1. Introducción

¿Por qué Santa Cruz (ciudad capital) se ha constituido en el epicentro de la política en Bolivia durante la tercera década del siglo XXI, pero no del poder?

Durante la primera década del siglo XXI, la demanda popular por autonomía fue una estrategia política departamental motivada por la descentralización del poder político hacia las regiones. En la segunda década, no respetar los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 (21 f ) provocó la movilización de diversos grupos sociales, su participación en las calles y utilización de las redes sociales en rechazo a la cuarta postulación consecutiva de Evo Morales a la presidencia. En 2019, las irregularidades cometidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en su afán por evitar una segunda vuelta electoral entre las agrupaciones partidarias MAS y Comunidad ciudadana para favorecer el triunfo político-electoral en primera vuelta al partido gobernante de Morales, derivó en protestas sociales en varios departamentos del país.

Tales acontecimientos políticos produjeron las condiciones necesarias para que diversos grupos sociales internalicen la política como acción permanente en Santa Cruz. Sin embargo, no fueron condiciones suficientes para establecer un proyecto colectivo de poder de alcance nacional. En otras palabras, la activación política ciudadana se limitó al espacio departamental y dosificó la polarización política entre oficialismo nacional versus oposición regional.

La polarización política básicamente es distanciamiento ideológico. Por ejemplo, los comicios nacionales fallidos de octubre del 2019 posicionaron a Evo Morales y Luis Fernando Camacho como dos liderazgos políticos ampliamente separados en el espectro político nacional-regional. Mientras Morales representaba el campo indígena-popular del centro y extrema izquierda a escala nacional desde su condición de presidente-candidato, Camacho representaba el campo de la clase media urbana y elites económicas del centro y extrema derecha a nivel regional desde su condición de dirigente cívico.

En dos décadas, por diversas causas, como son: la demanda de autonomía departamental, el no respeto a los resultados del referéndum de 2016, las irregularidades cometidas por el Tribunal Supremo Electoral en 2019 por el Estado y, consecuentemente, el paro de 21 días liderado por el cívico Luis Fernando Camacho, las acciones políticas ciudadanas debidas a la democracia y libertad en Santa Cruz fueron recurrentes e influyentes.

Recurrentes por los bloqueos, paros y cabildos. Influyentes porque su impacto obtuvo resultados: inclusión de las autonomías en la Constitución Política del Estado (2009), articulación de diferentes colectivos y plataformas ciudadanas en torno al 21f, y paro de 21 días en el departamento hasta la renuncia de Morales hacia noviembre de 2019.

Bajo este marco de acontecimientos sociopolíticos, consideramos que la denotación de los términos libertad y democracia dentro del discurso público regional, extendido en medios de comunicación y redes sociales, generó -y lo sigue haciendo- mayores probabilidades de aunar la acción política de los ciudadanos en la capital del departamento.

Si bien en Santa Cruz se han generado las condiciones necesarias para que este departamento sea el nuevo epicentro de la política en Bolivia, todavía no existen las condiciones suficientes para una participación política inclusiva en el espacio público-político donde, entre actores sociales, cívicos y políticos, dialoguen, se entiendan y coincidan sobre fines y normas de interés general como base común para fundamentar una práctica discursiva que cohesione un proyecto político-ideológico que ejerza el poder del Estado central.

Con todo, se pretende conocer el uso del lenguaje y discurso como práctica social condicionada por la ideología durante los acontecimientos políticos referidos, mediante la revisión de fuentes bibliográficas que los describan y expliquen así como de la información periodística que ha reflejado los momentos de mayor intensidad política en la región. También se recurrirá a herramientas conceptuales que delimiten el marco de análisis. El objetivo es distinguir las comprensiones liberal y republicana de la política contenidas en las prácticas discursivas¹ en clave regional en el departamento de Santa Cruz durante las dos primeras décadas del siglo XXI, relacionándolas con la comprensión nacional popular internalizada en las prácticas discursivas en clave nacional del MAS en 2006 y 2020.

La conjetura que da norte a este estudio es que si la practica discursiva liberal y republicana, fundamentada en el modelo de desarrollo económico (mercado), que ha representado ideológicamente los acontecimientos políticos de las dos primeras décadas del siglo XXI, no se materializa en un proyecto político con legitimidad en identidades regionales y étnicas de los departamentos occidentales de Bolivia, entonces el poder político del Estado central seguirá distante de la región cruceña, como se evidencia con el gobierno del MAS en dos gestiones: 2006 y 2020.

Para el efecto, el artículo se divide en cuatro partes: las consideraciones preliminares para presentar el marco conceptual analítico; las representaciones ideológicas de los acontecimientos políticos de las dos primeras décadas del siglo XX en Santa Cruz; las diferencias ideológicas liberal, republicana y nacional-popular del papel del proceso democrático, con la intención de identificar las diferentes formas de comprender la política en Bolivia. Finalmente, se anotan las conclusiones para enfatizar de forma concisa los argumentos que sustentan la conjetura guía.

2. Consideraciones preliminares: política, poder y discurso

Iniciamos el estudio con una definición corta pero sustanciosa del término política: su base o condición es la pluralidad del estar en un espacio entre otros, y, su sentido: la libertad, el derecho de empezar algo nuevamente (^{Arendt, 2008}, pp. 131-144-161). En otros términos, “(…) la política no es, como se repite sin reflexionar el arte de lo posible, sino más bien el arte, la habilidad, la actividad directa de crear condiciones de lo posible” (^{Pasquino, 2014}, p. 39). Ahora bien, por poder entendemos: “la capacidad de hacer y terminar cosas” (^{Bauman, 2016}, p. 23).

En el contexto de la realidad por estudiar, se hace necesaria una distinción teórica que clarifique la comprensión ciudadana del papel del proceso democrático en el departamento de Santa Cruz como práctica política. Para el efecto, tomamos la diferencia planteada por Jürgen ^{Habermas (1991)} entre la comprensión liberal y republicana de la política.

