Introducción

Por todo el mundo, existen miles de bases militares extranjeras establecidas en países centrales y periféricos, dirigidas por Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, y China. Estados Unidos, por ejemplo, tiene 737 bases en el extranjero; si a esta cifra se le suman las bases militares situadas en el propio territorio estadounidense, la superficie total ocupada, en todo el mundo es de alrededor de 2.202.735 hectáreas (^{Gelman, 2007}). Por mencionar un ejemplo, sólo en Alemania existen más de 80 bases militares de Estados Unidos y en Japón más de 30; y según Gandásegui (2015), tan sólo en América Latina, Estados Unidos cuenta con 50 bases militares conocidas, y, muy particularmente en el año 2015 aumentó su presencia militar en Honduras, Perú y México.

De acuerdo con el geógrafo canadiense Jules Dufour, Estados Unidos ejerce control sobre 191 gobiernos miembros de la Organización de las Naciones Unidas - ONU. La conquista, ocupación y supervisión de los diferentes lugares a nivel mundial, están hincadas en una red de bases e instalaciones militares que envuelve todo el planeta, incluido continentes, espacio y océanos. Asimismo, información suministrada por C. Johnson, el NATO Watch, y la Red Internacional para la Abolición de las Bases Militares Extranjeras (^{Red NO-BASES, 2007}), revela que Estados Unidos manipula y controla unas 700 u 800 bases militares alrededor del mundo, con presencia de unos 255.065 efectivos militares en más de 150 países; y alrededor de 850.000 edificios y equipamientos diferentes.

Para Estados Unidos esto representó una Geoestrategia de seguridad para el continente, por lo que se configuraron líneas de defensa, una en el Atlántico y otra en el Pacífico, demostrándose una proyección hacia América del Sur, por el establecimiento de un cinturón de seguridad mediante la ubicación de bases militares en distintos países. En tal sentido, ^{Ostos (2010}) plantea que la presencia militar de Estados Unidos se amplía desde Suramérica hasta Surinam, pasando por las bases militares establecidas en Colombia, en Perú,

Paraguay, Argentina y Brasil.

La intervención norteamericana en todo el mundo se ha incrementado significativamente, después del ataque terrorista a las torres gemelas en el 2001. A partir de allí, Estados Unidos ha liderado una lucha antiterrorista sin fronteras, en busca de la seguridad de ciudadanos y del mundo, mediante la implantación de acciones preventivas. Dichas bases han servido para proteger al gobierno de EE. UU y sus intereses comerciales (Vicente, 2012).

Sin embargo, la imposición del socialismo ha representado una barrera para las acciones e intenciones de Estados Unidos en la región latinoamericana. Esto conllevó al levantamiento de bases militares importantes, como la de Ecuador, en Manta. Por otro lado, la oposición colombiana, no permitió el establecimiento de siete bases militares que se tenían planificadas instalar en Colombia de forma estratégica (^{Isacson & Domingo, 2005}).

En este orden de ideas, para implementar el Plan Colombia se requería de una base militar cercana al lugar de las operaciones, como, por ejemplo, la que el Gobierno Ecuatoriano cedió a los EE. UU en Manta. A raíz de ello, se crea la Forward Operating Location - FOL, en Manta, mediante un convenio entre representantes de Ecuador y de los Estados Unidos, situación que provocó diferentes tipos de reacciones en los actores políticos locales y nacionales, así como, en varios sectores sociales. Dichas reacciones generaron el respaldo de unos y el rechazo de otros.

El referido convenio, fue objeto de muchos cuestionamientos legales debido a que otorgaba condiciones especiales al personal norteamericano, tales como: los estadounidenses de la Forward Operating Location - FOL tenían la condición de diplomáticos, bien sea militares o civiles, podían entrar al país sin solicitar ningún tipo de visa; todo aquello que exportaban e importaban estaba exento de aranceles e impuestos; y el país podía renunciar a los reclamos por daños o destrucción (^{Delgado, 2008}).

Aun así, la llegada del FOL a Manta trajo a muchos de sus habitantes grandes expectativas de desarrollo, bajo la premisa de que todos los lugares donde se establecen tropas norteamericanas se fortalecen económicamente debido a su alto consumo e inversión de dinero para satisfacer sus necesidades, lo que produciría una mayor circulación de efectivo y liquidez (^{Delgado, 2008}).

Pero más adelante, una serie de problemas se fueron desencadenando. En la sesión efectuada el 6 de mayo del año 2009 de la Co- misión Especializada de Relaciones Internacionales y Seguridad Pública, se recibió a la coalición No Bases de Ecuador, quienes formalizaron su exposición acerca de lo que conllevó a la iniciación de demandas en contra del acuerdo de cooperación de Ecuador con Estados Unidos, así como también, en contra del convenio operativo de la base militar (Comisión de Asuntos Internacionales y Seguridad Pública de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la República del Ecuador, 2009).

Los demandantes alegaban que el convenio, suscrito con el Gobierno de los Estados Unidos, era violatorio de claras normas constitucionales, afectando la soberanía de estado, y poniendo en peligro la paz y seguridad internas, así como, la vida misma del pueblo ecuatoriano. Por tanto, se exigió la declaración de inconstitucionalidad del convenio para el uso de las instalaciones de la base de Manta por pate de Estados Unidos (Comisión de Asuntos Inter- nacionales y Seguridad Pública de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la República del Ecuador, 2009).

wPor lo tanto, la presente investigación estudia la política exterior de instalación y retiro de la base militar estadounidense de Manta y cómo esta influye en la percepción pública de Ecuador. El artículo inicia explicando la soberanía de estado como elemento clave de relaciones internacionales asociada a la instalación y retiro de dicha base; y luego, describe la opinión pública tanto de la población como de expertos en relaciones internacionales, asociada con la instalación y retiro de la base.

