1955: De una educación de castas a una educación de masas

 

 

Beatriz Cajías de la Vega

 

 

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Aunque la Reforma Educativa de 1955 es un hito fundamental en la historia de la educación boliviana, no se han realizado todavía los estudios suficientes para conocer y comprender a profundidad su contexto de elaboración, fines y objetivos, sustentos pedagógicos, logros, etc.

Este trabajo intentará aproximarnos, a partir de la visión general de la Reforma Educativa, a uno de sus aspectos constitutivos: la democratización, apoyado en la revisión y análisis de diversos documentos básicos, especialmente de 1952 a 1954, así como del Código de la Educación Boliviana, aprobado en 1955.

El texto esencial de este artículo forma parte del documento LA EDUCACIÓN Y LA REVOLUCIÓN DE 1952 EN BOLIVIA, presentado en el Simposio: REFORMAS EDUCATIVAS EN LA HISTORIA DE AMÉRICA LATINA, durante el 49. CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS, realizado en Quito, del 7 al 11 de julio de 1997.

 

1. La perspectiva del M.N.R. y la Reforma Educativa

Una vez obtenida la victoria popular e instalado el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, el M.N.R. muestra su capacidad para recuperar y traducir las banderas que se han venido levantando en los últimos años, «interpreta las necesidades y los anhelos del proletariado, del campesinado, de la clase media y de la naciente burguesía progresista» (Víctor Paz Estenssoro (VPE):1953) y lanza una serie de medidas destinadas a la transformación de raíz del Estado y la sociedad bolivianos.

Dentro de estas disposiciones, resaltan las siguientes medidas principales:

a)      El sufragio universal (21-VII-1952), otorgando a todos los bolivianos, hombres y mujeres, mayores de edad, el derecho de participar en los actos eleccionarios, cualquiera sea su grado de instrucción, ocupación o renta; esto elimina en los hechos el antiguo requisito de la alfabetización para ser votante e incorpora al campesinado en los procesos eleccionarios; así, se incrementa de 200.000 a casi 1.000.000 el número de votantes.

b)      La Nacionalización de las Minas (31-X-52), que devuelve al patrimonio del Estado boliviano a las tres principales minas de estaño, propiedad de los «Barones» Patiño, Hoschild y Aramayo; se crea la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), a cargo de las dos terceras partes de la industria minera del estaño, con cogestión obrera. Esta disposición consolidará el liderazgo de la Federación de Mineros en el movimiento obrero-sindical del país, dentro de la recientemente fundada Central Obrera Boliviana (COB).

c)      La Reforma Agraria (3-agosto-53), urgida por movilizaciones campesinas, violentas tomas de haciendas y la crisis generalizada del sistema de propiedad de la tierra, con los objetivos básicos de: la abolición de la servidumbre campesina, la liquidación del latifundismo feudal, el aumento de la producción mediante el desarrollo agrícola e industrial y el fomento del mercado interno.

Y, finalmente:

d)      La Reforma Educativa (1955), dentro de una serie de políticas sociales, con inversiones masivas en salud y educación, que recupera, además, la actitud del magisterio boliviano organizado, que durante muchos años ha venido impulsando la adopción de nuevas políticas y normas educativas.

Para operativizar esta decisión, el gobierno organiza una Comisión de personalidades destacadas en el ámbito educativo y cultural del país. Esta Comisión se conforma con doce miembros: un representante de la Presidencia de la República, dos representantes del Ministerio de Educación; dos representantes del Ministerio de Asuntos Campesinos; tres representantes de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Enseñanza; un representante de la Central Obrera Boliviana; un representante de los Consejos Universitarios; un representante de la Confederación Universitaria Boliviana y un representante de los Colegios Particulares. Esta composición permite la representación de diversas instituciones involucradas en el tema educativo y, por las personas designadas, un carácter pluralista. Al mismo tiempo, la Comisión cuenta con el apoyo de las distintas instancias técnicas del Ministerio de Educación, lo que contribuye a la fundamentación científica de las propuestas e involucra al personal de dicho Ministerio en las acciones que debían ejecutarse posteriormente.

