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Revista Ciencia y Cultura

versión impresa ISSN 2077-3323

Rev Cien Cult v.18 n.33 La Paz dic. 2014

 

IDEAS Y PENSAMIENTOS

 

Gunnar Mendoza en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Notas para su estudio

 

Gunnar Mendoza in the National Archive and Library. Notes towards a Study

 

 

Marcela Inch*

 

 


Resumen

El artículo describe cronológicamente la formación y desarrollo del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, sustancialmente debidos a la labor de su director, durante varias décadas, Gunnar Mendoza. Parte de su lenta conformación durante el siglo XIX a través de la incorporación de bibliotecas y fondos documentales privados y la emisión de las primeras normativas estatales destinadas a preservar el patrimonio documental boliviano. Luego revisa con detalle la labor de Gunnar Mendoza desde que asumió la dirección en 1944, tanto en los esfuerzos para dotarlo de presupuesto adecuado como en la organización del patrimonio bajo los criterios de un repositorio moderno. Dedica un apartado a ver el conflicto de competencia surgido entre la ABNB y el Depósito Legal. Finalmente concluye mostrando la probidad de la dirección de Mendoza ejemplificando con un conocido caso de tráfico de patrimonio en la que su intervención fue efectiva y oportuna.


Abstract

The article describes, in a chronological order, the beginning and development of the National Archive and Library in Bolivia, significantly through the work of Gunnar Mendoza, who was at the head of this institutions along several decades. The author starts with the origins in the XIXth century when private libraries and documents were incorporated and when the first state regulations addressed to preserve the national documentary heritage were issued. Then she goes in details on Gunnar Mendoza efforts to equip them with a proper budget and to classify the heritage under criteria corresponding to a modern repository. She refers to the competence conflict arose between the ABNB (National Archive and Library) and the institution in charge of the Legal Deposit. The article closes up showing Mendoza's integrity when he acted in a well-known case of heritage traficc timely and efficiently.


 

 

1. Introducción

Este año se cumplen cien años del nacimiento de Gunnar Mendoza Loza, y veinte de su muerte. Como homenaje a su trascendental trabajo en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB) entre 1944 y 1994, hemos querido recordarlo exhumando de los archivos de su gestión conservados en esa institución, algunos pasajes (y anécdotas) que lo pintan de cuerpo y alma, y prueban la importancia nacional de su acción en la organización, defensa y preservación de los patrimonios documental y bibliográfico del país. A esa revisión documental hemos sumado, en algunos casos, información posterior al fallecimiento de Mendoza que procede de nuestra propia experiencia en esa institución.

 

2. El Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia

El Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional, ambos con sede en la ciudad de Sucre, se unieron el año de 1935 bajo una misma dirección y en un mismo edificio, por disposición del presidente José Luis Tejada Sorzano, como una salida para afrontar los problemas económicos ocasionados por la Guerra del Chaco (1932-1935).

La Biblioteca Nacional fue adquiriendo las funciones de tal a partir de la Biblioteca Pública de Chuquisaca, organizada en julio de 1825 a iniciativa de los mariscales Antonio José de Sucre y Andrés de Santa Cruz. Consta que ya era conocida como una entidad de carácter nacional desde el 11 de diciembre de 1884, por Resolución del Presidente Gregorio Pacheco. Fue fundada con los libros incautados por orden del mariscal Sucre a los conventos de la ciudad de Sucre, y posteriormente se enriqueció con el ingreso de varias otras bibliotecas formadas por hombres notables: en 1909 la de Gabriel René Moreno, adquirida y trasladada desde Chile por el gobierno boliviano, país donde radicaba el llamado "príncipe de las letras bolivianas"; en 1913 la del ingeniero Ernst Rück, que incluía parte de la del bibliógrafo e historiador Samuel Velasco Flor, en la que sobresale un lote de gramáticas y vocabularios de lenguas indígenas de los siglos XVII y XVIII; en 2004 la de Alcides Arguedas, en 2012 la de Guillermo Lora en 2010, etc.

Por su parte, el Archivo Nacional de Bolivia fue creado durante el gobierno de Narciso Campero, mediante la Ley de 18 de octubre de 1883, que declara "archivo general de la nación el de la antigua Audiencia de Charcas". Posteriormente, el presidente Severo Fernández Alonso promulgó la Ley de 28 de noviembre de 1898, cuyo primer artículo ratifica la ley anterior y establece que el "Archivo General de la Nación" tendrá como misión "asegurar la conservación ordenada y clasificada de los documentos correspondientes a los departamentos legislativo, ejecutivo y los que actualmente contiene la oficina del Archivo Nacional". La creación y existencia de esta institución no puede explicarse sin la labor cumplida por Gabriel René Moreno, quien desde Chile tomó la decisión de recuperar documentos relacionados con Bolivia, coloniales y republicanos, que en 1909 fueron adquiridos por el Gobierno para el ABNB.

