NOTAS SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Danilo Paz Ballivián*

Haciendo un paralelo con la ciencia médica, se trata de realizar una tomografía de un proceso histórico como pauta para la interpretación de la realidad, siempre compleja, recu­rriendo a estudios propios y otros apropiados al objetivo trazado.

EL INCARIO¹

Considerando el concepto de formación económica-social, que en su realización concre­ta y particular da cuenta de las relaciones económicas y sociales de una sociedad determinada en el tiempo y en el espacio, diremos para concretar el tiempo que es la última fase de la dominación incaica o tiempo inmediatamente anterior a la conquista española iniciada el año 1.532. En cambio, el espacio es el Tawuantinsuyu que en su estimación más realista abarcó alrededor de 1.800.0Ü0 Km2, siendo sus límites el río Ancasmayo al norte, el río Maure al sud, la costa del pacífico al oeste y al este la vertiente occidental de Los Andes (Condarco 1.968). Para el interés del momento, involucraba prácticamente lodo el actual departamento de La Paz dentro del Kollasuyo.

La formación del Tawantinsuyo, antes de la conquista hispánica, fue una etapa compleja en la que coexistieron varios modos de producción: Ayllus o comunidades, Reinos Menores y el propio Incario, donde el último era predominante y condicionaba a los demás a su propia reproducción.

Antes que el Incario someta al poder del Estado a comunidades locales, como en otras oportunidades en menor grado de desarrollo lo habrían hecho otros reinos e imperios andinos (Tiahuanacu, Chimu, etc.), éstas contenían en su seno un conjunto de familias unidas por vínculos de parentesco, donde cada familia era la unidad de distribución de la tierra a titulo de posesión en las sayañas de uso privado y en las aynocas de uso colectivo rotatorio.

La propiedad comunitaria de la tierra cultivable del ayllu se extendía a la propiedad colecti­va de las aguas, tierras de pastoreo y bosques, resultando que la apropiación familiar de la cose­cha y los frutos por medio del trabajo sólo era posible en cuantos miembros de la comunidad. La producción de los ayllus en este estado de desarrollo permitía un «sobrante», destinado al depó­sito común como seguro para desastres y para gastos del culto religioso y la defensa.

Sin embargo, cuando el Inca conquistaba una región «se enseñoreaba dice Garcilazo- de todo lo que en ella había, así de las tierras como del ganado» (Garcilazo, 1973). De este modo, la propiedad total en sentido «eminente» era del Estado, representado por el Inca, que distri­buía a través de la fórmula variable, según la riqueza y naturaleza de las comunidades, asig­nando dos partes al Estado y la Iglesia y una a la comunidad. El Estado exigía a las comunida­des sometidas el cultivo comunitario de las tierras apropiadas, a través de la minga y otras labores eventuales por turno, para la construcción de acueductos, puentes, caminos, explotación de minas, construcción de tambos y trabajos en las tierras de la Aristocracia mediante la mita.

Luego, diversos ayllus estaban unidos en dependencia de uno de ellos formando en su conjunto una Jefatura que, a su vez, al unirse con otras, formaban lo que aquí denominamos Reinos Menores.

La organización económica de estas unidades étnicas grandes se reproducía en general del siguiente modo: en el marco del Ayllu, base última de estos Reinos, las familias eran responsables de la mantención de los huérfanos, ancianos y viudas y de cumplir con las obli­gaciones hacia el Kuraca; debiendo cultivar sus tierras, pastar sus ganados, servicios conoci­dos como la mita. A esto se suma que los Señores de los Reinos tenían también derechos sobre la fuerza de trabajo en cada Jefatura; éstos debían a los Señores un número determinado de unidades de cultivo (tupos). Los Reyes también demandaban a los ayllus, a través de sus jefes, la mita, que les aseguraba por turno gente dedicada al pastoreo de sus rebaños. En este caso, es más difícil explicar las relaciones retributivas, no obstante también daban coca, lana y otros productos alimenticios para que se cumplan las tareas. Por último, disponían de otro tipo de energía humana permanente, la de las yanas, que cumplían la labor de pastoreo y procura de productos de otros climas. Los yanas era gente que dejaba de pertenecer a los Ayllus, para pertenecer a esos Señores como una forma de propiedad.

