https://doi.org/10.56992/a.v1i34.419

ARTÍCULOS

 

Autonomía relativa del Estado,
pasivización y los límites de los
proyectos hegemónicos de la
izquierda latinoamericana

 

Relative autonomy of the State, passivization
and the limits of the hegemonic projects of the
Latin American Left-Wing

 

 

Marisel Hinojosa Toro^*
*Politóloga boliviana y docente de postgrado en la Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno (UAGRM), Master en Filosofía y ciencia política
por el CIDES-UMSA, Master en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM.
Ha publicado investigaciones en temas de ciencia política latinoamericana
y colabora como columnista en Página Siete y diario El Deber. En la actualidad
es doctorante en el postgrado en ciencias políticas y sociales
de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
Correo: marisel_hinojosa@hotmail.com
Fecha de recepción: 14 de noviembre de 2022     Fecha de aprobación: 09 de febrero de 2023

 

 

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Resumen

Este breve ensayo relaciona los conceptos de autonomía relativa del Estado, pasivización y resub-alternización como una triada que condiciona la etapa de crisis de los proyectos "hegemónicos" liderados por los gobiernos de la denominada nueva izquierda latinoamericana. Se sostiene que la construcción hegemónica de estas fuerzas políticas encuentra uno de sus límites en los periodos de desmovilización social que tienden a acentuarse en el momento que estas fuerzas asumen el ciclo de administración estatal, ya que ello implica el despliegue del poder desde una lógica en la que preponderan dimensiones que expresan la autonomía relativa del estado: resultados de gestión y consenso interclasista y establecimiento (o restablecimiento) de una institucionalidad productora de certidumbre. Una lógica que colisiona con la lógica autonomista-antagonista y subversiva de los movimientos populares y conduce a desplazamientos importantes en el proyecto transformador.

Palabras clave: Estado, autonomía, hegemonía, izquierda, movimientos sociales.

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Abstract

This paper relates the concepts of relative autonomy of the State, passivization and re-alternization as a triad that conditions the crisis stage of the "hegemonic" processes led by the govern-ments of the socalled new Latin American left-wing. It is argued that the hegemonic construction of these governments find one of its limits in the periods of social demobilization, which are accentuated in state administration stage, since this implies the power displayed from a logic that express some dimensions of relative autonomy of the state: results of management and interclass consensus and establishment (or reestablishment) of institutionality that produces certainty. This logic collides with the autonomist-antagonistic and subversive logic of the popular move-ments and leads to important shifts in the transforming project.

Keywords: State, autonomy, hegemony, left, social movements.

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Introducción

Este breve ensayo relaciona los conceptos de autonomía relativa del Estado, pasivización y resub-alternización como una triada que condiciona la etapa de crisis de los procesos "hegemónicos" liderados por el denominado ciclo de gobiernos progresistas latinoamericanos. Se parte situando teóricamente los conceptos de autonomía relativa del Estado y hegemonía para luego hilar una relación que permita sostener como argumento que los procesos de construcción hegemónica de los denominados gobiernos de izquierda latinoamericana encuentran uno de sus límites en los periodos de desmovilización social, que tienden a acentuarse cuando estos proyectos se estabilizan en forma de presencia y conducción estatal, ya que esta etapa supone el despliegue del poder en una lógica de reproducción y expansión de éste.

La preponderancia de esta lógica de ejercicio del poder requiere la ampliación del consenso interclasista y el establecimiento (o restablecimiento) de un orden institucional productor de certidumbre, aspectos que colisionan con la lógica autonomista-antagonista de los proyectos revolucionarios que impulsan los movimientos populares.

El momento de estabilización estatal, por su naturaleza, productora de orden, implica una relativa domesticación de la democracia callejera movilizada, así como un equilibrio constante entre discurso revolucionario y realismo político¹ (que puede llevar a desplazamientos importantes del proyecto transformador). Sin embargo, estos procesos persisten o pueden persistir como hegemonías de corte reformista sin que ello resulte definitivo, pudiendo desplegarse en un espectro de transformación y restauración a la vez. El énfasis en uno u otro dependerá de la capacidad de las clases populares para mantener o retomar la conducción del proceso con iniciativa autónoma.

