Oferta de servicios ambientales. El costo de oportunidad y la disposición a aceptar un pago por parte de los propietarios y/o administradores del bosque

La caracterización de los servicios ambientales en Bolivia parte por diferenciar tres grandes zonas que tienen coberturas de suelo y procesos diferenciados de manejo entre sí, la primera la zona andina, la segunda la región sub-andina y la tercera los grandes llanos amazónicos y chaqueños.⁴ Estas zonas no sólo se diferencian en su tipo de cobertura sino también en su sistema de administración y uso del suelo determinado por su contexto histórico y social.⁵

Cada una de estas regiones tiene sus propias características biogeográficas con un conjunto de flujos de servicios ambientales provenientes de ellas, por ejemplo: la dotación de fuentes de agua, flujo estable de lluvias, composición del suelo, tipo de cobertura vegetal, etc. A partir de estas características y servicios la sociedad decide la función que se le dará a su entorno entre usos urbanos, agrícolas, ganaderos, forestales y de conservación entre otros.

Este cambio en el uso parte en gran medida de las demandas de la sociedad en la generación de bienes y servicios para su subsistencia y crecimiento. La toma de decisiones para este proceso de cambio no es fácil e incluye no sólo una decisión económica, sino social y cultural. Lamentablemente al considerar a los servicios ambientales como bienes de libre acceso y no reconocer las externalidades positivas brindadas por el ambiente, nuestra sociedad ha venido destruyendo en forma sostenida justamente las características que llevaron a usar estas áreas para cada una de las funciones que viene desarrollando para la sociedad.

La mayor presión de cambio de uso del suelo, suele estar en la conversión de áreas de uso agrícola de alta calidad a urbano con el consecuente aumento de la presión en habilitar nuevas áreas de cultivo con la sustitución de áreas forestales u otro tipo de suelos no tan apropiados para la agricultura. Esto lleva a perder importantes extensiones de superficie de suelo con coberturas vegetales que brindan otro tipo de servicios ambientales que en última instancia son más valorados por la economía que el uso agrícola o ganadero. Ver cuadro Nº 5 en anexos.

La distribución de tierras en Bolivia

La actual distribución de tierras en Bolivia surge del proceso de reforma agraria iniciado a partir de principios de 1950⁶. Hasta 1992, el proceso de reforma repartió en forma legal el 43 % del territorio boliviano a aproximadamente 620.000 beneficiarios, pero al existir un proceso indebido de apropiación de tierras en especial en la región oriental del país, se decide cambiar el sistema de reparto e iniciar un proceso de saneamiento de títulos mediante la promulgación de la ley Nº 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria el año 1996. (^{Sanjines, 2005})

Este proceso de saneamiento de tierras, que aún se encuentra en proceso, se puede resumir en el siguiente cuadro de sus avances más notables:

Como se ve más del 52 % del territorio no cuenta con su debida titulación, por lo que el estatus legal de estos territorios aún está en entredicho. Muchos de estos territorios pertenecen al sistema nacional de áreas protegidas (20% del territorio), a comunidades indígenas de la región amazónica y de la región andina del país.

El Pago de Servicios Ambiéntales

El pago por servicios ambientales -PSA consiste en el proceso de compensación directa a los propietarios, administradores o usuarios de la tierra por los servicios ambientales que producen (^{Pagiola & Landell-Mills, 2003}). De esta manera se generan incentivos directos para que los propietarios o usuarios de la tierra incluyan estos servicios en sus decisiones sobre los usos del suelo. Tanto Costa Rica⁷ como México, entre otros han explorado este tipo de pagos para la mejor conservación de sus coberturas forestales y el mantenimiento de sus sistemas y entornos naturales.

Los métodos de pago, con más de 800 casos documentados a la fecha a nivel mundial, incluyen desde acuerdos cooperativos intra e intercomunitarios, hasta verdaderos mercados de derivados como es el caso del Mecanismo de Desarrollo Limpio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La dificultad inherente a la medición de “intangibles” como se ha llamado a las externalidades positivas del bosque, ha llevado a las diferentes partes contratantes a adoptar diversos proxys para poder evaluar el cumplimiento de los acuerdos.

