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Revista Ciencia y Cultura

versión impresa ISSN 2077-3323

Rev Cien Cult vol.24 no.44 La Paz jun. 2020

 

ARTÍCULOS Y ESTUDIOS

 

Áreas protegidas y fronteras internacionales de Bolivia en perspectiva histórica

 

Protected Areas and International Borders of Bolivia from a Historical Perspective

 

 

Bianca De Marchi Moyano *

 

 


Resumen**

El artículo indaga las relaciones entre áreas protegidas nacionales de Bolivia y sus fronteras internacionales. Propone una revisión de datos históricos y geográficos sobre la creación de áreas protegidas que permite sugerir una periodización de cuatro etapas. En éstas se analiza: 1) la concepción nacionalista de la conservación, 2) su estudio biológico sistemático, 3) su desarrollo sostenible integral y 3) su debate transfronterizo reciente. Los cuatro periodos exponen pistas sobre cómo la historia política e intelectual del país interviene en la creación de las áreas protegidas localizadas en las regiones fronterizas bolivianas.

Palabras clave: Áreas protegidas; fronteras internacionales; periodización histórica; relación sociedad-naturaleza; Bolivia.


Abstract

The article investigates the relations between Bolivian national protected areas and its international borders. It proposes a review of historic and geographic data on the creation of protected areas that allows us to suggest a periodization of 4 historical stages. Analizing: 1) the nationalist conception of conservation, 2) its systematic biological study, 3) its integral environmental development and 4) its recent cross-border debate. The four periods expose clues about how the political and intellectual country's history intervenes on the creation of the protected areas located in the Bolivian border regions.

Key words: Protected areas; International borders; Historical periodization; Society-Nature relationship; Bolivia.


1. Introducción

En Bolivia, durante la última década, se ha extendido la idea de que las áreas protegidas nacionales están bajo amenaza. La presión a la que están expuestas por la ampliación de la frontera agrícola para el desarrollo de cultivos agroindustriales (Albarracín, 2019; Bazoberry Ch., 2019), la exploración y explotación de recursos no renovables mineros e hidrocarburíferos (Argote Adrian, 2015; Gandarillas G., 2018; Jiménez, 2019; Vargas B., 2019), la falta de apoyo a la oferta de servicios turísticos ecológicos o de absorción de carbono (Malky H. y Mendizábal, 2018; Vargas Ríos et al., 2012), el impulso al desarrollo de grandes proyectos de infraestructura vial (Bazoberry Ch., 2019; De Marchi Moyano, 2014) e hidroeléctrica (Vargas B., 2019) son señalados como claros indicadores de ese riesgo.

Una revisión veloz de la fecha de creación de las 22 unidades que componen el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país permite afirmar que ninguna se ha implementado en los últimos 19 años. Es importante apuntar que el territorio boliviano protegido con fines de conservación ambiental a nivel nacional (casi 15,5% del total, de acuerdo con la base de datos acá recuperada), al que se suman los espacios de protección departamental y municipal, sobrepasa el 17% requerido como meta del Convenio para la Diversidad Biológica (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, s.f.). Sin embargo, la ausencia de nuevas áreas nacionales protegidas también puede indicar cierto desinterés estatal por la extensión de las superficies conservadas bajo su tuición.

Ahora bien, a lo largo de la historia boliviana, la creación de los espacios dedicados a la preservación de la naturaleza se ha producido con justificaciones diversas y claramente relacionadas con el contexto político e ideológico nacional e internacional. Se trata de ideas y concepciones que permiten interpretar la forma como la sociedad ha comprendido a la naturaleza desde los Estados y el gobierno. En todos los casos, se alude a ciertas ideas de fronteras, principalmente a las que separaron espacialmente lo social de lo natural, pero también de otro tipo. Este artículo se propone explorar la relación entre la historia de las áreas protegidas nacionales y un tipo específico de fronteras: aquéllas internacionales.

La noción de frontera en este artículo se retoma desde su concepción geográfica y con diferentes aplicaciones. La noción que se usa de forma central, y para aportar al tema convocado en este número, es la de frontera internacional, que implica otras acepciones complementarias: la de límite fronterizo internacional en tanto línea divisoria entre dos países; la de zona fronteriza que supone los dos lados de ese límite internacional; y la de región o franja fronteriza enfocada en un solo un lado del límite (Steiman, 2008 y Giménez, 2015). Por otro lado, al contextualizar la historia de la generación de esas fronteras, se alude a su concepción asociada a los frentes pioneros (Perrier Bruslé, 2007) o ecológicos (Sepúlveda y Guyot, 2016), es decir, al impulso civilizatorio de conquista y apropiación de espacio nacional para su control proyectado desde el Estado. Finalmente, y de forma menos explícita, se alude a la noción de fronteras internas al estado, es decir, al desarrollo de mecanismos que pretenden diferenciar y proteger un espacio, gestionarlo y filtrar la movilidad y los intercambios hacia su interior, como sucede con las medidas aplicadas —justamente— en torno a las áreas naturales y silvestres protegidas.

En Bolivia, la asociación que se muestra entre estos objetos geográficos —fronteras y áreas protegidas— es llamativa. Las regiones fronterizas bolivianas coinciden con espacios de protección de la naturaleza en una proporción muy importante, como se muestra en este artículo. La cuestión es ¿qué explicaciones históricas se pueden proponer para explicar la colindancia de los parques, áreas de manejo integrado y reservas biológicas nacionales de Bolivia con los límites fronterizos internacionales? Y, de manera complementaria ¿hasta qué punto esa colindancia da cuenta de una protección histórica de la naturaleza, de su diversidad biológica, similar del otro lado de la frontera internacional, en la zona fronteriza?

Tomando en cuenta ese contexto, se ha desarrollado una revisión del material publicado y accesible sobre la historia de las áreas protegidas de Bolivia y en países vecinos, así como de algunas fuentes primarias y de archivo en La Paz.

También se han recuperado bases de datos geográficas accesibles y oficiales sobre áreas protegidas en las zonas fronterizas y, finalmente, se ha entrevistado a una especialista boliviana en el tema1. Los criterios de búsqueda han sido primero históricos, para establecer una periodización sobre la creación de las áreas protegidas de Bolivia; luego se han tratado de establecer las relaciones con las fronteras internacionales y las áreas de protección en los países vecinos para, finalmente, identificar regiones con casos emblemáticos bolivianos que nos permitan una aproximación histórica al tema.

El primer subtítulo de este artículo revisa los aspectos teórico-metodológicos que sostienen el estudio, con un breve estado de la cuestión, un detalle del análisis cartográfico y cualitativo aplicado y la identificación de algunas debilidades y pendientes para futuras investigaciones. El segundo apartado propone un panorama general de la relación entre fronteras internacionales, frentes pioneros y áreas protegidas nacionales. El tercer subtítulo muestra los resultados de la periodización a partir del año de creación de las áreas protegidas en la zona de frontera (de Bolivia y sus vecinos) y, en ese marco, analiza tres regiones de Bolivia que permiten sugerir pistas clave sobre la justificación histórico-política de su creación en el siglo XX. El cuarto subtítulo revisa lo sucedido en el siglo XXI, en el último periodo de creación y gestión de las áreas protegidas, con los debates y tensiones particulares que caracterizan el tema en Bolivia. El trabajo concluye estableciendo algunos elementos transversales, pero sobre todo planteando los desafíos para nuevos trabajos sobre la relación entre áreas protegidas y fronteras en la historia boliviana.

