la afirmación de las empresas capitalizadoras respecto a que encontraron las reservas después de tres años de exploración, los tres años transcurridos desde la capitaliza­ción. Quienes saben de esto, afirman que para lograr descubrimientos de reservas se requie­ren, como mínimo, de seis a diez años de exploración intensiva.

4. Con la capitalización, Bolivia perdió la renta diferencial que le proporcionaba el gas y el petróleo, recursos que se necesitan para nuestro crecimiento y transformación social.

Hemos perdido los beneficios de la venta del gas al Brasil: desde junio de 1999, fecha en que empezó a vender gas al Brasil, hasta junio del 2000 las empresas capitalizadoras exportaron 1.170,84 MMCD de gas boliviano al mercado brasileño, facturando 55,54 millones de $US.

Ahora ni siquiera poseemos los 400 millones de $US que YPFB ingresaba anualmente al TGN, sin vender gas al Brasil, con los que se financiaba la salud pública y la educación. Para salvar este hueco presupuestario, el Gobierno aumentó los impuestos al consumo de los carburantes esquilmando el bolsillo de los trabajadores de la ciudad y del campo, acrecentan­do de esa manera el carácter recesivo de nuestra economía, sumando a los altos precios de la gasolina, precios internacionales, que fijan las empresas capitalizadoras.

Quisiera finalizar con un último punto, que completa el cuadro y la sensación de mal negocio y despojo que significó la capitalización. La Ley de Capitalización, en su artículo 5, dice: "Con la finalidad de optimizar el proceso de capitalización, los pasivos de las sociedades de econo­mía mixta sujetas a dicho proceso, podrán ser transferidos total o parcialmente, mediante Decreto Supremo, al Tesoro General de la Nación a tiempo de producirse la capitalización de las mismas. El servicio de estas deudas será consignado en la respectiva Ley de presupuesto ".

La deuda externa de las empresas capitalizadoras asciende a 760 millones de dólares.

Los procedimientos dolorosos de la capitalización

El procedimiento absoluto doloso llevado a cabo por los capitalizadores perjudicó el interés nacional. La capitalización no fue una venta, fue una entrega a cambio de nada de los activos de YPFB, de las reservas vivas, probadas y potenciales.

La definición jurídica del dolo dice lo siguiente:

"Acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto, es toda eserción de lo que es fcdso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee con ese fin".

Dice también: "Para que el dolo pueda ser causa de la nulidad de un acto es precisa la reunión de las circunstancias siguientes:

2. Que haya sido la causa determinante de la acción.

3. Que haya ocasionado un daño importante.

4. Que no haya habido dolo por ambas partes ".

Asimismo, señala: "La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se hubiera realizado sin la reticencia u omisión dolosa".

Cuando en 1992, el MIR en el gobierno hizo aprobar la Ley de Privatizaciones de las empresas públicas, el MNR se opuso alegando que ello significaba liquidar el patrimonio de los bolivianos. El MNR interpuso un recurso de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no se aplique y el alto tribunal hizo lugar al recurso dejando la Ley en suspenso.

En vez de la privatización el MNR, a través de su líder Gonzalo Sánchez de Lozada, propuso la capitalización.

En la campaña electoral de 1993, en su famoso "Plan de Todos", señalaba que en vez de liquidar lo que tenemos privatizándolo, conservémoslo mediante la capitalización, que no es otra cosa que la atracción de capitales frescos para la inversión, que es lo que nos hace falta, buscando un socio capitalizador, de esa manera sumaremos más capital al nuestro y conserva­remos las empresas del Estado. "Uno más Uno es Dos" decía la propaganda electoral gonista.

Sánchez de Lozada repetía una y otra vez: "Por lo menos el 51% de las acciones de estas empresas quedarcín en manos de los bolivianos, en tanto que los socios internacionales tendrán hasta un 49% de las acciones".

Según el Plan de Todos: " Con el propósito de rescatar para los bolivianos los beneficios de su propio patrimonio, proponemos la capitalización y democratización de las empresas públicas y la devolución de su real propiedad y utilidades a sus dueños originales, es decir, a los propios bolivianos...

Las seis empresas capitalizables según el Plan de Todos, tenían un valor superior a los 2.000 millones de $US. En esas condiciones, la capitalización permitiría atraer capitales por otros 2.000 millones de SUS en aportes de capital de inversiones internacionales.

En el Plan de Todos: "Las empresas así fortalecidas, con un capital total de más de 4.000 millones de $US, podrán obtener -la experiencia internacional así lo conforma- 6.000 millones adicionales en financiamiento privado (o sea 1,5 veces su capital), las empresas tendrán entonces un total de 8.000 millones de dólares en dinero fresco (2000 millones de dólares de inversionistas, más 6.000 millones de dólares de crédito), para ser intervenidos en proyectos de las empresas en un período de hasta cinco años. Si bien buena parte de este dinero se gastará en la importación de insumos, contratación de servicios en nuestro país”.

Una vez que el MNR ganó las elecciones con este programa, vino el primer cambio importante respecto al discurso electoral de un 51% en manos de los bolivianos y un 49% en manos del socio capitalizador. Sánchez de Lozada introdujo la proporción de 50% y 50% para los bolivianos y el socio extranjero capitalizador en la Ley de Capitalización que se aprobó en el Congreso, alegando que con una participación del 49% ningún empresario estaría dispuesto a intervenir en la capitalización.

Además, en la segunda parte de la Ley de Capitalización, se dispone que: "Los inversionistas y/o los administradores de las empresas capitalizadas bajo las disposiciones de la presente Ley, suscribirán un contrato de administración con la sociedad de economía mixta respectiva." O sea que, además del 50% de las acciones, los socios capitalizadores tienen la admi­nistración de las empresas. En concreto, tienen la sartén por el mango. La situación se dio vuelta: antes, las acciones de los bolivianos representarían el 51 % y las del socio capitalizador el 49%, ahora el socio capitalizador tiene el 50% de las acciones y la administración de las sociedades capitalizadas, esto significa mucho más que tener el 51% de las acciones.

En cuanto al 50% de las acciones que quedaban en poder de los bolivianos, el Plan de Todos decía lo siguiente: "En el futuro, una vez que las empresas capitalizadas ya se hubie­ran consolidado, ¡os créditos iniciales se hubieran pagado y se hubiera desarrollado en el país un sólido mercado de capitales al cual los bolivianos podrán acceder en igualdad de condiciones, se distribuirán las acciones a título gratuito, a todos los bolivianos menores de edad, sujeto a que las mismas puedan ser trazadas posteriormente sólo entre bolivianos ".

En un folleto de propaganda, difundido en el exterior para futuros inversionistas, el MNR decía: "El esquema de la capitalización se propone transferir la propiedad de las empresas estatales al sector privado mediante la inyección a estas empresas de capital privado nuevo a cambio de una participación accionaria. Las acciones, actualmente de propiedad del Estado, se transferirán libres de todo cargo, a todos y a cada uno de los bolivianos adultos residentes en el país a diciembre de 1995. Esta regla trata de promover la participación popular, manteniendo parcialmente la propiedad en manos de nacionales, así desarrollar nuevos mercados financieros. Sin embargo, con el objeto de evitar los efectos nocivos de los esquemas de privatización masiva, como se ha demostrado en otros países, las acciones distribuidas serán asignadas a fondos privados de pensiones que están siendo creados actualmente.

Además de financiar obligaciones resultantes de las pensiones, se espera de esta transferen­cia un apreciable vehículo de inversión para un financiamiento local adicional. De esta manera, las acciones de los bolivianos serán administradas por el nuevo sistema de pensiones que cuidará de hacer este patrimonio personal de cada boliviano. Al momento de su jubilación, cada uno recibirá los recursos generados por la capitalización para tener una vejez digna ".