Metodología

Se trata de una investigación básica con enfoque cualitativo, de nivel descriptivo. Inicialmente, se utilizó como técnica de investigación, la bibliográfica. Esta permitió obtener información acerca de lo que opinan investigadores científicos sobre el tema abordado, específicamente de las particularidades de los acuerdos y convenios entre Estados Unidos y Ecuador, y acerca de las consecuencias de las operaciones realizadas por la base militar estadounidense mientras estuvo instalada en Manta - Ecuador, así como, la opinión que tiene la población ante la decisión de retirarla.

Las fuentes bibliográficas utilizadas fueron libros, artículos científicos, convenios internacionales, informes de ministerios públicos y la Constitución de la República. También se recopiló información de organismos nacionales e internacionales, tales como: la Comisión de Asuntos Internacionales y Seguridad Pública de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la República del Ecuador, la Organización de Naciones Unidas, la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, el Tribunal Constitucional de Ecuador, el Ministerio de Defensa Nacional de Ecuador, y la Coalición No Bases. Adicionalmente, se obtuvo información de medios de comunicación televisivos e impresos.

Por otra parte, se utilizó la entrevista como instrumento para la recolección de datos, la cual fue aplicada a expertos en relaciones internacionales, economía y política, y a profesionales de la comunicación social; a fin de que emitan su opinión sobre si la intervención militar extranjera en Ecuador, durante el tiempo en que estuvo operando la base de Estados Unidos en Ecuador, afectó o no al país y de qué manera. La entrevista permitió tener una visión más clara y cercana a la realidad del fenómeno investigado, constatando su pertinencia y posibles soluciones del problema.

Política exterior de militarización estadounidense

La militarización encuentra hoy su máxima expresión en Norte- américa, una economía militar que tiene una superioridad evidente sobre el resto de las potencias mundiales del sistema. Esto se debe a la hegemonía absoluta en el ámbito militar, conseguida por los Estados Unidos después de la segunda guerra mundial, y que hasta el día de hoy se mantiene. Valiéndose de dicha hegemonía, Estados Unidos emplea su maquinaria de guerra como un arma directa de su política hegemónica global, exigiendo al resto de las potencias a compartir costos de seguridad asociados al sistema; situación que ha conducido a un desarrollo sin pre- cedentes del poderío económico, industrial, y militar dentro del sistema capitalista mundial (Morales, 2006).

Según Froylán (2019), la historia de las bases militares de Estados Unidos en América Latina, en un inicio se relacionó con la presencia ante movimientos grandemente conflictivos y estratégicos para llevar a cabo su política exterior, como la construcción del canal de Panamá, la independencia de Cuba, y la de Puerto Rico. Después de tales hechos, la forma de protección de los intereses de Estados Unidos se manifestó con la creación de una red de bases militares en Latinoamérica, durante el siglo XX. Dicha red creció como parte de un proyecto colonialista, y prosiguió con la Doctrina Monroe y, especialmente, con la Guerra Fría, momentos en los que el interés de Estados Unidos tuvo que centrarse en la prevención de la expansión del comunismo en dicha región.

Pero esta idea inicial ha ido cambiando en los últimos años, puesto que ahora se justifica la instalación y mantenimiento de bases militares estadounidenses, por la guerra contra las drogas y el terrorismo (Froylán, 2019). Por otra parte, ^{Isacson & Domingo (2005}) explican que para el Pentágono es importante y necesario el control del continente, tanto en el sentido de las muchas riquezas naturales como en lo anti insurgente. De modo que, muy probablemente, la razón de la presencia militar de Estados Unidos es el control de las grandes reservas de agua, petróleo, biodiversidad y los movimientos sociales en países latinoamericanos.

Aunque algunas naciones le han dado la bienvenida a la presencia militar estadounidense, también ha sido resistida y temida por su historial de intervencionismos, asesinatos y violaciones de los derechos humanos. Incluso, la nación estadounidense perdió la Base de Panamá Howard Air Force; Venezuela le negó el uso de su espacio aéreo, y perdió, además, una de sus bases en Ecuador. El número de tropas en las bases estadounidenses en Latinoamérica se ha reducido y disminuyó todavía más cuando Ecuador terminó el arrendamiento de esa base militar. Lo que indica que, aunque Estados Unidos ha tenido éxito en la cantidad de bases militares instaladas en diversos países a nivel mundial, también ha enfrentado muchas dificultades para mantenerlas (Froylán, 2019).

Desde entonces, según Froylán (2019), muchas negociaciones para expandir la influencia militar estadounidense han fracasa- do. Ejemplo de ello, el de Perú y Panamá quienes entraron en negociaciones con EE. UU, pero no concretaron la posibilidad de instalar bases en su territorio. Por su parte, en Colombia se aceptó la presencia de albergar bases, pero luego se determinó que era algo inconstitucional. Más adelante, cuando Venezuela, México, y Colombia adoptaron regímenes democráticos, se consolidó una red de organizaciones no gubernamentales que se oponen a la presencia estadounidense y al progreso del militarismo. De modo que, aunque existan gobiernos latinoamericanos que desean albergar bases militares de Estados Unidos, no lo hacen por la oposición doméstica.

