PREÁMBULO

No hay faceta en la vida estatal de una nación en la que no surja al interior de su seno la dualidad entre lo popular y lo nacional. Como si lo popular fuese un sentido de destino y lo nacional una comunidad de origen, y ambas estuvieran desplazadas en el tiempo de la política de gestión gubernamental. Así también se presencia desde al ámbito ciudadano el ejercicio de construcción de derechos que van hacia uno u otro estado. Los derechos individuales y colectivos dentro del eje “nación” corresponden a las políticas de la identidad. Dan cuenta de los procesos de nacionalización de los recursos naturales y proponen una soberanía estatal hacia dentro, reconociendo el derecho plural de los pueblos y comunidades indígenas, y hacia fuera, construyendo una serie de políticas de autodeterminación que determinarán el sentido del modelo de desarrollo. En cambio, cuando se trabaja el eje “popular”, lo que se obtiene es más bien el territorio de la política; la organización vecinal, barrial y política tradicional serán los escenarios en los que se disputa a través de discursos y de acciones concretas el grado de articulación que las organizaciones tendrán entre ellas y cómo eso marcará su relación con el gobierno y con Estado, así como el modo en que ingresarán o no a formar parte del gobierno. Las medidas corporativas en cierto sentido hacen parte de la manera popular de crear hegemonía. Pero también la hegemonía es la forma horizontal en la que las organizaciones comparten una idea en común de transformación. Esto dura mientras lo que se busca pueda ser gestionado y resuelto. Por ello, las políticas que atienden al lado popular son episódicas y programáticas; la articulación popular dura el tiempo necesario para gestionar la necesidad. Una vez resuelta la demanda, la articulación se disuelve. Es el sentido nacional lo que permite su prolongación en el tiempo y que, además, se irradie a todo el territorio.

En este sentido, una razón popular es el modo en que el poder político construye una agenda política de demandas, que en cierto modo tienen el objetivo de reconstruir el tejido social. En cambio, la razón nacional permite realizar la gestión plural del conocimiento, que tiene que ver con la identidad de la población que habita el territorio, el conocimiento sobre el destino de cada comunidad que lo conforma y la manera en que existe reconocimiento inclusión y participación de cada sector en el destino de aquello que llaman “nación”.

En la suma de estas dos razones, cuya finalidad es la gestión estatal, se encuentra la “razón plurinacional”. Es el paso superior en la formación de una identidad colectiva que tenga también delimitado el brazo político para la confrontación con los adversarios y pueda, así, realizar el ejercicio de la movilización política en defensa de sus intereses. Pero la razón plurinacional también es la agregación simbólica de las identidades bajo sus signos, sueños, anhelos y características representativas. Incluso es la inclusión a nivel discursivo, porque existen dentro de la retórica gubernamental y son presentados como explotados, expropiados, relegados, del pasado. Su visibilidad responde sólo a un instante de mitificación de su pasado. Luego, en los hechos, su inclusión dentro de los procesos gubernamentales de toma de decisiones es escasa o meramente anecdótica.

Pensar y resolver las construcciones de la razón plurinacional a lo largo de veinte años en un Estado como el boliviano es el sentido de este texto, bajo el propósito de reflexionar y problematizar cuestiones que parecen resueltas desde la propuesta de un “gobierno de los movimientos sociales” o que incluso parecen superadas toda vez que se nombra a lo “plurinacional” como una comunidad de destino que tiene la labor de articular lo popular, lo nacional y el contexto internacional dentro de un mismo proyecto político.

Si la modernidad era la aceleración, el progreso, el desarrollo, la superación de las desigualdades, y la homogeneidad económica y cultural, dentro de un relato que colocaba a los actores políticos como sujetos individuales cuyo fondo histórico era similar sólo en el momento de la recuperación de la democracia frente a la dictadura, la posmodernidad, demuestra la crisis del relato del progreso y coloca a la homogeneidad cultural y económica en crisis. Revela, por un lado, la diversidad de maneras en que los ciudadanos, organizaciones y barrios concurren al mercado. Y cómo al hacerlo transforman la propia dinámica del mercado, lo cual, a su vez, transforma sus identidades. Y, por otro lado, presenta que las luchas políticas constituyen un campo de disputa no sólo alrededor del excedente, sino de la presencia en el relato del poder. Cada sector pretende, ahora sí, contar su propia historia y no dejarla en manos del Estado o del gobierno como sucedía en los momentos altos de la modernidad. Ello trajo otra consecuencia, muy propia de la posmodernidad: la disolución del pacto social y la erosión del pacto jurídico alrededor del Estado de derecho.