Una vez ganadas las acciones, el 13 de enero, durante un Foro organizado por la Cámara Americana de Comercio, el Secretario de Capitalización, Ramiro Ortega, afirmó que ascen­dían a 3,2 millones de habitantes, los mayores de edad hasta el 31 de diciembre de 1995, los cuales se beneficiarían recibiendo la propiedad de las acciones de las empresas capitalizadas a través del Fondo de Pensiones. El funcionario también anunció el convenio con una con­sultora inglesa que se encargaría de distribuir las participaciones accionarias entre los boli­vianos mayores de edad, esta empresa estuvo encargada de distribuir acciones de la privatización de las empresas estatales en Rusia, Checoslovaquia y Polonia. El gobierno prometía que la entrega de las acciones comenzaría en 1995, siendo éste un proceso que duraría 18 meses. En ese momento, se analizaba la posibilidad de entregar, a cada boliviano, de forma directa, seis acciones de cada una de las empresas a ser capitalizadas.

El 30 de enero de 1994 fue remitido por Sánchez de Lozada al Congreso el proyecto de Ley Marco de la Capitalización.

"La ley de Capitalización permite hasta un cincuenta por ciento de la inversión privada en cada una de las seis empresas públicas a ser capitalizadas á traspasada desde el Estado, a todo boliviano que esté en condiciones de adjudicarse una acción- No hemos optado por la vía privatizadora o de venta de nuestro patrimonio actual... Con la capitalización, la propiedad de las empresas del Estado, será masivamente distri­buida al pueblo boliviano. En este sentido, los ciudadanos se beneficiarán de la renta­bilidad de estas empresas, además de recibir mejores productos y servicios, en la medida en que estás se desarrollen como entidades más productivas y competitivas".

Y Sánchez de Lozada agregaba: "Si todo va bien es en este proceso, cada boliviano tendrá un fondo inicial de más de mil dólares en acciones que constarán en su libreta y que al cabo de unos treinta años, se calcula que se convertirán en 17.000 dólares".

La Ley de Capitalización fue aprobada y se promulgó el 21 de marzo de 1994.

En su artículo 6 señala lo siguiente: "Autorízase al Poder Ejecutivo a transferir a título gratuito, en beneficio de los ciudadanos bolivianos residentes en el país que al 31 de diciembre de 1995 hubiesen alcanzado mayoridad, las acciones de propiedad del Estado en las sociedades de economía mista que hubiesen sido capitalizadas del modo establecido en el artículo cuarto de esta Ley.

Esta transferencia de acciones queda exenta de todo pago de impuesto ".

Es indudable que el artículo, al mencionar que " se transfieren las acciones de propiedad del Estado" en "beneficio de los ciudadanos bolivianos residentes en el país, etc.", está señalando inconfundiblemente que lo que se transfiere es la propiedad de las acciones, por eso indica que esta transferencia queda exenta del pago de impuestos, como ocurre en toda transferencia de la propiedad.

Pero la sutileza y la astucia son mayores, el artículo en ningún momento dispone la transferencia de las acciones del Estado a los bolivianos a título gratuito. Lo que dispone el artículo de la Ley es una autorización al Poder Ejecutivo para transferir las acciones que dice: "Autorízase al Poder Ejecutivo a transferir a título gratuito..."Luego, la Ley de Capitaliza­ción no otorga la propiedad de las acciones del Estado a los bolivianos, solamente autoriza al Presidente a hacerlo. No dice tampoco ni cuándo, ni en qué condiciones, lo deja librado a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

A su vez, el artículo siete de la Ley dispone lo siguiente:

"El Poder Ejecutivo dispondrá, mediante decreto supremo, mecanismos idóneos, trans­parentes y apropiados, para que los ciudadanos mencionados en el artículo anterior se beneficien con la transferencia de dichas acciones a fondos de pensiones de capitaliza­ción individual a crearse de acuerdo a ley. El Poder Ejecutivo podrá disponer, mediante decreto supremo, que dichas acciones sean constituidas en fideicomiso, hasta que las sociedades encargadas de la administración de los fondos de pensiones de capitaliza­ción individual inicien su funcionamiento.

Lsis empresas administradoras de Fondos de Pensiones, serán fiscalizadas por un orga­nismo a ser creado por Ley ".

Ahora podemos preguntarnos ¿por medio de qué acto, Decreto Supremo, etc. Y en qué momento, Sánchez de Lozada transfirió la propiedad de las acciones del Estado a los bolivianos?

En julio de 1996, el gobierno presentó el proyecto de la Ley de Pensiones llamado "alivio de la vejez" a los recursos provenientes de la capitalización que se entregarían a los bolivia­nos mayores de 65 años. En este proyecto se planteó la creación del sistema de capitalización social que estaría constituido por dos fondos : 1) Capitalización colectiva, que administraría el llamado beneficio de la capitalización, también el pago de los gastos financieros, y 2) de capitalización individual que contemplaría la administración de las pensiones de invalidez, vejez y muerte.

Alfonso Revollo, Ministro de Capitalización, al presentar el proyecto de ley manifestó: "El 50% de las acciones de las empresas capitalizadas serán transferidas al Fondo de Capita­lización Colectiva, recursos no constituidos por aportes. Este fondo se encargará de distri­buir en forma gratuita el beneficio de la capitalización para los ciudadanos elegibles mediante la ley 1.544, conocida como ley de Capitalización. El beneficio es un pago anual equivalente a 200 dólares que serán distribuidos a todas las personas mayores de 65 años hasta su fallecimiento, beneficio que no se hereda. Esta transferencia de recursos acrecen­tará los ingresos de los ciudadanos bolivianos, tanto para los que reciben actualmente una renta jubilatoria como para aquellos sectores que jamás contaron con ella, siendo para todos los bolivianos mayores de edad a diciembre de 1995, tanto en el área urbana como rural del país. Además de ofrecer el beneficio de gastos funerarios".

En la versión definitiva de la Ley de Pensiones, el beneficio de la capitalización pasó a llamarse "Bono de Solidaridad" (Bonosol).

El artículo 3 de la Ley de Pensiones disponía que: "Los recursos provenientes de las acciones de propiedad del Estado en las empresas capitalizadas, transferidas en beneficio de los ciudadanos bolivianos especificados en el artículo 6 de la Ley de Capitalización, serán destinados al pago de una anualidad vitalicia denominada Bono de Solidaridad (Bonosol) y al pago de gastos funerarios de conformidad con la presente ley". Para tener derecho a recibir la "anualidad", se requería tener más de 65 años o morirse para recibir los gastos funerarios.

Aquí se dice claramente: "los recursos provenientes de las acciones de propiedad del Estado en las empresas capitalizadas, transferidos en beneficio de los ciudadanos bolivia­nos especificados en el artículo 6 de la Ley de Capitalización". No se habla de las acciones de los bolivianos sino de los recursos provenientes de las acciones de propiedad del Estado, transferidos (los recursos) en beneficio de los ciudadanos especificados en el Artículo 6 de la Ley de Capitalización. Lo que se transfiere son las utilidades de las acciones de las empresas capitalizadas que siguen siendo propiedad del Estado.

Por otro lado, asigna estos recursos, que serían de "propiedad" de todos los bolivianos, al pago de una anualidad vitalicia a favor de los mayores de 65 años y de gastos funerarios.

Se estaba en pleno período electoral, para el recambio del gobierno. El gobierno dispone que se pague el Bonosol a 302.000 ancianos mayores de 65 años con derecho al beneficio de la capitalización. En la reglamentación de la Ley de Pensiones, el gobierno establece que el monto de ese beneficio sería establecido por la Superintendencia de Pensiones, determinan­do el valor de mercado de los recursos de la capitalización a los que había que restarles cien millones de dólares, correspondientes al valor presente de los gastos funerarios. Esta cifra, expresada en dólares, se dividirá en seis punto cinco para determinar el valor del monto anual destinado al Bonosol, monto que, a su vez, debía ser dividido entre el número de personas mayores de 65 años. Se fijó el beneficio en 1.300 pesos bolivianos o 250 $us.

