El empoderamiento femenino en Latinoamérica: 2006-2015

Women's Empowerment in LatIn America: 2006-2015

María Luisa Saavedra García, María Elena Camarena Adame
Contador Público, Doctora en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de
México. Profesora titular de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de ]]> México, Facultad de Contaduría y Administración, División de Investigación.
Correo e: maluisasaavedra@yahoo.com.
Licenciada en Administración, Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad
Nacional Autónoma de México. Profesora titular de tiempo completo en la Universidad
Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración, División de
Investigación. Correo e: mcamarena_adame@hotmail.com
Recepción: 31/01/2019 Aceptación: 15/04/2019

Resumen

Palabras clave. Empoderamiento femenino, empoderamiento económico, empoderamiento político, educación y género, índice de brecha de género.

Abstract

The objective of this research was to determine the current situation of women's empowerment in Latin America, as well as to establish the influence of gender gap indicators in the Gender Gap Index. The data were collected from the World Bank statistics databases, for the IBG a period of ten years (2006-2015) was covered, to establish the relationship between the indicators worked with data from 2015. A descriptive analysis was carried out, longitudinal and correlational. The main findings indicate that the IBG, advanced only 13.25% in the study period. The gender gap indicators explain the IBG in 95.4%, with the most influential variables being political participation and economic participation.

Keywords. Female empowerment, economic empowerment, political empowerment, education and gender, gender gap index.

CLASIFICACIÓN JEL:B54,J16,N56.

Introducción

Empoderar a las mujeres para que participen plenamente en todos los sectores y en todos los niveles de la actividad económica es fundamental para crear economías fuertes; establecer sociedades más estables y justas; y alcanzar los objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos establecidos en los acuerdos internacionales; fundamentando esto la importancia del empoderamiento femenino, el cual es un proceso que va incorporando los resultados del mismo y expandiendo sus beneficios a la sociedad (Aguayo y Lamelas, 2012). Son estos beneficios a la sociedad lo que hace imperativo alcanzar el empoderamiento femenino, no solo económico, sino también político, y cerrar las brechas en los aspectos educativos y de salud.

De acuerdo con Mata (2018) la igualdad de género es un indicador clave para medir la democracia en un país, etnia, raza, clase social, origen geográfico, nivel de escolaridad, oportunidades laborales, son aspectos que impactan la situación de la mujer latinoamericana, el que predomina la desigualdad de oportunidades y crea una sociedad terriblemente injusta para la mujer. La CEP AL (2016) destaca entre las dimensiones clave para considerar la autonomía y el empoderamiento de las mujeres: la educación, la salud sexual y reproductiva, el empleo (que incluye el trabajo de cuidado y políticas públicas), y la violencia de género.

Por lo anterior, el objetivo de esta investigación consistió en determinar la situación actual del empoderamiento femenino en Latinoamérica, así como establecer la influencia que tienen los indicadores de brecha de género en el IBG. Se realizó inicialmente un análisis descriptivo del IBG, para lo cual se recolectaron los indicadores que se encuentran en las bases de datos estadísticas del Banco Mundial, por un periodo de 2006-2015, posteriormente para establecer la relación entre los indicadores y el IBG se realizó un análisis correlacional únicamente con datos de 2015.

Este trabajo se divide en tres partes: Parte I: Revisión teórica, en el que se desarrollan los temas: empoderamiento femenino, empoderamiento femenino y educación, empoderamiento femenino y empleo, empoderamiento femenino y participación política y medición del empoderamiento femenino; Parte II. Métodos y materiales, en el cual contiene el diseño y alcance del estudio; Parte III. Resultados: Empoderamiento femenino en Latinoamérica, donde se desarrolla la parte empírica de esta investigación, por último, se presentan la discusión y las conclusiones.

I. Revisión teórica

En este apartado se desarrollan los temas tales como el empoderamiento femenino, empoderamiento femenino y educación, empoderamiento femenino y empleo, empoderamiento femenino y participación política y medición del empoderamiento femenino.

El Empoderamiento Femenino

El empoderamiento puede ser considerado como un proceso de adquisición de poder en el ámbito individual o colectivo, en primer lugar, se refiere a la capacidad de actuar de forma autónoma, contar con los medios necesarios y el proceso para contar con la capacidad de actuar, en segundo lugar, la capacidad de toma de decisiones en sus elecciones de vida y de sociedad. Es así como el empoderamiento alcanza cuatro dimensiones: el "poder sobre" (basado en relaciones de dominación o subordinación); el "poder de" (tomar decisiones y tener autoridad); el "poder con" (poder social y político); el "poder interior" (imagen y autoestima); el empoderamiento se traduce entonces en la adquisición de poder, de control sobre su vida y en la capacidad de hacer elecciones (Comisión de mujeres y desarrollo, 2007). En resumen, el concepto de empoderamiento se refiere al proceso por el cual la autoridad y la habilidad se ganan, se desarrollan, se toman o se facilitan (Montaño, 2001).