Desde la comprensión liberal, la política es un medio para defender los intereses sociales privados ante el aparato estatal; mientras que, desde la comprensión republicana, implica un elemento constitutivo del proceso. Por tanto, en la comprensión liberal, el poder administrativo del Estado y el interés privado de los individuos (mercado) constituyen dos fuentes de integración social. Por su parte, desde la comprensión republicana, la solidaridad se entiende como otra fuente de integración.

Bajo la óptica liberal, el ciudadano tiene derechos subjetivos que son protegidos por el Estado para seguir con sus intereses privados bajo las reglas de juego. En la republicana, los derechos son positivos porque la participación es una práctica común, su ejercicio da luz verde para constituirse en sujetos políticamente responsables en una comunidad de libres e iguales. Con la comprensión liberal, el Estado protege al individuo para que desarrolle sus actividades privadas; en la comprensión republicana, el Estado garantiza la inclusión de la formación de la voluntad política y opinión ciudadana. En aquella, impera el mercado; en ésta, el diálogo (^{Habermas, 1991}, pp.4-8).

Sobre el discurso, reconocemos que “una de las prácticas sociales más importantes condicionadas por las ideologías es el uso del lenguaje y del discurso, uso que, simultáneamente, influye en la forma de adquirir, aprender o modificar las ideologías. La mayor parte de nuestro discurso, especialmente cuando hablamos como miembros de un grupo, expresa opiniones con un fundamento ideológico” (^{van Dijk, 2003}, p. 17).

Esta práctica social (discurso) con fundamentos ideológicos y, a la vez, su incidencia en los marcos ideológicos de los ciudadanos-individuos, nos permite ampliar la comprensión sobre el funcionamiento del discurso en el espacio público regional. Además, de su importancia en el arte de crear las condiciones de lo posible.

En síntesis, una estrategia discursiva dirigente asume un papel fundamental en la expresión y reproducción de la ideología porque determina las prácticas sociales (discurso) de los dirigidos de forma rutinaria. En la medida en que la gente actúa como perteneciente a determinados grupos sociales, expresa ideologías concretas en sus acciones e interpelaciones ( ^{van Dijk, 2003}, pp. 42-

43). Por tanto, “quien controla el discurso público, controla indirectamente la mente (incluida la ideología) de las personas y, por ende, también sus prácticas sociales” (^{van Dijk, 2003}, p. 48).

Es en este sentido que se pretende describir los contenidos ideológicos de determinadas estrategias discursivas de impacto en el departamento de Santa Cruz durante las dos primeras décadas del siglo XXI.

3. Representaciones ideológicas de las prácticas discursivas en Santa Cruz: 2001-2021

A principios del siglo XXI, Felipe Quispe (El Mallku), era un actor político relevante en el escenario político nacional porque su discurso político fue disruptivo en el contexto sociopolítico. Moira Zuazo en el “Prólogo” a Nación, diversidad e identidad en el marco del Estado Plurinacional (^{Moreno D.; Vargas, G. y D. Osorio, 2014}) plantea que: “el periodo que se abre en el año 2000 y se extiende hasta 2005, es el momento de la crisis del Estado-Nación homogéneo porque queda claro que no hay una base intersubjetiva que sustente una nación cohesionada” (p. 15).

En los hechos, durante el mes de abril de 2000, Felipe Quispe² encabeza una movilización indígena en el occidente del país mediante bloqueos de caminos en la provincia Omasuyos. Lo relevante de esta movilización fue la invitación a negociar que le hace el Mallku al presidente de la República, Hugo Banzer, con las frases icónicas “de presidente a presidente” y las “dos Bolivias”. Es decir, q’aras (blancos) por un lado, y aymaras, quechuas más otras naciones originarias junto con trabajadores y campesinos, por otro (^{Escárzaga, 2012}: 206).

Este discurso político rupturista reactivó en el campo político boliviano contemporáneo otras identidades étnicas y regionales desencadenando una disputa discursiva entre regiones, grupos sociales y símbolos culturales. En el caso de Santa Cruz, como reacción política-discursiva emerge la “Nación Camba”: “(…) el 21 de noviembre del 2000 se funda el Movimiento Autonomista Nación Camba (MANC), que dará a conocer el 14 de febrero de 2001 un Memorándum firmado por 17 personalidades cruceñas, convocadas por el Arq. Sergio Antelo y el médico Carlos Dabdoub” (^{Dory, 2009}, pp. 128-129). El mismo, en su acápite sobre la “democracia”, propone:

La reinstalación de la democracia en Bolivia era una posibilidad real para que el pueblo, ejerciendo el derecho al voto, pueda transformar el Estado. Sin embargo, la práctica ha demostrado clara y objetivamente, que esta democracia mutilada, sólo ha servido -salvando honrosas excepciones- para consolidar el Estado-negocio, prebendal, centralista y ajeno.

La última reforma constitucional, no ha sido suficiente y constituye un vergonzoso retroceso que ha reforzado la dependencia interna y externa, el burocratismo, y el colonialismo de Estado. El modelo político, económico e institucional impuesto al país, ha agigantado los desequilibrios regionales, la desigualdad, la corrupción y la marginalidad social.

El monopolio de la representación pública de los partidos políticos nacionales anuló las iniciativas y los liderazgos regionales y ha generado la lógica del adulo y el autoritarismo, entre otras cosas³.

El papel del proceso democrático como actividad para crear nuevas condiciones políticas, es elemental en la demanda del documento. El Estado central se reconoce como ajeno a las regiones, abusivo con los ciudadanos y monopolizador del poder. Posteriormente, en el acápite sobre “Un nuevo pacto con el Estado boliviano”, plantea que,

(…) hoy estamos en condiciones de exigir, -no solamente un trato igualitario -de igual a igual- con el poder Estatal, sino de imponer un modelo de gestión política y económica que se ajuste a nuestra propia idiosincrasia y nuestra visión de futuro. Un modelo autonómico con capacidad ejecutiva, legislativa y judicial, constituye la BASE MÍNIMA de negociación de un NUEVO PACTO con el Estado boliviano.

