Presentación

En el centro de la sierra ecuatoriana, específicamente en la provincia de Tungurahua, se encuentra ubicada la comunidad indígena de Calguasig. Esta comunidad saltó a la fama en julio 1996 cuando los medios de comunicación reflejaban que en "el alejado y casi oculto caserío" se habían cometido "atroces" actos de violencia en contra de dos mujeres. Las imágenes mostraban a una multitud enardecida e incontenible azotando públicamente a dos presuntas "hechiceras", las imágenes recorrían los canales de televisión y la prensa; y la opinión pública consternada calificaba de salvajes a los comunarios indígenas. ¿Cómo era posible que unos indígenas ajusticien por cuenta propia y fuera de los ámbitos "oficiales" a las personas?

Lo que sucedió fue que la comunidad acusaba a dos hermanas "mestizas" de ser falsas curanderas, por ello se las hacía responsable de la muerte de varios comunarios, muertes que (en su mundo simbólico) habían sido innecesarias o evitables. Las acusadas, presionadas por la multitud, habían confesado su crimen. ¿Quién debería ajusticiar a las mujeres, los comunarios o la justicia "oficial"? Si el Estado y sus instituciones de justicia se hacían cargo del problema, las mujeres sólo serían acusadas de estafa. En cambio, si la comunidad hacía prevalecer su jurisdiccionalidad, podían ser acusadas de homicidio. Este problema para la denominada sociedad civil, hubiese sido fácilmente resuelto por medio de las instituciones del Estado de derecho. Sin embargo, la justicia del Estado nacional no consideraba el daño causado a la comunidad, el acto de las mujeres curanderas había afectado a la totalidad de la comunidad y no era un caso individual o particular, por ello la comunidad no quería que interviniera la justicia civil. El acto de no-reconocimiento de las instituciones del Estado nacional y la sociedad civil por parte de la comunidad, no era un simple capricho o desobediencia civil, era simplemente el acto de hacer prevalecer la jurisdicción comunal-indígena sobre la del Estado nacional.

El Estado nacional nunca ha sido una construcción homogénea, un país con una historia, una cultura y una lengua sólo existe en la imaginación de los gobernantes. Los grupos que no encajan en la sociedad civil construyen una narración de la nación desde su diferencia y heterogeneidad, construyen la nación en permanente conflicto con las instituciones de la sociedad civil y el Estado nacional. En esta tensión se generan ciudadanías formales y ciudadanías efectivas, las primeras reconocen la igualdad formal de todos los sujetos de la comunidad política y la segunda materializa lo formal, la cual muchas veces sólo se aplica a pequeños grupos de la sociedad.

Es necesario mencionar que, en un marco ideal la ciudadanía se basa en el respeto de libertades individuales e igualdad de derechos, estos elementos constituyen el nacionalismo cívico, mismo que se funda independientemente de cualquier tipo de distinción (cultural, étnica, religiosa o de género). En esta idealización, el Estado de derecho garantizaría la no discriminación de los miembros de la comunidad política y los miembros jurarían respeto a las leyes e instituciones del Estado. Esta construcción artificial de lo social contiene una fantasía ideológica, pues no sólo la ciudadanía debe converger en una comunidad política sino también una comunidad cultural. Por ello, muchas veces, la sociedad civil se constituye en una entidad cerrada conformada por pequeños grupos de élite, lo que significa la exclusión y marginalidad de una amplia mayoría de la población.

En esta construcción social excluyente muchos de los movimientos y procesos sociales recientes en Latinoamérica y el Caribe han interpelado a la comunidad política, muchas de las propuestas de estos grupos y movimientos apuestan por la transformación (radical, en algunos casos) de las instituciones públicas y el Estado. Sin duda, los fines de estos movimientos son la ampliación del cuerpo político, la obtención de verdaderos y efectivos derechos y no simples retóricas de igualdad.

En este punto es importante incluir la educación, es importante que todos los individuos conozcan y reflexionen sobre la igualdad de derechos y responsabilidades, el respeto a la diferencia y diversidad; pero se debe superar la ciudadanía formal y aquella enseñanza destinada a formar a "buenos/as ciudadanos/as" y educar en un ejercicio real de la ciudadanía. Ello consiste en identificar y reconocer los puntos muertos de la ciudadanía formal, los espacios donde el Estado no garantiza los derechos de los individuos. Es necesario identificar los espacios donde se reproduce la exclusión y discriminación social y reconocer los obstáculos que existen para generar una praxis ciudadana. Por ello, la ciudadanía no puede ser un status que diferencie o anule a los individuos. El objetivo no es sólo reconocer diferencias es ampliar las condiciones de igualdad, garantizando un derecho universal a todas y todos, ello implica construir un "nosotros", una comunidad política donde todos/as se sientan representados y puedan representar, sin duda es construir una identidad política que logre articular un principio de equivalencias democráticas.

Estos son los elementos guías de la presente publicación de la revista Integra Educativa, que en su catorceava versión aborda la temática Construcción de ciudadanía; más que realizar una presentación de cada uno de los artículos que contiene este número de la revista, ésta es una invitación y provocación a leerlos.

No podría cerrar esta presentación sin agradecer el apoyo y la confianza del Dr. David Mora, Director Ejecutivo del IIICAB, la colaboración de los distintos autores de los artículos que componen el presente número y el equipo de trabajo que está detrás de la revista Integra Educativa.

Marcelo Sarzuri-Lima
Coordinador Revista Integra Educativa