El empoderamiento femenino debe entonces, proporcionar poder, acceso y control de los recursos, de tal modo que las mujeres puedan tomar decisiones informadas y adquirir control sobre sus propias vidas; así pues, uno de los elementos que se asocia al empoderamiento de las mujeres es la disponibilidad de recursos (económicos y sociales). La relación que se establece entre empoderamiento y recursos es bidireccional, de este modo, el acceso y disponibilidad de recursos facilita el empoderamiento de las mujeres, como consecuencia, el empoderamiento les da acceso a más y nuevos recursos, logrando de este modo el empoderamiento económico (Cacique, 2010)

En la cuarta conferencia mundial sobre la mujer (1995) se puso de manifiesto que el empoderamiento económico tiene como finalidad:

En congruencia con lo anterior, los objetivos del milenio planteados en el año 2004, destacan en el tercer objetivo, la necesidad de impulsar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, argumentando que no se puede lograr el desarrollo humano sin alcanzar niveles equivalentes de bienestar entre hombres y mujeres, por un lado, y por el otro, si no se alcanza esta meta de equidad, no es posible alcanzar las otras metas de desarrollo humano, debido a que existen una serie de mecanismos a través de los cuales el bienestar, los recursos y el control que tengan las mujeres sobre las decisiones se traduzcan en bienestar para los miembros del hogar, especialmente de los hijos; en el aspecto biológico, se encuentra por ejemplo la relación entre el estado nutricional de la madre y el peso del niño al nacer, el cual a su vez influye en la mortalidad infantil; en el aspecto social, se tiene la relación directa entre la escolaridad de la madre y el estatus nutricional, de salud, y escolar de los hijos (BID, 2004).

Posterior a esto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizó un llamado a todas las naciones para reducir la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y prosperidad para todos sus habitantes. El objetivo 5, igualdad de género, busca erradicar todas las formas de discriminación de mujeres y niñas, conscientes de que empoderar a las mujeres tiene un efecto multiplicador que promueve el crecimiento económico y el desarrollo en el mundo. Lo anterior, considerando entre otros aspectos que en el mundo existe desigualdad salarial, pues las mujeres ganan solo 77 centavos por cada dólar que reciben los hombres realizando el mismo trabajo; son víctimas de violencia, dado que 7 de cada 10 mujeres han experimentado violencia física o sexual en algún momento de su vida; son víctimas de leyes patriarcales donde menos del 20% de los propietarios de tierras son mujeres; sufren discriminación para ascender a puestos de poder, como es el caso de la participación política donde sólo el 22.8% de los legisladores en los parlamentos nacionales eran mujeres (acciones Unidas, 2015).

En consecuencia, entonces el empoderamiento como un proceso y la autonomía de la mujer, se constituye como requisito indispensable para alcanzar la igualdad de género (Gómez, 2008; Benavente y Valdés, 2014). De ahí la importancia de estudiarlo para conocer la situación de la mujer Latinoamericana en este tópico.

Empoderamiento Femenino y Educación

La educación es extremadamente valiosa para empoderar a la mujer (BID, 2004), por esta razón es importante realizar un análisis de este indicador, así pues, de acuerdo con Marchionni (2015), en Latinoamérica el aumento de la educación en las mujeres es impresionante, este aumento ha permitido que su presencia aumente en el mercado laboral. De esta manera, se observa un cambio en la estructura de la producción y al parecer existe un aumento relativo en el empleo femenino sobre el masculino, impulsando el empoderamiento femenino.

Esto, como resultado de que la educación influye en las posiciones a las que las mujeres pueden aspirar, modificando así la ubicación de las mujeres en el trabajo, la familia y las normas sociales que conforman los roles de las mujeres tanto al interior, como al exterior del hogar (Hernández, et al, 2009; Marchionni, 2015).

En el caso de América Latina se observa un aumento en la educación de las mujeres en el lapso de 1992 al 2012 según el estudio de Marchionni (2015), en el cual señala que los años de escolaridad de mujeres entre 25 y 54 años de edad aumentaron de 7.2 a 9.4, esto representa un avance, considerando que hace 20 años las mujeres tenían que dejar la escuela en los primeros años y completaba su educación primaria. Así también, al año 2015 se observa una índice paridad de género en la educación superior de 1.31, lo que implica un importante avance por parte de las mujeres (UNESCO, 2018).

En Latinoamérica, en 2012 los años de escolaridad entre las mujeres muestra una dispersión amplia, de un país a otro, por ejemplo, en Guatemala se registran 5 años en promedio y en Argentina 12 años. Entre los países que han tenido un mayor progreso se encuentran: El Salvador, Brasil y México; mientras que los que no tuvieron dicho progreso fueron Guatemala y Honduras. En el caso de Venezuela, Uruguay y Argentina las niñas aspiran a tener dos años más de escolaridad en relación con los niños, mientras que en Bolivia y Guatemala los niños permanecen más tiempo en la escuela que las niñas.

Otro escenario a considerar se encuentra entre la escuela secundaria y la terciaria, en Latinoamérica se observa un aumento del nivel secundario ya que se pasó de un 50% en 1992 a un 76% en 2012; por otro lado, en la educación terciaria se pasó de 12% en 1992 a 29% en 2012. En este periodo de tiempo la mayor proporción correspondió a las mujeres que a los hombres, por lo que se amplió el panorama para las mujeres entre la educación secundaria y la terciaria.