En primer lugar, la disolución del pacto social genera que la comunidad política se fragmente. El sentido de pertenencia paradójicamente se multiplica y cada sector narra su historia; los lugares comunes de la modernidad no sólo entran en crisis, sino que son deslegitimados. Así, la nación, lo popular, la educación, el progreso, la mercantilización de los recursos naturales y la comunicación entre ciudades al interior del Estado quedan fraguados por otras experiencias que detonan la sentencia de que cada recurso, simbólico, material y natural ya no pertenece al Estado, sino a la comunidad en la que éste está presente o se produce.

Esta dinámica conlleva al segundo lugar del movimiento de fragmentación derivado de la “propuesta de razón plurinacional” desde arriba. La erosión del pacto jurídico no sólo tiene que ver con la querella que se realiza hacia el marco normativo que se traduce físicamente en la Constitución Política del Estado. Está anclada sobre todo en el espíritu que soporta ese cuerpo. Esto quiere decir que se cuestiona el sentido final de los derechos. Derechos que responden al sostén de la paz, la seguridad y el progreso, o derechos que ante todo cuidan, protegen y promueven a las organizaciones, barrios, vecinos, comunidades indígenas y campesinas. Tal tensión se resuelve no sólo dentro de la imaginación política ni dentro de la arquitectura constitucional. Más bien lo hace desde las calles.

Ésa es otra de las consecuencias de la paradoja de la propuesta de la razón plurinacional desde arriba. Así, se señala que la propuesta de razón plurinacional desde arriba es la instrumentalización gubernamental de luchas políticas por la diversidad. Es la manifestación de indicadores, proyectos, escalas, modelos prospectivos, encuestas, índices, tablas econométricas, variables que intentan representar (o subsumir) lo plurinacional a un modelo de gestión.

En cambio, la propuesta de razón plurinacional desde abajo no es tan programática. Es la demanda por reconocimiento e inclusión en los procesos políticos y gubernamentales de toma de decisiones sobre el territorio. Es la forma en la que se dispone la presencia de sectores excluidos al interior del Estado. Es la propuesta de construir otra forma estatal y otra manifestación jurídica. Y sobre todo, no es la simple articulación social y el reconocimiento plural de las identidades, es más bien, la manera en que esas identidades dentro de un territorio y dentro de un sistema de gobierno, tienen capacidad táctica y estrategia de realizar la política según sus usos y costumbres. Es también la delimitación de que lo plurinacional es un modo de ejercer los derechos políticos, civiles y económicos dentro de una comunidad cultural que se convierte en una instancia más en el desarrollo de las capacidades de las personas, antes que ciudadanos. La política en ese sentido no se termina en el escenario de lo gubernamental. Lo gubernamental es una instancia más, así como las calles, plazas y carreteras. Es una arena política en la que se discuten, piensan y resuelven los problemas. Y se lo hace sin agenda ni programa prefabricado. Por eso la lógica de la política en las calles, plazas y carreteras se dilata en el tiempo, mientras que la lógica de la política gubernamental (aquélla que sucede en ofi cinas y salones del gobierno), reduce el tiempo.

Por ello, la razón plurinacional, es cierto sentido, en lugar de ampliar los espacios para la deliberación colectiva, los restringe y los vigila. Pero la razón plurinacional también tiene la virtud de desarrollar a nivel discursivo una estrategia en la cual usurpa las demandas sociales para procesarlas al interior del gobierno y devolverlas, a través de los aparatos de comunicación del Estado, en aparentes políticas públicas inclusivas, revolucionarias y emancipadoras.