El ABNB dependió en diferentes periodos de su existencia tanto del Ministerio de Educación como del de Cultura. A partir de 1986, gracias a las gestiones emprendidas por Gunnar Mendoza, pasó bajo tuición del Banco Central de Bolivia. En 1995, la entidad bancaria, a tiempo de crear la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, le transfirió también esa función1.

 

3. Nombramiento y años iniciales de Gunnar Mendoza como director

Ateniéndonos a los documentos, podemos saber que el nombramiento de Gunnar Mendoza como director del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, a principios de abril de 1944, vino tras la destitución del abogado Alfredo Gutiérrez Valenzuela, que no dejó de estar exenta de desazones. Trascendida la noticia de la nueva posesión, la opinión pública predominante de la ciudad solicitó la restitución del ex Director en el cargo. Mendoza, que hacía más de diez años que acudía a la institución a investigar por comisión de diferentes gobiernos, tuvo el tiempo necesario para darse cuenta de las serias deficiencias en el manejo administrativo y técnico de la misma, concibiendo posiblemente desde entonces un plan para su solución, de ahí su resuelta actitud frente al incómodo momento. Dispuesto a no ceder, retó públicamente a Gutiérrez a someterse a un examen de oposición ante representantes de la Universidad de San Francisco Xavier, con temario en mano. El trance terminó superándose con la declinación de Gutiérrez Valenzuela a esa invitación2.

La institución que encuentra Mendoza, ubicada en ese entonces en el antiguo convento de Santo Domingo, tiene enormes carencias. Le falta personal, infraestructura y organización, obstáculos que a su manera de ver sólo podían resolverse con una buena dotación de recursos económicos. En una de sus primeras comunicaciones escritas al Prefecto del Departamento de Chuquisaca, de quien dependía el ABNB, el Director busca convencer a la autoridad de la necesidad de disponer de un mayor presupuesto. Amigo del uso de metáforas, Mendoza le dice al Prefecto: "una biblioteca sin recursos [...] es algo así como un soldado a quien se lanza al campo de batalla atado de pies y manos"3.

En ese sentido, la correspondencia de ese periodo y los años posteriores, conservada en el ABNB, muestra que la acción de Mendoza se concentró, fundamentalmente, en los siguientes ejes: a) cubrir las necesidades materiales de la institución (infraestructura y presupuesto), b) lograr mayor número de recursos humanos, c) recuperar y defender el patrimonio bibliográfico y documental del país, d) organizarlo y difundirlo.

Tocaré algunos aspectos de estos ejes, sobre los que he encontrado información en el archivo del Archivo Nacional4.

 

4. Un edificio para el ABNB, "hecho desde sus cimientos"

El año de 1944, según el Director, los ambientes que ocupaba en el antiguo convento de Santo Domingo, unos veinte en total en el ala derecha de la planta baja, eran por ese entonces "amplios, seguros y aireados", aunque no del todo aptos para cumplir adecuadamente con su función específica de preservar y organizar los patrimonios bibliográfico y documental. El ABNB compartía el claustro dominico con la Corte Suprema de Justicia de la nación. Por ello, en su primer informe al Ministro de Educación, fechado el 23 de junio de 1944, ya Mendoza plantea a dicho portafolio la financiación de un edificio propio para esas dos instituciones, "considerando la categoría nacional de ellos, su importancia intrínseca y extrínseca y el prestigio mismo de la nación"5.

Sólo después de algunos años, el 12 de diciembre de 1947, el Gobierno emitió una extraña ley mediante la cual se señalaban "recursos propios para costear la obra a base de contribuciones personales"6, que en la práctica no tuvo ninguna repercusión.

Si consideramos las ambiciones de Mendoza, una solución a medias llegó junto al trágico terremoto vivido en la ciudad de Sucre el 27 de marzo de 1948. Debiendo el ABNB reducir drásticamente los ambientes que ocupaba en el convento de Santo Domingo de veinte a seis, primero, porque tuvieron que demolerse algunas de las salas que fueron seriamente dañadas por el violento temblor y, segundo, porque se había decidido instalar en él al Colegio Junín, la conservación de los documentos, las labores técnicas y el servicio a los lectores se vieron completamente entorpecidos. Fue entonces cuando Mendoza redobló sus pedidos de un edificio propio, pero la falta de fondos disponibles por parte del Gobierno, que afrontaba una crisis por la baja de precios del estaño, y la urgencia de la situación, le obligaron a aceptar la opción que le proponía el Comité de Reconstrucción y Auxilio de la ciudad, apoyado por el gobierno de España: comprar y adaptar la casa que hasta entonces había funcionado como sede del Club de la Unión, en la calle España. No obstante la aceptación forzosa, el Director dejó en claro que esta solución era precaria, insistiendo que la definitiva sólo podía consistir en la construcción de un edificio especialmente planeado, desde sus mismos cimientos, para las funciones del primer repositorio bibliográfico y documental de la República.