Mientras que en el acápite de la democracia, la premisa ideológica (liberal) del memorándum radica en la cuestión regional mediante la interpelación al poder administrativo del Estado por su no reconocimiento e inclusión del departamento para el desarrollo económico y fortalecimiento institucional; en el acápite sobre un nuevo pacto, se reconoce implícitamente la demanda de cooperación Estado-región cuando propone un nuevo pacto (republicano) entre la emergencia de un modelo autonómico cruceño y el Estado central.

Desde la perspectiva teórica neoinstitucionalista, la cooperación implica resolver un conflicto de interés mediante un contrato, donde cada cual tiene incentivos para explotar al otro. Estrategia que permite un atajo institucional a problemas centrales de orden social (^{Losada y Casas, 2008}, p. 186).

Es decir, un nuevo pacto o tratado que debería derivar en una especie de contrato para que la autonomía departamental se pueda desempeñar sin las privaciones impuestas por el poder administrativo del Estado centralista, que estaba monopolizado por los partidos políticos nacionales predominantes de la época.

Bajo este paragua conceptual, se puede deducir que, en su nacimiento institucional a inicios del siglo XXI, la Nación Camba apuntó discursivamente hacia un fortalecimiento del proceso democrático boliviano con un cambio de paradigma del sentido de la política en Bolivia: el derecho de empezar algo de nuevo (libertad).

De hecho, en su acápite sobre “integración” queda claramente planteada la idea de empezar nuevamente desde la comprensión liberal:

El desarrollo cruceño del siglo que nace, debe basarse en los mercados ampliados que se comienzan a perfilar por la vía de los pactos de integración sub-regional de América del sur.

Nuestra viabilidad nacional reside obligatoriamente en nuestra integración física al espacio continental y el mundo. Debemos lograr ventajas comparativas de nuestra envidiable ubicación geográfica, jugando un rol fundamental como nudo geopolítico del continente sudamericano con vistas al mercado común que se consolidará el año 2.005, como efecto de los acuerdos del ALCA y MERCOSUR suscritos por Bolivia.

En otras palabras, el mercado como fuente de integración social y el Estado como protector de los intereses privados de los individuos se constituyen en premisas ideológicas de la estrategia discursiva de la Nación Camba que considera a Santa Cruz como región con identidad⁴ y capacidad para la autodeterminación política de su derrotero, de empezar a transitar bajo la lógica de la libertad hacia algo nuevo.

A decir de H.C.F. ^{Mansilla (2007)}:

(…) en el mundo de la economía cruceña hay evidencias claras sobre los buenos resultados del sistema económico de mercado y esto lo aceptan incluso las clases populares de la región. En este ámbito existe una especie de cruceñismo liberal que busca sus propios intereses y cuestiona el encierro de las élites del Occidente boliviano y de los políticos centralistas que desprecian las propuestas cívicas y regionalistas del Oriente (p. 59).

En la estrategia discursiva de la Nación Camba, también se puede reconocer el fundamento ideológico para que la identidad regional sea un elemento formativo de la práctica discursiva de las diversas clases sociales que la constituyen en el espacio departamental autónomo y antitético al poder administrativo del Estado centralista.

^{Van Dijk (2003)} refiere que “Debemos buscar las propiedades del discurso que muestren claramente las variaciones ideológicas de los modelos contextuales subyacentes, los modelos de acontecimientos y las actitudes sociales” (p. 56).

Por tanto, la práctica social de la Nación Camba configuró un lenguaje popular regional determinante para las actitudes y acciones políticas ciudadanas orientadas hacia un modelo de autonomía en un contexto sociopolítico cuando, de acuerdo a Moira Zuazo (2014) “no hay una base intersubjetiva que sustente una nación cohesionada”, un vacío ideológico nacional-estatal que dejaba en la incertidumbre política-institucional los derroteros regionales.

Ahora bien, la demanda de autonomía departamental y su consecuente inclusión en la Constitución Política del Estado (2009), es el resultado de un largo proceso ideológico que unió la política (arte de crear condiciones de lo posible y pluralidad) con el poder (capacidad de hacer y terminar cosas) para generar certidumbre política-institucional regional.

Deseo subrayar que, la democracia como ejercicio de la soberanía popular y la libertad como derecho de empezar algo de nuevo, fueron dos tópicos que fungieron como brújulas de la demanda autonómica departamental en Santa Cruz.

Con respecto a la perspectiva conceptual del poder, en Santa Cruz se impulsó e hizo realidad la autonomía con su reconocimiento constitucional, pero no fue posible terminar de aplicarla con las competencias originales que otorgaban mayor poder de decisión a los gobiernos departamentales. En otras palabras, se tuvo el poder a medias porque no se concluyó la aplicación de un diseño normativo institucionalmente favorable a las regiones autónomas con una mayor descentralización del poder político.

^{Urenda (2017)} refiere que la Constitución aprobada en 2009 estableció un diseño institucional que genera un Estado compuesto y deja de lado al Estado unitario, en el cual juegan un rol los gobernadores y asambleas departamentales con facultades legislativas, además que son poderes electos por el voto popular e incorporan las autonomías indígenas. No obstante, paradójicamente se niega el modelo autonómico con un catálogo de competencias que anula el proceso autonómico. Una forma de Estado donde conviven los regímenes territoriales autónomos y el Estado centralista, en otras palabras, de autonomías centralizadas fallidas.

Las competencias que el estatuto cruceño registró como exclusivas o compartidas del departamento, que no se encuentran cubiertas en absoluto en la Cruz: el nuevo epicentro de la política en Bolivia 2001-2020, pero no del poder

Constitución, son las siguientes: educación, salud, tierra, justicia, policía, recursos naturales renovables y no renovables, suelos forestales y bosques, aprovechamiento forestal, áreas protegidas, medioambiente, diversidad biológica, biotecnología, aguas, licencias para servicios, telecomunicaciones, electrificación urbana, relaciones laborales, desarrollo sostenible socioeconómico, defensa del consumidor, ferias internacionales, espectro electromagnético, límites provinciales, desarrollo de pueblos indígenas y campesinos, asuntos de género, medios de comunicación y cooperativas (^{Urenda, 2017}, p. 47).