La metodología elegida tiene rasgos distintivos respecto a otras reformas educativas en otros tiempos y lugares. En este caso, la Comisión designada desempeña sus labores a lo largo de un plazo otorgado de apenas 120 días, durante los cuales realiza mesas redondas, conferencias, entrevistas, lecturas, etc., para informarse adecuadamente y consultar el parecer de diversas instituciones y organizaciones nacionales. Posteriormente, las sub-comisiones conformadas (Bases y Fines de la Educación; Estructura Administrativa y Legislación Educacional; Planes de Estudio, Programas y Métodos; Economía y Estadística; Enlace entre las Universidades y los Ciclos Pre-Universitarios; y Educación Obrera y Campesina) elaboran sus informes iniciales, los que, debatidos y enriquecidos en plenaria, constituirán posteriormente el Proyecto de Código de la Educación Boliviana, presentado a consideración del Presidente de la República en enero de 1954.

Paradójicamente, a pesar de su importancia, otras preocupaciones llevaron a que este proyecto permanezca olvidado en los despachos del Poder Ejecutivo durante casi un año, hasta que una fuerte movilización del magisterio organizado exigió su aprobación. El gabinete revisó y corrigió el texto, habiéndose finalmente promulgado el Código de la Educación Boliviana en enero de 1955.

La perspectiva general de la educación del M.N.R. está marcada por la conceptualización del Estado docente, incorporada ya en la Constitución Política del Estado de 1938 que establece a la educación como «la más alta función del Estado» (CPE 1961, Art. 186), «porque es un derecho del pueblo e instrumento de liberación nacional» (Código de la Educación Boliviana [CEB], Art. 1º.).

De acuerdo con la visión del nacionalismo revolucionario propugnada por el M.N.R., la educación es esencialmente considerada un instrumento político, por lo que surgen como motivaciones principales de esta reforma las expresadas por el Presidente Víctor Paz Estenssoro, al posesionar a los miembros que conformarán la Comisión encargada de elaborar su estudio:

«Realizadas esas profundas transformaciones en la estructura económica y social del país, el Estado, en sus instituciones y en su orientación, no puede permanecer dentro de los patrones correspondientes al viejo régimen. Debe también evolucionar en sus funciones. De ahí que la educación, una de las principales funciones del Estado, que tiende a la formación de los individuos, en hábitos, normas, conducta y conocimientos, de acuerdo a las necesidades de cada época y a los intereses de los grupos sociales dominantes, requiere imperativamente una reforma, a fin de ponerla en armonía con la nueva relación de fuerzas económicas y sociales a que ha dado lugar la Victoria Nacional de Abril» (VPE:1953).

Paz Estenssoro puntualiza su posición al promulgar el Código:

«Es innegable que en toda sociedad y a través de todas las épocas, hay una relación directa entre la orientación y el alcance que tiene la educación y los intereses de las clases dominantes. (...) Cada cambio en las relaciones de poder entre las clases sociales plantea la necesidad de una 'nueva educación', porque la educación en sí misma es ya una ventaja para quien la posee, ella provee al nuevo Estado de servidores eficientes...» (VPE, 1955).

En esta perspectiva política, «la educación, cuando se constituye en monopolio de estrechos círculos se transforma en instrumento de dominación», pero también, como en este caso, es posible «destruir el monopolio de la educación mantenido para su provecho por los grupos dominantes para extenderla a todos los sectores de la población, principalmente a aquellos hoy relegados, como los campesinos, obreros y artesanos pobres, de ciudades, pueblos y aldeas» (D.S. No. 03441).

«La educación nacional debe inspirarse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y orientarse por los principios nacionalistas y revolucionarios que alientan las mayorías bolivianas; conciliando la dignidad y libertad del hombre, principio humanista universal, con sus deberes políticos y de trabajo productivo, de manera que exista entre Estado y Persona un adecuado equilibrio de derechos y deberes» (CEB, Considerando).

Entonces, la educación, de manera coincidente, tiene una función esencialmente social, «de beneficio para el progreso espiritual y el desarrollo material de la nación», por lo que no puede reducirse a logros individuales.