Construir un edificio ajustado a las competencias del ABNB, como pedía Mendoza, no era un mero capricho. Obedecía a la convicción de que el patrimonio conservado en él tiene un "valor vital" por su capacidad para "contribuir en la formación y la alimentación de una conciencia colectiva de identidad nacional". Sobre los acervos custodiados en el ABNB, decía:

Esos registros, sea cual fuere nuestro modo personal de pensar y de sentir, reflejan fielmente lo que hemos sido, explican lo que somos y aun permiten predecir lo que seremos. Es decir, allí contamos con una clave para comprender nuestro pasado, nuestro presente y nuestro porvenir, ya que la vida de un pueblo, como la de un individuo, no es un amontonamiento de hechos inconexos y dispersos sino una serie orgánica lógica donde el ayer engendra al hoy y el hoy al mañana, por mucho que, ya individual o colectivamente, quisiéramos que no fuera así y ansiáramos a veces, como el pecador arrepentido, iniciar una "vida nueva", absolutamente diversa y desprendida de todo el pretérito7.

Los trabajos de remodelación del edificio adquirido, con reforzamiento de muros y cimientos, demoraron hasta 1955, año en que se hizo la inauguración y el traslado. La institución permaneció en él hasta el año 2002, y Gunnar Mendoza falleció allí ejerciendo sus funciones, en 1994.

Pocos años después, el edificio de la calle España también quedaría totalmente rebasado en su capacidad para alojar los documentos y el personal, y atender apropiadamente a los investigadores. Los distintos gobiernos cubrían a duras penas las necesidades más elementales de la institución: pago de sueldos, mantenimiento de la infraestructura y adquisición de libros. Es por todos sabido que Gunnar Mendoza muchas veces llegó a cubrir ciertos gastos con dinero de su propio bolsillo, como los de limpieza. Fue entonces que concibió la idea de incorporar al ABNB bajo tuición del Banco Central de Bolivia, como desde años atrás ocurría con la Casa de Moneda de Potosí. En 1986 logró su propósito. Inmediatamente después empezaron a solucionarse los problemas más apremiantes, como, por ejemplo, la reparación de los techos que estaban llenos de goteras. Mendoza, en un discurso, llegó a decir que incorporar el ABNB al Banco Central de Bolivia fue como "llegar a la tierra prometida". Años después se retractaría.

La escasa comprensión de los funcionarios bancarios por la cultura hacía que todo presupuesto solicitado por el Director fuera retaceado sin mayores argumentos o con argumentos equivocados. Valgan las siguientes anécdotas a modo de ejemplo: estando yo de funcionaria del Banco Central leí el informe de una auditora sobre el pedido de compra que había realizado el Director del Museo de Etnografía y Folklore de un penacho indígena prehispánico del Oriente boliviano. Para dicha empleada, el precio que representaba dicha compra rebasaba todo límite, pues se trataba sólo de "plumas". En otra ocasión el Director de la Casa de Moneda propuso comprar un crucifijo colonial, y sin mayor turbación le pidieron tres cotizaciones.

La incompatibilidad de los criterios bancarios, por un lado, y, los culturales, por otra, fue una de las razones que llevó a pensar en una fundación que, presidida por personalidades del ámbito cultural, atendiera a las entidades culturales a cargo del banco. El 31 de octubre de 1995, mediante la ley N° 1670, art. 81, se dispuso la creación de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, a un poco más de año y medio del fallecimiento de Gunnar Mendoza.

Mendoza murió con la idea fija de un edificio hecho a medida del ABNB. Durante los últimos años de su gestión, invirtió parte importante de sus energías en la búsqueda de un terreno apropiado para su plantel, como él solía llamar a la institución, sin lograr convencer con ninguno de los propuestos a las autoridades del Banco Central de Bolivia. Tiempo después, el Directorio del ente emisor, presidido por Fernando Candia, determinó edificar en un terreno que de antiguo le pertenecía por expropiación a Fonplata. El lugar, rechazado por Mendoza y por su sucesor, Josep M. Barnadas, que perdió el cargo por ese motivo, evidentemente no reunía los requisitos para instalar un edificio destinado a la delicada función de conservación del patrimonio bibliográfico y documental del país. Si bien es un edificio que despierta el asombro de propios y extraños y que hace a Bolivia merecedora de grandes elogios, desde el punto de vista técnico adolece de serios defectos: se encuentra en pleno centro de la ciudad, que, como todo centro, es altamente contaminado; no tiene espacio para su expansión (a poco de su inauguración, los documentos colmaron todos los espacios) y su colindancia con la Gobernación, en torno a la cual se producen conflictos sociales, pone en peligro los acervos, amén de otros problemas.

 

5. Organización del patrimonio

A los dos meses de instalarse en funciones (mayo de 1944), Gunnar Mendoza se dispuso personalmente a realizar un inventario de los libros, tarea que le consumió más de tres años. Al mismo tiempo que efectuaba esta labor, fue organizando una sala con las obras más valiosas que hasta entonces se encontraban dispersas en diferentes secciones8. La sala se llama hasta el día de hoy, "ARC", sigla que significa "Antiguos, Raros y Curiosos". Como anécdota no puedo sustraerme de comentar que Gunnar Mendoza, implacable con la disciplina de los componentes de su plantel, terminó incluyendo entre esas obras inestimables, conservadas bajo llave, los libros de cocina, a fin de impedir que sus funcionarias se dedicaran clandestinamente a copiar recetas.

