DIÁLOGO ACADÉMICO E INVESTIGACIONES

 

Diálogo
Violencia contra la mujer en Bolivia: leyes que no se cumplen

 

Dialogue
Violence against women in Bolivia: when laws are not enforced

 

 

Sonia MONTAÑO¹

 

 

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Investigadoras, activistas y autoridades de Justicia analizan en este conversatorio el problema de la violencia contra las mujeres. Bolivia, coinciden, es uno de los países de la región donde ha habido importantes avances legislativos, sin embargo, los desafíos continúan siendo los mismos. Hace falta priorizar la asignación presupuestaria en la lucha contra la violencia y fortalecer las instituciones encargadas por ley a las tareas de prevención, sanción y erradicación de la violencia.

Palabras clave: violencia contra las mujeres / administración de justicia / derecho de las mujeres / igualdad de género / legislación / recursos económicos

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In this dialogue, the problem of violence against women is analysed by researchers, activists and justice system authorities. Bolivia, they all agree, is one of the countries in the región where significant progress has been made in terms of legislation, but the challenges are still the same as before. The priority should be to allocate funds for combating violence and strengthen the institutions that the law has made responsible for preventing, punishing and eradicating violence.

Key words: violence against women / administration of justice / women's rights / gender equality / legislation / economic resources

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Las palabras duelen durante el diálogo de T'inkazos sobre justicia, igualdad y violencia contra las mujeres, sostenido con cuatro invitadas. María Eugenia Choque, Mary Marca, Julieta MONTAÑO y Ana María Núñez transmiten su experiencia transformada en reflexión, desazón y propuestas. Las dos horas de conversación, el 20 de abril de 2016, resultaron insuficientes para abordar las múltiples aristas que tiene el problema. La violencia contra las mujeres es universal y afecta a mujeres de todas las edades, culturas, nivel educativo y, aunque hay factores de riesgo asociados a ciertas conductas, los perpetradores no responden a un perfil único.

 

HECHA LA LEY...

A lo largo de los años se han identificado múltiples formas de violencia física, sexual y psicológica y se ha tipificado al feminicidio como el asesinato de mujeres por razones de género.² Ha sido la lucha feminista de la última mitad de siglo, a menudo desconocida, la que ha logrado que la violencia contra las mujeres sea un problema público y prevalente, meritorio de acciones estatales para su prevención, investigación, sanción y reparación³. Desde la pionera Convención de Belém do Para (1994) hasta la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo (1999) así como numerosos acuerdos internacionales adoptados por consenso⁴ dan cuenta de la importante batalla de las ideas que ha tenido lugar para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. La democracia sostenida —qué duda cabe— ha sido el escenario para la aprobación de leyes en todos los países.

Sí, Bolivia podría ganar el campeonato mundial de leyes, coinciden las invitadas. La Ley integral 348, la Ley de trata y hasta una ley premiada internacionalmente: la Ley 243 contra el acoso político y la suscripción de todos los tratados internacionales de derechos humanos, dan la razón a quienes consideran que si esto fuera una competencia, Bolivia estaría ocupando los primeros lugares.

La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, elaborada con la participación de mujeres, activistas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres, forma parte de la nueva generación de leyes aprobadas en toda la región y recoge los aportes de un número importante de países que han incrementado las penas y tipificado el feminicidio. Es cuando se analiza su cumplimiento que se ubican los principales desafíos y, aunque no es este el lugar para identificar la agenda legislativa, vale la pena subrayar que no por mucho legislar los derechos de las mujeres se respetan: un ejemplo claro de cómo el machismo mete la cola es que la Ley integral contra la violencia, junto a sus aportes, abre las puertas para la impunidad al no prohibir completamente la conciliación y con ello alentar la búsqueda de soluciones extrajudiciales. Al respecto, de lo que se trata es de adoptar medidas que tiendan a reforzar la efectividad de la garantía de acceso a la justicia y, en este sentido, se reitera la importancia de asegurar la eliminación de distintas modalidades de conciliación, no solo en los planos normativos, sino también en las conductas y prácticas del poder judicial⁵. Tampoco se cuenta con investigaciones que permitan conocer los casos de conciliación no reportados, alentados por las familias, las autoridades policiales y hasta las autoridades originarias. Es probable que un estudio de esas características ofrezca pautas que permitan mejorar el acceso a la justicia.

