INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la relación entre la educación superior y el mercado laboral ha adquirido un papel central en las políticas académicas y profesionales a nivel mundial. En un entorno caracterizado por la globalización, la digitalización y la creciente competitividad, las universidades enfrentan el desafío de formar profesionales capaces de responder a las nuevas exigencias de empleabilidad. En este contexto, el desarrollo de competencias laborales se ha consolidado como un eje fundamental para garantizar la inserción efectiva de los egresados en el ámbito profesional, especialmente en disciplinas tradicionalmente teóricas como el Derecho.

Las competencias laborales se entienden como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten al profesional desempeñarse con eficacia en contextos laborales diversos, articulando la formación académica con las demandas del entorno (Casimiro et al., 2020). En el caso del egresado en Derecho, dichas competencias trascienden la dimensión técnica del conocimiento jurídico, incluyendo aspectos éticos, comunicativos, sociales y tecnológicos que resultan esenciales para ejercer con solvencia en un sistema legal dinámico y orientado a la resolución de conflictos. Sin embargo, la evidencia empírica reciente sugiere la existencia de una brecha entre la formación universitaria y las competencias requeridas por el mercado laboral (Valencia et al., 2023; De la Gala et al., 2024).

Diversos estudios realizados en América Latina han puesto de manifiesto que los programas de Derecho continúan sustentándose en modelos educativos tradicionales, centrados en la memorización normativa y la enseñanza magistral, con escasa vinculación con la práctica profesional. En Perú, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU, 2021) informó que casi la mitad de los bachilleres no logra acceder a un empleo formal en los primeros meses tras su egreso, lo cual refleja una desconexión entre la formación jurídica y las competencias laborales necesarias para la empleabilidad. Fenómenos similares se observan en Ecuador y México, donde los planes de estudio requieren ser actualizados para fortalecer las habilidades analíticas, éticas y tecnológicas de los futuros abogados (^{Romero et al., 2021}; Galván et al., 2020).

Frente a esta situación, surge la necesidad de sistematizar el conocimiento científico disponible acerca de las competencias laborales en egresados universitarios de Derecho. En consecuencia, se formula la siguiente pregunta de investigación:

¿Qué evidencia científica se ha publicado entre 2020 y 2025 sobre las competencias laborales en egresados universitarios de la carrera de Derecho?

A partir de ello, el objetivo general de este estudio fue analizar los artículos científicos publicados en las bases de datos Scopus y Scielo que abordan dicha temática. Los objetivos específicos consistieron en: (a) identificar las principales definiciones conceptuales vinculadas con las competencias laborales en el ámbito jurídico; (b) analizar las dimensiones que las componen; y (c) sintetizar los hallazgos más relevantes reportados durante el periodo de estudio.

La pertinencia de esta revisión radica en la necesidad de fortalecer la formación jurídica contemporánea a través de la evidencia empírica disponible. Comprender cómo se desarrollan y evalúan las competencias laborales en los egresados de Derecho permitirá orientar las políticas educativas universitarias, mejorar la calidad del currículo y promover una inserción laboral más efectiva, ética y socialmente responsable. Este estudio, por tanto, busca contribuir al debate académico sobre la adecuación de la educación jurídica a las exigencias del siglo XXI y a la formación integral del abogado como profesional comprometido con la justicia y el bien común.

METODOLOGÍA

La presente revisión sistemática se desarrolló siguiendo las directrices del método PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), el cual garantiza transparencia, trazabilidad y rigor metodológico en la identificación, selección y análisis de la evidencia científica. El proceso contempló las etapas de identificación, cribado, elegibilidad e inclusión, permitiendo consolidar los estudios más relevantes sobre las competencias laborales en egresados universitarios de Derecho.

El marco metodológico se sustentó en la literatura científica publicada entre 2020 y 2025, recuperada a partir de las bases de datos Scopus y Scielo, seleccionadas por su reconocimiento académico y cobertura internacional y latinoamericana, respectivamente. Se consideraron estudios con enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto, así como artículos de revisión que abordaran las competencias laborales o profesionales en el ámbito jurídico.