Por otro lado, a pesar de las limitaciones impuestas al poder político regional, Santa Cruz es un departamento donde coexisten diversas identidades regionales, étnicas e individuales que lo constituyen en un espacio social plural donde se puede activar la creación de condiciones de lo posible. Asimismo, el sentido de libertad política individual (tener el derecho de empezar algo de nuevo) se ha impregnado en las estrategias discursivas constitutivas del discurso público-político regional, que han sido parte de las movilizaciones y concentraciones ciudadanas en momentos políticos críticos.

Para ilustrar mejor, en perspectiva histórica, los cabildos, con Rubén Costas como dirigente cívico y luego como primer gobernador electo en el siglo XXI, fueron acontecimientos políticos indicativos de la pluralidad como condición y la libertad como sentido de la política.

En el contexto de las movilizaciones regionales por la autonomía departamental: el 22 de junio de 2004 se planteó la defensa de la libertad, derechos individuales y autonomía; el 28 de enero de 2005, autonomía y trabajo; el 28 de junio de 2006, el sí al referéndum autonómico posterior; y el 15 de diciembre de 2006, desconocer la nueva Constitución Política del Estado que estaba en debate dentro de la Asamblea Constituyente si se ignoraba el carácter vinculante del referéndum autonómico. Trece años después, el 4 de octubre de 2019, en un nuevo momento político caracterizado por un proceso electoral con candidato (Evo Morales) cuestionado por no respetar las reglas de juego, el cabildo alzó las banderas del federalismo, el respeto a los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 y alertó sobre un posible fraude electoral dos semanas después.

Por tanto, el proceso político por las autonomías departamentales se lo puede comprender desde las perspectivas liberal y republicana. Liberal, porque las acciones políticas de los ciudadanos manifiestas en los cabildos y dirigidas por las estrategias discursivas de las elites de poder regional, estaban condicionadas ideológicamente para defender los intereses privados individuales ante el Estado centralista. Republicana, porque se demandó mayor participación política de ciudadanos en condiciones de libertad e igualdad.

Una combinación particular entre la lógica de la prevalencia del mercado y la propiedad privada del individuo con la lógica de la participación ciudadana en el espacio público departamental donde el Estado meso otorgue garantías que incluyan la formación de la voluntad política y opinión pública. De intercambios políticos entre identidades individuales, étnicas y regionales con un modelo de Estado descentralizado y un poder administrativo menos alejado de los ciudadanos.

La defensa de la identidad individual se expresa en la seguridad jurídica y el respeto al estado de derecho. El reconocimiento de las identidades étnicas afirma las raíces culturales. La identidad regional conlleva la cooperación o pacto con las demás regiones y el Estado central que implícitamente implica integración.

Como antecedente histórico-regional de la práctica discursiva republicana, a inicios del siglo XX, en el contexto de la demanda de un ferrocarril que llegara a Santa Cruz y, de forma tácita, se propone diálogo a nivel de la representación política en el parlamento, e integración y solidaridad entre regiones para fortalecer el desarrollo económico de la República, se hace público el denominado memorándum de 1904: “Pedimos ferrocarril, porque tenemos derecho a pedirlo, no para beneficio del Oriente, sino para el bienestar general de la República; porque nuestra conciencia y buena fe nos obliga a demostrar la verdad, descorriendo el velo provincialista que cubre los ojos de nuestros compatriotas del Occidente”⁵.

Avanzando en nuestro razonamiento, en el marco de la comprensión liberal de la política durante el siglo XXI, la seguridad jurídica y el respeto al estado de derecho son condiciones prevalecientes de la fuerte identidad individual que se sobrepone a las demás identidades en Santa Cruz por una razón específica: la defensa de los intereses económicos privados frente al poder administrativo del Estado. Identidad que demanda la protección de los derechos subjetivos por parte del Estado porque considera al mercado como fuente de integración social (^{Habermas, 1991}).

La gravitación económica cruceña en el país es irrefutable. Por constituirse en un polo de migración interna merced al constante crecimiento económico y probabilidades de bienestar social, son insuficientes las razones que refutan la legitimidad de la defensa de los intereses privados frente al poder administrativo del Estado.

En los hechos, ^{Rodríguez (2021)} describe con datos la relación entre la migración interna y el crecimiento económico cruceño a través del tiempo.

La migración interna y la llegada de empresas desde el interior del país al Departamento de Santa Cruz, como “polo de atracción”, no se detiene. Según el Censo de 1880, la población cruceña era de tan solo 95.060 habitantes bolivianos y 239 extranjeros (principalmente brasileros y argentinos), de los cuales tan solo 10.212 bolivianos y 76 extranjeros vivían en la ciudad capital, por lo que aquella sociedad era fuertemente rural (El Comisionado Fidel Languidei, 1880) Con ese tamaño de población en el siglo XIX, la región cruceña apenas superaba a Tarija, Beni, Pando y Litoral.

(…)

El último Censo de Población y Vivienda del año 2012, mostró que el Departamento de Santa Cruz casi igualó a la población de La Paz, con cerca de 2,7 millones de habitantes, así como por la migración interna y la tasa incrementada de crecimiento vegetativo de su población.

(…)

Este crecimiento demográfico, ha tenido su correlato en el espíritu emprendedor cruceño que, sea por necesidad o por oportunidad, apuntaló la economía haciendo que el Producto Interno Bruto (PIB) del Departamento de Santa Cruz llegue a superar los 12.000 millones de dólares en 2019, y que aporte con cerca del 30% al PIB nacional y con más del 40% al PIB agropecuario del país, pero además, que la dinámica del PIB regional “jale” a la economía boliviana en su expansión -al crecer a una tasa mayor que ésta- de ahí, aquello de que Santa Cruz es la locomotora del país” y que, “si a Santa Cruz le va bien, le irá bien a Bolivia”, porque el principal eje económico nacional, se ha trasladado al oriente boliviano (pp. 76-78).

