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INTRODUCCIÓN
Bolivia se encuentra próxima a cumplir 200 años de independencia. A lo largo de su historia republicana, pocos temas han marcado tanto la agenda nacional como el derecho de acceso al mar. En 1879, sin declaración de guerra, Chile invadió las costas bolivianas en el Océano Pacífico, iniciando un conflicto cuyas consecuencias aún perduran. Desde entonces, la disputa marítima ha sido objeto de narrativas divergentes, y en el caso chileno, se han construido mitos para justificar la invasión y desestimar la existencia de un tema pendiente entre ambos países.
En particular, tres mitos han sido recurrentes. El primero sostiene que Bolivia nunca tuvo acceso al mar, argumentando que el desierto de Atacama fue siempre territorio chileno. El segundo afirma que el Tratado de 1904 resolvió definitivamente la cuestión marítima, eliminando cualquier posibilidad de negociación futura. Finalmente, el tercero se basa en el fallo de 2018 de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, interpretándolo como el cierre definitivo de la reclamación boliviana y reduciéndola a una simple “aspiración” sin fundamento jurídico.
Este trabajo examina críticamente estos mitos y demuestra su falta de sustento a través del análisis histórico, documental y cartográfico. Para ello, en primer lugar, se presenta el contexto histórico del diferendo entre Bolivia y Chile. Posteriormente, se explica la metodología aplicada para la investigación. Luego, se analizan los argumentos detrás de cada mito y se los contrasta con evidencia histórica y jurídica. Finalmente, se exponen las conclusiones, reafirmando la vigencia de la demanda marítima boliviana y la necesidad de desmontar estas narrativas.
CONTEXTO HISTÓRICO
Para comprender la dimensión del diferendo marítimo entre Bolivia y Chile, es fundamental analizar su evolución histórica. Bolivia nació como república en 1825, heredando de la Audiencia de Charcas el desierto de Atacama y su costa en el océano Pacífico, conforme al principio del uti possidetis juris de 1810. De hecho, en 1828, habilitó el puerto de La Mar para el comercio internacional, consolidando su soberanía en la región.
No hubo reclamaciones territoriales chilenas hasta 1842, cuando el gobierno de Manuel Bulnes promulgó una ley administrativa que incluyó a Atacama como parte de Chile. Para reforzar su posición, Chile creó la provincia de Atacama, a pesar de que sus primeras constituciones no reconocían ese territorio como propio. La motivación detrás de esta anexión unilateral fue económica: en la década de 1840 se descubrieron ricos yacimientos de guano en la costa boliviana, recurso altamente demandado en Europa. Ante esta oportunidad económica, Chile reclamó derechos sobre la explotación de estos depósitos, en especial los de Mejillones.
El gobierno boliviano respondió enviando una misión diplomática a Santiago, encabezada por Casimiro Olañeta, con argumentos históricos, jurídicos y cartográficos. Sin embargo, Chile evitó dar respuestas claras y, en la década de 1860, sostuvo oficialmente que Atacama siempre había sido parte de su territorio (Pereira, 1990). En 1863, ante la falta de una solución negociada, el Congreso boliviano autorizó al Ejecutivo a declarar la guerra si Chile no desistía de su infundada aspiración territorial. No obstante, la Guerra Hispano-Sudamericana, desencadenada por la ocupación española de las islas Chincha en el Perú, postergó la ejecución de esta medida.
En 1866, Bolivia y Chile firmaron el primer tratado de límites, fijando la frontera en el paralelo 24° y estableciendo la explotación compartida del guano entre los paralelos 23 y 25. Sin embargo, lejos de resolver el conflicto, este acuerdo generó nuevas disputas (Querejazu, 2009). En 1874 se renegoció el tratado, manteniendo la frontera en el paralelo 24, limitando la medianería al guano de Mejillones y estableciendo que Bolivia no impondría tributos adicionales a ciudadanos o empresas chilenas en territorio boliviano por 25 años.
Cuatro años después, en 1878, Bolivia aprobó una contribución de 10 centavos por quintal de salitre exportado para la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, de capitales británicos y estadounidenses. La empresa, en lugar de recurrir a tribunales bolivianos, pidió la intervención de Chile, que alegó una violación al tratado de 1874. Aunque la empresa aún no tenía capitales chilenos, Chile utilizó este conflicto como pretexto para invadir Antofagasta el 14 de febrero de 1879, sin declaración de guerra (Rojas, 1977).