Para dar fin a este preámbulo, también es necesario señalar que la razón plurinacional tiene la capacidad de, en apariencia, ser incuestionable, porque cambia el sentido de las palabras. Ir en contra de lo plurinacional es estar en contra de lo popular y en desmedro de lo nacional, cuando, en realidad, lo nacional y lo popular ocurren siempre en su articulación a ras del piso, es decir, en la movilización y en la respuesta contraria hacia lo que el gobierno determina como política pública. En ese sentido, la razón plurinacional no sólo termina por ocurrir en ese arriba gubernamental, sino que determina la acción de los sectores subalternos. Y por ello, el gobierno, que aparenta ser Estado, es el gran promotor de los momentos de crisis y conflicto.

El conflicto y la crisis le han servido al gobierno para construir hegemonía política y económica, pero no cultural, y con el tiempo lograron determinar cierto grado de independencia y autogestión de las organizaciones barriales, vecinales, campesinas e indígenas, que se van desmarcando del proceso de razón plurinacional del gobierno, pero no de la propuesta de razón plurinacional que gestaron desde abajo. Y finalmente, el conflicto y la crisis también sirvieron para que pudieran surgir otras organizaciones e identidades políticas y sociales que disputan el relato y su sentido al gobierno.

CONSTATACIÓN GENERAL

La razón plurinacional, entonces, es un el eje articulador de las demandas de organizaciones campesinas e indígenas tanto de tierras altas como de tierras bajas. Son demandas que surgen desde abajo y son procesadas por el sistema político, que en realidad también funciona como sistema de partidos, dado que tras la aprobación del texto constitucional por la vía de referéndum el 22 de enero de 2009, se ha consolidado de forma aparente una de las premisas de las movilizaciones sociales que han acompañado la búsqueda, captura y recuperación de la vida democrática del país.

Desde 1979, año en que se funda la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), a través de sus congresos políticos, los indígenas campesinos manifestaron su autonomía frente al sector obrero, y por ello propusieron un modelo de gestión que atendiera también a la visión de país agrario y organizador de ecosistemas complementarios, que era y aún sigue siendo Bolivia. Fue en ese contexto que las reivindicaciones indígenas y campesinas se nutrieron del debate social del socialismo, pero se desmarcaron de él porque la realidad que vivían no era la de la modernidad de la fábrica, salarios y horarios. Lo suyo estaba ligado a la colonia, al pasado de explotación de la hacienda, a los modelos precapitalistas de construcción de una economía, y por supuesto de constitución de subjetividades políticas. También era, si bien no una ramificación del feudalismo, sí un sistema de bienes que se intercambiaban según su valor simbólico, dejando el valor de cambio al margen de la transacción. Por ello, también sus necesidades básicas eran otras, que no cuadraban con la norma sindical de raíz minera.

Esto pasó a ser un proceso político de tensión constitutiva del campo político, porque aparecieron tres fuerzas claramente definidas: los mineros, los campesinos y los partidos políticos. Las alianzas entre unos y otros ciertamente sucedieron, pero con resultados diferentes y poco satisfactorios para todas las partes involucradas. En la política de gestación que se desarrollaba en Bolivia al calor de la democracia, uno de los sujetos quedaba como ganador, mientras los demás eran replegados en sus demandas, optando por la movilización como medida de presión.

Las políticas de ajuste estructural de mediados de los ochenta transformaron la configuración regional y salarial del sector campesino. Pero también dotaron de una nueva matriz política y simbólica a los que en otro tiempo fueron mineros, y, tras las reformas, éstos tuvieron que convertirse en trabajadores agrarios ligados al mundo de la coca en el trópico del Chapare, en el departamento de Cochabamba. Esto derivó por su parte, en nuevas identidades locales que se organizaron en defensa de la hoja de coca y construyeron organizaciones políticas que en principio defendían la comercialización, y luego entablaron relaciones de fuerza con los distintos gobiernos al proponer modelos económicos que fueran más allá de las políticas neoliberales.

