EDUCACIÓN CIUDADANÍA AMBIENTAL

 

Medio ambiente y construcción de ciudadanía Environment and construction of citizenship

 

 

Marcos Chinchilla Montes
Trabajador Social
Profesor Escuela de Trabajo Social
Universidad de Costa Rica
mchinchi @fcs .ucr. ac. cr
Recibido / Received: 08/11/2013
Aceptado / Accepted: 15/12/2013

 

 

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RESUMEN

Tradicionalmente el tema medio ambiental ha sido abordado con criterios eminentemente biológicos, sea destacando los riesgos de la degradación ambiental, o la necesidad de establecer mecanismos políticos y prácticos que colaborarán con su aprovechamiento sostenible.

Si bien la discusión social y política alrededor de este tema es de larga data, no es sino hasta hace unas tres décadas que comienza a generarse un debate en el cual se concibe que la participación social en el aprovechamiento y conservación del medio ambiente, es de vital importancia para avanzar en el uso y conservación de éste de forma responsable y sostenida.

A inicios de la década de los 90 del siglo pasado se genera una intensa discusión en torno al concepto de ciudadanía y los procesos sociales de los cuales se deriva y potencia. La visión conservadora y burguesa hace de la ciudadanía un producto orientado a garantizar la gobernabilidad, la misma se concibe con un "techo" que delimita y condiciona los espacios de participación social de las mayorías.

En el marco del tema medio ambiental la participación social se ha ido profundizando; sin embargo, se cuestiona frecuentemente si estos procesos de participación están construyendo ciudadanía, o en su lugar, si vienen a reforzar mecanismos conservadores de participación social.

Palabras claves: medio ambiente, derechos humanos, ciudadanía, participación social

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ABSTRACT

Traditionally, the environmental issue has been addressed with eminently biological criteria, is highlighting the risks of environmental degradation, or the need for political and practical mechanisms to collaborate with their sustainable use. While a social discussion around this topic is of long standing, it was not until about three decades that begins to generate a debate, it was conceived that social participation is vital to advance the development and conservation of the environment in a responsible and sustainable way.

At the start of the 90s of last century generated an intense discussion on the concept of citizenship and their social processes. The conservative and bourgeois visions of citizenship make it a product to ensure governance, it is conceived as a "limit" that defines and determines the areas of social participation of the majority.

Under the environmental issue, social participation has been deepening, however, is often questioned whether these processes are building citizen participation, or instead, if they come to reinforce conservative social participation mechanisms.

Keywords: environment, human rights, citizenship, social participation.

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Introducción

Participación es una de las categorías profesionales que con mayor énfasis se han trabajado a lo largo del desarrollo del Trabajo Social. Múltiples son los enfoques y niveles sobre los que se ha discutido, sobre su potencial para desarrollar sociedades más inclusivas y democráticamente participativas.

No debe, por lo tanto, sorprendernos el debate que desde las Ciencias Políticas¹ se ha dado en torno al tema de la construcción de ciudadanía, tema que durante muchos lustros hemos potenciado como profesión, pero que se ha conceptualizado como participación social². Además, no nos hemos concentrado tanto en una reflexión teórica, sino en incentivar procesos de participación social que colaboren con el desarrollo de la persona, grupos y comunidades³.

Durante diferentes momentos del siglo XX se vivieron interesantes experiencias de participación social que se expandieron a lo largo del planeta. Podemos destacar el alza del movimiento obrero en el periodo de la gran depresión posterior a 1928, el movimiento juvenil a finales de los 60 e inicios de los 70⁴, y más recientemente, los movimientos antiglobalización con una capacidad organizativa nunca antes vista⁵.

Una de las características de mayor relevancia al interior del movimiento antiglobalización tiene que ver con la diversidad de agendas y temas de problematización de las organizaciones que lo integran (De Paiva y otros, 2001): género, racismo, condonación de la deuda externa, colonialismo, protección del medio ambiente, etc.

Si bien una agenda temática tan diversa implica problemas para poder conformar un movimiento unitario, sí permite visibilizar que los efectos negativos de la globalización se materializan en varios campos, y que en todos existen iniciativas -no siempre coincidentes- orientadas a garantizar la participación de la sociedad en la resolución de estos problemas.

De manera especial, nos daremos a la tarea de poner nuestro énfasis analítico en el problema medio ambiental y su relación con el tema de construcción de ciudadanía, esto por cuanto lo ambiental ha sido uno de los temas que con mayor celeridad se ha posicionado en la agenda de diferentes actores (nacionales e internacionales) desde hace varias décadas (Panayotou, 1994), y dichosamente en el mismo se han ido involucrando también las comunidades y otras organizaciones de base con las que nuestra profesión tiene una enorme familiaridad.

 

1. La degradación ambiental como problema social

En 1856 el Cacique Seatle escribió una conmovedora carta sobre los efectos que la presencia blanca le estaba acarreando al desarrollo de su pueblo, pero en particular el impacto negativo que sobre el medio ambiente implicaba esa práctica.

La cosmovisión de las comunidades autóctonas de América propone una relación espiritual entre la persona y el ambiente, derivado de ello se establece un sentido de pertenencia y respeto entre la persona y la naturaleza. El medio ambiente es considerado como una madre.

Para culturas como la judía, la romana o la griega (base cultural de los grupos humanos que invadieron y conquistaron América a partir de 1492) la naturaleza tiende a verse como un instrumento al cual hay que dominar y explotar (Hedstrom, 1990).

Este último razonamiento está plenamente arraigado en las estructuras productivas del capitalismo y en la misma concepción dominante del progreso y del desarrollo⁶.

Desde la revolución industrial a nuestros días, se ha acentuado de forma progresiva el deterioro del medio ambiente. La contaminación en sus diferentes manifestaciones, el uso y destrucción indiscriminada de los bosques o los recursos marinos, la expansión demográfica y geográfica de la humanidad, la inequidad en la distribución de la riqueza son elementos que de una u otra forma colaboran con la destrucción progresiva de los recursos naturales y del mismo medio ambiente.