En los acuerdos bilaterales locales, el “comprador” usualmente tiene una idea de las conductas de manejo que desea modificar o incentivar, así como de las manifestaciones objetivas de las mismas. Aún en casos más complejos como el de Catskills, la formulación de un plan de manejo por granja, ha permitido identificar acciones y parámetros específicos como la construcción de un puente para canalizar el paso del ganado sin afectar el curso del arroyo.

En programas masivos como las convocatorias de pago de servicios ambientales operadas por las autoridades forestales, la simple conservación de un parámetro como el porcentaje de cobertura forestal, es convenido como el indicador síntesis de control de plagas, incendios e ilícitos, indispensables para la conservación del bosque. En los proyectos de biodiversidad suelen adoptarse especies indicadoras que, de la misma manera que la cobertura de copa, puedan resumir una serie de procesos que estaría garantizando la conservación de dicha especie.

Particulares, asociaciones, empresas, gobiernos locales y nacionales han promovido esquemas, con aproximaciones diversas por cuanto a la asignación de derechos y el tratamiento de los servicios como bienes públicos o privados, pero el común denominador lo constituye la dificultad para definir el objeto preciso de la transacción, la expresión medible del servicio.

Dos corrientes de pensamiento se enfrentan en la práctica cotidiana: a) la que sostiene la relevancia social de la conservación de los bosques y la disposición a pagar de la sociedad que explica la existencia de acuerdos bilaterales y programas públicos, tarifas, subsidios, inversiones y transferencias condicionadas a la conservación de la fuente de los servicios ambientales; y b) los que quisieran condicionar la acción social a una certeza científica basada en medios de medición de los servicios ambientales cuya complejidad hace difícil ajustar la realidad a un modelo simple donde exista un productor y un usuario y en el que sus acuerdos estén condicionados al monitoreo del cumplimiento de parámetros precisos que se basarían en un conocimiento científico siempre en construcción.

En el primer caso estamos asistiendo a un tratamiento de “bien público” donde la sociedad está más interesada en la preservación del capital natural y el servicio ambiental -consiente del costo para la sociedad en caso de perderles-, y la necesidad de construir las instituciones (acuerdos sociales y reglas) que garanticen la disposición a pagar y le exclusión del free rider dada la dificultad de exclusión intrínseca a las externalidades positivas generadas por los ecosistemas forestales. Sin ignorar la necesidad de avanzar en la asignación eficiente de los costos y los beneficios de su cuidado, esta corriente alerta sobre los riesgos de pretender lograrlo con base en modelos limitados a las variables conocidas y medibles que no alcanzan a capturar las dinámicas de estos sistemas complejos. En el segundo caso, los estudiosos (y algunos detractores) ignoran la dimensión estratégica de un fenómeno social como la emergencia del mercado de servicios ambientales, convencidos de que sólo el conocimiento positivo de las variables de un modelo lineal de causa-efecto que explique las condiciones antropogénicas para la provisión de un servicio (y la evidencia para “convencer” a un comprador potencial) permitirá generar un mercado que garantice no sólo su permanencia sino la mayor eficiencia en la asignación de costos y beneficios como si el objetivo se limitase a la generación de bienes privados (productos), cuando el reto radica precisamente en la preservación del complejo sistema de stocks y flujos que genera los servicios eco-sistémicos valorados por la sociedad.

La decisión del propietario de conservar el bosque, mejorar su manejo o cambiar el uso del suelo.

Cuadro 2 Etapas Básicas en la decisión del propietario del bosque 

El conjunto de oportunidades muestra cuáles son las opciones que tiene el propietario de la tierra, independientemente de que éste sea un pequeño, un gran propietario o el Estado mismo. Cada uno de estos actores tendrá preferencias, restricciones presupuestarias y de tiempo que limitan el conjunto de opciones reales para cada actor. Aún dentro de las restricciones puede existir una fuerte disyuntiva entre las opciones reales, y lo que habrá de aportar el cálculo correcto de los costos es una ponderación objetiva al momento de analizar las opciones.