Sobre el concepto de Autonomía Relativa del Estado

El concepto de autonomía relativa del Estado (discusión aún vigente en los diferentes marxismos), remite de manera general a la relación entre Estado y clases dominantes, que a primera vista parece una relación simple, sin embargo, cualquier examen ulterior revela la complejidad que reviste esta relación, así como sus implicaciones.

En la versión más clásica del marxismo está implícita una perspectiva metodológica que comprende las clases sociales como "estructuras objetivas" que, al relacionarse con el Estado, constituyen un sistema objetivo de conexiones regulares donde sus agentes (políticos y económicos) son portadores de esas estructuras (portadores de clase). Frente a esta visión se erigió otra perspectiva metodológica, crítica del determinismo estructuralista de los marxistas clásicos, que concibe a las clases sociales y al Estado en términos de relaciones interpersonales entre agentes económicos y políticos.

Ambas perspectivas implican distintas concepciones epistemológicas del sujeto: "para el estruc-turalismo metodológico, el sujeto es portador de instancias objetivas [las clases]", en cambio para lo que se podría llamar individualismo o historicismo metodológico "el sujeto es el origen de la totalidad social [productor del Estado y del resto de estructuras]" (Tarcus, 1991, p. 31).

En consecuencia, las explicaciones de una y otra perspectiva se distinguen, para decirlo de manera simple, entre explicaciones que parten de los agentes individuales como actores-productores de las estructuras de cada época y, explicaciones que parten de las estructuras como determinantes de las clases sociales y de las relaciones entre las clases y el Estado (la idea de que el hombre es producto del medio y de las circunstancias). Esta discusión teórica se expresa con especial riqueza en las obras de Poulantzas (1968) y Miliband (1969), quienes intentaron escapar de la tradición economicista² del marxismo clásico, retomando la idea del carácter de clase del Estado capitalista, pero formulando, aunque desde enfoques distintos, una teoría de la autonomía relativa del Estado capitalista.

Por un lado, Miliband (1969) intenta conciliar ambas perspectivas a partir de la idea de que el análisis del Estado capitalista debe considerar tanto las condiciones estructurales como las relaciones interpersonales entre los miembros de la clase dominante y de la élite política; en este sentido afirma que la clase dominante es políticamente imperante (en tanto es posible observar empíricamente sus conexiones sociales y políticas con la élite burocrática-estatal) pero que su preponderancia económica no se traduce inmediatamente en condición dominante en el terreno político.

Miliband (1969) afirma que el Estado no se reduce al poder de una clase, que se necesita "instrumentar" múltiples estrategias para organizar el poder estatal de acuerdo a los intereses de una clase particular. Así sostiene que es la separación relativa del Estado lo que hace de él una instancia eficaz que "actúa autónomamente en nombre de la clase dominante sin ser su instrumento u obedecer a sus dictados" (Miliband, 1969, citado en Tarcus, 1991, p. 29).

Por otro lado, desde una postura epistemológica estructuralista, pero intentando superar el de-terminismo economicista de los clásicos, Poulantzas (1968) explica la autonomía relativa del Estado partiendo del supuesto de la específica separación entre lo económico y lo político, pero, aceptando que esta autonomía siempre tiene lugar en relación al poder que concentran las clases dominantes y las clases en el poder. Es decir, en el marco de un equilibrio de fuerzas inestable que abre la posibilidad de compromisos entre ambas. Desde esta postura Poulantzas (1968) aporta una visión relacional-dinámica del Estado, reconociendo (aunque con cierto límite) una relación dialéctica de interdependencia entre estructuras y sujetos.

Desde el individualismo metodológico, se responde a las interpretaciones estructuralistas del Estado, haciendo hincapié en la necesidad de abandonar definitivamente la primacía de lo económico como centro de explicación causal en el análisis político-social, adoptar en cambio un enfoque que subraye el "componente dialéctico-contingente de las relaciones y, ocuparse del papel de los sujetos que hacen cálculos dentro del aparato del Estado" (Jessop, 1982, p. 288). Según este enfoque, el Estado sería autónomo en la medida en que los sujetos que lo habitan, más que estar determinados por condiciones estructurales, actúan en base a cálculos estratégicos para conseguir sus fines. Con lo cual, este autor no niega la correspondencia entre economía y política, pero reconoce que dicha correspondencia no está dada previamente, sino que se construye en el curso de la disputa política protagonizada por sujetos racionales (Jessop, 1982; 1985).