Por tanto, existen evidencias contundentes sobre los resultados positivos del sistema económico de mercado. Un “cruceñismo liberal” (^{Mansilla, 2007}) que es, también, legitimado por las clases populares del departamento.

Baste, como muestra, el crecimiento del PIB cruceño durante los pasados 70 años, esta constituye una prueba de que el crecimiento económico favoreció, y lo sigue haciendo, a diferentes grupos sociales que apuestan por la libertad económica en el departamento.

Al respecto, ^{Mendieta (2021)} señala:

El despegue ha implicado que el crecimiento cruceño haya sido más alto que el promedio de los otros departamentos. Expresado en dólares constantes, el PIB de Santa Cruz aumentó 25 veces el tamaño observado a mediados del siglo XX hasta 2017, mientras que el país en su conjunto sólo octuplicó su tamaño. Eso implica una tasa de crecimiento promedio de 4,9% frente al 3,2% del país. Es más, sin considerar el departamento, el resto del país sextuplicó su producción a una tasa promedio de 2,8% (p. 106).

Por su parte, ^{Rodríguez (2021)} refiere que el modelo de desarrollo cruceño contiene cinco valores: libertad o libre iniciativa; individualidad o realización personal; competitividad o libre mercado; cooperativismo o asociatividad; y, por último, la integración que implica exportar e importar (p. 74). Dichos valores, que aúnan la integración social, alianzas económicas y la institucionalización del cooperativismo, están basados en evidencias empíricas que fundamentan ideológicamente el discurso público regional, internalizado y reproducido por la dirigencia política y cívica departamental contra el poder administrativo del Estado en el tiempo.

En lo que se refiere a la secuencia de coyunturas políticas, ésta se intensificó políticamente desde el año 2006 con el MAS en el gobierno profundizando la contradicción Estado-Región y las disputas discursivas entre representantes políticos de distintas identidades étnicas y regionales, posiciones ideológicas y estrategias discursivas.

La disputa de relatos entre Evo Morales y Luis Fernando Camacho, en 2019, es un ejemplo tácito del conflicto irresuelto Estado-Región que contiene connotaciones ideológicas y prácticas discursivas políticamente irresolubles, que en determinados momentos han intensificado las movilizaciones políticas de los ciudadanos en Santa Cruz concitados por los liderazgos mencionados.

Conviene subrayar que luego del referéndum constitucional de 2016, se sucedieron tres años de articulaciones ciudadanas en plataformas colectivas, marchas, paros y cabildos que activaron la creación de condiciones de lo posible en Santa Cruz: la renuncia a la presidencia de Evo Morales en noviembre de 2019, dentro del marco de una serie irregularidades cometidas antes, durante y después del día de las elecciones efectuadas el 20 de octubre de dicho año.

La estrategia política de Morales era gobernar por cuarta vez consecutiva entre 2020 y 2025, pero, como efecto de su violación a la Constitución Política del Estado Plurinacional debido a que no había respetado los resultados de la consulta que le prohibían su propósito, la participación en el proceso electoral de 2019 se frustró por su renuncia a la presidencia y candidatura después de una serie movilizaciones sociales en el país, detonadas por las irregularidades cometidas por el Tribunal Supremo Electoral. Consecuentemente, su estrategia política fue fallida. En otras palabras, no supo reconocer el marco político adverso que se venía constituyendo desde el momento cuando decidió no acatar los resultados de la consulta popular hecha en febrero de 2016.

En este escenario contrario a la estrategia política de Morales, emerge el liderazgo cívico de Luis Fernando Camacho, con una práctica discursiva con connotaciones regionales-confesionales y capacidad de convocatoria sociopolítica a nivel departamental. Un margen de acción que supo aprovechar políticamente para intensificar la politización ciudadana en el departamento de Santa Cruz.

El cabildo del 4 de octubre de 2019 en Santa Cruz (ciudad capital) fue una especie de umbral hacia un nuevo momento político en Bolivia: cuando se hizo más evidente el encono colectivo. Contra todo pronóstico, la convocatoria del Comité Pro Santa Cruz, bajo la presidencia de Luis Fernando Camacho, tuvo éxito por la masiva asistencia. La rebeldía ante un posible fraude anticipaba, discursivamente, las movilizaciones sociales posteriores. Las quemas en la Chiquitanía también estuvieron presentes en el discurso cívico, a causa del encono e impotencia de la ciudadanía por la tragedia medioambiental del bosque seco, más aún con la no declaratoria de desastre nacional por parte del gobierno nacional. La idea del federalismo también fue parte de la agenda del cabildo. El malestar colectivo empezaba a recargarse.

Dos semanas después, el 20 de octubre de 2019, al finalizar la jornada de votación y tener el 83,76 % de actas verificadas del trep (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), las señales de que el MAS y Comunidad Ciudadana tendrían que disputar en una segunda vuelta eran altamente probables.

Al siguiente día, el 21 de octubre, el diario El Deber tituló: “Carlos Mesa y Evo Morales van a una histórica segunda vuelta”. La Ley del Régimen Electoral Boliviano establece que sólo con un mínimo del cuarenta por ciento (40%) de los votos válidos emitidos y con una diferencia de al menos el diez por ciento (10%) en relación a la segunda candidatura más votada se puede proclamar nuevo presidente y vicepresidente. El 22 de octubre, el mismo diario tituló: “tse cambia tendencia a favor de Evo y violentas protestas gritan fraude en las calles”.

En Santa Cruz (ciudad capital) se daba inicio al paro indefinido departamental y su proyección nacional con el discurso del presidente cívico Luis Fernando Camacho como forma de protesta ante la sospecha de un posible fraude electoral. Con la frase: “no se mueve un sepe en el pueblo”, desde las 12:00 am del miércoles 23 de octubre se inicia una coyuntura política marcada por paros, bloqueos, cabildos e incendios en predios públicos y privados en todo el país (^{Peralta, 2021}, pp. 45-46).

El cambio de su condición de dirigente cívico a dirigente político sucede entre 2020 y 2021; como candidato a la presidencia (perdió), y, luego, como candidato a gobernador (ganó). Este tiempo fue estratégicamente aprovechado para capitalizar políticamente su trayecto cívico mediante dos postulaciones consecutivas a nivel nacional y departamental con la agrupación política Creemos.

