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Oikos Polis

versión impresa ISSN 2521-960Xversión On-line ISSN 2415-2250

Oikos Polis v.5 n.2 Santa Cruz de la Sierra dic. 2020

 

ARTÍCULOS

 

Cooperación técnica y científica México-Japón con énfasis
en la perspectiva sismológica

 

Mexico-Japan technical and scientific cooperation with
emphasis on the seismological perspective

 

 

María Esther Morales-Fajardo £, Marcos Mejía López ρ
£ Investigadora titular del CRIM-UNAM y profesora de asignatura de la Facultad de Economía de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEMéx). Integrante del Sistema Nacional de Investigadores,
Conacyt. Correo electrónico: moralesf@crim.unam.mx
ρ Profesor-investigador de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEMéx, conservador del
patrimonio histórico arquitectónico de la UAEMéx, Académico por la Real Academia Catalana de Bellas
Artes de Sant Jordi de Barcelona, España. Correo electrónico: marcmejilop@hotmail.com

Recepción: 05/07/2020    Aceptación: 08/10/2020

 

 


Resumen

La formación de recursos humanos especializados ha sido una constante en la cooperación técnica y científica entre México y Japón. El objetivo de este artículo es analizar la cooperación internacional para el desarrollo que Japón oferta a México en el marco específico de la cooperación técnica y científica para sismos en el siglo XXI, a partir de la visión japonesa sobre la mitigación de riesgos y desastres. El documento revisa la literatura especializada sobre la cooperación internacional para el desarrollo de Japón, literatura científica e informes oficiales para la cooperación bilateral entre México y Japón. Se concluye que la cooperación bilateral en materia sísmica se ha desarrollado en dos vertientes: la primera con acciones solidarias en los eventos coyunturales ocurridos en los dos países y, la segunda, con programas basados en la generación del conocimiento de Japón en cuanto a prevención, administración, actuación y mitigación de riesgos.

Palabras claves: Cooperación internacional para el desarrollo, cooperación técnica y científica, Japón, México, sismos.


Abstract

Training of specialized human resources has been a constant in technical and scientific cooperation between Mexico and Japan. The objective of this article is to analyze the international cooperation for development that Japan offers to Mexico, in the specific framework of technical and scientific cooperation for earthquakes in the 21st century, based on the Japanese vision of risk and disaster mitigation. The document reviews the specialized literature on international cooperation for development of Japan, scientific literature and official reports for bilateral cooperation between Mexico and Japan. It is concluded that the bilateral cooperation on seismic issues has been developed in two aspects: the first with solidarity actions in the conjunctural events in the two countries, and the second, with programs based on the generation of Japanese knowledge regarding prevention, risk management, action and mitigation.

Keywords: Japan, earthquakes, Mexico, international cooperation for development, technical and scientific cooperation.


 

 

INTRODUCCIÓN

La cooperación técnica y científica entre México y Japón es una de las relaciones bilaterales de más larga tradición porque se remonta a los antecedentes establecidos entre la nación asiática con el territorio de la Nueva España, cuando encalló el barco de Don Rodrigo de Vivero y Abezurra en Otaki y la dinastía Tokugawa aprovechó para manifestar el interés en las técnicas de la amalgama de la plata. A pesar de los diversos programas académicos entre ambos países, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, la literatura mexicana ha colocado un mayor interés en la cooperación económica con Japón, a raíz de la suscripción de Acuerdo de Asociación Económica y por la importancia que posee para la economía mexicana (González, 2014; Falck, 2009; Falck & Uscanga, 2009; Tokoro, 2006; Rivera, Uscanga & Yamamura, 2019; Uscanga et al., 2007; Uscanga, 2015).

La literatura especializada también ha estudiado a la cooperación técnica y científica entre los dos países. Girón, Vargas y Uscanga (2015) analizan la misión Hasekura que se dio después del accidente de Don Rodrigo de Vivero y Abezurra para establecerlos primeros encuentros entre autoridades hispanas y japonesas. Particularmente, un apartado del libro refiere a las relaciones históricas entre México y Japón, así como al estudio de las lenguas, la literatura y la traducción literaria entre ambos países. Carlos Uscanga es el referente de los estudios japoneses en México y entre sus artículos destaca la movilidad entre académicos y estudiantes de ambos países. Por ejemplo, el papel de los estudiantes de la UNAM en Japón a principios del siglo XX (Uscanga, 2011) y la movilidad académica en el marco del Programa especial de intercambio para estudiantes JICA-Conacyt de 1971 (Uscanga, 2016). Por su parte, Didou (1998) ha enfatizado en la cooperación técnica y científica que México ha recibido de parte de Japón, desde mediados de los años cincuenta y hasta finales del siglo XX. Su análisis es interesante porque denota el sesgo de la formación de recursos en técnicos y profesionales, más que en nivel posgrado. Y junto con Bonilla (Didou & Bonilla, 2016) estudian la movilidad académica durante el siglo XX a través de la mediación de las agencias de cooperación, de investigación científica, universidades y recientemente empresas. Estos hallazgos son interesantes cuando se analiza un aspecto particular de la cooperación técnica y científica de Japón hacia México: la cooperación en materia sísmica.

El énfasis en este aspecto se deriva de la similitud que ambos países poseen al estar geográficamente localizados en zonas de alto riesgo y que los han hecho desarrollar medidas de prevención, administración, mitigación y solución de riesgos. En materia de cooperación, las agencias estatales de cooperación de México y Japón establecieron el Catálogo de capacidades mexicanas de cooperación internacional para el desarrollo 2012 y, de esta forma, discutir y construir herramientas pertinentes para la formulación de las políticas de cooperación. En dicho documento, el sector de protección civil y la participación de instituciones, como el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacan por la formación de capacidades que tiene ambas instituciones para prevenir, administrar, mitigar y solucionar eventos trágicos. La literatura especializada en el tema de la cooperación sísmica entre México y Japón se limita a los informes oficiales de las agencias gubernamentales o los reportes de los proyectos científicos entre instituciones.

El objetivo de este artículo es analizar la cooperación internacional para el desarrollo (CID) que Japón oferta a México en el marco específico de la cooperación técnica y científica para sismos en el siglo XXI, a partir de la visión japonesa sobre la mitigación de riesgos y desastres y que ha evolucionado paralelamente con su esquema general de la CID.

