PETRÓLEO EN BOLIVIA

Enrique Mariaca Bilbao

Al principio creó Dios los cielos, la tierra... y el petróleo

Hacia el año 2500 antes de Cristo, unos mil antes que se escribiera el Génesis, ya se mencio­naba el petróleo. Se lo cita en el "Cantar de Guailganésh", el más antiguo poema épico de la humanidad. En esa época, se dice que, para salvarse del Diluvio Universal, el Dios EA dio instrucciones para construir una embarcación que había que calafatear "con alquitrán y asfalto".

También sirvió de argamasa para construir la mítica Torre de Babel. En el otro extremo del mundo, aquí en Bolivia, nuestros primitivos pobladores de la sierra subandina ya empleaban el petróleo que brotaba de los acantilados como pócima curativa e iluminante. Son los betu­nes que más tarde halló el padre Barba para aliviar dolencias.

Los chinos, en Sechuán y Sheún, se las ingeniaron para obtener gas del petróleo que llevaban por tubos de bambú hasta las mansiones de los mandarines para su iluminación.

Pero el petróleo no siempre se utilizó en beneficio del hombre. También se utilizó para la guerra. A mediados del siglo V de nuestra era, los bizantinos desarrollaron el llamado "fuego griego", mezcla de petróleo y cal viva, que se prendía para atacar con fuego a los enemigos. Un arma poderosa, padre del terrorífico NAPALM de nuestra época civilizada. En los tiempos antiguos, el petróleo no estaba industrializado. Europa conoció el petróleo mucho tiempo después. Fue en 1272 que Marco Polo lo vio por primera vez en Bakú, donde manaba como líquido espeso y maloliente y se usaba para curar erupciones de la piel y, sobre todo, como iluminante. Lo llamaban "neft". En Mesopotamia, hoy Irak, ardía permanentemente el "fuego sagrado". En México, donde los aztecas lo usaban como argamasa para sus gigantescas pirámi­des, se lo conocía como "chapopote". En el Perú, se lo empleaba para momificar cadáveres.

Pero todo lo anterior es la prehistoria del petróleo porque aún no era un elemento funda­mental de la vida, sino algo accesorio. Fue la revolución industrial, que estalló a mediados del siglo XVIII, la que tornó indispensable el petróleo.

¿Qué es el petróleo?

Es una mezcla líquida de colores que van desde el pardo oscuro pasando por el verdinegro, verde claro, ámbar, hasta llegar a ser casi transparente como el agua. Sus moléculas de carbón e hidrógeno están maravillosamente organizadas en estructuras de cadenas abiertas o cerra­das, cortas o ramificadas. Por procesos físico-químicos, el hombre las rompe y arregla de mil formas, dando lugar a una gama de combustibles, aceites, productos petroquímicos, etc.

¿Cómo se formó?

A medida que pasaron los años, el mar se retiró y los estratos rocosos fueron elevados y encorvados. Sujetos a altas presiones y temperaturas, sumado a la descomposición de la materia orgánica que contenían, se transformaron en petróleo y gas. Por eso se los llama también combustibles fósiles.

¿Dónde se acumula?

El petróleo y el gas, con las propiedades de un fluido, migraron lateralmente y hacia arriba para acumularse en lo que se llama estructuras geológicas: anticlinales, terrazas y también en trampas estratigráficas.

Es tarea de los geólogos descubrir las cuencas sedimentarias donde se desarrollan los fenómenos antes descritos, mientras que es labor de los ingenieros petroleros el perforar los pozos para llegar a las acumulaciones petrolíferas, extraer el petróleo y el gas, separarlos y enviarlos a las plantas de procesamiento y refinación, a cargo de los ingenieros químicos, para su industrialización.

Nuestro país ha sido favorecido por la naturaleza y cuenta con varias cuencas sedimentarias donde se han desarrollado los eventos geológicos para la formación de los hidrocarburos. Estas cuencas suman 485.000 kilómetros cuadrados, o sea, el 44% del territorio nacional y tan sólo ha sido explotado un tercio de esas cuencas llamadas potencialmente petrolíferas.

¿Desde cuándo adquiere valor?

Hasta mediados del siglo XVIII, el petróleo o aceite de piedra tenía un uso muy restringi­do y nada se sabía sobre su génesis, su real naturaleza y formas de presentación. Fue la revolución industrial, con su impulso hacia mejores condiciones de vida y trabajo, la que impulsó el salir de las tinieblas por las noches usando iluminantes, como el kerosén que daba una luz brillante y, a la vez, comenzaron a utilizarse los aceites lubricantes para facilitar el mejor funcionamiento de las máquinas y evitar su desgaste; ambos eran extraídos del petróleo.

Sometido a un sencillo proceso de destilación, el petróleo produjo esos productos que ya se mostraban con gran futuro industrial-comercial, pero a condición de disponer de fuentes de materia prima abundante y no depender de los pobres resumideros y afloramientos de petróleo.

Fue perentoria la tarea de investigar cómo y dónde estaba el petróleo en el subsuelo, mas, ¿cómo hacerlo?

El petróleo acelera la revolución industrial y surge el supercapitalismo

En la última mitad del siglo XVIII, se desató en el mundo la fiebre del petróleo, era el "oro negro". Inicialmente, se dio la producción y comercialización internacional del kerosén y, en 1910, con la aparición de los motores de combustión interna y automóviles, comienza la utilización creciente de las gasolinas y el diesel. El carbón fue desplazado como energético en la industria, el comercio y el transporte. Pronto aparecieron las empresas del cartel que, por la propia dinámica del sistema capitalista, emergieron con una nueva forma de acumulación multimillonaria. La súper empresa líder fue la Standard Oil de New Jersey, propiedad de Rockefeller, escoltada por otras dos Standard: la de Nueva York y California así como la gigante anglo-holandesa Shell Royal Dutch; a ellas se unieron tres grandes más: la Brithis Petroleum, Texaco y Gulf Oi 1. Son las llamadas siete hermanas que organizaron el Cartel Mundial Petrolero para adueñarse del planeta, repartirse las fuentes de producción, los mer­cados y dictar los precios del petróleo. Resultaron el poder detrás del trono.

El Cartel y su PAX Petrolera hasta 1972. En oposición nace la OPEP en 1960

El reinado indiscutido del Cartel Petrolero duró hasta 1972. En el ínterin, las dos guerras mundiales fueron ganadas en olas de petróleo, que jugó un papel decisivo. Al término de la Segunda Guerra, los EE.UU. aprobaron el Plan Marshall para la reconstrucción de una Europa en ruinas. El clan Rockefeller, principal integrante del «Complejo Industrial-Militar» norte­americano y factor primordial para la victoria, fue escogido para ejecutar el plan y lo aprove­chó para petrolizar a Europa e impulsar la industrialización bajo el dominio transnacional norteamericano. Otro hecho histórico remarcable fue la creación del Foro de las Naciones Unidas, con los objetivos de consolidar la paz, profundizar la democracia y ayudar al desarrollo de los países atrasados. Bajo su dirección, se crearon varios organismos especializados para cumplir esos objetivos. Hay que destacar la presencia importante en el seno de las Naciones Unidas de la Unión Soviética y el bloque de los países socialistas, así como sus políticas de cooperación y ayuda económica a los países en desarrollo. Igualmente, se inició el período de la descolonización a la vez que nacen organismos multinacionales como el Grupo del Tercer Mundo, de los Países No Alineados, el Consejo Mundial por la Paz, el Grupo G-7. Al influjo de los países en desarrollo y los del bloque socialista, la Asamblea General de NN.UU. aprobó varias resoluciones favorables a la transformación de la economía de los países subdesarrollados. Las más importantes fueron: el derecho que asiste a los países de recuperar sus recursos naturales vía la expropiación o nacionalización, reconociendo una justa indemnización; la necesidad de establecer un "Nuevo Orden Económico Internacional" para corregir los términos del intercambio desigual existentes; la urgencia de negociar en pie de igualdad y solidaridad la transferencia de tecnologías.

La era del petróleo

No obstante los portentosos avances contemporáneos que culminaron con el descubri­miento y la aplicación de la energía nuclear, ésta no podrá desplazar a mediano plazo ni sustituir totalmente al petróleo genéricamente hablando, incluido el gas. Es por ello que, con toda propiedad, se puede decir que el reinado de este recurso energético a la vez que materia prima importante continuará más allá del siglo XXI y, en la historia de la humanidad, este espacio quedará marcado como la era del petróleo.

¿Cuáles son las características principales de la era del petróleo? En primer lugar, su descubrimiento y desarrollo con finalidades industriales está en íntima relación con el sor­prendente avance científico-tecnológico de los últimos 130 años, más concretamente, la revolución industrial que se inicia a mediados del siglo XVIII y que tuvo su motor en la utilización creciente del petróleo.

Segundo, su posesión determina un tremendo factor de poder tanto en tiempos de paz como de guerra por lo que las potencias altamente industrializadas han pugnado y pugnan por el control de las fuentes de producción, en estrecha coordinación con sus transnacionales. Estas fueron la punta de lanza de penetración, dominio tecnológico, económico y político en todas las regiones potencialmente petrolíferas.