El 5 de mayo de 1997, se empezó a pagar el Bonosol a miles de ancianos. Las elecciones nacionales se realizarían un mes después, en junio de 1997. Los partidarios opositores denun­ciaron a la Corte Nacional Electoral este descarado cohecho. Gonzalo Sánchez de Lozada declaró al respecto: "Si las gallinas cacarean cuando ponen un huevo, yo tengo derecho a hacer lo mismo con los beneficios de la capitalización".

Muchos afirman que la campaña electoral del MNR fue la más cara de la historia de Bolivia, los 95 millones de dólares y más que se pagaron en el Bonosol, hubieran salvado del desastre electoral al MNR según muchos, aunque no lo salvó de perder las elecciones.

Según la Ley de Capitalización, las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP's serán las que administren las acciones de los bolivianos. De acuerdo a los contratos de administra­ción que se realizaron con los socios estratégicos en las empresas capitalizadas, si bien éstos tenían el poder de nombrar el resto de los Directores de las empresas capitalizadas. Siendo las acciones "de los bolivianos", ¿quién nombraría en su representación a los Directores de las empresas? Es la pregunta del millón. En el proyecto electoral del FUNDESOL, desechado luego, se proponía que los Directores fueran nombrados por la Cámara de Diputados. Lo poco que se supo al respecto durante el gobierno del MNR fue que las acciones llamadas de "tipo A" que serían de los bolivianos, quedaron en fideicomiso en el Banco City de las Bahamas mientras se traspasen a las AFP's.

Según el artículo 7 de la Ley de Capitalización, las empresas que inicialmente adminis­tren los Fondos de Pensión serán seleccionadas mediante licitación pública internacional. Además, sostiene que las empresas administradoras de Fondos de Pensiones serán fiscaliza­das por un organismo a ser creado por ley. No se cumplió la licitación pública y si bien se creó una Superintendencia de Pensiones, no se había quiénes eran los Directores nombrados por los Fondos de Pensiones en las empresas capitalizadas ni quien los nombraba.

Cuando vino el gobierno Banzer, la megacoalición incluyó una norma en la Ley de Valores que hizo aprobar, referente a las obligaciones y responsabilidades de los Directores síndicos que representan a los Fondos de Pensiones en las empresas capitalizadas, entre ellas la obligación de publicar, en un diario de circulación nacional, la nómina completa de aquellos Directores. Esta norma no se aplicó por la presión de los organismos internacionales, los socios estratégicos, la embajada de Estados Unidos, los socios estratégicos capitalizadores, la Confederación de Empresarios Privados, las AFP's, presión que terminó por hacer derogar los citados artículos. En medio de todo esto, el diputado Andrés Solíz pidió a la Superintendencia de Pensiones la nómina de Directores. Le proporcionaron una nómina en la que todos los directores habían sido nombrados por las AFP's, siendo en su casi totalidad extranjeros, de nacionalidad española y que no residen en Bolivia. Esto se debe a que las AFP's pertenecen a la Banca Santander y al Banco Bilbao-Vizcaya.

Después de esto, Banzer hizo aprobar la Ley de Propiedad y Crédito Popular P.C.P., que en su artículo 45 dice lo siguiente:

" Las memorias anuales de las AFP 's requeridas a los fines del artículo 31 del Código de Comercio, incluirán los nombres de todos aquellos directores y síndicos que hubieran sido elegidos en juntas o asambleas de accionistas de sociedades por acciones en las que tengan participación accionaria las AFP's, en virtud o contratos de administración u otros acuerdos entre accionistas. La Dirección Nacional de Registro de Sociedades por Acciones publicará anualmente en un periódico de circulación nacional, los nombres de los directores y síndicos antes señalados, en tanto que los fondos de acciones populares mantengan participación en dichas sociedades por intermedio de las AFP's".

La Ley califica las AFP's como "accionistas" de las empresas capitalizadas y además dice que publicará anualmente los nombres de los Directores y síndicos en "tanto que los fondos de acciones populares mantengan participación en dichas sociedades por intermedio de las AFP". Es accionista quien es propietario de las acciones, lo dice claramente, las AFP's son accionistas, luego sostiene que se publicarán los nombres de los Directores y síndicos en tanto "los fondos de acciones populares mantengan participación en dichas sociedades por medio de las AFP", es decir, en tanto las AFP's no vendan sus acciones. Es evidente y por otra parte inútil, el intento de disfrazar la situación refiriéndose a "los fondos de acciones popula­res que mantienen participación POR INTERMEDIO DE LAS AFP", si primero se ha calificado a la AFP como "ACCIONISTAS". Encima de ladrones chapuceros, el gobierno de la megacoalición, como quien no quiere la cosa, ha expropiado las acciones, "a los bolivianos" o al Estado y se las ha traspasado a las AFP's, todo de una manera furtiva y vergonzosa, aludiendo tácitamente al asunto con la palabra "accionistas" pero a continuación tratando de ocultar esto en el mismo artículo de la Ley. ¡Pobres ladrones! Como el carterista que mete la mano al bolsillo ajeno, a la vista de todos y después, también a la vista de todos, mete la cartera al mismo bolsillo, pero vacía, «devolviéndosela» en un acto de "honradez".

Por otra parte, si se ha expropiado las acciones del Estado con un pase de manos, también se ha debido vender éstas, de eso se tienen pruebas. Además, el que comenzó a vender fue el gonismo para pagar el Bonosol, hecho que pretendió minimizar, se sospecha que a estas alturas del famoso "50% de las acciones de los bolivianos", debe quedar la mitad, tratando de ser optimistas.

La capitalización

"Lo primero es que en la capitalización no se vendió nada. Eso es lo que la gente no quiere entender, dicen: 'vendió un 50por ciento'. Primero no hay enajenación, no com­pras, es un aporte de capital, el que pone el capital recibe el 50 por ciento en una licitación abierta internacional, en la que hubo una competencia en la que se definió quién da más por el 50 por ciento ". Gonzalo Sánchez de Lozada.

Tiene razón Sánchez de Lozada: en la capitalización no se vendió nada, se lo regaló como en el caso de YPFB, se entregó las reservas vivas de gas y petróleo "como activos de la empresa capitalizada" puesto por YPFB como parte del 50 por ciento de la sociedad que se capitalizaría. El socio "capitalizador" vendría a invertir su dinero para explotar nuestro gas y nuestro petróleo, teniendo el 50 por ciento de las acciones de la empresa y, además, la administración de ésta. Sobre el 50 por ciento de las acciones de los bolivianos hubiera habido una posibilidad de controlar las finanzas de la empresa si las acciones hubieran quedado en poder del Estado, pero el noble y generoso Goni quiso ser el benefactor de los bolivianos: le regaló una acción a cada boliviano y puso éstas en manos de las AFP's, sin decir quién nombraba a los Directores en las empresas capitalizadas que representen las acciones de los bolivianos. Finalmente se supo que eran las propias AFP's las que los nombra­ban y que las acciones ya no eran "de los bolivianos", éstos eran simples beneficiarios pues las acciones eran de las AFP's.

Con esto, el control de las empresas capitalizadas se fue al demonio. De ese 50 por ciento nadie sabe quién es el verdadero propietario, por lo tanto el "socio estratégico" bien puede terminar comprándose el otro 50 por ciento a precio de robo. O simplemente seguir explotan­do el gas y el petróleo, sin que nadie sepa cuáles son sus ganancias y después de haber expoliado nuestros recursos irse llevándose su capital, ya que ellos "no compraron nada", sólo eran socios capitalistas y como tal pusieron su dinero y como tal se lo llevan, una vez que el gas y el petróleo se han agotado.

