Desarrollo político

 

Evo Morales en Bolivia: primeros pasos

 

 

René Cardozo C., S.I.

 

 

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Evo Morales asumió la presidencia de Bolivia en medio de una inusitada expectativa nacional e internacional. Muchos rasgos de su personalidad y de su instrumento político, el Movimiento al Socialismo (MAS), hacían pensar que esta nueva administración de gobierno sería peculiar y con características pocas veces vistas en la historia política boliviana. Entre otros, algunos rasgos sobresalientes de este proceso pueden ser los siguientes:

En primer lugar, se trata del primer presidente indígena en llegar a la Presidencia de la República, en un país como Bolivia, que tiene la mayoría de la población perteneciente a pueblos indígenas y originarios.

En segundo lugar, por primera vez, desde la restauración democrática de 1982, un gobierno sobrepasaba el cincuenta y uno por ciento de la votación nacional, lo que hizo posible la elección directa del Presidente y Vicepresidente de la República, sin acudir a la negociación político-partidaria. Esta mayoría implicaba además un enorme consenso y apoyo en la población a la primera mayoría. Se daba por finalizada la etapa calificada como de "democracia pactada", para dar paso a un gobierno fuerte con un gran respaldo social

En tercer lugar, el 84% de participación ciudadana en el último proceso electoral es muy alto, teniendo en cuenta la grave crisis política que vive Bolivia desde hace varios años, y que se ha expresado, entre otras cosas, en las reiteradas movilizaciones sociales y reconfiguraciones del escenario político nacional.

De esta forma, Bolivia asume una actitud distinta frente a otras elecciones en las que había primado un criterio más conservador. Parece cierto que esta vez el ciudadano boliviano optó por el cambio de timón, tanto en los actores políticos propiamente dichos como en la propia manera de gobernar. Por otro lado, asume la administración del Estado un Gobierno que carga tras de sí muchas ilusiones y expectativas ciudadanas, y que por otro lado debe responder a los desafíos de un país en un momento de crisis estatal y reconstrucción de un nuevo modelo económico y político. El escenario nacional se presentaba complejo, y estaba marcado por el agotamiento de un sistema político ampliamente desprestigiado y deslegitimado. De la misma forma, luego de veinte años de vigencia, se hacían evidentes las señales de agotamiento del modelo económico liberal instaurado en 1985 y que no había llegado a generar una dinámica de inclusión social, de empleo y de distribución de riqueza.

Este proceso conflictivo que vivió Bolivia se trasparentaba en cada uno de los conflictos sociales que, desde hace varios años, se vivieron en distintas ciudades y zonas rurales y que colocaron a Bolivia dentro de una dinámica de gran inestabilidad social y política, habiendo dado como resultado la asunción de tres presidentes al gobierno, en solamente dos años.

Han transcurrido algunos meses del nuevo Gobierno y, pese a ser todavía corto el período de gestión del presidente Evo Morales, ya se han dado algunas señales con las que se puede realizar un análisis preliminar de las transformaciones primeras que se van destacando, y mencionar algunas características del nuevo modelo de gestión que se pretende implantar. A continuación señalaremos algunas de estas señales que pueden ser importantes en esta nueva etapa de la vida política boliviana.

Primera señal: Está claro que se ha establecido una nueva relación entre los movimientos sociales y el poder político. Esta relación reflejaba un gran deterioro y una fuerte tensión, e incluso enfrentamiento, en los últimos años. De esta forma, los movimientos sociales habían adquirido un carácter de mayor legitimidad frente a las autoridades legalmente constituidas, y la acción social y sindical se desarrollaba en abierta confrontación al gobierno. Y precisamente en este escenario de confrontación los sectores sociales desplegaban banderas reivindicativas ya no simplemente sectoriales, sino referidas a políticas nacionales y de Estado. Así se producía el fenómeno de que sectores sociales y populares adquirían una dimensión política paralela al sistema político democrático legalmente vigente. Entonces se puede comprender que las grandes movilizaciones que se desarrollaron a partir del año 2000 ya no reclamaban simplemente cambios coyunturales o locales, sino que detrás de ellas existía una crítica al sistema político en su conjunto y exigían políticas tendientes a la nacionalización de los recursos naturales y a la realización de la Asamblea Constituyente.