Metodológicamente, el documento sigue un recorrido deductivo-histórico, a partir de la revisión de la literatura especializada y documentos oficiales, para comprender la evolución de la CID de Japón durante el siglo XX, la cooperación bilateral con México en los temas científicos y tecnológicos y, de esta forma, comprender la vinculación actual que ambos países mantienen en materia sísmica. Además de esta introducción, el primer apartado es un referente teórico que diferencia entre la CID y la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y contextualiza la evolución de la CID, con especial interés en los años noventa del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. El segundo apartado estudia la evolución histórica de la CID de Japón desde una mirada centrada en el crecimiento económico hasta empatar con los actuales Objetivos de Desarrollo Sustentable. El siguiente apartado se centra en la cooperación bilateral en los temas de ciencia y tecnología y enfatiza en la cooperación en materia sísmica. Finalmente, se presentan las conclusiones del documento. Entre las principales conclusiones se sostiene que la cooperación bilateral en materia sísmica se ha desarrollado en dos vertientes: la primera con acciones solidarias en los eventos coyunturales ocurridos en los dos países y, la segunda, con acciones formales institucionalizadas que están basadas en la generación del conocimiento de Japón en cuanto a prevención, administración, actuación y mitigación de riesgos para desastres.

 

2. COOPERACIÓN INTRENACIONAL PARA EL DESARROLLO Y AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO: MATICES Y EVOLUCIÓN

Resulta necesario para los fines de este documento, comenzar este apartado con la diferencia entre CID y AOD para después comentar sobre la evolución que han tenido a lo largo de los siglos XX y XXI.

Gómez & Sanahuja (1999:17) señalan que la CID se refiere al conjunto de acciones que realizan los actores estatales y no estatales, entre países de diferente nivel de renta con el propósito de promover el progreso económico y social de los países del Sur, para conseguir una relación más equilibrada y sostenida con los países del Norte.

Entre las principales características de la CID destaca como instrumento de "poder blando", cuya ejecución está guiada por prioridades nacionales de desarrollo, la gestión basada en resultados, asociaciones incluyentes, transparencia y rendición de cuentas (AMEXID, 2018). Los actores de la CID pueden ser gubernamentales y no gubernamentales y también se identifican como oferentes o receptores o socios de las acciones de cooperación.

Por la naturaleza específica de los actores, se puede hablar de los Estados y los distintos niveles de gobierno (federal, estatal, municipal, ministerios o secretarías, las agencias de cooperación gubernamentales), los organismos internacionales, la banca multilateral y los organismos multilaterales de crédito, las empresas, las organizaciones no gubernamentales (ONG, como fundaciones), la academia y los organismos de la sociedad civil (OSC) (Mochi & Girardo, 2015).

De acuerdo con los contextos en los que se realiza la cooperación, los esquemas para implementar las acciones pueden ser de cooperación bilateral (dos actores, generalmente entre países, de acuerdo con un convenio), cooperación multilateral (entre países y organismos internacionales y/o regionales), cooperación regional (determinada por una zona geográfica), cooperación triangular (conjunta a socios bilaterales o multilaterales a favor de un tercer país en menor o similar desarrollo) (AMEXID, 2018).

Por el tipo de recursos que se involucra para las acciones de la CID, pueden ser reembolsables y no reembolsables. Y por las formas o mecanismos se encuentran: la transferencia de recursos, la cooperación financiera, técnica, científica, ayuda humanitaria, la reorganización de la deuda (Correa 2010 en Mochi& Girardo, 2015).

En cuanto a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), partir del año 2018, el principal órgano de cooperación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Comité de Ayuda Oficial al Desarrollo (CAD), la definió como la medida clave utilizada en prácticamente todos los objetivos de ayuda y evaluaciones del desempeño de la ayuda. Las subvenciones, préstamos y otros flujos que ingresan al cálculo de medida equivalente a la AOD se denominan como "flujos de la AOD" (CAD, 2020). Todos estos flujos provienen de los países integrantes del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) e incluyen: los flujos otorgados por agencias oficiales y las transacciones, así como las transacciones que tienen carácter concesional y contienen un elemento de donación de al menos el 45% (por ejemplo, subvenciones y préstamos blandos). Sin embargo, tanto los flujos como transacciones consideran como objetivo principal la promoción del desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo (CAD, 2020).

Por lo tanto, la AOD se caracteriza por ser otorgada por el sector público, aunque se contabilizan los flujos cuando los actores privados son intermediarios en la transferencia de recursos, la meta de la ayuda es el desarrollo económico y social, la naturaleza concesional y el beneficiado es el país en desarrollo.

Los flujos de AOD pueden ser canalizados de forma bilateral -procedente de medios gubernamentales y transferidos por donaciones, créditos o de forma directa a los países receptores o a organismos como las OSC o ONG- y de forma multilateral -a través de organismos internacionales (Boni, 2010).

La AOD atravesó una etapa de fuertes críticas, ya que como mencionan Mochi & Girardo (2015), durante varias décadas fue poco efectiva para palear los niveles de pobreza o alcanzar los objetivos de desarrollo, debido a que la ayuda brindada era escasa y condicionada por los países del norte, sin estrategias de alineación y prioridades para el desarrollo para los países del sur, sin la creación de capacidades, institucionalización y coordinación entre actores. De ahí, que la CID y la AOD sean prácticas diferentes, en palabras de Ayala (2012:18-19), la CID contempla además de los recursos financieros, otros instrumentos para la promoción del desarrollo: "la ayuda comporta transferencia de recursos en condiciones definidas, mientras que la cooperación puede acoger el conjunto de recursos y posibilidades, que, de forma deliberada, los países de mayor desarrollo otorgan a países de menor desarrollo relativo para promover su desarrollo". Así la CID transciende la visión de ayuda, pero en la actualidad, ambas tienen una lógica multisectorial e interconexiones entre actores en acciones conjuntas (Mochi & Girardo, 2015).

La institucionalización de la CID ocurrió en la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 56, cuando los Estados integrantes se comprometieron a tomar medidas conjuntas y separadas para mejorar las condiciones de desarrollo socio económico y la solución de problemas internacionales. Sin embargo, el concepto de la cooperación internacional encuentra antecedentes aún más lejanos, tan solo la presencia de actores internacionales en temáticas específicas como la Unión Internacional de las Telecomunicaciones en 1865 y la Unión Postal Universal de 1874, ya sitúa la creación de organismos internacionales con un fin específico. Para autores como Nieto (2001), consideran que el gobierno inglés propició una etapa específica en la cooperación internacional con la creación del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FONDA) de 1925, el cual tenía como objetivo la canalización de flujos financieros hacia las colonias inglesas.