Tomando en cuenta lo antes mencionado, ^{Cardozo (2007}) afirma que la configuración de alianzas militares permanentes, desde me- diados del siglo XX siempre ha conllevado a compromisos entre estados que, de alguna u otra forma han cedido su soberanía al llegar a acuerdos respecto a limitaciones en la capacidad autónoma de decisión. Al respecto, Rodríguez (1996), dice que el Estado debe ser el portador de la soberanía, pero cuando sufre la presión de poderosas fuerzas, tanto desde adentro como desde fuera, da lugar a la aparición de nuevos dominios políticos en su interior, lo que se traduce en crisis de soberanía.

Por otra parte, bajo este apartado, cabe destacar la evidente importancia de Sudamérica para potencias mundiales como los Estados Unidos. En un estudio Prospectivo de Suramérica 2025, del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa, se explica que la región suramericana es una unidad geopolítica autosuficiente por el patrimonio natural que posee. Agrega que, América del Sur posee todos los recursos necesarios para la subsistencia humana, así como, todo lo que se requiere para la satisfacción de los complejos y progresivos requerimientos de las estructuras tecnológicas productivas de las economías y de las sociedades de la actualidad (^{CEED, 2015}).

Muy particularmente, de Ecuador se resalta su situación geográfica relativa, donde el avance de la tecnología y las comunicaciones, le han permitido acercarse a los centros de comercio mundial; y su condición geográfica esencial, por ser un país con territorio continental e insular, que le permite contar con recursos potenciales que le ofrecen tanto el espacio marítimo, como, la diversidad de recursos. Ecuador posee características físicas, humanas y económicas muy particulares, que lo ubican como un país atractivo, visto desde afuera (^{Lara, 2019}).

Base militar estadounidense en Manta

En el año 1999 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses, mantuvieron relaciones con altos funcionarios del Ministerio de Defensa del Ecuador para explorar la posibilidad de que se les sea concedida la base de Manta. Al mes siguiente, realizaron las consultas entre la Embajada de los Estados Unidos en Quito, la Cancillería y el Ministerio de Defensa. Fue así como los días 17, 18 y 19 de febrero, una delegación norteamericana, llegó a Ecuador, para analizar el proyecto de acuerdo (^{Salgado, 2003}).

Al respecto, de acuerdo con Kinntto (2002), varios jefes militares de la Academia de Guerra del Ejército hicieron un informe sobre los escenarios que se crearían para el Ecuador si se cedía la base de Manta, cuyas conclusiones fueron contrarias a la entrega de la base de Manta a Estados Unidos, no obstante, el alto mando militar decidió ignorar esas conclusiones y entregar la base.

Luego, el 1 de abril de ese mismo año, la cancillería contestó a la embajada americana aprobando el proyecto. Así, según ^{Salgado (2003}) se constituyó un acuerdo por el cual, se concede el paso y uso de las instalaciones de la base de Manta al personal militar y civil de los Estados Unidos, para la realización de operaciones ampliadas, como el envío de aeronaves y personal militar de los Estados Unidos, en rotación temporal.

Hasta ese momento el proceso se había mantenido en secreto, solo con notas diplomáticas en las que tanto la Cancillería como la Embajada estadounidense llegaron al acuerdo de firmar un documento con vigencia de seis meses, en el que se otorgaba el uso de las instalaciones de la Base Aérea Eloy Alfaro de Manta, a militares y personal civil de Estados Unidos, con la finalidad de realizar una serie de operaciones, para controlar el narcotráfico. Ya a esta altura del proceso, la advertencia del Servicio Paz y Justicia del Ecuador (SERPAJ) en marzo de 1999, de que “Ecuador entregará base de Manta a Estados Unidos”, resultaba tardía y las organizaciones sociales se demorarían más en manifestar una reacción.

Las voces de protesta en Ecuador, así como, las sospechas de que el país ya estaba sumido en una de las crisis más graves de su historia, habiéndose firmado un acuerdo militar que comprometía al país suramericano en el doloroso conflicto de Colombia, obliga- ron al gobierno de los Estados Unidos y al gobierno del Ecuador a plantear un nuevo acuerdo, corrigiendo las falencias y dudas que produjo el primero (^{Salgado, 2003}).

Así, en el mes de noviembre se firma un nuevo acuerdo de cooperación, en el cual, a través de Heinz Moeller, para ese entonces presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales y Defensa Nacional, se logró que dicha comisión resolviera que el acuerdo no necesitaba la aprobación por parte del Congreso Nacional. Allí se aprobó la concesión por diez años del ejercicio del derecho de acceso y uso por parte de Estados Unidos, de las instalaciones de la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la ciudad de Manta.

Más adelante, en junio del año 2000, se suscribe un convenio operativo que tiene como antecedente el artículo XXI, numeral 2, del acuerdo de cooperación entre el Gobierno de Ecuador y el de los Estados Unidos, concerniente al acceso y uso de EE. UU de las Instalaciones en la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para la realización de actividades aéreas antinarcóticos, donde se estableció que ambas partes podrán ultimar arreglos de ejecución más detallados cuando así lo consideren necesario (Comisión de Asuntos Internacionales y Seguridad Pública de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la República del Ecuador, 2009).

