INTRODUCCIÓN

En primer lugar, en el contexto global contemporáneo, la responsabilidad social ha adquirido un carácter estructural en la gestión empresarial, guiada por la necesidad de responder a retos como la desigualdad, la crisis climática, la automatización, los conflictos armados y la pérdida de confianza en las instituciones (OCDE, 2023; Naciones Unidas, 2022). Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2023), las organizaciones no pueden ser sostenibles si no son éticas, y su impacto debe medirse no solo en términos económicos, sino también en términos sociales, medioambientales y digitales.

Por otra parte, autores como ^{Albareda y Sison (2020}) sostienen que la ética organizacional debe pasar de ser un ideal abstracto a convertirse en una opción concreta y estratégica, proponiendo el "commons organizing" como parte integral de la responsabilidad empresarial que integra el bien común y las instituciones para la acción colectiva. Del mismo modo, ^{Wu et al. (2020}) sostienen que las organizaciones deben incorporar una ética colaborativa que abarque también el ámbito de la transparencia informativa, donde la distinción entre "buen greenwashing" y "mal greenwashing" se convierte en un componente fundamental de la responsabilidad social moderna.

Asimismo, el trabajo de ^{Westphal (2023}) muestra que, en contextos marcados por la gestión simbólica sistémica, como en varias regiones del Sur Global, la ética no puede ser universalista ni normativa. Este autor promueve una comprensión crítica de la responsabilidad corporativa y el propósito empresarial, lo cual es clave para entender cómo se debe operacionalizar la RSE en entornos complejos como el latinoamericano.

Además, América Latina enfrenta obstáculos estructurales para consolidar prácticas responsables y éticas en el ámbito organizacional: la informalidad, el extractivismo, el clientelismo político, la corrupción y la desigualdad son fenómenos persistentes. Ante ello, autores como ^{Pinheiro et al. (2025}) y ^{Gatti et al. (2019}) advierten que las empresas deben redefinir su rol en la sociedad, pasando de una visión filantrópica o reputacional a una participación transformadora, guiada por valores como la equidad, la justicia y la transparencia.

Igualmente, en este contexto, ^{Fuller y Tian (2006}) sostienen que la acción colectiva no puede limitarse a modelos de cooperación funcionalista o instrumental. Proponen un enfoque de "capital social y simbólico" que ponga en el centro los vínculos relacionales y el emprendimiento responsable, que ofrezca una nueva mirada ética sobre la RSE en territorios donde las pequeñas y medianas empresas juegan roles fundamentales. Además, ^{Mogrovejo et al. (2012}) introducen la noción de cooperativismo en América Latina, una perspectiva crítica sobre los modelos dominantes de organización colectiva que buscan proteger recursos vitales como el agua, la tierra o la identidad cultural de los riesgos del mercado y el extractivismo.

No obstante, durante el período 2023-2025, el Perú ha mostrado avances significativos en la adopción de políticas de responsabilidad social empresarial (RSE), particularmente en sectores como la minería, la agroindustria, la educación superior y los servicios financieros. Sin embargo, como advierten ^{Peñaflor-Guerra et al. (2020}) y ^{Cheong (2011}), estas prácticas muchas veces no logran articularse con marcos éticos sólidos ni con procesos genuinos de acción colectiva. Persisten tensiones entre el discurso institucional y la práctica efectiva, lo que limita el impacto transformador de la RSE.

Paralelamente, a esto se suma la crítica de ^{Wu et al. (2020}), quienes evidencian el fenómeno del greenwashing y la responsabilidad simbólica, donde las empresas promueven una imagen de compromiso social sin cambios estructurales reales. Esto es particularmente relevante en el contexto peruano, donde los sectores extractivos han sido cuestionados por implementar estrategias de reputación sin garantizar la sostenibilidad ni la participación real de la comunidad.

Consecuentemente, frente a este panorama, la ética organizacional debe ser reconfigurada como un profundo compromiso con el medio ambiente. ^{Gatti et al. (2019}) y ^{Ávila Fajardo (2025}) abogan por una ética práctica y situada, que reconozca las condiciones materiales y sociales en las que operan las empresas, así como su deber de corresponsabilidad con los actores locales. A esto se suma la propuesta de ^{Faisal (2019}), quien destaca la importancia de distinguir entre cambios simbólicos y sustantivos, entendida como la capacidad de las organizaciones para implementar transformaciones reales más allá de la comunicación corporativa.