El concepto de CID ha evolucionado entre debates de la política real y la solidaridad para consecución de objetivos específicos (Aguirre, Chanfreau & Guzmán, 2003). Esta evolución ha sido visible principalmente a partir de la institucionalización de la CID en la Carta de Naciones Unidas, cuando el contexto de la Guerra Fría enmarcó las relaciones entre los países. En el ámbito capitalista, la cooperación respondió a los esquemas de industrialización de los países desarrollados bajo una óptica fordista-taylorista-keynesiana (Mochi & Girardo, 2015), con la creación de las instituciones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Europea para la Cooperación Económica (posteriormente OCDE) y la implementación del Plan Marshall.

Sin embargo, el mundo de la posguerra fue modificándose a lo largo del siglo XX. En primer lugar, por la rápida recuperación de las naciones derrotadas, en particular, Japón que recobró sus niveles de crecimiento a partir de la desmilitarización, la democratización y la rehabilitación de la economía en los años cincuenta. Una década después, una gran cantidad de países principalmente de África y Asia y, en menor medida, algunas islas del Caribe comenzaron sus procesos de descolonización. Lo cual modificó la estructura de la Asamblea de Naciones Unidas y la cantidad de Estados que requerían medidas para mejorar sus niveles de desarrollo. En particular, el discurso político de la confrontación ideológica de la Guerra Fría cambió hacia un énfasis en el crecimiento económico como principal indicador de desarrollo. En América Latina, los buenos indicadores de crecimiento económico, resultado del Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones, también dieron cuenta de la importancia económica como motor de crecimiento.

No obstante, las crisis financieras de los años setenta evidenciaron la importancia económica de naciones como Japón y algunos países europeos como Alemania, que rápidamente reaccionaron para conformar el Grupo de los 5 y luego el Grupo de los 7, antecedente más importante para el actual Grupo de los 20 en materia financiera. A la par del avance de algunas economías, los países de América Latina -e incluso los africanos- también comenzaron a presentar problemas en sus balanzas de pagos, derivados de las crisis financieras y energéticas que comprometían a las importaciones de recursos derivados del petróleo y, con ello, se estableció un claro límite a los modelos de industrialización que habían emprendido a finales de la Segunda Guerra Mundial y una recesión en la agenda de desarrollo.

La década de los años ochenta mostró los reales problemas de endeudamiento para la mayoría de las naciones en desarrollo y las graves dificultades para volver a encontrar los senderos del crecimiento económico y, más aún, del propio desarrollo. En los países pertenecientes a la OCDE se replantearon los modelos de crecimiento económico hasta ese momento imperantes y se resolvió transitar hacia los esquemas de libre mercado, que serían aplicados en principio a ellos mismos, pero extendidos hacia el resto del mundo una vez que se derrumbó el Muro de Berlín y se disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A ello, también se sumaron una serie de actores globales que, si bien ya habían mostrado sus fortalezas económicas en décadas anteriores, comenzaron una proyección global, tales como las empresas multinacionales. Asimismo, alzaron la voz otro tipo de actores que, como las OSC, ya habían demostrado su capacidad de convocatoria en temas específicos (derechos humanos, medio ambiente, grupos minoritarios, etc.), por lo que los Estados tuvieron que tomarlos en consideración para la apertura y discusión de nuevos tópicos en la agenda global.

La última década del siglo XX y las décadas del siglo XXI han representado sin duda la concreción del capitalismo global como principal tendencia y consecuencia de la globalización11, pero no la única, afortunadamente. El Estado, como actor fundamental de la CID, ha aprendido de la convivencia y necesidad de articular procesos y tomas de decisión con el resto de los actores no estatales. De esa convivencia, la CID ha evolucionado de centrarse en el crecimiento económico -asistencia financiera, transferencia de recursos a través de instituciones internacionales, aportaciones del sector privado y sistemas comerciales favorables al crecimiento (Aguirre, Chanfreau & Guzmán, 2003; Aguirre García et al., 2003)- hacia un énfasis en el desarrollo. De formar particular, en la década de los años noventa del siglo XX se conformó un nuevo paradigma sobre la concepción del desarrollo, enfatizando en el desarrollo humano, que se vio favorecido y auspiciado desde el sistema de Naciones Unidas y abrió una nueva agenda del desarrollo que tuvo como principal referente la lucha contra la pobreza, plasmada en los Objetivos del Desarrollo del Milenio.

La CID en el siglo XX ha trascendido para situarse, entonces, en un debate sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo a partir de reuniones globales esenciales como la Declaración de París del 2005 y el Plan de Acción de Accra de 2008 que incorporan nuevas dinámicas y el reconocimiento de actores en el desarrollo.

Fue de esta forma que los conceptos de CID y AOD atravesaron una época de discusión a partir de los años noventa. Los integrantes del CAD manifestaron sus dudas sobre el impacto de la ayuda al desarrollo -fatiga al desarrollo-, además de que algunas ONG y OSC también habían revelado la ineficacia de la ayuda al desarrollo. De forma que los países se comenzaron a reunir para discutir sobre estos puntos y la Declaración y Objetivos del Milenio, así como la Conferencia sobre el financiamiento al desarrollo (2002) fueron foros en los cuales los actores (donantes y receptores) debatieron sobre la necesidad de mejorar los mecanismos de ejecución de las ayudas. Los Objetivos de Milenio trataron de ser el primer acuerdo global marco para el desarrollo, con objetivos específicos y metas cuantificables, que colocaron como prioridad el combate a la pobreza extrema, además de otras metas como el establecimiento de reglas para un sistema comercial, económico y financiero justo y sostenible. En tanto que la Conferencia de Monterrey sobre financiamiento evidenció los insuficientes niveles de ayuda al desarrollo y la calidad de la ayuda que socavaba la eficiencia para conseguir las metas del desarrollo.