Los indicadores en materia de destrucción del medio ambiente son esclarecedores: ampliación en el agujero de la capa de ozono, miles de hectáreas de bosque tropical taladas anualmente, decenas de especies animales en inminente riesgo de desaparición, destrucción generalizada de culturas con un amplio nivel de integración con el medio ambiente, etc.

Los diferentes enfoques de estudio sobre el medio ambiente abarcan dimensiones que van desde el componente ecológico al económico, o del social al político.

En el pasado se insistía en circunscribir el tema ambiental al estudio y protección de los recursos naturales. Hoy en día el término medio ambiente viene a abarcar tanto la cantidad como la calidad de los recursos naturales (sean renovables o no), así como el entorno ambiental (paisajes, agua, aire y atmósfera) en el que se desarrolló la vida de las personas y de otras criaturas (Panayotou, 1994).

De hecho puede hablarse de una evolución sustantiva en la medida que términos como medio ambiente o ecología, no formaban parte de las discusiones internacionales de la década de los 60⁷ (CEDECO, 1997), en la actualidad las discusiones y acciones alrededor del tema medio ambiental concentran una gran cantidad de recursos y esfuerzos, sean públicos, privados; individuales, colectivos o de la comunidad internacional ¿Por qué?

En primera instancia puede destacarse la enorme preocupación por el nivel de degradación que experimenta el medio ambiente como producto de las actividades humanas (Panayotou, 1994). Esta degradación está directamente relacionada con la calidad de vida de las personas y las expectativas del desarrollo humano a futuro.

A criterio de Panayotou una característica sobresaliente de la problemática medio ambiental está relacionada con su dimensión mundial; en este sentido, todo el planeta experimenta problemas ambientales en una gran diversidad de aspectos, sea expresado en la degradación ambiental, en el diseño o implementación de las políticas sobre este sector, o en la relación entre actores y la prevalencia de los intereses de los mismos.

Si bien el autor no descarta entre las causas de la degradación ambiental el crecimiento económico, es claro en indicar que el fenómeno debe ser entendido en relación con variables vinculadas a la deficitaria valoración de los recursos naturales, la pobreza en los llamados países del tercer mundo, los patrones de consumo y limitadas e inadecuadas políticas públicas que no terminan de impulsar un desarrollo comprometido con la sostenibilidad.

Así las cosas, esa mundialización de los problemas ambientales se expresa por igual en una "veloz deforestación, la degradación de cuencas, la pérdida de diversidad biológica, la escasez de agua y madera combustible, la contaminación del agua, la excesiva erosión del suelo, la degradación de la tierra, el sobrepastoreo y la pesca abusiva, la contaminación del aire y el congestionamiento urbano", entre otros (Panayotou, 1994).

En segundo lugar y de manera totalmente conexa con el punto anterior tenemos la incorporación de esta problemática dentro de los derechos de los pueblos y de solidaridad⁸ (Zepeda, 1997). Desde esta dimensión de estudio el medio ambiente "no se limita únicamente al concepto de naturaleza", sino que implica un fenómeno socio natural que abarca dimensiones económicas, culturales, políticas y biológicas.

En este plano, los problemas medio ambientales dan cuenta de países e inclusive sectores sociales que experimentan repercusiones más severas, sea por los niveles de pobreza que experimentan o por relaciones precarias con el ambiente. Las manifestaciones de la degradación ambiental son diferentes entre "países desarrollados" y "países no desarrollados". En los primeros quizás el tema de los desechos resulte ser más sensible que el de la deforestación y contaminación de ríos en los países latinoamericanos.

Entender la problemática ambiental desde esta perspectiva implica reconocer el derecho a participar en la búsqueda de soluciones no sólo por parte del Estado, sino también de otros actores sociales que tienen intereses en la misma materia, y que incluso tienen posiciones y propuestas divergentes con el mismo.

Un tercer elemento está asociado con la capacidad productiva y generadora de riqueza que se deriva de la relación medio ambiente-sostenibilidad. Al ritmo actual de producción y consumo, las expectativas de sostenibilidad del ambiente y de la misma producción son cada vez más reducidas (Fallas, 1992). En el fondo la amenaza que prevalece parece ir más allá de lo biológico y social: la capacidad de producción y acumulación puede verse seriamente amenazada, tanto en las sociedades capitalistas como en las que no operan bajo esta filosofía económica.

Este último elemento nos obliga a profundizar en un concepto que ya hemos señalado varias veces a lo largo de este trabajo: sostenibilidad. En buena medida, a partir de la incorporación del mismo en las discusiones medio ambientales se ha generado un mayor nivel de complejidad y polémica, no tanto por su contenido sino por su interpretación y la forma como se operacionaliza en la práctica. Primero abordemos su conceptualización.

El concepto de sostenibilidad está asociado con el de desarrollo sostenible, término acuñado en 1987 en el documento "Nuestro Futuro Común" encargado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas (conocido también como Reporte Brundtland). En el mismo se entiende el desarrollo sostenible como el "desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades".

Aunque pareciese que el término en si es preciso, su interpretación es muy variada y en muchos casos se pone en función de los intereses de los sectores que realizan un aprovechamiento desmedido del ambiente. Esa posibilidad de sostenibilidad se ha expresado en diversas políticas públicas hacia el ambiente alrededor del mundo; sin embargo, los altos índices de deforestación, de contaminación, de producción de desechos entre otros, son un claro indicador que las políticas impulsadas aun no potencian la sostenibilidad.

En síntesis, la degradación medio ambiental amenaza tanto la existencia del medio ambiente como de las personas que están insertas en éste. Es un problema con una dimensión a escala planetaria que afecta procesos biológicos, humanos y comerciales.