Empoderamiento Femenino y Empleo

Los cambios de la participación femenina en el ámbito laboral, vienen de la mano con las transformaciones socioeconómicas que se han dado en cuatro esferas: educación, demografía, crecimiento económico y políticas, a decir de Gasparini y Marchionni (2015) y Hernández y Camarena (2013), quienes a su vez señalan que la educación tiene impacto sobre los salarios y puestos de trabajo a los que las mujeres pueden aspirar; por su parte la caída de la fecundidad es un factor fundamental para explicar el aumento en la fuerza laboral femenina durante el siglo XX; así también, desde principios de los 2000, Latinoamérica ha experimentado una "década dorada" en términos de crecimiento económico haciendo más atractivo el mercado laboral para las mujeres, como resultado de la expansión de sectores donde típicamente existe mayor participación femenina; finalmente, en la última década se pusieron en marcha diversas iniciativas que buscan proteger y fomentar el empleo femenino en la región, entre estas destacan la eliminación de sesgos institucionales que perjudican la participación de la mujer. Por lo anterior, en el mercado laboral la mujer ha ganado terreno y las brechas de género se están cerrando (BID, 2004, UNESCO, 2013).

La participación laboral femenina es un determinante importante de la distribución del ingreso, dado que, la mujer se preocupa por brindar bienestar a su familia a través de una mejor alimentación, servicios de salud y educación principalmente, modificando así el nivel de pobreza de la familia (Cacique, 2015). A este respecto, Gasparini y Marchionni (2015), han comprobado a través de macrosimulaciones que el nivel de empleo femenino en Latinoamérica en las últimas décadas ha contribuido a la disminución de la pobreza y la desigualdad. Por otra parte, la participación de la mujer en el mercado laboral contribuye a su empoderamiento económico.

Una limitación importante de la participación femenina en el mercado laboral, es que, en Latinoamérica, la carga de los trabajos del hogar y cuidado de la familia, conocido como trabajo no remunerado, recae principalmente en la mujer, siendo poco significativa la participación del hombre. La sobrecarga que produce sobre las mujeres su participación en el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, la limita para participar en la toma de decisiones, restringiendo su acceso a recursos materiales y recursos de protección social para la satisfacción autónoma de las necesidades actuales y futuras (Cacique, 2010; Gómez, 2008; Hernández, et al, 2009; Camarena y Saavedra, 2016). El concepto de autonomía se refiere a la libertad de escoger y de actuar. La libertad para optar por un trabajo remunerado está limitada por el nivel de equilibrio que mujeres y hombres puedan establecer entre el trabajo remunerado y el no remunerado del cuidado en el hogar (Gómez, 2008). Como se sabe en Latinoamérica este último recae principalmente en la mujer limitando de este modo su acceso a un trabajo remunerado.

A este respecto, en la tabla 1 se puede observar que en lo que se refiere a las horas dedicadas al trabajo remunerado, los hombres dedican mayor número de horas que las mujeres; sin embargo, cuando se trata de trabajo no remunerado el mayor número de horas corresponde a las mujeres, mostrando con esto la inequidad en la distribución de las labores domésticas. Esto se destaca aún más si se analiza la diferencia en horas, por ejemplo, en el caso de México la diferencia de horas dedicadas al trabajo remunerado entre hombres y mujeres es de 10.1 horas mayor en los hombres, mientras que la diferencia de horas dedicadas al trabajo no remunerado entre hombres y mujeres es 26.7 horas mayor en las mujeres. Y también, resulta relevante la situación de Ecuador donde en el caso del trabajo remunerado los hombres trabajan 6.5 horas más que las mujeres y en el trabajo no remunerado las mujeres trabajan 27.1 horas más que los hombres.

Empoderamiento Femenino y Participación Política

Pachón, Peña y Wills (2012), señalan que las mujeres en Latinoamérica son menos activas políticamente que los hombres, en su estudio consideraron cuatro dimensiones de la participación política: votación en elecciones presidenciales, trabajar en una campaña electoral, participar en una manifestación y hacer parte de un partido político; los hallazgos mostraron que la ocupación, el nivel de ingreso y el estado civil están asociados con el activismo político de las mujeres.

En 1975, se celebró la primera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Mujeres en la Ciudad de México, a partir de este evento la comunidad internacional puso gran atención en la representación de las mujeres y en su impacto en las estructuras de toma de decisiones en la política. Sin embargo, a pesar del interés internacional, el acceso de las mujeres al parlamento ha sido lento y desalentador. Debido a que, en 1975, las mujeres representaban el 10.9 por ciento de todos los escaños parlamentarios a nivel mundial y habiendo pasado más de 30 años de cauciones, prescripciones y persuasión, ocupaban menos del 18 por ciento de todos los escaños parlamentarios en 2008 (Ballington, 2008).