 

2. Apuntes teórico-metodológicos

Para este estudio se ha realizado una búsqueda bibliográfica, principalmente digital, que permite establecer un estado de la cuestión y apuntar algunos referentes teóricos transversales para el estudio. Una primera parte de este subtítulo apunta esos elementos. Asimismo, se propone dar cuenta —brevemente— de la metodología de análisis cartográfico y de interpretación histórica aplicada para sostener el desarrollo de los hallazgos y sugerir algunas pistas analíticas a profundizar en nuevos estudios.

Iniciando con la revisión teórica, es posible señalar que existen aportes, importantes y accesibles, respecto a las áreas protegidas y a su historia en los países vecinos. Sobresale la ausencia de reflexión histórica sobre el tema en Paraguay, pese a que hay análisis dedicados a algunos parques nacionales específicos de ese país (Salas D., 2006). Para el caso peruano, se registran estudios que ponen en evidencia el establecimiento tardío de áreas protegidas nacionales en ese país y que enfatizan las particularidades técnicas que permitieron su desarrollo entre las décadas de 1960, 1970 y 1980 (Dourojeanni, 2018). A eso se agregan estudios específicos que reflexionan sobre las complejas relaciones entre protección y mejora de las condiciones de vida de los habitantes, en torno y dentro de las reservas y los parques nacionales (Díaz y Miranda, 2012).

Se han realizado varios estudios históricos en países vecinos a Bolivia y que establecen periodizaciones, tanto sobre áreas protegidas nacionales de Chile (Calcagni et al., 2011) como de Argentina (Caruso, 2015; Ferrero, 2018). Incluso, varios análisis dan cuenta de la historia de la protección en las zonas fronterizas entre sus países (Sepúlveda y Guyot, 2016). Esos avances muestran que la concepción conservacionista articulada a la participación de las poblaciones originarias y al desarrollo sostenible es reciente y se consolidó a fines del siglo XX.

De hecho, se identifican —cuando menos— dos etapas previas en las relaciones entre las sociedades, generalmente urbanas, y la protección de la naturaleza. La primera estaría vinculada al concepto de preservación estadounidense, cuyo caso arquetípico sería el parque Yellowstone (creado en 1872), al suponer un paisaje espectacular a ser disfrutado y antagónico respecto al mundo urbano, industrial y contaminado. La segunda etapa, establecida a mediados del siglo XX, se habría alimentado de las ideas ambientales del ecologismo nacionalista alemán (Federovsky, 2011) y daría paso a una lectura de protección sobre el equilibrio y la armonía biológica para su comprensión y estudio. Es interesante la propuesta de Sepúlveda y Guyot (2016) que alude a los frentes ecológicos. En un primer momento, se trataría de "frentes imperiales", en los que geógrafos, naturalistas y militares habrían liderado la exploración y conquista de los territorios; luego, estarían los frentes "ecológicos geopolíticos" utilizados en función de los intereses estatales por ratificar regiones limítrofes y/o en conflicto; y, finalmente, estarían los frentes "ecológicos globales", vinculados al impulso multilateral de conservacionismo de las últimas décadas.

Otros estudios proponen una periodización con mayores variaciones para el contexto contemporáneo (Porcaro, Vejsbjerg y Benedetti, 2018), pero igualmente identifican una etapa reciente, en la que se involucra a la población local como partícipe de los procesos de gestión del patrimonio natural y de su disfrute racional y responsable. Con la intensificación del debate internacional sobre los pueblos indígenas, a fines del siglo XX, se habría integrado a las poblaciones tradicionales en la reflexión conservacionista, incorporando la noción de "nativo ecológico" (Andrade, 2009) como eje clave.

Para el caso brasilero, Diegues (2000) plantea su postura desde una militancia explícita en favor de la complementación entre los derechos mitificados de la misma naturaleza y los de las sociedades tradicionales e indígenas. Una preocupación similar, para el caso de los pueblos indígenas de la frontera chileno-argentina, se muestra en el trabajo de Laurín, Cádiz y Mehdi (2018), quienes denuncian la instrumentalización capitalista y neoliberal de la protección de la naturaleza y su enajenación respecto a las poblaciones locales. Como se muestra más adelante, este enfoque es común en la retórica propuesta en trabajos (Núñez, 2018) y discursos2 bolivianos sobre la relación entre las sociedades locales indígenas y la conservación de la naturaleza.

Igualmente, la literatura brasilera sobre la historia de sus unidades de protección, en términos generales, coincide con los periodos señalados en otros países (De Aguiar, Souza dos Santos Moreau y de Oliveira Fontes, 2013) y en algunos casos se profundizan problemáticas específicas de los tipos de categorías de protección para su país. Es interesante subrayar el artículo de Franco, Schittini y Braz (2015), que reseña el desarrollo intelectual brasilero de forma secuencial y encuentra las variaciones para su contexto, enriqueciendo la perspectiva de los periodos antes señalados. Este tipo de detalle, enfocado en la producción intelectual e ideológica del país, es el que se espera explorar para el caso boliviano, aunque en este artículo se logre sólo una primera aproximación parcial. Se espera plantear hipótesis a profundizarse en futuras investigaciones.

También interesa subrayar el aporte de Steiman (2011), quien permite enfocar la relación entre áreas protegidas y fronteras en diferentes partes del mundo. Efectivamente, la asociación entre lugares de baja densidad demográfica y naturaleza salvaje conservada es una constante en el origen de las áreas protegidas y de las regiones fronterizas internacionales en todos los continentes. El trabajo de esta autora indaga específicamente sobre estos objetos geográficos y su desarrollo fronterizo reciente en los límites internacionales, aplicando el término transboundary protected área3. Así, la autora propone tipologías sobre estas zonas, generalmente atravesadas por contextos de asimetría entre los países, tanto en casos que favorecen continuidades biológicas como en los que priorizan procesos de resolución de conflictos interestatales.

Las referencias mostradas permiten contrastar y complementar la información específica sobre Bolivia que se ha recabado para este estudio. Cabe resaltar que se cuenta con lecturas históricas sobre las relaciones entre sociedad y protección del medio ambiente, pero enfocadas en las transformaciones institucionales bolivianas de las últimas tres décadas (Vargas B., 2019). Por eso, tomando como referencia teórica la idea de la periodización de la producción de las áreas protegidas, en relación con la historia del pensamiento político de un país y la relación geopolítica de este ejercicio con las fronteras internacionales, se ha planteado un desarrollo metodológico tanto cartográfico como de interpretación histórica.