Pero, y nosotros, ¿cómo quedamos? No hemos vendido el gas y el petróleo porque no hemos privatizado, hemos entregado nuestro gas y nuestro petróleo como 50 por ciento del capital de las empresas creadas por YPFB a este respecto. Al principio, la figura era más tranquilizadora pues eran sociedades de economía mixta, por un lado el socio estratégico capitalizador y por el otro el Estado boliviano pero, una vez que se capitalizaron, las SOCA se convirtieron en sociedades anónimas. A continuación, esas miles de acciones de "tipo A", en un acto de filantropía, fueron obsequiadas envueltas en papel celofán "a cada uno de los ciudadanos bolivianos residentes en el país y que al 31 de diciembre de 1995 hubiesen alcanzado la mayoridad" por Gonzalo Sánchez de Lozada convertido en sui generis benefac­tor de la humanidad. De esta manera, las reservas vivas de nuestro gas y nuestro petróleo y las otras, convertidas en miles "de acciones de cada uno de los bolivianos" se dispersaron en los millones de bolivianos supuestamente propietarios de las acciones. ¿Quién representaba a esa multitud anónima para controlar el 50 por ciento de su participación en las SOCA? Nadie respondió a esta pregunta. Lo que se dijo es que los fondos administradores de pensiones administrarían estas acciones en nombre de todos los accionistas, es decir, todos los bolivia­nos, pero lo que no se nos decía es cómo, de qué manera, "todos los bolivianos" podríamos elegir a los Directores que nos representen en las empresas capitalizadas, de qué manera podíamos fiscalizar a las AFP's. Después nos enteramos de que no éramos propietarios de las acciones, con facultad de venderlas y nombrar los Directores que representen ese 50% de acciones en las SOCA.

Todo muy astuto, no vender el gas y el petróleo de YPFB sino ponerlo como 50% del capital en una empresa capitalizadora, luego convertir 1¹ sociedad de economía mixta en sociedad anónima, de esa manera disolver la presencia del Estado en la sociedad en miles de acciones y, acto seguido, "regalar" esas acciones a todos los bolivianos, a la multitud anóni­ma del "todos" y del nada y después volverlas humo para que desaparezcan. De este modo, nuestro petróleo y nuestro gas se han vuelto humo filantrópico, hemos entregado nuestro gas y nuestro petróleo a cambio de nada. Muy astuto, muy astuto, pero muy cobarde, como fusilar a alguien por la espalda. Nos han robado descaradamente y el político que lo ha hecho no es un genio, como se hace llamar sin pudor ninguno, sino un vulgar ladrón, un enredador y un descuidista.

Respeto la posición de aquellas personas bien intencionadas y patriotas que plantean la defensa del 50% de las acciones que se dicen de los bolivianos, pero no estoy de acuerdo. Pienso que luchar por esto es avalar la estafa descarada que se nos ha hecho. Mi posición es que se ha cometido con Bolivia, con nosotros, con "todos los bolivianos" una estafa descara­da, un delito de estafa tipificado en el Código Penal. Los que lo han cometido son unos delincuentes y la famosa "capitalización" es una estafa. Luego, todos los actos de la llamada capitalización adolecen de nulidad absoluta e insanable. La magnitud del delito es aún mayor si vemos que esta estafa ha contado con la complicidad y encubrimiento del Banco Mundial.

Tenemos que demandar la nulidad absoluta de todo lo actuado y el procesamiento de sus autores. No podemos aceptar que se haya jugado con nuestra buena fe, que se hayan pisotea­do todos los principios éticos para robarnos y saquear nuestra nación.

Todo esto que ha manifestado sobre la capitalización, lo he hecho desde el aspecto jurídico de ésta, no político, es decir, dentro del marco de nuestras leyes, que defienden la propiedad privada y el sistema capitalista. Esto queda fuera de la posición que yo tenga sobre el ajuste estructural, la reforma del Estado, la globalización y el capitalismo. Eso pertenece a la discusión de las políticas económicas y los aspectos ideológicos. De lo que aquí estamos hablando es de delitos comunes.

Ganaron con este discurso, la gente no quería la privatización de sus empresas estatales y por eso votó por el MNR, creía que lo que se estafa planteando eran sociedades mixtas para las empresas del Estado en las que éste conservaría la mayoría del paquete accionario 51% y la dirección administrativa de la empresa, es decir, la sartén por el mango.

Engañó a sabiendas: «la privatización involucra operaciones de compra-venta, donde el Estado vende sus activos a inversionistas privados, quienes se quedan con el 100% de la propiedad. A diferencia de la privatización, la capitalización significa aporte: el Estado aporta sus activos y el inversionista privado contribuye con nuevo capital. Este será equiva­lente al valor de mercado de la compañía. Por tanto, el inversionista llega a constituirse en un socio de Bolivia».

La gente, por supuesto, no entendía las crípticas alusiones de: «democratización de las empresas públicas, la devolución de su real propiedad y utilidades a sus dueños originales, es decir, a los propios bolivianos».

Se manejaron con medias verdades y alusiones tramposas, sugiriendo una cosa para des­pués terminar haciendo todo lo contrario, utilizando deliberadamente un lenguaje abstracto que aparentaba sugerir algo sin determinar nada en el fondo. De hecho, la mayoría de la gente no entendió la capitalización. Pensaba que se vendía un 50% de las acciones, como el mismo Sánchez de Lozada lo dijo en un reportaje a principios de este año: "Lo primero es que en la capitalización no se vendió nada. Eso es lo que la gente no quiere entender, dicen: 'vendió un 50%"'. Coincidimos con él: no se vendió nada, se lo robaron.

Sánchez de Lozada y su partido jugaron con la ambigüedad deliberadamente. Primero, para ganar las elecciones le hicieron creer a la gente que venderían un 40%. Después ya no necesitaban hablar sobre el tema y nunca explicaron lo que era la capitalización. Si los bolivianos hubieran sabido lo que era ésta, nunca hubieran votado por ella y Sánchez de Lozada tiene la sinvergüenzura de decir que la gente "no quiere entender". Entonces, habría que preguntarle, ¿qué es lo que entendió la gente cuando votó por él? Él mismo lo confiesa "dicen: 'vendió un 50%"'. Está demás seguir hablando, la mala fe salta a la vista. Buscó y estimuló el equívoco porque le convenía. Sin el engaño, no hubiera conseguido su propósito. Primero, hizo creer que había vendido el 50% de las empresas del Estado y después empezó a enredar con "las acciones de los bolivianos". La gente cree que esas acciones son el produc­to de la venta del 50% de las empresas del Estado, no sabe que lo que le están "regalando" son las acciones del Estado, es decir, lo que ya es de los bolivianos a través de las empresas estatales. Claro, se dirá, una cosa es que los bolivianos posean su petróleo y su gas " a través" del Estado, otra cosa es que esas riquezas estén socializadas, entonces verdaderamente se las posee. Diría que es un argumento anarquista pero, por favor, no caer en la estupidez de confundir, como se lo hizo en el caso de la participación popular, gordura con hinchazón. En este caso, se convierte en accionistas de la empresa capitalizada a millones de ciudadanos pero las AFP's se encargan de administrar esas acciones y después se vuelven propietarias de ellas. Los ciudadanos pasamos a ser "beneficiarios" y después, cuando se empezó a vender las acciones, nada. Ante esta "novedosa" alternativa, era preferible seguir poseyendo el gas y el petróleo a través del Estado, por lo menos seguirán entrando por parte de Yacimientos recur­sos al TGN para salud y educación.

De esta manera no se vendió nada, se lo robaron todo.

Otro de los elementos que se oculta y distorsiona es la proporción del famoso 50 y 50, paridad entre la parte boliviana y el socio capitalizador, que en ninguno de los casos parece que se cumple:

Cuando se estaba por votar la Ley de Capitalización, parlamentarios de UCS plantearon la inquietud de qué pasaría si en el futuro los inversionistas desembolsaran más dinero y los bolivianos no pudieran dar la contraparte de aportes de capital.