A pesar de lo anterior, las mujeres han incrementado en forma importante su participación en la toma de decisiones al alto nivel de los gobiernos, mediante su creciente rol en las máximas posiciones de la conducción política, a través de su participación en los partidos políticos, el congreso y las candidaturas presidenciales, como en el gobierno, donde es evidente el aumento en el número de mujeres presidentas, vicepresidentas, ministras y en general funcionarias de alto nivel en todas las áreas de las políticas públicas (BID, 2004).

Cerca de 25 mujeres han aspirado a la Presidencia de la República en 13 países de Latinoamérica y el Caribe, 3 de ellas han alcanzado la Presidencia por el voto popular y otras 4 han sido presidentes por circunstancias políticas en sus respectivos países. Entre 1940 y mediados de 2002 en Latinoamérica se habían designado a 325 mujeres como ministras, el 75% de ellas nombradas en los últimos 15 años. El Caribe tuvo 317 ministras en el mismo período (Iturbe, 2003). Vale destacar que cuatro países de la región, Trinidad y Tobago, Venezuela, Colombia y Guyana, figuran entre los 20 países del mundo con más mujeres ministros, al año 2013 el 21% de los miembros de gabinete en Latinoamérica eran mujeres (ONU, 2013). La participación de la mujer en cargos políticos y de representación también está reflejándose en importantes aumentos en la cantidad de mujeres presentes en el congreso, consejos municipales y gobernaciones. Asimismo, el porcentaje de mujeres en los parlamentos nacionales ha continuado incrementándose en los últimos años

de manera muy significativa. En 1990 las mujeres ocupaban el 9% de los escaños, mientras que en 2003 esta cifra aumento a 15%. En Latinoamérica, ninguna medida ha sido más efectiva que las leyes de cuota de participación femenina para lograr la inclusión política de la mujer. Argentina en 1991, fue el primer país del mundo en aprobar una ley que impone cuotas de participación de mujeres en las elecciones legislativas, este país es un modelo a seguir no solo por ser el pionero de la igualdad entre los géneros, sino también en la modernización, democracia y organización de movimientos de mujeres que luchan para alcanzar la igualdad en todos los aspectos (Stenhammar, 2009). En el año 2000 doce países latinoamericanos tenían leyes que establecían un porcentaje mínimo —entre el 20% y el 40%— de participación de la mujer en el poder legislativo. En el caso de Colombia la ley establece que un mínimo de 30% de cargos decisorios en la administración pública deben ser ocupados por mujeres. Es así como las cuotas han tenido impacto elevando la cifra y la proporción de mujeres electas. El promedio regional aumentó del 8% al 15% tras la adopción de esas leyes. En algunos países el impacto ha sido enorme, como en el caso de Costa Rica, en que las mujeres constituyen ahora el 35% de los legisladores.

Los países que han establecido cuotas han incrementado la participación política de la mujer en forma más acelerada y profunda de lo que ha sucedido en los países que carecen de cuotas (BID, 2004, Massolo, 2006) (ver tabla 2). Sin embargo, Arámbula y Bustos (2008), señalan que un sistema de cuotas por sí sólo no es suficiente, dado que en muchos casos sólo se cumple con el requisito de presentar listas que cumplen con el requisito de representatividad femenina, por lo que hace falta que la candidata cuente también con el apoyo del partido para alcanzar el triunfo en las urnas. Más preocupante es aún el hecho de que, hoy existen cinco países que no cuentan con ninguna acción afirmativa, y Uruguay, donde se ha aprobado su aplicación solo para una elección parlamentaria, la que se llevó a cabo en el 2014 (Choque, et al, 2013).

La subrepresentación de las mujeres empezó a enmarcarse en un nuevo paradigma: el de la paridad entre hombres y mujeres en la representación política y los ámbitos de gobierno. Así, en 2009, el Ecuador, constitucionalizó la paridad en los cargos de nominación y función pública, así como en los partidos y movimientos políticos. En 2010, Bolivia, incluyó en su nuevo texto constitucional que la participación política debía ser equitativa y darse en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Ese mismo año Costa Rica modificó su código electoral para que las listas estuvieran integradas por 50% de mujeres y 50% de hombres. Asimismo, es importante señalar que los tres países habían adoptado previamente una cuota, pero se produjo un paso hacia adelante con la adopción de la paridad. En 2012, Nicaragua modificó su Ley Electoral introduciendo la obligación de incorporar un 50% de candidatos y candidatas (Choque, et al, 2013).

Choque, et al (2013) señalan que, a pesar de los avances, a principios de 2012 solo una de cada cinco representantes en los Parlamentos Latinoamericanos era mujer (21,6%), este porcentaje alcanzó el 25.6% en 2013 (ONU, 2013). Estas cifras están lejos del equilibrio que se pretende alcanzar y contrastan con el 50% del electorado que constituyen las mujeres en prácticamente todos los países.