 

NO SE CUENTAN

Las cifras que dan cuenta de las múltiples formas de violencia en Bolivia son escasas, confusas y de fuentes dudosas. No se puede comparar su evolución ni en el tiempo ni en el espacio. Hace poco, el Observatorio Manuela del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) que compilaba los datos más creíbles sobre feminicidio, cerró porque además de no ser sostenible financieramente resulta inaceptable que esta tarea la realice una ONG, cuando, de acuerdo a las leyes, corresponde al Estado y debe hacerse aplicando estándares internacionales.⁶

Bolivia no tiene encuestas ni datos administrativos indispensables para el diseño de políticas, aunque la buena noticia es que la primera encuesta está en proceso de preparación en el Instituto Nacional de Estadística. Mientras tanto lo que existe es una percepción colectiva acerca de la gravedad de los hechos y difundida por los medios de comunicación en general caracterizados por un enfoque que oscila entre la justificación de la violencia contra las mujeres y su victimización.

La oscuridad estadística muestra mucho más que la dificultad de contar con buenos diagnósticos. Es la expresión de la jerarquía que ocupan las personas, parafraseando a Judith Butler⁷, como sujetos dignos de ser llorados, reconocidos y visibilizados. La creencia aún generalizada de que a las mujeres se las maltrata porque se las quiere o que su muerte es la respuesta a su desobediencia o rebeldía profundamente arraigada en la sociedad fue mencionada por las participantes cuando se refirieron a la urgencia de abordar el debate y los estudios sobre la importancia de desmontar la cultura patriarcal y el peso de los usos y costumbres en el respeto a los derechos humanos. Este debate ha sido relevante a lo largo de los años y recurrentemente las académicas y organizaciones de mujeres han sostenido que la vara con que se distingue la tradición de la discriminación es el pleno respeto a los derechos humanos.

 

LOS RECURSOS

En una década de bonanza económica, las invitadas coincidieron con el último informe del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Para (MESECVI)⁸ que dice: "pareciera que no existe una partida presupuestaria específica y genuina para la implementación del Plan Nacional de Violencia. El Programa se financiaría con apoyo de donaciones. Según el reporte gubernamental: El Programa Nacional de Lucha Contra la Violencia en Razón de Género cuenta con 200.000 euros para la gestión 2010 subvencionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional". Esto nos plantea dudas con respecto al compromiso del Estado con la erradicación de la violencia, por un lado, y con la sustentabilidad del Plan, por el otro.

En esa línea, preocupa que a pesar de contar con recursos del impuesto sobre los ingresos petroleros (alrededor del 60% de esos ingresos se entregan a los departamentos), los gobiernos subnacionales no asumen la obligación que tienen de combatir la violencia contra la mujer y van priorizando otros aspectos en su planes operativos como temas de carreteras y servicios, dejando a un lado el trabajo que se tiene que hacer en la lucha contra la violencia. Un estudio realizado luego de siete años de creación del impuesto,⁹ muestra cómo los diferentes niveles de Gobierno han acumulado millonarios saldos en cuentas bancarias de presupuestos que no se han ejecutado en su totalidad, y se ha pasado de una etapa deficitaria a una etapa superavitaria.

En cuanto a los recursos humanos, los/las jueces/zas asignados/as a tratar el delito de violencia contra la mujer, deben ocuparse, además, de los casos de corrupción, lo que implica que dada la magnitud de ambos delitos no pueden dedicar toda su atención a los problemas de violencia. Los recursos económicos son escasos. Los recursos humanos con frecuencia mal formados y mal informados agravan la situación de las víctimas. Más preocupante aun es el no cumplimiento de la mayoría de las disposiciones de la ley relativas a la prevención. Es el caso de la violencia y en particular de la violencia sexual que son también problemas de salud pública, de educación y de seguridad ciudadana para mencionar algunos ámbitos abandonados en desmedro de la prevención. Se puede decir que los escasos avances se encuentran en las normas para sancionar los casos más graves, pero que en todo el trayecto previo no se cuenta con políticas y recursos que disminuyan los casos que llegan a tribunales.