Ese es el caso de Chaco y Andina. De la inicial participación del 50% de las acciones de los bolivianos, en las que están incluidas las acciones que adquirieron los trabajadores de YPFB, se registró en 1998 que las acciones bolivianas apenas llegan al 30%. Los consorcios YPF-REPSOL-PLUSPETROL en Andina y Amoco en Chaco subieron la inversión de capital al 70% rompiendo de esa manera el equilibrio anterior y sin que haya posibilidades de aumentar la inversión por la parte boliviana.

En 1994, dos años ante la capitalización, se firma en Brasilia un "Memorando de Enten­dimiento" entre Mauricio Gonzáles Sfeir, Gerente Ejecutivo de YPFB y Rebeca P. Mark, Presidenta Ejecutiva principal de la empresa estadounidense Enron Development Corp. En este Memorando, se establece un contrato de joint venture para, entre otras cosas, el desarro­llo, financiamiento, construcción, operación de un gasoducto para el transporte de gas natu­ral de Bolivia a Brasil.

El acuerdo incluye otros gasoductos de Paraguay a Perú, a través de territorio boliviano. Se convino que el joint venture se formalizaría no más tarde del 15 de septiembre de 1994, un mes después de firmado el Memorando, que se hizo en julio. El Memorando también estable­ce que las partes contratantes negociarán con la empresa estatal brasileña, PETROBRAS, para que esta otorgue a los socios del joint venture una participación en la construcción de la parte brasileña del gasoducto. En la sociedad que se formaría, YPFB tendría el 60% de las acciones y Enron el 40% restante. Además, Enron se comprometía a prestar a YPFB hasta 10 millones de dólares para los gastos que demande el trámite del proyecto.

En diciembre de 1994, en Miami, durante la realización de una reunión de Jefes de Estado llamada "Cumbre de las Américas" a la que asistió Gonzalo Sánchez de Lozada como Pre­sidente de Bolivia en ejercicio, se firmó un documento llamado "Joint Venture and Shareholders Agreement" que, en su versión castellana, fue presentado como: "Contrato de Asociación accidental con pacto de Accionistas". En ese contrato, además de la firma del Presidente Ejecutivo de YPFB, aparecen firmando por la parte boliviana Gonzalo Sánchez de Lozada, a título personal y el Canciller Antonio Araníbar, a título de testigo; por la parte de Enron figura la ya mencionada Rebeca Mark y otra persona como Ejecutivo Principal. Este documento contiene básicamente los mismos compromisos estipulados en el "Memorando".

Tácitamente, se menciona la futura capitalización de YPFB, supeditando ciertas decisio­nes a que se produzca tal hecho.

Entre los nuevos elementos que aportó este contrato está el que el mismo ha de regirse por las leyes del Estado de Nueva York.

Otro nuevo elemento es que este contrato garantiza a Enron una rentabilidad mínima del 18%.

No sólo se aseguraba a Enron la construcción de gasoducto sino, además, se predesignaba a la empresa norteamericana para capitalizar YPFB.

Estos dos contratos tenían carácter secreto y se pudieron ocultar hasta el año 1996, año de la capitalización, en que alguien con amor a su país reveló estos documentos, generando el escándalo consiguiente en medio de la licitación pública para la capitali­zación de YPFB. Los voceros en Enron complicaron aún más las cosas para el gobierno al declarar que, para capitalizar la unidad de transporte, ya habían invertido 20 millones de dólares.

En medio de este escándalo, se produce el ofrecimiento de PETROBRAS: financiar los 300 millones de dólares para construir la parte boliviana del gasoducto. Con esto, tira por tierra uno de los motivos esgrimidos por Sánchez de Lozada y su gobierno para capitalizar YPFB, según el cual solamente de esa manera el Banco Mundial prestaría el dinero para la construcción del gasoducto. El gobierno aceptó la propuesta brasileña pero siguió con el proceso de capitalización, incorporando a Enron junto a Shell en la capitalización de la empresa de transporte de YPFB, cada empresa con un 50% de participación. ¿Para qué se necesitaba a Enron y Shell si PETROBRAS financiaría la construcción del gasoducto?, no había ninguna necesidad de suplantar a YPFB.

¿Para qué?

Las propuestas del Foro se han debatido entre una recuperación total del petróleo y el gas, una refundación de YPFB o una defensa del 50% de las acciones de las empresas capitaliza­das que pertenecen a los bolivianos. Pero la pregunta central que me he hecho a lo largo de todo este tiempo es, ¿para qué?

Es verdad que con la capitalización hemos perdido la riqueza que representaría la renta diferencial producida por los yacimientos petrolíferos y gasíferos bolivianos. Es verdad que hemos perdido el millonario negocio de la venta de gas al Brasil. Pero, ¿solamente por esto tenemos que recuperar nuestros hidrocarburos?, ¿por qué son un gran negocio y la pérdida de estos nos ocasiona la pérdida de miles de millones de dólares? ¿O es porque representan nuestra soberanía nacional, nuestra autodeterminación?

Se habla de refundar YPFB, pero, ¿para qué? YPFB nació como la primera piedra de un proyecto nacional, como la primera realización, la avanzada de un Estado nacional que se materializaría en 1952.

Ese proyecto nacional fue el parto doloroso de la tragedia del Chaco. Los hombres del Chaco por primera vez en la historia de nuestra República sintieron que eran una nación, la sangre de indios mestizos y criollos se había fundido en el crisol de las trincheras. Había necesidad de crear algo más grande que las tradicionales y mezquinas diferencias, ir más allá del racismo retrógrado del pensamiento del gamonal Arguedas, había que conquistar la sobe­ranía nacional destruyendo el poder de los barones del estaño y Super Estado minero. Había que vengar las traiciones de la Standard Oil, sobre todo el habernos empujado a la hecatombe de la guerra. De esa tensión de tormenta creadora nació Bolivia. YPFB no nació porque era un buen negocio, YPFB nació como el primer acto de afirmación de la soberanía nacional, en ese momento ni siquiera se estaba explotando comercialmente el petróleo y mucho menos se había siquiera aproximado a un autoabastecimiento nacional, era sobre todo el símbolo de la joven nación emergente, de su proyecto de soberanía e independencia económica.

No vale la pena andar peleando por defender el gas y el petróleo si no estamos dispuestos a desafiar la globalización. La capitalización es su expresión más acabada, si atacamos la capitalización estamos atacando la globalización. Por lo tanto, es contra­dictorio hablar de recuperar nuestros hidrocarburos por un lado y por el otro decir que debemos acomodarnos a la globalización, esto no es más que demagogia y servilismo rastrero a Estados Unidos.

Somos un país capitalista dependiente, pues se nos extrae la plusvalía de nuestro mercado nacional, con bastantes rasgos, cada vez más agudizados de colonia directa o "Estado Asociado" como Puerto Rico y, en todo caso, con un parecido bastante cercano a Panamá.

Nuestro Estado nacional ha desaparecido, siendo suplantado por el Súper-Estado impe­rialista yanqui. El poder real, la investidura y la insolencia de los embajadores norteamerica­nos se acercan al de los Procónsules romanos. El teatro de un gobierno propio, de los líderes y sus partidos no alcanza más que para el ridículo y la vergüenza ajena.

Somos un país ocupado económica, política y militarmente con el auxilio de una rosca cipaya de nativos políticos, militares y empresarios, que actúan a manera de fuerza de ocupa­ción imperial. Padecemos de opresión nacional del capitalismo imperialista norteamericano. No sólo tenemos que recuperar nuestra independencia económica sino también nuestro po­der de decisión política, es más, sin poder de decisión política no hay independencia económica.