Como es usual, los trabajos historiográficos requieren de una búsqueda delimitada de archivos sobre momentos, lugares y fenómenos particulares. En este caso, inicialmente se ha priorizado la recopilación y selección de datos geográficos para enmarcar luego la búsqueda de información primaria y las lecturas históricas complementarias. En un primer momento, el trabajo se realizó con la aplicación de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Con esas herramientas se acudió a los servicios oficiales de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de los países y de los organismos multilaterales involucrados con el tema estudiado4.

Posteriormente, se seleccionaron los objetos geográficos en zonas de frontera, es decir, a 50 km del límite internacional en las capas de cada país, salvo para el caso brasilero, donde se tomaron 150 km como referencia. Esto porque en Bolivia y en Perú, formalmente, se han establecido regiones fronterizas de 50 km desde el límite, por lo que se ha asumido esa medida para el resto de los países, mientras que en Brasil la franja de frontera oficial es de 150 km (Benedetti y Bustinza, 2017). Para la selección de las áreas también se incorporaron aquéllas continuas y sobrepuestas, dado que se trata de territorios que mantienen una lógica de protección más o menos constante (ver mapa 3). Cabe señalar que las capas oficiales, con sus límites de acceso, corresponden a las categorizaciones de cada país y a sus categorías de clasificación. Como se verá en el análisis de las superficies de las áreas protegidas por país (ver cuadro 1), esto tiende a reproducir ciertas imprecisiones presentes en los datos oficiales. Su mejora es una tarea pendiente, pero que excede a los objetivos de este trabajo.

Con esa base de datos geográfica, se desarrolló una clasificación de las áreas proponiendo cuatro graduaciones cronológicas, a partir de su año de creación y respaldadas por los datos históricos y teóricos complementarios. Para cada uno de los tres primeros periodos, en los que Bolivia cuenta con la creación de áreas protegidas en su región de frontera internacional, se seleccionó un área emblemática y se desarrolló una cohorte cartográfica e histórica particular. Así, se logró un mapa que representa un periodo y permite indagar la relación entre las áreas protegidas bolivianas y las de los países vecinos en la zona fronteriza.

Para explicar la creación de cada unidad de protección elegida y el periodo al que representa, se consultó la siguiente información histórica: 1) referencias sobre las áreas protegidas en las franjas de los países vecinos en la literatura secundaria consultada, 2) datos primarios referidos a decretos y normativas de creación de las áreas nacionales en Bolivia, y 3) publicaciones de intelectuales y de pensamiento político relacionadas con la creación de las áreas protegidas bolivianas. Con ese tipo de fuentes se trató de comprender qué relaciones sociedad-naturaleza primaron en la creación de las áreas protegidas bolivianas en las regiones fronterizas. En ese marco, se identifican pistas interpretativas a partir de los argumentos ideológicos y políticos que justificaron su creación en esa región.

En el caso del análisis planteado para el cuarto periodo, donde no se registra la creación de áreas protegidas en la región fronteriza de Bolivia —aunque sí en las franjas de los países vecinos— se ha tratado de buscar información de pensamiento político ambiental del país que explique esa ausencia. De forma complementaria se han consultado las publicaciones sobre protección de la diversidad biológica transfronteriza, cuya gestión es característica en el siglo XXI. En ese sentido, se logra establecer una primera serie de hipótesis sobre las justificaciones políticas e ideológicas que promovieron y gestionaron el desarrollo de las áreas protegidas en las zonas de frontera internacional de Bolivia.

 

3. Áreas protegidas en zonas de fronteras internacionales de Bolivia

El espacio sudamericano al interior del subcontinente, durante la historia colonial y republicana, fue considerado como un escenario de conquista y expansión de los frentes imperiales y nacionalistas de cada país (Sepúlveda y Guyot, 2016). En particular, los procesos de establecimiento de las fronteras internacionales del Brasil con el resto de los países son herederos de las tensiones entre los imperios español y portugués durante la colonia (Perrier Bruslé, 2007; García J., 2001). A esos conflictos se suman los antecedentes de dilemas virreinales dentro de las colonias ibéricas, caracterizados por las competencias entre sus élites locales y sus intereses económicos y políticos. Los procesos independentistas intensificaron esos procesos.

Los Estados nacientes de América del Sur, en el siglo XIX, se vieron enfrentados al desafío de la demarcación de sus límites fronterizos, inicialmente tratando de imponer ciertas referencias virreinales por la diplomacia. Luego, como deja ver el caso boliviano-brasilero (Perrier Bruslé, 2007), se acudió a la demarcación a través de cálculos astronómicos. Pero también los límites internacionales se trataron de imponer, afirmando el principio de uti possidetis y enfrentando los países en conflictos armados. Esto se dio, sobre todo, en torno a los espacios marginales, pobres en poblamiento y en accesibilidad, pero ricos en los recursos naturales que demandaban las economías industrializadas. Así, el subcontinente se caracterizó por el establecimiento conflictivo de fronteras, ratificando muchas veces el nacionalismo territorial de cada país (Lois y Cairo Carou, 2014).

Sin embargo, a medida que avanzó el siglo XX y que las demarcaciones intracontinentales se fueron formalizando y conviniendo entre los vecinos, cada país se vio enfrentado a la urgencia por mantener la apropiación de las regiones que asumía como propias. Así, comenzaron a diversificarse las formas de ratificar la integración espacial de las franjas fronterizas. En ese sentido, la creación de las áreas protegidas, en gran parte del siglo XX, además de asociarse a una actitud de contemplación paisajística, buscaba ratificar la posesión estatal sobre los espacios continentales salvajes, alejados de las capitales urbanas o de los espacios agrícolas, extractivos y portuarios, donde se concentraba la población sudamericana (Romero, 2011; Sánchez Albornoz, 2014).

Como muestra el cuadro 1, a partir de los datos georeferenciados que se han procesado en este estudio, es posible ratificar que una proporción importante de las áreas protegidas bolivianas y de los países vecinos se localizan en zonas de fronteras internacionales dentro del continente. De hecho, es posible sugerir que varias jugaron el rol de amortiguamiento frente a las amenazas y los ataques externos al país (Steiman, 2011), sobre las superficies aparentemente "vacías" que reclamaba cada Estado. Así, las primeras declaratorias de parques nacionales tendieron a ratificar geosímbolos (Giménez, 2005), paisajes espectaculares que marcaran la pertenencia del territorio y su apropiación en cada país frente a sus vecinos. Por ejemplo, en relación con su superficie total, el Paraguay cuenta con la mayor parte de sus áreas protegidas contiguas a la frontera con Bolivia. A esta observación se puede agregar que gran parte de esas áreas se encuentran en el Chaco, zona del último enfrentamiento bélico entre ambos países. Eso ratifica la idea de que se trata de zonas que amortizan la vecindad y que tienen un interés de afirmación geopolítica.