Tercero, ha generado en progresión geométrica una masa de beneficios y ganancias que han hecho de la industria petrolera internacional el instrumento más acabado y perfecto del sistema capitalista para ese fin y cuyo control mundial por los consorcios transnacionales fue casi absoluto hasta los años 60-70.

Quinto, en Latinoamérica surgió una conciencia nacional clara y definitiva en torno a la necesidad de recuperación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos petroleros por el Estado y el detonante para ello fueron las expropiaciones petroleras en Bolivia y México, en los años 1937 y 1938, respectivamente, y la creación de las estatales YPFB y PEMEX. Años después, se crearon las estatales ECOPETROL en Colombia, ANACAP en Uruguay, ENAF en Chile, PETROPERÚ en Perú, PETROBRAS en Brasil, INSTITUTO CUBANO DEL PETRÓLEO en Cuba, CEPE en Ecuador, PVDSA en Venezuela y PARPETRO en Paraguay.

Crisis energética mundial

La crisis energética del período 1973-1979 produjo importantes cambios cualitativo- cuantitativos en el sistema. Así, se pasó a la OPEP la decisión de fijar el precio internacional del petróleo a la vez que determinar políticas de producción. Los precios escalaron de 1.8 Sus. por barril a 13.0 $us. (1973) y 35.0 $us. (1979). El resultado fue la generación de una colosal masa de dólares que inundaron el mercado financiero y recircularon como armas, bienes suntuarios, alimentos y también como dinero fácil en forma de préstamos a los países tercermundistas. Esto último es el origen de la deuda externa que finalmente estalló en los 80s, causando el desplome de las economías tercermundistas dependientes.

En el caso de Bolivia, el control y aprovechamiento de los hidrocarburos por el Estado fue un factor importante para el desarrollo económico-social del país pues tuvo un doble impac­to: como suministro energético ampliamente suficiente para mover el aparato productivo a precios bajos en una primera etapa y como generador de excedentes económicos para fortale­cer el presupuesto nacional. Desde otra perspectiva, fue símbolo de soberanía, superación de la dependencia en ésta área y articulador de la integración nacional.

Petróleo: Nacionalismo y Coloniaje

Al finalizar la contienda bélica del Chaco, un grupo de intelectuales, encabezados por Carlos Montenegro, valorando la importancia y el peso estratégico que tendría el petróleo en el futuro nacional, creó la Unión de Defensa del Petróleo. Esta fue la simiente ideológica de lo que más adelante se convertiría en la doctrina de la recuperación y aprovechamiento racional de uno de los recursos naturales más valiosos para beneficio del pueblo.

La concepción que estos hombres imaginaron para aplicar esta doctrina fue la creación del Estado-Nación, con plena capacidad para ese efecto. Sólo así sería posible mirar la reali­dad con nuestros propios ojos, explotar los recursos del país por nosotros mismos y superar el atraso y la marginación.

Más adelante, en 1938, Montenegro, junto con Siles Zuazo, Guevara, Paz Estenssoro, Céspedes, Espinoza y otros fundaron el Movimiento Nacionalista Revolucionario, con una visión política renovadora. En mayo de 1944, Montenegro lanzó el libro y documento Na­cionalismo y Coloniaje que es una magistral interpretación de nuestra realidad histórica, señalando las contradicciones que Bolivia vivía como país dependiente y atrasado.

Aplicando una metodología dialéctica, logró una visión más estructurada de las falencias del presente y señaló el camino al futuro. Así, inscribió y recuperó un sentimiento de nacio­nalidad frente a los resabios colonialistas y oligárquicos vigentes. En otras palabras, interpre­tó el desengaño liberal y logró su derrumbe como ideología dominante, que arrastraría a la oligarquía minera que usufructuaba la riqueza y el poder. Sus premoniciones se cumplieron con la revolución de 1952 y, estamos seguros, Montenegro no habría podido concebir el retorno de la reacción con las propias banderas del abril glorioso.

A media década de los 30's, la paz petrolera prevalecía mundialmente. Los gigantescos consorcios norteamericano-inglés-holandés usufructuaban plácidamente los multimillonarios flujos de dinero generados por una industria petrolera cartelizada.

Era el fruto del Acuerdo del castillo de Achnacarry, Escocia, en 1928, mediante el cual se repartieron las regiones productoras de petróleo y establecieron un procedimiento para fijar precios deprimidos en los países productores, burlando sus expectativas pero maximizando los lucros en las otras etapas bajo su control.

Ni qué decir que ajustaron el paraguas de protección de sus intereses planetarios a cargo de las flotas de guerra y los énclaves militares de las superpotencias norteamericanas- anglosajonas.

En Latinoamérica, la Standard Oil y la Royal Duteb Shell habían penetrado en toda el área. En Bolivia, la Standard Oil obtuvo una concesión en el oriente de más de 9 millones de hectáreas a lo largo de la faja subandina, la cual colindaba en el Sur, por Bermejo, con su concesión en la Argentina.

En 1937, el gobierno boliviano decretó la expropiación de todos los bienes de la Stan­dard Oil por haber infringido las leyes y no cumplir el contrato de concesión. Los hechos concretos fueron: la exportación clandestina de petróleo producido en Bermejo, Tarija, hacia la Argentina; defraudación de regalías e impuestos; incumplimiento en el abastecimiento nacional de combustibles y, el más grave, que durante la guerra con el Paraguay saboteó el suministro de combustibles al ejército nacional.

Era un caso único. La primera expropiación que afectaba al Trust Standard Oil, el más poderoso. La sorpresa de los jerarcas del Trust se trocó en cólera, desencadenando en los Estados Unidos y el mundo una campaña de calumnias, falsedades y tergiversaciones. Defen­dían una supuesta inviolabilidad que atribuían a sus concesiones pero, sobre todo, su preocu­pación era el precedente. Ante la presión que ejercieron sobre el Departamento de Estado de su país, para intimar a Bolivia a que anule la medida, el Presidente F. Delano Roosevelt calmó las iras y prometió negociar una indemnización. Se estaba ya en el enfrentamiento democra­cia versus nazifascismo y no podía practicar la política del «garrote» como en el pasado.

¿Quién fue el estratega de la expropiación? El Teniente Coronel Germán Busch que, como Jefe de Estado Mayor, impulsó dos históricas medidas durante el gobierno del Gral. Toro: la creación de una empresa estatal petrolera, que se denominó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), mediante Decreto Ley del 21 de diciembre de 1936 y la declaratoria de caducidad de las concesiones de la Standard Oil por Decreto del 13 de marzo de 1937.

La exposición de motivos del Decreto Ley de creación de YPFB contiene principios de doctrina que siempre tendrán vigencia por lo que, en esta época de confusión y demagogia, merecen ser divulgados. Dice así: "... la importancia y la situación de los citados combusti­bles (hidrocarburos) en el mundo, su significado económico y su valor respecto al Estado, imponen cada día más que estos recursos sean puestos bajo el control directo de la Nación. Que interesa especialmente al Estado una política estable y de seguridad para el país en materia petrolera y que es indispensable, además, garantizar el desarrollo de la citada Industria bajo una base efectiva que asegure su completo y rápido desenvolvimiento, lo cual solamente puede obtenerse bajo los auspicios del gobierno de la República... "

Se creó así a YPFB como empresa pública con carácter autárquico o sea con capaci­dad de manejo independiente en lo administrativo, técnico y financiero para situarla al margen de la injerencia política, aunque con tuición del Ministerio del ramo. Esta autar­quía fue un acierto porque dio lugar a su desarrollo como empresa eminentemente pro­ductiva.

Cuando se discute la política petrolera de un país, lo que se está debatiendo es la forma cómo se generan los excedentes petroleros y entre quiénes se repartirán. Por ser la industria petrolera una generadora impresionante de excedentes por excelencia, se creó una trama o correlación de fuerzas que pugnaban por captar mayor participación.

Fue entonces cuando el Estado planteó su política y estrategia para orientar y definir el destino de tales excedentes. Se pueden distinguir políticas que privilegian la actividad priva­da internacional socapa de la necesidad de las inversiones y otras, al contrario, que conside­ran que el sector público debe controlar monopólicamente todas las instancias de la indus­tria. Habrá también políticas mixtas en diversos grados.

Inicial mente, en Bolivia se impuso la forma monopólica haciendo que el Estado, median­te YPFB, sea el responsable del desarrollo integral de la industria desde la exploración, perforación, producción, transporte, industrialización, refinación, distribución y comercialización.

En esta forma, la nación captaba el cien por cien del excedente económico, que el Estado soberanamente disponía qué magnitud tendría a través de la fijación de precios y la forma de distribución equilibrada entre tres actores: el institucional, el interés económico de la socie­dad y, finalmente, la utilidad razonable para YPFB.