Dadas las características de la expansión imperialista llamada globalización, es necesaria una lucha nacional antiimperialista latinoamericana. El planteamiento continental de Ernes­to Guevara está a la orden del día.

Los bolivianos tenemos que generar un movimiento de liberación nacional y social que se ensamble con otros movimientos de liberación en América Latina para poder dar una respuesta de fuerza continental a la globalización yanqui. Pero, por supuesto, hay que empe­zar primero por casa.

Ciertamente, el flagelo que azota nuestros países es la explotación capitalista, pero esa explotación se encarna y materializa en los Estados Unidos de América, nuestro enemigo principal y verdugo.

El primer paso que debemos dar en nuestra luchas es el desarrollo de nuestra con­ciencia nacional de bolivianos y latinoamericanos. No podemos seguir viviendo "como desterrados en nuestro propio país", no podemos seguir sosteniendo "un silencio cerca­no a la estupidez".

El momento en que actualmente nos encontramos lo expresan muy bien estas palabras de René Zavaleta:

"La incursión del extranjero en la vida propia nos impone un desarraigo, una enajenación que nos quiere mansos y sin astucia en una cueva hecha de miedo, materia prima incapaz de sí misma, extraños a nuestra propia naturaleza, a nuestra historia, a nuestros intereses, a nosotros mismos, babiecas sumisos a las formas ajenas ".

Hay que salir del sopor en que nos han sumido. Bolivia, este país en el centro del cono sur, esta llamado a un gran destino, el destino de nuestros sueños. No olvidemos que somos el corazón de todo un continente, así lo vio el Comandante Guevara.

A partir del reconocimiento de nuestra común identidad de bolivianos es que podremos luchar por el gas y el petróleo, si no ¿para qué? Lo que aquí está en juego no es sólo nuestro bienestar económico sino nuestro destino como bolivianos. Nuestro bienestar económico será del tamaño y la altura de nuestra grandeza como nación.

En respuesta al neoliberalismo fukuyamista podríamos decir que, además del bienestar material, nos interesa nuestra dignidad como hombres, es decir, nuestra libertad. Esta digni­dad es indisoluble de nuestra dignidad y libertad como bolivianos pues no hay hombres en abstracto, los hombres siempre pertenecen a alguna sociedad nacional en la que viven y han nacido, los hombres pertenecen a la lengua en que piensan y hablan, aunque la idea de hombre sea una sola, decía Platón, los hombres de carne y hueso son múltiples y distintos. No puede haber hombres libres en sociedades sometidas y esclavizadas.

Hay que volver otra vez a ser patriotas. Mijail Bakunin nos dice: "De ahí que, sincera­mente, siempre me sienta patriota de todas las patrias oprimidas ".

Y también nos dice: "El Estado no es la patria; es la abstracción, la ficción metafísica, mística, política y jurídica de la patria. Las masas populares de todos los países aman profundamente a su patria, pero ese es un amor natural, real. El patriotismo del pueblo no es una idea, es un hecho. Y el patriotismo político, el amor al Estado, no es la expresión fiel de ese hecho: es una expresión distorsionada por medio de una abstracción falaz y simple, en beneficio de una minoría explotadora ".

Por último, lo que resta considerar en un proyecto de independencia nacional, es si vale la pena volver al capitalismo de Estado, volver a apostar por un Estado empresario y, en todo caso, cuál es la alternativa al capitalismo de Estado.

La gran polémica que se produjo entre Bakunin y Marx en la I Internacional fue sobre el papel Estado en la revolución.

Marx sostenía que una vez destruida la máquina del Estado burgués había que implantar la dictadura del proletariado sobre la burguesía. Para eso había que construir un nuevo Esta­do, para ejercer una dictadura. Ese Estado sería un Estado obrero. Según Marx, una vez que esta dictadura sobre la burguesía se afirmara, ese Estado desaparecería por sí sólo, sin necesi­dad de destruirlo y se pasaría de esta manera a la sociedad comunista.

Para Bakunin no era así. Una vez producida la revolución popular que destruyese el Estado burgués, ¿para qué levantar otro Estado? El Estado es un instrumento de dominación de una clase sobre otra u otras clases oprimidas. Al desaparecer la explotación capitalista, al socializarse los medios de producción y la riqueza, al desaparecer las clases sociales, ¿sobre quién ejercer la dominación? Sobre la burguesía no puede ser porque está ha sido vencida en la revolución, destruyendo su Estado y expropiándole sus medios de producción. Por lo tanto, lo único que puede suceder en esta circunstancia es que se implante una nueva escla­vitud sobre la sociedad, transformándose los dirigentes del partido y sus burócratas en due­ños del Estado y, por lo tanto, en dueños de los medios de producción ya que estos pertenecen al Estado. Se produciría entonces una capitalismo de Estado pues esta nueva clase se queda­ría con la plusvalía que saca el Estado a los trabajadores, "para la acumulación socialista, la defensa del Estado Obrero y la construcción de la industria pesada". De esta manera, la subsistencia del Estado terminaría reproduciendo el capitalismo, volviéndose a una econo­mía de mercado y esta nueva clase terminaría convirtiéndose en una nueva burguesía al hacerse dueña de los medios de producción estatales, mediante la privatización de sus empresas.

Pero escuchemos a Bakunin:

"Los idealistas de toda índole, los metafísicos, los positivistas y los que dan prioridad a la ciencia sobre la vida, como los revolucionarios doctrinarios, son todos celosos defen­sores, aunque con argumentaciones diversas, de la idea del Estado y del poder estatal, pues ven en él -muy lógicamente desde sus puntos de vista- la única salvación para la sociedad. Muy lógicamente digo, porque, al aceptar como base el dogma -falaz en nuestra opinión- de que el pensamiento es anterior a la vida, la teoría abstracta tiene prioridad sobre la práctica social y por tanto la ciencia sociológica debe convertirse en el punto de partida para los alzamientos sociales y la reconstrucción ele la sociedad, llegan necesariamente a la conclusión de que si el pensamiento, la teoría y la ciencia son al menos en el momento presente, patrimonio de unos pocos, esos pocos deben dirigir la vida social; no sólo estimular, sino regir todos los movimientos del pueblo. Según ellos, al día siguiente de la Revolución la nueva organización social no habrá de establecerse sobre la libre integración de las asociaciones de trabajadores, pueblos, comunas y regiones de abajo a arriba o conforme a las necesidades y al instinto del pueblo, sino sobre el poder dictatorial de esta minoría ilustrada, que supuestamente expresa la vo­luntad general del pueblo. . .

Este es el programa de Lassalle, el programa del Partido Social Demócrata. Hablando propiamente, no pertenece a Lassalle sino a Marx, que lo expresa por entero en su conocido "Manifiesto del Partido Comunista", publicado junto con Engels en 1848. Ese programa aparece enunciado en el "Primer Manifiesto de la Asociación Internacional", escrito por Marx en 1864, con estas palabras: "La primera obligación de la clase obrera será conquistar para sí el poder político". El "Manifiesto del Partido Comunista" dice en este sentido: "El primer paso en la revolución de las clases trabajadoras, es llevar al proletariado a la posición de las clases dominantes. . . El proletariado centralizará ¡os instrumentos de producción en las manos del Estado, es decir, del proletariado elevado a la posición de clase dominante.

Implicaciones de la Dictadura del Proletariado. Se podría una preguntar entonces, si el proletariado llega a ser la clase dominante, ¿sobre quién ejercerá su dominio?

La respuesta es que seguirá existiendo otro proletariado sometido a esta nueva domina­ción, a este nuevo Estado. Pudiera ser, por ejemplo, la "chusma " campesina que, como sabemos, no goza del favor de los marxistas y que gracias a encontrarse en un nivel más bajo de cultura sería probablemente dirigida por el proletariado de la ciudad y de las fábricas. Considerada la cosa desde el punto de vista nacional, los esclavos, por ejem­plo, asumirían precisamente por la misma razón la misma posición de sometimiento servil ante el victorioso proletariado alemán que este último mantiene ahora respecto a su propia burguesía.