Desde el inicio hasta la finalización del trabajo de la Comisión, esta fue una dirección expresamente señalada por el Presidente de la República:

«El hombre como individuo está articulado a la colectividad a la que pertenece, ya que las posibilidades de su realización plena están condicionadas por la suerte de esa colectividad. Para mejorar al hombre hay que mejorar al pueblo» (VPE:1953).

«Con la educación fundamental que actúa no sólo sobre el educando, sino también sobre su familia, y la comunidad de la que forma parte, tendremos un efectivo instrumento para mejorar el modo de vida campesino» (VPE:1955).

«Todos los bolivianos beneficiarios de la educación -por obra del Estado o como resultado de una situación económica familiar desahogadase deben por sobre todas las cosas a la colectividad nacional» (VPE: 1955).

La Reforma Educativa pretende, además, ser una respuesta «de los bolivianos para los bolivianos». Esta intención es señalada desde el inicio y consagrada posteriormente como una de las bases del Código:

«Es nacional, porque responde funcionalmente a las exigencias vitales del país en sus diversas zonas geográficas, buscando su integración y la solidaridad de sus pobladores para la formación de la conciencia nacional a través de un destino histórico común» (CEB, Art. 1o.,5)).

Así, el Presidente de la Comisión de Reforma Educativa presenta en su informe de conclusiones la consideración de que «este Código está hecho a la medida de los bolivianos y consultando nuestra propia realidad económica y social» (Diez de Medina, 1954), percepción complementada por el Presidente de la República:

«La Reforma Educativa a la que hoy damos validez legal, está en armonía con lo que somos y con lo que nos proponemos ser. Se conforma a las necesidades de un país económicamente sub-desarrollado, con una población no sólo analfabeta en su gran mayoría, sino también dividida por diferentes dialectos y con grupos humanos en distintos estados de civilización»(VPE, 1955).

El nacionalismo propugnado en el Código tiene relación con la necesidad de consolidar la unidad de la nación boliviana, por lo que se incorpora como un fin de la educación nacional:

«Vigorizar el sentimiento de la bolivianidad, combatiendo los regionalismos no constructivos y exaltando los valores tradicionales, históricos y culturales de la Nación Boliviana» (CEB, Art. 2º. 8)).

Seis años después de aprobado el Código de la Educación Boliviana, en 1961, se aprueba una nueva Constitución Política del Estado, que incorpora los nuevos lineamientos del Nacionalismo Revolucionario a las disposiciones legales anteriores. En el campo educativo, se ratifica que la educación es «la más alta función del Estado», dándole carácter general y gratuito, «sobre la base de la escuela única democrática». El estado tiene, por un lado, la obligación de apoyar a estudiantes e instituciones de bajos recursos económicos y, por el otro, de ejercer tuición sobre todas las actividades educativas que se desarrollan en el país, garantizando la libertad de enseñanza privada y religiosa.

Estos rasgos son comunes a las legislaciones previas y también a disposiciones contemporáneas de otros países. Las distinciones incorporadas por el M.N.R. están referidas al «fomento de la cultura del pueblo» y a la formación relacionada con sus definiciones políticas y económicas, plasmada en los siguientes artículos:

«Art. 187.-El Estado promoverá la educación vocacional y la enseñanza profesional técnica, orientándola en función del desarrollo económico del país. De igual modo impulsará la educación fundamental campesina en relación con la Reforma Agraria.

Art. 188.- La alfabetización es una necesidad social a la que deben contribuir todos los habitantes del país.

Art. 194.- El Estado organizará instituciones de enseñanza superior, preferentemente de carácter técnico y científico.

Art. 197.- (...) Dependiente de cada una (de las universidades publicas) funcionará un instituto destinado a la capacitación cultural, técnica y social de los trabajadores» (CPE:1961).

Es el aporte del MNR, ligado a las reformas estructurales del Estado, el que relaciona la educación con la economía, la plantea como necesidad social, y destinada especialmente a obreros y campesinos, es decir, a los grupos sociales anteriormente marginados, tal como se propuso el Código de la Educación.