En virtud del tratado de alianza defensiva con Perú, de 1873, el país incaico también entró en la Guerra del Pacífico. Aunque el salitre boliviano fue una causa inicial del conflicto, Chile tenía un mayor interés en los yacimientos de Tarapacá, en Perú (Gutiérrez, 2012). Tras su victoria, Chile firmó en 1883 el Tratado de Ancón con Perú, anexando Tarapacá y estableciendo que el destino de Tacna y Arica se decidiría mediante un plebiscito. Bolivia, con menos margen de negociación, suscribió en 1884 el Pacto de Tregua, que otorgaba a Chile la administración temporal del litoral boliviano e imponía restricciones comerciales, conocidas como el “dogal aduanero”.
En 1895, Bolivia y Chile firmaron acuerdos que proponían transferir Tacna y Arica a Bolivia si Chile ganaba el plebiscito, o cederle una franja en el norte de Chile si lo perdía. Sin embargo, el Congreso chileno no ratificó completamente estos tratados. Finalmente, en 1904, ambos países firmaron un tratado definitivo: Bolivia cedió su litoral a cambio de una compensación económica y la construcción de un ferrocarril entre Arica y La Paz, además de un régimen de libre tránsito para su comercio. No obstante, Bolivia nunca renunció a su derecho de acceso soberano al mar (Escobari, 1988).
A lo largo del siglo XX, Bolivia buscó negociaciones con Chile para obtener una salida soberana al Océano Pacífico. Destacan los acercamientos de 1926, 1950, 1975 y 1985, en los que Chile aceptó dialogar (Abecia, 1986). Sin embargo, desde fines de los años ochenta comenzó a sostener que no existía un tema pendiente con Bolivia. Pese a ello, las negociaciones continuaron, como en la agenda de los 13 puntos a principios del siglo XXI, donde se incluyó explícitamente la cuestión marítima. Al no obtener avances, Bolivia presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en 2013 para obligar a Chile a negociar.
El 1 de octubre de 2018, la Corte determinó que Chile no tenía obligación jurídica de negociar, aunque reconoció que ello no impedía futuras conversaciones bilaterales. Este fallo reforzó la necesidad de continuar la reivindicación marítima por otros medios diplomáticos.
METODOLOGÍA
El presente estudio adopta un enfoque cualitativo y multidisciplinario, que integra análisis histórico, documental y jurídico para desmitificar la narrativa chilena sobre el tema en cuestión. En ese sentido, la investigación se organiza en torno a tres ejes fundamentales: i) el análisis de fuentes primarias, ii) la revisión crítica de la literatura académica relevante y iii) el examen de los marcos jurídicos internacionales aplicables.
En el análisis histórico, se realiza una revisión exhaustiva de los acontecimientos clave en la relación marítima entre Bolivia y Chile. Esto incluye no solo los eventos que dieron origen a la Guerra del Pacífico, sino también las negociaciones y tratados posteriores, así como los cambios políticos, sociales y diplomáticos que han influido en la cuestión marítima a lo largo del tiempo. El enfoque de este análisis se centra en identificar las narrativas históricas dominantes, contrastándolas con fuentes documentales originales, como tratados, correspondencia diplomática e informes oficiales, con el fin de detectar posibles distorsiones o simplificaciones. Este proceso permite resaltar los elementos clave que siguen influyendo en la disputa en la actualidad.
Por su parte, la base documental del estudio incluye, en primer lugar, los tratados bilaterales firmados entre Bolivia y Chile, particularmente el Tratado de 1904, que resolvió formalmente la disputa territorial, pero que no puso fin a la controversia sobre el acceso soberano al mar. Además, se revisan los fallos judiciales internacionales más relevantes, como los de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), así como documentos oficiales de los gobiernos de ambos países, que proporcionan el contexto político y legal de las decisiones tomadas. A través de este análisis documental, se busca identificar los puntos de conflicto en la interpretación de los acuerdos, los elementos que han sido interpretados de manera controversial y los factores subyacentes que han perpetuado las posturas contrapuestas entre ambos países.