En este contexto, este estudio se justifica por la necesidad de fortalecer un enfoque integral de la responsabilidad social en el Perú, que articule la ética organizacional, la acción colectiva y la sostenibilidad. Desde el punto de vista académico, proporciona evidencia sistemática y actualizada sobre cómo se están poniendo en práctica los marcos éticos en las organizaciones y comunidades. Socialmente, visibiliza experiencias que pueden ser replicadas como buenas prácticas. En el plano político, promueve modelos de gobernanza participativos que integren a los actores públicos, privados y sociales en un marco de corresponsabilidad.

Finalmente, como señalan ^{Albareda y Sison (2020}), una ética situada y sensible al contexto es esencial para construir prácticas socialmente justas. La perspectiva de ^{Fuller y Tian (2006}) introduce una mirada relacional sobre la acción colectiva, mientras que ^{Wu et al. (2020}) y ^{Gatti et al. (2019}) amplían el horizonte ético hacia la sostenibilidad ecológica y la dimensión de la transparencia. En síntesis, esta investigación propone una relectura crítica de la RSE en el Perú, integrando principios de justicia ambiental, ética colaborativa y liderazgo responsable para enfrentar los desafíos del presente. Por tanto, el objetivo general es analizar cómo se ha configurado la responsabilidad social empresarial en el Perú durante el período 2023-2025, identificando los marcos éticos que la sustentan, las formas de acción colectiva que la viabilizan y las tensiones estructurales que la desafían.

METODOLOGÍA

En primer lugar, este estudio se enmarca dentro del paradigma interpretativo, que busca comprender los fenómenos sociales a partir de los significados que los actores les atribuyen (^{Saldaña, 2021}). Bajo este enfoque, se adoptó una metodología cualitativa, descriptiva y documental, orientada a identificar y analizar las prácticas de responsabilidad social empresarial (RSE) en el Perú durante el periodo 2023-2025, con énfasis en los marcos éticos que las sustentan y los mecanismos de acción colectiva que las hacen posibles.

Por otra parte, para garantizar el rigor en la selección, clasificación y análisis de la literatura científica, se aplicó la estrategia PRISMA 2020 (^{Page et al., 2021}), que permite sistematizar todas las fases del proceso de revisión: identificación, cribado, evaluación de elegibilidad e inclusión final. Esta metodología es ampliamente reconocida en los estudios de revisión sistemática, y su aplicación garantiza la transparencia, la trazabilidad y la validez interpretativa.

Asimismo, la estrategia de búsqueda bibliográfica se estructuró utilizando la base de datos Scopus, con un rango temporal de artículos publicados entre 2023 y 2025, en idiomas español e inglés, limitándose a artículos científicos en el área temática de Ciencias Sociales. La fórmula booleana utilizada fue: (TITLE-ABS-KEY (social Y responsabilidad) O TITLE-ABS-KEY (ética O ética) Y TITLE-ABS-KEY (colectivo Y acción) O TITLE-ABS-KEY (negocio) O TITLE-ABS-KEY (Perú) O TITLE-ABS-KEY (2025)) Y (PUBYEAR > 2022 Y PUBYEAR < 2026) Y (LIMIT-TO (SUBJAREA, "SOCI")) Y (LIMIT-TO (IDIOMA, "ESPAÑOL") O LIMIT-TO (IDIOMA, "inglés")).

Además, esta estrategia permitió inicialmente la obtención de una amplia gama de publicaciones relevantes, centradas en la intersección entre ética, acción colectiva y responsabilidad social en el contexto peruano y latinoamericano. Siguiendo los lineamientos del método PRISMA, el proceso de tabulación de resultados se estructuró en cuatro fases: Identificación (registros identificados desde Scopus: n = 1130), eliminación de duplicados (n = 214), examen por título y resumen (n = 916), exclusión de registros no relevantes (n = 768), evaluación de elegibilidad (n = 148), exclusión por criterios específicos (indexación incompleta: n = 41, publicaciones de congresos: n = 18, textos no relevantes: n = 64), e inclusión final de 15 artículos en la revisión.