Por su parte, la OCDE convocó a la discusión sobre la armonización o actuación conjunta de las intervenciones de los donantes, en el llamado Primer Foro de Alto Nivel de Roma sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo. En el año 2005 se produjo el Segundo Foro de Alto Nivel y la Declaración de París que aprobó los principios que debían incidir en la eficacia de la ayuda al desarrollo: apropiación, alineación, armonización, resultados de desarrollo y responsabilidad mutua.12 El Tercer Foro de Alto Nivel y el Programa de Acción de Accra (realizado en Ghana 2008) obliga a la transparencia de la AOD, la reducción de condiciones, profundiza en los principios de la CID, reconoce la importancia y participación de las OSC como agentes del desarrollo, la relevancia de la cooperación sur-sur y la defensa de los derechos humanos e igualdad de género. En tanto que el Cuarto Foro de Alto Nivel, realizado en Busan, Corea del Sur en 2011, evaluó los resultados de los foros anteriores y otorgó capacidad negociadora a los diferentes actores del desarrollo y el lanzamiento de la plataforma "Alianza mundial para una cooperación al desarrollo eficaz". Esta última tiene como puntos de agenda: funcionar como guía de impulso al desarrollo centrado en las necesidades nacionales, mayor coherencia y colaboración entre los actores, la transparencia y rendición de cuentas, fomentar la igualdad de género y fortalecer a los parlamentos, sociedad civil y sector privado para que se involucren en el desarrollo.

El informe de la OCDE (2017) sobre la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo recopiló datos de 81 países y territorios de ingreso bajo y mediano que participaron en la segunda ronda de monitoreo de la Alianza y dan cuenta de un avance en la concesión de objetivos acordados en Busan 2011. Los actores del desarrollo han adoptado o están incorporando un enfoque basado en resultados, una evolución importante de las alianzas incluyentes entre gobiernos, OSC y sector privado y el aumento de la transparencia y disponibilidad de información pública sobre la cooperación al desarrollo. Pero destacan algunos cuellos de botella, como el hecho de que los socios para el desarrollo usan fuentes gubernamentales y otras fuentes para monitorear los resultados, la inclusión de otros actores además de los gobiernos es todavía un reto, los gobiernos deben fortalecer la administración de flujos financieros de manera complementaria y estratégica y mejorar la transparencia y la inclusión de revisiones conjuntas a nivel de país.

 

3. RECORRIDO HISTÓRICO DE LA AOD DE JAPÓN

La evolución histórica de la AOD de Japón se encuentra divida en varias etapas.13 Tsunekawa (2014) señala que esta política comenzó en 1954 cuando el país participó en el Plan Colombo sobre cooperación técnica y las reparaciones de la posguerra en los países del sudeste asiático. Este periodo coincidió con el establecimiento de las primeras instituciones japonesas de ayuda al desarrollo: en 1961 el Fondo de Cooperación Económica de Ultramar (Overseas Economic Cooperation Fund, OECF por sus siglas en inglés) que tenía por objetivo otorgar préstamos de ayuda concesionada y, en 1962, la Agencia de Cooperación Tecnológica de Ultramar (Overseas Technology Cooperation Agency, OTCA, por sus siglas en inglés). A partir de ello, una serie de diversos Ministerios o Secretarías de gobierno como el de finanzas, comercio internacional e industria y relaciones exteriores concurrían en la definición y ejecución de las políticas de AOD.

El principal objetivo de esta política fue el desarrollo económico del propio Japón, a través de la promoción de las exportaciones hacia los países asiáticos y latinoamericanos. Una visión que se adapta la perspectiva del crecimiento económico que adoptó la CID, en la sección descrita anteriormente. Tsunekawa (2014) señala que, a partir de 1964, a través del slogan de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), "Comercio en lugar de asistencia", los países en desarrollo querían un trato comercial preferencial de acuerdo con las reglas internacionales y que mejorara sus términos de intercambio, en tanto que Japón promocionaba sus exportaciones y producción nacional.

Una segunda etapa abarcó desde la década de los años setenta del siglo XX con el establecimiento de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA, por sus siglas en inglés) en 1974. Las condiciones de la ayuda internacional se modificaron paulatinamente durante aquella década hacia la reducción de la pobreza, pero Japón no modificó su objetivo de desarrollo económico, más aún con las crisis financieras y energéticas de esos años que evidenciaron la dependencia japonesa en los energéticos y alimentos y, por lo tanto, volcaron hacia una ayuda con fines estratégicos hacia países del Medio Oriente y América Latina (Laborde, 2011; Tsunekawa, 2014). En los años ochenta, los objetivos de la política nipona de AOD se multiplicaron, aunque no fue abandonado el objetivo del desarrollo económico del país, sino que se añadieron la cooperación económica, tecnológica y ayuda humanitaria. En ese periodo también se reformaron las instituciones y monto de la AOD, pero coincidieron los eventos globales descritos en la sección anterior, en particular la consolidación del modelo de economía de mercado que afianzó la política de expansión económica de Japón. De ahí que, según Tsunekawa (2014), diversos autores concuerden en señalar que la política de AOD de Japón convirtió a los residentes locales pobres (receptores de esta política) en víctimas de las corporaciones japonesas.

En la última década del siglo XX, Japón tuvo que asumir nuevos objetivos, tales como las reformas de mercado, la democratización, los derechos humanos y la anulación de flujos de AOD para fines militares, además de la expansión de demandas globales como el medio ambiente y las cuestiones de género (Tsunekawa, 2014). A finales de la década, coincidentemente con la evolución de la CID, se enfatizó en la reducción de la pobreza y se estableció el principio de seguridad humanitaria; sin embargo, se mantuvo la orientación económica de sus programas de AOD para fortalecer su presencia económica a nivel global (Romero & Uscanga, 2016).

A partir de 2003, el gobierno japonés incluyó la "seguridad humanitaria" como uno de los cinco pilares básicos de la política de ayuda/asistencia al desarrollo en la nueva carta de la AOD. El problema es que conceptos como "seguridad humanitaria" y "crecimiento sostenible" no son tan esclarecedores (Tsunekawa, 2014), pese al esfuerzo gubernamental de ser lo más transparentemente posible, a través de la participación de diversos ministerios y consultas públicas. En octubre de 2008, la constitución institucional de JICA fue reformada con la anexión de la división de préstamos del Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC, por sus siglas en inglés, antes la OECF), así como parte de la función de ayuda a la subvención. Esta reorganización incrementó la posibilidad de coordinar los tres esquemas de la AOD bajo una sola organización: subvención de la ayuda, préstamos de asistencia y cooperación técnica (Tsunekawa, 2014).

Ciertamente, a partir de la última fase histórica de la AOD japonesa, el énfasis en su expansión económica ha disminuido y se ha volcado hacia nuevos objetivos: reducción de la pobreza en países en desarrollo, cuestiones humanitarias, paz, democratización, protección de derechos humanos, crecimiento sostenible y cuestiones globales como medio ambiente, salud, género, drogas y anti-terrorismo.