En sus orígenes el Incario habría conformado un Reino circunscrito a la centralización de comunidades asentadas en el Cuzco. Situación que en su desarrollo permitió lanzarse a la conquista de Ayllus, Jefaturas y Reinos, cada vez más grandes y alejados del centro del poder, consolidando cada vez más el Estado Cusqueño su poder y dominio. Desarrollo imperial que sólo es explicable con la marcha paralela de la organización suprema: el Estado, representado en última instancia en el Inca.

Lo más sorprendente, sin embargo, es que las relaciones de explotación impuestas por el Estado se realizaban con características semejantes a las antiguas formas de retribución andina, ya que tanto la mita como la minga estatal se desarrollaban como señala Murra: «el trabajo, vale decir, la energía de los campesinos, era accesible al Estado, por encima de -aunque de manera similar- a las tareas y obligaciones que debían a su ayllu y a su Kuraca. Si proyecta­mos esta obligación a nivel nacional, vemos que los mitayos no proporcionaban semillas, herramientas, ni traían sus comidas. Todo esto quedaba a cargo de la «generosidad institucionalizada» del Estado, la Iglesia o el grupo que se beneficiaba con su esfuerzo» (Murra, 1975).

El Estado, fuera de cumplir las funciones de explotación (cobro de tributo), se caracteri­zaba por el rasgo particular de cumplir funciones económicas concretas: construcción y man­tenimiento de diques y canales, andenes de cultivo, etc. «Habiendo conquistado el Inca, cual­quier reino o provincia -dice Garcilazo- mandaba a que se aumenten las tierras del labor, para lo cual mandaba a traer ingenieros de acequias de aguas. En los cerros y laderas que eran de buena tierra, hacía andenes para allanarlos como se ve en el Cusco y en todo el Perú» (Garcilazo, 1973).

La transferencia de ayllus íntegros o mitimaes, es tal vez la práctica más nueva que estableció el Estado Inca de los que Garcilazo señala: «todos estos indios, trocados de esa manera llaman mitma hacia los que llevan como a los que traían, quiere decir, trasplantados o advenedizos, que todo es uno» (Garcilazo, 1973).

Es posible sostener que, a nivel de lo que hoy constituye el departamento de La Paz, en un momento anterior a la conquista hispánica, las formas productivas descritas tenían entera vigencia. En primer lugar, los Señoríos Aymaras dominados por el Incario estuvieron asenta­dos en el área de influencia del lago Titicaca y el río desaguadero, en la cuenca cerrada del altiplano. Estos mismos reinos, jefaturas y ayllus tenían, dependiendo de su tamaño, dominios en otros pisos ecológicos para procurarse maíz de los valles, coca de los yungas y ganadería camélida de las zonas alto andinas. Por otra parte, la tecnología agrícola de las terrazas de cultivo, aprovechando las pendientes y los sucacollos que garantizaban la humedad del suelo y prevenían las heladas, ya fue practicada con anterioridad desde la época tiahuanacota.

Los enclaves quechuas existentes en los valles interandinos del departamento son, según evidencias, resultado de trasplantes poblacionales de mitimaes, que practican hasta hoy téc­nicas de producción agropecuaria típicamente incas. Por lo demás, se hallan quechuas en Apolo que pudieron tener el mismo origen.

LA MITA COLONIAL²

Desde el mismo descubrimiento del Cerro Rico de Potosí en 1545, progresivamente toda la economía regional se fue articulando en torno suyo. En la prolongada etapa colonial, la producción de Potosí superó a la de sus competidores mexicanos de Zacatecas y Guanajuato juntos. La mayor producción de Potosí fue alcanzada de 1591 a 1600, la menor entre 1731 y 1740 recuperándose posteriormente, sólo de forma parcial, en la década de 1791 a 1800, es decir, al final de la Colonia.