Si hay un Estado, debe haber necesariamente dominación y, en consecuencia, esclavi­tud; un Estado sin esclavitud declara u oculta es impensable. Por eso somos enemigos del Estado.

¿Qué significa "elproletariado convertido en clase dominante"? ¿Estará todo elprole- tañado a la cabeza del gobierno? Hay unos 40 millones de alemanes. ¿Serán los 40 millones miembros del gobierno? La totalidad del pueblo gobernará, nadie será gober­nando. Esto significa que no habrá gobierno, ni Estado, pues si existe un Estado habrá gente que sea gobernada y habrá esclavos.

Este dilema lo soluciona muy sencillamente la teoría marxista. Por un "gobierno popu­lar" entiende el gobierno del pueblo por medio de un pequeño número de representantes elegidos por el pueblo. El sufragio universal -el derecho del conjunto del pueblo a elegir a los llamados representantes y gobernantes del Estado- es la última palabra de los marxistas, así como de la escuela democrática. Pero esto es una mentira tras la cual se esconde el despotismo de una minoría gobernante, una mentira tanto más peligrosa cuanto que aparece como manifiesta expresión de la voluntad del pueblo.

Desde cualquier lado que nos aproximemos al problema, llegamos al mismo resultado lamentable: al gobierno de la gran masa del pueblo por una pequeña minoría privile­giada. Pero los marxistas dicen que esta minoría está constituida por trabajadores. Sí, en realidad de ex-trabajadores, que tan pronto como se conviertan en gobernantes o representantes del pueblo, dejarán de ser trabajadores y comenzarán a mirar desde arriba al pueblo trabajador. Desde ese momento no representan al pueblo, sino a sí mismos y a su propia ambición de gobernar al pueblo. Quienes duden de eso saben muy poco sobre la naturaleza humana.

Pero estos representantes elegidos serán socialistas convencidos y también socialistas instruidos. Las palabras "socialista instruido" y "socialista científico", que se encuen­tran constantemente en los trabajos y discursos de Lassalle y los marxistas, sólo prueban que el pretendido Estado popular no será sino el gobierno despótico de las masas traba­jadoras por una nueva aristocracia, numéricamente pequeña, de verdaderos o falsos científicos. Al pueblo le falta educación, con la cual ellos lo liberarán de las preocupa­ciones del gobierno, lo regimentarán por completo un rebaño común de personas gober­nadas. ¡Emancipación realmente!

Los marxistas tienen conciencia de esta contradicción; como saben que el gobierno de los científicos (la más miserable, ofensiva y despreciable de las clases gobernantes en el mundo) será, a pesar de su forma democrática, una verdadera dictadura, se consuelan con el pensamiento de que esa dictadura será sólo temporal y de breve duración. Afir­man que la única preocupación y tarea de este gobierno será elevar la educación del pueblo -económica y políticamente- hasta el momento de hacer innecesario el gobierno y que el Estado, tras haber perdido su carácter político, es decir, su carácter de autori­dad y dominación, se convertirá por sí sólo en una organización totalmente libre de intereses y comunidades económicas.

Tenemos aquí una contradicción obvia. Si su Estado va a ser un verdadero Estado Popular, ¿por qué habría entonces de disolverse a sí mismo? Y si su autoridades necesa­ria para la emancipación real del pueblo, ¿cómo se atreven a llamarlo Estado popular?

El proletariado tiene que emprender una revolución para conquistar el Estado, empresa más bien heroica. Y en nuestra opinión, una vez que el proletariado conquista el Estado deberá proceder inmediatamente a su destrucción como cárcel perpetua de las masas trabajadoras. Pero, de acuerdo con las teorías del Sr. Marx, el pueblo no sólo no debe destruir el Estado sino debe fortalecerlo, reforzarlo, transfiriéndolo de esta forma a manos de sus benefactores, guardianes y maestros, los jefes del partido comunista; en una palabra, al Sr. Marx y sus amigos, que comenzaran a emanciparlo a su manera. Ellos concentrarán todos los poderes del gobierno en manos fuertes, por el hecho mismo que el pueblo es ignorante y necesita un firme y solícito cuidado del gobierno. Crearán un banco estatal único, que concentre en sus manos toda la producción industrial, comercial, agrícola e incluso científica y dividirán a las masas del pueblo en dos ejérci­tos: un ejército industrial y un ejército agrícola, bajo el mando directo de los ingenieros estatales, que constituirán la nueva clase privilegiada científico-política. Podemos ver entonces qué brillante meta ha puesto la escuela comunista alemana ante el pueblo.

De acuerdo con este punto de vista casi unánime entre los socialistas alemanes, UNA REVOLUCIÓN POLÍTICA DEBE PRECEDER A LA REVOLUCIÓN SOCIAL, cosa que en mi opinión consiste en un grave y funesto error, porque toda revolución política que tenga lugar antes de una revolución social habrá de ser necesariamente una revolución burguesa, y una revolución burguesa sólo puede servir para el advenimiento de una socialismo burgués, desembocando en un nuevo sistema de explotación, más hipócrita y hábil, pero no menos opresor, del proletariado por la burguesía".

He transcrito in extenso el pensamiento de Bakunin sobre el papel del Estado en la revolución. Como se puede ver, las palabras de Bakunin son proféticas respecto a lo que pasó en Rusia Soviética y los países llamados socialista y el famoso "derrumbe del muro de Berlín" que fue un símbolo del derrumbe del "socialismo real", que nunca fue otra cosa que un capitalismo de Estado, hasta que devino en un capitalismo privado.

La revolución del M.N.R. no fue una revolución socialista, pero creó el Estado del 52 que fue un Estado empresario que engendró un capitalismo de Estado. De la misma manera que en el caso de los comunistas rusos, los dirigentes del M.N.R. se apropiaron de las empresas estatales a través de su control del aparato del Estado por medio de su partido, el M.N.R., que se apropió del mismo durante 12 años seguidos. La dirección de M.N.R. se convirtió en la nueva burguesía dominante que creció a la sombra de las empresas del Estado produciendo la ruina de empresas como COMIBOL. No olvidemos que el M.N.R. constituyó el riñon de la minería mediana. Y finalmente el M.N.R. que había creado las empresas del Estado terminó privatizándolas, el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada con YPFB, ENTEL, COMIBOL, ENFE, etc. De esta privatización, los principales beneficiarios fueron los líderes del MNR que se asociaron con las empresas multinacionales, la mayoría de los miembros de la Nueva Rosca proviene del MNR o de capitalistas que se beneficiaron del régimen del MNR. El Estado genera capitalismo y explotación. La nueva burguesía boliviana nació del Estado del 52.

Un siglo después de producida la polémica entre Marx y Bakunin, Bakunin ganó en toda la regla pues los hechos le dieron la razón.

Se ha festejado por parte de los marxistas los 100 años del Manifiesto Comunista. Lamen­tablemente, no se dieron por enterados del fracaso de su principal planteamiento: la dictadura del proletariado. ¿Cómo se puede festejar los 100 años de un fracaso?

Volviendo al tema de las empresas estatales y el capitalismo de Estado, esto no significa que frente a la privatización total de estas empresas permanezcamos indiferentes y no defen­damos las empresas del Estado ante su privatización porque esta medida es retrógrada y reaccionaria y beneficia la explotación aún mayor de los trabajadores y el pueblo, favore­ciendo a los explotadores capitalistas.

Frente a la estatización de los medios de producción y la riqueza propugnada por el marxismo, los anarquistas plantean la socialización de los medios de producción y la riqueza, en este caso los medios de producción y toda la riqueza pasan a manos de los trabajadores, de sus sindicatos, sin ningún tipo de intermediación ni estatal, ni política. La sociedad se orga­nizará en Comunas, que se federarán en una unión nacional de Comunas.