 

REFORMA SIN CAMBIOS

La falta de recursos del Ministerio de Justicia pero, sobre todo, la crisis del sistema judicial es en la actualidad uno de los desafíos centrales del Estado boliviano. Los procesos ingresados aumentan exponencialmente frente a un número limitado de juzgados —en 2012 se atendieron 101.150 denuncias nuevas, es decir, una cada 5 minutos durante las 24 horas del día, los 365 días del año—. Al mismo tiempo, la corrupción en los estrados judiciales ha adquirido grandes proporciones por lo que el gobierno está impulsando una Cumbre Judicial donde se espera llevar a cabo cambios importantes. El Comité de Género en el Órgano Judicial, creado en 2013, no ha presentado aún la política para integrar la perspectiva de género en el Poder Judicial.¹⁰

En el contexto de la reforma, los magistrados han identificado la independencia judicial, la autonomía presupuestaria y la justicia indígena originaria campesina¹¹ como prioritarias. A pesar de contar con un Comité de Género en el Órgano Judicial, hasta la fecha ninguna de las pre cumbres¹² ha integrado la perspectiva de género en el análisis y propuestas de la reforma siendo que, como lo establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los problemas estructurales afectan en forma más crítica a las mujeres, como consecuencia de la discriminación que han sufrido históricamente. La CIDH ha constatado la existencia y la persistencia de patrones y comportamientos socioculturales discriminatorios que obran en detrimento de las mujeres, que impiden y obstaculizan la implementación del marco jurídico existente y la sanción efectiva de los actos de violencia, a pesar que este desafío ha sido identificado como prioritario por los Estados americanos.

Por otro lado, además de los prejuicios prevalecientes en el sistema de justicia, en el caso de Bolivia se ha advertido la necesidad de asignar una gran importancia al tratamiento de las tensiones entre los dos sistemas de justicia reconocidos por la Constitución. Existe un conflicto de normas y de contradicciones de la norma. En ese sentido, los artículos de Mariel Paz y Martha Noya, publicados en la presente edición de T'inkazos, son muy elocuentes. El diálogo intercultural no puede dejar de lado las distintas formas de discriminación que operan en las comunidades que reconoce la CPE. A diferencia de la corriente principal que promueve la reforma de la justicia, nuestras invitadas destacan que una reforma debe orientarse también hacia la eliminación del patriarcado como estructura que impone prácticas y decisiones contrarias a la protección de los derechos de las mujeres. De otra forma, la reforma estará reincidiendo en un abordaje sesgado suponiendo la neutralidad de las leyes, incluidos los usos y costumbres.

 

EL ACCESO A LA JUSTICIA

La CIDH define el concepto de "acceso a la justicia" como el acceso de jure y de fado a instancias y recursos judiciales de protección frente a actos de violencia, de conformidad con los parámetros internacionales de derechos humanos. Observa que la gran mayoría de los casos de violencia contra las mujeres se encuentran marcados por la impunidad, lo cual alimenta la perpetuidad de esta grave violación a los derechos humanos. El acceso a la justicia no se circunscribe solo a la existencia formal de recursos judiciales, sino también a que estos sean idóneos para investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas. Como se analizará más adelante, una respuesta judicial efectiva frente a actos de violencia contra las mujeres comprende la obligación de hacer accesibles recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de manera no discriminatoria, para investigar, sancionar y reparar estos actos, y prevenir de esta manera la impunidad.¹³

Como lo señala la misma Corte en el informe citado, los cambios normativos han avanzado más que la respuesta de los operadores de justicia. En Bolivia, una de las pocas investigaciones realizadas por la administración de la justicia reveló que del 100% de los expedientes de casos revisados que abordan materias relacionadas con los derechos de las mujeres, el 71,2% fue rechazado por los fiscales por falta de prueba y de estos el 41% corresponde a delitos sexuales. Igualmente, se identifica discriminación basada en el género en las actuaciones de los funcionarios judiciales en torno a casos de materia civil y penal, la cual se confirma en resoluciones judiciales, los argumentos esgrimidos por demandantes y demandados, por testigos, por el Ministerio Público y la policía. La investigación asimismo revela que las mujeres son las que más judicializan la reparación de sus derechos.