Mendoza reunió en ARC los más de cinco mil libros de la época colonial al siglo XIX, la mayor parte de ellos producto de la incautación realizada a los conventos sucrenses ordenada por el mariscal Sucre. Esta rica colección, a la que hoy se puede acceder a través de una base de datos automatizada, incluye dos o tres incunables europeos y hasta un mexicano, además de una colección de diccionarios de lenguas indígenas, algunas de ellas ya desaparecidas.

El ABNB, que, como hemos comentado, se encontraba instalado a la sazón en el vetusto convento de Santo Domingo, sufría de una gran estrechez. Uno de los espacios asignados para sus funciones había recibido el nombre de "cuarto del diablo". Relata el Director en varias cartas que en la frenética tarea de inventariar y organizar los libros, tuvo que zambullirse en dicho cuarto, de donde recuperó verdaderas joyas documentales y bibliográficas. Los libros en ese lóbrego lugar se encontraban revueltos en completa confusión "con trastos de toda clase y hasta desperdicios humanos". Muchos de los volúmenes fueron irrecuperables por el pisoteo, los ratones, la humedad y otros males9. Ya sólo la existencia de este calabozo puede explicarnos el motivo de la destitución de su predecesor.

De aquella pocilga, según describe Mendoza, recuperó manuscritos coloniales y libros que databan del siglo XVI; aun un incunable de fines del siglo XV: las obras completas en latín del humanista del Renacimiento italiano, Angelo Policiani, impresas en Venecia en 1498, por Aldo Manucio, y un manuscrito inédito sobre el dictador Linares de puño y letra de Gabriel René Moreno10.

Entre los documentos de archivo descubrió la correspondencia recibida por el historiador y bibliógrafo Samuel Velasco Flor, las cartas autógrafas del canónigo Matías Terrazas, una pastoral inédita y otros papeles del arzobispo San Alberto, cédulas reales y expedientes que se daban por perdidos11.

Desde un inicio, la organización del patrimonio documental y bibliográfico del ABNB tuvo carácter de urgencia para Mendoza. En cuanto a las colecciones bibliográficas de la Biblioteca Nacional, el problema estaba resuelto porque había disposiciones legales que establecían que las bibliotecas públicas de todo el país se arreglaran de acuerdo a la clasificación decimal de Dewey. En cambio, organizar los fondos documentales del Archivo Nacional no era tarea fácil, pues en la época de Mendoza no se habían difundido todavía en Bolivia los principios universales de procedencia y orden original para procesar la documentación archivística. De esta manera, algunos fondos documentales fueron erradamente organizados en base al tema (por ejemplo, "Minería"). Pero no tardaría en modificarse esa situación. Mendoza, gran alumno de Teodoro Schellenberg en los EE.UU., país en el que había estado en 1959 gracias a la beca Rockefeller, pudo visitar numerosos archivos y asistir al XII Congreso de Preservación y Administración de Archivos. De ese modo ha dejado para Bolivia uno de los archivos mejor organizados de Latinoamérica, de acuerdo a estándares internacionales.

 

6. El Depósito Legal: Biblioteca Nacional de Bolivia vs Repositorio Nacional (La Paz)

La lucha por la recuperación y preservación del patrimonio bibliográfico del país demandó otra buena parte del tiempo de Gunnar Mendoza. Inicialmente, su labor al respecto consistió en hacer cumplir disposiciones legales aprobadas a partir del siglo XIX; después, fue él mismo quien las proyectó, modernizó y veló por su aplicación. No obstante, en 1967 sufrió uno de los peores reveses de su gestión, que no sólo menoscabó el desarrollo del acervo bibliográfico del ABNB, sino que perjudicó, hasta hoy, a la conservación del patrimonio bibliográfico del país en su completitud.

Si bien las disposiciones legales sobre el depósito legal son muchas veces contradictorias, en ninguna de ellas se ha dejado de incluir la obligatoriedad de que los autores o impresores entreguen una cierta cantidad de obras a la Biblioteca Nacional, para su conservación, reposición (en caso de que las ediciones se agotasen y desaparezcan) y su divulgación. Veamos los antecedentes más importantes de este instrumento legal antes de llegar a la polémica mencionada en el epígrafe.

El antecedente más remoto de la institución jurídica que vendría a llamarse después Depósito Legal se remonta a 1838. El 30 de junio de ese año, el presidente de la República Andrés de Santa Cruz, a tiempo de crear la biblioteca pública de La Paz, emitió un decreto supremo que obligaba a los impresores a entregar gratuitamente un ejemplar de toda obra impresa a las bibliotecas públicas del país. Entre ellas se hallaba naturalmente la de Chuquisaca, que, andando el tiempo, como ya lo hemos apuntado, llegaría a ser la Biblioteca Nacional.