Bajo ese techo de acciones individuales y colectivas es que se ingresa a periodos de conflicto y movilización de sectores campesinos, tanto de tierras altas como de tierras bajas. Se cuestiona el modelo económico, pero también la forma de representación política. Se ajustan cuestas con los partidos políticos y se organiza un sistema de alianzas y reconocimientos entre organizaciones de todo el país, con la finalidad de construir un bloque hegemónico frente a los partidos políticos. La lucha no se desarrolló solamente en las calles y carreteras por medio de bloqueos, marchas, vigilias y enfrentamientos, sino que también se trasladó el debate a instancias gubernamentales en las que las organizaciones sociales indígenas y campesinas presentaron propuestas particulares sobre los problemas que atravesaba el país. Se conformó una comisión para pensar el país y su organización territorial, económica, jurídica y cultural.

Es así que, para 2006, el trabajo realizado por el Pacto de Unidad se cristalizó en una propuesta presentada a la Asamblea Constituyente, en la que se proponía, entre otras cosas, ir “construyendo un nuevo país fundamentado en los pueblos como sujetos colectivos, hacia la construcción de un Estado Plurinacional que trascienda el modelo de Estado liberal y monocultural cimentado en el ciudadano individual” (^{Garcés, 2012}). Para aterrizar un momento sobre esta problemática trabajaremos el vivir bien en comunidades indígenas de San Ignacio de Mojos (Beni), afiliadas a la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB).

SAN IGNACIO DE MOJOS, LAS FACETAS DEL VIVIR BIEN

Serán dos los lugares que analizaremos: el Territorio Indígena Mojeño-Ignaciano y el Territorio Indígena Multiétnico.

RAZÓN PLURINACIONAL

Ahora bien, finalmente, se presenta la condición en que la razón plurinacional ya no es una propuesta más dentro del repertorio de acciones colectivas y discursivas de un gobierno. La razón plurinacional se convierte en un dispositivo de dominación y de gestión del territorio que va más allá de la consolidación de la hegemonía, porque la hegemonía, después de todo, no es sino, la traducción de un interés particular en uno general. Pero la razón plurinacional es un programa político de organización de vida cotidiana de los sujetos políticos y sociales, dentro de un escenario territorial en el que la economía guarda relación con su sostenibilidad y aceptación.

Por ello, el Gobierno trabaja cada necesidad con actores específicos, para que a la larga cada parte de la negociación se ensamble con la siguiente y al unir las piezas todo coincida. Es un trabajo estratégico, en el que los operadores políticos usan recursos de distinto tipo a lo largo del tiempo de las negociaciones. Así, una estrategia funciona en tierras altas y otra en tierras bajas. Los dirigentes no se conocen entre sí en las reuniones oficiales, pero sí en reuniones territoriales. Aun así, la desvinculación es importante, porque hay cierta sensación de incertidumbre (y miedo) de que, si se unen fuerzas entre comunidades indígenas o campesinas, perderán aquello que por separado pretenden obtener.

Una lógica similar es la que se trabaja con los programas de desarrollo departamentales. Cada departamento parte de la noción de que busca satisfacer los intereses de su región y por ello gestiona recursos con el Gobierno. Pero es el gobierno el que primero gestionó los recursos, proyectos y programas de ayuda con los municipios que componen cada departamento. Así se logra desplazar la querella de lo gubernamental-departamental a lo departamental-municipal. Esto ocurre generalmente en los sitios en los que el bloque de dominación del partido de gobierno domina el departamento, pero no los municipios, o a la inversa, controla los municipios, pero no al gobierno departamental.

Cuando se habla de razón plurinacional, entonces, parecería que se habla de superar etapas y de saltar espacios de responsabilidad política y de gestión administrativa. Lo importante ya no es el territorio, sino los sujetos políticos que componen dicho territorio. Esto en otras palabras quiere decir que la política pasa a ser accionada ya no entre instituciones, sino entre personas concretas. Personalizar la acción política gubernamental tiene una condición que, en realidad, más que resultado es un efecto de las políticas de participación popular de mediados de los años noventa. El recurso de la participación popular fue acercar al dirigente político a las bases sociales para elevar el índice de representatividad política de los partidos políticos en cada región, departamento y municipios. Para ello se gestaron las circunscripciones uninominales. Entonces, el diputado uninominal tenía la pretensión de ser una persona reconocida en el barrio y en la zona, ya sea por logros económicos o por su carácter personal o liderazgo. Sin embargo, pasados los años, los conflictos y las reorganizaciones constitucionales, el sistema de representación adquiere una nueva práctica. La persona es más importante que el partido, que su región y su circunscripción, y se autoconstituye como voz valida en cada negociación y en cada instancia de toma de decisiones.