En febrero de 2015 se aprobó la nueva Carta de Cooperación para el Desarrollo de Japón (antes nombrada Carta de la Asistencia Oficial para el Desarrollo) y se estableció un papel más activo de Japón, en virtud de: la movilización de recursos públicos y privados de forma apropiada y sostenible; para los denominados Países de Renta Media (PRM),14 la asistencia oficial ya no es una manera tradicional de apoyo pero tienen temáticas particulares (como cambio climático o desastres naturales) en las cuales Japón debe continuar con su asistencia; finalmente, la asistencia no es la relación que desea establecer el país asiático, sino como socios con grados de corresponsabilidad (Romero & Uscanga, 2016).

La nueva carta, además de proseguir en la erradicación de la pobreza, también considera un pacifismo proactivo, en el cual Japón debe ampliar sus capacidades frente a temas vinculados con la seguridad y relaciones internacionales estratégicas (Romero & Uscanga, 2016). Por un lado, continúan como prioridad los recursos energéticos, pese a que algunos de los países tradicionales para la cooperación japonesa han quedado fuera del esquema de asistencia por ser PRM. Y, por otro lado, involucra a la seguridad y la inclusión de temas de carácter militar en la cooperación japonesa; ello incluye considerar China como un actor clave para los temas de seguridad y cooperación.

A pesar de los cambios en la normatividad y el mismo enfoque de la CID a nivel global y en este país asiático, hasta 2017, de acuerdo con la gráfica 1, a nivel bilateral la AOD Japonesa continúa en la persistencia del enfoque económico. Además de que México por cuestiones de ser un PRM no figura entre los principales socios de la AOD de este país asiático (véase gráfica 2).

 

4. JAPÓN-MÉXICO EN EL SIGLO XX: LA COOPERACIÓN BILATERAL TÉCNICA Y CIENTÍFICA

En la cooperación bilateral Japón-México se ha reconocido al Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1888 como el primer paso formal. Sin embargo, es conveniente subrayar a la primera misión astronómica de 1874 del oficial Francisco Díaz Covarrubias, quien como ingeniero, geógrafo y astrónomo buscó participar en la observación en el hemisferio oriental del tránsito de Venus. Fue Díaz Covarrubias quien presentó las cartas oficiales al príncipe Kung a pesar de la ausencia de las relaciones diplomáticas entre los dos países (Almada, 2018). Sin duda, el informe presentado por la misión resaltó la importancia de México para el establecimiento de los vínculos con Japón y un importante antecedente para la negociación del Tratado de 1888.

El Tratado de Amistad, Comercio y Navegación fue el primer tratado igualitario suscrito por Japón con un país occidental.15 Por ello, la importancia del reconocimiento de la reciprocidad del acuerdo con México, aunque no tuvo el impacto comercial por la escasa complementariedad económica entre los dos países.

La cooperación técnica y científica entre ambos países ha sido el primer eslabón de relación bilateral, además de la expedición astronómica previamente citada16, los antecedentes indudablemente están vinculados con las primeras migraciones japonesas a partir de 1897 en el sudeste de México y con los primeros contactos que se establecieron a principios del siglo XX durante el gobierno de Porfirio Díaz. Al inicio del siglo XX había una admiración entre intelectuales y artistas de ambos países, como José Juan Tablada, Roka Tokotomi y Efrén Rebolledo, por citar algunos ejemplos (Almada, 2018). En los actos que celebraran el centenario de la independencia de México se le concedió a Japón montar una exposición sobre su industria, arte y agricultura en el edificio (aún no utilizado) del Museo de Historia Natural.

La segunda década del siglo XX también cuenta con registros significativos en esta temática: el médico Hideyo Noguchi del Instituto Rockefeller de Nueva York fue enviado a Yucatán para atender un brote de fiebre amarilla, posteriormente la Universidad de Yucatán le otorgó un doctorado honoris causa y el instituto de investigaciones médicas de esa universidad le asignó su nombre. En tanto que, en 1922, Eiji Matsuda llegó a Chiapas e introdujo técnicas agrícolas novedosas. Después de concluida la Segunda Guerra Mundial, fue académico del Instituto de Biología de la UNAM, Jefe de Botánica del Instituto Forestal de México, participó en la Sociedad Botánica de México y clasificó innumerables especies endémicas de México.

Sin embargo, quizás el hecho más institucionalizado fue con la firma del Tratado de Comercio y Navegación entre México y Japón de 1924 que incentivó el intercambio de académico entre los dos países. Derivado de este acuerdo se registraron algunos intercambios entre los dos países entre académicos y estudiantes, mismos que se vieron interrumpidos por el conflicto mundial a partir de 1939. El restablecimiento de las relaciones bilaterales se vio favorecido por el Convenio de Cooperación Cultural México-Japón de 1954 que nuevamente incentivó el intercambio académico y científico.

En la década los años sesenta, marcan un hito en la cooperación entre México y Japón a raíz del establecimiento de programas de movilidad académica y científica que fueron fundamentales en la cooperación bilateral. Japón comenzó un programa de intercambio científico, el cual ofertó 3 becas por año y 20 para capacitación técnica. En tanto que México ofertó siete becas para estudios en la UNAM, dos para el Colegio de México y dos para el Instituto Politécnico Nacional, además del intercambio de expertos y donación de equipos para proyectos específicos (Almada, 2018). En 1971 se estableció el Programa de Intercambio de Jóvenes México-Japón que involucró el intercambio de 100 estudiantes de ambos países (Uscanga, 2016). Inicialmente, el convenio se administró por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de México, la OTCA y la Asociación de Becarios Técnicos en el Extranjero de Japón. Sin embargo, cuando laJICA fue creada, el programa se administró juntamente con el Conacyt.

En 1986, el programa fue reformado y renombrado Acuerdo de Cooperación Técnica México-Japón17 y, a partir de 2010, cambió su denominación a Programa de Cooperación para la Formación de Recursos Humanos en el marco del Acuerdo de Asociación Estratégica México-Japón. Las áreas más relevantes para los becarios japoneses son la arqueología, antropología cultural, arquitectura, relaciones económicas, gastronomía, educación, turismo, religión y el idioma español. Mientras que los mexicanos se interesan en la manufactura, eficiencia energética, propiedad intelectual, robótica e inteligencia artificial (Almada, 2018).