Tanto Panayotou (1994) como Fallas (1992) coinciden en señalar que no es la cantidad de población lo que en la actualidad genera los problemas de degradación ambiental, sino más bien el tipo de producción (o sea, el aprovechamiento que se hace del medio ambiente) y consumo. Ello remite directamente a un modelo de desarrollo predatorio del ambiente que no calcula los costos ambientales (Panayotou, 1994) y que por ende es insostenible.

En este marco de amenazas y riesgos derivados de la insostenibilidad productiva y ambiental, es necesario plantear medidas orientadas a revertir o reorientar los procesos productivos que con mayor impacto degradan el medio ambiente y amenazan la existencia de la misma humanidad.

 

2. Derechos Humanos y medio ambiente

Entender la construcción de ciudadanía a partir de la problemática ambiental requiere detenerse en el tema de los Derechos Humanos y en la posterior incorporación y fortalecimiento de la discusión ambiental en su seno. Percibimos la construcción y práctica de la ciudadanía como un avance más en materia de Derechos Humanos.

Aunque no es sino hasta el 10 de diciembre de 1948 que se firma la Declaración Universal de Derechos Humanos⁹, desde siglos atrás se habían planteado diferentes preocupaciones y esfuerzos por establecer mecanismos de convivencia entre las personas y las naciones. Con contadas excepciones, la preocupación por lo medio ambiental era un tema ausente en estas discusiones.

Las discusiones más recientes tienden a dejar en claro que entre medio ambiente y Derechos Humanos existe una relación intrínseca, y que el adecuado desarrollo y aprovechamiento del primero potencia como tal a los Derechos Humanos. Sin embargo, existe una discusión que nos parece más importante en este momento que la anterior, y está relacionada con la forma como el tema medio ambiental ha adquirido una significativa relevancia en todo el mundo. Aquí el tema de los Derechos Humanos nos permite avanzar en identificar él porque de esa relevancia y el encuadre general de la temática.

2.1. Derechos Humanos: Características y Desarrollo

Como bien lo expresa Gregorio Peces (citado por Lorena González, 1995) existe un enorme "pluralismo de denominaciones" en la definición del concepto Derechos Humanos y en las implicaciones sociales, económicas y políticas que pueden derivarse de éste.

Para Velázquez y Reyes (1992) los Derechos Humanos son un conjunto de condiciones que garantizan "ante todo el derecho a la vida y a la libertad". Pero no a cualquier clase de vida y libertad, sino a una vida digna que le permite a la persona "desplegar sus capacidades, inteligencia, su individualidad como ser único e irrepetible". Ello, sin distingos de ninguna clase.

Dentro de la propuesta que sustentan las autoras se combinan tanto los aspectos jurídicos como las acciones tendientes a formar una cultura de los Derechos Humanos (Chinchilla y Villegas, 1995; Olguín, 1988), esta última orientada a incorporar la participación de la sociedad en las diferentes instancias en la que se protege o violan los Derechos Humanos¹⁰.

Por su parte, González (1995) asignando más énfasis a los aspectos jurídicos (nacionales o internacionales) que permiten la tutela de los Derechos Humanos, insiste en concebirlos como aquellos que llevan al "pleno goce y desarrollo de la persona".

Por otro lado, Thompson (1988) distingue varias formas de entender los Derechos Humanos según la corriente a la que se adscriben. Si se lo hace desde el Jusnaturalismo¹¹ los Derechos Humanos serán entendidos "como garantías que requiere un individuo para poder desarrollarse en la vida social como persona, esto es como ser dotado de racionalidad y sentido". Agrega que "ningún hombre puede existir sin libertad, ni sin propiedad, ni sin las condiciones económicas mínimas para la vida (...) Por consiguiente, se ha afirmado que los derechos del hombre son anteriores y superiores a cualquier actuación gubernamental", de allí se plantea el que no requieran (los Derechos Humanos) de una normativa propia para su vigencia.

Por su parte, de la corriente conocida como positivismo jurídico se desprende que los derechos humanos son resultado de la actividad normativa llevado a cabo por el Estado, y que no pueden ser reclamados si previamente no existen "normas positivas" que los contengan.

Lo cierto es que en la actualidad las diferentes declaraciones, pactos y convenios internacionales incorporan estas visiones, sea ya por el reconocimiento de la pertenencia por el sólo hecho de ser persona, o por ser el instrumento un medio legal que garantiza y protege los Derechos Humanos.

Otra visión sobre los Derechos Humanos se encuentra desarrollada por Pedro Nikken (1994), este plantea que la noción de los Derechos Humanos "se corresponde a la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano".

En este marco el Estado tiene la obligación y el deber de respetar y garantizar las condiciones que lleven al adecuado desarrollo de los Derechos Humanos y que genera "condiciones cónsonas con la misma dignidad" de la persona.

En términos generales destacamos que los Derechos Humanos están orientados a satisfacer el desarrollo de la persona, propiciando una calidad de vida digna que abarca todas las dimensiones del desarrollo de la persona; para ello, se recurre tanto a los enunciados jurídicos expresados en leyes, constituciones políticas y acuerdos internacionales como a experiencias desarrolladas por comunidades y organizaciones de la sociedad civil en torno a la construcción de una cultura de los Derechos Humanos.

Desde nuestra interpretación, el desarrollo de los Derechos Humanos viene a consolidar la relevancia que el tema ambiental tiene en la actualidad. Esto se sustenta en tres elementos, a saber: la evolución de los Derechos Humanos, sus características y por la existencia de tres generaciones de derechos.

En el plano de la evolución de los Derechos Humanos pueden distinguirse al menos 5 etapas: etapa inicial, etapa de combinación, etapa de reclamo ante el poder público, etapa de positivización y etapa de internacionalización.

En general todas poseen una forma particular de entender al ser humano y progresivamente, sus reflexiones ética normativas se han ido incorporando dentro de los sistemas normativos, hasta llegar a un punto en que los mismos se han internacionalizado¹².

En el plano de las características de los Derechos Humanos tanto González (1995) como Nikken (1994) coinciden en destacar 6 categorías, a saber:

•  Universalidad: Todas las personas son titulares de los Derechos Humanos.