El 13 de noviembre de 1909, el presidente Eliodoro Villazón promulgó la Ley de Propiedad Intelectual, que en su artículo noveno establece que los "autores depositarán en las bibliotecas públicas un ejemplar firmado de sus obras, para que se anote en el Registro que estas oficinas deben llevar".

Durante el gobierno de Mamerto Urriolagoitia se promulgó el Decreto Supremo N° 1834, de 13 de diciembre de 1949, que en su epígrafe dice textualmente:

Biblioteca Nacional.- Dispónese que para mejor cumplimiento de la misión específica de las finalidades culturales que corresponde a la Biblioteca Nacional se hace necesario dictar normas legales que facilitarán la conservación y el incremento del acervo bibliográfico.

Este decreto supremo establece, entre otros aspectos importantes, la obligatoriedad de enviar a la Biblioteca Nacional dos ejemplares de toda publicación impresa en el país, así como de las editadas en el extranjero, cuando se establezca debidamente su condición de obra nacional. La disposición comprendía a libros, folletos, revistas, diarios y periódicos en general, incluyendo hojas sueltas (manifiestos, cartas abiertas, etc.); mapas, piezas musicales, sueltas o en colección, impresos susceptibles de ser considerados como producciones de carácter intelectual y piezas impresas en máquinas multicopiadoras. Quienes estaban obligados a cumplir eran los autores, los editores, cuando los autores hubieran cedido sus derechos, las instituciones públicas y privadas, los editores responsables de revistas y periódicos, los dueños o arrendatarios de imprentas, tratándose de publicaciones eventuales.

Aspecto destacable de esta disposición es que sin el requisito del depósito de los dos ejemplares en la Biblioteca Nacional, los autores no podían acceder al trámite de solicitud de inscripción de su obra en el Registro de Propiedad Intelectual, tampoco podían venderla a las reparticiones públicas, ni los dueños de librerías y otros negocios similares podían dar curso a la compra sin conservar en su poder la correspondiente certificación de la Biblioteca Nacional acreditando el cumplimiento de la obligación señalada por el Decreto.

No obstante todo lo buenas que podían ser esas disposiciones, se las hacía cumplir con dificultades, como ocurre en general con tantas otras. Así, en 1953 Mendoza expresa su preocupación por la falta de una disposición legal "con suficiente fuerza ejecutiva" y calificaba de "verdadera defraudación al Estado el no ingreso de los impresos nacionales en la Biblioteca Nacional (...) supuesto que éstos son parte del patrimonio cultural de la Nación"12. Para rectificar esta situación proyectó un decreto supremo cuyo texto no lo hemos podido conocer.

Cuatro años después, ante la nueva confirmación de que las anteriores disposiciones legales probaron ser estériles, se aprobó el 14 de mayo de 1957 el Decreto Supremo N° 4650, más o menos bajo los mismos términos que el que le precede. Entre las diferencias más notables del nuevo ordenamiento están la obligatoriedad de incrementar a tres el número de ejemplares a depositar: dos para la Biblioteca Nacional, uno destinado al uso del público y otro a su conservación permanente, y un tercero para la Biblioteca del Congreso "de La Paz".

No tenemos certeza de que detrás del Decreto Supremo 4650 haya estado la pluma de Gunnar Mendoza. Sin embargo, en el archivo institucional se guarda un proyecto sin data cuyo texto es muy similar, con la notable diferencia de que no alude al ejemplar destinado a la Biblioteca del Congreso.

A principios del año 1968, cuando el Director del ABNB se encontraba fuera de Bolivia, y en su reemplazo se hallaba su hermana Martha, se informa ésta, a través de la prensa, de que un nuevo decreto supremo sobre el depósito legal estaba en camino de aprobarse. A pesar de que la Biblioteca Nacional era parte interesada en este asunto, no fue notificada ni menos consultada sobre el contenido del proyectado decreto, así que su aprobación terminó siendo completamente arbitraria.

Ese nuevo decreto supremo, N° 8228 de 17 de enero de 1968, creaba en la ciudad de La Paz el Repositorio Nacional, hoy dependiente del Ministerio de Culturas, transfiriéndole la función del depósito legal que le correspondía a la Biblioteca Nacional. Por otra parte, establecía que imprentas y editores tenían la obligación de depositar tres ejemplares de cada obra editada: una para la Biblioteca Nacional —ya no dos—, otra para el Repositorio Nacional de La Paz y la otra para la Biblioteca "Franz Tamayo", también de La Paz. Esta disposición no sólo violaba los derechos de la Biblioteca Nacional sino que atentaba directamente contra el patrimonio bibliográfico del país, pues ya ninguna de las tres bibliotecas mencionadas guardaría un ejemplar de reserva.

La severa reacción de Martha Mendoza no se dejó esperar. Se dirigió al Ministerio de Educación solicitando copia de la nueva disposición aprobada inconsultamente, dejando constancia de su extrañeza por la no inclusión de la Biblioteca Nacional en la proyección y tramitación de una disposición que la implicaba. A la sazón se hallaba de ministro Roberto Prudencio Romecín y de encargado de la Dirección General de Cultura Juan Siles Guevara.