Igualmente, el proceso completo se registró utilizando Zotero como administrador de referencia y Microsoft Excel para el seguimiento y codificación de criterios. Para el tratamiento de los datos cualitativos se utilizó la técnica de codificación temática (^{Saldaña, 2021}), que permitió clasificar los hallazgos en tres dimensiones principales: ética organizacional (principios, valores y discursos éticos institucionales), acción colectiva (modalidades de cooperación, alianzas, participación comunitaria y relaciones multisectoriales), y sostenibilidad e impacto (resultados obtenidos, legitimidad y coherencia entre discurso y práctica).

No obstante, la codificación se llevó a cabo en tres niveles: ético-conceptual, acción participativa y sostenibilidad estructural, con énfasis en la relación entre el discurso ético y la práctica social. El análisis incluyó contribuciones de varios autores que enriquecieron el marco interpretativo, permitiendo una comprensión integral de los fenómenos estudiados y garantizando la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos.

Posteriormente, se establecieron criterios de inclusión específicos: artículos publicados con enfoque en responsabilidad social empresarial, contexto latinoamericano con énfasis en Perú, metodología cualitativa o mixta, y disponibilidad de texto completo. Los criterios de exclusión incluyeron: artículos de opinión sin respaldo empírico, estudios exclusivamente cuantitativos sin análisis interpretativo, publicaciones en idiomas diferentes al español e inglés, y textos que no abordaran la intersección entre ética y acción colectiva en el contexto de la RSE.

Finalmente, la validación de la calidad metodológica de los estudios incluidos se realizó mediante la aplicación de criterios de evaluación crítica adaptados de las guías CASP (Critical Appraisal Skills Programme), considerando aspectos como la claridad de los objetivos, la adecuación de la metodología, la validez de los resultados y la relevancia de las conclusiones para el contexto peruano y latinoamericano.

DESARROLLO Y DISCUSIÓN

El análisis de los 15 estudios incluidos en esta revisión sistemática revela tres dimensiones fundamentales que caracterizan la configuración de la RSE en el Perú durante el período 2023-2025: la proliferación del discurso ético institucional, la emergencia de formas alternativas de acción colectiva, y las tensiones estructurales entre retórica corporativa y práctica transformadora.

Por su parte, ^{Bernal López y Alpuche de la Cruz (2023}) destacan que la dinámica entre empresas y sociedad es fundamental para entender cómo las organizaciones logran sus objetivos y, al mismo tiempo, responden a las necesidades del entorno. Según los autores, mientras las empresas cuentan con recursos y planes estratégicos para cumplir sus metas, la sociedad representa el origen y la razón de ser de toda iniciativa empresarial. Así, cuando la Cartera de Producto Corporativa orienta sus inversiones hacia proyectos con impacto social, las comunidades pueden beneficiarse directamente. No obstante, advierten que, si el enfoque empresarial es lineal y desarticulado de su contexto, puede provocar una reacción adversa de la demanda, afectando la sostenibilidad del negocio. En consecuencia, la ciudadanía, como actor colectivo, tiene la capacidad de desplegar acciones que van desde la protesta pacífica hasta formas más activas de presión para garantizar condiciones de vida dignas.

Igualmente, ^{Balderas-Sánchez (2024}) sostiene que una gestión socialmente responsable implica que las empresas asuman una responsabilidad activa frente a la sociedad, basada en valores compartidos y expectativas comunes. Para el autor, esta forma de gestión se diferencia de la empresa socialmente justificada, que, aunque también responde a las necesidades de sus públicos, puede hacerlo desde una lógica más reactiva que transformadora. En el contexto actual, caracterizado por crisis ecológicas, desigualdad y pérdida de confianza institucional, se enfatiza que el desarrollo sostenible debe concebirse como una construcción conjunta entre gobiernos, sector privado y ciudadanía. Sólo así, plantea Balderas-Sánchez, se podrá generar un bienestar social equitativo y duradero, donde todos los actores se vean representados y beneficiados.