Marx y Borner (2011), encontraron que las legisladoras siguen constituyendo una minoría en los Parlamentos Latinoamericanos, sin embargo, en la mayoría de los países las representantes celebran alianzas de distinta índole, a causa de situaciones en el trabajo parlamentario que resultan discriminatorias para ellas y del moderado interés que muestra la mayoría de sus pares masculinos en el debate y la sanción de proyectos de ley con contenido de género. Algunas alianzas son cortas, es decir, delimitadas a asuntos específicos, mientras que otras permanecen en el tiempo, permitiendo así ampliar y enriquecer las agendas legislativas; independientemente de que las parlamentarias suelen legislar en múltiples temas, su labor también fomentó de manera considerable el debate y la promoción de proyectos de ley con contenido de género y/o de derechos de mujeres, contribuyendo a una mejor representación de los intereses de las mujeres (Massolo, 2006). Así pues, Stenhammar (2009), señala que las leyes de cuotas pueden servir para abrir un camino en los países en donde las mujeres no están representadas en la política y lograr que su voz sea escuchada en la sociedad.

Por último, para que se dé un cambio se debe trabajar desde muchos frentes por lo que resulta relevante destacar lo que señalan Hernández, et al (2009): "la inserción de la mujer en los espacios de toma de decisiones depende más de la transformación de la sociedad en su conjunto que de la propia mujer..... se requieren cambios en la educación, en la familia, en los medios masivos y en el trabajo mismo.." p. 51.

Con el fin de medir los avances en el tema de empoderamiento femenino se han establecido una serie de indicadores, que permiten cuantificar el impacto de los programas y políticas que intentan realizar acciones para cerrar las brechas de género, dado que abatir la desigualdad es indispensable para alcanzar el desarrollo (Rotondo y Vela, 2004).

Si bien es cierto Schuller (1997) refiere que el empoderamiento es un proceso por medio del cual las mujeres incrementan su capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno, evolucionando hacia una concientización sobre sí mismas y su status en la sociedad; actualmente este proceso ha sido relacionado con el desarrollo de las naciones de allí surge la necesidad de valorar objetivamente el empoderamiento, con el fin de evaluar la situación de las mujeres en cada país y región. Es en este contexto en el cual surgen los índices para intentar valorar el empoderamiento, la descripción de éstos se presenta a continuación.

El Índice de Desigualdad de Género (IDG). Es una metodología desarrollada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que obtiene un índice sintético que muestra la desventaja en que se encuentran las mujeres respecto de los hombres, considerando tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral, medir las desventajas genera conciencia en torno a estos problemas, permite vigilar el progreso para alcanzar los objetivos de equidad de género e induce a los gobiernos a asumir responsabilidades. La interpretación del IDG tiene una lógica inversa a la del índice de desarrollo humano (IDH), es decir, cuando hay un valor cercano a cero, el desarrollo es igualitario; cuando se aproxima a uno, existen más desventajas de las mujeres frente a los hombres, de modo que un valor de cero significa que no hay desigualdad y un valor de uno significa que hay desigualdad completa. Con el IDG se determina la magnitud y el detalle de la desigualdad, es decir, en cuánto y en qué dimensiones las mujeres presentan desventajas respecto de los hombres en términos de desarrollo igualitario. Lo que permite realizar propuestas de política pública enfocadas a lograr la igualdad en cada uno de los tres aspectos que considera el IDG (PNUD, 2014, INEI, 2015). Así también, este índice muestra la pérdida en desarrollo humano debido a la desigualdad entre logros de mujeres y hombres en dichas dimensiones (PNUD, 2014).

Índice de brecha de género (IBG). El Foro Económico Mundial calcula desde el 2006 este índice con el propósito de medir, a nivel de países, el estado de avance de la mujer en cuatro aspectos: salud, educación, economía y participación política. Cada uno de estos, al igual que el índice, posee un rango de 0 a 1, donde 0 es total desigualdad y 1 es total igualdad entre hombres y mujeres. El IBG, se determina mediante cuatro indicadores: Participación económica y oportunidad, Educación, Salud y Supervivencia y participación política.

Índice de Equidad de Género (IEG). Clasifica a los países de acuerdo a indicadores sociales, con datos comparables y disponibles a nivel internacional. Lo elabora Social Watch, la cual es una red internacional de organizaciones que defienden y monitorean las políticas contra la pobreza y por la igualdad de género. Se basa en indicadores tales como: Actividad económica, empoderamiento y educación; los valores posibles del IEG se extienden de 0 a 100, representado o el menor grado de equidad y 100 el mayor (García, et al, 2013).

Índice de Desarrollo Humano relativo al Género (IDHG) Mide la desigualdad social y económica entre hombres y mujeres, es elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Utiliza los siguientes indicadores: vida larga y saludable (esperanza de vida al nacer de cada sexo), educación (Tasa de alfabetización de adultos y tasa bruta combinada de en educación primaria, secundaria y terciaria por sexo) y nivel de vida digno (Estimación de ingresos percibidos por sexo) (García, et al, 2013).

Índice de potenciación de Género (IPG). Mide el nivel de oportunidades de las mujeres, es elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los indicadores utilizados son: Participación política y poder de decisión (Proporción de mujeres y hombres en escaños parlamentarios), Participación económica y poder de decisión (Participación de mujeres y hombres como altos funcionarios o directivos y en puestos profesionales y técnicos), Control sobre los recursos económicos (Estimación de los ingresos percibidos por mujeres y hombres) (García, et al, 2013).