Enrique Tandeter señala que: «A lo largo de la década de 1570, a través de sucesivas disposiciones el virrey Francisco de Toledo organizó la mita, la famosa migración anual forza­da de 13.000 indígenas con sus familias que debían trabajar en la minería potosina por salarios inferiores a los prevalecientes en el mercado. En esos mismos años se introdujo en Potosí el método de refinación por amalgama con mercurio que posibilitaba el aprovechamiento de minerales menos ricos que los trabajados hasta ese momento» (Tandeter, 1992).

Para el caso del departamento de La Paz, la mita incluía a todas las áreas pobladas de las actuales provincias de Saavedra, Camacho, Muñecas, Larecaja, Omasuyos, Los Andes, Ingavi, Murillo, Loayza, Gral. Pando, Pacajes, Inquisivi, Aroma, Villarroel y Sur y Ñor Yungas.

La mita atravesó, en más de dos siglos, procesos de cambio y articulaciones correspon­dientes a las altas y bajas de la explotación de la plata potosina. «A lo largo del siglo XVII - dice Tandeter- los Kuracas reiteraron su impotencia frente a la tarea de reclutar la mita en los niveles requeridos por las autoridades coloniales. Y más allá del control que hayan ejercido algunos Kuracas sobre los migrantes, se percibe una progresiva imposibilidad de su parte para cumplir los reclamos de los empresarios potosinos, ya fueran en trabajadores o en dinero para compensar ausencias, lo que se reflejó en la caída de la mita efectiva durante la segunda mitad del siglo» (Tandeter, 1992).

Lo cierto es que la renta mitaya puso en cuestión la propia reproducción de la comunidad indígena. «La mita constituye -dice Tandeter- un ejemplo peculiar de renta en trabajo en el que no sólo la mantención y la reproducción de la fuerza de trabajo sino aún su reposición corrían a cargo de las comunidades de origen. El problema de la mantención de las familias migrantes se planteaba desde el momento mismo de la partida del pueblo (-). Ante la insufi­ciencia de lenguajes y salarios para hacer frente a la mantención de los migrantes durante su ausencia de la comunidad de origen, estos deberían transportar consigo a Potosí víveres y vestidos para todo el período de tanda. Este se prolongaba entre doce y catorce meses, según la distancia que separaba sus pueblos de la Villa» (Tandeter, 1992).

El mitayo debía enfrentar nuevas dificultades a su regreso de Potosí. Los representantes del estado colonial le reclamaban el pago simultáneo del tributo acumulado en su ausencia. Todas estas circunstancias dieron lugar a formas de eludir el servicio en Potosí; la forma más general fueron las migraciones desde las zonas obligadas a las exentas o de forasteros en el sur andino. También existían otras formas menos radicales: «La exención de la mita podía lograrse, por ejemplo, mediante un pago de moneda al cacique encargado de establecer la lista de los futuros migrantes. Mediante este mecanismo parece haberse consolidado una es­pecie de tributo anual sui generis que el cacique recaudaba regularmente entre los miembros mis acomodados de la comunidad» (Tandeter, 1992).

Por otra parte, los empresarios azogueros reclamaban pagos compensatorios a los corregidores, quienes transmitían la demanda a los caciques, bajo el argumento de que sólo el pago monetario podía compensar la falta de un mitayo, aunque este procedimien­to fue siempre ilegal.

Los antecedentes expuestos muestran dos hechos básicos. Primero, que la impor­tancia de los Señoríos Aymaras, denominados también Reinos Menores, en la Colonia mantuvieron su vigencia y control sobre las comunidades indígenas, ciertamente distinta a su poderío durante el Incario.