La dinámica impuesta por el nuevo Gobierno es la de buscar alianzas estratégicas con sectores sociales que pasan por la participación directa en el ejercicio del poder, o por el compromiso a satisfacer demandas recurrentes, como son la nacionalización de los recursos naturales, el referéndum autonómico y la realización de la futura Asamblea Constituyente. Cabe destacar, en esta nueva dinámica, que desde un comienzo, en la propia composición del gabinete que acompañaría al nuevo mandatario, se incluyeron dirigentes de movimientos sociales y regionales, para expresar la determinación de organizar un gobierno en estrecha relación con los movimientos sociales.

Al mismo tiempo, se puede advertir que desde la posesión del nuevo Gobierno ha bajado considerablemente la tensión social en Bolivia, y ello se ha expresado en una disminución significativa de conflictos sociales que normalmente colocaban al gobierno en serias dificultades en su actividad cotidiana. Es posible, sin embargo, que esta etapa de mayor calma social no necesariamente refleje el que se aborden y solucionen graves problemas que afectan a Bolivia. Al contrario, este período puede expresar la tregua social que tradicionalmente se concede a los nuevos gobiernos cuando asumen sus funciones, a la espera del cumplimiento de las promesas realizadas en la etapa electoral. Algunos analistas sociales y políticos han advertido los riesgos que implicaría caer en la lógica de satisfacer demandas sectoriales y por lo tanto entrar dentro de una corporativización del Estado. De hecho, los conflictos sociales parecen haber vuelto a las demandas y pedidos sectoriales, y si bien ya no procuran cambios sustanciales al sistema político, entorpecen la administración del Estado y la vida cotidiana del ciudadano. Muy posiblemente varios sectores que tienen una gran capacidad de movilización están a la espera de la realización de la Asamblea Constituyente para reivindicar sus demandas.

Segunda señal: Los actores del actual gobierno provienen de una larga trayectoria política y sindical. Esta trayectoria tiene su peso en la dinámica que se imprime a la gestión de gobierno en relación con otras instituciones del Estado. En este sentido, se ha percibido una tendencia al control de espacios institucionales estratégicos del Estado, y también de organizaciones sociales y políticas, para ir accediendo al control de aquellos lugares que en el pasado han sido permanente fuente de conflicto y confrontación. Es por ello que no resulta llamativo el propósito manifestado por el Presidente de la República de buscar, por todos los medios, controlar los dos tercios de la futura Asamblea Constituyente para introducir los cambios propuestos por el Movimiento al Socialismo. Y es en esta dinámica que se encuentra el hecho de que el Presidente de la República continúe siendo el Presidente de las Federaciones de Productores de Coca del Chapare, lo que ha sido cuestionado por algunos analistas por el conflicto de intereses que ello puede representar.

Está claro que el Presidente de la República se mueve todavía en su mayor parte dentro de una dinámica de acción sindical, lo que implica un abundante manejo discursivo y participativo en una multitud de actos públicos, intentando estar físicamente presente en las organizaciones sindicales, corporativas y populares de la sociedad. Algunos sectores han cuestionado esta dinámica por el desgaste que le supone al propio Presidente de la República, y por el descuido que puede suponer en el acompañamiento de la administración cotidiana del Estado. Algunos analistas incluso han acusado al actual mandatario de tener un cierto tinte populista. Lo cierto es que detrás de la acción presidencial está el proyecto de revitalizar la presencia del Estado en los sectores sociales populares. Posiblemente se trate de un proyecto político en la línea de lo nacional-popular.

Tercera señal: La actual administración, como era un pedido ciudadano expresado en las últimas elecciones, se ha esforzado en dar señales de cambio. Esta dinámica estaba referida al fracaso de las políticas liberales y al desgaste de la "democracia pactada", que había hecho del Estado un botín de guerra y un reducido club de partidos políticos en el poder. Por ello, la actual administración ha comenzado su acción dejando claro que anteriores prácticas de cuoteo o de reparto de espacios de poder ya no seguirían la lógica político partidaria. Tres aspectos pueden mostrar esta tendencia a diferenciar el actual gobierno de los anteriores:

En primer lugar, está la política de austeridad en el gasto de la administración pública. Ello supuso la reducción del salario del Presidente de la República en un cincuenta por ciento, lo que debe ser seguido por todos los trabajadores de la administración, incluyendo a los tres poderes del Estado. Esta señal es importantísima en un país acostumbrado a ver el aprovechamiento del poder a través de elevados salarios y manejo prebendal y clientelar de los cargos. Proyectar la imagen de un Estado austero en sus gastos y de funcionarios que reducen sus ingresos para beneficiar a sectores de salud y educación busca volver a recuperar la confianza ciudadana en un sistema político demasiado alejado de la economía de subsistencia familiar.