En esta misma línea de análisis, la obra de Fred Block (1977), aunque conserva importantes elementos marxistas, rechaza el concepto de autonomía relativa del Estado, porque, en su interpretación, el concepto presupone que la clase dominante dispone de "una cierta cohesión política y una interpretación consensuada de sus intereses generales" (Block, 1977, p. 10). En lugar de esto, Block señala que el punto de partida para el análisis de la relación entre economía y política debe ser la división del trabajo entre capitalistas y gestores del aparato estatal.

Desde esta base, Block (1977) sostiene que, dentro de la división del trabajo, los capitalistas sólo son conscientes de los intereses económicos de la empresa a corto plazo, que desconocen cómo garantizar la reproducción del orden económico-social. Por tanto, que el papel de los gestores públicos para la producción de las condiciones que requiere el crecimiento económico, es crucial. En este sentido el autor considera que es más probable que los gestores públicos puedan ampliar el poder del Estado (incluso frente a la resistencia capitalista) debido a que:

Aunque los miembros de la clase dominante ocupen lugares clave del Estado, no es suficiente para reproducir los intereses de la clase capitalista ya que, al dedicar mucha energía a la formación de políticas, se convierten en elementos atípicos dentro de su clase, se ven obligados a mirar el mundo desde el punto de vista del gestor público [y es probable que] disientan de la opinión de la clase dominante. (Block, 1977, p. 7)

Este argumento es rico por las aristas de lectura que introduce Block (1977), al considerar que, aunque en la toma de decisiones hay constreñimientos estructurales que reducen las posibilidades de que los gestores públicos se opongan a los intereses del capital (dando lugar a la tendencia general del Estado a servir los intereses de la clase dominante), los gestores públicos son maximi-zadores colectivos, interesados en promover su propio interés antes que los intereses del capital, de modo que:

[...] tienen como interés central ganar elecciones, pero, al ser las elecciones cada vez más un referéndum sobre la gestión económica del gobierno y al depender el comportamiento económico de las decisiones que toman los capitalistas respecto a la inversión y a otros factores, los gestores impulsan políticas que favorecen los intereses de los capitalistas para animarles a tomar decisiones de tipo empresarial que redunden en una mejora general del comportamiento de la economía. (Block, 1977, citado en Marsh y Stocker, 1997, p.180.)

El debate en torno a la autonomía del Estado y sus implicaciones también se ha desarrollado dentro de los denominados enfoques pluralistas. Una importante aportación desde una postura crítica del pluralismo tradicional fue planteada por Lindblom en 1977, al señalar los factores que hacen que el empresariado disfrute de una posición privilegiada respecto al resto de grupos: el gobierno, al depender del progreso económico, tiende a incentivar al empresariado y a concederle ventajas y considerando que en una economía de mercado, el empresariado influye en muchas decisiones referidas a inversiones, empleo etc., no tiene la necesidad de recurrir a los habituales métodos de presión, pues:

Cualquier funcionario de gobierno que comprenda los requisitos de su cargo y las responsabilidades que los sistemas de mercado depositan en los empresarios, concederá a éstos un lugar privilegiado. No es necesario sobornarle, embaucarle o presionarle para que lo haga, tampoco tiene porqué ser un admirador incondicional del empresariado. Simplemente entiende que los asuntos públicos en los sistemas de mercado están en manos de dos grupos dirigentes [gobierno y empresarios] que deben colaborar para que el sistema funcione [en esto] el liderazgo del primero debe someterse con frecuencia al de los segundos. (Lindblom, 1977, p. 175)

En este sentido, el poder empresarial estaría dado por su posición estructural, con lo cual, la interpretación de Lindblom (1977) se acerca más a algunos marxistas como las de Jessop (1982; 1985) y es a su vez una interpretación elitista dentro del pluralismo. Sin embargo, se sigue recalcando la importancia de los grupos y la existencia de áreas en las que el proceso de elaboración de políticas es más competitivo, negando así la idea de que el capital domina completamente los procesos de decisiones públicas (Lindblom, 1977).