La mita impuesta por el Inca como un tributo en trabajo por turnos de los pueblos conquistados, sirvió de base para la implantación de la mita colonial. La fuerza de traba­jo ya no fue destinada a la construcción de caminos, sistemas de riego, terrazas de culti­vo o grandes ciudades, sino a la explotación y procesamiento de la plata de Potosí. En este contexto, los territorios del actual departamento de La Paz fueron de primera im­portancia, desde el momento en que involucraban en mayor o menor grado todo su territorio, que comprendía el Altiplano Norte y Sur, los Valles Interandinos y los Yungas.

El segundo hecho fue la gran transformación de las formas productivas de las co­munidades indígenas, las que en adelante se vieron obligadas a cubrir las demandas del tributo indigenal a la Corona y las propias de la mita potosina. Los caciques fueron transformados en intermediarios de la Corona, por un lado, y por otro, se obligó a los comunarios a destinar excedentes de producción y fuerza de trabajo fuera de los lugares de origen, fenómeno que en su remate determinó migraciones a zonas exentas de tributo o a haciendas con patrones que ya se fueron constituyendo. Aquí debe señalarse que la hacienda en la época colonial no se desarrolló plenamente porque en forma necesaria tuvo que establecerse en contra de la Corona que basó su explotación en la comunidad desde el virrey Toledo.

Sin duda, en más de dos siglos, la estrategia de dominio del espacio y de complementariedad alimentaria, denominada control vertical de varios pisos ecológicos por el etno historiador John Murra, ejercitada ancestralmente por el mundo andino, también sufrió una desestructuración fundamental. Por otra parte, la tecno­logía agrícola propia de las terrazas, sucacollos y sistemas de regadío fue progresiva­mente abandonada, porque la mita, como modo de producción dominante, subaltemizó la producción agropecuaria en función de los requerimientos tributarios de la Corona en fuerza de trabajo y dinero.

A fuerza de repetir la generalidad de que antes de la Revolución Nacional de 1.952 la agricultura boliviana en general y particularmente del departamento de La Paz era feudal, se pretende borrar la compleja estructura económica prevaleciente hasta ese momento. En este sen­tido, se hace necesario destacar dos hechos básicos: primero, dar cuenta de las varias relaciones productivas existentes en el agro y, segundo, determinar cómo éstas se hallaban dominadas por el capital minero e industrial en el entorno de la formación económica de la época.

Una observación de los datos del Censo Agropecuario de 1.950 (ver cuadro 1), nos demues­tra que efectivamente existían varios tipos de relaciones de producción en el departamento de La Paz. Considerando el tipo de relación productiva y la superficie total y cultivada disponible, podemos afirmar que las haciendas basadas fundamentalmente en la renta de la tierra en trabajo (Operador con Colonos), eran la forma productiva predominante. En efecto, 3.311.167 has. per­tenecientes a 1.958 terratenientes se reproducían bajo el sistema de explotación de la «servidum­bre», en el que se imponía al productor la obligación de cumplir servicios de trabajo en las tierras de dominio del hacendado, además de otros servicios personales que variaban de zona a zona.

En segundo lugar, prevalecía en el agro paceño la relación de producción propia de las comunidades indígenas o Ayllus. 1.131 comunidades cultivaban el 42,17% del total de la superficie cultivada del departamento y eran propietarias de 3.009.561 has.

En las comunidades la relación de producción era de una «economía natural» autosuficiente, en la que se observaban relaciones de cooperación y la coexistencia de la propiedad privada y colectiva de la tierra. Situación que no excluía una diferenciación social interna, proporcional al mayor o menor acceso a ambos tipos de propiedad por las diferentes familias del Ayllu.

En tercer lugar, figura la relación productiva de la «pequeña producción libre» (Operador Solo), constituida por pequeñas propiedades de productores directos basados en el trabajo familiar, que producían para el mercado luego de cubrir sus medios de subsistencia. Estos representaban sólo un 4% de la superficie total cultivada.