En otras palabras, la riqueza petrolera se distribuía entre el fisco, departamentos produc­tores a través de impuestos y regalías; los sectores productivos de servicios y la población en general a través de energía barata; y una renta para YPFB adecuada a sus programas operativos y planes de expansión. Es cierto que, en algunas ocasiones, el poder gubernamental exagera­ba fijando precios demasiado bajos, lo que redundaba en rentas disminuidas para YPFB y perjudicaba sus planes de desarrollo.

Es pertinente hacer notar que esta política fue válida hasta 1956, con un condicionamiento restrictivo para YPFB desde su creación: que sus tareas de exploración y producción cubran sólamente el área del sureste, esto es, desde las fronteras del Paraguay y Argentina hasta el río Parapetí.

Al norte de este límite y desde 1938, una extensa área, sin delimitación, se hallaba bajo la jurisdicción de la Comisión Mixta Boliviana-Brasilera para la "Salida y Aprovechamiento del Petróleo Boliviano", Comisión que, infortunadamente, no dio frutos y fue disuelta en 1956.

Tareas y obras realizadas por YPFB

Conviene resumir las tareas que cumplió YPFB hasta esa fecha. Para ello, hay que partir del hecho que la Standard Oil, aunque hizo un buen trabajo exploratorio, nada dejó de toda esa información geológica y tampoco formó personal técnico nacional. El trabajo de explo­ración que realizó permitió el descubrimiento de petróleo en tres estructuras, Bermejo, Sanandita y Camiri, que no estaban desarrolladas pues tan sólo había 12 pozos que producían apenas 280 barriles por día. También existían dos pequeñas y rústicas refinerías.

Afortunadamente, desde el inicio, hubo una dirección gerencial idónea, con clara visión de organización de empresa, que se impuso como primera prioridad la tarea de formar cuadros de recursos humanos especializados y para ello seleccionó a los sesenta mejores bachilleres del país, enviando siete a México y el resto a la Argentina para su capacitación profesional y técnica. Este fue el núcleo fundamental que hizo que YPFB lograra cumplir su principal objetivo: el abastecimiento cien por cien en 1954. Para ello, tuvo que cumplir una planifica­ción muy exigente que requería inversiones considerables, como las que fueron otorgadas por el Eximbank y el Banco Mundial, al constatar la racionalidad del plan y la garantía que ofrecía la organización de YPFB.

La planificación integral inicial elaborada en 1942 y ampliada en 1945 consistía básica­mente en la intensificación de la perforación en Camiri-Guairuy, exploración en Mandeyapecua y El Toro, oleoducto Camiri-Cochabamba e instalación de una refinería en esta ciudad de 7.000 BPD. La inversión fue de 23 millones de dólares. El gobierno revolucionario de 1952 dio otro impulso al plan de modo que, en 1953, al descubrirse yacimientos profundos, se perforaron pozos dirigidos en Camiri y se instaló una planta de inyección de gas al campo para mantenimiento de presión.

El resultado fue el crecimiento sorprendente de la producción de petróleo del orden del 28% año en el período 1948-1956, mientras el crecimiento del consumo interno fue de 9% año, lo que dio lugar a que, en 1954, YPFB lograra el abastecimiento total de las necesidades en carburantes del país que ya eran del orden de 5.900 BPD, mientras la producción remonta­ba los 8.760 BPD.

Cabe mencionar que, en su accionar empresarial, YPFB estuvo sujeta a los vaivenes de los gobiernos de turno pues aquellos, influenciados por la gran minería, le restaban apoyo. Los gobiernos de Villarroel y el del primer período de Paz Estenssoro, al calor de la revolución nacionalista de 1952, le dieron un impulso que fue determinante para su ascenso.

Sin embargo en este último, se dio una situación contradictoria que, a la larga, afectó profundamente a YPFB. En efecto, muy pronto postuló y ejercitó una política petrolera proclive a la participación privilegiada de los consorcios extranjeros al dictar el Código del Petróleo «Davenport». Era el mentís más rotundo a la doctrina «Nacionalismo y Coloniaje» de Montenegro, que fue la raíz ideológica del MNR de la década de los 40s; también era una forma de negar la capacidad del boliviano para manejar una industria compleja y acceder a la ciencia y tecnología petrolera modernas, pese a que, precisamente, YPFB había demostrado con creces lo contrario.

El sesgo más ilustrativo de ese retroceso fue que, a escasos tres meses de la célebre declaración revolucionaria de María Barzola, se proclamó otra diametralmente opuesta, lla­mada de «puertas abiertas» a la inversión petrolera, que conllevaba implícito un plan de asfixia de YPFB. Era la primera expresión de transfugio ideológico disimulado, adherido a un programa de ayuda económica norteamericana.

"Puertas abiertas" comenzó con la cesión 359.700 hectáreas del área de YPFB, en la vecindad de Villamontes, con estructuras petrolíferas como Los Monos, al aventurero texano Gleen Me Carthty, el 26 de septiembre de 1952. Fue la señal para vender la naciente "revo­lución" por dinero de ayuda que compraron el Código del Petróleo Davenport, aprobado en 1956. Fue objeto de dura y merecida crítica por su carácter colonialista y expoliador. Como ejemplo, se tiene el llamado "factor por agotamiento" del 27.5 % que es una deducción arbitraria por ese porcentaje de los ingresos como gasto, que el propio Departamento del Tesoro de los EE.UU., en un Informe, califica como un robo al decir "El Depletion Allovance es la mayor de todas las trampas o puerta de escape que tienen las Leyes Fiscales y represen­tan una pérdida anual de impuestos de 500 millones de dólares (año 1949)".

George Phillips, en su libro Petróleo y Política en América Latina (Fondo de Cultura Económica, México), dice "La ayuda empezó con 12 millones de dólares en 1954, 24 en 1955, 14.6 en 1960, 32 en 1961, 52 en 1963 y 64 Millones en 1964... En consecuencia, gran parte de la política boliviana llegó a girar alrededor del acceso a la ayuda norteamericana y, así, los administradores de la ayuda llegaron a desempeñar un papel importante en la economía boliviana. Ningún presidente boliviano pondría en peligro sus conexiones con Washington a fin de apaciguar a YPFB".

Retornando a la obra de YPFB, es justo decir que, por la dinámica de desarrollo que había generado, se configuró en el país lo que se conoce como capitalismo de Estado. Se creó un nuevo orden de valores en el cual se fundaba la convivencia social porque los valores que se postulaba y practicaba no eran la irresponsabilidad y el lucro para beneficio de unos cuantos, sino la solidaridad y la voluntad libre y democrática para el desarrollo pleno de la colectivi­dad y las facultades humanas. La aplicación de estos valores a la sociedad dio lugar al Estado Benefactor, al Estado con sensibilidad social, lo que representó un avance extraordinario de la comunidad boliviana.

Merced a su accionar constructivo y en ascenso, YPFB hizo que se alcanzara la autosufi­ciencia energética a partir de 1954, convirtiéndose en exportador de petróleo en varios momentos y de gas natural a partir de 1972.

Se estima que el abastecimiento nacional representó un ahorro de divisas de más de 30.000 millones de dólares a valor presente, mientras la exportación de gas, petróleo y deri­vados representó un aporte de alrededor de 6.000 millones de dólares.

En una primera y larga etapa que llega hasta 1985, proporcionó energía barata para incentivar el desarrollo industrial, agro-industrial pecuario y comercial, así como ayudar al transporte y la canasta familiar. Era una política de precios equilibrada de forma que la riqueza petrolera fuera compartida por la colectividad, el Estado y YPFB, que podía contar con recursos destinados a su expansión.

En otros términos, el excedente económico captado por el Estado a través de impuestos y regalías era sensiblemente equivalente a los beneficios ofrecidos a la comunidad y al aparato productor privado, mediante los precios bajos de los carburantes.

Esta política de precios baratos cambió a partir de agosto de 1985, cuando se implantó el neoliberalismo con el pretexto de Nueva Política Económica (NEP) o Programa de Ajuste Estructural (PAE) del Fondo Monetario Internacional. El objetivo fue controlar la hiperinflación desatada al estallar la impagable deuda externa de más de 4.700 MM$us, básicamente contra­tada por los gobiernos militares derechistas (Banzer-García Mesa por más de 3.000 MMSus)

Paradójicamente, YPFB, cuya desaparición como empresa estatal estaba en el plan neoliberal, resultó ser la salvadora y soporte económico del proceso. En efecto, determina­ron: a) una brutal elevación de los precios de los carburantes, equiparándolos a los interna­cionales; b) impusieron el impuesto excedentario global del 65 por ciento sobre el Ingreso bruto, o sea, del total de ventas en surtidor, el 65% era transferido diariamente al TGN y c) anular todos los proyectos de inversión de YPFB por lo que debían transferirse todas sus utilidades al TGN.