Al respecto, Bakunin nos dice lo siguiente:

¡Qué diferentes eran de las que existen en la actualidad! Los intereses materiales, inte­lectuales y morales crearon entre todos los miembros de la misma nación -o incluso de naciones diferentes- un ideal social de naturaleza tan poderosa y real que todo cuanto hacen hoy los Estados para paralizarlo y destruirlo resulta vano. Esta unidad resiste cualquier ataque y sobrevivirá a los Estados ".

Frente a la empresa estatal la empresa socializada

La producción y la planificación económica quedan en manos de los mismos producto­res, es decir, de los propios trabajadores. Adivino el gesto de incredulidad de muchos, dirán: ¡esto es una utopía!, ¡no se dio en ninguna parte! ¡Sí se dio!, en la Revolución Española, en 1936, en Cataluña, Aragón y Asturias, los trabajadores realizaron lo que Marx llamaba "la expropiación de los expropiadores". Empezaron a apropiarse y autogestionar la inmensa mayoría de las empresas industriales y comerciales, así como los servicios de Cataluña, sobre todo en Barcelona, la principal ciudad industrial de España. Hay que señalar que esto lo hicieron espontáneamente las masas sin orden ni consigna de ninguna organización ni si­quiera de la C.N.T. El movimiento de las incautaciones afectó a todos los sectores de la industria catalana. En Cataluña fueron incautadas el 70% de las empresas. En Aragón, se formaron las comunas agrarias. Y es así que los trabajadores pusieron a andar la economía, poniendo a producir las fábricas y los campos. Todo esto se realizaba en plan guerra contra el ejército fascista de Franco.

Tuvo que implementarse una industria de guerra y empezar a fabricar todo, desde muni­ciones hasta motores de avión, como lo hicieron en la fábrica de automóviles Hispano Suiza de Barcelona.

Esta experiencia duró apenas dos años, veamos lo que nos dice Gerald Brenan:

"Los revolucionarios españoles no eran ludditas. Sus aspiraciones no apuntaban al pasado sino al futuro: el capitalismo propendía a un futuro muy diferente; y en el corto lapso de su triunfo no cerraron las fábricas sino que las pusieron al servicio de sus necesidades, las tomaron a su cargo ".

Y, por último, Noam Chomsky: "Durante los meses que siguieron a la insurrección de Franco, se desarrolló en España una revolución social sin precedentes. Obedeciendo a un movimiento espontáneo, independiente de toda 'vanguardia revolucionaria', las masas tra­bajadoras, en ciudades y campos, se dedicaron a realizar la transformación radical de las condiciones sociales y económicas: la empresa reveló ser un gran éxito, hasta el momento en que fue aniquilada por las armas".

El petróleo y el gas como riqueza

Si el conjunto de los yacimientos de materias primas está sometido a la propiedad agraria, el plus beneficio se convierte entonces en renta agraria, según Ricardo. Marx distingue una renta diferencial, otra absoluta, los hidrocarburos están incluidos en materias primas que producen renta diferencial.

Por lo tanto, se deduce por sí mismo que, a nivel del mercado mundial, la propiedad agraria, o sea, la propiedad de los yacimientos, aunque se presente como propiedad del Estado es conducida a plantear limitaciones al capital que produce en su dominio, desde el momento en que el Estado, presentándose como el propietario colectivo ideal, está bien lejos de aparecer al mismo tiempo como el representante inmediato de cada capital.

Desde que la producción de plusvalía se instaura en tanto forma determinante de la producción de las sociedades antes precapitalistas y las relaciones de clase se han modificado fundamentalmente en ellas, las clases dominantes dejan de contentarse con el simple tributo que le paga el capital a cambio de la puesta a su disposición de los yacimientos de materias primas energéticas de que ella es propietaria, ya que en el presente su poder se basa en la producción de plusvalía. Comienza a poner término a la explotación indiscriminada de las materias primas nacionales por el capital, y particularmente por el capital extranjero, y por tanto debido a ello al combate concurrencial en la esfera, al crecimiento de la fuerza produc­tiva del trabajo por la utilización a voluntad de los yacimientos más favorables, y comienza de esta manera a adquirir influencia sobre la formación del precio del mercado en la esfera.

Las clases dominantes de estas sociedades, en tanto propietarias de hecho de las fuentes de materias primas, comienzan a determinar por sí mismas el nivel del tributo que les debe ser entregado y a revaluar este tributo hasta alcanzar la cantidad que debe normalmente revenirle en tanto que propietarios agrarios en el sistema capitalista mundial: se trata del conjunto del plus beneficio obtenido por el capital al utilizar los yacimientos más favorables para la producción. La concurrencia de capitales para la adquisición de los yacimientos naturales particularmente favorables para la producción de materias primas, en el caso en que, en condiciones políticas bien definidas y gracias a intervenciones políticas no sean excluidos de la producción, va a actuar de tal forma que el conjunto de plus beneficio obtenido por la utilización de este yacimiento será convertido en renta agraria y apropiado por el Estado en tanto que propietario agrario. Este es el aspecto progresivo de las estatizaciones que hace que gran parte de este plus beneficio quede dentro del país productor.

Modificación de la ley del valor en la producción de petróleo y gas

En condiciones distintas de las condiciones concurrenciales, tal como existen, por ejem­plo, en la esfera de la industria, en las esferas de producción que dependen directamente de la naturaleza, no se puede generalizar la fuerza de trabajo más elevada y por este hecho el precio de mercado no está regulado por el precio de producción individual de las mercancías produ­cidas en "condiciones medias" (Marx).

En la esfera extractiva (como en la agricultura), el fundamento material de la fuerza productiva del trabajo más elevado es la fuerza de la naturaleza, es decir, se trata de una condición de la producción que es proporcionada por la naturaleza y permite a algunos capitales una valorización más elevada de la fuerza productiva de trabajo que utilizan, si se supone que en toda la esfera funcionan capitales que poseen todos ellos la misma composición orgánica media. En la esfera extractiva, por lo tanto, la fuerza productiva más elevada del trabajo no proviene del capital sino, por el contrario, "proviene de un aumento de la productividad natural del trabajo, ligada al empleo de una fuerza natu­ral que estaría a disposición de cualquier capital en la misma esfera de producción. . . Se trata de una fuerza natural monopolizable de la que pueden disponer, como es el caso de la caída de agua, sólo los detentan ciertas porciones de suelo lo que de ello depende" (Marx, "El Capital", t. III, p. 600).

Los capitales que utilizan una fuerza productiva de trabajo ligada a una fuerza natural excepcionalmente favorable obtienen un plus beneficio que nos se diferencia en nada del plus beneficio habitual, si se le considera desde el punto de vista de la valorización. No obstante, la fuerza natural excepcionalmente favorable, no es, en sí misma, en ningún caso, la fuente del plus beneficio: "La fuerza natural no es la fuente del plus beneficio SINO SU BASE NATURAL, COMO BASE NATURAL DE LA PRODUCCIÓN EXCEPCIONALMENTE AUMENTADA DEL TRABAJO. Al igual que el valor de uso es el soporte de valor de cambio pero no es su causa" (Ibid., pp. 601-602)

La diferencia esencial entre la esfera extractiva y la esfera industrial está constituida, así, por el hecho que en la esfera extractiva de productividad aumentada del trabajo, al estar condicionada por la naturaleza, no puede ser generalizada, porque su base material es inde­pendiente del capital, es dada por la naturaleza. Es por eso que esta "base natural de la producción excepcionalmente aumentada del trabajo" que son nuestro gas y nuestro petró­leo debe ser recuperada de manos del capital extranjero y defendida y protegida por todos los bolivianos.