• Transnacionalidad: Al ser los Derechos Humanos universales e inherentes a todas las personas, no se pueden argumentar condiciones de nacionalidad para limitarlos.

• Estado de Derecho: El ejercicio del poder debe estar sujeto a ciertas reglas que implican mecanismos de protección y garantía de los derechos.

• Irreversibilidad: Cuando un derecho ha sido reconocido formalmente como inherente a la persona este "queda definitiva e irrevocablemente integrado a la categoría de aquellos derechos cuya inviolabilidad debe ser respetada y garantizada".

• Pr ogresividad: Siempre es posible la incorporación de nuevos derechos que anteriormente no gozaban de esa condición.

• Indivisibilidad, integralidad e interdependencia: La plena realización humana no puede desarrollarse a partir de derechos aislados e inconexos. Vistos en forma conjunta estos deben atender al ser humano desde una dimensión integral.

En este plano, González destaca cuatro categorías¹³ fundamentales de derechos:

a. Derechos personalísimos

b. Derechos cívico políticos

c. Derechos económicos y culturales

d. Derechos de solidaridad de los pueblos

Precisamente dentro de la última categoría se ubica el tema medio ambiental, y como se mostrará más adelante, parte de la relevancia asignada al tema se explica por la progresividad de los Derechos Humanos, expresada en las generaciones de Derechos Humanos.

La progresividad de los Derechos Humanos implica que se da una ampliación de temas al interior de la filosofía que respalda esta categoría. El énfasis que se ponga en éstos así como el contexto en que se desarrollan, va a determinar de manera muy especial no sólo el tema específico sobre el que se trabaja, sino también el tratamiento que se le brinde y el tipo de alianzas políticas que se establezcan para su protección, defensa y promoción.

a) Primera generación: Los Derechos Civiles y Políticos

Evolutivamente muestran un primer nivel de desarrollo dado la necesidad urgente de garantizar la vida ante el poder público, así como los derechos de libertad individual, de prensa, de movimiento, de conciencia, respeto a la propiedad privada, la posibilidad de elegir y ser elegido, etc.

González (1995) establece dos categorías de esta generación:

• Derechos personalísimos: que cubre toda la dimensión del respeto a la vida, la integridad física, el reconocimiento de la personalidad jurídica, el honor, la fama, la libertad de conciencia, pensamiento y expresión.

• Derechos cívico-políticos: facilitan el desarrollo democrático, el control del poder, la seguridad jurídica y la posibilidad de un proceso legal dotado de garantías.

b) Segunda Generación: Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Dentro de esta categoría se hace mención a un conjunto de derechos que si bien garantizan la vida y la participación social permiten atribuirle a esa vida y participación una dimensión de calidad y desarrollo que potencian el desarrollo pleno de la persona (Velázquez, 1992). Dentro de estos encontramos el derecho al trabajo, a la educación, a la seguridad social desde una dimensión integral, el derecho a la huelga y el derecho a participar de los bienes culturales en su amplio sentido.

c) Tercera Generación: Derechos de los Pueblos o de Solidaridad

Esta generación de derechos es una de las muestras actuales de progresividad, en lo fundamental abordan derechos con una dimensión colectiva que abarcan:

•  El derecho al desarrollo

•  El derecho a la paz

•  El derecho a la libre determinación de los pueblos

•  El derecho a la comunicación y a la información

•  El derecho al patrimonio común de la humanidad

•  El derecho al medio ambiente

Las principales características de esta dimensión son:

• reclamables ante el Estado, incluso él mismo puede ser también titular.

• para su cumplimiento se requiere de prestaciones positivas y negativas, tanto del Estado como de la misma comunidad internacional.

• implican la construcción y uso del concepto paz en un sentido amplio; o sea, no como ausencia de guerra.

Un elemento relevante tiene que ver con la limitada positivización que posee esta generación de derechos con respecto a los derechos que se incluyen en las dos generaciones previas. En la actualidad son breves las referencias que hacen las constituciones políticas sobre esta materia; no obstante, ha sido en el plano internacional en donde se han ido desarrollando un conjunto de instrumentos jurídicos (declaraciones, convenciones, etc.) que paulatinamente van normando o positivizando esta generación de derechos.

Parte de la relevancia asignada al tema se logra en la medida en que lo ambiental se relaciona estrechamente con los Derechos Humanos; sin embargo, ello no niega que inicialmente el disparador principal fueron los planteamientos y esfuerzos orientados a conservar -casi de forma dogmática- los recursos naturales.

2.2. Progresividad de los derechos humanos: el caso del medio ambiente

Se mencionó que el abordaje del tema ambiental resulta en cierta medida una preocupación relativamente nueva, la que incluso se percibía de forma separada con las preocupaciones asociadas a los Derechos Humanos.

Esta situación (tanto la limitada positivización así como el avance en materia de Derechos Humanos y medio ambiente) se explica en primera instancia por el concepto de progresividad implícito a los Derechos Humanos. Una buena parte del énfasis que se le han dado a éstos se centra en la protección a la vida y de los derechos civiles, así como de los Derechos económicos, sociales y culturales.

Si bien estos derechos pueden concebirse como fundamentales para el desarrollo de la persona, durante muchos años se trató el tema medio ambiental con un menor nivel de importancia, desarrollo y conceptualización, y se lo desvinculó de su influencia y relación con la calidad de vida de la persona. Obviamente este abismo privilegió otra clase de discusiones y acciones en el ámbito de la comunidad internacional en materia de Derechos Humanos. No obstante, las preocupaciones en torno al futuro del ambiente y de la misma humanidad tenían albergue en grupos ambientalistas locales y en la filosofía y religión de muchas de las comunidades aborígenes de América (Galeano, 1993).