El Costo de Oportunidad

El costo de oportunidad es el costo de utilizar un recurso cualquiera, midiéndolo comparativamente con el siguiente mejor uso que podría dársele. Un costo irrecuperable es un gasto realizado en el pasado y que no podrá recuperarse, independientemente de la decisión que se tome en el momento presente. Es una referencia útil, pero difícilmente será racional factorizarlo en la decisión presente. Finalmente, el costo marginal es aquel en que incurrimos para llevar una situación más allá de su estatus presente, donde cada beneficio adicional (o marginal) implicará un costo marginal.

La introducción de un Pago por Servicios Ambientales introduce un elemento importante en la decisión del propietario del bosque: la decisión de “aceptar” este pago dependerá de cómo este uso (conservación y/o buen manejo para la producción de servicios ambientales) se mida comparativamente con el siguiente mejor uso que podría dársele al recurso forestal. Igualmente, a partir de que se ha instituido el PSA, éste se convierte en un “siguiente mejor uso” contra el que habrá de medirse cualquier opción de uso futuro o potencial.

En las decisiones de política para reconocer las externalidades y encarar el reto de la preservación de los servicios ambientales del bosque, se juega una apuesta clave: la equidad. Coase (1960) preveía que una vez asignados los derechos de propiedad, las soluciones de mercado o la negociación entre los usuarios potenciales garantizarían resultados eficientes, pero en las decisiones de política no pueden ignorarse los impactos distributivos de las decisiones, (^{Mabsout & Radmard, 2019}).

Ciertamente en los casos revisados por la literatura económica destaca la importancia de las instituciones y la asignación de derechos de propiedad en la definición de las políticas adoptadas, y éstas reflejan la diversidad anticipada por Coase, quien sostenía no sólo que la asignación de derechos de propiedad garantiza un resultado eficiente, sino que la forma de asignación de los derechos de propiedad afectará la distribución de la renta, y la inequidad no contribuye a la eficiencia económica. Ver cuadro N º en anexos

Certezas de mercado y costos de oportunidad

Por la naturaleza del stock de capital natural requerido para garantizar los flujos de servicios ambientales, los arreglos contractuales tienen que ser de mediano y preferentemente, de largo plazo. La declaratoria de áreas naturales protegidas, las servidumbres ecológicas o land easements, y los contratos de adhesión a programas de compensación por los servicios ambientales del bosque y la conservación de las cuencas hidrológicas son todos instrumentos para asegurar la base natural de una actividad económica, a largo plazo.

Por otra parte, el entorno económico que ha caracterizado la producción agropecuaria, -principal causa de cambio de uso de suelo forestal en los años 60 y 70⁸-, especialmente en los últimos 30 años, es el de una gran incertidumbre: a) terminó la revolución industrial, el Estado ha dejado de proveer insumos, crédito y extensión rural, ya no hay precios de garantía y subsidios; y b). La apertura comercial enfrenta a los productores rurales con la competencia subvencionada de Norteamérica y Europa. La actividad agropecuaria se ha convertido, al menos por el momento, en una actividad de alto riesgo que demanda cada vez más insumos y capital, y que ofrece cada vez menores márgenes de utilidad con menores certezas de generación de ingresos.

El propietario de la tierra puede estar convencido de que vivimos un proceso de revalorización de los recursos naturales planetarios, seguramente comparte la visión de Mark Twain quien aconsejaba: “hijo, compra tierra, ya no están haciendo más!” Pero lo cierto es que el mercado hoy aún no lo premia. El retorno de su actividad productiva no se lo reconoce, pero el propietario rural se aferra a la tierra por razones culturales o porque intuye el valor futuro de su activo. En este contexto, puede resultar atractivo un instrumento de mediano o largo plazo que le garantiza una renta que, aunque modesta, le permite: a) minimizar su riesgo presente, y b) conservar su valor de opción.

Además de la certidumbre estrictamente económica, los arreglos institucionales que promueven el Pago de Servicios Ambientales, -explícita o implícitamente, constituyen también un reconocimiento de derechos sobre los servicios ambientales y por ende sobre la propiedad de la tierra y los recursos biológicos que los producen (^{Muñoz et al., 2005}).⁹

Derechos de propiedad

Además de la condición ex ante propuesta por Coase para asegurar el intercambio y la asignación eficiente a través del mercado, la asignación de derechos de propiedad es el mayor reto social, legal y económico en el caso de los servicios ambientales. La posibilidad de reivindicación de los derechos de propiedad y la capacidad de exclusión es, en efecto, más sencilla en algunos bienes: históricamente en los bienes producidos por el hombre-artesano. La mayor dificultad de reivindicación de los derechos de propiedad y la exclusión de sus beneficios a “polizones” o free riders, ha dependido siempre de la construcción de instituciones que regulan con legitimidad y eficacia.