Finalmente, encontramos algunas propiedades medianas y pequeñas, en las que el terra­teniente explotaba al productor directo por los sistemas de «Arriendo y Aparcería» (Arrenda­tarios y Medieros), que cultivaban menos del 3% de la tierra total cultivada del departamento, sumando 701 productores.

En este caso, prevalecía «el sistema de aparcería, en el que el cultivador (arrendatario) pone además del trabajo (propio o ajeno), una parte del capital de explotación y el terratenien­te, además de la tierra otra parte del capital necesario para la explotación dividiéndose el producto en determinadas proporciones entre el aparcero y el terrateniente» (Marx, 1976).

En esta última categoría también se incluyen los casos de renta en dinero estricto, es decir, el pago de dinero que efectuaba el productor al terrateniente por el uso de sus tierras.

En este sentido, cabe señalar en primer término, que la más importante relación productiva existente, es decir, la hacienda dominantemente «servil», basada en la renta de la tierra, se articulaba a la economía nacional en su conjunto a través de una subordi­nación de esta por el capital. Articulación que suponía siempre una transferencia de valor de la forma productiva descrita a la minería y el sector fabril. Los mecanismos principales de transferencia eran de dos tipos: mediante el mercado, proporcionando mercancías por debajo de su valor, que en definitiva permitía a los empresarios una in­versión baja en salarios y a través de transferencias directas de los hacendados de una parte de la renta de la tierra a los sectores del comercio y la minería.

La otra forma productiva predominante, la existente al interior de las comunidades origi­narías o indígenas, no obstante de su relativa autarquía interna, estuvo incorporada al mercado desde la época colonial, mediante la mita minera y la tasa en dinero entregada por los «Kurakas» al Estado. En la República, y a pesar de los decretos de Bolívar, la tributación de las comuni­dades al Estado persistió, fenómeno que demuestra la explotación a la que estuvo sujeta esta organización ancestral por el aparato del Estado y como tal al empresariado minero e indus­trial dominante en la formación social boliviana de la época anterior a la Reforma Agraria.

La presencia de haciendas «serviles» y de comunidades originarias, se observa en todas las provincias del departamento de La Paz exceptuando Ñor Yungas, donde el Censo Agropecuario de 1.950 no registra ninguna comunidad indígena (ver cuadro No. 2).

La mayor presencia de haciendas se hallaba en las provincias de Larecaja, Inquisivi y Sud Yungas, siguen en importancia las provincias de Murillo, Omasuyos, Muñecas, Loayza y Los Andes y, finalmente, con un número bajo de haciendas, se encontraban las provincias de Pacajes, Camacho, Caupolicán, Ingavi, Aroma, Ñor Yungas, Iturralde, B. Saavedra y Manco Kapac.

Las comunidades indígenas del departamento de La Paz, que sumaban 1.131 en 1.950, estaban ubicadas primero en las provincias de Murillo, Pacajes y Aroma, luego en las provin­cias de Omasuyos, Camacho, Larecaja, Ingavi, Loayza, Los Andes y Manco Kapac, y por último, con un número menor de comunidades, se hallaban las provincias de Muñecas, Caupolicán, Inquisivi, Sud Yungas, Iturralde y B. Saavedra (ver cuadro No. 2).

Lo primero que llama la atención sobre las haciendas del altiplano paceño, en com­paración con unidades productivas de este tipo en el resto del país, es su gran tamaño. Clark señala: «Dentro de un radio de 6 horas de viaje de la ciudad de La Paz (exceptuan­do Yungas y los valles del río de La Paz), tenían un grado de concentración de grandes propiedades de las más grandes de Bolivia» (Clark, 1970). Sin embargo, en relación inversa, la tierra controlada directamente por el patrón no representa sino aproximada­mente una cuarta parte de la superficie total de la hacienda.