A fin de articular el argumento general de este texto, situamos ahora otros elementos teóricos, principalmente los propuestos por Laclau, en 2006 y Laclau y Mouffe en 1987, que son fundamentales para comprender cómo operan los procesos hegemónicos y los límites que encuentran en virtud de la autonomía relativa del Estado:

Hegemonía: Las categorías de articulación, discurso y antagonismo

Para Laclau y Mouffe (1987), la hegemonía tiene que ver con una práctica articulatoria de identidades diferenciadas que se constituyen como tales en el proceso mismo de la articulación, que es esencialmente un proceso discursivo. En esta postura epistemológica se niega el carácter esencial de los lazos que unen a las identidades de una totalidad social (la pertenencia de clase, por ejemplo), y se afirma en cambio la imposibilidad de fijar el significado último y definitivo de las identidades socialmente articuladas. En tal sentido, la unidad de una formación social no se determina por compartir una identidad previamente dada, sino que aquella es siempre una construcción simbólica, precaria y nunca plena, ya que la identidad que asumen los elementos articulados es siempre objeto de disputa política.

En esta perspectiva, se rechaza la concepción de lo político como un juego racionalista en el que los agentes sociales, perfectamente constituidos en torno a intereses de clase, libran una lucha que es definida por parámetros transparentes. En particular, se cuestiona la postura marxista que afirma que los sujetos históricos asumen roles que se corresponden con su naturaleza de clase, pues "los intereses de clase no están dados por la economía, sino que estos surgen dentro de la práctica política" (Laclau y Mouffe, 1987, p. 91).

Precisamente el carácter abierto y nunca pleno de lo social es lo constitutivo de la realidad, o más bien, lo que permite constituir la realidad a través del discurso. El discurso³, entendido como toda acción portadora de significado capaz de producir explicaciones creíbles de las cosas y de los hechos sociales, es, en perspectiva de Laclau y Mouffe (1987), una vía por la que opera la práctica articulatoria, que no es otra cosa que práctica política.

En este hilo de razonamiento, se niega la separación entre realidad y discurso, es decir, el significado de la realidad se constituye a partir de una intervención discursiva; cualquier hecho de la realidad puede ser dotado de sentido político a partir de un relato capaz de introducir el conflicto y la polarización social.

En este proceso, la constitución de los bandos en pugna nunca está cerrada o suturada definitivamente, sino que es siempre subvertible, ya que ninguna identidad social está plenamente protegida de un exterior discursivo (antagónico) que la deforme, le impida suturarse plenamente o la subvierta (Laclau y Mouffe, 1987; Laclau, 2006).

En línea con lo anterior, se debe puntualizar que el antagonismo político como componente de los procesos de construcción de hegemonía, implica, a diferencia los términos contradicción u oposición (que ocurren entre objetos o sujetos cuyas identidades ya están definidas plenamente), una relación que no surge de identidades plenas, sino de la imposibilidad de constitución acabada de las mismas. Esto significa que la presencia de "un otro en oposición al cual la identidad se constituye" (Laclau, 2006, p. 112) impide que las identidades se constituyan plenamente y en este sentido, "el antagonismo, lejos de ser una relación objetiva, expresa los límites de toda objetividad" es decir, una relación que es objetivación sólo parcial y precaria.

Pero en ese proceso articulatorio la identidad originaria de los elementos articulados, la identidad misma de la fuerza articulante, resulta modificada "[...] son algo más que solo identidades particulares agregadas [pues] el elemento articulador [o significante vacío] establece una dimensión equivalencial entre identidades y demandas heterogéneas" (Laclau, 2006, p. 94) es decir, el elemento equivalencial supone el establecimiento de alguna regularidad en el universo disperso y diverso que constituye el bloque hegemónico.

La importancia de este planteamiento para los objetivos del presente artículo es que permite concluir que la identidad política se constituye en el campo general de la discursividad, que no existen identidades previas a la influencia discursiva y, de ello resulta la imposibilidad de cualquier referencia a un sujeto trascendente o predestinado a cumplir un rol articulador. De esta base teórica emerge un problema de interés para el presente artículo: ¿quién es el sujeto articulador? y ¿en qué sentido es articulador?