Un rasgo interesante de la cooperación técnico-científica bilateral es que se ha desarrollado a través de las oficinas gubernamentales de ciencia y tecnología de ambos países. En 1973 se estableció una oficina de la OTCA, que se convertiría en JICA un año después. Las tareas que básicamente coordinó fueron la movilidad de estudiantes, el envío de expertos, la donación de equipos y la coordinación de proyectos técnicos. Posteriormente en 1977 se firmó el Acuerdo de Cooperación Científica entre el Conacyt y la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia. En 1987 se estableció una oficina de la Japan Foundation que impulsó la cooperación científica y académica entre las instituciones de ambos países. De manera más particular, el Conacyt y la Sociedad Japonesa colaboraron para la promoción de la ciencia y el intercambio de 120 científicos desde 1995 (Didou & Ramírez, 2016). Recientemente, en el año 2010 el Conacyt y la Agencia de Ciencia de Japón firmaron el Memorando de Entendimiento para la Cooperación en Ciencia y Tecnología.

Es importante mencionar que a partir de los años sesenta del siglo XX se incorporaron estudios y áreas de investigación sobre Japón en diversas instituciones de educación superior (como el Colegio de México, la UNAM o la Universidad de Colima, entre otros) y lo mismo ocurrió en las universidades japonesas para el aprendizaje del español. Ello ha dado lugar a la realización de las cumbres de rectores entre México y Japón en 2011, 2014, 2017 y 2019 para reforzar las acciones en materia de investigación científica, la formación de recursos humanos y la creación de programas de posgrado específicos en temas relevantes para los dos países como los riesgos y desastres naturales (UNAM-DGCS, 2019).

En 1990 se creó la Comisión México-Japón para el siglo XXI que incluyó temas comunes el ámbito de la política y cooperación tecnológica, de hecho, en la última década del siglo XX, se evidenciaba una dependencia de los recursos japoneses en materia de cooperación técnica y científica, un énfasis en el entrenamiento técnico, profesional y laboral en ingeniería, más que en la formación de posgrado (Didou Aupetit, 1998). Por lo tanto, era evidente el envío de becarios mexicanos a Japón y la recepción de expertos japoneses al país.

En la actualidad, la formación especializada de recursos humanos sigue siendo una prioridad (véase cuadro 1) para los proyectos de cooperación japoneses debido a las importantes inversiones que aquel país ha realizado en la región centro de México: la instalación del complejo industrial automotriz de Aguascalientes, Nisan II establecido en 2013 y su ampliación en 2017, la apertura de las plantas de Honda y Mazda en 2014, la planta de Ensamblaje de Toyota en 2015 en el corredor industrial de Silao, Guanajuato, de hecho entre 1999 y 2018, Japón fue el segundo inversionista -después de los Estados Unidos- en el sector automotriz con el 17.2% del total de la inversión recibida (Morales & Carbajal, 2019). De ahí que uno de los proyectos más importantes para JICA en México sea el de formación de recursos humanos a nivel de técnicos de la industria automotriz (Almada, 2018), que inició en 2012 y que pretende que culmine en 2022, en donde participan activamente los gobiernos de esta región por la cantidad de las empresas armadoras y fabricantes de autopartes.

2.1 Acciones en materia de cooperación sísmica

Para comprender la cooperación bilateral en materia sísmica, es conveniente apuntar que ambos países se ubican en los extremos del conocido "anillo de fuego" del Océano Pacífico, comparten similares condiciones geográficas y la probabilidad de padecer un desastre natural, como tsunamis o terremotos, es elevada.

Durante casi cien años, ambos gobiernos se han apoyado de forma solidaria y, en la actualidad, la ayuda se institucionaliza en la cooperación técnica y científica. Sin embargo, a diferencia de México, Japón desarrolló desde mediados de la década de 1950 una cultura de protección civil para preservar la vida de los ciudadanos. Entre esas medidas destacan la promoción de proyectos de conservación de la tierra, la tecnología para el pronóstico del clima, los sistemas de información y preparación de sistemas de gestión de desastres (Embajada de Japón en México, s.f.).

Sin embargo, a pesar de tener una larga tradición en el sistema de prevención de desastres, en materia de cooperación, Japón incorporó esta visión a partir del Marco Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres18 que estableció siete objetivos globales, uno de los cuales contemplaba: "incrementar considerablemente el número de países que cuentan con estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y local para 2020" (JICA, 2020). Es decir, pese a contar con una larga experiencia en la formación de una cultura de protección civil, Japón no trasladó ese cúmulo de experiencia en la creación de capacidades de sus socios hasta su institucionalización y cambios producidos en la Carta de AOD. No obstante, ello no quiere decir que se hayan logrado acciones importantes a nivel bilateral, más allá de la institucionalización formal de la AOD japonesa.

Desde el terremoto del 1 de septiembre de 1923 en la región de Kanto, Japón, México fue uno de los países que más ayudó al enviar un donativo equivalente a un millón de dólares actuales. Posteriormente en el terremoto de 1985 de México, Japón envió a 20 expertos que trabajaron para evaluar la condición del país, donó equipos de seguridad para la actividad sísmica, capacitó a los operarios del equipo, envió expertos para la planeación e instrumentación de proyectos conjuntos, aportó recursos financieros y la cooperación de ambos gobiernos hizo posible la creación en 1988 del Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED)19 (Almada, 2018).

Es importante detenernos en este punto ya que, a raíz de la dolorosa experiencia del sismo de 1985 en México, el gobierno Federal decidió formar el Sistema de Protección Civil para la prevención de acciones en materia de desastres y la mitigación de la pérdida de vidas. A raíz del apoyo del gobierno japonés y las pláticas bilaterales, como se mencionó en el apartado anterior, se firmó el Acuerdo de Cooperación Técnica en 1986. Este acuerdo permitió aprovechar los avances tecnológicos de Japón y proporcionó al gobierno mexicano los recursos para la construcción del CENAPRED (CENAPRED, 2012).20

En 1990, la JICA y el CENAPRED firmaron el proyecto de prevención de desastres sísmicos, el cual consistió en el envío de expertos japoneses a México para la planeación y ejecución de proyectos bilaterales (21 expertos en proyectos de corto plazo y 80 para largo plazo), la capacitación (20 integrantes) en Japón de personal del CENAPRED y la aportación japonesa de equipos complementarios (CENAPRED, 2012).