La información que se muestra en el cuadro 1 depende de las categorizaciones y de la accesibilidad que permiten las bases de datos de las IDE de cada país. Así, si bien en el caso de la Argentina los datos parecen estar incompletos (otras fuentes registran más hectáreas bajo protección), igualmente permite identificar una proporción de superficie conservada que se localiza en regiones de frontera internacional al interior del continente. Es interesante subrayar que sólo en el caso brasilero las áreas protegidas de frontera son menos de la mitad del total analizado. Eso se explica tanto por la extensión total de su territorio (el más grande del subcontinente), como por sus características costeras, pero también por las particularidades de su política histórica de apropiación y seguridad en sus franjas fronterizas (Gimenez, 2015).

Para atender mejor el caso boliviano, el mapa 1 permite observar cuáles son las áreas protegidas nacionales que se consideran en frontera y cuáles no. Para su discusión, es interesante compararlo con el mapa desarrollado por Fifer (1967), en el que retrata el concepto de "anillo" de colonización, formulado en la presidencia de Ismael Montes en 1905 (mapa 2). En él se observan las regiones que el Estado boliviano esperaba poblar con la colonización planificada por el gobierno de entonces, sobre las áreas aparentemente vacías, salvajes y consideradas como fronteras físicas y civilizatorias (García J., 2001), tanto internas como externas.

 

Al interior del país, las regiones de valles interandinos (hoy en los parques nacionales Toro Toro y Tunari y en el Área Natural de Manejo Integrado El Palmar) son las únicas que no coinciden con las zonas del anillo de colonización boliviano identificado en el mapa 2 de Fifer. En cambio, sí coinciden con el anillo de ese mapa las amplias áreas amazónicas y chaqueñas bajo protección; es decir, aquéllas de tierras bajas, que a inicios del siglo XX, se consideraban en general zonas orientales de frontera interna y por conquistar a través del poblamiento colonizador (García J., 2001). Con esos antecedentes, es posible comprender por qué en la segunda parte del siglo XX se comenzaron a crear las áreas bajo protección en esas regiones. Se reconoció su riqueza biológica, pero también el fracaso de la intención colonizadora, como lo evidencia su aparente carencia de población y la inviabilidad de la explotación agrícola, extractiva o industrial moderna efectiva en esos espacios.

Efectivamente, el 82% de la superficie de las áreas protegidas bolivianas que están localizadas y mantienen continuidad respecto a regiones de frontera internacional corresponden a los frentes que buscaban poblarse a inicios del siglo XX, de acuerdo con lo registrado en la política de colonización de 1905. De hecho, lo que se observa en la frontera boliviano-brasilera en términos de fomento de la conquista pionera se encuentran rasgos similares a los que se registran en los espacios continentales y cordilleranos entre Argentina y Chile, aunque con una asimetría menos pronunciada entre estos países colindantes. La conquista militar y el movimiento de inmigrantes europeos, fomentados por los Estados chileno y argentino a fin del siglo XIX e inicios del XX (Rojo Mendoza y Hernández Aracena, 2019; Blanco, 2008), generaron un poblamiento denso y efectivo, mucho más parecido al brasilero que al boliviano.

 

4. Periodos históricos y áreas protegidas fronterizas

Para comprender la producción histórica de áreas protegidas en relación con las fronteras internacionales bolivianas, se ha generado un análisis geográfico de las fechas de creación de las áreas protegidas nacionales de Bolivia, para compararlas con las de los países vecinos. Ese ejercicio ha permitido identificar periodos más o menos comunes en ciertas zonas fronterizas y además proponer recortes geográficos que permiten entender esa relación. Se plantea identificar cuatro etapas de consolidación histórica de las áreas protegidas nacionales en las zonas de frontera internacional de Bolivia, tomando como referencia su fecha de creación6. En este subtítulo, se revisan las tres primeras y luego, en el siguiente, se explora la cuarta etapa para Bolivia.

El mapa 3 expone esos periodos de creación y permite observar que las áreas protegidas más antiguas están principalmente en ciertas ecoregiones, consideradas como valores naturales y patrimoniales en cada país durante ciertos momentos de su historia nacional. En términos generales, las áreas andinas y altiplánicas del occidente del país parecen haber sido creadas antes que aquellas localizadas en las tierras bajas, sean amazónicas o platinas. Con ese marco general, es importante afirmar que no existe homogeneidad ni coincidencia histórica total entre los vecinos, aunque sí podemos apreciar algunas similitudes y diferencias, ratificadas en las lecturas complementarias.

Con esa referencia general, se ha tratado de identificar cohortes en regiones fronterizas que permitan interpretar los periodos históricos de creación e identificar qué elementos ideológicos y políticos explican la periodización propuesta a partir de la literatura complementaria. Así, los mapas 4, 5 y 6 permiten observar tres casos que se proponen como emblemáticos de los periodos históricos de creación de las áreas protegidas bolivianas en las zonas de frontera internacional. En ellos se trata de analizar la relación entre los dos lados de la frontera y se profundizan las explicaciones sociales y políticas relacionadas con la creación de las áreas protegidas de Bolivia.

Para el primer periodo, de 1939 a 1960, la región sobre la que se propone concentrar el análisis es la occidental, en la frontera con Chile. Como se puede observar, ahí se halla el primer Parque Nacional de Bolivia, creado en 1939. Aunque en el lado chileno de la zona fronteriza se registran áreas silvestres protegidas de creación más recientes, ninguna corresponde al siglo XXI. Es interesante notar que se trata de un límite definido en 1904 y que, aún en la actualidad, sufre tensiones a partir de la memoria de la Guerra del Pacífico de 1879. De hecho, el Parque Nacional Lauca, que se crea en Chile en 1970, tomó el nombre de un río que generó importantes disputas entre ambos países (y Perú) y que justificó la ruptura de sus relaciones diplomáticas en 1962 (Dunkerley, 2017). Así, es posible sugerir que se trata de áreas protegidas destinadas a afirmar precisamente su pertenencia simbólica al espacio a cada país.

Pese a esas tensiones, es evidente que —a diferencia de lo que se ha explicado para las zonas de tierras bajas— no se trata de regiones poco pobladas ni sin infraestructura moderna. De hecho, desde inicios del siglo XX y hasta la actualidad, esa zona fronteriza permitió el paso de la mayor parte del comercio desde el Pacífico, por el Puerto de Arica, hasta el interior de Bolivia (Agramont Lechín y Peres Cajías, 2016). Los antecedentes coloniales de ese tránsito son también relevantes (López B., 2016). En ese sentido, es interesante subrayar que cuando se creó el Parque Nacional Sajama, por Decreto Supremo del 2 de agosto de 1939, su declaración se dio junto con varias medidas de protección de otras zonas forestales del país y sobre los bosques de queñwa en especial. Aunque el decreto menciona varias especies a conservar (en valles y yungas) y establece medidas al respecto, señala la protección específica como Parque Nacional sólo para este paisaje montañoso de queñuas y localizado en el altiplano norte, ratificando así su valoración específica.