Se presentaron los aportes que realizó YPFB al TGN y por Regalías en el período 1986-1993:

En millones de dólares (MM$us)

Fuente: Memorias de YPFB

El total recibido por el TGN en los dos períodos de gobierno sumó 2.855.8 MM$us o un promedio anual de 356.98 MM$us y 40.31 MM$us año por regalías departamentales. Este aporte al TGN fue esencial para la supervivencia del modelo, tal como lo reconoció el asesor J. Sachs en un informe en el que mostró que representaba el 7.5% del PIB mientras que los otros dos aportantes, la Renta Interna y la Aduana, apenas alcanzaban al 0.4% y 0.5%, respectivamente.

YPFB fue condenada a la inanición pues por la Ley Financial Anual, que determinó un impuesto excedentario arbitrario del 65% sobre sus ingresos brutos, se le arrebataron todas sus utilidades y aún más en ciertos años.

El período 1994-96 fue afectado^por las acciones "capitalizadoras". Pese a ello, siguieron siendo muy importantes los aportes al TGN. Al traspasarse los campos petroleros a las transnacionales, se aplicó la nueva tributación del 50% de acuerdo a la Ley de Hidrocarburos 1689 pero tremendamente reducida a última hora por la Ley 1731 al anularse el 32% a gran parte de los hidrocarburos «existentes», lo que afectó significativamente los ingresos del TGN e, igualmente, por el hecho de que desapareció el impuesto excedentario del 65% y se crearon los Impuestos Especiales a los HC.

Los partidos de derecha, todos gobernantes, hicieron demasiada apología de las presuntas bondades del modelo ultraliberal, establecido en su versión shock con el D.S. 21060.

Este Decreto era la expresión del Programa de Ajuste Estructural (PAE), instrumentado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para imponer la receta: a) desregulación, o sea, que el Estado no controle nada; b) libre mercado, o sea, país sin fronteras y sin salvaguardas para la industria nacional y, finalmente, c) privatización, es decir, desmantelamiento del área social-estratégica de la economía.

Fue aplicado en un momento de honda crisis en el que confluyó el rescate de la democra­cia, los coletazos del nacionalismo ya pseudorevolucionario, la impaciencia de la izquierda dispersa, brotes de anarco-sindicalismo y el estallido de la deuda externa acumulada por las dictaduras militares derechistas Banzer-García Meza, que era impagable.

Por la aplicación del modelo, evidentemente se controló la hiperinflación pero no se remediaron en el corto plazo los defectos fundamentales del pasado reciente, tampoco hubo crecimiento de la economía ni modernización del sistema.

Al enajenarse el sector estatal estratégico, la economía nacional, lejos de tonificarse, se debilitó desencadenándose la actual crisis que se ha agravado por la incapacidad del gobier­no para reconocer sus causas, precisamente porque son inherentes al modelo neoliberal «fundamentalista y extremo» en que se cayó.

Se dice que es fundamentalista porque en ninguno de los países latinoamericanos en los que el modelo jugó algún papel, se llegó al extremo de abandonar ciertos principios básicos de soberanía económica e independencia política como sucedió en Bolivia.

Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), quien piensa y siente en inglés para poder entender a los chicago boys y así tratar de jugar a estadista, debió leer a economistas norteamericanos ilustres, como John Galbraith Kennet, Premio Nobel de Economía, quién expresó: "El monetarismo como estrategia de gestión de finanzas de un país ha muerto y la economía mixta es ahora el único camino a seguir... El Estado benefactor nunca desaparecerá..." También el eminente profesor universitario del Massachussets Institute de USA, Noam

Chomsky, sarcásticamente dice: "El capitalismo de libre competencia es un chiste. En los países industrializados nadie soñaría con aceptarlo, excepto en el Tercer Mundo".

El ejemplo más ilustrativo de racionalidad en la irracionalidad es el del Chile de Pinochet, el régimen genocida y reaccionario por antonomasia, el cual puso un alto a la fiebre privatizadora que siguió al golpe militar, pues sus ministros y asesores económicos recono­cieron la necesidad de mantener sectores económicos claves bajo control estatal: CODELCO o minería del cobre, ENAP empresa del petróleo, Telecomunicaciones y Transportes y hasta la Banca que tuvieron que reestatizar Banco de Chile y de Santiago para administrar el ahorro interno. Les dieron las gracias a los chicago boys al despedirlos pero no se prestaron al desmantelamiento estatal aconsejado por ellos; ahí estuvo el éxito del desempeño de la economía chilena.

Esa Ley de Hidrocarburos tiene un pecado capital: ya no garantiza el abastecimiento nacional con nuestro petróleo y resta al Estado la decisión de fijar su precio lo mismo que el de los derivados. Es la ley de la selva pues esas decisiones las fijan las transnacionales a su arbitrio.

Los efectos e impactos doctrinarios más graves de esa política dual de GSL fueron los siguientes:

a) Económico-sociales: de programa imaginativo pasó a ser uno reaccionario, ajeno a nues­tra realidad, que barrió con una valiosa infraestructura productiva y de servicio fruto de varias generaciones y edificada bajo el postulado de la defensa y aprovechamiento de nuestros recursos naturales en beneficio del pueblo boliviano.

b) Ideol ógicos: fue la reconversión de «Nacionalismo al Coloniaje» con pérdida de nuestra identidad. El modelo Estado-Nación que emergió al término de la Guerra del Chaco con los postulados de soberanía e independencia fue desprestigiado y desechado.

c) Pol íticos: la democracia que se basa en la independencia de poderes fue cínicamente desvirtuada al fundir en el Poder Ejecutivo a los otros dos. El «presidencialismo» se impuso como un poder arbitrario y absoluto que hizo burla de la Carta Magna en todo el proceso capitalizador.

d) Culturales: menospreciaron nuestros recursos humanos que hab ían alcanzado un exce­lente desarrollo científico-tecnológico, el cual fue fundamental para la eficiencia y pro­ductividad demostrada por las organizaciones estatales.

e) Éticos y de fe del Estado: fueron manipulados al extremo que las acciones y los métodos melgarejistas quedaron cortos. Reinaron la demagogia, incompetencia y corrupción que saturaron todo el quehacer capitalizado.

Capitalización de YPFB 1993-97

Previamente, hicimos conocer todo el aporte realizado por YPFB al cumplir con los objetivos señalados al momento de su creación, lo mismo que con los planes de gobierno y los mandatos de la Carta Magna en torno al aprovechamiento de los hidrocarburos en bene­ficio de la nación y la colectividad.

a) No dispon ía de la capacidad económica-financiera para afrontar la exigencia de un diná­mico desarrollo petrolero.

b) La organización era ineficiente, atrasada y corrupta.

c) Tecnológicamente se hallaba muy rezagada.

d) No encuadraba en las nuevas tendencias modernizadoras.

Estas eran las típicas medias verdades para justificar su proyecto. Efectivamente, a partir de 1985, se anuló la autarquía de la empresa y se la politizó en todos los niveles. Se le negaron los recursos económicos y cancelaron sus programas de expansión. Así se prefabricaron sus argumentos.

Fue la base para desmantelar a YPFB y formular la que sería su principal arma: el Triángu­lo Energético. Este su plan maestro partía de las siguientes premisas: Que el país cuenta con 611.000 kms. cuadrados de áreas potencialmente petroleras: 12% en manos de YPFB, 33% en las de empresas extranjeras y 55% libres. Que YPFB no tenía recursos para explorar. Que para exportar gas al Brasil se requiere el gasoducto que costará 450 MMSus. Que ni el Estado ni YPFB tienen ese dinero. Por lo tanto, la solución es el Triángulo Energético que descansa en: 1) la Ley de Hidrocarburos; 2) la capitalización de YPFB y 3) la construcción del gasoducto al Brasil. Se dice que son tres pasos complementarios entre sí, indisolubles, y cuyos objeti­vos son "Aumentar la capacidad financiera de YPFB para producir más gas y petróleo y vender hidrocarburos a nuestros vecinos en las mejores condiciones, una vez satisfechas nuestras necesidades internas" (Textual).

Ese planteamiento acusa fallas conceptuales y técnico-económicas. En efecto, desde 1972 existían leyes de hidrocarburos proclives al ingreso en condiciones favorables de las empre­sas privadas extranjeras, que dieron lugar a la suscripción de 27 contratos de operación que, en conjunto, cubrían más del 65% del área con posibilidades. Entonces, ¿por qué atribuir a YPFB el pobre desempeño del sector? Al contrario, YPFB, aún trabajando en un área mínima y no precisamente la mejor, tuvo un desempeño positivo pues descubrió más reservas que los consorcios extranjeros.

El Triángulo Energético era inconsistente y carente de lógica, tal como lo criticó el Ing. Meneses, representante de PETROBRAS, quien dijo que el gasoducto, en su carácter de eje integrador de políticas bi-nacionales, nada tiene que ver con los otros dos factores, que corresponden a una política nacional boliviana.