El siglo XXI trajo consigo cambios notables para la administración de los riesgos y desastres en Japón, desde el interior del gobierno y luego trasladado a la Carta de AOD del país. La reorganización del gobierno central en 2001 bajo la Oficina del Gabinete asumió la responsabilidad de la reorganización en estos temas y se creó la Dirección General de Administración de Desastres para coordinar a todos los ministerios y agencias en épocas de contingencia a gran escala, así esta Dirección estaría directamente vinculada a la Oficina del Gabinete de Japón (Embajada de Japón en México, s.f.). A la vez que el Consejo central de administración de desastres se estableció para promover medidas integrales y en él participaban el Primer Ministro y otros Ministros de Estado.

De esta forma se diseñó un Sistema para la Planificación de la Administración de Desastres que consideró las etapas preventiva, reactiva y de mitigación de riesgos locales. El plan básico de administración de desastres establece medidas básicas de forma preventiva, el plan de operaciones es durante la fase de contingencia y el plan local es elaborado a nivel regional y municipal. Asimismo, dentro del Plan Básico de Ciencia y Tecnología se enfatiza en la investigación y desarrollo en ciencia y tecnología en estos temas. A partir de toda una visión integral en la administración de riesgos y desastres, el gobierno japonés comenzó a promover actividades de cooperación internacional a principios del siglo XX, las cuales después se complementaron en la Carta de la AOD. Esas áreas fueron la cooperación técnica, es decir, cursos para especialistas de otros países y envío de especialistas japoneses a los países, la concesión de fondos, el suministro de préstamos y la cooperación multilateral a través del Sistema de Naciones Unidas.

En el siglo XXI ambos países nuevamente han sufrido de movimientos telúricos que los han vinculado en acciones de cooperación. Japón sufrió el terremoto y tsunami de Fukushima en 2011, en cual participó un equipo de 12 mexicanos y seis perros del personal de protección civil. El gobierno mexicano envió más de 8 toneladas de comida, artículos sanitarios y agua embotellada. Mientras que, para lo terremotos de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, Morelos y Oaxaca, México solicitó el apoyo de Japón para el envío de la unidad de rescate certificada. El equipo de búsqueda y rescate de auxilio en desastres de Japón se integró por 72 personas y 4 perros de rescate, generadores de energía eléctrica, dispositivos de iluminación y sierras eléctricas (Almada, 2018).

Además de las acciones en los eventos coyunturales, la cooperación en materia sísmica se ha desarrollado por medio de acciones formales. En 2008, Japón creó el Programa de Investigación en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sustentable para investigaciones conjuntas internacionales y cuatro de esos proyectos han sido aprobados con instituciones mexicanas (Almada, 2018). Uno de estos cuatro proyectos evalúa los riesgos de grandes terremotos y tsunamis en la costa del pacífico mexicano. Las instituciones que participan son las universidades de Kioto, Tokio, Tohoku, Cobe, el Instituto de Geofísica de la UNAM y el CENAPRED.

En enero de 2016, la UNAM, AMEXID, CENAPRED y JICA firmaron el Registro de Discusiones, que dio inicio el Proyecto "Evaluación del peligro asociado a grandes terremotos y tsunamis en las costas del pacífico mexicano para la mitigación de desastres" (UNAM-DGCS, 2016), el proyecto fue comandado por el Instituto de Geofísica de la UNAM y la Universidad de Kioto con una vigencia de 5 años. El proyecto permite comprender el riesgo de los terremotos y tsunamis para brindar herramientas al CENAPRED y al Sistema Nacional de Protección Civil de México, en concordancia con las áreas señaladas en el Sistema para la Planificación de la Administración de Desastres de Japón: el desarrollo de políticas y programas para la prevención, mitigación, preparación y respuesta ante estos sucesos naturales.

En particular, los científicos realizan investigaciones en tierra y en el fondo marino en las costas del estado de Guerrero, con equipos de alta precisión, para proyectar escenarios futuros y materiales educativos preventivos. La idea residió en la estimación cuantitativa del peligro a través de modelos computacionales y matemáticos para estimar la vulnerabilidad de los asentamientos (Ruiz, 2016). El proyecto consiste en analizar los datos geofísicos de una red sismo geodésica instalada en la costa. Después se estudia la estructura interna de la tierra (corteza continental y oceánica) que es el lugar donde ocurren los movimientos telúricos. Se estudian también las señales de baja amplitud (tremores tectónicos) que se vinculan a los desplazamientos lentos o silenciosos entre las placas tectónicas. Se instalan sismómetros en el fondo oceánico como mecanismos de monitoreo, sistemas de geoposicionamiento satelital y sensores de presión hidrostática (Ruiz, 2016). Con la estimación de modelos matemáticos, se podría estimar la cuantificación de la vulnerabilidad de los asentamientos en la costa. En tanto que CENAPRED participa con la generación de material didáctico preventivo.

En diciembre de 2018 y diciembre de 2019, las autoridades gubernamentales y científicas de ambos países se reunieron en el marco de la Tercera y Cuarta Reunión respectivamente del Comité Conjunto de Coordinación de este proyecto para revisar las actividades llevadas a cabo hasta el momento y acordaron los planes de trabajo del siguiente año. En 2018 se reportó que el presupuesto del proyecto era de 4 millones de dólares para finalizar los trabajos para la reducción y gestión del riesgo en la costa mexicana, en particular en Guerrero. En 2019 se había reportado la capacitación de mexicanos en Japón, la estancia en Zihuatanejo, Guerrero de investigadores de los dos países para desarrollar actividades de protección civil con la población, así como la participación en conferencias internacionales y la publicación de artículos científicos (AMEXID, 2019).

En la actualidad, ambos gobiernos a través de universidades (como la UNAM y Kioto), sus agencias gubernamentales y algunas instituciones oficiales como el CENAPRED realizan estas importantes acciones de cooperación. Ciertamente, la visión de la AOD de Japón ha evolucionado en consonancia con el marco internacional de la CID. Si bien, para México existe la preferencia hacia la formación de recursos especializados, sobre todo en el ámbito automotriz, la cooperación en materia sísmica es diferente porque posee un perfil más elevado en cuanto a la generación de conocimiento y aprovechamiento científico, así como la sinergia de las instituciones gubernamentales y educativas.