Un bien tan “intangible” como la contribución a la regulación climática a través de la función de “sumidero” de carbono que ejercen los bosques, ha sido estríctamente regulada por el Mecanismo de Desarrollo Limpio, demostrando de manera paradigmática, cómo la construcción institucional puede manejar eficazmente la dificultad de exclusión presente en estos bienes.

Para comprender el proceso de apropiación/ asignación y posterior compromiso de los derechos sobre los bienes y servicios ambientales, es útil desagregarlos de la siguiente manera (^{Rosa et al, 2004}):

De la revisión de casos se puede concluir que los principales actores afectados por los esquemas de PSA son los propietarios o poseedores del bosque.

Para los propietarios de los recursos naturales, las implicaciones de los esquemas de Pago de Servicios Ambientales identificadas incluyen (^{Madrid, 2016}):

Con respecto a los impactos para los usuarios de los servicios ambientales, los dos casos que son sitio-dependientes en un mayor grado, son los usuarios del agua y los de la belleza escénica. Especialmente en el primer caso, la dependencia de una sola cuenca como fuente de abastecimiento suele ser técnica o económicamente alta. Aún en este caso, el impacto directo del manejo del bosque sobre la disponibilidad, estacionalidad o calidad del agua no está suficientemente establecida (^{Jackson et al., 2005}), debido a que la evidencia empírica no reporta impactos significativos inmediatos, por lo que la presión para el usuario se basa en una convención social (y en el imperativo económico de la percepción de escasez presente o futura), antes que en una evidencia directa causa-efecto.

Beneficios sociales y ambientales: Exclusión, Pobreza y Conservación

En términos de la pobreza rural, debe contemplarse el papel de los productos y servicios de la naturaleza como un recurso que puede revalorarse y convertirse en un activo. Los casos de Costa Rica ^{(Miranda, 2003})¹⁰ y la India nos ofrecen ejemplos en los que un Programa de Pago de Servicios Ambientales ha sido diseñado expresamente para ser incluyente y reconocer derechos a los “cuidadores” de los recursos naturales responsables de la conservación y el manejo que produce los servicios ambientales.

El reconocimiento del papel fundamental de los servicios ambientales en la economía y en el sostenimiento de la vida en general, ofrece una plataforma apropiada para promover el reconocimiento de los servicios y bienes públicos y la regulación que permita fortalecer mecanismos e instrumentos para garantizar estos bienes y servicios ambientales

Demanda de Servicios Ambientales. La Disposición a Pagar por el Cambio en el Uso del Suelo

Se puede decir que todos los habitantes de la tierra somos demandantes de servicios ambientales, pudiendo demandar servicios desde una perspectiva local, regional o global. Los servicios ambientales en la mayoría de los casos son de hecho un bien público, por lo que hay que tratarlos como tal. Las definiciones clásicas de los bienes y servicios públicos les atribuían como características: la no rivalidad y no exclusión en su consumo¹¹ además de ser un bien o servicio de libre acceso¹² (^{Azqueta, 2012}). En la mayoría de los casos estos bienes y servicios generan algún tipo de externalidad, aunque su manejo y conservación no era reconocido por la sociedad¹³ (^{Freeman III, 1993}). El reconocimiento de la escasez real o futura de los servicios refleja la emergencia de la rivalidad en un bien que con ser público empieza a mostrar su finitud y el reconocimiento de la complejidad de los ecosistemas forestales que los producen ha llevado a la construcción de instituciones (acuerdos y reglas) que permitan la exclusión y el “pago” a los propietarios o “cuidadores” del bosque.