Como complemento, en el convenio se establecen aspectos especiales de regulación de mando, control, personal, operaciones, seguridad, comunicaciones, y logística. En dicho convenio se aclara que el acuerdo de cooperación tiene efectividad a partir del 17 de noviembre del año 1999 y se le denomina FOL, es decir, Acuerdo de Largo Plazo del Puesto Avanzado de Operaciones”. (Comisión de Asuntos Internacionales y Seguridad Pública de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la República del Ecuador, 2009).

Haciendo referencia a dicho acuerdo firmado entre Estados Unidos y Ecuador, ^{Salgado (2003}), explica que hubo cosas que jamás debieron firmarse, entre las que pueden mencionarse: per- mitir la libre circulación de personas, aeronaves, navíos y vehículos norteamericanos, violando la soberanía terrestre, marítima y aérea del Estado ecuatoriano; conceder al personal norteamericano en Ecuador, una condición jurídica igual a la que proporciona al personal de la Embajada Americana, confiriéndoles privilegios domiciliarios, financieros, legales y penales; y renunciar a todo tipo de reclamación por daños causados, incluidas lesiones o muertes a ecuatorianos, lo que constituye una violación de los derechos humanos.

Análisis de la opinión sobre el acuerdo y convenio entre Estados Unidos y Ecuador

La razón por la cual se ha considerado un error por parte del gobierno ecuatoriano, la firma del acuerdo con los Estados Unidos es porque no refleja el más mínimo sentido de reciprocidad, cooperación y correspondencia, puesto que todas las obligaciones recaen sobre Ecuador, y los derechos sobre el país norteamericano. El acuerdo fue aparentemente un mecanismo de cooperación para luchar contra el narcotráfico, pero terminó demostrando una finalidad militar y política, con intereses meramente económicos. Además, fue considerado un acuerdo inconstitucional.

Violó expresamente lo contemplado en la Constitución Po- lítica del Estado en el Artículo 171, numeral 13, que le obliga a “Velar por el mantenimiento de la soberanía nacional y por la defensa de la integridad e independencia del Estado”. Se pasa- ron por alto también los artículos 130, literal 7, y 161, literal 2, que obligan al Congreso Nacional a aprobar todos los tratados de carácter internacional que establezcan alianzas militares con otros países. Adicionalmente, se consideró una burla al congreso, debido a que se ignoró la disposición contenida en el Art. 162 que indica que la aprobación debe darla el congreso en pleno, “en un solo debate y con el voto conforme de la mayoría de los miembros”.

Al respecto, la Comisión de Asuntos Internacionales y Seguridad Pública de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la República del Ecuador (2009), explica que la realización del acuerdo y el convenio operativo, han cambiado los principios inmanentes del territorio del estado, humillándolo a la condición de territorio alienable, transformable y reductible. Agrega que el acuerdo constituyó una infamia de los principios de reciprocidad internacional e igualdad jurídica de los Estados contemplado en la Carta de Las Naciones Unidas, la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, y la Constitución Política de la República del Ecuador de 1998.

Según la mencionada comisión, el acuerdo denota sometimiento en varios ámbitos: económico, jurídico, político, moral, ya que consintió el acceso y uso de la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Eloy Alfaro de Manta, del Puerto de Manta, y más instalaciones a los Estados Unidos, sin costo. Además, permitió el uso del espectro radioeléctrico, y el establecimiento de una estación satelital de comunicaciones y frecuencias de radio y telecomunicaciones, totalmente exentas de licencia, inspección, regulación, e impuestos, y de cargos y tarifas, las cuales eran gravadas por el estado ecuatoriano.

La Comisión de Asuntos Internacionales y Seguridad Pública de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la República del Ecuador (2009) , también indica que Ecuador concedió al personal estadounidense inmunidad en el ejercicio de sus funciones, similar a la otorgada al personal de la Embajada de los Estados Unidos, y renunció a generar reclamaciones, pues los hechos que fueran materia de las reclamaciones, según el acuerdo, serían consideradas por el gobierno de los Estados Unidos de conformidad con las leyes estadounidenses.

También, exoneró de permisos, aranceles, tributos, y otras obligaciones legales, al personal civil y militar extranjero. Además, permitió la entrada y salida libre al territorio ecuatoriano, con la solo presentación de la identificación estadounidense. Finalmente, fueron exonerados de todas las operaciones de importación, exportación, impuestos directos e indirectos, que normalmente, Ecuador imponía a los productos, materiales, in- sumos, provisiones y equipos, de su propiedad.

Por otro lado, se desconoció lo dispuesto en el Art. 276 de la Constitución, literal 2, donde se establece, entre una de las competencias del Tribunal Constitucional, dictaminar acorde con la Constitución, los tratados o convenios internacionales antes de su aprobación por el Congreso Nacional. Ante tales atropellos a la Carta Magna del Estado, representantes de diversas organizaciones populares, de todas las provincias del Ecuador, pre- sentaron una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

La demanda abierta en contra del acuerdo creó la oportunidad de que el Tribunal rescatara su potestad, pero no fue así. Más bien, se decidió que la Constitución no le otorga competencia al Tribunal para conocer y resolver demandas de inconstitucionalidad de tratados o convenios internacionales. Agregando que el Tribunal es incompetente para pronunciarse ante un asunto de constitucionalidad o inconstitucionalidad del instrumento inter- nacional impugnado; por lo que resuelve desechar la demanda por considerarse improcedente.

