INTRODUCCIÓN

Las políticas públicas se entienden como “soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos” (^{Lahera, 2004}, p 7), es decir, maneras de gestionar los recursos públicos para la satisfacción de necesidades sociales, como la salud, vivienda o educación. Ahora bien, las políticas públicas son creadas con la influencia de dos fuerzas, por un lado, el marco normativo del país, es decir la Constitución política y las leyes derivadas de ésta y los intereses de los actores políticos (^{Condori, 2022}). Por lo tanto, para que una política pública tenga un efecto significativo en la sociedad se requiere que los actores políticos que las elaboran y el marco normativo que lo sustenta, posean un enfoque equitativo e inclusivo.

La equidad educativa es entendida como un criterio social que busca la igualdad de oportunidades y la compensación de las diferencias a partir de las modernas teorías de la justicia, para las cuales impulsar la igualdad no es suficiente (^{Fuentes, 2006}). Por otro lado, la inclusión educativa es un concepto amplio superior al de integración, pues implica la adaptación del sistema educativo hacia los excluidos estructurales, de manera que puedan formar parte de él sin necesidad de perder su identidad cultural, social, física, étnica o sexual (^{Duk y Murillo, 2016}).

Ahora bien, los estudios centrados en la equidad y la inclusión en el ámbito de la educación superior, se han concentrado en analizar las barreras que limitan el avance de la equidad (^{Araneda et al., 2022}). De estas, las barreras al acceso han sido las que más atracción ha llamado a los investigadores, puesto que el acceso a la universidad pública se ha convertido en el limitante paradigmático en el imaginario social. En ese sentido, los estudios sobre equidad e inclusión han analizado la naturaleza de estas barreras y si estas responden a un contexto de derechos o está socialmente construida desde la desigualdad y reproducción social (^{Silva, 2019}).

Históricamente, la universidad fue considerada como un espacio privilegiado, cuyo acceso estaba reservado para las élites y las clases altas de las sociedades latinoamericanas. Sin embargo, con las reformas estructurales que se aplicaron en las sociedades latinoamericanas al finalizar el siglo pasado, se crearon nuevas universidades, de carácter privado, así la oferta educativa se ampliaba y grandes grupos de personas que no podían acceder a las universidades públicas, debido a la escasez de cupos y a la excesiva competencia, lograron ingresar a la universidad (^{De la Torre, 2017}).

En este contexto, los países de la CAN han visto un crecimiento notorio en la matrícula de estudiantes en el nivel superior (^{Herrero y Jaime, 2022}). Este crecimiento numérico es importante, puesto que redujo la brecha entre la oferta y la demanda estudiantil, lo cual reduce la inequidad en el acceso a la educación superior. En la Figura 1 se aprecia el crecimiento en el tiempo de la matrícula.

Figura 1. Crecimiento de la oferta educativa universitaria en la CAN. (Fuente: ^{Herrero y Jaime (2022})). 

Sin embargo, este crecimiento aparentemente exitoso mostraba serios déficits cuando se analizaba a los ingresantes en función al ingreso familiar. En efecto, los últimos años se notó el crecimiento de la matrícula estudiantil, pero quienes más accedían a la universidad fueron quienes más ingresos poseían. Esto puede verse con mayor detalle en la Figura 2. Quienes más ingresan a la universidad son aquellos estudiantes pertenecientes a los estratos superiores, es decir estudiantes del quintil tres, cuatro y cinco. A la inversa, quienes menos ingresaban a la universidad eran los estudiantes de estratos socioeconómicos bajos, quintiles uno y dos.

Figura 2. Ingresantes a la universidad en los países de la CAN, por quintil de ingresos. (Fuente: ^{Herrero y Jaime (2022})). 

En términos sociológicos, se presenta una reproducción de la desigualdad social; es decir, a pesar de que se experimenta un crecimiento de la tasa de ingreso a la universidad, este ingreso no representa equitativamente a todos los estratos sociales, por el contrario, beneficia a determinados grupos sociales y perjudica a otros. Así, quienes se encuentran en los primeros quintiles, encuentran mayores dificultades en su proceso educativo (^{Bourdieu y Passeron, 1977}). Desde la perspectiva de la interseccionalidad, este proceso se torna complejo, pues diferentes factores sociales interactúan con el nivel socioeconómico, perjudicando más a los que menos tienen. Así, se puede considerar como factores relevantes en el análisis, al género, rasgos étnicos, orientación sexual, capital cultural, migración, discapacidad, etc.