Los resultados: una bancada minoritaria en la Asamblea Plurinacional en 2020 y su elección como gobernador del departamento de Santa Cruz en 2021.

Ahora bien, Luis F. Camacho, en su condición de actor político estratégico a nivel regional y con incidencia mediática a escala nacional, dirige y cohesiona ideológicamente diversos sectores populares y parte de la clase media en el departamento mediante un discurso con connotaciones regionales y confesionales.

Desde la veta regional, su discurso público como candidato a presidente y luego a gobernador, contiene los valores anteriormente referidos: libertad o libre iniciativa; individualidad o realización personal; competitividad o libre mercado; cooperativismo o asociatividad; integración que implica exportar e importar, más el federalismo.

A continuación, presentamos un cuadro (Nro.1) que demuestra las diversas intervenciones discursivas de Luis Fernando Camacho en su condición de candidato y representante electo, donde se identifican los valores regionales predominantes.

Si entendemos que “Las ideologías son sistemas colectivos de creencias que se mantienen porque sirven a ciertos intereses de grupo o de clase” (^{Villoro, 1999}, p. 109), se aclara mejor que la expresión de una opinión política con fundamento ideológico (^{van Dijk, 2003}), como lo es la estrategia discursiva de Luis Fernando Camacho, conlleva actitudes duraderas para mantener vigencia en la esfera pública mediante la defensa de la identidad regional e intereses de grupo.

Así, de forma permanente abona como actor político relevante el discurso público regional, e incide en las acciones políticas y prácticas sociales (discurso) de los ciudadanos en Santa Cruz pautadas por los valores que irradia su modelo de desarrollo económico.

Sin embargo, son prácticas sociales que no se han podido constituir en un caldo de cultivo para favorecer la construcción, legitimación, representatividad popular, postulación y triunfo electoral nacional de un proyecto político de alcance nacional con los valores cruceños.

Desde la comprensión liberal, son prácticas sociales que reconocen la política como un medio para defender los intereses privados individuales ante el aparato estatal, vale decir, que la integración social sólo es posible cuando el poder administrativo del Estado protege al mercado.

Por tanto, el trayecto de las prácticas discursivas constitutivas del papel del proceso democrático dirigido desde Santa Cruz, contiene valores y premisas ideológicas funcionales a la región, condicionadas por el modelo de desarrollo económico que se enfoca en el mercado. Como resultado, las premisas de la comprensión liberal (mercado y Estado protector de intereses privados) de la política son predominantes sobre las premisas de la comprensión republicana (reflexión, diálogo, participación, cooperación política) de la política en Santa Cruz.

Una vez que se reconoce la diferencia entre la comprensión liberal de la política y republicana de la política en Santa Cruz, se tiene claridad sobre el significado político del fundamento ideológico de la práctica discursiva regional basada en el modelo de desarrollo cruceño durante las dos primeras décadas del siglo XXI, el periodo de estudio seleccionado.

En consecuencia, ahora importar analizar la relación entre la comprensión liberal-republicana y nacional-popular de la política en Bolivia para conocer algunas razones de la diferencia entre una región politizada y un Estado empoderado.

4. Región liberal-republicana, Estado nacional-popular

Es probable que el éxito del modelo de desarrollo en Santa Cruz determine un marco ideológico-político en el discurso público regional con predominio de la lógica individual y generación de igualdad de oportunidades en el mercado, lo cual entendemos como una comprensión liberal de la política.

Se hace preciso acotar que, desde la comprensión liberal de la política, se reconoce que el papel del proceso democrático implica la defensa de los derechos de libertad de opinión, prensa, reunión, asociación, de igualdad jurídica, igualdad de oportunidades, estado de derecho e independencia de poderes. Bajo esta comprensión se tiende a que la mayor cantidad de personas tengan sus correspondientes derechos políticos para participar en la toma de decisiones colectivas como forma de hacer posible la soberanía popular (^{Bobbio, 2012}).

Un sistema de toma decisiones colectivas que manifieste en mayor medida las preferencias individuales y otorgue libertad al ciudadano para hacer posible la soberanía popular desde la perspectiva de la democracia liberal-representativa, tiene que satisfacer cuatro condiciones: cada individuo participante debe influenciar de igual forma en la toma de decisiones colectivas, su influencia ha de ser efectiva, los representantes electos deben implementar las decisiones colectivas y las reglas de juego deben asegurar la cooperación sin manipulaciones turbias (^{Przeworski, 2010}, p. 49).

Por tanto, lo principal es que el Estado proteja los derechos políticos de los individuos para que se pueda desarrollar, en un marco de estado de derecho, el libre mercado. En otras palabras, un espacio político donde las decisiones colectivas estén condicionadas por la igualdad política de los individuos y así, éstos puedan influenciar con efectividad en las esferas de poder.

Ahora bien, desde la comprensión nacional-popular, que el MAS internalizó en su estrategia discursiva, con la que ha logrado la conquista electoral del poder en diferentes periodos (2005, 2009, 2014 y 2020) y el control del Estado central, predominan otros valores y premisas ideológicas respecto al papel del proceso democrático: la lógica colectiva subyuga a la lógica individual-liberal, donde el Estado funge como garante de la redistribución de la riqueza e igualdad material de las personas.

Desde la comprensión nacional-popular del papel del proceso democrático, el problema del vínculo entre la democratización social y la forma estatal, vale decir, entre el proceso de igualdad material del individuo jurídicamente libre y un proyecto de poder colectivo (Zavaleta, 1985, p. 9), contiene un potencial político para, también, aplicar la soberanía popular mediante la toma de decisiones colectivas.

De acuerdo a ^{Mouffe y Errejón (2018}):

(…) Todas las experiencias populares en América Latina han sido heréticas y al hacerlo han roto también las reglas de identificación, han construido una identificación nacional de signo plebeyo, de signo popular que ha dejado fuera, ha descolocado, tanto a los sectores liberales y conservadores y a las minorías privilegiadas, como a una buena parte de la izquierda más cosmopolita o eurocentrista (…) (p. 91).