Esto entraña que el manejo de política de los servicios ambientales sobre todo los considerados servicios públicos debe partir de un sistema de regulación de mercado, esto implica que en su análisis intervienen todas las problemáticas de la dotación de bienes públicos. Esto no excluye la posibilidad de que existan acuerdos entre privados que generen acuerdos de intercambio de servicios por un pago determinado, ciertamente este tipo de transacciones no son la regla; ya que se deben dar condiciones muy especiales para el surgimiento de estos acuerdos.¹⁴

Para desarrollar el manejo de bienes públicos desde la perspectiva económica, se puede usar la regla de Samuelson¹⁵ sobre la distribución óptima de bienes públicos. La cual es una construcción teórica general que indica que la sociedad debe brindar en forma óptima un bien público hasta que las sumas de las tasas marginales de sustitución entre el bien público y el resto de los bienes privados de la sociedad iguale la tasa marginal de transformación de la producción de este bien público por parte de la sociedad. (^{Sterner, 2003}).

Esta regla puede responder el siguiente tipo de cuestionamientos, ¿cuántas hectáreas de bosque se estaría dispuesto a sustituir para obtener tanta cantidad de madera u otros bienes provenientes del bosque? En una sociedad competitiva, las áreas forestales deberían expandirse o contraerse hasta que el valor de la sumatoria de las tasas marginales de sustitución de los bosques por otros bienes entre todos los individuos decrezca e iguale la tasa marginal de transformación de los bosques por otros bienes (^{Vogel, 1995}).

Para el caso de la conservación de la diversidad biológica y con ella los servicios ambientales que provee, supone una política directa: se agregan todos los valores simultáneos generados por la diversidad biológica y los servicios ambientales que provee y se recomienda conservar el hábitat hasta que el costo de la última hectárea conservada iguale el valor agregado creciente.

Sin embargo, existe un problema teórico fundamental en la metodología: las preferencias son inestables a lo largo de las generaciones humanas y cualquier recomendación basada en las preferencias actuales puede dar como resultado valores subestimados de las preferencias de las futuras generaciones. (^{Vogel, 1995}), por lo que, para mantener un mínimo de áreas que conserven la diversidad biológica, la sociedad no se debe guiar por criterios económicos sino por patrones seguros mínimos  el principio de precaución¹⁶.

¿Qué pasa con el resto de las áreas que aportan diversidad biológica y servicios ambientales a la sociedad; pero que caen fuera de las áreas de conservación prioritarias?, ¿debemos dejarlas de lado? Para este tipo de entornos que brindan servicios ambientales para la sociedad pero que están enmarcados en el manejo competitivo con otro tipo de usos del suelo, si es posible usar la regla de Samuelson.

Para ello se debe tomar en cuenta el cambio de las preferencias a través del tiempo. Esto implica que, se puede calcular cuál es el aporte de los servicios ambientales a la sociedad de estos entornos y a partir de ellos determinar qué hábitat conservar¹⁷ y en qué medida;

pero sólo en forma puntual en un momento en el tiempo, ya que se debe modificar su aportación de acuerdo a los cambios en las preferencias de la sociedad.

Los propietarios del bosque y de cualquier entorno natural deciden conservar, restaurar y/o utilizar en otras actividades porciones de territorio según las preferencias y los beneficios que les aporta su entorno natural. Ya que al tomar una decisión analizan los beneficios económicos, ecológicos, sociales y culturales que les provee el entorno. Por lo que, si existe una disposición por parte de la sociedad de reconocer en forma económica los servicios prestados por el entorno natural, los propietarios del bosque tendrán un elemento adicional para analizar la conversión del bosque a otras actividades o su conservación como entorno natural.

Resumiendo, se considera que gran parte de los servicios ambientales son demandados por toda la sociedad, su conservación y manejo parte por considerar a dichos servicios como bienes públicos. Por lo cual usando la regla de Samuelson, se verá el aporte en valor de dichos servicios a la economía en general, es decir la demanda de los mismos. Partiendo de este argumento, se postularán políticas de conservación y manejo de las áreas que brindan estos servicios.