La desproporción de la superficie controlada por los colonos frente a la del propie­tario tiene explicación, sobre todo, en el hecho de que las haciendas de esta región se erigieron sobre comunidades indígenas fuertemente organizadas. La parte del territorio explotada por los colonos para su beneficio, seguía basándose en las formas antiguas de acceso a la tierra, es decir, la sayaña bajo control de cada familia comunitaria, las tierras de pastoreo de uso colectivo, y la «aynoka», que combinaba el uso particular y colectivo rotatorio. Sobre esta base, el propietario determinaba la magnitud del pago de la renta en trabajo en sus dominios.

La hacienda se vinculaba con el mercado de la ciudad de La Paz y algunos centros mine­ros ubicados en la zona sólo a través de la venta de dos o tres productos, cereales y tubérculos principalmente, pero los colonos estaban excluidos de esa relación mercantil, ya que otro elemento característico de este tipo de hacienda era el monopolio comercial del patrón. Al respecto, Clark señala: «El terrateniente tenía la responsabilidad exclusiva de la comercialización de la producción. Los campesinos de la hacienda sólo participaban en los mercados rurales limitándose al trueque de sus productos» (Clark, 1970).

En aparente contradicción, prevalecía de modo dominante la renta en trabajo. En realidad, el dominio del hacendado había adquirido la fuerza suficiente como para de­terminar que la producción mercantil, principalmente de la uva y otros frutos, fuera exclusiva de las tierras directamente controladas por el patrón, marginando las tierras de los colonos al cultivo de productos para el auto subsistencia. Señalando los cambios pro­ducidos en esta zona por la Reforma Agraria, Clark anota que «Los campesinos empeza­ron pronto a cultivar productos que antes fueron exclusivos de la hacienda (uva, también frutas). Cambio que creó las condiciones para que los rescatadores compren directamen­te la producción a los campesinos (Clark, 1970).

La situación de la hacienda en los Yungas semitropicales es algo distinta. Durante la Colo­nia, se había fracturado la complementariedad de la comunidad indígena asentada en el Altiplano con sus dominios en zonas apropiadas para el cultivo de la coca, de modo que el surgimiento de la hacienda se basó en la disolución de la comunidad en sentido estricto, fenómeno que permite explicar el dominio alcanzado por el hacendado en estas zonas. Si bien el terrateniente no pudo, como en los valles, decidir un monopolio de producción mercantil en sus dominios directos y una producción de auto subsistencia en la de los colonos, de igual modo pudo mantener al explotado margi­nado del mercado, constituyéndose él mismo en comerciante monopólico de la producción. Clark señala: «En los Yungas los terratenientes tenían un control casi absoluto sobre la comercialización, muchos de ellos eran compradores y agentes de exportación (coca, café)» (Clark, 1970). El monopolio de la comercialización de la producción guarda relación directa tanto en los Valles como en los Yungas de La Paz, con la persistencia dominante de la explotación vía la renta en trabajo.

ECONOMÍA CAMPESINA ACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ⁴

Después de 45 años de La Reforma Agraria, se generalizó la pequeña producción parcelaria junto a un débil desarrollo de la empresa agraria típicamente capitalista. La primera, sobre todo en el área tradicional del altiplano, los valles y las zonas de colonización, y la segunda, en el área integrada de Santa Cruz y las pampas benianas, lo que no quiere decir que secundaria­mente no se encuentren empresas agropecuarias medianas y grandes en las diferentes regiones agroecológicas del país.

En el caso del departamento de La Paz, la unidad económica campesina, manteniendo rasgos de organización comunitaria, se ha constituido en la forma productiva predominante que involucra a los productores de las ex haciendas, comunidades originarias y asentados en las áreas denominadas de colonización. Todos ellos en mayor o menor grado participan en el mercado vendiendo productos agropecuarios además de auto consumir una parte de su pro­ducción. Se estima a nivel nacional y con mayor razón a nivel departamental, que más del 65% de la demanda alimentaria está cubierta actualmente por la economía campesina y el restante por la empresa agraria nacional y las importaciones.