El Seminario Interamericano sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente (Brasilia, 1992) viene a ser uno de los espacios de encuentro intelectual y jurídico más importantes en torno a delimitar las relaciones entre medio ambiente y Derechos Humanos¹⁴. Inicialmente sus organizadores reconocen las dificultades para avanzar en la delimitación conceptual, práctica y jurídica que permita clarificar la relación entre Derechos Humanos y medio ambiente (Cancado, 1995a). Así mismo, hay claridad que inclusive en 1981 el Programa de Montevideo de Desarrollo y Examen Periódico del Derecho Ambiental (Cancado, 1995b) "no hizo ninguna referencia expresa a la protección de los derechos humanos o la relación de ésta con la protección ambiental".

Entre la basta cantidad de discusiones y aportes brindados por los/las participantes de ese evento (el de Brasilia '92) en torno a clarificar esa relación, es importante rescatar varios de los aspectos allí planteados:

a.  La protección del ambiente garantiza el derecho a una vida limpia, segura y a un ambiente sano que permita el desarrollo de la persona. Esto se encuentra estrechamente vinculado con el derecho a la vida y a la salud. En este marco, el derecho ambiental (al igual que los otros instrumentos jurídicos) está dirigido a garantizar y mejorar la calidad de vida de las personas (Cancado 1995b).

b. Se reconoce que en el pasado se presentó un divorcio injustificable entre los Derechos Humanos y la protección del medio ambiente. Esa relación debe tomar en cuenta factores como la pobreza, el crecimiento demográfico, el uso de suelos, la educación, la salud y la alimentación que ejercen una presión negativa sobre el ambiente y de hecho sobre la misma supervivencia humana (Ibíd.).

c.  El tipo de crecimiento, producción y consumo está generando degradación ambiental y desmejorando las condiciones de vida incluso para grupos sociales que no están vinculados directamente con la pobreza (Cancado, 1995c) o que experimentan niveles de pobreza distantes a la pauperización.

d. Que "el medio ambiente ha de ser tomado como un elemento fundamental para la propia concepción de los Derechos Humanos, por el simple motivo de que constituyen la base material de la vida humana" (Peluso, 1995; traducción libre del autor).

De las conclusiones a las que llegan tanto los participantes como los organizadores del citado seminario, es necesario resaltar un conjunto de argumentaciones que consideramos de sumo valor para clarificar la estrecha relación que existe entre Derechos Humanos y medio ambiente:

I. Existe una relación íntima entre desarrollo y medio ambiente, desarrollo y derechos humanos, y medio ambiente y derechos humanos. Posibles vínculos se pueden encontrar, vg. en los derechos a la vida y a la salud en su amplia dimensión, que requieren medidas negativas así como positivas por parte de los estados. En realidad, la mayoría de los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos más básicos demuestran esta relación íntima. Al final, hay un paralelo entre las evoluciones de la protección de los derechos humanos y de la protección del medio ambiente, habiendo ambas pasado por un proceso de internacionalización y de globalización.

II. El concepto de desarrollo sustentable, que puede ser considerado como expresión de tales vínculos, lleva al reconocimiento del derecho de las generaciones futuras a un medio ambiente sano.

III.  El vínculo entre medio ambiente y derechos humanos está además claramente demostrado por el hecho de que la degradación ambiental puede agravar las violaciones de los derechos humanos, y, a su vez, las violaciones de derechos humanos pueden igualmente llevar a la degradación ambiental o tornar más difícil la protección del medio ambiente. Tales situaciones resaltan la necesidad de fortalecer o desarrollar los derechos a la alimentación, al agua y a la salud...¹⁵

En los últimos 15 años la preocupación por el tema ambiental se ha acrecentado de manera significativa tanto en el seno de las Naciones Unidas, como de los gobiernos y de la misma sociedad civil¹⁶. Ello en buena medida se debe a la toma de conciencia sobre el hecho de que al ritmo de producción y consumo actual, el medio ambiente se degrada de manera acelerada, amenazando tanto el equilibrio biológico del planeta, como la subsistencia actual, y quizás lo más grave, comprometiendo el disfrute de una vida digna para las generaciones futuras¹⁷.

Esta visión del desarrollo sustentable necesariamente remite al derecho al desarrollo (sea presente o futuro), por lo tanto hablamos de derechos que pertenecen a toda la sociedad, y porque no, derechos que también son retomados por actores que precisamente representan posiciones diferentes a los que incorpora, representa e impone el Estado.

La asociación entre Derechos Humanos y medio ambiente no puede interpretarse sólo como el reconocimiento o formalización de los convenios internacionales y la ejecución que los gobiernos deben hacer de éstos, sino también como una práctica cotidiana que construye la sociedad.

 

3. Construcción de ciudadanía: límites y virtudes

Existe un amplio consenso en que fue T. H. Marshall quien plantea las primeras bases conceptuales sobre el tema "ciudadanía hacia mediados de la década de los 40, no obstante, que en la actualidad existe un renovado interés en los alcances teóricos y prácticos del concepto desarrollado por éste.

Marshall (en Roberts, 1998a) plantea que el marco global de la ciudadanía se conforma por una ciudadanía civil, una ciudadanía política y otra social, las tres interdependientes. En la primera se incluyen los derechos que garantizan la libertad individual; la ciudadanía política refiere al derecho de participar en el poder político, sea siendo elegido o eligiendo en procesos de sufragio. La ciudadanía social abarca los "derechos y obligaciones que permiten a todos los miembros participar en forma equitativa de los niveles básicos de vida de su comunidad"¹⁸.

Siguiendo a Roberts (1998b), la ciudadanía puede entenderse como "el principio de igualdad de participación en un Estado", alcanzarla supone un proceso de construcción en la que los derechos civiles y la igualdad de derechos juegan un rol vital para su desarrollo.