M. Mendoza, en indignada nota, observa la duplicación de funciones y atribuciones legales al crearse el llamado "Repositorio Nacional de Obras" con respecto a la Biblioteca Nacional de Bolivia, en lo que toca al derecho legal de recolectar, organizar y preservar las publicaciones nacionales por medio del depósito obligatorio, recibir fondos del gobierno central y tener el nombre de 'nacional'13.

Los argumentos que la Directora interina maneja en su intención de mostrar el atropello de la disposición son dignos de conocerse, en especial porque la situación creada en 1968 en perjuicio del patrimonio bibliográfico se mantiene inmutable hasta hoy. Sostiene M. Mendoza, dirigiéndose a Juan Siles Guevara, que con ese decreto Bolivia ha llegado al "absurdo" de tener dos bibliotecas nacionales que deben ser mantenidas por el Estado; al respecto dice textualmente:

El problema actual es que en Bolivia vamos a tener dos bibliotecas nacionales, y éste es un absurdo semejante al que en los Estados Unidos supondría tener dos bibliotecas del Congreso, en Inglaterra dos Museos Británicos, en Francia dos bibliotecas nacionales, etc. El Dr. Prudencio puede estar seguro de que no hay una nación en el mundo que tenga y mantenga dos bibliotecas nacionales [...] En un país no puede haber dos bibliotecas nacionales sostenidas por el gobierno central por razones parecidas a las que impiden que haya dos Cortes Supremas de Justicia14.

El temor de M. Mendoza de que entre la Biblioteca Nacional y el Repositorio Nacional llegaran a disputarse entre sí los insignificantes presupuestos que podía ofrecerles el Estado, llevándose la peor parte la BN, no se cumpliría. El Repositorio Nacional, a diferencia de la Biblioteca Nacional, una vez creado fue olvidado por sus propios progenitores. Jamás contó con un presupuesto suficiente, nunca tuvo un local más o menos decente, ni dispuso del personal necesario para realizar sus funciones.

A pesar de que disposiciones legales posteriores le devolvieron a la Biblioteca Nacional sus dos ejemplares por cada obra publicada en el país, el control del cumplimiento del depósito legal se volvió tierra de nadie, ante la imposibilidad del Repositorio Nacional de cumplir su función.

En otra parte de la airada respuesta de M. Mendoza a Siles, refiriéndose al número de ejemplares, señala que la medida legal era de "privilegio para La Paz", en el sentido de que, al destinarse dos ejemplares para esa ciudad, uno para la biblioteca pública "Franz Tamayo" y otro para el Repositorio Nacional, La Paz resultaba siendo favorecida en perjuicio de la Biblioteca Nacional, que sólo recibiría un ejemplar, sin saber si destinarlo al servicio de los usuarios o a su conservación.

Posteriormente se aprobaron otras disposiciones que devolvieron a la Biblioteca Nacional los dos ejemplares que le correspondían, sin embargo el control del depósito legal sobre imprentas, autores, etc., lo perdió definitivamente.

Diez años después de la puesta en vigor de esa disposición legal, Gunnar Mendoza realizó un estudio para medir las consecuencias de la aplicación del mismo sobre la preservación del patrimonio bibliográfico del país. Los resultados son dramáticos. En dicho estudio15, basado en la Bibliografía boliviana, de Werner Guttentag, que comprende el periodo de 1969 a 1976, inclusive, Mendoza concluye elocuentemente:

1. Durante el lapso de ocho años, 1969-1976, se produjeron en Bolivia 2.832 publicaciones entre libros y opúsculos.

2. De este número total, se registraron para el depósito legal 1072 publicaciones, o sea sólo el 37% sobre el total de 2832.

3. No se registraron para el depósito legal 1760 publicaciones, o sea el 63%, de dicho total de 2832.

4. De las 1072 publicaciones registradas para el depósito legal, ingresaron a la Biblioteca de Bolivia a través de la oficina del Depósito Legal del Instituto Boliviano de Cultura16 393, o sea sólo el 37% sobre el total registrado de 1072

5. No se remitieron a la Biblioteca Nacional de Bolivia, del total de 1072 registrado para el depósito legal, 679 publicaciones, o sea el 63% de ese total.

6. Siendo 393 el total de publicaciones nacionales ingresadas en el periodo 1969-1976 en la Biblioteca Nacional de Bolivia, las no ingresadas sobre el total general de 2832 publicadas en ese periodo vienen a sumar 2439.

7. En consecuencia, el porcentaje de publicaciones ingresadas a la Biblioteca Nacional de Bolivia durante el lapso 1969-1976, sobre el total de 2832, representa apenas el 14%, y el porcentaje de publicaciones no ingresadas suma un desmesurado 86%.

¡Qué decir del Repositorio Nacional! Instalado inicialmente en un edificio en ruinas de la calle Junín esquina plaza Murillo de La Paz, de propiedad de la Fundación Agramont, y después en un desván del llamado Palacio Chico, en la calle Potosí de la misma ciudad —donde hasta hoy se encuentra— terminó siendo un depósito en el que los libros del depósito legal se amontonan en cajones en medio de la suciedad.