Transgredir la soberanía territorial, marítima y aérea del estado, para combatir al narcotráfico y al terrorismo, resulta algo insólito en el Ecuador. Los estudios de fuente fidedigna demuestran que en Ecuador no es importante este hecho, en casi ninguno de los ciclos de la economía política de las drogas, puesto que es un país de tránsito y consumo interno marginal; y, ni si- quiera la crisis económica y social, ha cambiado esa tendencia. De modo que, homologar la situación de Ecuador con las de sus países vecinos mediante la Base de Manta, el Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina, es, una demostración de que los auténticos objetivos del imperialismo estadounidense marchan en otro rumbo (^{Salgado, 2003}).

Toda esta situación de pérdida de soberanía, aunado a la violación de derechos humanos de la sociedad, como detención de población de pescadores, violación y atropello a las mujeres, asesinatos, hundimiento y destrucción de embarcaciones, así como, el hecho de que los militares norteamericanos estaban impunes y no tenían la obligación de rendir cuentas ante el Estado ecuatoriano frente a ningún tipo de atropello producido en territorio ecuatoriano, ni responder legalmente ante sus actos; produjo in- comodidad en grupos sociales y políticos de Ecuador.

Dichos grupos inconformes y molestos realizaron manifestaciones de rechazo por parte de las organizaciones políticas de izquierda, organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, movimientos indígenas, académicos progresistas, estudiantes, actores políticos en busca de protagonismo para futuras elecciones, entre otros. Lo que se cuestionaba, específicamente, era la legalidad y propósito del convenio. Dichas manifestaciones de rechazo propiciaron la apertura de demandas en contra del acuerdo de cooperación y del convenio de operaciones avanza- das, con pretensiones democráticas y soberanas.

Sin embargo, ante la cantidad de demandas en contra del acuerdo y del convenio, y debido a la fuerte presión que ejercieron los grupos económicos y militares vinculados a los Estados Unidos y a la burguesía de Manta, la demanda tuvo resultados desfavorables. De acuerdo con la Comisión de Asuntos Internacionales y Seguridad Pública de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la República del Ecuador (2009), la Resolución del Tribunal Constitucional era contradictoria puesto que el mismo Tribunal se declara incompetente para solucionar el caso, pero al mismo tiempo se declama sobre los argumentos de los demandantes, rechazándolos por ser improcedentes.

Por otro lado, el Tribunal también indica que el convenio no requería la aprobación anticipada por parte de la Legislatura de Estado, por no ser un convenio o tratado Internacional, sino solo un acuerdo de cooperación. Señala, además, que la constitución y el derecho interno, no previeron la probabilidad de la inconstitucionalidad de un instrumento internacional, es decir, que la Constitución no suministra la figura de la inconstitucionalidad de un instrumento internacional para que este sea dejado sin efecto; no obstante, con ello, el Tribunal asumió que el acuerdo y convenio demandados tenían la categoría de Instrumento Internacional.

Como puede notarse, la mayor contradicción de la resolución se denota porque el Tribunal expresa que la Constitución no le otorga el derecho para conocer y resolver demandas de inconstitucionalidad de tratados o convenios internacionales, sin embargo, en el mismo texto resolutivo, hace referencia a la demanda, por lo que deciden rechazarla. Esto no tiene sentido, ya que, si un organismo es supuestamente incompetente para tratar y resolver un asunto, no debería acogerlo y tomar decisiones sobre este.

Por último, cabe hacer referencia a que este acuerdo está di- rectamente relacionado con la soberanía Nacional, ya que, le da permiso a una potencia mundial extranjera para que utilice una base militar ubicada dentro de su territorio, y si el juicio oficial está orientado hacia la consideración de la lucha contra el narco- tráfico y la guerrilla, es obvio que la cooperación es de carácter político y militar, a través de lo cual se causarían graves daños a los habitantes de las zonas fronterizas, y al medio ambiente.

Todos y cada uno de estos problemas que trajo la suscripción y aprobación del acuerdo de cooperación y el convenio, solo podían solucionarse con la retirada de la base militar de territorio ecuatoriano. Y esto fue precisamente lo que sucedió; el ex presi- dente Rafael Correa, una vez en el poder, anunció la no renovación del contrato; y la prohibición de bases extranjeras en el país se incluyó en la nueva Constitución aprobada en el año 2008.

Fue así como en septiembre del año 2009, Estados Unidos re- tira de Manta su base militar junto con todo su ejército, tras diez años de operaciones en Ecuador; dejando las instalaciones nuevamente en manos de las autoridades ecuatorianas. Cabe acotar que, la sólida campaña local y el apoyo internacional desempeña- ron un papel importante en la decisión de Ecuador, de clausurar la base militar de Manta.