Por otra parte, cuando se firmó el Contrato Preliminar de exportación de gas al Brasil en febrero de 1993, YPFB contaba con las suficientes reservas de gas para cumplir el proyecto, lo que hacía que se redujese sustancialmente la inversión requerida. Al haber mercado y reservas de gas, el proyecto era factible y rentable. Consiguientemente, al exportar, YPFB tendría los ingresos suficientes para asumir las inversiones requeridas. Según un informe de la Gerencia de Exploración-YPFB, del 5 de mayo de 1995, tenía reservas probadas- proba­bles de gas del orden de 7.214 trillones de pies cúbicos (Tr.pc.), -la reserva justa para cumplir el actual programa- y potenciales de 25.300 Tr.pc.; en petróleo condensado las reservas «vivas» eran de 264 millones barriles (MMbl.) y potenciales 3.040 MMbl. Por otra parte, YPFB tenía elaborada la planificación global en la siguiente forma: i) desa­rrollo de campos complementarios 1995-2009, con inversión de 657 MM$us; ii) ga­soducto al Brasil -tramo boliviano- 1995-2000, con inversión de 408 MM$us y iii) reversión/ampliación gasoducto Río Grande-Yacuiba con inversión de 183 MM$us. Total inversión requerida: 1.250 MM$us.

Otro programa capitalizador que lo hicieron colateral al gasoducto al Brasil fue el Contra­to Enron, el cual resultó una perla de irregularidades, ilegalidades y fuente de corrupción. Trataron de justificarlo atribuyéndole a la Enron la capacidad de obtener el financiamiento para el gasoducto, a la vez que, negándole inmotivadamente a YPFB solvencia negociadora frente a PETROBRAS, argumentaron la necesidad de la experiencia de la Enron. Sólo dire­mos que Enron fracasó en ambos cometidos pues ni logró el financiamiento, el cual finalmen­te fue dado por PETROBRAS en agosto de 1996 más la construcción del gasoducto; ni fue útil su experiencia, dado que la negociación básica estaba dada en el Contrato Preliminar de 17 de febrero de 1993, que se refería al precio unitario de 0.90 $us MMBTU en Río Grande, la fórmula de ajuste de este precio, reconocimiento del "transportador" como dueño y opera­dor del gasoducto boliviano, de la participación del 15% de PETROBRAS en el gasoducto así como su asociación con YPFB en varias estructuras incluyendo el campo gasífero de San Alberto, descubierto por YPFB en 1990 y la concesión de ingresar en el mercado de deriva­dos.

Pese al incumplimiento del contrato por la Enron más pudo el tráfico de influencias para no cancelar el contrato y, al contrario, habilitarla con ventajas en la licitación del sistema TRANSREDES -el 80% de los ductos de YPFB- que, como era de esperar, lo ganó asociada con la Shell.

El 23 de julio de 1996, PETROBRAS presentó a YPFB un Plan de Financiamiento de 280 MM$us para el gasoducto y, paralelamente, ofreció la construcción del gasoducto -sector boliviano- y entrega llave en mano. GSL quedó atónito y no tuvo más remedio que aceptar. Los contratos respectivos más el contrato final de exportación de gas se firmaron el 4 de septiembre de 1996 y el famoso Triángulo Energético quedó añicos.

De hecho, de haber existido algo de lógica económica en el gobierno, el proceso de "capitalización" de YPFB no hubiese tenido razón de ser debido a que dos elementos del Triángulo estaban resueltos. El financiamiento y la construcción del gasoducto era un hecho mientras que, con la aprobación de la Ley de Hidrocarburos 1689, del 30 de abril de 1996, estaba cubierta la incentivación petrolera del 88% de las áreas de interés a cargo de las empresas privadas extranjeras. Tan sólo se tenía que cancelar el Título XIII de esta ley referen­te a Disposiciones Transitorias-YPFB. Por otra parte, YPFB había demostrado contar con las reservas suficientes para garantizar el programa de exportación, cuantificación de reservas que había sido comprobada y aceptada por PETROBRAS.

Pese a este contexto, el 5 de diciembre de 1996, GSL y su súper ministro Revollo, sin argumentos válidos, enajenan el patrimonio básico de la más importante empresa del país, YPFB. Los meses previos, se había manifestado un gran movimiento de oposición de la sociedad civil, de los organismos de masas encabezados por la COB y de los partidos políti­cos de izquierda así como de los grandes como CONDEPA, MIR, ADN. Estos tres partidos firmaron públicamente un documento de oposición y denuncia. Infortunadamente, en el momento culminante de oposición, se produjo la defección del sector más comprometido y cuyo operativo iba a ser clave en la huelga general, la cual se agudizaría con el paro efectivo de toda actividad productiva de YPFB encomendado a la Federación de Petroleros de la estatal. Sus máximos dirigentes, enmascarados en el MBL, condujeron a la peor traición nacional que se recuerde al desmarcarse en el último momento y hacer fracasar la huelga general.

El proceso de capitalización-privatización de YPFB consistió en la enajenación del sec­tor básico de la industria, esto es, el despojo de sus áreas de exploración y producción, de todos sus campos petroleros con su infraestructura productiva conformada por pozos e ins­talaciones y plantas de compresoras; lo mismo que todos los servicios de tecnología avanza­da que operaba equipos de perforación, de reacondicionamiento de pozos, talleres especiali­zados, stock de materiales, equipo de transporte pesado, naves aéreas de diferentes capacida­des y laboratorios de investigación aplicada. También se enajenó toda la red de ductos- oleoductos, gasoductos y poliductos, incluyendo los de exportación.

Como se trataba de un desmantelamiento radical, la valoración de estos activos se la hizo a «valor de libros» que es la modalidad que acusa más bajo monto y respondía a la decisión de GSL de hacer el paquete lo más atractivo posible, sin importar el daño al patrimonio nacional.

Hicieron de este proceso uno de «tierra arrasada», o sea, de ajuste de cuentas al pueblo boliviano por haberse atrevido a expropiar el petróleo dos veces a intereses transnacionales.

Para acrecentar la enajenación, gratificaron a esos consorcios con la transferencia a valor CERO de las reservas «vivas» de 165 millones de barriles de petróleo y 6 trillones de pies cúbicos de gas. Además, se concedieron 22 bloques territoriales ya explorados con más de 2.950.000 hectáreas con valiosos informes geológico-geofísicos, decenas de pozos exploratorios con datos precisos estratigráficos, de cuya evaluación resultarían más de 25 prospectos con alto índice de éxito. YPFB, dotado de esa información y aplicando métodos avanzados de predicción y cuantificación de reservas por descubrir, determinó el extraordi­nario potencial antes mencionado de 26.3 Tr.pc. de gas y 3.040 MMbl. de petróleo.

En conclusión, el 5 de diciembre de 1996, se adjudicaron casi todos los campos de petróleo y gas de YPFB, agrupados en dos empresas denominadas CHACO y ANDINA, a las empresas Amoco norteamericana y el consorcio argentino formado por YPF Argentino, Pérez Companc y Pluspetrol. Los montos ofertados fueron: 306.6 MM$us y 264.7 MM$us, respec­tivamente.

También se adjudicó el sistema de oleoductos y gasoductos de YPFB con un total de 6.200 Kms, incluidos gasoductos de exportación y oleoducto a Arica y terminal marítima, bajo el nombre de Empresa Transportadora SAM, al consorcio Enron-Shell, por un monto de 263.5 MM$us.

El total de la transferencia fue de 834.8 MM$us que fueron depositados en el exterior, con la promesa de ser invertidos en siete años. Por una suma igual, el gobierno GSL emitió Títulos Valores luego depositados en fideicomiso en el Cititrust Bank de las Bahamas, los cuales son los llamados Fondos de Capitalización Colectiva que posteriormente fueron transferidos a las AFP's. Teóricamente, son las acciones de los ciudadanos mayores al 31 de diciembre.

Privatización de Refinerías-YPFB

La oferta electoral del Gral. Hugo Banzer Suárez(HBS) fue la promesa solemne de defender YPFB y revisar los contratos Enron y CRUZ BLANCA por contener las más flagrantes viola­ciones constitucionales. Instalado en el gobierno, ignoró la oferta y su primera declaración pública fue autocalificarse autor del esquema neoliberal de 1985, al haber solicitado al economista norteamericano Jeffrey Sachs la elaboración del mismo que luego habría presta­do a Víctor Paz E. para preparar el DS. 21060.

Consiguientemente, su primera acción fue comprometerse a seguir con el modelo neoliberal y, a ese fin, informar al Fondo Monetario Internacional (FMI) que continuaría con el «desmantelamiento» del último sector productivo de YPFB que son las refinerías, plantas engarrafadoras y de almacenaje, poliductos, surtidores y la comercialización de productos.

Al efecto, como preámbulo y siguiendo la tónica de desprestigio de la estatal, igual que el gobierno de GSL. divulgaron: que las refinerías son obsoletas y están en ruinas, que no son rentables y operan a pérdida, que requieren modernizarse no habiendo crédito para ello y que hay un riesgo de paralización por su bajo funcionamiento en condiciones críticas.

Medias verdades que tratan de disfrazar el hecho que estos gobiernos neoliberales han perdi­do la soberanía económica e independencia política para gobernar el país y, vergonzosamente, tienen que cumplir los dictados del FMI para recibir aportes financieros para sobrevivir.