Varios elementos del ambiente intelectual boliviano pueden explicar la valoración de esta zona andina y aymara. Por una parte, está la tendencia boliviana que se llamó "mística de la tierra" (Schelchkov, 2018), favorecida por pensadores como Jaime Mendoza (2016) y por los intelectuales de la Sociedad Geográfica de La Paz, que reivindicaron la arqueología aymara y el paisaje altiplánico como origen del país (Mendieta, 2019) y justificaban la raíz de la nación boliviana en las cadenas montañosas de los Andes. Esta concepción incluso estuvo presente en la guerra con Paraguay7, en cuya defensa se esgrimieron justificaciones sobre la naturaleza andina del Chaco para reivindicar su pertenencia a Bolivia (Ávila, 1935). Este nacionalismo parece mostrar pistas de esa primera declaración de protección boliviana y de su establecimiento en la zona fronteriza con Chile.

Para comprender el segundo periodo histórico de las áreas protegidas nacionales de Bolivia, de 1961 a 1980, se muestra el mapa 5, donde se registra un parque nacional boliviano creado en 1979, al noreste del departamento de Santa Cruz de la Sierra. En la faja brasilera se observan unidades de protección vinculadas a tres de los periodos históricos diferentes. Es posible destacar que las seis áreas que se distinguen en el Brasil son parches boscosos conservados que sobresalen en regiones de explotación agroindustrial extensiva, como se observa en el fondo del mapa.

Es interesante resaltar que tres de esas áreas corresponden a la categoría brasilera Reservas Extrativistas (Rio Ouro Preto, creada en 1990, Barreiro das Antas y Rio Cautário, ambas de 2001). La incorporación de esa categoría en el sistema federal de protección del Brasil obedece al debate que se sostuvo en ese país sobre la compatibilidad de los usos forestales tradicionales y respetuosos de los bosques —como la cosecha de castaña o de caucho— con la conservación biológica (De Aguiar, Moreau y Fontes, 2013). Una discusión similar se registraría en Bolivia, parcialmente, a fines de la década de 1990 y en la primera década del siglo XXI. Sin embargo, el Parque Nacional Noel Kempf Mercado obedece a una génesis diferente y moviliza otros argumentos al momento de su creación.

Pese a la aparente proximidad con las áreas brasileras mostradas en el mapa 5, se trata de una amplia región fronteriza, de baja densidad demográfica, con características ecológicas bastante diversas y contrastadas. En términos de Navarro y Maldonado (2011), las unidades de protección del lado brasilero corresponden a la provincia biogeográfica Acre-Madre de Dios, mientras que, en el área protegida boliviana, una parte importante corresponde a la provincia Cerrado. De hecho, su riqueza biológica corresponde a la transición particular entre las dinámicas ecológicas platinas y amazónicas (SERNAP, 1996). Por eso, a diferencia de las zonas caucheras amazónicas que se poblaron a inicios del siglo XX, el área protegida boliviana es casi despoblada en su interior. Si bien a fines de la década de 1970 se logró el registro etnográfico del grupo guarasug'we en la región, se trataría de una etnia prácticamente desaparecida (Díez Astete, 2018). En la actualidad, sólo se cuenta con algunas poblaciones, de origen chiquitano, en las afueras del parque (SERNAP, 1996).

Así, al momento de su creación, no hubo referencia alguna a comunidades locales, sino al estudio biológico sistemático, a los paisajes espectaculares y a la protección de especies únicas promovida por el profesor Noel Kempff Mercado. El Decreto 16646, que declara su creación el 28 de junio de 1979 con el nombre de Huanchaca, durante el breve mandato presidencial del Gral. David Padilla, señala la extensión del área a proteger y el organismo encargado de su impulso y control (el Centro de Desarrollo Forestal, bajo la responsabilidad del Ministro de Agricultura y Asuntos Campesinos). En ese contexto, su creación parece vinculada a los procesos de desarrollo y de exploración del norte cruceño, favorecidos particularmente durante los ocho años previos de dictadura banzerista (Dunkerley, 2017).

Aunque la "marcha hacia el oriente" boliviano, luego de la Revolución Nacionalista de 1952, tuvo la ventaja de favorecer el estudio y la protección de parques como el mostrado en el mapa 5, también cobijó el inicio de la producción y comercialización de cocaína en esas regiones fronterizas. Justamente, un asesinato ejecutado dentro de ese Parque Nacional y asociado a un asalto narco-criminal terminaría con la vida de Noel Kempff Mercado en 1986 (Sagárnaga L.,2006). Estos sucesos son indicadores de las formas ilegales (pero efectivas) de apropiación territorial, presentes en las áreas protegidas bolivianas de frontera.

Finalmente, el tercer periodo histórico de creación de áreas protegidas de Bolivia, entre 1981 y 2000, se muestra en el mapa 6. Se trata también de regiones ecológicas de tierras bajas, esta vez asociadas a la cuenca del Río de la Plata y a las provincias Cerrado, Pantanal y Chaco Boreal (Navarro y Maldonado, 2011). Aunque se distinguen áreas bajo protección de superficies más modestas en el Brasil y de mayor amplitud en Bolivia, éstas corresponden a periodos de creación del siglo XX en ambos países. La región, en el lado brasilero, cuenta con asentamientos instalados desde fines del siglo XVIII.

En el caso paraguayo, en cambio, se tienen varias áreas protegidas, incluso sobrepuestas, algunas creadas en esta década, dando cuenta de la importancia de esa región para su conservación nacional reciente. Esa serie de declaratorias de protección en la provincia chaqueña cuenta con un impulso internacional importante, cuyos antecedentes se hallan en estudios transfronterizos sistemáticos y rigurosos, generados desde la década de 1980 (Proyecto FAO/ Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, 1985), favorables al desarrollo sostenible e integrado con las dinámicas socioculturales y económicas locales.

Ahora bien, en el lado boliviano, es interesante observar que tanto el área protegida Kaa-iya como la de Otuquis corresponden a categorías combinadas de protección: Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado. Para el caso Kaa-iya, fue significativa su sobreposición con la Tierra Comunitaria de Origen8 (TCO) Isoso, aunque también se contaba con presencia de diversos grupos guaraníes y de Ayoreos sin contacto que habitaban en su interior (Díez Astete, 2018) al momento de su creación. En el caso de Otuquis, llama la atención que su creación tuvo un primer origen a nivel departamental, previo a 1980, y luego logró su estatus nacional en 1997. Otro aspecto sobresaliente de este último caso es su discontinuidad territorial. El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis está atravesado por la vía férrea y carretera de la Red Fundamental que comunica al país con su salida por la Hidrovía Paraguay-Paraná (De Marchi Moyano, Arraya Pareja y Ledezma Montesinos, 2019). Efectivamente, este tipo combinado de protección y de gestión de "parques con gente" implicó concepciones más complejas que las registradas en los periodos previos, compatibles con las tendencias ambientales globales ya instaladas a fines del siglo XX y que se profundizan en el XXI.

