PUBLICACIONES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SEMINARIOS Y TESIS

La desconfianza social y ciudadana en las instituciones de justicia, Instituto
de Investigaciones, Seminarios y Tesis 2020.

(Marco Antonio Saavedra Mogro)

El Sistema Universitario Nacional tiene mucho que decir sobre la crisis de confianza social y ciudadana que experimenta la justicia en Bolivia, sobre su falta de independencia, su bajo presupuesto, la baja formación de sus operadores y, las consecuencias perversas de inseguridad jurídica que provoca en la sociedad y en los ciudadanos una mala justicia; cuanto más empeora el sistema judicial los riesgos de desdemocratización son también mayores. La Universidad ha sabido entender que la institución de justicia debe tener una mirada retrospectiva de larga duración para comprender sus problemas, al mismo tiempo entiende que hay que mirar la justicia en prospectiva para darle soluciones y para encontrar conexiones significativas entre el pasado, el presente y el futuro.

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) a través de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y de su Instituto de Investigaciones, Seminarios y Tesis (IIST) ha recogido las preocupaciones de la sociedad, porque a ella se debe, y ve indignada el sufrimiento de los más débiles y sus sentimientos de injusticia y de desconfianza hacia las instituciones de justicia. Poco o casi nada ha cambiado en la República y en el Estado Plurinacional, subsiste la situación en la que el poderoso que comete una falta y esa falta es una injusticia para un débil que nada puede hacer, siempre queda en la impunidad; esa relación entre el que tiene poder y el que no lo tiene encuentra una desventurada construcción de relaciones desiguales para el impotente cuya única forma de volverse contra el poderoso, de desafiarlo, denunciando su injusticia es, la protesta en los pasillos de los tribunales y, en situaciones de desesperación la huelga de hambre reclamando justicia; ese acto extremo (como diría Foucault) donde “aquel que no puede nada, señala, delante del que lo puede todo, que él, que no puede nada, ha sido víctima de una injusticia cometida por quien lo puede todo”.

Desde la academia hemos realizado análisis exhaustivos sobre los estudios que han hecho especialistas nacionales e internacionales sobre el gran mal que pesa sobre la justicia como un maleficio, cual es, la falta de independencia del Poder Judicial, presupuestos anuales indignos, la ausencia de idoneidad e imparcialidad de jueces y fiscales y, la cínica corrupción del sistema judicial; designaciones de autoridades judiciales arregladas y sometidas a redes de clientelas y parentelas, mercantilización de la justicia donde todo tiene un precio y es frecuente la compra venta de cargos y, las redes de autoridad judicial coludidas con el poder político se han normalizado en la República y en el Estado Plurinacional. Este es el signo de la decadencia del sistema judicial boliviano, sin reputación, sin honor, sin prestigio, sin coraje de decir la verdad.

La Universidad no es ajena a las influencias del poder político ni al intercambio político y el tráfico de influencias; bajo el disfraz de la meritocracia el poder y el poderoso han pretendido, más de una vez, arrastrar a la Universidad Boliviana a legitimar y legalizar la vieja kakistocracia judicial. A pesar de las modificaciones al “Reglamento de Preselección de Candidatas y Candidatos Para la Conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura” dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional el veintinueve de abril de dos mil diecisiete años, para que el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) participe en la evaluación curricular de los postulantes a candidatos a autoridades judiciales, el CEUB termino con posiciones divididas sobre el fondo del acompañamiento universitario, la transparencia y credibilidad del proceso y, de manera específica el Rectorado de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) se pronunció públicamente por el “Establecimiento de un Gran Acuerdo Nacional Por Una Nueva Justicia en Bolivia”, posteriormente el Honorable Consejo Universitario de la UMSA decidió no participar de la selección de los postulantes a magistrados. La conclusión del proceso de selección de magistrados (al finalizar el mes de agosto de 2017) a través de la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional no estuvo libre de sospechas, de denuncias y de escándalos, las listas de candidatos judiciales tampoco llego a tener consenso entre las fuerzas políticas del oficialismo y de la oposición y, ese proceso comenzó a ser visto por la ciudadanía como una oportunidad perdida para cambiar la desprestigiada justicia boliviana.