 

ESTADO Y SOCIEDAD

Un logro importante ha sido la capacidad de incidencia de las organizaciones de mujeres en la adopción de normas y políticas desde el Estado. Sin embargo, lo señalan nuestras invitadas, persiste el desafío de fortalecer las voces de la sociedad civil, en particular de las feministas, asegurando su papel en la vigilancia y monitoreo de las leyes y las políticas. La experiencia internacional comparada muestra que allí donde el movimiento de mujeres pierde fuerza, las debilidades institucionales aumentan en beneficio de la impunidad.

En una entrevista reciente la especialista Rita Segato, cuya mirada crítica del tema es ampliamente reconocida, plantea que "las mujeres debemos sacar los pies del campo estatal. Esto no quiere decir abandonarlo, como a veces se ha interpretado. No se pueden abandonar las luchas en el campo estatal, por leyes, políticas e instituciones propias. Pero lo que quiero decir es que debemos llevar adelante otras luchas, sólo nuestras y en un campo otro, marginal con respecto a la égida del Estado, con estrategias autogestionadas de autoprotección"¹⁴.

No debiera ser contradictoria esta postura con el fortalecimiento del Estado de derecho como construcción que implica un pacto de respeto a las instituciones por parte de la ciudadanía, pero también de protección de estas por instituciones que basen sus procedimientos en el cumplimiento estricto de la ley.

En el corto plazo, se plantea la urgencia de fortalecer las instituciones y acabar con la corrupción de la justicia, pero la urgencia de prevenir para erradicar es algo que no se debe soslayar y esto implica crear condiciones para que mujeres autónomas en lo económico, en el control de sus cuerpos y en la toma decisiones, tengan la capacidad de actuar por ellas mismas. La violencia contra las mujeres es la expresión última de la discriminación y por tanto la respuesta judicial solo debe considerarse como el último eslabón de las políticas de igualdad real entre mujeres y hombres.

María Eugenia Choque es máster en Historia Andina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito, Ecuador; Vocal del Tribunal Supremo Electoral en Bolivia; miembro del Foro Experto Independiente del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas.

Mary Marca es trabajadora social, docente de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), integrante del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, activista por los derechos humanos y ex Directora del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM).

Julieta MONTAÑO Salvatierra es abogada con postgrado en Derechos en Huelva y Sevilla, España. Directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, miembro del Consejo directivo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y miembro del Consejo Consultivo del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM).

Ana María Núñez Lazcano es Directora General de Prevención y Eliminación de Toda Forma de Violencia en Razón de Género y Generacional del Ministerio de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.

SONIA MONTAÑO

Muchas gracias por su participación en este Diálogo en el que buscamos identificar los desafíos para mejorar el acceso a la justicia por parte de las mujeres, y, por lo tanto, mejorar su calidad de vida. En esta actividad queremos que cada una de ustedes, desde su perspectiva por supuesto, realice una valoración respecto de los logros en el país sobre justicia, igualdad y violencia contra la mujer. Aquí subrayo que Bolivia forma parte de las evaluaciones, tanto nacionales como internacionales, y pertenece al conjunto de países de la región donde ha habido importantes avances legislativos de la ley y las convenciones, y que el marco jurídico con el que cuenta el país es suficiente, aunque siempre es perfectible. Sin embargo, en Bolivia, al igual que en otros países, los desafíos institucionales son muy críticos, tanto de acceso a la justicia como de prevención. Un rasgo que me tocó ver en el análisis comparado, es que la tendencia de hacer leyes y aumentar las penas ha sido muy fuerte, pero que pocos países, incluido el nuestro, han invertido en prevención.

Bolivia ha firmado la Convención de Belem do Para que dice "prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer". En prevención, en realidad, no hay mucho que reportar; en sancionar, tenemos las dificultades de acceso a la justicia y la impunidad reinante, y en erradicar, que implica políticas públicas y un conjunto de otras medidas, también es una asignatura pendiente.

Nos interesa que ustedes puedan intervenir en lo que a juicio de cada una son los cuellos de botella, los nudos; dónde tenemos que desatar, cómo podemos mejorar ese acceso a la justicia y, sobre todo, poner el énfasis en los desafíos.

