INTRODUCCIÓN

La violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar constituye una problemática social de magnitud alarmante que trasciende fronteras geográficas, culturales y socioeconómicas. En el contexto peruano, esta realidad se manifiesta con particular intensidad, configurándose como una violación sistemática de los derechos humanos fundamentales (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP], 2024).

Según el Portal Estadístico del Programa Nacional Aurora, durante 2024 los Centros de Emergencia Mujer atendieron 154,742 casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar a nivel nacional, de los cuales 130,520 casos (84.3%) correspondieron a mujeres (^{MIMP, 2024)}. En la región de Puno, durante enero-noviembre de 2024, se registraron 5,417 denuncias por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, posicionándose la provincia de San Román con el mayor número de casos (2,095 denuncias) (Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del ^{Grupo Familiar, 2024)}.

La literatura científica internacional ha establecido consistentemente la existencia de correlaciones significativas entre los factores socioeconómicos y la incidencia de violencia de género. Investigaciones previas han demostrado que variables como el nivel educativo, los ingresos económicos, las condiciones de vivienda, el acceso a servicios básicos y la estructura familiar ejercen influencia determinante en la vulnerabilidad de las mujeres ante situaciones de violencia (^{García-Moreno et al., 2006)}.

^{Domínguez (2024)} concluyó que factores como el nivel educativo, los ingresos, el acceso a servicios básicos y las condiciones de vivienda están correlacionados significativamente con la experiencia de violencia, indicando que las personas con bajos niveles socioeconómicos pueden estar más expuestas a manifestaciones violentas. Complementariamente, ^{Pomacanchari y Dueñas (2024)} identificaron que la precariedad económica, el bajo nivel educativo y las condiciones inadecuadas de vivienda constituyen elementos que incrementan significativamente el riesgo de violencia intrafamiliar.

La Unidad de Asistencia Inmediata a Víctimas y Testigos de San Román-Juliaca, como parte del programa de asistencia a víctimas y testigos del Ministerio Público, desempeña un rol fundamental en la provisión de medidas de asistencia legal, psicológica y social. Durante el trimestre julio-septiembre de 2024, esta unidad registró 310 usuarios involucrados en investigaciones del delito de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, de los cuales 217 recibieron asistencia multidisciplinaria (^{Ministerio Público, 2024)}.

El marco teórico que sustenta esta investigación se fundamenta en la teoría ecológica de la violencia, propuesta por ^{Bronfenbrenner (1979)} y posteriormente adaptada por la Organización Mundial de la Salud para el análisis de la violencia de género. Este modelo conceptual plantea que la violencia resulta de la interacción compleja entre factores individuales, relacionales, comunitarios y sociales, donde los aspectos socioeconómicos operan como determinantes transversales.

El objetivo general de esta investigación consiste en determinar la incidencia de los factores socioeconómicos en el delito de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en usuarios asistidos por la Unidad de Asistencia Inmediata a Víctimas y Testigos de San Román-Juliaca durante el trimestre julio-septiembre 2024.

MÉTODO

Esta investigación se desarrolló bajo un paradigma cuantitativo con enfoque positivista, orientado a la verificación empírica de hipótesis mediante el análisis estadístico de datos objetivos y medibles (^{Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018)}. El tipo de investigación corresponde a la categoría básica teórica, caracterizada por su orientación hacia el desarrollo y expansión del conocimiento en el área específica de la violencia de género (^{Muntané, 2010)}.

El nivel de la investigación se define como explicativo-causal, dado que busca explicar las causas por las cuales ocurren las agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, estableciendo relaciones de causa-efecto entre los factores socioeconómicos y la incidencia de violencia (^{Mariaca, 2023)}. El método empleado es hipotético-deductivo, sustentado en la formulación y demostración de hipótesis específicas (^{Hueso & Cascant, 2012)}.

La población objetivo estuvo constituida por 217 beneficiarios asistidos por la Unidad durante el trimestre especificado. La muestra del estudio se conformó por 100 usuarios considerados como víctimas en el delito de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar. La selección se realizó mediante muestreo no probabilístico por conveniencia (^{Otzen & Manterola, 2017)}.

La técnica de recolección de datos empleada fue la revisión y observación documental de los casos, facilitando el estudio y extracción de elementos clave de las piezas documentales (^{Dulzaides & Molina, 2004)}. El instrumento utilizado fue la guía de asistencia socioeconómica, aplicada por el profesional de Trabajo Social al beneficiario en el proceso de intervención.

El procesamiento estadístico se realizó utilizando Microsoft Excel para el vaciado de datos y SPSS versión 25 para el análisis estadístico. Se empleó estadística descriptiva mediante distribución de frecuencias, porcentajes y tablas de contingencia. Para la verificación de hipótesis se utilizó la prueba Chi-cuadrado de Pearson, con un nivel de significancia de α = 0.05.

RESULTADOS

El análisis de las características demográficas revela que el grupo más afectado corresponde a personas de entre 30 a 59 años, representando el 66% del total de casos analizados. La distribución por sexo confirma la naturaleza predominantemente feminizada de la violencia intrafamiliar, con un 85% de víctimas mujeres frente a un 15% de víctimas hombres.

El análisis del nivel educativo muestra que el 38% de las víctimas completó la educación secundaria, seguido por aquellas con educación primaria incompleta (13%) y secundaria incompleta (12%). Solo el 23% de las víctimas accedió a algún nivel de educación superior, sugiriendo una correlación entre el bajo nivel educativo y la vulnerabilidad ante situaciones de violencia.