A continuación, se presenta una tabla que resume la forma en que cada indicador trata de medir el empoderamiento femenino, como se puede observar el IBG es el que incluye todos los indicadores, por lo que se podría considerar el más completo.

Esta investigación es descriptiva y correlacional, se tomó información de las bases de datos del Banco Mundial referentes al IBG, por un periodo de 10 años (2006-2105), con lo que se tiene un estudio longitudinal, así como datos de los indicadores del IBG del año 2015, con lo que se presenta un estudio transversal. Se seleccionó el IBG por considerarse el más completo en comparación con los indicadores analizados en el apartado anterior. Se relacionaron los indicadores con el IBG, con el propósito de encontrar relaciones significativas, que dieran cuenta de aquellos indicadores que más influyen en el IBG, para contar con un estudio analítico de este índice.

A continuación, se detalla el contenido del índice de brecha de género el cual seleccionó para esta investigación por ser el más completo y por contar con todos los datos disponibles para el periodo de estudio 2006-2015.

El índice de Brecha de Género analiza las siguientes áreas (Worl Economic Forum, 2016):

a. Participación económica y oportunidad: salarios, participación y empleo altamente capacitado. Contiene tres conceptos la participación, la brecha de remuneración y la brecha de progreso. La participación se calcula utilizando la diferencia entre mujeres y hombres en las tasas de participación en la fuerza de trabajo. La brecha de remuneración se calcula a través de un indicador de datos duros (Proporción de ingresos estimados de mujeres a hombres) y un dato cualitativo recopilado a través de la Red Mundial de Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro (igualdad de salarios por un mismo trabajo). Por último, la brecha entre el progreso de la mujer y el hombre se calcula a través de dos estadísticas de datos (Proporción de mujeres y hombres entre legisladores, altos funcionarios y directivos, y la proporción de mujeres y hombres entre técnicos y profesionales). Es importante mencionar que, de acuerdo con Hernández, et al. (2009), el salario otorga a la mujer un poder que influye y determina la calidad de vida, y la falta de este las hace dependientes y les da una condición de oprimidas.

b. Educación: acceso a niveles de educación básicos y más elevados. Calcula la brecha entre las mujeres y el acceso actual de los hombres a la educación a través de un cálculo de proporción de mujeres a los hombres en los niveles de primaria, secundaria y terciaria. Muestra una visión a más largo plazo de la capacidad del país para educar a mujeres y hombres en igual número, se puede ver a través de la proporción de la tasa de alfabetización femenina

c. Salud y supervivencia: expectativa de vida y proporción hombres-mujeres. Ofrece una visión general de las diferencias entre la salud de la mujer y la del hombre mediante dos indicadores. El primero es la proporción de sexos al nacer, específicamente para capturar el fenómeno de mujeres, prevaleciente en muchos países, con un hijo fuerte como preferencia (hombre). En segundo lugar, se utiliza la brecha entre la esperanza de vida saludable de los hombres y mujeres. Esta medida es una estimación del número de años que mujeres y hombres pueden esperar vivir en buena salud tomando en cuenta los años perdidos por la violencia, las enfermedades, la desnutrición u otros factores relevantes.

d. Participación política: representación en las estructuras de toma de decisiones. Mide la brecha entre hombres y mujeres en el más alto nivel de la toma de decisiones políticas, la proporción de mujeres y hombres en puestos de nivel ministerial y la relación entre mujeres y hombres en las posiciones parlamentarias. Además, se incluye la proporción de mujeres y hombres en la oficina ejecutiva (primer ministro o presidente).

El IBG se utiliza para entender en qué medida están distribuyendo sus recursos y oportunidades de forma equitativa entre hombres y mujeres en los 142 países incluidos en el análisis y compararlos para determinar avances y rezagos.

Los resultados del Índice pueden interpretarse como el porcentaje de la brecha que se ha cerrado entre mujeres y hombres, permitiendo a los países comparar sus resultados actuales frente a los obtenidos en el pasado y con los resultados obtenidos por otros países. 13 de las 14 variables que se utilizan para crear el Índice proceden de indicadores de datos públicos de organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Mundial de la Salud, y la otra variable procede de una encuesta de percepción llevado a cabo por el Foro Económico Mundial.

Con el fin de presentar un panorama del empoderamiento femenino en Latinoamérica, se recolectaron datos sobre los índices de brecha de género de 19 países por un periodo de 10 años, los países seleccionados son los que cuentan con el dato de este indicador para toda la serie de años analizada; a partir de estos datos se calculó el promedio anual y la tasa de crecimiento del período analizado, los resultados se presentan en la tabla 4.