En el contexto boliviano, el MAS con la candidatura presidencial de Evo Morales obtuvo su primera conquista electoral en diciembre de 2005, bajo la égida de una fuerte identidad indígena: “(…) (L) o más notable de los actuales procesos de reconstitución de los movimientos sociales, las fuerzas de acción colectiva más compactas, influyentes y dirigentes son indígenas, entendido esto como una comunidad cultural diferenciada y un proyecto político” (^{García Linera, 2009}, p. 428).

Avanzando en nuestro razonamiento, entendemos que los marcos ideológicos de la comprensión liberal-republicana y nacional-popular del papel del proceso democrático, en el contexto de la coyuntura política de los procesos electorales recientes (2019-2020), son referencias que pueden traducirse en derecha e izquierda.

Así, es posible obtener una mejor orientación y pedagogía⁶ de los alcances regionales y límites nacionales de los valores y premisas ideológicas respecto a la libertad del individuo, de sus derechos políticos y oportunidades en el mercado, cuando son representados por candidaturas cruceñas a la presidencia y compiten electoralmente con la comprensión nacional-popular de la política, la lógica colectiva y la premisa de la intervención estatal en la economía, como lo ha representado la práctica discursiva del MAS en 2005 con Evo Morales y en 2020 con Arce Catacora.

De acuerdo a Manuel Alcántara (2008), es posible identificar diez ejes de conflicto izquierda-derecha. A efecto de comprender mejor los límites electorales de la comprensión liberal del papel del proceso democrático, representados por la candidatura a la presidencia de Luis Fernando Camacho, así como los alcances ideológicos de Evo Morales y Luis Arce, nos interesan los siguientes cuatro:

1. Libertad frente a igualdad, siendo la igualdad en mayor medida patrimonio de la izquierda y la libertad de la derecha. 2. Autonomía individual frente a colectivismo, donde las posturas favorables a la autonomía individual estarían más identificadas con la derecha y lo colectivo con la izquierda, aunque esta poco a poco se ha ido apropiando de reclamos individualistas. 3. Mercado frente a Estado, una diferenciación clásica que ubica a la derecha como defensora del libre comercio y a la izquierda a favor de un mayor intervencionismo estatal. 4. Clericalismo frente a laicismo. El rol privilegiado de la Iglesia como orientadora moral y educativa constituye un valor de la derecha, mientras que la izquierda reivindica la separación real y efectiva de la Iglesia y el Estado (p. 74).

La propuesta del MAS (izquierda) en 2005, cuando ganó el gobierno nacional con el 53,7% de los votos válidos (mayoría absoluta), se materializó con la nacionalización de los hidrocarburos y la instalación de la Asamblea Constituyente en mayo y agosto de 2006 respectivamente. De esta forma, el Estado vuelve a tener protagonismo económico y político como institución que moldea las interacciones políticas de los ciudadanos conforme a su matriz ideológica nacional-popular y colectivista que apuesta por la redistribución social de los ingresos económicos y la igualdad material de los individuos.

Quince años después, en el proceso electoral de 2020, una de las dimensiones del eje discursivo sustentado por la candidatura de Luis Arce Catacora -ubicado al lado izquierdo del espectro ideológico boliviano y que ganó la presidencia con el 55% de los votos- otra vez fue la redistribución social del ingreso y la intervención del Estado con la impronta ideológica de su práctica discursiva: “Por ello es importante que el Estado nuevamente ejerza su función redistribuidora, transfiriendo recursos hacia la población más vulnerable del país, como una medida de justicia social”⁷.

Por su parte, y en el mismo proceso electoral nacional donde participó Arce Catacora en 2020, la candidatura presidencial de Luis Fernando Camacho y el proyecto político Creemos, con su base electoral fundamental en el departamento de Santa Cruz -ubicado al lado derecho del espectro ideológico nacional particularmente por la connotación clerical de su estrategia discursiva- alcanzó una representación minoritaria con el 14% de los votos válidos.

Aquí, se hace pertinente reconocer el carácter ideológicamente ambivalente de la estrategia discursiva de la candidatura emergente en Santa Cruz de Camacho con respecto a la libertad frente a la igualdad, la autonomía individual frente al colectivismo y el mercado frente al Estado. Si bien planteó en su programa “Reorientar la gestión económica hacia una senda de crecimiento de largo plazo, promoviendo la innovación, la ciencia, el talento y la iniciativa de emprendedores”, en paralelo ofertó “La ampliación de la Ley de Empresas públicas” consideradas como propiedad y patrimonio de los bolivianos.

Destacamos la connotación ambivalente de la estrategia discursiva de Camacho.

Esto porque, considerando que su base electoral está asentada en una región ideológicamente determinada por los valores de un modelo de desarrollo económico que, además ha permitido acumular riquezas a diferentes identidades regionales y étnicas migrantes, no ha capitalizado electoralmente a nivel nacional el potencial ideológico de dicho modelo (autonomía individual, mercado y libertad) mediante el uso de un lenguaje político alternativo a la comprensión nacional-popular. Cabe anotar que éste todavía sigue predominante como lo evidencia la votación de octubre de 2020 que permitió alcanzar la mayoría absoluta al MAS para dirigir el Estado central (2020-2025) por cuarta vez, y sin Evo Morales.

En la nueva configuración política-partidaria de la Asamblea Plurinacional 2020-2025, el MAS ha obtenido mayoría absoluta con 96 representantes; Creemos, 20 y Comunidad Ciudadana, 50 asambleístas.

No obstante, la mayoría absoluta ha tomado como rumbo la deriva mayoritarista que azuza la polarización en el país. “La polarización socava las posibilidades del reconocimiento y aceptación de opiniones diversas y conlleva al simple mayoritarismo que desconoce o impone su voluntad sobre los intereses minoritarios” (^{Waisbord, 2020}, p.251). Mayoritarismo con “visión polarizadora e hiperelectoralista de la soberanía del pueblo que rechaza a los cuerpos intermedios y se propone domesticar a las instituciones de carácter no electoral (tribunales constitucionales y autoridades independientes)”⁸ (^{Rosanvallon, 2020}, p.20) como son las instituciones contramayoritaristas.