En segundo lugar, en el sector judicial se ha comenzado una cruzada para mostrar que no solamente los de bajos ingresos pueden ir a la justicia, sino también los que tienen una gran importancia en sectores económicos y empresariales. Allí está el proceso judicial a la multinacional petrolera Repsol, o los juicios incididos a distintas autoridades tanto del sector judicial como al ex presidente del Servicio Nacional de Caminos. Es evidente que no en todos los casos se siguieron los pasos apropiados, y en algunos de ellos, como en el caso del Servicio de Caminos, se actuó con evidente arbitrariedad. Resultan llamativas las varias renuncias de funcionarios de alto rango en el Estado que se han ido produciendo en los últimos meses. Todavía no se tiene claras las causas de las mismas y se han tejido una serie de especulaciones.

Finalmente, el impulso al juicio de responsabilidades al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que la actual administración quiere acelerar, puede ser otra señal que busca generar la sensación de que la justicia se aplica a todos, sin importar su condición.

Cuarta señal: El Gobierno ha resuelto uno de los temas más complejos de la agenda presidencial, como es el del referéndum vinculante sobre autonomías y la realización de la Asamblea Constituyente. Si bien no se consideraron algunos posibles problemas futuros en la implementación de ambos procesos, se ha dado una señal positiva de concertación política y capacidad de decisión. A pesar que la decisión para llevar adelante estos procesos implicó el fracaso del Consejo Preautonómico y Preconstituyente posesionado por el anterior Gobierno, esta decisión ha bajado considerablemente la tensión regional y ha impuesto un cierto compás de espera para que sea precisamente la Asamblea Constituyente la que se encargue de abordar algunos problemas estructurales de la Nación. Paralelamente a este proceso va creciendo el sentimiento de indecisión y poca claridad en la aplicación de políticas de reforma que habían sido prometidas por el actual Gobierno. Algunos sectores califican estas indecisiones como falta de un plan de gobierno. Sin embargo, éste puede ser un problema del sistema político en su conjunto, que no tiene mediaciones políticas debidamente institucionalizadas y con planes de gobierno elaborados, durante tiempos no electorales, para las elecciones de turno.

Quinta señal: Finalmente, un elemento que debe ser tomado en cuenta con gran relevancia en la actual administración del Estado es el espacio que juega lo simbólico, expresado en términos culturales y religiosos. Es así como el Presidente de la República es colocado bajo la bendición y protección divina y de los antepasados de los pueblos originarios, y con ello se encuentra una singular simbiosis entre una visión simplemente política y una investidura con tintes sagrados y con carácter trascendental. Un hecho significativo en este sentido fue la posesión en su cargo realizada por el presidente Evo Morales, un día antes de su posesión oficial, delante de los pueblos indígenas y originarios, en la localidad de Tiwanaku, cuna de una de las culturas más antiguas de Bolivia. En este acto, y en otros realizados posteriormente, abundan los simbolismos religiosos y culturales conjugados con el gran liderazgo que el Presidente de la República tiene entre los pueblos indígenas, no solamente de Bolivia, sino de los países latinoamericanos.

Algunas encuestas realizadas en las últimas semanas han mostrado que el presidente Evo Morales todavía cuenta con un apoyo ciudadano mayoritario que incluso en algunos casos llega al 75% de la población. Este apoyo expresa todavía el clima de optimismo sobre el cambio que se pueda dar a las políticas públicas, que en las últimas gestiones tuvieron resultados negativos. Una tarea todavía pendiente es la de ir construyendo consensos que puedan permitir la elaboración de políticas públicas y de Estado, que incorporen sectores sociales y ciudadanos. La realización de la futura Asamblea Constituyente se vislumbra como el escenario en el que se pueden ir construyendo estos consensos, en la medida en que todos los sectores acepten la necesidad de comenzar cambios estructurales y de largo aliento, como es la implementación de las autonomías departamentales, o el cambio de modelo económico y social, por ejemplo. Cabe esperar que Bolivia, que ha comenzado una etapa evidentemente nueva y cargada de muchos desafíos en su vida política y social, pueda dar el salto cualitativo que requiere para fortalecer su sociedad, su Estado, y concluir de esta forma la construcción de la Nación boliviana.