La estrategia de búsqueda se estructuró en torno a los descriptores “habilidades profesionales”, “desempeño laboral”, “empleabilidad” y “competencia laboral”. Para ampliar la cobertura, se diseñó una ecuación de búsqueda bilingüe (español e inglés), aplicada mediante operadores booleanos y adaptada a los parámetros de cada base de datos. La ecuación general fue la siguiente:

(“competencias laborales” OR “competencias profesionales” OR “habilidades profesionales” OR “labor competencies” OR “professional skills”)

AND (“egresados universitarios” OR “graduados universitarios” OR “university graduates” OR “law graduates”)

AND (“Derecho” OR “Law” OR “Legal education” OR “Legal profession”)

AND (LIMIT-TO (PUBYEAR, 2020-2025))

La búsqueda inicial permitió identificar un total de 17643 registros, de los cuales 1245 correspondieron a Scielo y 16398 a Scopus. Tras la depuración por relevancia, idioma y pertinencia temática, se seleccionaron diez artículos que cumplían con los criterios de inclusión. Se excluyeron documentos duplicados, publicaciones sin descripción metodológica o ajenas al campo jurídico, así como notas editoriales y reseñas. Cada artículo fue examinado mediante lectura crítica, valorando la claridad conceptual, las dimensiones de competencia abordadas y la relación entre los resultados y los objetivos del estudio.

Los resultados preliminares de la búsqueda evidencian una diferencia sustantiva entre ambas bases de datos. En Scielo, el término “habilidades profesionales” arrojó 683 artículos, “desempeño laboral” 351, “empleabilidad” 115 y “competencia laboral” 106. En Scopus, las cifras fueron considerablemente mayores: 3903 para “habilidades profesionales”, 6403 para “desempeño laboral”, 6629 para “empleabilidad” y 73 para “competencia laboral”. Esta disparidad refleja el mayor volumen de publicaciones internacionales indexadas en Scopus, así como la limitada producción específica sobre competencias laborales en Derecho en la región latinoamericana.

DESARROLLO Y DISCUSIÓN

Como resultado del proceso de cribado e inclusión bajo el método PRISMA, se seleccionaron diez artículos científicos que cumplían con los criterios de pertinencia temática, temporalidad (2020-2025) y relación directa con las competencias laborales en egresados universitarios de Derecho. Estos estudios proceden de diferentes contextos geográficos América Latina, Asia, Europa y África y aportan una visión amplia sobre las formas en que se conceptualiza, desarrolla y evalúa la competencia laboral en el ámbito jurídico.

En términos generales, las investigaciones revisadas combinan enfoques cualitativos, cuantitativos y de revisión teórica, destacando la importancia de la ética profesional, la adaptabilidad, la innovación y el aprendizaje reflexivo como ejes del perfil profesional del abogado contemporáneo. La Tabla 2 sintetiza las principales características de los estudios analizados, incluyendo autoría, país, definición conceptual, dimensiones abordadas y hallazgos relevantes.

Tabla 1 Síntesis de los artículos seleccionados sobre competencias laborales (2020-2025). 

El proceso de sistematización de los estudios seleccionados permitió identificar una estructura común en la conceptualización y desarrollo de las competencias laborales en los egresados de la carrera de Derecho, así como notables diferencias derivadas de los contextos culturales, pedagógicos y profesionales en los que se inscriben los trabajos revisados. A partir de la lectura crítica de los diez artículos, fue posible advertir que la noción de competencia laboral en el ámbito jurídico no se restringe al dominio del conocimiento técnico o normativo, sino que incorpora una dimensión mucho más amplia que abarca aspectos éticos, comunicativos, emocionales, sociales y tecnológicos. Este enfoque multidimensional responde a la necesidad de redefinir el perfil profesional del abogado frente a los desafíos de una sociedad globalizada, digitalizada y cada vez más demandante de respuestas jurídicas integrales.

En las investigaciones desarrolladas en América Latina, la ética profesional emerge como la categoría central que articula la formación y la práctica jurídica. En los estudios realizados en Ecuador y México, los autores coinciden en que la enseñanza del Derecho debe trascender la mera transmisión de normas, promoviendo la reflexión crítica sobre los dilemas morales y las decisiones éticas que acompañan el ejercicio profesional. ^{Romero et al., (2021}) proponen el uso de estrategias pedagógicas innovadoras, como el análisis de situaciones ficcionales o audiovisuales, que permiten al estudiante confrontar escenarios de conflicto ético y fortalecer su juicio moral. De modo complementario, Galván et al., (2020) resaltan el potencial del “Discurso Jurídico” como herramienta evaluativa capaz de integrar el conocimiento teórico con la argumentación práctica, fomentando una visión reflexiva, oral y escrita del razonamiento jurídico. Ambos enfoques coinciden en que la competencia ética no puede enseñarse desde la abstracción, sino que requiere ser vivida y problematizada en contextos pedagógicos que simulen la complejidad de la vida profesional.