Debemos estar de acuerdo que, cuando hablamos de economía campesina, estamos defiriéndonos a la unidad familiar de producción y consumo, es decir en términos más amplios, podríamos definirla, como una estrategia de supervivencia y reproducción, que incluye even­tualmente actividades no agrícolas, como artesanía y la venta eventual de fuerza de trabajo.

Lo que sucede es que la familia campesina realiza un balance entre sus necesidades de producción y consumo, determinadas en parte por los patrones culturales de satisfacción de necesidades básicas y también por el momento en que se encuentra en el ciclo de expansión doméstica. Esto quiere decir que las familias en las que predominan los consumidores frente a los productores requieren un mayor esfuerzo de estos últimos. Al contrario, las familias en las que predominan los productores en relación a los consumidores podrán combinar de manera más flexible la estrategia de reproducción familiar.

Otra característica de la economía campesina es que ésta desarrolla su proceso productivo de tal manera de obtener un cierto volumen de bienes, destinados parcialmente al auto subsistencia y parcialmente al mercado, demostrando que la mercantilización no es, ni mucho menos, exclusi­va de la economía empresarial. Sin embargo, la participación en el mercado pone al campesino ante nuevas formas de extracción de excedentes. En primer término, el mercado no puede recono­cer los altos costos de producción de los campesinos, por lo que cada día los pequeño productores ceden una parte del valor de su producción a la sociedad en su conjunto. Por otro lado, de modo especial, el capital comercial extrae también posibilidades de ganancia al campesino.

Tal vez lo más específico de la economía campesina sea la utilización de fuerza de traba­jo familiar. Sin caer en extremos, puede este factor incluso ser un criterio de diferenciación, de modo que los que se ven obligados a vender fuerza de trabajo para complementar su eco­nomía, son los campesinos pobres; los que no compran ni venden fuerza de trabajo, son los campesinos medios y, aquellos que compran fuerza de trabajo, son los campesinos acomoda­dos. Sin embargo, la diversidad compleja de situaciones reales no permite tener marcos teóri­cos rígidos. Hay campesinos que contratan fuerza de trabajo eventual por el tipo de cultivos que realizan y no por ello están en un proceso de aburguesamiento; de otro lado, los que venden fuerza de trabajo no siempre están en un franco proceso de proletarización.

En el caso de la economía campesina, la consecuencia de sus objetivos se materializa a través de una racionalidad propia que se analiza a continuación:

1. Producción de una cierta cantidad de bienes destinados al autoconsumo, que permi­tan la satisfacción directa de ciertas necesidades básicas de alimentación. Junto a ello, la producción de una cierta cantidad de bienes para el mercado y por esa vía la adquisición de ciertos bienes y servicios no producidos al interior de la parcela.

2. Diversificación del riesgo. Es conocida la tendencia campesina a efectuar un gran número de actividades y rubros productivos en su reducida superficie de tierra (-). Es lógico que una economía tan precaria como la campesina no puede soportar la in- certidumbres de la producción agrícola arriesgando una pérdida total ante la cual quedaría prácticamente sin posibilidades de recuperación.

3. Maximización de la fuerza de trabajo familiar (-). Nada más racional entonces que maximizar el uso de este recurso abundante, generalmente muy por encima de los requerimientos de la explotación familiar y constituirlo en el eje sobre el cual gira toda la combinación de factores.

4. Multiplicación de fuentes de ingreso (-), es la necesidad de ampliar las actividades productivas como una manera de completar los ingresos. Las formas más difundidas de ello son la realización de actividades de producción artesanal, comercio a pequeña escala y, especialmente, la venta parcial de fuerza de trabajo» (Furché, 1990,46­47).

A nivel de estas consideraciones teóricas, que pueden evidenciarse en cada realidad par­ticular con la especificidad del caso, lo cierto es que el problema fundamental de la economía campesina es el de enfrentarse a un mercado que no le es propio, es decir, a un mercado capitalista que fija los precios de los productos agrícolas por debajo de su valor.

