EDITORIAL

 

¡SÁLVESE QUIEN PUEDA!

 

 

Tal vez la expresión del título no sea la más adecuada, cuando lo que queremos expresar es que, en Bolivia y en especial en Santa Cruz, pareciera que vivimos en un pueblo donde no se respeta la ley y los encargados de hacerla respetar y cumplir se encuentran realizando tareas más importantes: cuidar de sus propios intereses y negocios particulares generados por el ejercicio de la función pública.

Cada uno hace lo que quiere en la medida que puede ejercer y abusar de su derecho mientras nadie le reclame o se lo impida. Vivimos en un momento que permite evocar la época anterior a la vigencia del Estado de Derecho: es la ley del más fuerte la que se impone.

Son escasísimos los ciudadanos que respetan el derecho ajeno. Estamos más interesados en descubrir el límite hasta dónde puedo excederme en el ejercicio de mi derecho. El derecho de los demás es lo de menos.

El poder público no tiene presencia. La ciudadanía se encuentra indefensa frente al avasallador y al abusivo. Las instituciones dependientes del gobierno central no ofrecen respuesta alguna a las necesidades ciudadanas. El PoderJudicial, por ejemplo, no termina de reorganizarse y no parece con intenciones de redefinir objetivos institucionales en aras de facilitar el acceso a la justicia a todos los ciudadanos, sin discriminación.

En el Palacio de Justicia se le roba al ciudadano a vista y paciencia de las autoridades administrativas y jurisdiccionales: las notificaciones le cuestan al litigante, en el mejor de los casos, Bs. 15.-; los testimonios y certificaciones se cobran a razón de Bs. 10.- por cada hoja. Pero ahí no terminan las irregularidades, porque los jueces y magistrados son durísimos al aplicar los plazos procesales a las partes, pero ellos violentan esos plazos todos los días. Quiero decir, que los plazos procesales corren para los litigantes pero no para los jerarcas de la administración de justicia. Todo ocurre con la más pasmosa tranquilidad. Nadie se inquieta. Lo que alarma y sorprende es que alguien se atreva a cuestionar todas estas irregularidades que inciden en el ejercicio jurisdiccional y terminan vulnerando derechos constitucionales de los ciudadanos de a pie.

En la Fiscalía -donde se ha roto todo el proceso de institucionalización- todo reclamo, denuncia, solicitud o trámite, tiene un precio sin el cual nadie podrá obtener el derecho a ser escuchado. Nadie sabe el destino de esos recursos y la forma de su administración. Los defensores de la sociedad son los que le violan sus derechos dificultando e impidiendo el acceso a la justicia. La pérdida de confianza en los organismos encargados de proteger al ciudadano lo coloca en verdadero estado de indefensión. Ni qué decir de los organismos policiales investigativos, que no cuentan con la asignación de recursos suficientes y no mueven un dedo si el interesado (llámese víctima del delito) no provee recaudos para las citaciones y movilizaciones requeridas para la "búsqueda de elementos suficientes de convicción".

Los estamentos del gobierno local, llámese prefectura o alcaldía han tomado la decisión de abandonar al pueblo. La seguridad ciudadana quedó en slogans, la planificación de la ciudad ya no es atribución de la alcaldía sino de los constructores, loteadores y propietarios de terrenos y edificaciones que siguen sus propias reglas y están organizando la ciudad de acuerdo a sus intereses particulares.

Lo ocurrido con el Edificio Málaga en Santa Cruz,cuyos cimientos en construcción se derrumbaron enterrando vivas a 15 personas entre ingenieros, albañiles y ayudantes, es un ejemplo que la ciudad está abandona por los poderes del Estado. Cada memorial o solicitud que se presenta a la Oficina del Plan Regulador tiene un costo de Bs. 1 22,50 aunque en esa repartición afirman no tener responsabilidad alguna en el control de las estructuras de esos diseños y construcciones porque, supuestamente, el Código de Urbanismo y Obras vigente, no les atribuye facultades para ello; pero, aquellas que le son atribuidas tampoco las cumplen: la mayor parte de las edificaciones en el casco viejo de la ciudad y entre primer y segundo anillo no respetan ninguna de las normas del Código, pero los ejecutivos del Plan Regulador hacen la vista gorda; y en los casos en que se clausura una obra, se coloca un afiche que no cumple nadie y no existe autoridad que la haga cumplir.

Lo que se vive en las calles es verdaderamente dramático. La ciudad parece estar diseñada para los vehículos porque el peatón no sido tomado en cuenta. Los accidentes ocurren a diario, las muertes por esos accidentes son cada vez mayores, pero esa situación no les provoca desvelos a los organismos municipales.

Los mercados y supermercados expenden muchos productos vencidos y en mal estado, sin que haya autoridad municipal que ejercite control sobre la calidad y vigencia de los productos, menos sobre los precios que se encuentran regidos por la ley de la oferta y la demanda.

Pero, nosotros los ciudadanos somos cómplices de toda esta anarquía. Nadie reclama. Todos nos acomodamos a la situación. A este paso, viviremos en una de las urbes más pujantes, más desordenadas y anárquicas del país. Es un pueblo sin autoridades que cumplan su deber y obligación. La ciudad está en manos de nadie. Sálvese quien pueda!

 

El Director