Calculando La Disposición a Pagar por el Cambio en el uso del suelo

Para este proceso de cálculo, se utilizará la definición de la segunda parte de la regla de Samuelson, es decir, se usará la tasa marginal de transformación de la producción de este bien público por parte de la sociedad. Es decir, se verá el aporte marginal que tienen los bienes públicos brindados por lo entornos naturales a la producción de la economía en su conjunto. Ecuación a.2, pie de página 19

Para ello se usará una técnica indirecta, la cual pasa por calcular el aporte de todo el entorno natural de una economía dentro la función de producción de la sociedad, es decir, se considera en forma explícita al territorio como insumo de la función de producción agregada¹⁸. Esto permite obtener el valor del producto marginal del entorno natural Y = ƒ (N , P, K , S, L) ₁ )

Se considerara una Función de producción con tres factores productivos, capital hecho por la mano del hombre o artificial (K), los insumos naturales entendidos como el entorno en su conjunto (bosques, pasturas, tierra agrícola, etc.) (S) y la mano de obra (L) y dos indicadores que afectan la productividad de los factores, la calidad ambiental (N) y el progreso técnico (P) (^{Candaudap, 2019; Smulders, 2000}; ^{Solow-Stiglitz, 1997}).

Se procede a calcular la productividad marginal del entorno natural, la cual multiplicada por el producto nos da un aproximado del valor del producto marginal del entorno, el cual varía año a año según el comportamiento del producto y las preferencias de la sociedad.

Se debe usar una serie de supuestos que permiten manejar en forma aproximada este fenómeno; se considera que el entorno brinda a la sociedad una serie de productos y servicios ambientales en forma agregada, por lo que en una primera etapa sólo es posible calcular el valor medio del producto marginal del entorno, que no es más que el valor marginal en forma conjunta dividido por el total de la unidad de análisis del entorno. Hay una cantidad fija de tierra pero esta tiene una demanda variable en el tiempo, la cual se observa a través del índice de productividad del territorio.

El proceso de cálculo para determinar la disposición a pagar por el mantenimiento de los servicios ambientales, partirá por determinar, mediante una función de producción agregada tipo SolowStiglitz¹⁹, la productividad marginal del entorno natural, la cual multiplicada por el producto nos da un aproximado del valor del producto marginal del entorno. Ponderando este valor del producto por la unidad de superficie del entorno, se obtiene el valor medio que la sociedad está dispuesta a pagar por dejar en sus actuales condiciones el presente uso del suelo.

A partir de este punto; ya que se considera al entorno como un insumo de la función de producción, la demanda particular de cada una de sus partes se debe calcular como una demanda derivada del proceso productivo de la sociedad. El aporte marginal de cada una de las partes del entorno se deduce a partir de un sistema de ecuaciones que caracteriza el comportamiento de cada uno de los tipos de coberturas vegetales, a partir de índices de producción y comportamientos en la población agrícola.

Para ello, se debe utilizar una unidad de medida del entorno natural en este caso se utilizarán unidades de superficie, hectáreas de terreno (total de la superficie del entorno), diferenciadas según el tipo de cobertura vegetal existente en el entorno de análisis, mientras mayor sea el grado de diferenciación mayor será el grado de exactitud en el cálculo del aporte de cada una de las partes²⁰.

Aunque los actuales sistemas de contabilización de los ingresos nacionales adolecen de graves limitaciones, el PIB sigue constituyendo la base para evaluar el rendimiento económico de los diferentes sectores de la economía (^{FAO, 2015b}). Por lo que, usar esta medida como base para la función de producción es sólo una aproximación del verdadero proceso que genera los ingresos de un país, pero brinda insumos a partir de los cuales gobierno y sociedad generan políticas públicas de asignación de recursos.

El modelo econométrico

El proceso de calculó para determinar la disposición a pagar por el mantenimiento de los servicios ambientales, partirá por establecer la productividad marginal del entorno natural mediante una función de producción agregada tipo Solow-Stiglitz, con un progreso tecnológico exógeno que se observa en un cambio de productividad de territorio y de la fuerza laboral²¹, donde K representa el stock de capital de la economía, medidos por la formación bruta de capital fijo FBKF; l representa la población económicamente activa - PEA corregida por la tasa de desempleo y multiplicado por un índice de actividad; S el entorno natural EN expresado en unidades de superficie ponderado por la productividad del entorno tanto agrícola como no agrícola:

La cual está enmarcada en un sistema de ecuaciones que muestra el comportamiento del sistema de coberturas vegetales de acuerdo a las siguientes ecuaciones:

Donde Sa representa la superficie agrícola, Sp la superficie de pasto permanentes, Sb la superficie boscosa, So la superficie de otro tipo de coberturas, Poag la población económicamente activa del sector agrícola.