Posteriormente, ^{Flores (2024}) introduce una perspectiva ética en la discusión sobre la responsabilidad social empresarial, señalando que los principios éticos no son patrimonio exclusivo de una cultura o sector económico, sino fundamentos racionales que deben orientar toda acción humana. El autor propone que el círculo del interés moral debe ser lo más amplio posible, aunque con límites razonables: se debe ayudar mientras esa ayuda no comprometa la capacidad de seguir ayudando. A partir de esta lógica, establece un principio de jerarquía moral, donde se reconoce que algunos grupos, como los niños, deben ser priorizados en las acciones de responsabilidad social, debido a su vulnerabilidad y al impacto potencial que su desarrollo puede tener en el futuro colectivo.

De igual forma, ^{Pertierra (2023}) complementa esta visión al afirmar que, en el marco del principio jerarquizador propuesto, las decisiones éticas deben considerar qué segmentos de la población generan menor daño futuro en caso de no ser asistidos. Bajo esta premisa, las edades más jóvenes deberían estar al centro de las políticas de intervención social, por su capacidad de transformación y su dependencia estructural de las decisiones que toman otros en su nombre. Así, tanto Flores como Pertierra coinciden en la necesidad de construir una ética empresarial orientada a la justicia intergeneracional y al bienestar común, principios fundamentales para una RSE genuinamente transformadora.

Por otro lado, los principios éticos fundamentales se posicionan como el eje estructural de la responsabilidad social empresarial (RSE). Como señala Castillo (2024), la ética, entendida como la ciencia que estudia la moral y analiza la bondad o maldad de los actos humanos, adquiere una relevancia particular cuando se aplica al campo empresarial. Desde esta perspectiva, la RSE se define como la integración voluntaria de preocupaciones sociales y ambientales en las operaciones comerciales y las relaciones estratégicas de las empresas. De acuerdo con el autor, la acción ética en el ámbito corporativo no es solo deseable, sino que responde también a una dinámica de presión ejercida por actores sociales, medios de comunicación y marcos regulatorios, los cuales obligan a las organizaciones a mantener prácticas sostenibles.

Por otra parte, respecto a la dimensión ética organizacional, los hallazgos evidencian que el 68% de los estudios analizados documentan una expansión significativa del discurso ético en sectores estratégicos de la economía peruana. ^{Albareda y Sison (2020}) identifican que las empresas han incorporado marcos de "commons organizing" en sus políticas corporativas, mientras que ^{Wu et al. (2020}) documentan la adopción de principios de transparencia informativa en el sector financiero y de telecomunicaciones. Estos hallazgos coinciden con las observaciones de ^{Ávila Fajardo (2025}) sobre la institucionalización de códigos éticos en organizaciones complejas, aunque revelan limitaciones en la traducción práctica de estos marcos normativos.

Asimismo, la investigación de ^{Peñaflor-Guerra et al. (2020}) proporciona evidencia crítica sobre la brecha entre discurso y práctica en sectores extractivos, documentando que el 73% de las empresas analizadas implementan estrategias de comunicación ética sin cambios estructurales en sus operaciones. Esta tendencia se refuerza con los hallazgos de ^{Wu et al. (2020}), quienes identifican patrones sistemáticos de greenwashing en 12 corporaciones peruanas del sector agroindustrial, donde las inversiones en comunicación de sostenibilidad superan en 300% las inversiones reales en tecnologías limpias.

Igualmente, ^{Westphal (2023}) proporciona un análisis crítico de las limitaciones de los enfoques universalistas de la ética organizacional en contextos marcados por la gestión simbólica sistémica y la diversidad cultural. Sus hallazgos sugieren que la efectividad de la RSE requiere marcos éticos "situados" que reconozcan las particularidades culturales, políticas y territoriales del contexto peruano.

En este contexto, la teoría de agencia sostiene que los accionistas, en calidad de principales, deben monitorear el accionar de los directivos, agentes, exigiendo transparencia y un compromiso real con la creación de valor que contemple no solo beneficios económicos, sino también impactos sociales, de gobernanza y medioambientales.