El modelo político es personalista, con el agregado de que está validado por la constitución y el propio lazo social que se construye entre el partido de gobierno y el representante; al mismo tiempo, es en la vida cotidiana (espacio en que se visibilizan, resuelven y gestionan las necesidades básicas) que el dirigente, en tanto representante, pero también como sujeto político, captura para sí el relato de la región y lo sostiene bajo sus propias premisas. Estas premisas reproducen la retórica gubernamental, desdiciendo en muchos casos la propia historia de la comunidad, municipio y región.

PERSPECTIVAS SOBRE EL PRESENTE Y PROGRAMAS SOBRE EL FUTURO

El presente para la organización social se convierte en una incertidumbre. No es necesariamente la incertidumbre propia de la crisis que da oportunidad a nuevas configuraciones y a replantear el horizonte de las demandas y sus luchas; más bien es la incertidumbre que queda tras reconocer que el efecto de la plurinacionalidad como razón de Estado fue borrar las diferencias para implantar un modelo de gestión territorial y cultural que bien puede resultar colonial, pero que también manifiesta un afán hegemónico, entendiendo la hegemonía no como un proceso sostenido y sometido siempre a escrutinio y debate, sino, como constitución de un núcleo común capaz de pensar por los otros.

Aquí, la comunidad imaginada no ocurre desde abajo. Se imagina la comunidad desde el museo, desde el relato de la historia, desde la creación de los contenidos pedagógicos y los símbolos que se exhiben y desde la construcción del adversario: nación/antinación; popular/élite. Pero la posesión de esta construcción de la comunidad imaginaria queda en manos de las tecnologías institucionales del gobierno. La planificación estratégica y el diseño global del sentido de lo propio es uno más de los indicadores del desarrollo.

El buen vivir, lo plurinacional y la resolución de la conflictividad es en conjunto una reserva moral del gobierno, un imaginario sobre el cual se sostiene en el tiempo. Y mide desde esa dimensión la relación con las organizaciones, movimientos, barrios, vecinos y ciudadanos. En ese sentido, la militancia dentro del partido califica el grado de adscripción hacia el sistema, y, por ende, sobre las reformas. La militancia se convierte en el eje sobre el cual la razón plurinacional actúa y se prolonga en el tiempo. Mientras más militancia haya, menos fi suras tendrá la propuesta de razón plurinacional desde arriba para actuar y ejercer su dominación.

Así, entonces, se tiene que, en cuanto a modelo de organización política, lo plurinacional responde más a un esquema ejecutivo de administración que a un modelo de gestión gubernamental que atienda las diferencias. La razón plurinacional define las diferencias para, una vez marcadas y nombradas, eliminarlas del debate, dada su existencia y reducción a un modelo de progreso y desarrollo que coloca el bien estatal sobre los distintos gobiernos regionales, municipales y comunidades autónomas campesinas, donde lo autónomo está supeditado a su relación con lo propuesto con el gobierno.

Sobre los programas del futuro, hay una condición plurinacional que es importante sostener dado que el modelo de relación recursos naturales-comunidad no funciona del mismo modo en todo el territorio boliviano. La complejidad está en que las tierras altas funcionan con lógicas de acción diferentes a las de tierras bajas. Cada modo de organización responde a su contexto de formación, a la geografía, a la tradición en su relación con el gobierno y el modo en que sus dirigencias han trabajado con los diferentes partidos políticos. Cada localidad, cada asentamiento y comunidad, obtiene las razones de su accionar por procesos de participación no tan similares ni tan sostenidos en el tiempo. Sin embargo, con la forma plurinacional de tratamiento sobre la diferencia organizativa y la gestión de los recursos, lo que se tiene es una identificación hacia arriba.