Abordada desde el poder hegemónico y el significado que le atribuye éste, la ciudadanía es un instrumento de reproducción y cohesión social, su fin es generar condiciones para el mantenimiento y reproducción de las estructuras sociales dominantes. El autor antes mencionado indica que una ciudadanía bien fundamentada genera "opinión política y lealtad con la nación", aspecto que según él permite la identificación y cercanía con los proyectos nacionales que guían al Estado y a la sociedad, en lugar de causar malestar y descontento social¹⁹ que se pueden traducir en conflictos internos. Sin embargo, consideramos que ante los límites de la "ciudadanía" capitalista es de esperar que se generen esfuerzos por reconfigurar bajo otras vías nuevos espacios y prácticas de la misma.

Volviendo nuevamente al abordaje que realiza Roberts sobre los aportes de Marshall, enfatiza sobre una contradicción "fundamental" que preocupó a este autor: la igualdad humana básica que lleva a la pertenencia a una comunidad, se contrapone con la desigualdad social derivada de las diferencias de poder y de la operación de la economía de mercado. Entre evolución de la ciudadanía y desarrollo del mercado existe una estrecha contradicción que los lleva a ser antagónicos.

El mercado fortalece derechos individuales como el derecho al trabajo o a la propiedad (fomento a la ciudadanía civil) pero al mismo tiempo genera espacios de desigualdad en la distribución de la riqueza o en la misma solidaridad colectiva. En este marco, la ciudadanía política (derecho al sufragio, influencia en la generación de políticas públicas) viene a resolver en parte las "contradicciones que surgen entre la desigualdad generada por el mercado y la igualdad de la ciudadanía" (Roberts, 1998a).

El Estado Social o Estado de bienestar se corresponde con los esfuerzos por crear una ciudadanía social que permita superar parte de ese antagonismo entre la ciudadanía política y civil. Aunque Marshall no vio en las políticas sociales un medio para aumentar los ingresos o redistribuir la riqueza, lo cierto es que las políticas sociales han asumido ese papel redistributivo y garantizador de mejores condiciones de desarrollo humano para aquellos sectores sociales que han experimentado las contradicciones del mercado²⁰.

Sobre la base de las discusiones retomadas de estos autores parece emerger una especie de ciudadanía social pensada, diseñada y controlada desde el poder dominante; como lo indicamos antes, una ciudadanía que consideramos asume un rol instrumental en la medida en que genera espacios de cohesión y dominación dentro del modelo político-económico dominante. En este contexto cabe hacerse varias preguntas:

1.  ¿Por qué a partir del segundo lustro de los 90 el tema de la ciudadanía adquiere una remozada vitalidad en las diversas discusiones de los Organismos Financieros Internacionales, los Estados, las ONGs y la sociedad civil?

2.  ¿Estaremos experimentando una nueva dimensión de la ciudadanía que supone un conjunto de límites previamente marcados por los tecnócratas y políticos? ¿Una especie de techo que delimita hasta dónde puede llegar la sociedad en materia de participación y construcción de un proyecto sociopolítico?

Sobre la primera pregunta es pertinente acercarse a dos situaciones concretas. La primera tiene que ver o con el "agotamiento"²¹ de los Estados de bienestar o con la desaparición de las dictaduras militares en América Latina. Luego de un período en que se busca focalizar el gasto social y se privatizan diversas instituciones públicas que respondían a la lógica de la ciudadanía social, los Organismos Financieros Internacionales "re-descubren"²² la necesidad de contar con ciertos niveles de participación de la sociedad en la ejecución de proyectos. Como discurso político esta posibilidad de democratización tiene eco en los diferentes partidos políticos de la región, en unos en mayor grado que en otros pero con la posibilidad de incorporarlos dentro de sus planes programáticos. Muchos de los esfuerzos dirigidos en tal dirección se canalizan a través de la descentralización y de la municipalización, a la vez que se acompañaban de procesos de privatización que reducían más el tamaño del Estado y su capacidad de atender las demandas sociales.

Sobre este particular, Roy Rivera (1998) plantea:

La descentralización no es strictu sensu una redistribución del poder, sino de los lugares de poder, una suerte de reestructuración topográfica de este. Ello quiere decir que, si bien representa una reestructuración del aparato institucional y de los espacios de resolución y ejecución de la política estatal, no en todos los casos va acompañada de una verdadera distribución horizontal del poder.

La disyuntiva fundamental queda planteada en términos de sí efectivamente el poder hegemónico estaría dispuesto a impulsar procesos de democratización y ciudadanía que impliquen un traspaso real de poder, recursos y toma de decisiones. Aunque han sido de diverso signo los procesos en la región, tiende a prevalecer una tendencia de cuotas mínimas de poder y recursos que se descentralizan²³.

La segunda situación está relacionada con los procesos de desestructuración social y exclusión derivados de los programas de ajuste estructural o de reducción del Estado. Luego de varios años en que se marginó sistemáticamente la participación social y se tomó una mayor conciencia de una especie de "pertenencia ciudadana a la nada", diferentes estamentos sociales han procurado revertir esa situación con mayores espacios de participación civil.

La segunda pregunta nos lleva a proponer una respuesta afirmativa a nuestro cuestionamiento. En la actualidad se identifica una pugna entre lo que podría calificarse como una ciudadanía reducida y otra ampliada.

La primera, es eminentemente discursiva, debe entenderse como una construcción ideológica elaborada por los grupos burgueses y empresariales y, está orientada a generar gobernabilidad, consenso y hegemonía hacia el proyecto político y económico que impulsan.

La segunda visión de ciudadanía es igualmente una construcción ideológica, pero en este caso elaborada por diversos sectores sociales que exigen una amplia participación en el manejo de la cosa pública y en la construcción de una sociedad inclusiva y justa social, económica y políticamente.

Muestras de la primera versión se pueden encontrar en las negociaciones de los Pactos de Libre Comercio firmados por Costa Rica con Chile o México, en los que prevalece la crítica generalizada sobre la falta de posibilidad para que los sectores productivos involucrados puedan participar de las negociaciones. De igual forma se pueden interpretar las declaraciones del ex presidente costarricense Rodríguez Echevarría (1998-2002) cuando afirmó ante la presión de diversos sectores sociales por no privatizar las instituciones públicas rentables, que se estaba cometiendo un acto de filibusterismo. Una lectura incluso apresurada de estos sucesos da cuenta de la dimensión política asignada al concepto de ciudadanía.