La visión de desarrollo sostenible e integral detrás de esas formas de protección se introdujo con las reformas estructurales de segunda generación, aplicadas en la década de 1990 en Bolivia. Con ellas se daría paso a concepciones de gestión ambiental y sociocultural, aplicadas desde el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente creado en 1993 (Vargas B., 2019) y que tomaron como marco la ley 1333 de Medio Ambiente (1992) para el desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) de Bolivia. Se partió del reconocimiento de las categorías sugeridas por los diferentes convenios internacionales9 ratificados por Bolivia sobre protección medioambiental, conservación de la diversidad biológica e incorporación en esos procesos de las comunidades locales, particularmente indígenas y originarias.

Es interesante poner en evidencia la evolución y ajuste de ese sistema, pues, si se revisan documentos oficiales de 1997, se puede observar que se contaba con un directorio de 29 áreas identificadas para Bolivia (Ergueta S. y Gómez C., 1997). Entre ellas no aparecía Otuquis, el área que se ha analizado en los párrafos anteriores. En contraste, para 2001, ya se había asentado la lista de 22 unidades —que se conservan hasta la actualidad— y se gestionaba a través del Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SERNAP, 2001). Este proceso dinámico de incremento de áreas bajo protección y de diversificación de categorías para su gestión se mantiene hasta la actualidad en Bolivia, sin mayores innovaciones y más bien con cuestionamientos y tensiones, como se muestra en el último periodo histórico y en el siguiente subtítulo.

 

5. Conservación transfronteriza en Bolivia

Dos características parecen presentes en el último periodo de creación y gestión de áreas protegidas en los países vecinos en el siglo XXI: 1) la diversificación de categorías y de la representatividad de los ecosistemas a conservar y 2) la transfronterización de su gestión, ya sea a través de su coordinación con ciertos convenios multilaterales o por el avance de acuerdos de colaboración en zonas de frontera. Sin embargo, como se puede observar en el mapa 4, a diferencia de varios países vecinos, Bolivia no ha creado nuevas áreas protegidas en el siglo XXI ni en sus zonas fronterizas internacionales ni al interior de su territorio.

Los datos que se presentan de forma oficial en el SERNAP distan muy poco de aquéllos publicados en 2001, pese a que la institucionalidad estatal se ha transformado al punto de crear, desde 2013, un Ministerio de Medio Ambiente y Agua (Vargas B., 2019) capaz de aplicar los lineamientos de la Ley de la Madre Tierra (2012). Sin embargo, la ausencia de iniciativas para mejorar los procedimientos de gestión y manejo de las áreas protegidas nacionales evidencia la poca relevancia de innovar en su conservación en Bolivia. Entonces, ¿cuáles son las concepciones que están implicadas en la discusión social boliviana reciente sobre el tema?

Un primer elemento por considerar es que el ingreso al nuevo siglo en Bolivia estuvo marcado por profundas críticas al neoliberalismo y al sistema de partidos políticos dominante durante la década de 1990. Esa tendencia, en lo referido a las cuestiones ambientales y de conservación de la riqueza biológica, se mostró en dos posiciones diferentes. Una de ellas exponía a las áreas protegidas como una imposición alienante, que impedía las decisiones autónomas de las poblaciones indígenas y originarias, consideradas las dueñas tradicionales y capaces de mantener relaciones armónicas con los recursos naturales de sus territorios (Valenzuela Castaños, 2007). Otra de las concepciones se vinculaba a la defensa de la soberanía del país y a la reivindicación de las áreas protegidas como espacios públicos. Éstas debían priorizar sus servicios y los beneficios de la explotación de sus recursos para el aprovechamiento de todo el pueblo boliviano y no sólo para los intereses conservacionistas globales y trasnacionales o para actores privados locales (García Linera, 2013).

En la Constitución Política del Estado vigente en Bolivia desde 2009, ambas posiciones aparecen, aunque por momentos de forma contradictoria (Bazoberry Ch.,2019) y como transversales tanto de la noción de plurinacionalidad como del modelo de desarrollo del Vivir Bien. Sin embargo, al diseñar y aplicar políticas públicas referidas a las áreas protegidas en las zonas fronterizas, se impuso la segunda posición, más populista y nacionalista. El ejemplo más explícito al respecto fue la aprobación del Decreto Supremo 2366 de 2015, que buscó facilitar la exploración de recursos hidrocarburíferos en las áreas protegidas.

Efectivamente, Bolivia tiene una economía extractivista y sustentada históricamente en la explotación de recursos naturales, generalmente no renovables, para su exportación (Humpherys Bebbington y Grisi Huber, 2018). Los últimos 25 años el país ha dependido fuertemente de la producción y exportación de hidrocarburos, sobre todo de gas natural. La defensa de ese recurso ha sido un referente esencial de movilización y cohesión social al inicio del siglo XXI. En ese contexto, la conservación de las áreas protegidas pasó a un segundo plano y se priorizó la búsqueda de nuevas reservas gasíferas que permitiesen sostener las exportaciones del país. Sin embargo, esas decisiones políticas no dejaron de generar conflictos, como los registrados en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (Jemio, 2018).

Ahora bien, la falta de predisposición política para mejorar o innovar en la gestión de las áreas protegidas nacionales, o para extender la superficie bajo protección, ha afectado poco su definición formal. Sus categorías se mantienen casi intactas desde la ley 1333 y la creación del SNAP. De hecho, estudios sobre las políticas de gestión de bosques recientes señalan que el abandono del modelo de gestión considerado neoliberal para la explotación de madera es más retórico que institucional o práctico (Gautreau y Perrier Bruslé, 2019) y, en gran medida, se mantienen en su aplicación hasta la actualidad. Esa ausencia de cambios efectivos puede explicarse también por cierta presión internacional, que pesa sobre la conservación de este tipo de espacios y sobre su gestión marcada en la década de 1990.

La institucionalidad desarrollada en el mundo para la conservación de la diversidad biológica global no deja de estar presente y activa en el país. En algunos casos, la perspectiva multilateral interviene con tipos particulares de conservación, como muestra el mapa 7. Los convenios sobre las Reservas Biosfera y RAMSAR de protección de humedales se distribuyen en el país sin coincidir, necesariamente, con las superficies reconocidas bajo protección nacional por el SERNAP. En ese sentido, el seguimiento global por la conservación ambiental parece superar las fronteras y los debates nacionales y logra mantenerse, pese al énfasis en el discurso antineoliberal y de recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales, dominante durante los últimos 14 años.

En contraste, otros proyectos de conservación ambiental transfronterizos parecen haberse disuelto o suspendido crónicamente. Es interesante el caso de la Reserva Eduardo Avaroa y de los intentos por desarrollar una gestión trans-fronteriza en la zona circumpuneña e incluso la búsqueda de la nominación como sitio RAMSAR entre Chile, Argentina y Bolivia (Porcaro, Vejsbjerg y Benedetti, 2018). Sin embargo, se trata de iniciativas que no han logrado prosperar hasta la actualidad. Otro ejemplo, probablemente más emblemático, es el del Corredor Vilcabamba-Amboró (Conservación Internacional, 2003), que se proponía desarrollar mecanismos de gestión coordinada entre diferentes áreas protegidas de Perú y Bolivia. En este último país se incluían los parques y reservas desde las fronteras internacionales hasta el centro del país, cruzando de forma transversal el territorio boliviano, de noroeste a sudeste. Sin embargo, el respaldo de organismos estadounidenses y del Banco Mundial a ese proyecto justificaron la subestimación de su importancia en función, una vez más, de la defensa de las fronteras y la autonomía nacional frente a los intereses neoliberales extranjeros.