De esta manera, el problema de la inequidad educativa no se soluciona con la expansión de la oferta educativa, sino con la implementación adecuada de políticas educativas elaboradas desde la perspectiva de la equidad y la inclusión. Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Subsecretaría de Planificación y Políticas Públicas [SENPLADES] (2009), una política pública se elabora en tres etapas, la preparatoria, la formulación y la implementación. Es en la fase preparatoria en la que se requiere analizar una situación problemática desde una visión específica de la realidad. Por ello, los estudios académicos se constituyen en una piedra de toque para el planteamiento de la problemática analizada. En este sentido, el objetivo de esta investigación fue identificar los aportes académicos y legales para el desarrollo de una educación superior equitativa e inclusiva, en los países miembros de la CAN.

La justificación teórica se enfoca en las referencias conceptuales sobre la equidad y la inclusión en la educación superior, tanto en los aportes académicos como en la producción normativa expresada en las políticas públicas. La justificación práctica se enfoca en la promoción de estrategias para identificar los aportes académicos y normativos. Finalmente, la justificación social está relacionada con los beneficios que recibirán los investigadores y elaboradores de políticas públicas, quienes tomarán este estudio como referente en el estado de la producción académica y normativa.

METODOLOGÍA

El enfoque utilizado fue cualitativo, puesto que se trabajó con artículos de investigación y material legal, presentando la evidencia de forma descriptiva. Se realizó una búsqueda bibliográfica en distintas bases de datos organizando los resultados en dos grupos, por un lado, los artículos académicos referidos a equidad e inclusión en la educación superior de los países de la CAN y el corpus normativo relacionado con la educación superior de los mismos países. Se tomó en cuenta los siguientes criterios de inclusión para los artículos: que el estudio haya sido realizado en alguno de los países de la CAN, se tomó como marco de referencia temporal a los estudios elaborados desde el 2017, los estudios deberían estar relacionados con la educación superior. Para el corpus normativo se tomó en cuenta el país, la actualidad de la norma y su relación con la educación superior.

Las ecuaciones de búsqueda utilizadas fueron: “educación inclusiva”, "educación inclusiva" AND "país"; "equidad educativa" AND "país", “inclusión” AND “educación”, “equidad” AND “educación”, “educación superior”, “educación superior” AND “equidad”, “educación superior” AND “inclusión”, “educación superior” AND “inclusión educativa”, “Constitución política de Bolivia”, “Constitución política de Ecuador”, “Constitución política de Colombia”, “Constitución política de Perú”, “Políticas públicas” AND “educación superior” AND “Bolivia”, “Políticas públicas” AND “educación superior” AND “Ecuador”, “Políticas públicas” AND “educación superior” AND “Colombia”, “Políticas públicas” AND “educación superior” AND “Perú”, “Ley educativa” AND “Bolivia”, “Ley educativa” AND “Ecuador”, “Ley educativa” AND “Colombia” y “Ley educativa” AND “Perú”.

Se utilizó como instrumento de registro una herramienta de valoración crítica (Critical Appraisal Tool: CAT). Considerando artículo de investigación, se analizaron los resultados para comprobar la ausencia de documentos duplicados a través de un filtrado por autor, título de la investigación, fecha de publicación y país de pertenencia. Se evaluó la calidad de los artículos seleccionados mediante la ausencia de sesgo en cada uno de los artículos seleccionados mediante criterios como fallas de diseño, las limitaciones del estudio, leyendo la investigación de forma crítica. Se excluyeron los artículos que no cumplían con los criterios de inclusión, así como los que trataban el tema de la equidad y la inclusión, pero en la educación básica regular.

Considerando los documentos normativos, estos se incluyeron en el instrumento tomando como criterio de elección a la jerarquía jurídica; es decir, iniciando con la constitución política de cada país, identificando aspectos clave para las políticas públicas, descendiendo al nivel de las leyes educativas y terminando en los programas educativos. Se excluyeron documentos normativos relacionados a educación básica, leyes no vigentes o programas educativos anteriores al 2017.

Finalmente, los artículos elegidos fueron analizados minuciosamente para poder conocer su contenido, su metodología y sus resultados. Finalmente se descargó la metadata para poder realizar un análisis en Bibliometrix y Blblioshiny, con el soporte del programa R. Por otro lado, los documentos normativos elegidos fueron analizados tomando como referencia la educación superior y la presencia de la equidad e inclusión.