Análisis de la opinión pública respecto a la instalación y retiro de la base militar estadounidense en Manta, obtenida a través de los medios de comunicación

Muchas son las opiniones dadas a conocer mediante los me- dios de comunicación, con respecto al caso de militarización estadounidense en territorio ecuatoriano, y de su desinstalación y retiro. Por ejemplo, en el Diario El Comercio (2018), se muestra que el presidente de la República Lenín Moreno, fue consulta- do sobre la posibilidad de reinstalar una base militar de Estados Unidos en Manta; para lo cual, en son de broma mencionó: “En- cantado, el momento en que los Estados Unidos nos permita poner también una base en Miami para nosotros controlar que no se violen los derechos de los migrantes. Lo digo a modo de broma”. Moreno aclaró que eso no pasaría, porque el Estado respeta la autonomía, e independencia de tener en su suelo únicamente aquellas fuerzas que desee”. Adicionalmente, el presidente recordó que la retirada de la base sucedió porque de alguna manera resultó en violación de soberanía de Estado”.

Por otra parte, el Diario El Telégrafo (2018) hace mención de que el Primer Mandatario de Estado, informó sobre la conversación con el embajador estadounidense, Todd Chapman, donde abordaron la posibilidad de concretar un tratado de libre comer- cio similar al acordado con la Unión Europea. El presidente de la República, Lenín Moreno, precisó que las relaciones con el país norteamericano se profundizarán y serán accesibles y cordiales; pero, descartó la reinstalación de una base militar de ese país en Ecuador; por lo que resaltó el principio de autodeterminación de los pueblos. Afirmó que la base Manta salió de Ecuador porque violaba la soberanía y agregó: “Sigamos cooperando en el tema del combate a las drogas que tanto daño hace a los dos países; pero, sobre todo, respetémonos mutuamente”.

De manera contraria, el Diario Plan V, a través de la opinión de James Bargent en el año 2019, hace referencia a cómo Ecuador se ha convertido en la autopista de la droga hacia Estados Unidos y Europa. En el mencionado artículo, se realiza una investigación de InSight Crime sobre la manera cómo Ecuador se convirtió en uno de los puntos principales de despacho del comercio de co- caína, a nivel mundial, después de la retirada de la base estadunidense, establecida en Manta - Ecuador (Bargent, 2019).

En otro orden de ideas, la opinión respecto a la intervención militar de estadounidense en territorio ecuatoriano no sólo pro- vendría de los mandatarios políticos, catedráticos, profesionales e investigadores expertos en la materia, sino que el pueblo también opinó. Noticias Telesur, por ejemplo, realizó una entrevista a Ivette Minda, miembro de la Coalición “No Bases” (Red NO-BA- SES, 2007), quien opinó que fueron diez años de un inconsulto convenio entre Ecuador y Estados Unidos, dijo: “pero creo que los ecuatorianos que luchamos contra la base de Manta vinimos para integrarnos al proceso que comienza Colombia, para formar parte de la militarización, y la intromisión de bases militares extranjeras en este y en cualquier territorio (Minda, 2010).

Cuando se le preguntó cómo se vieron afectadas las comunidades con la presencia de dicha base militar; su respuesta fue: “Al principio el convenio entró garantizando el desarrollo y la lucha contra el narcotráfico, pero en general los ecuatorianos vimos afectada nuestra soberanía y estilo de vida con un aumento de prostitución, con pesqueros hundidos, donde la gente más humilde fue la primera en evidenciar las afectaciones de la presencia de militares norteamericanos en la base de Manta, y más tarde, todos debido a la intromisión de la base y los militares en el Plan Colombia. Vimos cómo nuestra soberanía era afectada” (Minda, 2010).

Luego, el entrevistador le hace mención en cuanto a la denuncia por maltrato a mujeres, y le pregunta: ¿La presencia de la base militar en Manta, hizo que se dispararan las cifras de maltrato a mujeres?, Minda responde: Sí, aumento de prostitución, mujeres afectadas en su estilo de vida, sobre todo las viudas, después que sus esposos murieron en las embarcaciones que fueron bombardeadas por embarcaciones de los Estados Unidos, mientras realizaban faenas de pesca. Estas mujeres tuvieron que convertirse en una parte en cabezas de familia, y, por otra parte, y someterse a la burla cuando se les pide que para hacer quejas deben trasladarse a Estados Unidos (Minda, 2010).

Por último, el entrevistador preguntó: ¿Se ha hecho justicia, o se mantiene la impunidad? Minda responde: “Se mantiene la impunidad; los acuerdos y convenios con los Estados Unidos garantizan total impunidad sobre los soldados y el personal militar que entra en territorio extranjero. En ecuador, después del in- forme que realizó la comisión legislativa, tratamos aun ahora de realizar una auditoría, que ponga en evidencia las afectaciones de la presencia militar extranjera en cualquier territorio, para que a su vez otros países, otros movimientos sociales, estén prevenidos y alertar a la comunidad internacional de que la lucha contra la militarización tiene que ser global” (Minda, 2010).

Efectivamente, surgieron muchas opiniones públicas en lo relativo al Acuerdo de Cooperación entre Ecuador y Estados Unidos, y el Convenio del Puesto Avanzado de Operaciones, algunas a favor, otras en contra. Así también, en lo que respecta al retiro de las bases militares estadounidenses, la opinión pública es va- riada, pero apunta hacia el hecho de que fue la mejor decisión, como demostración de respeto a la independencia de Estado, y como hecho importante para hacer valer la soberanía del país ecuatoriano.

Las opiniones compartidas a través de medios de comunicación reconocidos, dejan claro que las acciones militares de Estados Unidos en Ecuador constituyeron una frontal violación a la soberanía, pues se hizo entrega de una fuerza externa, del uso de las armas y de un territorio bajo el mando de la fuerza militar extranjera, con autonomía para tomar de decisiones ofensivas, defensivas y también de espionaje; dando lugar a que se cometieran una gran cantidad de delitos sin juicios, que quedaron en impunidad; donde los únicos afectados fueron los individuos de la sociedad ecuatoriana.