El Vicepresidente y el Ministro de Hacienda, en diciembre de 1997, informaron que existía un desfase de 340 a 380 millones de dólares, atribuido a las políticas inadecuadas del MNR como la capitalización de YPFB y reforma a la Ley de Pensiones (El Diario del 6.DIC.97.). Ello obligó al gobierno a aplicar un brutal aumento del 28 % a los carburantes el 5 de diciembre de 1997. Además, mediante D.S. 24914 de ese mismo día, se estableció un meca­nismo de ajuste automático de los precios de los derivados según los aumentos en el precio internacional del petróleo.

Este D.S. dispone que se traspase todos los días al TGN el 52% de las ventas de surtidor, a la vez que establece la incorporación en ese mecanismo del Impuesto Especial a los Hidro­carburos (IEHC), que varía del 67% al 40%, según el producto. Ese impuesto indirecto global del 52% le permitiría al gobierno sobrevivir a costa del hambre del pueblo y también conti­nuar castigando a YPFB pues no tendría ningún margen de utilidad obligándola a subvencio­nar el gas licuado. En otras palabras, los efectos negativos del proceso de capitalización- privatización de YPFB estaban al descubierto al haber impactado en la economía nacional y, principalmente, el fisco. Para salvar el déficit del TGN, se acudió al expediente de traspasar ese impacto a la economía del pueblo mediante la elevación de los precios de los carburantes, los cuales contienen el exhorbitante IEHC.

El gobierno HBS siguió con la irracionalidad económico-social al hacer que los precios de los carburantes nacionales sean más caros que los de los EEUU siendo así que se dispone de petróleo boliviano, de costos de elaboración, transporte y comercialización relativamente baratos dado que aún las refinerías eran de YPFB. Un aprendiz de economía sabe que la energía es factor clave en los procesos productivos y de servicios y, al encarecerla, se está saboteando al conjunto de la economía y, especialmente, a la popular. Así, los productos son menos competitivos y se profundiza la pobreza y la marginación.

Ante el anuncio de la privatización de las refinerías de YPFB, nuevamente la sociedad civil se pronunció en contra.

Hubo foros, conferencias y movilizaciones del pueblo y sus organizaciones de base repu­diando tal medida, pero, como es norma del comportamiento autoritario "presidencialista", se hizo caso omiso de esas protestas. Piso y paso dijo HBS, igual que el liberal Montes y el neoliberal GSL.

De nada sirvió demostrar que al fijar precios altos a los carburantes -castigando a la economía nacional-, el 5 de diciembre de 1997 que el barril compuesto subió a $us 62.0, se tenía un alto ingreso de alrededor de 630 MM$us año y un aporte para el TGN de 328 MM$us (tasa del 52%) que era un monto importante y con perspectivas de mejorar conforme creciera el mercado; aunque causaba un déficit de 35 MM$us para YPFB porque tenía que subvencionar el gas de garrafas y comprar el petróleo a las productoras a precio internacional, exageradamente alto, entre 18 a 20 dólares/barril, siendo que antes de la capitalización ingresaba a no más de 12.0 $us.

Se demostró la inconveniencia de su privatización por ser un sector clave en el suministro energético y la política de control de los precios de los derivados. La pregunta lógica es, ¿cuál la razón de Estado para privatizar esta fuente saneada de ingresos para el fisco? No la hay más que la ominosa dependencia del FMI, que sigue dictando políticas económicas que empobrecen cada vez más al país.

Era obvio que, al privatizarse, forzosamente se reducirían los ingresos del TGN, por lo menos en el mismo monto que se concedió a la empresa como una utilidad atractiva y del orden del 30% o más.

El gobierno HBS licitó el complejo refinero Cochabamba-Santa Cruz, ateniéndose a un plan encargado al Banco de Inversiones Paribas-Secores, que fijó como base la suma de 97.21 millones de dólares, suma muy baja, lejos del precio de reposición, que tendría correc­tamente si hubiera considerado el "activo intangible" normal en este tipo de infraestructura estratégica por su posición monopólica de mercado y excelentes proyecciones futuras. Ade­más, ambas refinerías tienen capacidades extras como para sostener la demanda por más de siete años. Por tanto, el monto base justo debió ser de más de 250 MM$us por lo que lo aceptado a la única propuesta presentada resultó una enajenación más del patrimonio nacional.

Como era de prever, los ingresos del TGN disminuyeron al tener que ceder parte del excedente económico al refinador, el cual fue garantizado por el mecanismo de fijación de los precios de los derivados. En efecto, la utilidad estaba consignada como «margen de refinería» y era de 4.96 $/b, lo que representaba una participación al año de 50.4 MM$us en ese momento, cuando el precio del petróleo era de 18 $/b, monto que aumentaría conforme subiera ese precio, ya que la Superintendencia de HC automáticamente incrementaría los precios de los derivados.

Este irracional mecanismo de fijación de los precios de los derivados (DS. 24914 ya mencionado) fue adecuado al nuevo esquema de privatización. Así se eliminó el im­puesto indirecto del 52% para el TGN, sustituyéndolo con los IEHC's sustancialmente incrementados, más el IVA, IT y el Margen Fijo Refinerías; se modificó el margen o participación de refinería a 4.96 $us. por barril. Se mantuvo la vinculación del precio internacional del petróleo con los precios de los derivados nacionales que se fijarían en función del precio del petróleo.

Este último había caído hasta 11.31 Bs. en diciembre de 1998 e inició una recuperación constante: 17.89 sep.99; 26.30 ene.2000; 34.20 marzo; 23,85 abril; 30.33 mayo; 32.95 junio (cotización del petróleo WTI).

El ascenso de este precio desde septiembre 1999 hasta 34,20 en marzo 2000 dio lugar al continuo incremento de los derivados, especialmente de las gasolinas y diesel, situándolos por encima de los registrados en EE.UU. -lo que es aberrante-, causando el deterioro de la economía nacional y, más que todo, la popular.

Ante la protesta pública demandando la acción correctiva del gobierno, éste se limitó a manifestar que era un problema originado por factores externos, que nada podía hacer para evitar el alza del petróleo. Declaración que encubría una vergonzosa realidad: que el Estado boliviano no tiene una mínima capacidad de gobierno. Es evidente que cuando un país pierde sus campos petroleros y toda su infraestructura productiva ha perdido su capacidad de fijar los precios, ha perdido el control de la economía nacional y también de la política.

El organismo multisectorial «Acuerdo Político Antineoliberal» (APA), constituido por la COD, Sindicato 12 de Mayo, Sindicato de la Prensa, Gremialistas, Partidos pro­gresistas, Universidad, Confederación Nacional de Jubilados, Comité Defensa PNDS, etc., dirigió, el 10 de mayo de 2000, una carta abierta al Presidente Hugo Banzer recla­mando por la ninguna voluntad política para detener esos aumentos que dañan la eco­nomía popular y que, tomando en cuenta que el reglamento que determina tales aumen­tos es «irracional», exigía su derogatoria. Proponía una modalidad más acorde a la realidad y, sobre todo, que se rebajen los "Impuestos Especiales-HC" que son anormalmente elevados e incongruentes con la lucha contra la pobreza que el gobierno HBS predica. Además, esos aumentos de precios sólo benefician a los refineros, dado que los IEHC se mueven por D.S. especiales.

El precio del petróleo ha seguido subiendo, hoy está en 32.95 Bs. y el gobierno HBS no se ha atrevido a subir las gasolinas. La Superintendencia de HC está callada. Las fuerzas vivas no deben confiarse y exigir una respuesta del gobierno a su planteamiento tan justo y preciso de derogatoria.

Efectos de la capitalización-privatización en el sector hidrocarburos

En una primera evaluación del proceso, se determinan cinco pecados capitales que inci­den en la profundización del subdesarrollo boliviano. Ellos son: 1. Traspaso masivo del "excedente económico" hacia las transnacionales; 2. La trampa del petróleo "viejo" transfor­mado en nuevo; 3. La carrera de los precios exageradamente altos de los derivados; 4. La caída del precio del gas de exportación, botín de PETROBRAS; 5. Pérdida del extraordinario potencial hidrocarburífero del país.

Los gobiernos GSL y HBS mantienen mutismo sobre los rendimientos económicos de las transnacionales y, para evitar filtración de información, emitieron el DS. 24504 del 21 de febrero de 1997 para ello.

Basados en información periodística dispersa (La Prensa 7 de abril de 2000 y Pulso N° 23, de 7 de abril de 2000), es posible constatar la enorme diferencia que existe entre lo que el TGN percibía antes de la capitalización-privatización (CAPRIV) con los magros rendimien­tos de estos procesos. Ver el cuadro 1.

El Cuadro 2 muestra los rendimientos de YPFB en el período 1986-1993 de acuerdo a las Memorias Anuales.

RESUMEN: El Cuadro I muestra que el TGN recibió como impuestos 235.37 MM$us y 224.48 MM$. Sumando lo que se traspasa a las AFP's, se tendría 251.25 MM$ y 251.15 MM$ para esos años, respectivamente. Se advierte una gran diferencia con el rendimiento prome­dio que se obtuvo entre 1986-93 que alcanzó a 357.0 MM$ (SI).