Donde iagro representa en índice de productividad agrícola, y poagmaq el factor cruzado entre maquinaria agrícola y la población económicamente activa del sector agrícola.

Donde ipastos representa el índice de productividad de la ganadería

Donde ibosque representa el índice de productividad de los sistemas no-agrícolas

Donde poagsag representa el factor cruzado entre la superficie agrícola y la población económicamente activa del sector agrícola

Se usaron las bases de datos del World Development Indicator y la FAO-Stat en su versión 2015, la base utilizada considera los años 1986 al 2005, se eligió como año de inicio 1986 por existir un cambio estructural significativo en la economía boliviana el año 1985, que introduce mucho ruido a la regresión. Se utilizó un sistema de cálculo de mínimos cuadrados en dos etapas y se obtuvo el siguiente conjunto de regresiones a partir del sistema de ecuaciones descrito con anterioridad, en una primera etapa desarrolla un modelo de corrección de errores que se explica y desarrolla en anexos, cuadro Nº 5 ver anexos. El método de mínimos cuadros en dos etapas, permite corregir problemas de multicolinealidad en el sistema de ecuaciones, así como desarrollar una estimación consistente que da una inferencia que usa las interrelaciones del sistema de ecuaciones.

Cuadro N 3  Elasticidad media por Tipo Cobertura Vegetal 

Si bien el modelo permite discutir más allá de la rentabilidad media del tipo de cobertura vegetal, adentrarse en esta discusión saca de análisis el tema en debate, es decir, el pago de servicios ambientales mediante el reconocimiento como insumo productivo de los servicios conexos que brinda cada tipo de vegetación en especial las coberturas boscosas y arbustivas. Mediante un pequeño cálculo, se puede recuperar la elasticidad de cada una de las coberturas vegetales mediante la multiplicación de las elasticidades parciales, cuadro Nº 3.²² A su vez, utilizando el concepto de valor del producto marginal visto en la sección anterior, se puede hallar el valor medio que recibe la sociedad por cada tipo de cobertura. Cuadro Nº 4. La cual muestra la elasticidad media de cada una de las coberturas multiplicada por el producto de toda la economía

Todo este proceso de cálculo nos permite revelar en forma indirecta el monto que la sociedad recibe por tener las actuales coberturas del suelo en Bolivia, monto que puede equipararse según la ecuación de Samuelson a la disposición a pagar por conservar el actual estado de conservación de la cobertura vegetal. De estas disposiciones a pagar es prioritario darle énfasis a dos, la primera el pago a la conservación de la cobertura boscosa y la segunda a la conservación de otro tipo de coberturas, en especial sistemas de matorrales. Estos dos tipos de coberturas con sus respectivos ecosistemas son en gran medida los proveedores de una multiplicidad de servicios ambientales que aún no son reconocidos por la sociedad.

El reconocer este aporte en forma monetaria, brindará la oportunidad a la sociedad en su conjunto, a los administradores y propietarios del bosque y de los sistemas de matorrales de reevaluar la conservación y manejo de este sistema, al generar una política que posibilite realizar este pago a los administradores y gestores de estos sistemas, las comunidades originarias y los sistemas de áreas protegidas.

Entre la Oferta y la Demanda: Propuesta de Política Pública para el Manejo de Servicios Ambientales

Desde el momento en que reconocemos la existencia de un bien público, y observamos que existe una tendencia a su pérdida o deterioro, es necesario definir una intervención para corregir la falta de reconocimiento -y asignación de recursos del mercado para garantizar la adecuada provisión de estos servicios a la sociedad.

Si identificamos una externalidad derivada de la actividad de un individuo, (el propietario o “cuidador” del bosque), que repercute sobre el bienestar de otro (la sociedad en su conjunto a través de su impacto en la actividad económica nacional), sin que se pueda cobrar un precio por ello, estamos ante una falla de mercado que requiere la intervención del Estado.

La intervención puede tomar la forma de:

Al tratarse de un bien público que exige la intervención del Estado, éste representa a la demanda. El proceso de decisión del demandante es equivalente al del propietario del bosque, u oferente, descrito líneas arriba.