Para Laclau y Mouffe (1987) y Laclau (2006) el sujeto articulador es el sujeto hegemónico. No se trata, sin embargo, de un sujeto particular, sino de una formación discursiva articulada en torno a significantes vacíos (un nombre, un concepto, etc., con potencial equivalencial) dotados de un sentido específico por la vía del discurso político. La articulación implica entonces al menos dos ámbitos de exterioridad: la "exterioridad del sujeto o significante articulador" por un lado, y "la exterioridad que supone el propio carácter antagónico de la relación hegemónica" por otro.

La "exterioridad del sujeto articulador" significa que toda posibilidad de articulación ocurre únicamente si el elemento en torno al cual se articulan las identidades es parcialmente exterior a aquello que articula y se mantiene en ese plano de relativa exterioridad. Aceptar este punto de vista, trae consigo un problema que requiere ser reflexionado si se trata de analizar los límites que enfrentan las experiencias de construcción hegemónica del denominado ciclo progresista en América latina: ¿En el caso de una hegemonía exitosa, donde las prácticas articulatorias han logrado construir un sistema estructural de identidades relacionales diferenciadas, no desaparece también el carácter externo de la fuerza hegemónica?

Laclau y Mouffe en 1987 reflexionaron este problema al afirmar que "una situación en la que un sistema de diferencias se hubiera soldado a tal punto de desdibujar los planos de exterioridad-interioridad entre articulante y bloque articulado, implicaría el fin de la forma hegemónica de la política" (p.153). En tal caso, la relación equivalencial que implica la hegemonía deviene en relaciones de subordinación porque con la desaparición del plano de exterioridad del elemento articulante, desaparece también el plano de las prácticas articulatorias. Como ya se ha dicho, la articulación se establece a través de una cadena equivalencial de demandas que resulta imposible en una totalidad idéntica e indiferenciada.

En definitiva, la dimensión hegemónica de la política sólo se expande en la medida en que no es posible llegar a una completa interiorización que cierre totalmente la brecha entre elemento articulante y bloque articulado. Sin embargo, tampoco es posible que las identidades articuladas permanezcan sin cambios. Ambos, elemento articulador y elementos articulados están sometidos a un proceso de redefinición, contaminación o subversión constantes (Laclau y Mouffe, 1987).

Por otro lado, la "exterioridad que supone el propio carácter antagónico de la relación hegemónica" se refiere a la exterioridad producida por la existencia de una frontera del bloque articulado y la existencia de "elementos" que carecen de una articulación precisa. En esta línea, la hegemonía no supone simplemente un momento articulatorio, sino también la verificación de un enfren-tamiento con prácticas antagónicas. Es decir, tanto fenómenos de equivalencia (solidaridad y unificación simbólica entre demandas heterogéneas particulares) como efectos de frontera (la delimitación y definición del enemigo).

Para cerrar la idea, toda formación discursiva o bloque articulado remite a una experiencia hegemónica en dos sentidos: primero, en tanto expresa un espacio social y político relativamente unificado a través de la institución de significantes vacíos donde el tipo de lazo que une a los distintos elementos es la regularidad en la dispersión, una regularidad (equivalencia) que se configura en el proceso mismo de la articulación discursiva y no en virtud de algún principio esencial dado previamente.

Segundo, en tanto se configura en un campo antagónico que implica un fenómeno de delimitación de fronteras y constitución de bandos enfrentados. Esto último supone la división del espacio social en dos campos, estableciendo una frontera que delimita hacia adentro y separa hacia afuera, aunque siempre de modo más precario que definitivo.

Revoluciones pasivas y Autonomía relativa del Estado. Los límites de los proyectos hegemónicos del ciclo progresista latinoamericano

La categoría "revolución pasiva" expresa la combinación de dos elementos conceptuales tensionados: el componente pasivo en algo revolucionario. Su definición no deja fuera esta dualidad ya que remite a fenómenos orientados a promover una modernización conservadora o un proceso de avance y conquista social en paralelo a la restauración de relaciones de dominación por la vía de la desmovilización y la pérdida de autonomía política de las clases populares (Modonesi, 2017; Svampa, 2016). El concepto implica entonces varias aristas de debilitamiento de proyectos "revolucionarios" con pretensiones hegemónicas.