De no haberse producido la capitalización, los rendimientos hubieran sido 394.18 MM$us y 402.1 MM$us que se obtienen proyectando el obtenido en el cuadro II (B1) y asumiendo un crecimiento de la demanda del 2% año. La pérdida por menores ingresos se estima en 142.0 MM$us y 151.15 MM$us, más el grave hecho del empobrecimiento de la sociedad por la elevación inmisericorde de los precios.

2. La trampa del petróleo viejo

La Ley de Hidrocarburos de 30 de abril de 1996 estableció la diferenciación de tributación para petróleos nuevos en 18% (regalías 12% y participación 6%) y para los petróleos "exis­tentes" o viejos un adicional a la anterior de 32% (participación nacional 19% y regalía complementaria 13%), o sea, la tributación total es de 50%.

¿Cómo es posible que esa Ley de Hidrocarburos, que fue puesta a consideración de los inversionistas norteamericanos en Oklahoma y Houston por más de 17 veces en un año de promoción, fuera cambiada a última hora en el aspecto fundamental de la tributación, la víspera de la licitación?

Esa es una demostración más del tipo de estrategias tramposas utilizadas por GSL, sin importar el tremendo daño causado al patrimonio nacional. La chicana consistió en que para que sean calificadas como existentes "deben contar con un informe de reservas de firma competente y autorizada" no importando que el campo haya estado produciendo desde años atrás. Esto es un reverendo absurdo técnico y engaño que tendrá que corregirse.

Por esta chicana, el 85% de los campos de YPFB pasaron a la clasificación de "nuevos" y sólo tributan el 18%. El daño económico alcanzó a 70-72 millones de dólares año, tal como se determinó en el Cuadro 1 del tema anterior, monto que aumentará en proporción aritmética a medida que entren en producción los campos que alimenten a los gasoductos de exportación.

3. Irracional mecanismo de c álculo de los precios de los derivados

No debemos olvidar que la pérdida del excedente económico petrolero que sufrió el TGN y el país por la desaparición de YPFB fue contrarrestado a medias por el cruel expediente de empobrecer aún más al pueblo, aplicando precios exorbitantes que castigaron también a la industria, agro-industria, los transportes y servicios. En definitiva, esta política es una de las causantes de la crisis que vive la nación en estos momentos.

Este problema está sin resolver, habiéndose creado una situación explosiva. La sociedad civil ha demandado la modificación a fondo de la política del gobierno HBS sobre la materia. Se ha dicho: si somos productores de nuestro petróleo debemos contar con un mínimo de autodeterminación para contar con una política de precios que sea racional y defienda la economía nacional. La propuesta viable se basa en lo siguiente:

a)  Es preciso crear un clima de estabilidad (relativa) de precios de los carburantes y que tales precios sean compatibles con el est ándar de vida del común de las gentes, como en el pasado, antes de 1985.

b)  Considerando que el Estado ha perdido la capacidad de fijar los precios de los derivados y que el precio del petr óleo boliviano lo determinan las transnacionales como dueñas, se debe exigir que éstas se sometan a la banda de precios determinada por la OPEP, entre 22 y 28 $/b congelándose a un precio medio de venta a las refinerías de 25 $/b. Así se estabilizarían los precios de los derivados por un tiempo razonable; máxime que la Chaco y la Andina se beneficiaron con el traspaso de 165 millones de barriles de petróleo a precio CERO.

c)            Deben reducirse las tasas del impuesto espec ífico a los Hidrocarburos IEHC que, por ejemplo, para la gasolina especial, está en el 63%. Por esta causa se llega al absurdo de que el precio actual de 3,22 Bs./litro equivalga a un precio de 1,98 $/galón, precio muy alejado del vigente en Houston, EE.UU., que estaba en 1,71 $/gal. (para un precio del petróleo WTI 29,92 $/b en feb.2000). Últimamente, se ajustaron los precios en Colombia, donde la gasolina tipo especial se fijó en 1.31 $/gal y también en Ecuador, donde cuesta 0.51 $/gal.

Al inicio de la industria petrolera mundial, el gas, que siempre acompaña al petróleo, era considerado indeseable, además de peligroso por ser muy inflamable.

A raíz de la crisis energética de los años 1973-1979, que ocasionó una escalada en los precios del petróleo, de 1,8 $/b hasta 35 $/b, el gas comenzó a valorizarse por ser limpio y no contaminante y, aunque no existía un precio internacional, se lo relacionaba con el petróleo y derivados, considerando sus valores calóricos; su precio mejoró extraordinariamente.

Al gas boliviano de exportación a la Argentina le tocó vivir este proceso de valorización y el cuadro siguiente es muy ilustrativo al respecto:

El precio más alto de 4,28 $MM BTU se alcanza en 1983-84, año que firman un convenio de exportación de gas los Presidentes Siles Zuazo-Figuereido y que, por una cerrada oposi­ción del MNR, fracasa en el mejor momento de precios.

El precio del petróleo cae en 1986 por sobre oferta, que afecta también al precio del gas que baja hasta 2,42 para lograr mantenerse en 2,67 hasta el término del contrato.

La finalización del contrato coincidió con la presidencia de Menem en la Argentina, quien privatizó el Gas del Estado, el 70% de YPF y sus campos de gas. Determinaron la desregulación del gas y deprimieron su precio para el mercado interno en 1.0 $Mpc. Este precio se lo impusieron a Bolivia, al firmarse una ampliación del contrato por tres años más. Fue frustrante que no existiese capacidad negociadora boliviana, habiendo argumentos muy válidos. Este precio desvalorizado sería un mal precedente más adelante, al negociar el con­trato con PETROBRAS.

Cabe mencionar que, en 1987, cuando en forma conjunta Bolivia y Brasil estudiaron el proyecto de la Planta Termoeléctrica de 500 MW a instalarse en Puerto Suárez, se había determinado el precio de 2,35 $Mpc para el gas, a objeto de tener un precio de venta 4.1 ctvos. dólar por kv-h para el mercado brasilero. Este antecedente valioso no lo hicieron valer los tecnócratas neoliberales bolivianos cuando PETROBRAS pidió el precio del gas de 0,90 $ MMBTU en Río Grande, en el nuevo contrato de exportación suscrito el 16 de agosto de 1992.

Este precio fue ligeramente mejorado a 0,95 con el adendum 2do, que contempla ajustes graduales hasta de 1,06 al finalizar el contrato, un chiste de mal gusto.

Inicialmente, se había dicho que el gas boliviano, limpio, iría a sustituir una matriz energética altamente contaminante del polo de desarrollo de Sao Paulo pero, inexplicable­mente, se abandonó ese punto de negociación. Si hubiera sido así, el precio sería otro. A continuación se presenta el modelo clásico que debió utilizarse para determinar el precio del gas en Río Grande, bajo condiciones de sustitución de una matriz.

Supongamos que la matriz Sao Paolo a sustituir está formada por: a) Fuel Oil con 1 % azufre (40%); b) Fuel Oil con 0,3% azufre (25%); c)Diesel (25%); d) LPG (10%).

PETROBRAS estaba proporcionando gas natural y fuel oil a Sao Paulo a precios subven­cionados, los cuales no se pueden aceptar para fines del análisis anterior.

Los países latinoamericanos, en múltiples encuentros, han manifestado que es necesario incentivar la integración económica como medio de desarrollo. Es valor entendido que este proceso debe ser simétrico y justo. En este caso de integración energética con el Brasil está visto que no lo es.

En otras palabras, es preciso que se negocie la corrección de la fórmula de ajuste del precio con el fin de lograr un justo valor.

5. Enajenación del extraordinario potencial hidrocarburífero de YPFB

Uno de los impactos más negativos del proceso capitalizador fue la enajenación de los recursos hidrocarburíferos de YPFB, con dos expresiones a cuál más seria. Las reservas «vi­vas» y las potenciales.

Tiene la forma de un saqueo de la riqueza nacional que nos deja inermes para afrontar la superación del subdesarrollo.

La Carta Magna es terminante en señalar que el estado tiene la responsabilidad de su custodia y precautelarla en beneficio del pueblo boliviano. La capitalización hizo tabla rasa de esos mandatos constitucionales.

5.1.  Las reservas "vivas"

La primera forma de enajenación fue al momento de la licitación de la infraestructura productiva formada por los 22 campos productores y, simultáneamente, el traspaso de las reservas de petróleo cuantificadas en 165 millones de barriles, suficientes para atender el consumo del país por los próximos 12 años y las reservas de gas del orden de 5,96 trillones de pies cúbicos, hábiles para cumplir 16 años de exportación al Brasil a los regímenes pactados.