Así, la principal disposición jurídica de la nación incorpora la perspectiva educativa planteada en la Reforma Educativa, dándole mayor trascendencia jurídica y temporal que la tenida hasta ese momento.

 

2. La Extensión y Democratización de la Educación Pública

Aunque hubo avances claros respecto a la mayor extensión de la educación pública en Bolivia, principalmente impulsadas por los gobiernos liberales, primero, y, luego, por los gobiernos del socialismo militar, después de la Guerra del Chaco, el Censo de 1950 muestra que solamente el 32% de la población boliviana era alfabeta, quedando la mayor parte marginada de los beneficios de la educación.

Ante esta situación y decidida la Reforma Educativa, se plantea como uno de sus objetivos principales la incorporación de todos los bolivianos en edad escolar a la educación regular y a la realización de masivas acciones de alfabetización para los adultos analfabetos, asumiendo para sí un lema ya popular en diversos países de América Latina: «DE UNA EDUCACIÓN DE CASTAS A UNA EDUCACIÓN DE MASAS».

Paz Estenssoro presenta así la consistencia de esta decisión con los planteamientos generales de su gobierno:

«A esta altura de la marcha de la historia, y cuando nos encontramos en camino de establecer una auténtica democracia, incorporando realmente a la vida nacional a todos los habitantes de este país, resulta anacrónico y reaccionario el pretender, como lo hacen algunos intelectuales, que ni el arte ni las ciencias son manjares para el paladar de las multitudes y que deben permanecer reservados para las élites directoras. Nuestros postulados con evidente sentido social de extender los beneficios de la educación, no sólo en la base fundamental, sino también media y superior, para el hombre del pueblo, no dejan de tener en cuenta la personalidad humana, como objetivo de su acción. Abren innumerables posibilidades de desarrollo intelectual para un número infinitamente mayor de individuos» (VPE: 1953).

Se espera así promover un verdadero cambio histórico en la vida y la educación nacionales:

«Hasta hace poco fuimos una democracia de nombre y una plutocracia de hecho. La Revolución Nacional está cambiando el proceso histórico y político de este país. Mañana, cuando se aplique este Código Educacional, podremos decir que Bolivia es una república grande, verdaderamente democrática, por haber puesto el saber y la cultura al alcance de sus obreros y campesinos» (Diez de Medina: 1954).

El Código asume este desafío, incorporando las siguientes bases:

«Es universal, gratuita y obligatoria, porque son postulados democráticos básicos y porque el individuo, por el hecho de nacer, tiene derecho a igualdad de oportunidades a la cultura.

Es democrática y única, porque ofrece iguales oportunidades de educación común a la totalidad de la población sin hacer diferencia alguna...» (CE, Art. 1o., 2) y 3)).

Esta democratización en la educación se plantea en términos pedagógicos como «escuela única»; uno de los principales postulados de la Escuela Nueva y que fue asumido en Bolivia desde la aprobación de la Constitución de 1938.

La Reforma Educativa asume esta disposición, pues considera que «el principio Constitucional de la escuela única significa la orientación unitaria y coordinada de la educación en todos sus ciclos y la igualdad de oportunidades para todos los bolivianos sin discriminación alguna» (CEB, Considerando).

Es decir, la democratización en esta perspectiva no implica solamente la posibilidad de ingresar a la educación para todos los bolivianos, sino que el sistema educativo mantiene una sola orientación y ofrece una misma educación a todos. Así lo plantea el trabajo de la Comisión:

«La Revolución Nacional debe superar ese estado de cosas (la limitación en la educación), implantando los postulados de la Escuela Única que proporciona igualdad de oportunidades a los educandos; enseñanza progresiva y armónica en todos los ciclos; medios materiales, técnicos y circunstancias favorables para formar al futuro ciudadano en función productiva, habilitándolo para destruir privilegios de clase y convirtiéndolo en elemento activo y eficiente del proceso de liberación nacional» (D.S. 03441).

A lo largo de los siguientes años, la democratización educativa llega a resultados significativos, algunos de los cuales se presentan a continuación.