Del lado de la ciudadanía ampliada encontramos manifestaciones opuestas: sectores sociales contestarias a la venta de activos, organizaciones comunales que cuestionan la actuación de munícipes, organizaciones de trabajadores o gremiales opuestos a la contratación de servicios externos, grupos ambientalistas con capacidad de convocatoria en las comunidades debido a las deficiencias estatales para tutelar la protección del medio ambiente.

La ciudadanía política en la medida en que integra formas de convivencia social que exigen la posibilidad de participación política (formar parte del sistema sociopolítico y tener espacios de poder para influir sobre su estructuración y destino) integra una dimensión legal que deviene en práctica política en la que se exigen espacios de participación sustentados en la igualdad y la inclusión²⁴.

A partir de estas reflexiones, estamos en capacidad de afirmar que la ciudadanía es un término histórico, flexible y en proceso de deconstrucción constante que puede abarcar al menos dos dimensiones que se contradicen:

• utilizada como principio organizador excluyente, como herramienta política y como medio de despolitización.

• forma de organización y acción política incluyente, abocada a desarrollar la solidaridad y el desarrollo humano de forma integral. Supone por lo tanto que es un instrumento político que facilita la participación social plena con objetivos de equidad e igualdad social.

Esta dimensión histórica es reforzada por Jensen (1997) cuando plantea que se ha dado una evolución histórica en los últimos 200 años en el concepto de ciudadanía, de "denotar primordialmente la supeditación a la autoridad estatal hasta comprender derechos políticos y sociales".

Para este autor, la ciudadanía es "un estatus legal y político que se deriva de la relación entre una persona y una unidad política". El subrayado que es nuestro, desea poner énfasis en una pregunta que pareciera quedar sin una respuesta contundente por parte del autor y que nos parece vital para proyectar el futuro de la construcción de la ciudadanía a partir de la acción política de cualquier movimiento social.

La globalización como proceso capitalista de ampliación y liberalización de los mercados y de los flujos de capital, privilegia las relaciones económicas a su vez que desestructura el poder tradicional de los Estados nación para sustituirlo por la influencia relativa de las compañías transnacionales. En este escenario,

• ¿Cuáles son las posibilidades reales de construir ciudadanía si las relaciones entre personas y Estado (unidad política) tienden a desdibujarse y desaparecer?

En el discurso y política tecnocrática ejercida por los Organismos Financieros Internacionales, el Estado se relativiza y debilita, el mercado ahora más que nunca asume un rol de regulador, incluso de las relaciones y representaciones sociales. ¿Podría esperarse que la misma ciudadanía se transforme al modificarse igualmente la unidad política?²⁵

En esta materia tendemos a discrepar parcialmente con Jensen, puede que efectivamente una de las formas como se manifiesta y conforma la ciudadanía es a partir de la relación entre personas y una unidad política, esta posición se encuentra referida al Estado y al marco jurídico como las supra instancias de las que debe derivar cualquier clase de relación política.

Sin embargo, consideramos que otras relaciones efectivas (políticas o no) que están en capacidad de generar ciudadanía no sólo se dan en la asociación con la unidad política. Desde nuestra experiencia y perspectiva, lo que más se requiere es de un poder hegemónico que precisamente excluya a sectores de la sociedad de las posibilidades de inclusión y acceso equitativo al desarrollo humano²⁶. Así las cosas, resulta oportuno uno de los comentarios planteados por Eduardo Galeano (1998):

...por jodida que sea, nuevos tejidos están naciendo, y esos tejidos están hechos de una trampa de muchos y muy diversos colores. Los movimientos sociales alternativos no solamente se expresan a través de los partidos y de los sindicatos (...) El proceso no tiene nada de espectacular, y se da sobre todo a nivel local, pero por todas partes, en el mundo entero, están surgiendo una y mil fuerzas nuevas.

El ecologismo político o movimiento ambiental como lo llaman otros autores, puede enmarcarse dentro de esta corriente que construye ciudadanía, indiferentemente de sí existe o se transforma la unidad política.

 

Notas

1 Sobre este particular, es necesario indicar que la reflexión que se hace desde las Ciencias Políticas sobre el tema de la construcción de ciudadanía, se circunscribe más a explicar un proceso que en muchos casos viene a poner límites estructurales a la forma como se ejerce el poder por parte de la clase dominante. Como discurso político, el tema de la construcción de ciudadanía viene a abrir un espacio ficticio de participación, en el que se argumenta la necesidad de impulsar procesos de esta naturaleza; sin embargo, la realidad muestra que para la clase dirigente ciudadanía implica un "techo" hasta el cual se permite participar, más allá del el, sigue siendo competencia de un selecto grupo de empresarios, políticos y representantes de transnacionales o empleados de organizaciones multilaterales.

2  Precisamente una de las debilidades de nuestra profesión radica en la dificultad para posicionar su propio bagaje conceptual en los referentes teóricos de las Ciencias Sociales.

3  Enfoques como la Investigación Acción Participativa son una clara muestra de los esfuerzos conceptuales y metodológicos orientados a generar espacios de participación social en las comunidades.

4  Este período en particular coincide con el proceso de reconceptualización del Trabajo Social. Se crea así una atmósfera favorable para que la profesión impulse procesos de participación social con una clara connotación política. La participación social se concebía como un medio emancipatorio que le permitiría a las comunidades y a la sociedad en general desarrollar procesos de distribución de la riqueza y acceso al poder.

5 Indiscutiblemente dentro de este movimiento global se han ido sumando de forma paulatina trabajadores sociales; sin embargo, aún no hemos logrado articular organizaciones profesionales en un todo orgánico y que inclusive esté en capacidad de retomar estas experiencias dentro de la práctica profesional. Un ejemplo interesante y que se perfila prometedor es el Comité Mercosur de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social o Servicio Social, el cual viene dando un interesante debate en esa línea.