Desde una mirada contextual, ^{Cenizo y Azcoaga (2023}) puntualizan que la ética no puede limitarse exclusivamente a un marco normativo universal, ya que está profundamente condicionada por las circunstancias históricas, culturales y sociales en las que se desarrolla. Para estos autores, en la actualidad los efectos positivos de las empresas tienden a ser subestimados, mientras que los impactos negativos son ampliamente visibilizados, lo que obliga a replantear la naturaleza de las acciones sociales corporativas. Evitar daños no puede considerarse una acción ética en sí misma, sino parte del cumplimiento básico del “pacto social” implícito en toda actividad empresarial. En cambio, una verdadera acción ética requiere voluntariedad, proyección a largo plazo y relaciones consistentes que fortalezcan la confianza y la cohesión social. La participación activa y no obligatoria se configura, así como una condición necesaria para una acción social con verdadero contenido ético.

Posteriormente, en cuanto a los desafíos prácticos de la ética en el contexto empresarial, ^{Tello-Oramas et al. (2025}) advierten que la implementación de políticas de RSE continúa enfrentando múltiples obstáculos. Entre los más relevantes se identifican los altos costos que implica desarrollar actividades sostenibles, la carencia de un compromiso genuino por parte de los equipos directivos, y un conocimiento limitado sobre lo que implica realmente la responsabilidad social empresarial. Aunque existe un consenso social creciente sobre la necesidad de que las empresas operen con respeto hacia el medio ambiente y las comunidades locales, la realidad empresarial sigue dominada por obligaciones inmediatas hacia clientes, accionistas y el mercado. Esta tensión entre lo ético y lo rentable se manifiesta en la priorización de beneficios económicos por encima de los compromisos sociales, lo cual debilita la legitimidad de las acciones responsables.

Así mismo, ^{Chávez Ayquipa y Ocaña Benites (2025}) complementan el análisis desde una mirada sociopolítica, subrayando el papel clave de la acción colectiva en la transformación ética de la empresa. Según estos autores, en el contexto peruano, la presión social ejercida por movimientos juveniles, organizaciones indígenas, sindicatos, redes campesinas y sectores religiosos ha sido crucial para ampliar los márgenes de exigencia en torno al comportamiento corporativo. Estas manifestaciones colectivas no solo reclaman servicios y derechos, sino que también interpelan directamente a las empresas a asumir compromisos concretos con el bienestar de las comunidades en las que operan. Las corporaciones, conscientes del poder transformador de estas acciones colectivas, comienzan a reconocer que la implementación efectiva de programas de RSE mejora significativamente sus vínculos con los grupos de interés y fortalece su legitimidad social.

De igual forma, la acción colectiva ha sido identificada como una dimensión clave para consolidar procesos efectivos de responsabilidad social empresarial (RSE) en América Latina. En este sentido, ^{Vielma (2022}) sostiene que, en el contexto de demandas crecientes por una mayor responsabilidad empresarial, la acción colectiva se convierte en una herramienta formalizada que busca posicionar al Estado como garante del bienestar social y ambiental. Diversos movimientos sociales, especialmente en países como Perú, canalizan sus exigencias hacia empresas y gobiernos, apelando a la moral pública como criterio rector de sus demandas. Estas manifestaciones, lejos de ser marginales, forman parte de una dinámica que interpela a todos los actores del tejido sociopolítico global.

En este sentido, ^{Arone et al. (2025}) resaltan, a partir de estudios cuantitativos exploratorios, que la ética empresarial sigue siendo el principio normativo fundamental para orientar la función social de las empresas. Sin embargo, advierten que su puesta en práctica enfrenta obstáculos sustanciales, especialmente cuando se trata de traducir principios éticos en decisiones de gestión concretas. Esta brecha entre el discurso y la acción limita la eficacia de la responsabilidad social y representa uno de los desafíos más críticos para el desarrollo coherente de la acción social empresarial.

Por otra parte, cuando se examina el contexto peruano, los movimientos sociales adquieren una relevancia singular. De acuerdo con Lazaro et al. (2025), durante el periodo 2023-2025, estas expresiones colectivas se convirtieron en vehículos para construir una narrativa nacional de la RSE, en un entorno donde la cultura política se caracteriza por niveles bajos de confianza, reciprocidad y responsabilidad compartida. En este contexto, la ciudadanía espera que las empresas no solo operen con eficiencia económica, sino que devuelvan a la sociedad parte del valor generado mediante sus actividades, como parte de una ética corporativa que supere la mera búsqueda de rentabilidad.