Análisis de la opinión pública respecto a la instalación y retiro de la base militar estadounidense en Manta, obtenida a través de las entrevistas a expertos

La entrevista aplicada a expertos en materia de relaciones internacionales, economía, política y profesionales de la comunicación social, estuvo compuesta por siete preguntas:

¿Cuál considera que es uno de los elementos clave de relaciones internacionales asociado a la instalación y retiro de la Base Militar estadounidense en Manta Ecuador? ¿Cuál cree usted que es la razón por la que la soberanía ciudadana puede verse afectada por la instalación de una base militar estadounidense en el país?, ¿Cuál cree usted que es la razón por la que la soberanía territorial puede verse afectada por la instalación de una base militar estadounidense en el país?, ¿Cuál es su opinión personal sobre la instalación de la base militar estadounidense en Manta?,

¿Cuál es su opinión personal sobre el retiro de la base militar estadounidense en Manta?, ¿Cree usted que la instalación de una base militar estadounidense en Ecuador condujo a pérdida de soberanía?, ¿Cuáles considera usted deberían ser las estrategias enfocadas hacia la preservación y mantenimiento de la seguridad nacional ecuatoriana sin que exista intervención militar extranjera?

Una vez analizadas todas las respuestas de los tres entrevistados, pudo notarse opiniones diferentes en algunas de las preguntas, sobre todo cuando se preguntó acerca del elemento clave de relaciones internacionales asociado a la instalación y retiro de la Base Militar estadounidense en Manta Ecuador; donde dos respondieron que era el poder y uno la soberanía de estado; y, cuando se preguntó sobre la razón por la que la soberanía ciudadana puede verse afectada por la instalación de una base militar estadounidense en el país; unas respuestas apuntaron hacia el hecho de que la ciudadanía no se ve afectada por ser un concepto abstracto, pero para otro entrevistado sí representa una amenaza que afecta la seguridad de los ciudadanos.

Por otra parte, en cuanto a la razón por la que la soberanía ciudadana puede verse afectada por la instalación de una base militar estadounidense en el país, dos de los entrevistados opinaron que no existe ninguna razón para que se vea afectada la soberanía territorial, sin embargo, uno opinó que sí, pues Esta- dos Unidos es un país que se conoce por expandir su territorio y acumularlo.

En cuanto al resto de las preguntas, la mayoría de los entrevistados coinciden en que no fue una buena decisión firmar el acuerdo de instalación de la base militar estadounidense en Manta, debido a los intereses que fue manifestando Estados Unidos de tener un control estratégico de recursos naturales, minería y petróleo, además, el acuerdo solo benefició a los estadounidenses y perjudicó al pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, la decisión del retiro de la base fue la más acertada.

Discusión

La implementación del Acuerdo de cooperación suscrito entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos de América concerniente al acceso y uso de los Estados Unidos de América de las instalaciones en la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para actividades aéreas antinarcóticos generó un verdadero caos en el país. La presencia de la base estadounidense en territorio ecuatoriano desencadenó una serie de acciones que resultaron en hundimientos y destrucción de barcos, en abusos a personas, violaciones, y asesinatos. También se produjo quebrantamiento de derechos en el ámbito personal, familiar, y comunitario, producto de desaparición y abandono, maltratos y tortura.

Esto lo confirma la Comisión de Asuntos Internacionales y Seguridad Pública de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la República del Ecuador (2009), al exponer la existencia de grandes cantidades de denuncias por parte de grupos políticos, grupos sociales, académicos, profesionales, y la sociedad en general, presentadas ante el Tribunal, las cuales fueron atendidas y dictaminadas en territorio ecuatoriano, sin éxito alguno.

El problema más grave y acentuado fue el de las personas desaparecidas, puesto que muchos de los familiares sospecharon que la responsabilidad en la desaparición recaía en las acciones inconstitucionales de prohibición marítima realizadas por la Armada norteamericana en aguas territoriales ecuatorianas y en aguas internacionales. Además, la situación de los familiares de los desaparecidos es de abandono total por parte del Estado; y, aunque los organismos de Derechos Humanos entregan cifras alarmantes de personas desaparecidas, no ha existido ninguna instancia de Estado que se haya preocupado del problema de ubicar, identificar y determinar la situación de las víctimas.

En Manta, también se presentaron muertes, problemas psicológicos, abandono a mujeres e hijos y lesiones causadas por el ejército norteamericano, lo que constituye un importante problema de salud pública y de derechos humanos. Además, se registraron delitos cometidos por militares estadounidenses, que quedaron en la impunidad. El Estado, sin duda, no defendió la soberanía, la dignidad de la Nación ni a sus Nacionales, sometiéndose a intereses extranjeros. Esto denota alta traición a la patria por parte de los responsables.

Esto va de acuerdo con lo mencionado por ^{Salgado (2003}), quien explica que hubo cosas que jamás debieron firmarse en el acuerdo entre Estados Unidos y Ecuador, como por ejemplo: permitir la libre circulación de personas, aeronaves, navíos y vehículos norteamericanos, violando la soberanía aérea, marítima y terrestre del estado ecuatoriano; conceder al personal norteamericano en Ecuador, una condición jurídica igual a la del personal perteneciente a la embajada norteamericana, confiriéndoles privilegios domiciliarios, financieros, legales y penales; y renunciar a todo tipo de reclamación por daños causados, incluidas lesiones o muertes a ecuatorianos, lo que constituye una violación de los derechos humanos.