6 Aunque en este documento nos enmarcamos en la experiencia medio ambiental dentro del capitalismo, es pertinente reconocer que en las sociedades socialistas también se presentaron altos índices de degradación ambiental. La competencia entre capitalismo y socialismo no parecía tener mayor desencuentro ideológico en la carrera por el progreso, máxime si el mayor perdedor era precisamente el medio ambiente.

7 Incluso se insiste en que esos términos no formaban parte de los contenidos de las enciclopedias de la época, lo que da cuenta de la relevancia que paulatinamente ha adquirido el tema medio ambiental.

8 Zepeda hace referencia a tres objetivos fundamentales en toda la normativa que se ha desarrollado a la luz de esta generación de derechos, a saber: 1) Mantener los procesos ecológicos esenciales y los sistemas vitales, 2) Preservar la diversidad genética, 3) Asegurar el aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosistemas.

9 Momento a partir del cual las naciones firmantes aceptan y oficializan esta doctrina como medio de convivencia y tutela de los derechos de las personas del planeta.

10 Más adelante este tema será vinculado con la construcción de ciudadanía en la medida que la base filosófica de los Derechos Humanos precisamente estimula esta categoría conceptual.

11 En esencia el jusnaturalismo plantea la existencia de reglas de derecho natural que son anteriores y superiores al derecho positivo. Un mayor desarrollo sobre el tema se encuentra en Thompson (1988).

12 Para una mayor discusión pueden consultarse los trabajos de Ana González y Pedro Nikken citados en la bibliografía de este trabajo.

13 Aunque más adelante realizaremos una breve descripción de los contenidos de cada uno de estos derechos, recomendamos al lector interesado profundizar eso contenidos en el documento de Lorena González citado en la bibliografía.

14 Aunque años antes ya se habían dado dos iniciativas sumamente valiosas en esta materia, nos referimos a la Conferencia de Estocolmo del año 72 y el Informe de la Comisión Brundtland del año 87.

15 Conclusiones del Seminario Interamericano sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente (IIDERECHOS HUMANOS-BID, 1995).

16 Sin embargo, existen francos e indiscutibles retrocesos, una muestra reciente de ella es la posición del actual gobierno estadounidense en relación con el tratado de Kyoto. Esta situación supone toda una nueva y mortífera política medio ambiental que pone su acento en el progreso económico y no en el desarrollo sostenible. No obstante, y como reacción a las políticas conservadoras del gobierno Bush, la Comunidad Europea y una gran cantidad de ONGs han estado desarrollando diversas negociaciones y campañas de información para alertar sobre los efectos negativos de esta vuelta de hoja en materia ambiental.

17 Lo que el informe Brundtland conceptualiza como desarrollo sostenible.

18 Nótese la enorme similitud que esta desagregación teórica del concepto de ciudadanía guarda con la categorización de Derechos Humanos que se trabajó anterioremente: las tres generaciones Derechos Humanos. La similitud no es para nada casual. En ambas propuestas podemos encontrar la identificación de etapas que se alcanzan paulatinamente sin la posibilidad de exclusión de la anterior. Sin embargo, reconocemos en Marshall una propuesta que tiende a politizar más estas categorías y verlas como un proceso de lucha que hace a la persona ciudadana.

19 Para ser más precisos, el autor utiliza lo que consideramos un eufemenismo para sustituir malestar y descontento social: "renuncia precipitada".

20 Sobre este particular es necesario señalar el papel que las políticas sociales juegan para mantener el orden burgués y la dinámica productiva y acumulativa en el marco de una sociedad excluyente. Las políticas sociales vienen a equilibrar los problemas en la distribución desigual de la riqueza.

21 Diversos especialistas insisten no sólo en el agotamiento del Estado de Bienestar sino también en una pérdida de su filosofía y de sus objetivos sociales. Sin embargo, ello corresponde más al esfuerzo por imponer el paradigma neoliberal como signo de la globalización que a una crisis certera de la asistencia pública. La reducción o desaparición del Estado de Bienestar se enmarca dentro de un proceso por trasladar a manos privadas todos aquellos servicios públicos que pueden convertirse en una fuente de ganancia.

22 Consideramos que la misma es meramente una actitud discursiva orientada a generar espacios de legitimación y consenso. La represión política y militar vista en todos los foros en que se pronunciaron los grupos antiglobalización desde Seattle hasta el más reciente en Génova, es una clara muestra que al poder de las transnacionales no le interesa y conviene la participación popular.

23 Resulta interesante reconocer que las estructuras de poder centrales en muchos casos se reproducen a lo micro en los procesos de descentralización, un ejemplo contundente para el caso costarricense lo constituyen las municipalidades y la forma como quedan conformadas sus estructuras políticas: los dos partidos dominantes se reproducen en la estructura municipal y consecuentemente siguen las orientaciones de sus partidos.

24 Jensen define como inclusión el reconocimiento por parte de un Estado, nación o pueblo (una unidad política) de "la igualdad moral y legal de sus miembros, sin pretender integrarlos en la uniformidad forzosa de una comunidad de objetivos e intereses sustancialmente concebida" (1997: 34).

25 Pero contrario a este paradigma que dominó durante los 80 y 90 el futuro del Estado como unidad política, en la actualidad una organización como el Banco Mundial reconoce de nuevo la necesidad de un Estado que vele por condiciones mínimas de equidad (ciudadanía social) y organización. El experimento que sumió a la región en una crisis terminó mostrando sus debilidades.

26 Muestras de ello pueden identificarse en las luchas de las mujeres exigiendo más participación en sus comunidades; en las manifestaciones de los estudiantes exigiendo respeto a sus ideas por parte de los docentes; en las demandas de un ciudadano para que una industria o iglesia reduzca sus niveles de contaminación sonora.

 

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