EDITORIAL

 

"LAS DOS CARAS DE LA MEDALLA"

 

 

Cada ente contiene una propuesta y, al mismo tiempo, su propia negación. En todo acto social o jurídico, entonces, es posible apreciar dos caras de la medalla, la tesis que propone y la posición que la refuta, niega y contradice.

Estas dos caras de la medalla se traducen en dos visiones distintas y aparentemente dicotómicas que podemos percibir de los caminos que sigue la justicia en nuestro país, desde las instituciones educativas que coordinan, planifican y ejecutan la malla curricular académica; las aulas universitarias donde se forman los futuros juristas, jurisconsultosy operadores jurídicos en general; pasando por los pocos investigadores y estudiosos del Derecho, productores de la incipiente doctrina jurídica nacional; hasta los abogados litigantes, jueces, tribunales y funcionarios judiciales.

De ese escenario se perciben las dos caras de la medalla a que hacemos referencia. Comenzaremos por la cara que nos provoca pesimismo y desaliento para terminar con la visión optimista que nos permite percibir los signos que despiertan en nosotros la esperanza que a través del ejercicio del Derecho, podemos cambiar el propio Derecho, contribuyendo a mejorar la sociedad y el funcionamiento del Estado.

Las instituciones educativas, públicas y privadas, son las principales responsables del pésimo sistema educativo diseñado para la formación de profesionales del Derecho y de los abogados en general. Las instituciones educativas, públicas y privadas, son las principales responsables del pésimo sistema educativo diseñado para la formación de profesionales del derecho y de abogados en general. Para comenzar no diferencian entre los que se gradúan como licenciados en derecho y aquellos que pretenden ejercerla profesión en estrados judiciales. Los que se forman en Derecho pueden ejercer la docencia, la carrera administrativa o el desempeño como funcionarios judiciales. Éstos profesionales no han recibido instrucción para desempeñarse como abogados litigantes, ni reciben orientación para lograr especialización o menciones especiales en las diferentes áreas del Derecho, que los habilite para un buen desempeño en la barra judicial.

Además, son tan bajos los sueldos ofrecidos a quienes ejercen la docencia que desaniman a quienes tienen vocación para ello además de formación post gradual y doctoral. En la universidad pública se califica mejor en el escalafón a quien ejerce la docencia durante 10 o 15 años, que al profesional que ha realizado trabajos de investigación y los ha publicado,y a los que han alcanzado el máximo grado académico hasta ahora reconocido: el doctorado. A los 15 años de antigüedad docente se les asigna mayor puntación que al grado de Doctor y las publicaciones científicas. Son pocas las posibilidades de remoción de ideas y actualización académica con las nuevas corrientes doctrinarias del Derecho.

Gran parte de los profesores de la carrera de Derecho ejercen dicha actividad a tiempo residual, con escasísimo tiempo para el estudio y la investigación. Los alumnos están más preocupados por la nota y el título que por aprender. Necesitan el cartón que los habilite para "negociar" con el cliente, funcionarios y jueces. Piensan, y tal vez tengan razón, que no hace falta saber Derecho para ganar un juicio. Lo importante es saber negociar y para ello, el salvoconducto es el título de abogado.

Pero, frente a ese panorama aparentemente desolador, también percibimos con gran ilusión que existen profesionales del derecho, trabajando en instituciones de educación superior o fuera de ellas, que muestran gran entusiasmo con la investigación y la difusión de nuestra doctrina jurídica, realizando importantes aportes para ampliar el sentido interpretativo de normas sustantivas y adjetivas en aras de ensanchar los márgenes de protección y tutela de los derechos ciudadanos.

Existen también operadores jurídicos, llámense abogados, jueces o funcionarios judiciales, que se constituyen en los abanderados del romanticismo jurídico porque creen firmemente en el Derecho y buscan la aplicación de la ley al caso concreto, desde la perspectiva de los valores y principios supremos de la Constitución por encima del mandato contenido en la ley ordinaria y desterrando favorecer intereses subalternos a la primacía de la justicia.

Los pocos buenos pueden ir ampliándose en número de tal manera de poder provocar el rompimiento del círculo vicioso que está ahogando la credibilidad del ciudadano en todo el sistema judicial, pilar fundamental para conseguir y consolidar la paz y la armonía social. Recordemos que la injusticia, cuando es permanente y reiterativa, provoca reacciones insospechadas que pueden alterar el status quo y desbordarse por senderos de la repulsa y la rebelión.

Dios nos guarde que ello ocurra!

El Director