Aquí queremos concentrar la atención en las categorías de "cesarismo" y "transformismo" (Modonesi, 2017) como mecanismos dirigidos a pasivizar las fuerzas sociales que impulsan estos proyectos.

Inicialmente podemos situar dos condiciones histórico-políticas en las que ambos mecanismos se activan como amenaza de los procesos revolucionarios: la etapa de estabilización estatal y el reflujo de la movilización social.

Asumiendo el supuesto de que las revoluciones se dan "por oleadas", García (2016) distingue cuatro momentos que caracterizan a los procesos revolucionarios que ha experimentado el continente: una oleada heroica de lucha y movilización social frente al develamiento de la crisis del consenso neoliberal⁴; una oleada de "empate catastrófico" en el que los proyectos revolucionarios enfrentan o resisten la contraofensiva de las clases dominantes en decadencia; un momento jacobino que se representa como un "punto de bifurcación" por medio del cual se define el equilibrio de fuerzas (empate catastrófico) a favor del bloque revolucionario y; una cuarta fase de "estabilización hegemónica" y presencia estatal del bloque revolucionario.

Esta última fase supone ya un estadio distinto de la construcción hegemónica del proyecto político, implica su estabilización o triunfo como "horizontes de época", pero a su vez, la visibilización de sus contradicciones internas que, por el momento en el que se presentan (el momento de gestión del Estado), son procesadas bajo la lógica estatal que prioriza la razón de Estado, la producción y reproducción de determinado orden (institucionalidad) social, político y económico que colisiona con la lógica y "práctica antagonista" propia de los procesos revolucionarios (Laclau, 2006).

La fase de estabilización hegemónica y presencia estatal de las fuerzas revolucionarias, trae consigo la tendencia general al repliegue de la movilización social (García, 2011) y el recorte del rol de la movilización popular como baluarte ocasional de defensa y legitimación del proceso revolucionario. Dicha tarea implica la apropiación pasiva del proceso en tanto se trata de una apropiación orientada a su defensa antes que, a su conducción, llevando en poco tiempo al vaciamiento de la capacidad de iniciativa y el despojo de la autonomía política de las clases populares impulsoras del proceso. Lo cual es ya una forma de pasivización revolucionaria (Modonesi, 2017).

Mientras tanto, las decisiones gubernamentales respaldadas incluso por movilizaciones populares; la incorporación de demandas sociales en la agenda gubernamental; la incorporación de mecanismos de participación social en los procesos de gobierno, así como la incorporación de dirigencia de extracción popular en la burocracia estatal, son rasgos que pueden producir una suerte de ilusión sobre el avance de la revolución bajo la conducción del pueblo y ocultar la ausencia de transformaciones sustantivas.

En diálogo con nuestro marco teórico, se puede plantear que la mutación contrarevolucionaria, vía pasivización social, ocurre al afectar dos dimensiones básicas que distinguen a las prácticas hegemónicas: Primero, el "debilitamiento de la frontera antagónica que alimenta" la constitución de la identidad popular protagonista del proceso hegemónico; segundo, la "pretensión de cierre pleno de la articulación", que implica la negación de la condición de exterioridad y diferencia en el seno de la articulación.

Sobre lo primero, se puede plantear que el debilitamiento de la frontera antagónica se presenta como tendencia o como posibilidad en una fase de relativo avance del proceso hegemónico. Es decir, en una etapa en la que el proyecto popular-revolucionario ha vencido a las fuerzas contra-revolucionarias; se ha estabilizado como fuerza o bloque en el poder y, se ha constituido como el horizonte general de época. Siguiendo a García (2011, pp. 39-40) en este momento "la profun-dización de la revolución tiene el desafío de irradiar, su hegemonía hacia clases y grupos sociales distintos del núcleo social revolucionario" mediante un consenso interclasista que incluso corre el riesgo de debilitar su núcleo social revolucionario o su proyecto transformador.