Finalmente, el análisis jurídico del estudio se enfoca en el marco jurídico internacional aplicable a la disputa, poniendo especial atención en los principios del derecho internacional que regulan el acceso al mar, la soberanía territorial y la resolución de disputas internacionales. Se examinan los fallos de la Corte Internacional de Justicia, especialmente el fallo de 2018, que estableció que Chile no tiene la obligación jurídica de negociar un acceso soberano al mar con Bolivia. Además, se analizan los argumentos presentados por las partes ante la Corte, lo que permite evaluar la validez jurídica de los reclamos de Bolivia sobre su derecho al mar, así como las implicaciones legales de las decisiones tomadas en estos foros internacionales. Este análisis jurídico proporciona una comprensión más profunda de cómo las resoluciones judiciales han influido en el desarrollo de la disputa y en las posturas legales de ambos países.
MITOS CHILENOS
Una vez comprendida la metodología aplicada, se procede a analizar tres mitos recurrentes en la narrativa chilena sobre Bolivia y el mar. Estos mitos han jugado un papel fundamental en la construcción de una visión oficial que busca justificar la pérdida del acceso soberano al mar por parte de Bolivia. Al desentrañar y desmitificar estas narrativas, se pretende no solo corregir interpretaciones históricas erróneas, sino también proporcionar una base sólida para una discusión más precisa sobre el derecho de Bolivia al mar.
LA SOBERANÍA BOLIVIANA SOBRE LAS COSTAS DEL OCÉANO PACÍFICO
Las fronteras entre Bolivia y Chile han sido objeto de debate histórico, especialmente en relación con el acceso soberano de Bolivia al mar antes de la Guerra del Pacífico (1879-1884) y las consecuencias de dicho conflicto. Uno de los principales mitos promovidos por la historiografía chilena es la afirmación de que Bolivia nunca tuvo acceso soberano al mar desde su nacimiento como Estado independiente. Este argumento se originó en 1863, cuando Miguel Luis Amunátegui, político e historiador chileno, sostuvo que Bolivia nunca tuvo derechos sobre el desierto de Atacama ni su costa en el Océano Pacífico (Pereira, 1990).
La base de este mito radica en un mapa de 1793 elaborado por el cosmógrafo Andrés Baleato, por orden del virrey del Perú, Francisco Gil de Taboada, donde el desierto de Atacama aparece como parte de la Capitanía General de Chile. Sin embargo, como lo demuestra Oblitas (1978), existe una gran cantidad de mapas y documentos de la época que contradicen esta afirmación. Entre dichos documentos, se encuentran las cartas de Pedro de Valdivia, Gobernador de Chile en la época colonial, en las cuales se afirma que el principio de su territorio administrado se encuentra pasando el gran despoblado de Atacama. A esta documentación se suman las Leyes de Indias, especialmente la Ley IX de la Recopilación, que establece con claridad la jurisdicción de la Audiencia de Charcas, incluyendo su acceso al Océano Pacífico.
A pesar de esta evidencia, los historiadores chilenos continúan apoyando la versión de Baleato. Sin embargo, el cartógrafo mismo rectificó su error en 1796, cuando en su mapa del Perú y en sus apuntes sobre las divisiones políticas del Virreinato del Perú, afirmó que “la Intendencia de Potosí incluye el Partido y Desierto de Atacama, cuyos surgideros son Cobija, Mejillones y Paposo en esta mar” (Baleato citado en Pereira, 1990, p. 131). Esta rectificación demuestra que la interpretación inicial de Baleato era incorrecta, pero el mito persiste en la historiografía chilena.
Un ejemplo reciente de cómo este mito sigue presente en el imaginario chileno es un artículo del periódico digital El Quinto Poder, titulado “Mar para Bolivia ¿Lo tuvo alguna vez?”, en el contexto de la demanda marítima boliviana ante la Corte Internacional de Justicia. En este artículo se citan varios episodios coloniales para argumentar que el Alto Perú no tenía relación con la costa del Pacífico. Por ejemplo, se menciona al historiador Villalobos, quien sostiene que, en 1810, Charcas carecía de litoral y que Chile limitaba al norte con la jurisdicción de Lima (Villalobos, 2003, citado por El Quinto Poder, 2018).
Sin embargo, la principal crítica a este argumento radica en la interpretación selectiva y errónea de los mapas coloniales. Por ejemplo, el artículo señala la real cédula de 1552, que sitúa la frontera norte de Chile en Copiapó, lo cual no implica que Bolivia careciera de litoral. Además, el Tratado de Límites de 1866 entre Bolivia y Chile reconoció que ambas naciones creían poseer derechos legítimos sobre el territorio en disputa, lo que refuerza la idea de que Bolivia tenía fundamentos jurídicos para reclamar su soberanía en la zona.