Los bajos precios de los productos agrícolas, la intermediación de rescatadores, el munifundio y el deterioro de la fertilidad de los suelos/han determinado una permanente crisis de la unidad campesina plasmada en la emigración a las ciudades, principalmente a El Alto y otras del eje central de Bolivia e incluso al exterior, mayoritariamente a la República Argentina.

Ante la falta de información del II Censo Agropecuario de 1984, que precisamente no fue realizado en el departamento de La Paz, exceptuando las provincias de Iturralde y Franz Tamayo que fueron numeradas parcialmente y, en disposición del Censo de Población y Vivienda de 1992, a título de ejercicio estimativo, se puede suponer que actualmente un 80% de la pobla­ción rural del departamento está formada por familias campesinas y el restante 20%, por veci­nos de los pueblos no agricultores, comerciantes, transportistas, artesanos, empleados de ser­vicios, jornaleros y medianas y grandes empresas agropecuarias.

De esta manera y teniendo en cuenta la división agroecológica del departamento de La Paz (ver Anexo), se puede estimar que actualmente existen 112.000 unidades campesinas, de las cuales alrededor de 35.000 se hallan en la región del Altiplano Norte, 28.000 en los Valles Interandinos, 24.000 en el Altiplano Sur y, finalmente, algo más de 23.000 en la región de la Amazonia y los Yungas de La Paz (ver cuadro 3).

CONCLUSIÓN

La fortaleza de la organización comunitaria en el área andina-aymara, que hoy mismo puede evidenciarse, tiene su explicación en el hecho de que históricamente el Ayllu fue la base de la explotación. En efecto, la mita y la minga Incaica fueron tributos cobrados en última instancia a las comunidades. La mita colonial potosina fue exigida mediante los Caci­ques también a las comunidades. La hacienda, desarrollada sobre todo en la etapa republica­na, se estableció sobre la base de las comunidades originarias. Finalmente, la Reforma Agra­ria que incorpora más plenamente al campesino a la economía de mercado, no logra desestructurar la esencia comunitaria, de modo que la economía interna campesina sigue siendo explicable sólo a través de la organización comunitaria.

Notas

* Docente de la Carrera de Sociología y Director del Instituto de Investigaciones Sociológicas.

1 La base a «La Formación Económico-social del Tawantinsuyo» Danilo Paz. Revista Historia y Cultura No 14. Editorial Don Bosco. 1988, LaPaz-Bolivia.

2. En base a «Coacción y Mercado, La Minería de la Plata en El Potosí Colonial 1692-1826». Enrique Tandeter. Centro Bartolomé de las Casas. 1.992, Cusco-Perú.

3. En base a «I Censo Agropecuario 1.950». INE. 1985. La Paz-Bolivia y «Estructura Agraria Boliviana». Danilo Paz. Editorial Popular. 1989. La Paz-Bolivia.

4. Su  base a «Cuestión Agraria Boliviana: Presente y Futuro». Hacía un modelo Agrario Nacional. Danilo Paz. Academia Nacional de Ciencias de Bolivia. Stampa, 1997. La Paz-Bolivia.

BIBLIOGRAFÍA CITADA:

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Clark, Ronald: 1970 Reforma Agraria e Integración Campesina en la Economía Boliviana. University of Wisconsin Land Tunure Center Reprint No. 107 Madison-EEUU.

Furche, Carlos: 1990 La Economía Campesina y su Inserción Estructural: Elementos para una Discusión. GIA. Santiago de Chile.

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Murra, John: 1975 «Estructura Política de los Incas». Formaciones Económicas y Políticas del Mundo Andino. IEP. Lima-Perú.

Paz, Danilo: 1989: Estructura Agraria Boliviana. Editorial «Populan. La Paz-Bolivia.

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