De acuerdo con los datos censales, la marginalidad educativa, es decir, la inasistencia a la escuela de la población de 5 a 14 años, pasa de un 72% en 1950 a un 36% en 1976, mostrando que esta marginalidad, aunque permanece con datos críticos, se ha reducido a la mitad en los 26 años transcurridos entre ambos Censos, lo que significaría que, en la práctica, los postulados de la Reforma Educativa de 1955 alcanzaron importantes logros.

Esta aseveración puede también confirmarse a partir de otros datos relativos a los alcances de la atención brindada por el sistema educativo nacional.

Los datos anotados muestran los avances que se dieron respecto al ingreso a los distintos niveles educativos; es significativa la matrícula en el nivel pre-escolar, que antes tenía muy escaso significado, y en el nivel secundario, mostrando que los esfuerzos para ampliar la cobertura de la educación boliviana no se concentraban exclusivamente en la educación primaria.

También en este caso los datos consignados expresan el enorme esfuerzo realizado en Bolivia para la fundación de nuevos establecimientos educativos, destinados a cumplir los objetivos planteados por la Reforma Educativa. El número de establecimientos tiene un incremento especial respecto al nivel pre-primario, con una fuerte intervención de la educación privada, de la cual dependen 94 de los 183 establecimientos en 1964 (51%). La educación privada administra también 184 establecimientos de educación secundaria (47%), aunque su participación es menor en el nivel primario, alcanzando sólo el 5%.

La democratización de la educación no se destina exclusivamente a la educación formal, a la escuela. La preocupación de la Reforma Educativa también se dirige a la población analfabeta del país, cuyo alto porcentaje muestra una grave situación que se busca revertir en el menor plazo posible.

Para ello, el Código de la Educación Boliviana de 1955 incorpora como parte del sistema educativo nacional la educación de adultos, «para suplir la falta de oportunidades en la niñez o adolescencia, reparar las deficiencias de los ciclos primario y secundario y ampliar su nivel cultural y su capacidad de trabajo» (CEB, Art. 15o.,2)).

Los adultos serán atendidos en escuelas de alfabetización, escuelas de enseñanza complementaria y técnica y escuelas de aprendizaje y recuperación.

La alfabetización, como deber del Estado, se constituye en una campaña de carácter progresivo y participativo, movilizando a las principales fuerzas sociales del país y utilizando todos los niveles y recursos del sistema educativo nacional. Sus objetivos no se reducen a saber leer y escribir, sino que abarcan el mejoramiento de las condiciones generales de vida y de trabajo de los adultos y el defender y mejorar la cultura nacional. Asimismo, dado de que el analfabetismo se concentra especialmente en zonas de pobladores indígenas, se establece que «la acción alfabetizadora se hará en las zonas donde predominen las lenguas vernáculas, utilizando el idioma nativo como vehículo para el inmediato aprendizaje del castellano como factor necesario de integración lingüística nacional» (CEB, Art. 115o.).

Las acciones desarrolladas alcanzan resultados concretos, como puede verse al comparar los datos pertinentes obtenidos en los Censos de población de 1950 y 1976.

Aunque en números absolutos, durante los 26 años el analfabetismo descendió de 1.109.271 a 993.437 analfabetos, constituyendo apenas un 10% de decremento, en términos porcentuales el avance sí es significativo. A nivel general, Bolivia pasó de tener una población mayoritariamente analfabeta (68%) a un 37%; porcentaje todavía muy significativo, pero que significa algo más de la mitad respecto a la situación anterior. Se presentan datos especialmente significativos en los rangos de edad de los 20 a los 40 años, que justamente fueron atendidos durante el gobierno del M.N.R., con consistentes disminuciones en los porcentajes de analfabetismo. Sin embargo, no debemos dejar de anotar que, tomando los datos según sexo, la situación es particularmente conflictiva para las mujeres, que en 1950 constituían el 57% de los analfabetos y en 1976 representan el 68% de toda la población analfabeta, mostrando la postergación de las mujeres en la atención educativa.