El año 2003, aprovechando la amplitud de miras de la Viceministra de Cultura, María Isabel Álvarez Plata, el ABNB, que bajo mi dirección había asumido la publicación de la Bibliografía boliviana desde 2002 (suspendida a partir de este año 2014), continuando la obra de W. Guttentag, realizó un nuevo estudio del depósito legal entre 1998 y 2002. El mismo, basado en más de cinco mil formularios llenados por los autores, editores e impresores a solicitud del Repositorio Nacional de La Paz, mostró, por ejemplo, que en cuanto a los libros figuraban notables irregularidades, como las que citamos a continuación:

En ese lustro:

• Se realizaron 8607 solicitudes de depósito legal al Repositorio Nacional de La Paz, para una misma cantidad de libros.

• Los libros efectivamente depositados en el Repositorio Nacional alcanzaron a 5613.

• Los libros entregados al ABNB fueron 3997.

De esto se concluyen dos cosas: que el Repositorio Nacional no cumplió con su función de recuperar todos los libros para los cuales había concedido el número de depósito legal, y que el ABNB dejó de percibir en ese lustro 1616 títulos de monografías con respecto a las que llegaron a ser depositadas en el Repositorio Nacional y 4610 títulos con referencia a las 8607 solicitudes de número de depósito legal. Esos números son los suficientemente elocuentes para merecer un comentario sobre el daño irreversible causado al patrimonio bibliográfico del país.

 

7. Defensa del patrimonio documental. Un caso sonado: la venta de cartas de Bartolomé de las Casas

Más allá de si han sido o no efectivos, detrás del destacado trabajo de Gunnar Mendoza en el ABNB se encuentran numerosos decretos supremos destinados a la preservación del patrimonio documental del país, en todas las etapas de su ciclo vital: desde que los documentos son producidos en las oficinas estatales hasta el momento que alcanzan su fase histórica. Su compromiso con la protección de los acervos patrimoniales no sólo alcanzó a los del ABNB que habían sido puestos bajo su responsabilidad, sino a los guardados en cualquier otro archivo boliviano. Un buen ejemplo de su tenacidad en ello es el siguiente, registrado en el archivo institucional dejado por el Director acerca de su gestión.

Encontrándose Gunnar Mendoza en Washington el año 1959, tropezó con la revista The Americas (v. XV, julio de 1958, N° 1) publicada por la Academia de Historia Franciscana Americana de esa ciudad. En una nota se comentaba que la Fundación Creole de Venezuela había adquirido el famoso "Manuscrito de Sucre", que contenía los documentos originales de la controversia sobre la naturaleza y buen trato de los indios americanos, sostenida en el siglo XVI por el padre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Según apunta Mendoza, estos papeles provenían de la biblioteca del Oratorio de San Felipe Nery de Sucre y habrían sido traídos de México por el arzobispo Moxo i Francolí en los primeros años del siglo XIX.

De inmediato, sin esperar a llegar a Sucre, desde Washington tomó cartas en el asunto llevando a cabo personalmente las averiguaciones destinadas a aclarar la transacción fraudulenta que simultáneamente denunció al Ministro de Educación17 y al Fiscal General18.

El famoso documento se dio por "desaparecido" en la ciudad de Sucre, pero la indagación llevada a cabo por Mendoza dejó saber que una vez que salió de esa ciudad fue a dar a la Librería de La Plata de Buenos Aires, de donde lo adquirió la Fundación venezolana que hemos indicado. De manos de ésta los documentos pasaron, por vía de obsequio, a la Academia Nacional de Historia de Venezuela. Para mayor abundancia, Mendoza también averiguó que hacia 1954 o 1955, un traficante argentino de libros apellidado Monzón estuvo en Sucre y fue él quien adquirió el manuscrito al Oratorio de San Felipe Nery, llevándolo posteriormente a la librería de Buenos Aires.

Una vez que el caso se hizo público, el Director exhortó al Ministro de Educación para que tome las medidas adecuadas en aplicación de disposiciones legales (Art. 166 de la CPE) destinadas a proteger los bienes culturales y artísticos de Bolivia. En su informe al Ministro, Mendoza sugería cuatro acciones a tomar: a) esclarecer las circunstancias que mediaron para la enajenación y exportación del país del manuscrito, b) salvar lo que quedaba de la biblioteca del Oratorio de San Felipe Nery, c) estudiar la forma en que se solicitaría a la Academia Nacional de la Historia de Venezuela la devolución del manuscrito —que nunca volvió al país—, d) adquirir la biblioteca de San Felipe Nery para su conservación en el ABNB.