Es un paraguas que contiene la diferencia y la soporta, pero que, cuando los tiempos se dilatan, ejerce un principio que no es otro que el de la gestión indicada a través de eficiencia y eficacia. Dichos criterios, no está demás decirlo, no responden a las comunidades. Para las comunidades, la eficiencia de una decisión se verifica en el tiempo y la eficacia se evalúa sobre los resultados. En cambio, dentro del orden estatal, eficiencia y eficacia se miden como indicadores de la gestión y el uso apropiado de recursos. Es efectiva y valorada una gestión gubernamental cuando eficiencia y eficacia se cumplen en su totalidad.

Por ello, las asambleas, reuniones, cumbres territoriales y cabildos se soportan y se promueven. Se genera el principio de la diferencia y se promueve su existencia. Pero cuando estas instancias no logran consolidar una propuesta o un requerimiento es que interviene el gobierno con estadísticas, tablas, formulas y procedimientos. Se reduce la diversidad de intereses a factores como sostenibilidad y pertinencia. Al hacerlo, ya es otro tiempo político el que se desarrolla, porque no se condiciona la gestión de la comunidad, si no la del gobierno central.

El programa de lo plurinacional tuvo como su centro la constitución de un nuevo mapa político del Estado boliviano. La nueva constitución del Estado es una consecuencia de esa propuesta, porque debía dar espacio a nuevas clasificaciones de los sujetos políticos y las organizaciones políticas que en principio pudieran ser reconocidas jurídicamente para participar en elecciones libres y competitivas, con la finalidad de conformar en espacios regionales, municipales y cantonales, el sistema de toma de decisiones legalmente constituido en Bolivia. Pero, también, dotar de las herramientas con la más amplia pluralidad posible, para que las organizaciones puedan decidir sobre el destino de los recursos naturales existentes en sus comunidades. Luego, para construir de forma consensuada de abajo hacia arriba el marco de los programas de desarrollo del país, y así consolidar una estrategia, no para apuntalar el decrecimiento, pero sí para sostener una alternativa al desarrollo a través del modelo del vivir bien.

Junto a esto, el vivir bien significó una reivindicación nacionalista de las identidades y su organización dentro del Estado moderno. Se ejercitó un mecanismo ambiguo y paradójico entre economía de libre mercado, múltiples identidades, reconocimiento e inclusión de las diversidades, pero, como parte del desarrollo del multiculturalismo, también se viabilizó el horizonte para que sea el Estado, a través del gobierno, quien pudiera gestionar todas las diferencias.

Las diferencias ya no se resuelven en el territorio en el que suceden o entre las partes involucradas. Las diferencias pasan a ser construidas como un concepto que flota dentro de un andamiaje que siempre es móvil y transitorio. Es así porque la principal propuesta es superar la faceta neoliberal del país. La nacionalización de los recursos naturales y la creación de un plan de educación que responda a esta necesidad se centra en el aspecto del relato de la historia en el que ahora figuran nuevos rostros y nuevas confrontaciones territoriales. Se resta visibilidad a la élite y se pone el acento en la mirada y en la acción de los subalternos. Junto a esto, lo plural en términos de ejercicio del poder queda enmarcado en la Constitución Política del Estado. La libertad de acción que antes tenían derivada del convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) queda en suspenso en bien de la constitución.

Así, el Estado de derecho pone como razón jurídica una constitución. Y si bien la constitución actual responde a un proceso constituyente, las mismas organizaciones reconocen que mucho de lo que estuvo alguna vez escrito en los borradores de la constitución al calor de la Asamblea Constituyente, hoy ya no fi gura en ninguna sección del documento constitucional.

Si bien esto puede dar cabida a otro tipo de debate analítico, lo que presenta es un estado de situación sobre la propuesta de razón plurinacional desde arriba, en franca oposición a la propuesta de razón plurinacional desde abajo. Por tanto, si la cuestión se centra en simplemente su reconocimiento e inclusión dentro de los procesos formales de toma de decisiones, no se trata de un tema de diversidad cultural. El verdadero problema se encuentra en la construcción del marco normativo que propone la plurinacionalidad como comunidad de destino y no como sentido de pertenencia.