Como puede apreciarse en la tabla 4, durante el período 2006-2015, el promedio del IBG, aumentó de 0.626 a 0.709 (13%), con lo que se muestra que la brecha se ha ido cerrando, pero aún queda bastante lejos de alcanzar la equidad de género. Si se analiza la tasa de crecimiento por país, puede notarse que la misma no ha sido homogénea para todos los países bajo estudio, 10 países muestran las tasas más bajas de crecimiento en el IBG (de 1% a 5%) estos son: Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, es decir más del 50% de los países de la región; sólo 5 de los 19 países analizados muestran tasas medias de crecimiento (de 6% a 10%) estos son: Argentina, Chile, Costa Rica, Honduras y México, esto son el 26%; mientras únicamente 4 de los países analizados muestran tasas altas de crecimiento (de 11% en adelante) estos son: Bolivia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, es decir 21% del total. Con el fin de determinar la influencia de cada una de las áreas que mide el índice, en el empoderamiento femenino (medido por el IBG), a continuación, se presenta el desglose de estas áreas para el año 2015, en la tabla 5.

Como se puede apreciar en la tabla 5, las brechas más grandes se encuentran en participación económica y oportunidad y participación política, siendo estos hallazgos coincidentes con lo señalado por Pachón, et al (2012) en el sentido de que las mujeres son menos activas políticamente, como consecuencia de los factores sociales y culturales que le siguen dando al hombre un papel dominante en la sociedad (Ballington, 2008), lo anterior a pesar de que existen en casi todos los países de la región leyes de cuotas que obligan a mantener un porcentaje de participación de la mujer, sin embargo el promedio actual en Latinoamérica es apenas de 20%, constituyendo así una minoría en los Congresos de cada país (Choque, et al, 2013, Marx y Borner, 2011), y aún a pesar de esto han obtenido logros significativos en materia de leyes relacionados con los derechos de la mujer (Massolo, 2006).

En lo que se refiere a la participación económica, a pesar de que en el mercado laboral la mujer ha ganado terreno, aún existen brechas importante en cuanto a la calidad del trabajo que se le ofrece a la mujer, pues generalmente son empleos en la informalidad o en sectores precarios, de baja productividad o quedan congeladas en un trabajo de segunda sin posibilidades de ascender (BID, 2004; Hernández, et al, 2009 ; Camarena, et al, 2015), una limitación importante que tiene la mujer para obtener mejores oportunidades en el mercado laboral tiene que ver con la carga de los trabajos del hogar y cuidado de la familia, que aún sigue siendo inequitativa, restringiendo de este modo su participación (Cacique, 2010; Gómez, 2008)

El resultado de la tabla 4, también nos muestra que en educación y salud, el avance ha sido considerable, siendo este hallazgo coincidente con lo señalado por Marchioni (2015) en cuanto a que en Latinoamérica, el aumento de la educación en las mujeres ha sido impresionante; sin embargo Camarena, et al (2015) señalan que la mujeres aún se encuentran relegadas de áreas de estudios STEAM que podrían permitirles acceder a puestos mejor remunerados y sectores más competitivos, como son las ingenierías y las tecnologías de información. En cuanto a los indicadores de salud, el resultado es muy alentador, empero, no se debe ignorar que, en igualdad de acceso a los servicios de salud, las mujeres son más vulnerables por razones de su papel reproductivo en la sociedad.

Con el fin de determinar la influencia de los indicadores de cada área en el índice de brecha de género, se plantea la siguiente hipótesis:

]]> Ho₁: El índice de la brecha de género no depende de la participación económica y oportunidad, la educación, la saludy supervivencia y la participación política.

Se desarrolla el modelo de regresión lineal múltiple con un error alfa de 0.05, obteniendo una R = 0.982; una r cuadrada R²= 0.965 y una R² ajustada de 0.954, lo que indica que los cuatro indicadores: participación económica y oportunidad, la educación, la salud y supervivencia y la participación política, explican en 95.4% el IBG, lo cual muestra que es un índice que incluye indicadores que se encuentran fuertemente relacionados con la brecha de género.

Se muestra también, con la prueba ANOVA, en el resultado del análisis de varianza que el modelo resulta significativo (p = 0.000), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se puede concluir que el IBG depende de participación económica y oportunidad, la educación, la salud y supervivencia y la participación política (Tabla 6).

Ho₂: La participación económica y oportunidad, educación, salud y supervivencia, y participación política no tienen un peso importante en elIBG.

Para comprobar esta hipótesis se muestra a continuación el peso relativo de las variables independientes en el modelo de regresión, expresado en el valor de las betas:

Como se puede ver en la tabla 7, el indicador que más influye en el IBG es la participación política, el segundo en importancia es la participación económica, el tercero la educación. El indicador de salud y supervivencia muestra una beta débil y negativa mostrando su nula influencia. Por lo que se rechaza parcialmente la hipótesis nula, dado que sólo la participación política y participación económica y oportunidad tienen un peso importante en el IBG.

El resultado anterior, implica que para cerrar la brecha de género se debe impulsar con mayor énfasis el empoderamiento político y económico de la mujer, dado que los hallazgos de Gasparini y Marchioni (2015), señalan que el nivel de empleo femenino se encuentra relacionado con la disminución de pobreza y desigualdad. Por su parte la participación política de la mujer resulta de suma importancia para la generación de leyes que fomenten la equidad de género en todas las esferas de la sociedad (Massolo, 2006).