Entonces, invito a Ana María, a quien me da mucho gusto tenerla aquí como representante del Ministerio de Justicia, para que ella pueda gatillar e iniciar la primera ronda de intervenciones de la que pretendo ser una enérgica moderadora, para que aprovechemos una distribución equitativa de la palabra. Le pido a Ana María que pueda, desde la perspectiva del Ministerio de Justicia, hablar sobre cómo se ve el fenómeno de la violencia contra la mujer, y, sobre todo, nos haga conocer las políticas del Estado Plurinacional.

ANA MARÍA NÚÑEZ

Gracias. Me presento. Soy Ana María Núñez, Directora de Prevención y Eliminación de Toda Forma de Violencia en Razón de Género y Generacional. Trabajo en el Ministerio de Justicia que es el ente rector en temas de violencia en razón de género. Lamentablemente el presupuesto que se tiene en la Dirección es mínimo, siendo esta una de las dificultades y uno de los cuellos de botella.

El trabajo que realizamos cuenta con la voluntad política desde la Ministra, desde el Viceministro y desde mi persona de trabajar en lo que nos corresponde que es la lucha contra la violencia. Hay limitaciones, pero no por eso no hemos estado trabajando.

Me gustaría comentarles rápidamente lo que estamos haciendo. Una de las cosas que me parece importante es la "Encuesta de prevalencia y características de la violencia hacia las mujeres", que se ejecutará a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), pero es el Ministerio de Justicia como órgano rector la instancia que coordina las acciones para que se realice la encuesta. Además de la coordinación con el Ministerio de Economía para obtener recursos estatales, contamos con el apoyo de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que aportan con financiamiento para que esta encuesta se pueda realizar. La encuesta va a permitirnos tener datos oficiales sobre tipos de violencia, características, prevalencia de la violencia, para poder trabajar en políticas públicas y encarar la lucha contra la violencia.

Me parece importante mencionar que la Ley 243 contra el acoso político es la única en la región. Bolivia es el único país que tiene esta ley. Vamos a tener un encuentro de expertas ahora en mayo, con la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, porque les interesa muchísimo ver la experiencia boliviana en cuanto a los avances en la lucha contra la violencia y el acoso político.

Tenemos la ley pero no la reglamentación. Estamos impulsando desde la Dirección, ahora en coordinación con el Ministerio de Autonomías, la reglamentación de la Ley 243. En noviembre del año pasado presentamos a la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) una reglamentación de la ley, y nos hicieron dos observaciones que se están trabajando técnicamente para que se subsane.

Tenemos el SIPPASE (Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia en razón de género). En los años 2014 y 2015 se han estado trabajando los instrumentos que ahora en 2016 se ponen en práctica en las diferentes instancias estatales. El SIPPASE es el mecanismo que apoya la operativización de la Ley 348 y se define como el mecanismo público especializado de actuación frente a la violencia en razón de género. El SIPPASE tiene listos los instrumentos que fortalecen a los municipios y gobernaciones del país. Entre los instrumentos están: el modelo para la Unidad de Atención Integral e Inmediata UAII; el modelo boliviano de actuación frente a la violencia en razón de género; la estrategia de inversión pública y movilización de recursos privados para la inversión en violencia en razón de género; el sistema de información para el registro de la violencia en razón de género; la especialización de violencia en razón de género para jueces, juezas, fiscales y policías; la elaboración de planes departamentales y plan nacional de lucha contra la violencia en razón de género; la guía para la declaratoria de alerta, la guía para el funcionamiento de las casas de acogida, la guía para el funcionamiento de los SLIM (Servicios Legales Integrales Municipales).

El SIPASSE, por ahora, funciona con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero en el año 2017 tiene que ser una unidad de la Dirección, parte del Ministerio de Justicia. Estamos en este proceso para que se institucionalice. También está la certificación SIPASSE que ya estos días se ha puesto en funcionamiento, y es el certificado que inhabilita a toda persona para ocupar cargos públicos en cualquier órgano del Estado, en caso que tenga antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia. Siempre y cuando tenga sentencia ejecutoriada, no podrá ejercer ningún cargo público.