Pese a eso, en la actualidad, Bolivia y Perú cuentan con un Convenio Bilateral vigente que, entre otros puntos, trata el tema de la gestión medioambiental compartida, a través de una "Red de Gestión Binacional de Áreas Protegidas del Sur-Este del Perú y Nor-Oeste de Bolivia" (Gabinete Binacional, 2017). Ese esfuerzo, de alguna manera, ratifica la intención de desarrollar niveles de coordinación transfronteriza respecto a las áreas protegidas y al cuidado de su calidad biológica común, pero al mismo tiempo parece priorizar la política de mantener negociaciones con Estados pares sin una intervención multilateral ni trasnacional.

 

6. Algunas conclusiones

La investigación propuesta sobre las áreas protegidas nacionales en las fronteras internacionales de Bolivia ha permitido generar una periodización que muestra pistas interesantes a seguir sobre las relaciones sociedad-naturaleza en Bolivia. En gran medida, los periodos de creación de las áreas protegidas se identifican de esta manera: 1) de 1939 a 1960 de ratificación nacionalista de fronteras internacionales, 2) de 1961 a 1980 de impulso a las concepciones de investigación naturalista, 3) de 1981 a 2000 de gestión ambiental sostenible y participativa y 4) de 2001 a 2019 de concepción transfronteriza. Esta periodización permite señalar que las primeras etapas corresponden a nociones de relación sociedad-naturaleza similares a las encontradas en la literatura y la historia registrada en los países vecinos. También cabe señalar que las áreas protegidas no coinciden en sus periodos de creación de un lado y otro de la frontera internacional, aunque las unidades de protección occidentales y andinas parecen más antiguas que las orientales y de tierras bajas, en términos generales.

Ahora bien, en el último periodo, Bolivia no registra la creación de áreas protegidas nacionales ni desarrolla grandes innovaciones en lo referido a su gestión. Si gran parte de las unidades nacionales bajo protección, sobre todo de Paraguay, han creado áreas protegidas contiguas a las zonas continentales de frontera internacional en el siglo XXI, Bolivia no ha desarrollado ninguna y, en gran medida, ha limitado la intervención internacional sobre su gestión. En un escenario global de preocupación por las transformaciones climáticas y su relación con la conservación biológica, por las crisis sociales y económicas que se les atribuyen, se trata de un caso llamativo y cuyas consecuencias requieren más reflexiones y estudios específicos.

En los casos indagados en los tres primeros periodos históricos propuestos en este artículo existen elementos distintivos de las relaciones sociedad-naturaleza que vale la pena profundizar. Muchos de ellos están asociados a la historia política, ideológica y económica boliviana y a su relación tensa con los recursos naturales, que hacen de sus fronteras y de las áreas protegidas objetos geográficos particularmente significativos. Si bien sus procesos de creación en general buscaron ratificar la identidad nacional y frenar la explotación irracional de las riquezas naturales, o la extensión desmedida de los cultivos agroindustriales y de la deforestación, existen otras economías informales, incluso consideradas criminales, que parecen haberse adaptado bien a las áreas protegidas fronterizas, precisamente por la opacidad que suponen esos espacios. Es el caso del contrabando, el narcotráfico y la explotación ilegal de oro o el tráfico de maderas preciosas y de fauna salvaje. Así, no sólo se trata de regiones que no están vacías porque cuentan con comunidades locales que las reivindican y gestionan, sino porque se encuentran articuladas formal e informalmente a la economía capitalista global.

Las pistas sobre ese tipo de economías y sus dinámicas sociales renuevan la discusión de las fronteras, pero no solamente desde su dimensión internacional y transfronteriza del último periodo identificado. Las 22 áreas que componen el SNAP en Bolivia, en sus planes de manejo, identifican zonas núcleo, otras de uso consuetudinario o no consuetudinario y de transición o amortiguamiento, que las diferencian del resto del territorio del país y pretenden garantizar técnicamente su carácter conservado. En el marco de las categorías de protección y de sus planes de manejo vigentes, es interesante preguntar quién entra y quién sale de las áreas protegidas y cómo se logra controlar (o no) esa decisión sobre la movilidad y la comunicación con el entorno. Para gestionar el tránsito, el intercambio y lograr su control es necesario aplicar una serie de mecanismos y de procedimientos particulares en cada área, que dan cuenta de una concepción propia de frontera interna y ambiental.

En ese marco, es posible sugerir que las áreas protegidas requieren y planifican sus dispositivos fronterizos y que, de forma simultánea, éstos pueden vincularse a la apropiación de las fronteras internacionales y a las relaciones con los países vecinos, como se ha mostrado en este artículo. De hecho, retomando la perspectiva histórica, cabe preguntar si existen antecedentes en las etapas previas de creación de áreas protegidas sobre esta gestión de las fronteras ambientales: ¿cómo cambió el control sobre las áreas protegidas en el tiempo, a partir de su concepción histórica? Estas preguntas desafían el desarrollo de nuevos estudios, de mayor profundidad y extensión.

 

Notas

* Doctora en urbanismo (Universidad Católica de Lovaina). Becaria postdoctoral CONICET/UE-CISOR.
biancadmm@yahoo.es.
https://orcid.org/0000-0002-6248-9046

** La autora declara que este artículo no entraña conflicto de interés con ninguna persona o institución.

1 Se entrevistó a la Ing. Carolina Cáceres, del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) el 21 de enero de 2020 en La Paz, a fin de complementar y ratificar información sobre las áreas protegidas de Bolivia y, particularmente, su gestión en fronteras internacionales.

2 Por ejemplo, se puede citar el objeto de la Ley marco de la Madre Tierra y desarrollo integral para Vivir Bien que busca "establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral como medio para lograr el Vivir Bien, las bases para la planificación, gestión pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación" (2012, 15/10).

3 El desarrollo de nociones transfronterizas aplicadas a la gestión del medio ambiente puede hallarse en varios casos específicos de análisis y propuesta en fronteras internacionales, como las registradas entre Perú y Brasil en la región amazónica (Salisbury, de Melo y Tipula, 2012). Como se verá más adelante, existen intentos de trabajo transfronterizo entre Perú y Bolivia también en la frontera amazónica. Como señalan Porcaro, Vejsbjerg y Benedetti (2018), la gestión transfronteriza —impulsada en el siglo XXI— asume el desafío de recuperar las continuidades de la naturaleza pese a la arbitrariedad de los límites estatales.