Otra crítica relevante es que los documentos aludidos por la narrativa chilena no deben ser leídos fuera del contexto histórico de fragmentación del virreinato. Estos documentos no son pruebas concluyentes de la inexistencia de soberanía boliviana sobre el litoral, sino que deben interpretarse como parte de una compleja red de relaciones políticas y territoriales de la época colonial. En este sentido, el historiador chileno Martínez (2016) refuerza la idea de que Chile nunca tuvo un derecho legítimo sobre el territorio costero boliviano y que su anexión de la zona respondió más a intereses expansionistas que a un derecho soberano legítimo: “Los documentos investigados en el Archivo de Indias y otras fuentes revelan que Chile nunca tuvo derecho legítimo a los territorios marítimos disputados”.
Otro argumento utilizado para negar la soberanía boliviana sobre el litoral es la distribución departamental de Bolivia en el momento de su independencia. Se cita el artículo 3 de la Constitución boliviana de 1826, que establece los departamentos de Potosí, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro. Sin embargo, esta afirmación ignora que la administración territorial de la nueva república aún estaba en proceso de organización, y que Bolivia ya ejercía soberanía efectiva sobre la costa a través de la gobernación de Cobija, parte del departamento de Potosí.
Por otro lado, el historiador chileno Lagos (1966) argumenta que el desierto de Atacama era una región de soberanía difusa, con jurisdicciones superpuestas entre la Audiencia de Charcas y la Capitanía General de Chile. Lagos sostiene que, tras la independencia, Bolivia se apropió ilegítimamente de Cobija y su litoral. Sin embargo, los mapas de Baleato en 1796 y el Tratado de 1866 contradicen esta afirmación. Estos documentos confirman que Atacama pertenecía a la Intendencia de Potosí y, por tanto, a Bolivia.
La evidencia histórica y cartográfica respalda la soberanía boliviana sobre el Litoral antes de la Guerra del Pacífico. Bolivia poseía aproximadamente 400 km de costa, incluyendo Cobija, Mejillones, Tocopilla y Antofagasta, y ejercía soberanía efectiva sobre la región. La ocupación chilena de 1879, sin declaración formal de guerra, fue un acto de agresión que, pese a los intentos diplomáticos posteriores, resultó en la pérdida del acceso soberano al océano Pacífico.
El contexto de la guerra es clave para comprender la pérdida del Litoral boliviano. Como señala Guerra (2013), citando a José Martí, “Bolivia fue pretexto, con el cual se recogió de paso a Antofagasta; Perú, el objeto real, en el que se iban a saciar no tanto ansias de poseer las salitreras de Tarapacá, cuanto viejos celos y tenaces rencores” (p. 193). Este análisis muestra que la guerra fue impulsada por rivalidades históricas e intereses económicos, más allá de una cuestión de derecho soberano.
En conclusión, la soberanía boliviana sobre el litoral antes de la Guerra del Pacífico está respaldada por fuentes históricas y jurídicas. La ocupación chilena de 1879 no fue un acto legítimo, sino una agresión que condujo a la pérdida definitiva del acceso soberano de Bolivia al mar.
EL TRATADO DE 1904
Otro de los mitos más difundidos sobre la pérdida del acceso soberano al mar es la idea de que el Tratado de Paz y Amistad de 1904 puso fin definitivo al conflicto territorial y marítimo entre ambos países. Según esta visión, con la firma del tratado, Bolivia habría renunciado irrevocablemente a su litoral, eliminando cualquier base legítima para futuras reclamaciones. Desde la perspectiva chilena, el acuerdo estableció de manera clara y permanente los límites bilaterales, reconociendo la soberanía chilena sobre los territorios ocupados tras la Guerra del Pacífico (1879- 1884). Este argumento parte de la premisa de que los tratados internacionales son definitivos y deben ser acatados sin posibilidad de revisión.