El Gobierno, la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Órgano Judicial no desisten en sus cálculos utilitarios al recurrir al Sistema Universitario para validar prácticas reñidas con la transparencia y la meritocracia. La Ley No 1104 de creación de Salas Constitucionales aseguraba que los vocales serian seleccionados entre los mejores profesionales y que se haría prevalecer la meritocracia, la ética y la moral de las nuevas autoridades; en esa su promesa comprometía a la Universidad Boliviana para que sea parte del proceso de selección conjuntamente el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia. De igual manera, la promesa reiterada de una Carrera Judicial meritocrática con un moderno Reglamento de la Carrera Judicial que garantice el acceso mediante convocatorias públicas transparentes proyectaba procesos de calificación de postulantes a jueces y juezas dándole un barniz académico con la participación del Sistema Universitario Nacional, encargándole la preparación de la batería de preguntas para evaluar a las y los postulantes. Nada de eso sucedió, la Universidad Boliviana fue dividida y utilizada para validar procesos tramposos en unos casos y, en otros casos bloques contestatarios de la Universidad que simplemente no participaron de esos procesos de selección como fue la preselección de Candidatas y Candidatos para la Conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

En el mundo académico donde la theoria es lo mejor que sabemos hacer le proponemos al Estado una heurística y una guía de políticas públicas para que desde lo político el sistema de XV autoridades públicas hagan lo correcto, el hacer de la voluntad política praxis por una nueva justicia independiente y con trato justo a sus ciudadanos: esa es la gran transformación que apuntalamos. La proyección de apariencias e ilusiones no solo es materia prima del poder político sino también del poder jurídico, de ahí que la UMSA sea una parresiasta que arriesga la muerte por el decir veraz y, su Carrera de Derecho tiene el coraje de hablarle al poder con la verdad ¡demandamos justicia independiente, presupuestos fuertes, jueces imparciales y confianza ciudadana!.

La Universidad Pública no puede eludir su corresponsabilidad en el hundimiento del sistema judicial boliviano; es verdad que las universidades no designan magistrados, jueces y fiscales, pero también es cierto que el lugar donde se forman los profesionales del derecho son las universidades públicas y privadas. La débil formación moral y la falta de compromiso ético que proporciona el Sistema Universitario provoca que los abogados abandonen el sentido de justicia, el compromiso ético y la vocación de servicio a la comunidad; los abogados se corrompen fácilmente, se ponen del lado del poderoso rápidamente y terminan siendo piezas serviles del poder político y del poder económico. La UMSA y la Carrera de Derecho son conscientes de la urgente necesidad de cambiar sus planes de estudio introduciendo materias de ética pública y de filosofía moral de las instituciones de justicia con el objetivo de formar nuevos hombres del derecho rectos, con sensibilidad y compasión hacia el otro, con el don de dar todo a su sociedad a cambio de nada.

Por encima de todos los males de la justicia, que se han combinado en una fórmula venenosa, la Universidad Mayor de San Andrés, hace un llamado al Estado y a la sociedad para construir alianzas con la academia, con la cooperación internacional y las ONGs para una gobernanza con mayor sabiduría, con equilibrio de poderes y, con independencia del Órgano Judicial; en esa perspectiva la UMSA presenta a los actores sociales, estatales y a los operadores de justicia el presente libro “La desconfianza social y ciudadana en las instituciones de justicia”. Esta publicación es el resultado de las contribuciones que realiza el IIST y fue financiada con recursos y soporte técnico de la Carrera de Derecho de la UMSA. El autor manifiesta su gratitud al Director de la Carrera de Derecho, Dr. Edwin A. Machicado Rocha, por el apoyo y la confianza brindados.

(Texto tomado del prólogo del libro)