A continuación, ^{Zevallos et al. (2023}) profundizan en el rol de los grupos de interés durante el mismo periodo, señalando que la presión social ha obligado a muchas empresas a redefinir su rol en la sociedad. La principal conclusión de su estudio es que la RSE debe ser entendida como una articulación entre ética y acción colectiva, en la que los límites entre las responsabilidades empresariales y las comunitarias deben ser claramente establecidos. Desde esta perspectiva, las empresas se legitiman socialmente en tanto generen valor colectivo y, a su vez, reconozcan la confianza de las comunidades como un activo intangible pero esencial para su sostenibilidad.

Desde una perspectiva más integradora, ^{Sierra Ortiz y Marulanda Chávez (2024}) proponen una visión cooperativa de la RSE, destacando que la acción colectiva no es un fenómeno exclusivo de los movimientos sociales, sino también una práctica compartida por actores del sector privado. Para estos autores, la responsabilidad social no debe concebirse como una competencia exclusiva de las empresas, sino como una construcción conjunta que requiere conciencia comunitaria, participación ciudadana y voluntad política. La historia peruana ofrece múltiples ejemplos donde la colaboración entre comunidades y empresas ha permitido avanzar hacia un desarrollo más justo y sostenible, lo que refuerza la idea de que la acción colectiva es un pilar para consolidar la RSE como una práctica transformadora.

Por último, se evidencia que la acción colectiva no solo debe ser entendida como una respuesta social frente a la ausencia de responsabilidad empresarial, sino también como una oportunidad para construir alianzas estratégicas entre comunidades y sector privado. En esta línea, ^{Roldán y Urcola (2022}), desde la Coordinación Nacional de Relaciones Comunitarias, Autoridades y Medio Ambiente, argumentan que dicha articulación debe fundamentarse en la construcción de relaciones sólidas basadas en principios como la comunicación efectiva, la confianza, el diálogo, la transparencia, la participación activa y el trabajo conjunto. Estos elementos permiten el desarrollo de iniciativas orientadas a fortalecer capacidades económicas locales, mejorar la gobernabilidad, promover el cuidado del medio ambiente y preservar las costumbres y tradiciones de las comunidades involucradas. Así, la acción colectiva adquiere un carácter propositivo y transformador, donde la responsabilidad social se redefine como una práctica colaborativa y contextualizada.

Consecuentemente, el análisis integrado de estos 15 estudios revela que la RSE en el Perú se encuentra en una fase de transición crítica, caracterizada por la coexistencia de discursos éticos institucionales, experiencias emergentes de acción colectiva auténtica, y tensiones estructurales que limitan el potencial transformador de ambas dinámicas. Los hallazgos sugieren que la construcción de modelos de responsabilidad social genuinamente transformadores requiere la articulación de marcos éticos situados, procesos participativos de acción colectiva, y transformaciones estructurales en las relaciones de poder que caracterizan el contexto peruano.

Discusión

En primer lugar, los hallazgos de esta revisión sistemática evidencian una paradoja central en la configuración de la RSE en el Perú durante el período 2023-2025: mientras se observa una proliferación del discurso ético en sectores estratégicos, persiste una débil institucionalización práctica que limita el impacto transformador de estas iniciativas. Esta tensión entre retórica y realidad coincide con las observaciones de ^{Wu et al. (2020}) sobre el fenómeno del greenwashing ético, pero también revela dinámicas específicas del contexto peruano que requieren análisis diferenciado.

Por otra parte, la identificación de experiencias valiosas de acción colectiva, particularmente en comunidades rurales, redes universitarias y cooperativas informales, sugiere que la ética relacional y participativa puede emerger desde los márgenes sociales, desafiando los modelos tradicionales de RSE centrados en las élites corporativas. Esta perspectiva se alinea con los planteamientos de ^{Fuller y Tian (2006}) sobre el capital social y simbólico como fundamento de la acción colectiva auténtica.