 

3. Algunas conclusiones iniciales

La Revolución de 1952 transformó radicalmente las estructuras de Bolivia y signó su funcionamiento hasta la aparición de nuevas orientaciones políticas y económicas en la década de los 80's.

En el campo educativo, el Código de la Educación Boliviana constituyó el ordenamiento jurídico más sólido de toda la historia de la educación de Bolivia, con un enorme impacto político que mantuvo durante décadas su amplia aceptación popular y aún ahora funciona como una bandera principal en las luchas del magisterio sindicalizado, como paradigma de los deberes del Estado respecto a la educación nacional.

Su vigencia normativa se mantuvo desde su aprobación, pero perdió consistencia tanto por su aplicación parcial y sesgada, como por la introducción de cambios superficiales y contradictorios en las disposiciones educativas asumidas por los gobiernos de Barrientos y Banzer, en 1969 y 1972, respectivamente. Contradictoriamente, en gran medida, las bases de la educación nacional propugnadas por el Código han sido incorporadas en la actual Ley de Reforma Educativa, presentando una situación confusa al mantener la visión del nacionalismo revolucionario en un país con economía de mercado y políticas neoliberales.

Es importante reconocer que, casi desde su promulgación, no se aplicó la mayor parte de las disposiciones contenidas en el Código, impidiendo que los fines, normas y estructura se plasmen en la realidad con los alcances esperados inicialmente. Claro ejemplo de esta situación es la educación técnica que, a pesar de los diversos esfuerzos por impulsarla, sigue siendo una modalidad minoritaria en el país.

Sin embargo, no pueden desconocerse logros significativos en la ampliación de la cobertura, en los diversos ciclos educativos, por parte de poblaciones anteriormente marginadas, especialmente las del área rural, aunque hasta este fin de siglo no se ha logrado garantizar a todos los niños bolivianos la conclusión de la educación primaria obligatoria, por lo menos.

Esto se debe en parte a que la Escuela Única estuvo más referida a la igualdad de oportunidades de acceso a la educación, pero no así a la igualdad de oportunidades en la atención educativa. Paulatinamente, el desarrollo del sistema educativo boliviano lleva a una distinción cada vez más aguda entre la educación urbana y la educación rural, con claras discriminaciones en desmedro de la educación en el campo, donde la mayor parte de la oferta educativa ha estado reducida a los tres primeros grados de educación primaria.

El acceso no fue suficiente, pues, por la baja calidad, la falta de pertinencia, limitaciones económicas todavía vigentes, y otras causas, la deserción educativa llega a que sólo alrededor de cinco de cada cien estudiantes del área rural cursen del primero de primaria al último curso del bachillerato. Esta masiva deserción provoca que, aunque la tasa actual de analfabetismo absoluto se ha reducido al 19%, dentro de los parámetros del analfabetismo funcional, uno de cada dos bolivianos no sabe leer y escribir actualmente.

El énfasis de la educación fiscal estuvo dirigido principalmente a la extensión de la matrícula escolar, descuidando en gran medida la calidad de la educación impartida. Los primeros impulsos para transformar curricular y metodológicamente el proceso educativo en la perspectiva de una escuela activa, científica y nacional, se truncaron especialmente a partir de la caída del M.N.R., mientras la educación se sumergía en la rutina y en una práctica cada vez más tradicional y obsoleta, con rasgos autoritarios, memorísticos y repetitivos, alejada de la realidad nacional y desvinculada de la vida cotidiana individual y social de los bolivianos.

Por otra parte, el nacionalismo sustentado en el Código tiene como consecuencia la tendencia a la integración nacional, aun a pesar del reconocimiento de las diferencias, provocando la castellanización generalizada y la uniformidad de planes y programas escolares. Esta situación es actualmente rechazada y la actual reforma educativa propugna, más bien, la educación intercultural y bilingüe, como uno de sus ejes principales.

Estos rasgos, apenas esbozados en este artículo, y muchos otros que configuran la educación boliviana actual, han obligado a asumir como una urgencia histórica para el país una nueva Reforma Educativa que, tal vez, ahora sí pueda hacer realidad todos sus postulados.

 

Bibliografía y Documentación consultada

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