Nota. Elaboración propia basada en registros de la Unidad de Asistencia Inmediata a Víctimas y Testigos de San Román-Juliaca, 2024.

El análisis de la estructura familiar revela una distribución equilibrada entre familias nucleares biparentales (40%) y monoparentales (39%). El indicador de funcionalidad familiar presenta resultados alarmantes, con un 82% de las víctimas provenientes de familias disfuncionales, frente a solo un 18% de familias funcionales.

El 38% de las víctimas se dedica al trabajo independiente, principalmente en actividades comerciales. El 30% desarrolla trabajo dependiente, mientras que un 32% no genera ingresos propios. En cuanto a los ingresos económicos mensuales, el 27% percibe entre 500 y 1,000 soles mensuales, el 24% no precisa un monto fijo, y el 22% declara no tener ningún ingreso económico mensual.

Nota. Elaboración propia basada en registros de la Unidad de Asistencia Inmediata a Víctimas y Testigos de San Román-Juliaca, 2024.

Las características habitacionales muestran que el 46% de las víctimas habita en vivienda propia, el 23% en viviendas alquiladas y el 20% en viviendas proporcionadas por familiares. El acceso a servicios básicos presenta brechas significativas: aunque el 74% tiene acceso a agua potable y saneamiento básico, un 26% carece de estos servicios fundamentales.

Nota. Elaboración propia basada en registros de la Unidad de Asistencia Inmediata a Víctimas y Testigos de San Román-Juliaca, 2024.

La verificación de las hipótesis se realizó mediante la aplicación de la prueba Chi-cuadrado de Pearson, considerando un nivel de significancia de α = 0.05. Los resultados confirman la hipótesis general de la investigación, evidenciando una incidencia significativa de los factores socioeconómicos en el delito de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Nota. Nivel de significancia α = 0.05. Valor crítico teórico = 46.1942. Elaboración propia basada en análisis estadístico SPSS v.25.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos proporcionan evidencia empírica sólida sobre la incidencia significativa de los factores socioeconómicos en las agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. La confirmación estadística de la hipótesis general (X² = 63.966, p = 0.001) es consistente con investigaciones previas desarrolladas en contextos similares (^{Domínguez, 2024)}.

La predominancia de mujeres entre las víctimas (85%) confirma el carácter fundamentalmente feminizado de la violencia intrafamiliar, resultado consistente con estadísticas nacionales e internacionales sobre violencia de género (^{Dobash & Dobash, 1979)}. La concentración de víctimas en el grupo etario de 30 a 59 años (66%) resulta particularmente significativa, ya que este período vital se caracteriza por múltiples responsabilidades y presiones económicas que pueden incrementar el riesgo de violencia.

El hallazgo relacionado con el nivel educativo, donde el 59% de las víctimas tiene educación básica (primaria y secundaria), es coherente con la teoría del capital humano y su relación con la vulnerabilidad social. La educación constituye un factor protector fundamental contra la violencia de género (^{Sen, 1999)}.

Los resultados relacionados con el factor familiar revelan aspectos críticos. La alta prevalencia de disfuncionalidad familiar (82%) es consistente con la teoría ecológica de la violencia, que postula que los entornos familiares disfuncionales constituyen factores de riesgo significativos (^{Bronfenbrenner, 1979)}.

El análisis del factor económico revela la complejidad de la relación entre situación económica y violencia de género. Aunque el 76% de las víctimas se declara económicamente independiente, la prevalencia de trabajos precarios e ingresos irregulares sugiere formas sutiles de vulnerabilidad económica.

La predominancia de agresiones mixtas (62% físicas y psicológicas combinadas) evidencia la complejidad integral de la violencia de género (^{Walker, 2017)}. El perfil de los agresores, con predominio de cónyuges y excónyuges (76% combinados), confirma que la violencia de género ocurre principalmente en el contexto de relaciones íntimas (^{World Health Organization, 2021)}.

CONCLUSIONES

Esta investigación ha proporcionado evidencia empírica sólida sobre la incidencia significativa de los factores socioeconómicos en el delito de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. La confirmación estadística de la relación entre factores socioeconómicos y violencia de género (X² = 63.966, p = 0.001) evidencia que la vulnerabilidad socioeconómica constituye un determinante fundamental en el riesgo de sufrir agresiones en el ámbito familiar.

El análisis específico por dimensiones revela que todos los factores socioeconómicos estudiados presentan asociaciones estadísticamente significativas con la incidencia de violencia. El factor familiar emerge como el más fuertemente asociado (X² = 18.245, p < 0.001), evidenciando que la disfuncionalidad familiar constituye un factor de riesgo crítico.

La predominancia de víctimas mujeres (85%) en el grupo etario de 30 a 59 años (66%) con niveles educativos básicos confirma patrones identificados en la literatura internacional. Los hallazgos relacionados con el factor económico revelan que aunque el 76% de las víctimas declara independencia económica, la prevalencia de trabajos precarios sugiere formas sutiles de vulnerabilidad.

Desde una perspectiva teórica, estos resultados proporcionan apoyo empírico a la teoría ecológica de la violencia, evidenciando que los factores socioeconómicos operan en múltiples niveles del sistema ecológico para incrementar el riesgo de violencia.

Las implicaciones prácticas sugieren la necesidad de adoptar enfoques integrales que articulen políticas de prevención de violencia con políticas de reducción de pobreza, mejoramiento de condiciones habitacionales y ampliación de oportunidades educativas. En síntesis, esta investigación confirma que los factores socioeconómicos constituyen determinantes fundamentales en la incidencia de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, evidenciando que las víctimas con menor nivel socioeconómico presentan mayor riesgo de sufrir violencia.