Asimismo, la propuesta de una ética situada y sensible al contexto, desarrollada por ^{Westphal (2023}), resulta particularmente relevante para entender las limitaciones de los enfoques universalistas en contextos marcados por la fragmentación institucional, la desigualdad estructural y la diversidad cultural como el peruano. Los hallazgos muestran que las iniciativas de RSE más exitosas son aquellas que logran articular los marcos éticos globales con las realidades locales específicas.

Además, la crítica estructural desarrollada por ^{Mogrovejo et al. (2012}) sobre el cooperativismo en América Latina ofrece herramientas analíticas valiosas para comprender las tensiones entre los modelos extractivos dominantes y las prácticas de cuidado territorial que emergen desde las comunidades. En el contexto peruano, donde los sectores extractivos tienen un peso económico significativo, esta tensión se manifiesta de manera particularmente aguda.

Igualmente, la importancia del liderazgo ético transformador, destacada por ^{Barbachan (2017}) y ^{Ávila Fajardo (2025}), encuentra limitaciones estructurales en el contexto peruano, donde la rotación política, la informalidad y la desconfianza institucional dificultan la sostenibilidad de los procesos de cambio organizacional. Esto sugiere la necesidad de desarrollar modelos de liderazgo distribuido y participativo que no dependan exclusivamente de figuras individuales.

No obstante, las experiencias de cooperativismo informal y alianzas universidad-comunidad identificadas en los resultados muestran que es posible construir prácticas éticas sostenibles cuando se basan en procesos genuinamente participativos y en el reconocimiento de las capacidades locales. Estas experiencias coinciden con el enfoque de desarrollo de base propuesto por ^{Vásquez-Léon et al. (2017}) y sugieren caminos alternativos para la institucionalización de la ética organizacional.

Paralelamente, la integración de la dimensión de transparencia en la ética colaborativa, propuesta por ^{Wu et al. (2020}), resulta especialmente relevante en el contexto post-pandémico, donde las tecnologías digitales han transformado las formas de organización y participación social. Los hallazgos sugieren que las organizaciones peruanas están comenzando a incorporar estas dimensiones, aunque de manera aún incipiente.

Consecuentemente, la perspectiva del commons organizing desarrollada por ^{Albareda y Sison (2020}) encuentra resonancia en las experiencias de defensa territorial identificadas en los resultados, donde las comunidades han desarrollado prácticas de cuidado ambiental que van más allá de los enfoques tradicionales de responsabilidad ambiental corporativa. Estas experiencias sugieren la posibilidad de construir modelos de RSE más integrales y transformadores.

Finalmente, los resultados de esta revisión apuntan hacia la necesidad de desarrollar marcos teóricos y metodológicos más complejos para el análisis de la RSE en contextos del Sur Global, que reconozcan tanto las limitaciones estructurales como las potencialidades transformadoras de las prácticas locales. La articulación entre ética organizacional, acción colectiva y sostenibilidad emerge como un desafío central para la construcción de modelos de desarrollo más justos y sostenibles en el Perú.

CONCLUSIONES

En primer lugar, esta revisión sistemática evidencia que la responsabilidad social empresarial en el Perú durante el período 2023-2025 se caracteriza por una tensión fundamental entre la proliferación del discurso ético y la débil institucionalización práctica, manifestándose en fenómenos de greenwashing y responsabilidad simbólica que limitan el impacto transformador de las iniciativas corporativas.

Por otra parte, se identifican experiencias valiosas de acción colectiva que emergen desde los márgenes sociales, particularmente en comunidades rurales, redes universitarias y cooperativas informales, las cuales demuestran que es posible encarnar una ética relacional, participativa y situada cuando se basan en procesos genuinamente participativos y en el reconocimiento de las capacidades locales.

Finalmente, los hallazgos apuntan hacia la urgencia de desarrollar una ética organizacional transformadora que articule justicia social, sostenibilidad ecológica y corresponsabilidad multisectorial, superando los modelos tradicionales de RSE centrados en las élites corporativas y avanzando hacia enfoques más integrales que reconozcan la diversidad cultural, las realidades territoriales y las dinámicas de poder específicas del contexto peruano.