En el análisis de las oportunidades deberá identificar su (s) segunda (s) mejor opción:

¿Existen otras fuentes potenciales? ¿Qué representaría no lograr el propósito de la intervención? ¿Cuál es el costo para la sociedad de perder estos servicios ambientales?; ¿Cuál es el costo de reposición, si esta posibilidad existe? y finalmente; ¿Cuál es el costo en que incurre el productor del servicio por producir, mantener el servicio o dejar ir otras oportunidades? Aquí cobra relevancia entender el marco de preferencias y desarrollar los cálculos de los beneficios monetarios y no monetarios que se le brinda a la sociedad por mantener las actuales coberturas vegetales

Al igual que cualquier consumidor, cuando el Estado representa la demanda, enfrenta siempre una restricción de presupuesto: Cualquier decisión sobre el uso de los recursos públicos competirá con otros objetivos de política y la provisión de bienes y servicios públicos igualmente importantes.

Dentro del contexto de la economía boliviana, el manejo y conservación de recursos naturales puede estar regido por una lógica productiva y/o por la mayor certeza en la tenencia de la tierra:

Ambos procesos, se evidencian en la reducción de las superficies boscosas del país; pero desde diferentes sentidos: el primero desde el objetivo de producir alimentos o generar recursos económicos vía la producción agrícola, forestal y ganadera, la segunda desde la necesidad de afianzar los derechos de propiedad de un territorio.

El pago de servicios ambientales, trata de encarar ambas caras de esta moneda

El pago de los servicios ambientales tradicionalmente parte por reconocer los costos de oportunidad medios de los productores, este pago pretende que no se utilicen las coberturas boscosas existentes en procesos productivos tradicionales, como la agricultura y la ganadería. En este caso proponemos que el pago del servicio ambiental sea la valoración media que tiene la sociedad sobre las áreas boscosas²⁴ y sea el productor quien decida si realizar o no el cambio en el uso del suelo. Así la elección del productor depende del comportamiento de la economía en su conjunto (sobre el que se calcula el pago), del marco de preferencias del productor y de los costos de oportunidad personales dadas sus actividades productivas.

La propuesta de política pública realizada en este trabajo parte de:

El financiamiento de las intervenciones propuestas puede realizarse a través de un impuesto a aquellas actividades que generan impactos negativos al ambiente y/o usen los servicios ambientales como insumo productivo, ya sea en el proceso mismo de su producción o como resultado del uso del bien producido. Este es el caso del agua y la energía: desde el proceso de extracción y transformación hasta su uso e impacto ambiental derivado, por descargas o consumo. Ello a través de un impuesto recaudatorio y modificatorio de conductas. A este tipo de impuesto, se le denomina impuesto Pigouviano y tiene un doble propósito (no siempre fácil de balancear).

La ventaja de este sistema de cobro es que se realizará por intensidad de uso, por lo que los usuarios con mayores ingresos y mayor intensidad de uso serán las que paguen un mayor porcentaje del programa. Mediante una simulación que considera el cobro medio de servicios ambientales por familia para el año 2002, este no excedería los tres dólares americanos por mes (aproximadamente 25 Bs.). Se desarrolla la simulación usando los datos del cuadro Nº 4, con una cobertura de pago del 25 % del territorio ocupado principalmente por sistemas boscosos. Como se observa, se puede incluir una cantidad importante de territorio dentro el pago de servicios ambientales sin que ello represente un incremento sustancial en el gasto familiar, ver cuadro Nº 6.2.

El pago de servicios ambientales tendrá como principales beneficiarios a las comunidades campesinas y los habitantes de las áreas urbanas y peri urbanas, los primeros por la generación de una nueva fuente de ingresos que les permitirá conservar y mantener en mejores condiciones sus recursos naturales, siendo incluidos en el sistema económico vigente al ser reconocidos como los principales proveedores de insumos productivos indirectos como lo son los servicios ambientales; y los segundos por contar con el mantenimiento y conservación de sus principales fuentes de agua potable y servicios ambientales en general que van en beneficio directo de todo el sistema productivo, ver cuadro Nº 6.11.