Desde la perspectiva liberal-republicana, “La función de los tribunales constitucionales es proteger los derechos ante los caprichos de las mayorías temporarias” (^{Przeworski, 2019}, p.63), sin embargo, desde la práctica social del MAS, el debilitamiento institucional de los poderes contramayoritaristas ha sido una constante.

El papel del Tribunal Constitucional con la habilitación de Evo Morales como candidato a la presidencia en noviembre 2017 sumado a la falta de un debido proceso a Jeanine Áñez en su condición de expresidenta entre 2021 y 2022, son dos hechos que demuestran la anemia de los poderes contramayoritaristas en Bolivia.

Podemos condensar lo dicho hasta aquí, planteando que Santa Cruz es un campo económico regional gravitante de diversas identidades regionales y étnicas porque la fuerza centrípeta del modelo de desarrollo económico la constituyen, en un centro de migración interna o base de la pluralidad socio-cultural. Un espacio de intersubjetividades entre diferentes moldeados por el mercado que les confiere la libertad y el derecho de empezar algo de nuevo.

Sin embargo, la ausencia de actores políticos cruceños relevantes a nivel nacional, que proyecten ideológicamente mediante una práctica discursiva con fuerza centrífuga las mieles del modelo de desarrollo económico regional, es una agenda pendiente sin fecha de inicio. Esta estrategia discursiva, con carácter centrífugo, de impacto político en los otros departamentos, donde tienen sus propios ritmos económicos no necesariamente exitosos como el cruceño, requiere un proyecto colectivo de poder que promueva el éxito de la autonomía individual en el mercado, las libertades políticas (democracia) y la independencia de poderes (fortalecimiento del poder contramayoritario), como forma de alcanzar un equilibrio ante el mayoritarismo polarizador constante y el intervencionismo estatal sofocante.

5. Conclusión

Este artículo ha intentado argumentar la idea de que Santa Cruz se ha constituido en un epicentro de la política en Bolivia durante las dos primeras décadas del siglo XXI, merced a las interacciones políticas ciudadanas, pero sin poder político.

Para el efecto, se describieron acontecimientos políticos desarrollados en el departamento y el uso de discursos públicos en clave regional que aunaron las acciones políticas ciudadanas contra el Estado y gobierno nacional durante dos décadas. Éstos fueron el reconocimiento de la identidad regional, la demanda de autonomía departamental, el respeto a los resultados del referéndum constitucional del 21f, las movilizaciones y paros en 2019 a causa de las irregularidades cometidas por el Órgano Electoral Plurinacional en el proceso electoral y el apoyo electoral a la candidatura presidencial de Luis Fernando Camacho en 2020.

Ahora bien, la intensidad de la interacción política ciudadana como ejercicio de soberanía popular a nivel regional, no implica que, aún, se hayan generado las condiciones necesarias y suficientes para construir un proyecto político nacional que busque ejercer el poder del Estado central en el corto y mediano plazo.

Este problema de orden práctico lo hemos intentado comprender desde una perspectiva teórica en los siguientes términos: la comprensión ciudadana de la política en Santa Cruz conformada a partir de las perspectivas liberal y republicana marca una distancia ideológica-regional con la comprensión nacional-popular de la política que ha sido internalizada en la práctica discursiva del MAS desde 2005 hasta 2020. Ello le ha permitido constituirse en un proyecto político predominante con la articulación de identidades regionales y étnicas de todos los departamentos de Bolivia.

Aquí se torna importante enfatizar la fundamentación material y correspondiente justificación ideológica liberal y republicana de la práctica discursiva en Santa Cruz lo mismo que las correspondientes particularidades que las diferencian. La comprensión liberal de la política, en el sentido de que la función del Estado consiste en proteger los intereses privados del individuo es predominante en la región, mientras que la comprensión republicana, que implica participación, solidaridad política, diálogo y reconocimiento de que el Estado debe otorgar garantías para la inclusión de la formación de la voluntad política ciudadana, asume un papel secundario y a veces olvidado.

Ahora bien, es probable que el modelo de desarrollo económico constituye la matriz de la fundamentación material y justificación ideológica de la comprensión liberal del papel del proceso democrático (política) en Santa Cruz, siendo una condición necesaria el asumir que el individuo jurídicamente libre es un emprendedor potencial cuando empieza a vincularse con la arquitectura institucional del modelo cruceño. Por tanto, esta es una condición suficientemente gravitante para que ciudadanos con identidades regionales y étnicas que habitan en otras regiones del país migren hacia Santa Cruz en la búsqueda de tener autonomía individual y libertad económica en el mercado.

No obstante, la comprensión nacional-popular de la política internalizada en la práctica discursiva del MAS, donde el Estado asume un rol central desde la nacionalización de los hidrocarburos en 2006, en tiempos electorales obtiene mayor recepción en los ciudadanos que la comprensión liberal y republicana.

Digámoslo así, la candidatura presidencial de Camacho empleó una práctica discursiva ambigua entre Estado y mercado, que no supo garantizar e internalizar en las mayorías electorales de que el mercado como generador de oportunidades (modelo de desarrollo cruceño) sí tiene un horizonte político porque es viable.

Con todo, Santa Cruz se ha constituido en el epicentro de la política en Bolivia, pero sin poder político que direccione el trayecto del Estado central. A pesar de que su modelo de desarrollo económico ha sido exitoso en relación a las demás regiones, siendo atractivo para que ciudadanos con otras identidades regionales y étnicas migren hacia el departamento, ningún actor político cruceño ha podido materializar políticamente esa base real en un proyecto de poder con justificación ideológica liberal-republicana, en el sentido de que sea internalizada como práctica discursiva alternativa a la lógica nacional-popular y sea exitosa en tiempos electorales en el país para que, como define ^{Bauman (2016)}, el poder tenga capacidad de hacer y concluir cosas.