Este proceso de alianzas interclasistas supone la incorporación de demandas diversas (incluso contrarevolucionarias) que tienden a diluir la agenda transformadora radical. Diríamos, en términos de Modonesi (2017, p. 27) que ocurre un "desplazamiento molecular" del carácter plebeyo del proceso.

La frontera antagónica de los procesos revolucionarios se debilita por una segunda condición asociada a la anterior: la necesidad de una perspectiva nacional-general antes que corporativa o de clase. Siguiendo a García (2014), el Estado concentra el "monopolio de la legitimidad" en virtud de que únicamente el Estado encarna el sentido de lo universal, lo común a todos o al menos difunde la idea de que persigue el interés general (sin distinciones) de la sociedad. Esta naturaleza obliga, en su accionar, una perspectiva de conjunto.

Por otra parte, la pretensión de una "sutura plena" de los bloques hegemónicos, que supone la negación de la condición de heterogeneidad interna y planos de exterioridad entre los elementos articulados y el elemento articulante, es otra condición que da lugar a la pasivización de las clases populares y, siguiendo a Laclau (2006), impide sostener relaciones hegemónicas⁵. Veamos:

En principio se puede sostener que la pretensión de un pueblo indiferenciado en su interior, supone la pretensión de diluir la disidencia, y por esa vía prescindir de la práctica de la deliberación sobre el porvenir de la vida colectiva. Ello favorece a la prevalencia de una voz popular contundente, indudable y posible de ser objetivada en una figura particular, aquella que simbolice al pueblo, es decir, favorece al fortalecimiento del caudillismo en desmedro de la iniciativa crítica y el liderazgo de las clases populares.

El caudillismo supone un tipo de relación de dominación que, aunque consentida, acentúa el ver-ticalismo decisional, pues establece (o restablece) la referencia a un sujeto articulador trascendente y necesario para la vigencia de un proceso protagonizado por "el pueblo". Lo cual es una condición reñida con la democracia entendida como la forma de vida política cuya legitimación prescinde de referentes trascendentes (Lefort, 2004). En este sentido, cobra actualidad la tesis respecto a que toda revolución pasiva es no solo la expresión histórica de determinadas correlaciones de fuerza, sino al mismo tiempo, un factor de modificación de estas (Modonesi, 2017).

 

Conclusión

Sobre el eje de reflexión planteadso y teniendo bajo la lupa el ciclo de gobiernos progresistas latinoamericanos, se concluye que los intentos de construcción hegemónica de las fuerzas políticas impulsoras de estos proyectos políticos progresistas han alcanzado una etapa de debilitamiento y/o crisis de sus componentes más progresistas.

De acuerdo con el argumento aquí articulado, esto se debe a una suerte de paradoja que signa cualquier forma estatal: Todo proyecto político revolucionario que aspira a realizar cambios desde el seno mismo del Estado, atraviesa un ciclo vital que pasa por su articulación como bloque popular (con voluntad de poder) mediante un proceso antagonista que constituye y unifica a un determinado pueblo. El triunfo de ese antagonismo constitutivo (Laclau, 2006) se expresa en la estabilización y presencia de las fuerzas progresistas revolucionarias en el aparato estatal.

Sin embargo, esa victoria popular, coronada con el desafío de conducir el Estado, inaugura un nuevo ciclo en el que, antes que la confrontación antagónica unificadora de lo popular prepondera la necesidad de consenso interclasista para la irradiación hegemónica del proyecto más allá de las clases populares. Además, por la propia naturaleza o "misión" universalista que el Estado requiere pregonar a fin de legitimarse.

En este hilo, se afirma que el debilitamiento, crisis o giros conservadores de los gobiernos de las izquierdas latinoamericanas, no obedecen a alguna prescripción teórica o razón voluntarista sino a la necesidad de una postura realista frente a condiciones de lo político así como condiciones estructurales difícilmente subvertibles⁶ que ponen de manifiesto la condición de "autonomía relativa del Estado", incluso de Estados con gobiernos que se consideran fuertes por su predominio político-electoral.