4 En el caso de Bolivia, se logró una capa vectorial del portal GeoBolivia, cuya fuente es el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). Para Argentina, se descargó información desde WMS, de la página de la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA), que tiene como fuente la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En el caso brasilero se ha descargado una capa de la Infraestructura de Datos Espaciales de Brasil (INDE), cuya fuente es el Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística. Para Chile se acudió su IDE, donde se obtuvo una capa con fuente del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. En el caso del Perú, se ha acudido a la capa disponible en la página específica del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) de ese país. Sobre el Paraguay, dado que no existe un IDE oficial ni es accesible, se acudió a servicios multilaterales que facilitan información geográfica consolidada; así, se utilizó una capa de la página Protected Planet, gestionada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Asimismo, se descargaron capas de la web de la Convención sobre Humedales (RAMSAR) y, finalmente, se acudió al portal GeoSUR para contar con una capa sobre los límites político-administrativos nacionales de Sudamérica, cuya fuente es la Food and Agriculture Organization (FAO) y se utilizó, como fondo, la información web de Bing Satellite. El detalle de las fuentes se puede consultar en las bibliografía de este artículo.

5 Las referencias a la forma de denominar las áreas protegidas en cada país han sido tomadas de las páginas webs oficiales que se identifican en la bibliografía. Como se aclara en el texto, las áreas señaladas en el cuadro 1 corresponden a las superficies en hectáreas registradas en las capas descargadas de los IDE oficiales de cada país, también incluidas en la bibliografía.

6 Cabe recordar, además, que en el caso brasilero se incluyen todas las unidades de protección que están en su región de frontera, establecida de forma oficial a 150 km del límite internacional e, igualmente, que la base de datos para la Argentina considera sólo ciertas categorías de su Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP), de acuerdo con la información oficial obtenida en el IDERA.

7 De hecho, el presidente que declara como Parque Nacional al Sajama, el teniente coronel Busch, debía en parte su acceso al gobierno del país a su actuación heroica en ese conflicto bélico y encarnaba un nacionalismo socialista, que buscaba ratificar la unidad y la identidad del país (Schelchkov, 2018).

8 Hoy denominadas Entidades Territoriales Indígena-Originario-Campesinas (ETIOC) de acuerdo a la Constitución Política del Estado de 2009.

9 Como ratifica Vargas B. (2019), los convenios ratificados por Bolivia y que marcan momentos claves de la política multilateral en el tema de la conservación ambiental a fines del siglo XX son: Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano en 1972, Informe "Nuestro destino común" de 1987 y la Cumbre de la Tierra de 1992. En contraste, para entender la posición de Bolivia en el siglo XXI ante los acuerdos y reuniones para protección y recuperación medioamiental global, sobre todo después de 2005, es interesante analizar el documento Bolivia en el Convenio sobre Diversidad Biológica, de 2012, del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se exponen las posiciones particularmente sobre la economía ambiental, la justica social y la soberanía ante las nuevas propuestas multilaterales.

 

Recibido: febrero de 2020
Aceptado: marzo de 2020

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52. Sánchez Albronoz, Nicolás (2014). Historia mínima de la población de América Latina. Madrid: Turner/El Colegio de México.        [ Links ]

53. Sepúlveda, Bastien y Sylvain Guyot (2016). “A lo largo y a través de la frontera: áreas protegidas y gestión participativa en la Norpatagonia (Chile-Argentina)” En María Andrea Nicoletti, Paula Núñez y Andrés Núñez (dir.), Araucanía-Norpatagonia. Discursos y representaciones de la materialidad (pp. 243-251). Viedma: Editorial UNRN, IIDyPCa.

54. Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (s.f.). Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi (bíbtico informativo). Montreal: CDB-PNUMA.

55. Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) (2001). Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia, 2.ª ed. La Paz: SERNAP.

56. ------------------- (1996). Plan de manejo parque nacional Noel Kempff Mercado. Santa Cruz, Bolivia. La Paz: SERNAP.        [ Links ]

57. Schelchkov, Andrey (2018). Socialistas-militares: el laberinto boliviano de la experimentación social (1936-1939). La Paz: Centro de Investigaciones Sociales.        [ Links ]

58. Steiman, Rebeca (2008). Áreas protegidas nas zonas de fronteira internacional da Amazônia brasileira (Tesis doctoral). Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro.        [ Links ]

59. Steiman, Rebeca (diciembre de 2011). “Áreas protegidas em zona de fronteira”. ParaOnde!?, 5 (especial), 101-121.

60. Valenzuela Castaños, Ricardo (2007). Tierra comunitaria de origen como alternativa a la creación de áreas protegidas en Ayopaya. Cochabamba: CENDA.        [ Links ]

61. Vargas B., Waldo (2019). “Problemática ambiental en Bolivia: balance y desafíos”. En Alfredo Seoane y Luis Claros (coords.), Bolivia en el siglo XXI. Transformaciones y desafíos (295-326.). La Paz: Plural Editores.

62. Vargas Ríos, María T.; Noelia Garzón Rivero; Edil Osinaga Rico y Robert Müler (2012). Compessación por servicios ambientales de carbono. Una alternativa para reducir la deforestación en el TIPNIS. La Paz: Fundación PIEB.

 

Legislación boliviana referenciada

1. (02-08-1939). Decreto Supremo de protección a zonas forestales.

2. (28-06-1979). Decreto Supremo 16646 de creación del Parque Nacional Huanchaca.

3. (23-03-1992). Ley 1333 de Medio Ambiente.

4. (21-09-1995). Decreto Supremo 24122 de creación del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa- Iya.

5. (31-07-1997). Decreto Supremo 24762 de creación del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis.

6. (25-01-2009) Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

7. (15-10-2012). Ley 300. Marco de la Madre Tierra y desarrollo integral para Vivir Bien.

8. (20-05-2015) Decreto Supremo 2366 para el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos en todo el territorio nacional.

 

Infraestructuras de datos espaciales oficiales (consultados en: 31/01/2020)

1. Convenio sobre Humedales RAMSAR: https://rsis.ramsar.org

2. Estado Plurinacional de Bolivia: https://geo.gob.bo

3. Programa GEOSUR: https://www.geosur.info

4. Protected Planet: https://www.protectedplanet.net

5. República de Argentina: www.idera.gob.ar

6. República de Chile: http://www.ide.cl

7. República Federativa do Brasil: https://inde.gov.br

8. República del Perú: http://geo.sernanp.gob.pe/visorsernanp/#

9. Web search Microsoft: https://www.bing.com/maps

 

Sitios web de nacionales y multilaterales (consultados en: 31/01/2020)

1. Convenio para la Diversidad Biológica: https://www.cbd.int/sp/

2. Estado Plurinacional de Bolivia: http://sernap.gob.bo/funcion-de-la-institucion/

3. ONU Cambio Climática: https://unfccc.int/es         [ Links ]

4. Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente: https://www.unenvironment.org/es

5. República de Argentina: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/tierra/protegida

6. República de Chile: http://www.conaf.cl/incendios-forestales/prevencion/proteccion-snaspe/

7. República Federativa do Brasil: https://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs.html

8. República de Paraguay: http://www.mades.gov.py/areas-tematicas/biodiversidad/areas-silvestres-protegidas/sinasip/

9. Reservas Biósfera: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/

10. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza: https://www.iucn.org/es

 

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