5.2.  Las reservas potenciales

Desde sus inicios, YPPB realizó una exploración intensiva -base de la industria extractiva- y, para ello, aplicó los avances de la ciencia y tecnología petrolera internacional que se caracteriza por una innovación permanente. Sus profesionales tenían un conocimiento cabal de las cuencas geológicas petroleras del país, de las rocas madres generadores del petróleo, de sus procesos migratorios hacia las rocas almacenantes, de las propiedades físicas de las mis­mas, de las revoluciones orogénicas que originaron pliegues de la corteza y de las anomalías estructurales en las cuales se almacenaron los hidrocarburos, etc.

Con estos conocimientos y los resultados de la perforación exploratoria, se hallaban capacitados para pronosticar con alto grado de certidumbre futuros descubrimientos y la magnitud de los mismos. Estos informes sobre el estado de las reservas de petróleo y gas eran de rutina y, como ejemplo, está el presentado por el Ing. Miguel Cirvían, Gerente de Explo­ración de YPFB, a raíz de un Foro sobre la capitalización realizado en Santa Cruz el 5 de mayo de 1995, propiciado por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia-SCRZ.

Nuevos descubrimientos de gas. Medias verdades

El 15 de octubre de 1990, YPFB descubrió el yacimiento profundo de Huamampampa en la estructura de San Alberto con el pozo SAL- X9, a los 4479-4518 m. el 15 de octubre, cuya producción era de 7,73 MMpcD y 176 barriles de condensado (reservas iniciales: gas 1,08 Trll.pc. y condensado 28.44 MM.bl). Este descubrimiento valorizó las estructuras situadas al norte, en el mismo alineamiento estructural denominado Achilarito, como San Antonio e Itaú, y otras vecinas como Margarita en la serranía de Caipipendi. En 1976 se había descu­bierto estos mismos horizontes profundos en el pozo Bermejo XI9.

YPFB tenía elaborado el plan estratégico para ir probando los yacimientos profundos de Huamampampa, a medida que el mercado del gas lo demandara.

De ahí que, cuando el Presidente Banzer comunicó de los extraordinarios descubrimien­tos de gas por PETROBRAS, MAXUS y TOTAL con un total de 32 trillones pe. atribuyendo el éxito a su gestión, miembros del gobierno anterior alegaba que eran éxitos de la capitaliza­ción. Ambos no estaban en lo cierto por la simple razón que la exploración, para obtener éxito, necesita de por lo menos de cinco a diez años de maduración.

La realidad es que las empresas tenían la mesa servida pues YPFB entregó no sólo a PETROBRAS, Chaco y Andina sino a las otras que accedieron a bloques de YPFB, todo el bagaje de estudios, prospectos y estructuras ya detectadas listas para perforar, y eso es lo que hicieron. Sólo confirmaron lo que en 1995 YPFB había pronosticado como reservas poten­ciales a la vista. Lo inconcebible es que GSL, Revollo y M. Gonzáles conocían de ese poten­cial de YPFB pero más pudo la mentalidad alienante, reaccionaria y antinacional que los caracteriza, que la de hacer prevalecer un ideal de patria para precautelar esa enorme riqueza en beneficio directo del país. Ahora, debido a esa Ley de HC de corte colonial, la participa­ción del Estado será un miserable 6% y, para colmo, de un recurso desvalorizado por las practicas neoliberales en boga.

El ciclo neoliberal está llegando a su fin. Para los seudo-nacionalistas y neoliberales de 1985, las ideologías están muertas y la historia ha terminado a su favor, pues no reconocen el nacionalismo que conserva un sentido histórico y que ahora tiene que estar abierto y activo frente a los agentes externos para proteger tenazmente y con dignidad lo propio.

Para el neoliberalismo, la globalización y los procesos de integración regional subordina­da son razones para declarar las fronteras como estorbo, el nacionalismo caduco y la sobera­nía como preocupación del pasado.

La cruda realidad es que el D.S. 21060 y el modelo que representa y opera por 15 años, han fracasado. El estado ha sido reducido a su mínima expresión pues no gobierna y ha sido sustituido por las Superintendencias que regulan a favor de los agentes externos. El libre mercado está acabando con la escasa industria y, en general, la economía fue seriamente vulnerada, es más dependiente y menos productiva y competitiva. Por último, al destruirse el sector estratégico de la economía a cargo de las empresas estatales, el estado perdió su más fuerte sostén económico.

El insuficiente crecimiento económico de apenas 2.2% llevó al país a los últimos escalo­nes del subdesarrollo. El desigual reparto del ingreso favoreció a la elite y el 80 por ciento de la población se empobreció más. No hubo ahorro nacional y el país sobrevive por las donaciones internacionales.

Desde otra perspectiva, Bolivia es un país ocupado por las transnacionales y, por tanto, subordinado, semicolonial. Se perdió la soberanía económica y la independencia política.

Bajo ese contexto, no podemos hablar de proyecciones del petróleo y del gas al futuro porque eso significaría profundizar aún más las desigualdades socio-económicas presentes.

Por lo tanto, a la vista de la profunda crisis del sistema, cabe más bien reflexionar acerca del cambio que es imperativo y debe abarcar todos los ámbitos. Entonces, producido el cambio, estará abierto el pensamiento para las proyecciones de este sector clave y tan impor­tante como son los hidrocarburos.

En ese entendido, debemos identificar y priorizar los enclaves fundamentales y elaborar las estrategias conducentes a su recuperación. No se debe perder de vista que las matrices políticas de los recursos naturales y entre ellas la del petróleo, afortunadamente, están vigen­tes en la Ley de Leyes y esta circunstancia, nos proporciona un gran soporte y aval para la tarea de reconversión y recuperación.

Al exponer los cinco grandes pecados capitales o impactos que están golpeando a la socio-economía nacional, se estaba señalando los enclaves que se deben desarticular o des­montar. Y es tan claro como el agua que tales tareas suponen enfrentamientos y/o negociacio­nes duras con las transnacionales.

Una tarea vinculada será el abandono de la actual democracia restringida y el ejercicio de una nueva democracia participativa y popular, desterrando la actual que resultó una falacia y comprometida con el modelo neoliberal «fundamentalista".

Por otra parte, hay apoyos externos, como los expresados por masas ciudadanas, en la meca del capitalismo, los EEUU, que repudian las recetas fondomonetaristas, las cuales están en crisis por representar abiertamente a los intereses transnacionales.

En una visión global de la temática socio-económica de los hidrocarburos, en forma sintética, se puede decir que hay una tarea vital para Bolivia, para su supervivencia y su lucha por superar el subdesarrollo y proteger el derecho de las futuras generaciones. Esa tarea consiste en el rescate del extraordinario potencial en recursos petrolíferos que la naturaleza nos dio y que, en términos monetarios, representa alrededor de 128.600 mi­llones de dólares, según estimación con datos de reservas potenciales determinadas por YPFB al 12 de enero de 1995, según su informe y precios del mercado mundial del momento.

Recordemos que esos valores son solamente los de materia prima, pues su valor agregado y el excedente económico que generan son de magnitud, por ello su enajenación sencilla­mente fue un crimen económico sin precedentes.

YPFB era una empresa integrada y moderna, con cuadros de profesionales y técnicos de primer nivel y con una organización social-administrativa óptima. Comparativamente a las empresas privadas, siempre descubrió más reservas ellas. Su desarrollo industrial estaba a la altura de las necesidades del país y tenía proyectos de expansión, entre ellos, redes de gas domiciliarias y petroquímicos, los cuales fueron frustrados por el DS. 21060. Por ello, la eliminación de YPFB fue un sabotaje contra el desarrollo y la economía nacional, razón de más para que su reconstrucción sea una responsabilidad y obligación perentoria.

La primera acción en ese sentido debe ser la recuperación por YPFB de las acciones petroleras que representan su patrimonio y están en el Fondo de Contribución Colectiva FCC, bajo la administración de las AFP's. Consiguientemente, al disponer del 50% de las acciones de las empresas Chaco, Andina y Transredes, de acuerdo al Código de Comercio, YPFB automáticamente asumiría su representación en los Directorios respectivos, con todos los derechos y responsabilidades sobre la administración de esas empresas y la custodia de su patrimonio.

Esta acción es legal y correcta, tomando en cuenta la forma irresponsable en que se procedió al no haber una designación legal de sus Directores, no existir la presencia efectiva de los mismos en los Directorios y el total incumplimiento de las funciones de administración y supervisión que correspondía, con grave desmedro de los intereses de los accionistas del FCC.

Tareas importantes institucionales y de recuperación, entre otras, serían:

Finalmente, cabe decir que, en el contexto global nacional, será necesario un esfuerzo sin precedentes para reconstruir la capacidad productiva que se ha destruido, seguido de una fase de construcción de infraestructura, así como también cumplir una tarea siempre postergada, como es la incorporación a la vida productiva del sector rural de occidente, el más deprimido de la sociedad.

¿Cómo realizar ese cambio fundamental y las tareas de reconstrucción? Es una cuestión de la nueva política económica, de principios que se pondrán en marcha y, principalmente, de resolver su conducción. De calidad de conducción. Tenemos la fe y esperanza que apare­cerán oportunamente los protagonistas del nuevo destino nacional.