Sin embargo, esta interpretación omite tanto el contexto en el que se firmó el tratado como la persistencia del reclamo boliviano a lo largo de los siglos XX y XXI. Lo cierto es que el Tratado de 1904 fue impuesto en condiciones desiguales, sin una verdadera capacidad de negociación y bajo la ocupación chilena del litoral desde el final de la guerra (Becerra de la Roca, 2004). Durante los 20 años transcurridos entre la firma del Pacto de Tregua de 1884 y el tratado definitivo de 1904, Bolivia estuvo severamente limitada en su margen de acción, debido a la política chilena de consolidación territorial y al dogal aduanero impuesto en el mencionado pacto.
El Tratado de Paz y Amistad, firmado el 20 de octubre de 1904, formalizó la cesión del litoral boliviano a Chile. A cambio, Chile se comprometió a garantizar el libre tránsito de mercancías bolivianas por sus puertos, particularmente en Arica y Antofagasta, y a financiar la construcción de un ferrocarril entre Arica y La Paz como forma de compensación. No obstante, el tratado no contempló ninguna restitución territorial.
Al respecto, el excanciller boliviano Javier Murillo sostiene que el acuerdo fue impuesto por la fuerza y sin un verdadero consentimiento por parte de Bolivia:
El problema es que es un tratado impuesto por la fuerza, por tanto, el libre consentimiento no existió, eso es cierto. Pero, en oposición a ese argumento, Chile puede decir: “¿Por qué entonces lo ratificó el Congreso de Bolivia y se cumplieron todos los pasos posteriores para evitar los vicios que podría tener el tratado?” Ahora todos sabemos que mediaba la violencia y la fuerza, las que llevaron a cumplir todos estos pasos; Bolivia no tenía otro camino. El país se resistió a firmar, por años, un tratado leonino como el de 1904, ese es un contexto que debe ser evaluado (Murillo, citado por Aguilar, 2012).
A pesar de las disposiciones del Tratado de 1904, Bolivia ha denunciado en reiteradas ocasiones su incumplimiento por parte de Chile, particularmente en lo referente al libre tránsito comercial. El diplomático boliviano Andrés Guzmán señala que
El artículo 3 es infringido por Chile al no garantizar el libre tránsito del ferrocarril, que en este momento ni siquiera funciona. Adicionalmente, existe una convención de 1905 que obliga a las partes a mantener el libre tráfico de la línea férrea a perpetuidad. El artículo 6 (que otorga “el más amplio y libre derecho de tránsito comercial a Bolivia”) también está siendo vulnerado debido a constantes paralizaciones en los servicios de los puertos de Arica y Antofagasta. Además, el artículo 8 establece que Chile debe otorgar a Bolivia las mismas facilidades que conceda a terceros países; sin embargo, ha brindado beneficios a Perú, como un malecón en Arica, una oficina aduanera y una estación de tren, mientras que éstos no han sido extendidos a Bolivia (Guzmán, citado en Aguilar, 2012).
Otro punto de controversia es la privatización de los puertos utilizados por Bolivia, lo que, según el ex canciller Murillo de la Rocha, constituye un caso único en la historia de tratados internacionales: “Es el único caso en la historia en que obligaciones pactadas en un tratado de paz y límites son privatizadas” (Murillo, citado en Aguilar, 2012).
Contrario a la idea de que el tratado resolvió de manera definitiva la cuestión marítima, Bolivia ha mantenido su reivindicación en foros internacionales. Desde 1920, ha llevado su demanda a la Liga de las Naciones, la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas y, más recientemente, la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
A lo largo del siglo XX, también hubo intentos de negociación. Uno de los más importantes fue el Abrazo de Charaña en 1975, cuando los presidentes Hugo Banzer y Augusto Pinochet discutieron un posible acceso soberano al mar para Bolivia a cambio de un canje territorial. Sin embargo, la propuesta fracasó debido a la oposición del gobierno peruano y a las condiciones impuestas por Chile.
Chile ha reconocido en varias ocasiones que el enclaustramiento geográfico de Bolivia es un problema que debe abordarse. Durante los siglos XX y XXI, diversas autoridades chilenas han manifestado su disposición a dialogar sobre el tema, aunque sin asumir compromisos concretos (Libro del Mar, 2014).
Otra evidencia de que el tratado no es inmutable es que ha sido modificado en al menos cuatro ocasiones a petición de Chile. En 1904 se firmó el acta protocolizada para aclarar el artículo 2, lo que benefició a Chile en su frontera con Argentina. En 1907 se sustituyó el artículo 12, cambiando el arbitraje del Emperador de Alemania por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Ese mismo año se realizó un canje territorial en la frontera. Por último, en 1908, Chile solicitó modificar el artículo 3, referente a garantías crediticias para el ferrocarril (Becerra de la Roca, 2013).