En otro caso, Velázquez (2021) refuerza esta misma preocupación al sostener que la enseñanza jurídica tradicional carece de una orientación metodológica que promueva la toma de decisiones razonadas y éticamente fundadas. Según su planteamiento, la formación jurídica debe ser entendida como un proceso de construcción de capacidades integrales que permitan resolver problemas complejos, lo cual exige una reconfiguración del currículo hacia un modelo que vincule la teoría con la práctica en contextos reales. En sintonía con esta perspectiva, Cruz et al., (2022) destacan la necesidad de atender no solo las habilidades cognitivas, sino también las actitudes y valores que determinan la satisfacción laboral y la calidad del servicio jurídico, evidenciando que la competencia profesional del abogado se encuentra estrechamente relacionada con su comportamiento ético y su capacidad de interactuar empáticamente con el entorno.

La revisión también revela un conjunto de estudios internacionales que amplían la comprensión de la competencia laboral hacia dimensiones más contemporáneas, como la innovación, la autonomía profesional y la educación continua. En los trabajos de ^{Guo et al., (2025}) y ^{Chen et al., (2024}), ambos desarrollados en China, se observa un énfasis en la integración entre conocimiento teórico y experiencia práctica, concebida como condición indispensable para el aprendizaje efectivo. En estas investigaciones, la competencia laboral se entiende como un proceso dinámico que requiere actualización constante, liderazgo y capacidad de adaptación al mercado global. ^{Eminoğlu et al., (2025}), desde Rusia, introduce una perspectiva singular al vincular la competencia laboral con la “compasión profesional”, concepto que, aunque más habitual en las ciencias de la salud, adquiere relevancia en el Derecho en tanto destaca la dimensión humanista y la sensibilidad ética como pilares del compromiso profesional. Este enfoque redefine la figura del abogado no solo como técnico del derecho, sino como agente moral y social capaz de ejercer una práctica jurídica empática y responsable.

La perspectiva latinoamericana, aunque centrada en la ética y la práctica reflexiva, se complementa con los aportes de ^{Prananingrum et al., (2021}) y ^{Martínez et al., (2024}) quienes enfatizan la importancia de la pedagogía y la tecnología como mediadores del aprendizaje jurídico. En estos estudios, la competencia laboral se concibe como la capacidad de integrar saberes disciplinarios, habilidades digitales y metodologías innovadoras que fomenten la investigación y la adaptabilidad profesional. Este planteamiento resulta especialmente relevante en el contexto pospandemia, donde la virtualización de la educación y los procesos judiciales ha transformado las exigencias del ejercicio legal. Ambos autores coinciden en que la confianza del estudiante, su autonomía y su pensamiento crítico constituyen indicadores clave de una educación jurídica orientada a competencias.

Por otro lado, el estudio de ^{Shibre et al., (2025}) realizado en Etiopía, introduce una mirada estructural que amplía el campo de análisis de la competencia laboral hacia las condiciones materiales del trabajo jurídico. Los autores señalan que la alta rotación laboral y las expectativas profesionales insatisfechas influyen directamente en la permanencia y desempeño de los egresados, sugiriendo que el desarrollo de competencias debe acompañarse de políticas institucionales que mejoren la estabilidad y satisfacción laboral. Esta visión complementa el enfoque formativo, evidenciando que la empleabilidad y el desempeño profesional del abogado no dependen únicamente de la educación universitaria, sino también del contexto sociolaboral en el que esta se inserta.