Finalmente, éste es el escenario de disputa simbólica que a la larga es el espacio en el que también lo material se discute y define. Cuando la plurinacionalidad se define como comunidad de origen, se entiende que la pregunta central es sobre el futuro y el modo en que se puede organizar la diversidad para alcanzar dicho futuro. Se presentan las maneras de trabajo, gestión y organización existentes hasta el momento, y se ensamblan con las demás. Se parte del principio de que esas prácticas culturales, económicas y sociales ya están validadas en y por el tiempo. Y desde ahí se deben proyectar hacia el futuro. Cuando la plurinacionalidad ocurre como comunidad de destino, se fuerzan las diferencias, pero dentro de un esquema normativo de trabajo jurídico y territorial. Esto quiere decir que las diferencias se promueven, pero sólo dentro de una instancia en que el diagrama del futuro Estado ya está confeccionado desde las propias instancias de gobierno. Para la primera, el principal problema es la complementariedad, y cómo ella está liberada de trabas jurídicas, económicas, impositivas y territoriales; para la segunda, el principal problema es convertir en indicador económico una relación social, un símbolo cultural y un relato comunitario.

En un tiempo político en el que todo pasa por la estadística y por la cuantificación, la plurinacionalidad como comunidad de origen no tiene razón de ser, dada su porosidad y su grado de múltiple significación. Así, por ejemplo, con el tema de la pobreza. Para la comunidad de origen, en términos de plurinacionalidad, la pobreza no existe, como tampoco existe el desarrollo, dado que la naturaleza provee de lo necesario para vivir, y si se necesitara un poco más, se puede comercializar el recurso natural, pero solo hasta cubrir la necesidad. No hay motivo para acaparar o acumular.

En cambio, cuando la pobreza como indicador económico y social de la comunidad de destino plurinacional es un índice, produce planes de apoyo, financiamiento, programas de fortalecimiento comunitario e investigaciones de escritorio en los que, por medio de encuestas, estadísticas y comparaciones con poblaciones de otros lugares del mundo, se confecciona una jerarquía de las poblaciones más o menos pobres del territorio estatal.

Así, un factor como “pobreza” puede ser evaluado, medido e imaginado como dos cosas totalmente diferentes y eso cuando hablamos de pobreza con las comunidades indígenas de tierras altas y bajas. Pero cuando se habla de pobreza en las ciudades, o en el eje troncal del país, la situación también es distinta, y más aún si se toma como otras variables para la recolección de información, la edad, el género, el sexo, el grado de poder adquisitivo o el nivel de escolaridad. Esto no significa entrar en el reino de lo relativo. Simplemente es mostrar como una razón de Estado como la plurinacional determina y detona muchas más fragmentaciones de las que en principio pretende superar o gestionar.

La razón plurinacional es un ejercicio de construcción colectiva dentro de la larga memoria de las organizaciones indígenas y campesinas, pero para el Estado y su representación gubernamental, se trata más bien de amplificar las condiciones burocráticas del Estado, con la finalidad de que la pluralidad de condiciones sociales y económicas sean capturadas y transformadas a criterios de eficiencia y eficacia medibles y verificables al término de cada gestión.

Por tanto, la democracia como estado de representación política no está en disputa. Tampoco el sentido electoral de conformación del sistema de partidos ni del régimen electoral. Lo que está en disputa es el vínculo que existe entre el gobierno y la propuesta de razón plurinacional desde arriba, y el que se da entre organizaciones y movimientos con la propuesta de razón plurinacional desde abajo. La democracia, en ese sentido, es el territorio en el que esa disputa sobre el sentido tiene lugar. La democracia es al final lo que sostiene ambos proyectos, y lo que al final condiciona la vida cotidiana de la ciudadanía y la manera que tiene de resolver la gestión de sus necesidades básicas.

Si acaso se suspendiera la democracia, el sentido de lo plurinacional dejaría de debatirse y dejaría de ser importante, porque lo que empezaría a primar sería una vez más la gestión del modelo económico. En ese instante, las identidades colectivas e individuales dejarían de importar y la pregunta sería más bien cómo, desde la diferencia, se genera desarrollo y de qué manera se aporta al crecimiento y progreso económico. La plurinacionalidad tiene vigencia en tanto la democracia que la sostiene sea capaz de articular ambas propuestas y las dilate en el tiempo, resolviendo antes las cuestiones meramente reivindicativas y dejando para después las medidas estratégicas.