A instancias de Mendoza se formó una comisión compuesta por el Fiscal de Distrito, el Agente Fiscal y el Jefe de Policía, con el propósito de visitar al único sobreviviente de la comunidad de San Felipe Nery, padre Cuellar, quien declaró que efectivamente el manuscrito había sido vendido al librero argentino con autorización del arzobispo. El segundo objetivo fue inventariar la biblioteca, hecho que no pudo llevarse a cabo por oposición del arzobispo, que incautó las llaves de la biblioteca. Este segundo punto iba dirigido a lograr las condiciones para una transferencia de esa biblioteca al ABNB, para asegurar su preservación. A este propósito, elaboró un proyecto de resolución suprema de cuya aprobación no tenemos constancia19. Lo cierto es que los deseos de Mendoza no se cumplieron, pero la biblioteca de San Felipe Nery es hoy una de las cinco colecciones más importantes del Archivo y Biblioteca Arquidiocesanos Monseñor "Miguel de los Santos Taborga", con sede en Sucre, fundado por Josep M. Barnadas en febrero de 1995.

Es posible que, a pesar de los esfuerzos de Mendoza, aquel valioso documento del padre Las Casas no se recuperara. La documentación no hace referencia al desenlace. No obstante, Mendoza propuso varias medidas para evitar que estos casos se repitieran; entre ellas, proyectó un decreto supremo para la creación de "Consejos Conservadores del Patrimonio Cultural de la Nación", que no encontró eco en las autoridades.

Muy posteriormente a este suceso apareció en Bolivia la primera disposición legal dirigida concretamente a proteger la documentación privada del país; es el Decreto Supremo 22396, de 16 de diciembre de 1989. A tiempo de declarar de utilidad y necesidad nacional las documentaciones privadas, entre las que se encuentra la originada en la actividad de entidades religiosas, establece que se estimulará a los poseedores de estas documentaciones a transferirlas voluntariamente a los archivos públicos, y en el caso de que el Estado las adquiera, se entregarán necesariamente al Archivo Nacional. Prohíbe asimismo este decreto la destrucción, por comisión u omisión, total o parcial, de documentaciones privadas, así como su fragmentación, dispersión y exportación al extranjero.

Durante ese inconveniente, el arzobispo que protestó ante el Fiscal y exigió una satisfacción por la intervención del Estado "en asuntos privados de la Iglesia", estaba lejos de comprender que la documentación originada en las funciones de la Iglesia es también una parte esencial del patrimonio cultural boliviano. Como muestra de que ese equivocado criterio prevalece, queremos recordar el traslado arbitrario de las partituras musicales de Chiquitos a Tarata que, hace pocos años, pretendían hacer algunos miembros de la congregación de los franciscanos, olvidando que aquéllas son ya parte inherente a la identidad de los cruceños.

 

Notas

* Directora del ABNB, gestión 2001 a 2011. Contacto: marcelainch@gmail.com

1 Para mayor información sobre el ABNB ver El Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia: Una historia en común. Sucre: ABNB, 2008.

2 ABNB Dir (Sucre, 27.04.44), Mendoza al Ministro de Educación.

3 ABNB Dir (Sucre, 04.04.44), Mendoza al Prefecto Departamental.

4 No se ha consultado la documentación que Gunnar Mendoza dejó en su archivo personal, necesariamente relacionada con el ABNB, ni la que fue separada de su archivo personal en 2000, a pedido de la familia Mendoza, por ser eminentemente institucional, Sobre estos dos conjuntos documentales ha trabajado William Lofstrom para realizar el estudio "Gunnar Mendoza: ensayo biográfico", incorporado a las Obras Completas de Mendoza, en 8 volúmenes, publicados por la institución el año 2005.

5 Discurso del Director del ABNB en el acto de recepción del edificio adaptado para dicho plantel.., Anuario 2002, Sucre: ABNB, pp. 383-388.

6 Id, p. 384.

7 Id. p. 387.

8 ABNB Dir (Sucre, 14.02.47), Mendoza al Oficial Mayor del Ministerio de Educación.

9 ABNB Dir (03.03.1946)

10 ABNB Dir (27.08.44), Mendoza al Ministro de Educación.

11 ABNB Dir (04.06.45), Mendoza al Presidente de la Sociedad Geográfica "Sucre".

12 ABNB Dir (Sucre, 18.03.1953), Mendoza al Ministro de Educación.

13 ABNB Dir (Sucre, 12.02.1968), M. Mendoza al Encargado de la Dirección General de Cultura.

14 ABNB Dir (Sucre, 12.02.1968), M. Mendoza al Encargado de la Dirección General de Cultura.

15 ABNB Dir. (1976) Mendoza, Gunnar. "Situación del Depósito Legal de publicaciones nacionales en Bolivia y medios para mejorarla".

16 El Instituto Boliviano de Cultura pasó a ser el Viceministerio de Cultura, y hoy es el Ministerio de Culturas.

17 ABNB Dir (Washington, 02.01.59), ABNB Dir (Sucre, 07.05.59), Mendoza al Ministro de Educación.

18 ABNB Dir (Sucre, 07.05.59), Mendoza al Fiscal General.

19 Uno de los puntos de esta resolución estaba destinada a declarar monumento nacional a la biblioteca de San Felipe Nery (ABNB Dir.)

 

 

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