De la lectura transversal de los estudios analizados se desprende una tendencia clara: la competencia laboral en Derecho se configura como una categoría integradora y evolutiva, donde confluyen elementos éticos, técnicos, emocionales y tecnológicos. La ética profesional actúa como núcleo articulador, orientando el comportamiento del jurista hacia la justicia y la responsabilidad social; la dimensión técnica asegura el dominio del razonamiento jurídico y la capacidad argumentativa; la esfera emocional potencia la empatía, la comunicación y la compasión como atributos indispensables en la práctica jurídica; y la dimensión tecnológica redefine la manera en que se accede, procesa y aplica el conocimiento jurídico. Estas dimensiones, lejos de ser independientes, conforman un entramado interdependiente que permite comprender la competencia laboral como un constructo complejo, situado y multidimensional.

La sistematización de los hallazgos, por tanto, revela que las universidades deben avanzar hacia modelos educativos más integrales y contextuales, capaces de vincular la enseñanza teórica del Derecho con la experiencia práctica, la ética profesional y la innovación tecnológica. Este cambio no solo responde a las demandas del mercado laboral, sino también a la necesidad de consolidar un ejercicio jurídico comprometido con la transformación social y el fortalecimiento de la justicia. En consecuencia, las competencias laborales del egresado en Derecho deben concebirse no como un conjunto de destrezas aisladas, sino como un sistema articulado de saberes, valores y habilidades que configuran la identidad profesional del abogado en el siglo XXI.

Discusión

Los resultados obtenidos en la revisión evidencian que las competencias laborales en el ámbito jurídico han dejado de concebirse únicamente como un conjunto de destrezas técnicas orientadas al dominio de la norma. Actualmente, se entienden como una construcción dinámica que integra valores, habilidades interpersonales y capacidades adaptativas que responden a las transformaciones del entorno laboral y educativo. Este desplazamiento conceptual coincide con lo expuesto por Casimiro et al. (2020) y Valencia et al. (2023), quienes sostienen que la formación universitaria debe transitar desde modelos tradicionales de enseñanza hacia enfoques basados en el desarrollo de competencias transferibles, orientadas a la resolución de problemas reales.

El examen de la literatura muestra que, si bien existe un consenso en torno a la necesidad de fortalecer la ética profesional como eje formativo del abogado, los estudios más recientes amplían su alcance al considerar que las competencias laborales implican también la capacidad de aprender, desaprender y reaprender en entornos cambiantes. Este hallazgo resulta coherente con las observaciones de De la Gala et al. (2024), quienes destacan que la empleabilidad contemporánea exige la adquisición de habilidades socioemocionales y digitales que permitan afrontar la incertidumbre y la automatización del trabajo. Así, la formación jurídica no puede limitarse a la enseñanza de códigos o doctrinas, sino que debe promover la reflexión crítica, la adaptabilidad y la innovación, componentes esenciales de la competencia profesional moderna.

La convergencia de investigaciones provenientes de distintos continentes confirma que la educación jurídica atraviesa un proceso de resignificación que trasciende las fronteras geográficas. En los países latinoamericanos, la preocupación se centra en la brecha entre la teoría y la práctica, producto de estructuras curriculares rígidas y metodologías centradas en la exposición magistral. Por el contrario, en los contextos asiáticos y europeos se observa un avance hacia la formación continua, la investigación aplicada y el uso intensivo de recursos tecnológicos, con miras a fortalecer la empleabilidad y el liderazgo profesional. Esta diferencia no constituye una oposición, sino una complementariedad: mientras América Latina enfatiza la ética y la reflexión moral, Asia y Europa impulsan la innovación y la gestión del conocimiento. Juntas, ambas perspectivas delinean un modelo formativo integral en el que el abogado es tanto un intérprete crítico del Derecho como un agente de cambio social y tecnológico.

Asimismo, la literatura revisada sugiere que el desarrollo de competencias laborales no puede desvincularse de las condiciones estructurales del mercado laboral. El estudio de ^{Shibre et al., (2025}) aporta una visión poco explorada en el campo jurídico, al demostrar que factores como la estabilidad, la remuneración y el clima institucional influyen significativamente en el desempeño y permanencia de los profesionales. Esta evidencia respalda la tesis de que la competencia laboral es inseparable del contexto organizacional en el que se ejerce, y que su desarrollo requiere políticas que promuevan entornos laborales éticos, sostenibles y equitativos.