Estos cambios demuestran que el tratado no es un documento intocable. Además, como sostiene Bedregal (2005), el principio de derecho Rebus Sic Stantibus podría ser un mecanismo efectivo para lograr una solución real y de buena fe entre Bolivia y Chile.
Lejos de ser un capítulo cerrado, la demanda marítima de Bolivia sigue abierta, con posibilidades de resolverse mediante la diplomacia y el derecho internacional.
EL FALLO DE LA CIJ EN 2018
Finalmente, desde 2018 surgió el mito de que el derecho marítimo boliviano quedó completamente cerrado tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Este mito se basa en la idea errónea de que la decisión del tribunal extinguió cualquier posibilidad futura de negociación o demanda por parte de Bolivia. Según esta visión, el fallo desestimó la reclamación boliviana y puso fin de manera definitiva a cualquier debate sobre el acceso soberano al mar. Sin embargo, este argumento ignora varios elementos cruciales.
En primer lugar, la CIJ no dictaminó que Bolivia carezca de derechos históricos sobre el acceso al mar, sino que determinó que Chile no tiene la obligación jurídica de negociar una salida soberana. Esto no implica que el tema no pueda ser resuelto por la vía diplomática, ni que Bolivia haya renunciado a su derecho de seguir buscando una solución. En la sentencia de la CIJ se indica:
La decisión de la Corte no debe ser entendida como una preclusión a que las partes continúen sus diálogos e intercambios en un espíritu de buenos vecinos, abordando los asuntos relacionados con la situación de mediterraneidad de Bolivia, cuya solución ambas partes han reconocido que es una materia de interés mutuo. Con voluntad de las partes, pueden desarrollarse negociaciones significativas (Corte Internacional de Justicia, 2018).
Como se puede notar, el fallo no prohibió acuerdos bilaterales entre ambos países, dejando abierta la posibilidad de que continúen el diálogo para encontrar una solución mutuamente aceptable. De igual forma, la CIJ reconoció la amplia historia que comparten ambas naciones sudamericanas, como es posible notar en el siguiente fragmento:
… la Corte observa que Bolivia y Chile tienen una larga historia de diálogo, intercambios y negociaciones dirigidas a identificar una solución apropiada a la situación de mediterraneidad de Bolivia, que siguió a la Guerra del Pacífico y al Tratado de Paz de 1904 (Corte Internacional de Justicia, 2018).
Además, el fallo no afectó acuerdos previos ni impidió que en el futuro se puedan explorar nuevas opciones a través de mecanismos bilaterales o multilaterales. Como se ha demostrado a lo largo del siglo XX, la cuestión marítima ha sido objeto de múltiples negociaciones entre Bolivia y Chile, lo que indica que, a pesar del fallo, el tema sigue abierto en el ámbito diplomático y político. Para Bolivia, el mar es un elemento de gran significancia económica, histórica y simbólica, lo que refuerza su interés en continuar buscando una solución.
Por lo tanto, el fallo de la CIJ no resolvió el problema del enclaustramiento geográfico boliviano ni cerró las puertas a futuras negociaciones. La decisión no debe interpretarse como el fin del debate, sino como un llamado a seguir explorando soluciones diplomáticas, como ya se ha evidenciado en otros momentos de la historia. La cuestión marítima sigue abierta.
Adicionalmente, es importante remarcar que el enclaustramiento de Bolivia sigue siendo un problema de integración regional, afectando su desarrollo económico y su acceso a mercados internacionales. Como señala Guerra (2013), “el enclaustramiento boliviano no solo es un problema histórico, sino una barrera estructural para su desarrollo” (p. 211). De hecho, Chile ha reconocido en varias ocasiones la necesidad de diálogo. Autoridades chilenas han manifestado en diferentes momentos su disposición a mantener conversaciones sobre la mediterraneidad boliviana. Un ejemplo de ello ocurrió en 2006, durante el gobierno de Michelle Bachelet, cuando ambos países abrieron un diálogo bilateral que incluía la cuestión marítima en su “Agenda de los 13 puntos”.