SONIA MONTAÑO

Gracias Ana María. Julieta, sería interesante ver, en la línea de lo que decía la representante del Ministerio, cómo el desafío ahora es la implementación, la puesta en práctica de estos instrumentos...

JULIETA MONTAÑO

Sí, como has dicho, Bolivia puede inclusive ganarse el trofeo mundial en la aprobación de leyes, en lo más avanzado en materia de normativa de género, por ejemplo la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres; cuando lo más doloroso, lo más triste, es que no tenemos hasta ahora la sentencia en el caso paradigmático de la compañera Juana Quispe, concejala del municipio de Ancoraimes, que después de sufrir acoso y violencia política de manera sistemática del Alcalde, concejales y concejalas del partido de gobierno, fue brutalmente asesinada y su cuerpo abandonado a la orilla de un río. No obstante existir evidencias de las amenazas recibidas y de las personas con las que estuvo horas previas a su muerte, el Ministerio Público no ha encontrado evidencias para identificar a los/las autores/as y por el tiempo transcurrido el delito corre el riesgo de quedar en la impunidad.

Este hecho nos está mostrando que somos muy buenos en la producción de papeles, en la producción de normas, pero muy perezosos en la materialización de todo aquello que está muy bien planteado. La verdad es que con lupa hay que buscar para encontrar las debilidades que tienen las normas desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista doctrinal, por eso quisiera llamar la atención a quienes tratan de incluir en el reglamento lo que la ley se ha olvidado: cuidado con el recurso de inconstitucionalidad, porque un reglamento lo que hace es operativizar una norma pero no puede añadir lo que la norma no ha dicho. Pero esas son cosas muy pequeñas.

Veo que lo que más está faltando es lo que decías a un principio, una verdadera política, una voluntad política para prevenir, para sancionar, para erradicar. Para prevenir, se necesita un Ministerio de Justicia fuerte, porque el ministerio es el ente rector, y si un ente rector tiene recursos escasos para funcionar, realmente es muy difícil que pueda.

Lo que tenemos que buscar es el fortalecimiento del Ministerio de Justicia, del ente rector, pero además necesitamos atender el desafío de la institucionalización del país. Mientras sigamos con jueces que llegan al cargo por recomendación de un compañero, de una compañera, de los movimientos sociales; mientras sea un requisito estar apadrinado por un partido, por un movimiento social para llegar a la justicia, para ser operador de justicia; realmente los llevamos con las manos amarradas, la boca sellada, y ellos siempre van a estar, por muy buenos que sean, con el temor de cómo responder a las expectativas.

El tema de la violencia es bastante sensible porque moros y cristianos caen en ese problema, moros y cristianos son, en algún momento, denunciados por violencia, por sus parejas, sus ex parejas, etc. Y si no hay una actitud firme, una actitud autónoma, independiente de la Policía para investigar, del Ministerio Público para acusar y de los jueces para juzgar, entonces tenemos un grave problema.

La ley se convierte en papel mojado, las políticas públicas en un discurso, y la vida de las mujeres no cambia. Y eso tiene que ver también con la especialización que nos promete la Ley 348, la especialización de los jueces, los fiscales y los investigadores, las investigadoras.

Hasta ahora, se ha puesto a una persona en cada departamento, pero que además tiene que hacer anticorrupción. Obviamente un expediente de anticorrupción puede tener 40, 50 cuerpos, y la verdad es humanamente imposible que esa persona, por muy preparada, especializada que esté, responda; además, cuando se le ha puesto a una secretaria, a un secretario, que sabe tanto como yo sé de matemáticas...

Entonces creo que la especialidad, los recursos económicos, la institucionalidad, son urgentes, además de políticas para cambiar esta cultura de impunidad, no solamente judicial sino social. Yo siempre digo, el compañero que ha golpeado, que ha violado, lo que sea, no es que solo la ley no lo sanciona, y pese a que se le hubiera sancionado, puede ser rehabilitado socialmente con un compadrazgo, con un presterío, es decir que la misma sociedad está validando esa conducta violenta.