Sin embargo, concordamos con la postura de autores que sostienen que la autonomía relativa del Estado supone siempre una dimensión de dependencia histórico-estructural de las clases o del sistema económico, pero a su vez, un determinado margen de acción política orientada por la racionalidad propia de las clases en el poder. Este margen de discrecionalidad no es menor en el caso de Gobiernos con predominio político-electoral (como el MAS en Bolivia; el PT en Brasil; el Frente de todos en Argentina o el PSUV de Venezuela), que restituyeron Estados nacionales fuertes, con medidas que actualizaron la demostración de soberanía política.

En este sentido, cabe admitir que la vigencia del patrón extractivista en las economías latinoamericanas no obedece a únicamente a condiciones estructurales o al poder instrumental de las clases económicas, pues la hegemonía política-electoral que alcanzaron las fuerzas políticas de la denominada "nueva izquierda", abrió un escenario de juego en el que las decisiones y negociaciones económico-políticas se enmarcan en los términos y condiciones dadas por los centros de poder gubernamental y no completamente en razón de condiciones impuestas por las clases económico-empresariales.

En este sentido, se considera que la condición de dependencia relativa del Estado respecto de las estructuras de sus economías y de las clases que las sostienen no es la única condición que determina el debilitamiento o estancamiento de los procesos hegemónicos sino también, la relativa autonomía que asumieron los proyectos progresistas, (estabilizados como fuerzas de conducción estatal) respecto de las clases populares. La ruptura de alianza entre las principales organizaciones indígenas con gobiernos como el de Evo Morales en Bolivia o Rafael Correa en Ecuador, ejemplifican caminos por los que se van desplazando o diluyendo los objetivos transformadores de los proyectos revolucionarios de las nuevas izquierdas en Latinoamérica y se van restituyendo relaciones de dominación que subvierten o paralizan la construcción de hegemonía.

Asumiendo el antagonismo y el carácter nunca pleno o definitivo de las identidades políticas como componentes distintivos de lo político, se puede argumentar que estos procesos signados por estrategias de pasivización-neutralización de la acción colectiva de los movimientos populares, no liquidan los proyectos de transformación, sino que ingresan en una nueva etapa en la que prepondera el debilitamiento del componente revolucionario-plebeyo del proceso (en este sentido el carácter pasivo de la revolución) pero persiste como horizonte de época el desafío post-neoliberal o post-capitalista.

El proceso de cambio queda abierto y pendiente en la medida en que aquello que le dio origen (crisis del consenso neoliberal y consenso respecto a la búsqueda de alternativas a la economía capitalista mundial) persista en la conciencia colectiva de las clases populares como deuda postergada, no sólo por el limitado alcance de las transformaciones de los gobiernos de la izquierda latinoamericana, sino también por la incapacidad de las fuerzas opositoras para abordar estos desafíos y expresarlos en proyectos alternativos de sociedad, con capacidad de convencimiento y articulación de las mayorías. La persistencia del consenso electoral mayoritario en torno a las fuerzas políticas de izquierda en Latinoamérica sugiere que los proyectos de transformación que iniciaron las organizaciones populares desde comienzos del presente siglo, no han sido abandonadas, sino que experimentan una nueva fase de acumulación histórica en la que la autorreflexión crítica y pedagógica es fundamental para que desde las propias fuerzas populares puedan germinar fibras que agiten e impulsen la irrupción autónoma de sujetos del campo popular disidente, con voluntad de disputa de la iniciativa revolucionaria y de reconducción del proceso transformador.

 

Nota

¹ Principalmente en la gestión de la economía.

² Que concibe al Estado y la política como expresiones fenoménicas de las relaciones de producción.

³ El concepto de discurso no se refiere de ninguna manera a una entidad meramente lingüística, sino a una práctica articulatoria que constituye, da sentido y organiza a las relaciones sociales.

⁴ Éste es el momento constitutivo o de articulación de un bloque histórico popular.

⁵ En las relaciones hegemónicas, la conversión de los elementos diferenciados en posiciones articuladas nunca puede ser completa ya que ninguna identidad social está plenamente protegida de un exterior discursivo que la deforme, le impida suturarse plenamente o la subvierta.

⁶ Ni en el tiempo ni en el espacio acotado de procesos experimentales.

 

Referencias

Block, F. (1977). Los Orígenes del desorden económico internacional. México D.F: Fondo de cultura económica.         [ Links ]

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