Después del fallo de la CIJ, Bolivia debe seguir explorando otras opciones, incluyendo nuevas estrategias en foros internacionales y negociaciones bilaterales con Chile, e incluso con otros países de la región. Como menciona el reconocido diplomático boliviano Javier Murillo de la Rocha, “en algún momento los nuevos dirigentes chilenos constatarán que conviene más a sus intereses políticos y económicos atender la demanda boliviana. Y que devolverle a Bolivia su cualidad marítima no es una derrota diplomática” (Murillo de la Rocha, 2014, p.147). En este sentido, es lógico considerar que algún día Chile podría aceptar nuevas negociaciones.
En resumen, el mito de que “no hay nada que hablar después del fallo de la CIJ” es falso. Bolivia sigue teniendo el derecho y la posibilidad de buscar un acceso soberano al mar, solicitar el diálogo con sus contrapartes y tratar de encontrar una solución a su problema de enclaustramiento. La historia muestra que las negociaciones entre ambos países podrían reactivarse en el futuro.
CONCLUSIONES
A lo largo de este trabajo se han desmontado tres mitos fundamentales utilizados para desestimar la reivindicación marítima de Bolivia. En primer lugar, se evidenció que Bolivia sí tuvo acceso soberano al mar desde su independencia en 1825, sustentado en fuentes históricas, documentales y cartográficas. En segundo lugar, se demostró que el Tratado de 1904 no representó una solución justa y definitiva, sino que fue impuesto en condiciones desiguales y ha sido objeto de controversia y revisiones a lo largo del tiempo. Finalmente, se esclareció que el fallo de la Corte Internacional de Justicia en 2018 no cerró la posibilidad de negociaciones futuras, sino que reafirmó la ausencia de una obligación jurídica de Chile para negociar, dejando abierta la vía diplomática para futuras resoluciones.
El caso marítimo boliviano demuestra cómo la historia y su interpretación pueden influir en la configuración de relaciones internacionales. La persistencia de los mitos analizados refleja la necesidad de mantener una memoria histórica rigurosa, basada en evidencia y alejada de narrativas distorsionadas. Además, el derecho internacional ha evolucionado en dirección a favorecer soluciones equitativas en conflictos de larga data, lo que subraya la importancia de apostar por el diálogo y la negociación diplomática. En este sentido, la comunidad internacional también desempeña un papel clave en la promoción de resoluciones justas y sostenibles. La adhesión a principios como la buena fe y la cooperación entre Estados sigue siendo una vía adecuada para lograr avances significativos.
Si bien la vía judicial en la Corte Internacional de Justicia no generó un resultado favorable para Bolivia, la reivindicación marítima no está cerrada. Existen varios caminos a explorar, incluyendo la negociación bilateral con Chile, la mediación de organismos internacionales y la búsqueda de acuerdos multilaterales dentro de la región. Asimismo, la diplomacia económica y la integración regional pueden servir como herramientas para mejorar las condiciones de Bolivia en su acceso al comercio internacional. La participación activa en foros internacionales y en bloques económicos como la CAN y el MERCOSUR podría reforzar su posición y abrir nuevas posibilidades de negociación.
En el futuro, un cambio en la percepción política dentro de Chile podría abrir nuevas oportunidades de negociación, en beneficio de ambas naciones y de la estabilidad regional. Además, Bolivia podría fortalecer su estrategia diplomática con una mayor presencia en foros multilaterales y la promoción de iniciativas de cooperación regional para mejorar su acceso a los mercados internacionales. A corto plazo, la diversificación de su infraestructura comercial y la optimización del uso de los puertos de países vecinos pueden reducir las limitaciones impuestas por su enclaustramiento. Paralelamente, Bolivia puede impulsar estrategias de diplomacia pública para sensibilizar a la comunidad internacional sobre la importancia de una solución justa y viable a su enclaustramiento.
En definitiva, el caso del acceso soberano al mar para Bolivia sigue siendo un tema vigente en la agenda internacional. La superación de los mitos históricos, el reconocimiento de la importancia de la memoria histórica y el compromiso con soluciones pacíficas y justas son elementos fundamentales para avanzar hacia una resolución definitiva de este conflicto. Para lograrlo, Bolivia debe continuar explorando todas las vías posibles, manteniendo una estrategia diplomática firme y basada en principios de integración, cooperación y desarrollo compartido.