DESARROLLO Y DISCUSIÓN

En una primera etapa de búsqueda se encontraron 88 artículos relacionados con los temas en cuestión. Esta primera elección fue sometida a los criterios de inclusión, dando como resultado final un total de 18 artículos, de los cuales ocho pertenecen a Ecuador, uno a Bolivia, nueve a Colombia y uno a Perú. Se realizó un análisis de tendencia temporal de los artículos hallados, tomando como referencia los publicados en Ecuador, Colombia y el resto del mundo, desde 2017 en adelante (año en el cual inician los estudios sobre equidad e inclusión). El resultado de tal análisis se encuentra en la Figura 3.

Figura 3. Tendencia de artículos publicados en Colombia y Ecuador 

De la misma manera, se realizó un diagrama de Sankey para los artículos hallados en Ecuador (Figura 4) y Colombia (Figura 5). Se aprecia que los temas relevantes en los estudios analizados fueron inclusión, educación inclusiva, condiciones interculturales y políticas educativas, para el caso de Ecuador y Colombia. Se percibe fuentes comunes a los estudios, así como autores que van logrando la consolidación; sin embargo, aún no aparece un autor relevante que aglomere una gran cantidad de estudios. Un tema crucial que aparece en los estudios es el COVID-19, es así que ^{Miguel (2020}) menciona que la pandemia desnudó los sistemas universitarios, dejando patentes las inequidades existentes, lo cual llamó la atención de investigadores a profundizar el tema de la equidad en los diferentes procesos educativos. Esta interpretación se condice con la tendencia de los estudios en el mundo (Figura 3), que alcanzan un pico precisamente en el año en el que se originó la pandemia.

Figura 4. Diagrama de Sankey para los artículos de Ecuador. 

Figura 5. Diagrama de Sankey para los artículos de Colombia. 

Los estudios identificados en Ecuador, versan sobre la educación inclusiva en la universidad, los condicionantes interculturales para la educación inclusiva, los factores de equidad para estudiantes madres en la universidad, propuestas de modelo de atención como factor de inclusión, currículo educativo para fomentar la equidad educativa, el M-learning como propuesta de educación inclusiva y la elaboración de un instrumento para evaluar la educación inclusiva en la universidad. Para el caso colombiano, las investigaciones se centran en el acceso equitativo a la universidad de estudiantes con discapacidad, análisis curricular del proceso metodológico en programas de educación, inclusión social de estudiantes afrodescendientes en la universidad, estudios reflexivos sobre la práctica docente, inclusión de estudiantes con diversidad funcional en el nivel superior, estrategias pedagógicas de enseñanza y aprendizaje desde la perspectiva de la inclusión, caracterización demográfica de los estudiantes, acceso a la universidad de estudiantes con discapacidad.

El único estudio encontrado en Bolivia analiza las reformas universitarias desde una perspectiva comparada, en cambio el encontrado en Perú, es un estudio fenomenológico sobre educación inclusiva y Covid-19. Sorprende la escasa cantidad de artículos de origen boliviano alojados en SCOPUS, dada la vanguardia legislativa de sus políticas públicas. La tasa de crecimiento de investigaciones sobre equidad e inclusión en Ecuador es del 14.87% mientras que en el mundo es de 35.1%, teniendo como principales referentes a España y Rusia.

Considerando los documentos normativos, a continuación, se presentan los resultados por país. La Constitución política de Ecuador es de 2008 y aborda de forma directa el tema de la equidad educativa. Por ejemplo, en el artículo 26 se menciona taxativamente que la educación superior es un derecho (Constitución Política de Ecuador, Art. 26, 2008). En el artículo 29 se apuesta por la interculturalidad, al mencionar que todos tienen derecho a aprender en la propia lengua (Constitución Política de Ecuador, Art. 29, 2008).

Estos artículos evidencian claramente la orientación de la constitución, hacia la equidad y la inclusión educativa. A nivel de leyes, existe una Ley Orgánica de Educación Superior, la cual rige el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. Algunos ejemplos paradigmáticos de la equidad e inclusión en las políticas educativas es la Universidad Técnica de Manabí, la cual ha desarrollado un currículo con enfoque de género (Ley Orgánica de Educación Superior, 2017). Esto debe ser recalcado, pues otros países, como Perú, poseen un aparato político eficaz para movilizar contra reformas educativas, como la eliminación del enfoque de género en el currículo nacional. Otra iniciativa que deriva de estas políticas educativas es la implementación de una biblioteca audio digital, para estudiantes con discapacidad. Lo anterior muestra una relación estrecha con la cantidad de artículos publicados.