Discusión

Los países Latinoamericanos en un afán por democratizarse han venido adoptando las cuotas de género con el fin de equilibrar la participación política de las mujeres y con ello lograr más y mejores leyes que promuevan la igualdad, sin embargo como lo ha señalado Stenhammar (2009), esto no presenta una solución completa, como también puede verse en los resultados de la presente investigación donde como primer hallazgo se tiene que en un período de 10 años el Índice de Brecha de Género sólo se incrementó un 13%, mostrando con esto que aún falta mucho para cerrar esta brecha y lograr el empoderamiento de la mujer, que como se señaló en los objetivos del milenio (BID, 2004) y del desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 2015) es necesario para alcanzar la meta de equidad, para poder alcanzar las otras metas de desarrollo humano, dado que el bienestar que alcancen las mujeres se traducen en bienestar para sus hijos y demás dependientes.

Para lograr avances en la Brecha de género en Latinoamérica será necesario poner atención en dos indicadores, en primer lugar la Participación Económica y oportunidad, pues a pesar de que la participación laboral de la mujer ha ido en aumento en los últimos años, aún persiste la inequidad en salarios, la falta de oportunidades para ascender a puestos de liderazgo y la presencia de la mujer en trabajos precarios y sin derechos laborales (Gasparini y Marchionni, 2015); otro factor que también influye en esta situación es la sobrecarga de la mujer al tener que realizar un trabajo no remunerado, que tiene que ver son sus obligaciones domésticas y familiares (Cacique, 2010; Gómez, 2008; Hernández, et al (2009); Camarena y Saavedra, 2016), que le impiden alcanzar un desarrollo pleno en este aspecto.

En segundo lugar, se encuentra la Participación Política, la cual es un reflejo de la desigualdad que existe en los países Latinoamericanos, en lo que se refiere a la participación en la toma de decisiones de alto nivel, la brecha a cerrar todavía es muy amplia, las leyes de cuotas no han sido suficientes para alcanzar que las mujeres estén mejor representadas en el poder legislativo de estos países, incluso existen algunos donde no existe esta ley de cuotas (BID, 2004; Massolo, 2006; Choque, et al, 2013) y en otros el porcentaje apenas alcanza un 10% de participación de las mujeres, lo que implica que se les sigue cerrando el paso a las mujeres para alcanzar puestos de liderazgo, tal vez por cuestiones educativas, familiares o culturales tal como lo han señalado Hernández, et al (2009).

Conclusiones

Este trabajo se realizó con el objetivo de mostrar un panorama del empoderamiento femenino en Latinoamérica, para tal fin se utilizó como único indicador el IBG. Los indicadores que componen este índice tienen una fuerte correlación con lo que se rechazó Ho₁, mostrando que la participación económica y oportunidad, la educación, la salud y supervivencia y la participación política explican en 95.4% el IBG.

Los resultados muestran que la brecha de género en América Latina está lejos de cerrarse, y todavía es de las más grandes del mundo, sin embargo, los avances mostrados en las dos últimas décadas son considerables, sobre todo en salud y educación.

En cuanto a la participación económica de la mujer en Latinoamérica, los resultados señalan que, a pesar de los avances de los últimos años, aún existe la discriminación hacia la mujer en esta área, pues los estereotipos de género la relegan a trabajos precarios y de baja productividad, que le impiden avanzar. Esto resulta preocupante dado que los estudios antecedentes señalan una relación importante entre el trabajo femenino y la disminución de la pobreza y además la comprobación de la hipótesis Ho₂ de esta investigación determinó que este componente tiene un peso importante en el IBG, el cual se busca mejorar.

Las áreas de salud y educación presentan los mejores indicadores, sin embargo, las mujeres aún se encuentran vulnerables al cumplir un papel reproductor en la sociedad, y al verse envueltas en estereotipos que las orientan a realizar estudios relacionados con las ciencias sociales, mermando de este modo sus posibilidades de acceder a mejores empleos. Y aunque al momento de comprobar comprobación del a hipótesis Ho₂, estos componentes no mostraron un peso significativo, debido a que en estos casi no hay disparidad, se debería tomar en cuenta que la mayoría de las personas que trabajan en la informalidad son mujeres, las cuales se encuentran completamente desprotegidas en cuestiones de acceso a los sistemas de salud y pensiones; por otra parte, a pesar que las mujeres han superado a los hombres en casi todos los niveles educativos, las mujeres aún se encuentran rezagadas en áreas de estudios que les permitirán acceder a mejores empleos y puestos de trabajo como son las áreas STEAM.

Como se pudo ver en este trabajo, no es suficiente considerar solo la información cuantitativa de los indicadores oficiales que intentar medir el empoderamiento femenino de la mujer, sino también incluir aspectos cualitativos que dan cuenta de la situación real de la mujer, que a pesar de los numerosos programas nacionales e internacionales que existen para empoderarla, aún se encuentra muy rezagada, lo que implica un reto que se tiene que afrontar desde todas las esferas políticas estatales, regionales, nacionales e internacionales.

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