Otro aspecto relevante que emerge de la discusión es la relación entre competencia e innovación pedagógica. Los estudios revisados coinciden en que la enseñanza del Derecho debe incorporar metodologías activas, evaluación auténtica y herramientas digitales que favorezcan el pensamiento crítico y la resolución de conflictos. Este planteamiento guarda correspondencia con las observaciones de ^{Romero et al., (2021}) y ^{Prananingrum et al., (2021}), quienes sostienen que las estrategias didácticas centradas en la simulación de casos, el aprendizaje colaborativo y el uso de tecnologías interactivas potencian la autonomía y la responsabilidad profesional. En este sentido, la competencia laboral se configura no solo como un resultado educativo, sino como un proceso continuo de aprendizaje a lo largo de la vida profesional.

En conjunto, los hallazgos de esta revisión refuerzan la idea de que el fortalecimiento de las competencias laborales en los egresados de Derecho no debe entenderse como una simple adecuación al mercado, sino como una reorientación ética y epistemológica de la formación jurídica. El abogado del siglo XXI requiere un perfil más integral: conocedor de la norma, pero también crítico, innovador y socialmente comprometido. Esta revisión demuestra que el desarrollo de competencias laborales no solo mejora la empleabilidad, sino que eleva la calidad del ejercicio jurídico al incorporar la empatía, la creatividad y la responsabilidad social como componentes inseparables del desempeño profesional.

Finalmente, el estudio contribuye al campo del Derecho y la educación superior al ofrecer una visión comparada que evidencia la necesidad de converger hacia un modelo educativo por competencias, sustentado en la investigación, la ética y la tecnología. Tal convergencia implica asumir que la competencia laboral no es un fin en sí misma, sino un medio para construir un ejercicio jurídico más humano, reflexivo y transformador. De esta manera, los resultados obtenidos no solo amplían el conocimiento existente sobre la empleabilidad de los egresados en Derecho, sino que también invitan a repensar el papel de las universidades como espacios de formación ética y socialmente relevante.

CONCLUSIONES

El desarrollo de esta revisión sistemática permitió alcanzar el propósito de analizar la evidencia científica disponible en Scopus y Scielo sobre las competencias laborales en los egresados de la carrera de Derecho. Los resultados confirman que, aunque el tema de las competencias laborales ha sido ampliamente explorado en diversas disciplinas, su abordaje en el ámbito jurídico aún se encuentra en una etapa incipiente. La formación del abogado continúa marcada por una orientación teórica y normativista, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la relación entre el conocimiento jurídico, la práctica profesional y la realidad social.

Las investigaciones revisadas revelan que las competencias laborales en Derecho abarcan un conjunto de capacidades integrales que trascienden el dominio técnico del ordenamiento jurídico. Comprenden dimensiones éticas, comunicativas, emocionales y tecnológicas que determinan la eficacia del desempeño profesional y la calidad del servicio jurídico. La reflexión ética, la adaptabilidad ante contextos cambiantes, la innovación pedagógica y la integración entre teoría y práctica emergen como ejes formativos indispensables para el ejercicio de una abogacía contemporánea, competente y socialmente responsable.

De igual modo, los estudios analizados evidencian el impacto positivo de las metodologías activas y de las herramientas pedagógicas creativas en la enseñanza del Derecho. Estrategias como el análisis de casos audiovisuales, la simulación procesal o la argumentación colaborativa promueven el pensamiento crítico, la autonomía y la empatía profesional. Estas experiencias formativas transforman la manera en que los futuros abogados conciben la ética y la justicia, aportando a una educación jurídica más vivencial y humanista.

El conjunto de hallazgos reviste especial relevancia para las universidades y facultades de Derecho, que enfrentan el desafío de reestructurar sus programas hacia modelos educativos basados en competencias. Tales modelos deben fomentar no solo la empleabilidad, sino también la capacidad del jurista para comprender, interpretar y transformar los contextos en los que interviene. En esta perspectiva, la competencia laboral no se limita a un requisito para acceder al trabajo, sino que constituye una manifestación del compromiso ético y social del profesional con la justicia y el bien común.

Por tanto, esta revisión invita a repensar la formación jurídica desde un horizonte más humano e interdisciplinario, donde la excelencia técnica se complemente con la sensibilidad ética, la creatividad y la conciencia social. Solo mediante este equilibrio será posible formar abogados capaces de responder a las exigencias del siglo XXI con criterio, innovación y sentido de responsabilidad pública.