La razón por la cual se ha considerado un error por parte de Ecuador, la firma del acuerdo con los Estados Unidos es porque no refleja sentido de reciprocidad, cooperación y correspondencia, puesto que todas las obligaciones recaen sobre Ecuador, y los derechos sobre el país norteamericano. El acuerdo fue al parecer un dispositivo de cooperación para luchar contra el narcotráfico, pero al final de cuentas, terminó demostrando ser un trasfondo político - militar, con intereses meramente económicos. Además, fue considerado un acuerdo inconstitucional.

En esta época, más que en ninguna otra, los pueblos alrededor del mundo están adquiriendo plena conciencia del significado de la soberanía nacional, de la dignidad patria, de la trascendencia de tener una nación libre e independiente, y son precisamente dichos pueblos los que rechazan y repudian, la presencia de bases militares norteamericanas o de cualquiera otra potencia mundial, con características de prepotencia, egoísmo, engaño y criminalismo, que no hacen más que ofender a la nación, violar sus derechos, y ceder su soberanía. Tal y como lo menciona Rodríguez (1996), el Estado debe ser el portador de la soberanía, pero cuando sufre la presión de poderosas fuerzas, tanto desde adentro como desde fuera, da lugar a la aparición de nuevos dominios políticos en su interior, lo que se traduce en crisis de soberanía.

Hoy por hoy, el respaldo para la toma de decisiones que no lesionen, ni entorpezcan la dignidad y soberanía del país ecuatoriano, es la actual ^{Constitución de la República del Ecuador (2008}), la cual ha cerrado la posibilidad de que en el futuro existan bases militares extranjeras en el país. Por ejemplo, el Art. 5 de la Carta Magna señala: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.

Este artículo de la Constitución de la República del Ecuador prohíbe la propuesta y suscripción de acuerdos y convenios que apoyen la instalación de bases militares extrajeras con propósitos militares; es decir, anula cualquier posibilidad de que un país, cualquiera que sea, desee instalar una base militar en territorio ecuatoriano. Esta decisión se tomó a raíz de la experiencia del

Estado ecuatoriano con la instalación de la base militar en Manta Ecuador, que dejó consecuencias marcadas en la sociedad, con- firmando la total cesión de soberanía y violación de derechos.

Conclusiones

La estrategia estadounidense en América incluye la instalación de nuevas bases militares y el refuerzo de las ya existentes. Sus pretextos de militarización invasiva están asociados con la lucha contra las drogas, con la asistencia humanitaria, y con la guerra contra el terrorismo. Sin embargo, existen marcados indicios de que los intereses estadounidenses son otros, ya que se ha comprobado que la presencia de las bases militares de Esta- dos Unidos coincide geográficamente con las regiones más ricas, donde se concentra la mayor cantidad de recursos naturales, en especial de petróleo.

Uno de los países que geopolíticamente se convirtió de interés para los Estados Unidos fue Ecuador, ante lo cual se firmó un acuerdo y un convenio con el supuesto propósito de llevar adelante operaciones aéreas de detección, monitoreo, rastreo y con- trol de movimientos ilegales de tráfico de narcóticos aéreo. No obstante, después de la instalación en Manta, la Base Militar se constituyó en uno de los ejes de la estrategia de los Estados Unidos, dentro de su política exterior de establecimiento y mantenimiento de bases militares en el mundo para el control político y económico, principalmente de los mercados y recursos naturales.

Por otra parte, aunque el alojo de bases militares norteamericanas se establece bajo la premisa de brindar apoyo militar y logístico, que resulten en seguridad para las naciones y acciones ofensivas contra el terrorismo, la experiencia ha demostrado que no es así, pues los intereses imperialistas apuntan hacia intereses como: la ubicación geográfica estratégica, la posesión de recursos naturales, la obtención de materia prima productiva, la biodiversidad, y la abundancia de agua. Dichos intereses no reflejan preocupación humana ni del medio ambiente; al contrario, conllevan a la ejecución de actos irresponsables no legales, en contra del respeto y los derechos humanos.

En Ecuador se presentaron una gran cantidad de denuncias por delitos cometidos bajo la responsabilidad de agentes norteamericanos, durante la presencia de su Base Militar, los cuales finalmente quedaron en la impunidad. De modo que el convenio empezó a lesionar la dignidad y soberanía del país. Este tipo de actos no deben quedar en la impunidad, deben resolverse con transparencia a fin de que hechos como estos no se vuelvan a repetir, ya que no sólo lesionan a la humanidad, sino que conllevan a una pérdida de soberanía de Estado.

En conclusión, el establecimiento de bases militares extranjeras provenientes de potencias mundiales, bajo acuerdos y convenios como los establecidos entre Estados Unidos y Ecuador con respecto a la base Manta, constituye una violación a la soberanía de las demás naciones, conlleva a la violación del uso exclusivo de la fuerza en poder del estado, a que se viole el uso de territorio, a que haya impunidad por delitos, y puede afectar las fronteras y a los países vecinos. De modo que, aceptar bases militares extranjeras termina siendo nocivo para un País.