Para el caso boliviano la Constitución Política es de 2009. En el artículo 91 se menciona que la educación superior deberá tomar en cuenta todos los saberes de las naciones y pueblos indígenas (Constitución Política de Bolivia, Art. 91, 2009). Este acápite muestra la aplicación del paradigma decolonial en la implementación de políticas educativas relacionadas con la equidad y la inclusión, puesto que rompe con la hegemonía epistémica que tenía la racionalidad occidental en la formación de saberes dentro de la universidad. Así mismo se afirma en dicho artículo, que la educación superior es intracultural, intercultural y plurilingüe, lo cual permite el ingreso a la educación superior de amplios sectores sociales históricamente discriminados, como los pueblos indígenas. Los principales ejemplos de la aplicación de estas políticas educativas son las tres universidades interculturales, la universidad aymara, la quechua y la guaraní. A nivel de programas, existen diversas iniciativas de ayuda estudiantil, para compensar las carencias de los estudiantes. A pesar de lo avanzado del tema equitativo e inclusivo, no se encuentra en los documentos analizados un desarrollo profundo del tema de la discapacidad.

Tanto Colombia como Perú tienen una constitución del siglo pasado. Colombia elaboró su constitución en 1991. En el artículo 67 se reconoce la gratuidad de la educación, sin embargo, líneas después se hace la salvedad de la educación particular (Constitución Política de Colombia, Art. 67, 1991). El artículo 68 indica que los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete su identidad cultural (Constitución Política de Colombia, Art. 68, 1991). Fuera de estas dos menciones específicas, no se hace mención más específica a la equidad y la inclusión. La Ley 30, de 1992 indica que la educación superior cumple una función pública ligada al servicio de la sociedad (Ley 30, 1992). A nivel de programas, se han implementado diversas ayudas estudiantiles, desde el Programa nacional de educación y diversidad: asistencia en becas y créditos, ayuda a grupos étnicos, innovación para la discapacidad, etc.

Finalmente, Perú elaboró la constitución en 1993 en el contexto del autogolpe perpetrado por el presidente de entonces. Dicha constitución aperturó el mercado y desreguló la educación universitaria, de tal modo que se podía crear nuevas instituciones de carácter privado, siempre y cuando cumplan con el objetivo planteado por la constitución. En efecto, el artículo 3 indica que la educación superior es un derecho y servicio público esencial. Fuera de ese artículo, no hay ninguna mención al tema de la equidad y la inclusión (Constitución Política del Perú, Art. 3, 1993).

El 2014 se promulgó la Ley 30220, la cual menciona explícitamente el tema de la inclusión y la equidad. El artículo 5 menciona que las universidades están regidas por 17 principios, uno de los cuales es el Pluralismo, la tolerancia, el diálogo intercultural y la inclusión (Constitución Política del Perú, Art. 5, 1993). Los artículos 98, 100 y 129 abordan el tema de la discapacidad (Ley 30220, 2014). Dentro de los programas de apoyo estudiantil, se cuenta con el Programa nacional de Becas, el cual está relacionado con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con discapacidad. Por ley, cada universidad debe reservar un 5% de las vacantes para personas con discapacidad.

Un detalle importante en el caso peruano es la resistencia cívico política que ha tenido la incorporación del enfoque de género al currículo básico. De la misma manera, un nutrido grupo de parlamentarios ha desarrollado una elaborada estrategia jurídica legislativa para derogar la Ley 30220, con el fin de modificar la estructura de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria y reincorporar al sistema universitario, universidades cuya autorización de funcionamiento fue denegada previamente.

CONCLUSIONES

Los aportes académicos más significativos se presentaron en Colombia y Ecuador, siendo los países que tienen mayor cantidad de estudios sobre la equidad y la inclusión en el espacio de la educación superior. Por otro lado, los avances normativos de Ecuador y Bolivia presentan instrumentos jurídicos adecuados para la implementación de la equidad y la inclusión, tanto desde su constitución, como en las respectivas leyes educativas, como en los programas universitarios, a diferencia de Perú y Colombia, donde aún no se ha profundizado en estos temas.

CONFLICTO DE INTERESES. El autor declara que no existe conflicto de intereses para la publicación del presente artículo científico.