 

5. Conclusiones

A pesar de la evolución de la CID a finales del siglo XX hacia la reducción de la pobreza, no ha existido un drástico cambio en la perspectiva de la CID de Japón, ya que ha mantenido un énfasis, aunque menor en comparación con años anteriores, en la promoción del desarrollo económico del país. No obstante, a la CID japonesa se han añadido los objetivos de cooperación tecnológica, ayuda humanitaria y cuestiones globales, entre ellos la mitigación de riesgos y desastres naturales.

En la última Carta de Cooperación para el Desarrollo de Japón, la ayuda para los países como México mantiene relevancia para los temas como los desastres naturales, en los cuales continúa la asistencia del país asiático.

De manera formal, las relaciones de cooperación entre México y Japón cuentan con el antecedente de la colaboración técnica y científica, a través de la primera misión astronómica mexicana en 1874. Pero fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la cooperación técnica y científica bilateral tuvo su proceso de consolidación, a partir de la movilidad científica. Los programas de movilidad han contado con la destacada participación de las agencias de cooperación gubernamentales, las oficinas de ciencia y tecnología y las instituciones de educación superior de ambos países. Estos antecedentes han hecho que la formación especializada de recursos humanos siga siendo una prioridad para la cooperación que oferta Japón a México, ello también se debe a las importantes inversiones en el sector automotriz que el país asiático ha realizado en la economía mexicana.

La formación de recursos especializados también se extiende hacia la capacitación, transferencia de recursos y conocimientos de Japón hacia México en materia sísmica. Institucionalmente, la incorporación de la visión japonesa para la creación de capacidades en los socios de la cooperación ha sido incorporada hasta el siglo XXI. Sin embargo, la AOD de Japón hacia México están claramente vinculadas a las acciones que ambos países desarrollaron después del sismo ocurrido en México en 1985.

En el ámbito de la cooperación en materia sísmica, las acciones bilaterales se han desarrollado en dos vertientes: la primera son acciones solidarias en los eventos coyunturales ocurridos en los dos países y, la segunda, son acciones formales institucionalizadas que están basadas en la generación del conocimiento de Japón en cuanto a prevención, administración, actuación y mitigación de riesgos para desastres.

A través del Acuerdo de Cooperación Técnica de 1986, hoy Programa de Cooperación para la Formación de Recursos Humanos dentro del Acuerdo de Asociación Estratégica, se construyó el CENAPRED en México, pero lo más importante es que inició un camino de cooperación técnica y científica con Japón.

Ello ha llevado a la creación del Programa de Investigación en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sustentable que actualmente desarrolla el proyecto para la evaluación de peligro de grandes terremotos y tsunamis en las costas del pacífico mexicano. Este proyecto, con un presupuesto de 4 millones de dólares, es la experiencia técnico-científica más relevante y actual que involucra a las más importantes universidades de cada país: la Universidad de Kioto y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Restan aún por conocer las experiencias de los actores involucrados directamente en los proyectos de cooperación bilateral y en el proyecto actual que evalúa las costas mexicanas. Ello es importante porque se conocerían las voces involucrados de los actores de la cooperación internacional, más allá de las agencias gubernamentales y las oficinas de ciencia y tecnología de los dos países.

 

NOTAS

11 Aunque no existe una definición unívoca sobre la globalización y continúa siendo un término polisémico, acordamos con Held, et al., (1999) quienes comentan que es un proceso que ha transformado la organización espacial de las relaciones sociales y las transacciones socioeconómicas.

12 La apropiación refiere que los países establecen sus propias estrategias de reducción de la pobreza, la mejora de las instituciones y combate a la corrupción. La alineación es que los países donantes se alinean a estos objetivos utilizando sistemas locales. Armonización significa que los países donantes coordinan y simplifican los procedimientos y comparten información para evitar duplicaciones. Los resultados se refieren a que tanto donantes como socios (antes receptores) se concentran en los resultados de los procesos de desarrollo y contribuyen a mejorar la medición de estos resultados. Y finalmente tanto donantes como socios son responsables de los resultados del desarrollo.

13 Diversos autores y el propio gobierno Japonés, destacan la palabra asistencia, en lugar de ayuda. Laborde (2011) analiza la literatura de autores que exponen la AOD y las relaciones entre la política exterior y la diplomacia económica Japón hacia América Latina.

14 Para la OCDE-CAD (2020), los países se dividen en ingreso medio bajo e ingreso medio alto. Los primeros son aquellos que sitúan su renta per cápita en 2016, entre los 1006 y 3,955 dólares estadounidenses. Los países de ingreso medio alto son los que tienen una renta per cápita entre 3,956 y 12,235 dólares estadounidenses en 2016. En este último grupo se sitúa México.

15 Previamente el país asiático había firmado alrededor de 16 tratados desiguales que otorgaban ventajas solo a los países occidentales (como con EE.UU., Gran Bretaña, Rusia, Países Bajos, Francia, Alemania, Suiza, entre otros), sin ninguna reciprocidad, tales como la apertura de los puertos que eran operados sin la injerencia japonesa, con tarifas comerciales perjudiciales a la economía de este país y que otorgaron inmunidad a los extranjeros en los tribunales japoneses (Almada, 2018).

16 Almada (2018) incluso señala que durante la época colonial Don Rodrigo de Vivero y Abezurra, gobernador interino de las Filipinas, viajaba de regreso a Acapulco cuando su nave encalló en 1609 y fueron protegidos en territorio japonés (Otaki). La dinastía Tokugawa estaba interesada en la refinación de la plata y la técnica de la amalgamación realizada en la Nueva España. De ahí que uno de los antecedentes en la vinculación bilateral con el país asiático esté enfocada en la cooperación técnico y científica.

17 Este programa será la piedra base para la consolidación de la cooperación bilateral en materia sísmica como se podrá apreciar en el siguiente punto.

18 El Marco Sendai es un documento que establece las directrices internacionales sobre acciones para mitigación de riesgos entre 2015-2030 (JICA, 2020).

19 El CENAPRED es un centro técnico científico del gobierno mexicano en materia de prevención de desastres que tiene por objetivo salvaguardar la vida, los bienes y la infraestructura de los mexicanos, por medio de la implementación de políticas públicas de prevención y reducción de riesgos de desastres naturales, la investigación y monitoreo de fenómenos naturales y la difusión de la educación materia de protección civil.

20 Japón otorgó 9.5 millones de dólares para la construcción y equipamiento del Centro, en recursos no reembolsables, es decir, AOD (CENAPRED, 2012).

 

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