 

SONIA MONTAÑO

Gracias Julieta. Me gustaría abordar esta parte del componente social. María Eugenia ha trabajado desde hace mucho tiempo en aspectos antropológicos, de cultura, de prácticas sociales, quizás en su intervención podría dar esta mirada. Cómo, además de los problemas que han señalado Ana María y Julieta, hay una dimensión social, cultural, y cómo está operando en materia de acceso a la justicia y erradicación de la violencia.

MARÍA EUGENIA CHOQUE

El tema de violencia está totalmente naturalizado, sobre todo entre las mujeres indígenas, en el sentido de que no se denuncia por el "qué dirán", no denuncias porque tienes a la familia, a los hijos e hijas, a la comunidad que te reta porque denunciaste, tienes cuestiones culturales que hacen que no se denuncie la violencia.

La violencia, entonces, está naturalizada. El solo hecho de que la mujer deba ir a las tierras del marido influye en esta situación. Una cosa es estar en tu comunidad y en tu casa, y otra cosa es vivir como en casa ajena. Entonces, gracias a esa condición, diremos, las mujeres son como prestadas. Esas condiciones hacen que la violencia sea vista con naturalidad; y el otro tema es que yo encuentro una contradicción entre lo que son nuestras normas y lo que es también la norma de usos y costumbres.

Por ejemplo, yo acabo de tener una reunión sobre el caso de una compañera que falleció. Los familiares indican que ella participó como concejal para las últimas elecciones municipales, en condición de titular, y sufrió acoso político llevado por el machismo y la discriminación. Existen denuncias en la Defensoría, existe denuncia en ACOBOL (Asociación de Concejalas de Bolivia). Ella sufrió mucho y justo el día de su posesión fue amenazada de que no iba a volver a su casa.

Se dio la posesión, y por las circunstancias los familiares mencionan que sufrió un accidente provocado, en el que falleció. Acá surgen muchos temas como violencia en sus derechos de mujeres indígenas, por ser mujer pobre, mujer joven y soltera. No mencionaré los detalles del accidente, pero los familiares buscan justicia, porque la mujer está muerta.

Este hecho es un ejemplo del transitar de una mujer líder en espacios políticos municipales, y es uno de los casos que siendo denunciado queda en la impunidad, por falta de recursos económicos, así mismo llama la atención porque hasta la fecha no se da un solución ni a nivel local, ni departamental.

Existe un conflicto de normas y de contradicciones de la norma. Yo ahí acudo a que debería trabajarse en un reglamento que vea el tema con ojos amplios, porque lógicamente la comunidad es territorio tradicional con autoridades tradicionales, pero en el ejercicio y la competencia los municipios están sujetos a una ley municipal, que a la vez debería responder a una norma tradicional.

Entonces, ahí tenemos una contradicción entre lo que es la norma indígena y la norma occidental. En los hechos es una mujer que falleció.

SONIA MONTAÑO

Muchas gracias. María Eugenia ha identificado un tema central que aparece como un gran cuello de botella: esta tensión entre los dos sistemas. Le voy a pedir a Mary que trate de enlazar esto, también en la mirada de los nudos y los desafíos, pero desde la perspectiva del movimiento de mujeres, de las organizaciones de mujeres, de cómo ellas viven estos procesos institucionales, legislativos, tal como se han estado desarrollando.

MARY MARCA

Bueno, gracias por la invitación. El movimiento de mujeres ha contribuido en la construcción de las normativas desde la práctica cotidiana con la finalidad de que se pueda garantizar la vida y el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres en situación de violencia.

Como movimiento de mujeres se ha construido categoría por categoría, concepto por concepto, para que se pueda comprender la dimensión de la violación de los derechos humanos de las mujeres, y para que el Estado y las instancias designadas por la ley puedan dar respuesta a las mujeres y a sus demandas.

Algunas mujeres en situación de violencia buscan que se detenga al agresor, otras inclusive van a decir que "no sea detenido", y solo quieren que se lo "asuste"; hay que releer estas respuestas desde lo social, desde lo cultural, desde la demanda cotidiana de las mujeres, porque muchas, por ejemplo, en la ciudad de El Alto, son hijas de migrantes, o de reciente migración, que en sus prácticas se ha readaptado o adecuado el control social comunitario donde los intereses colectivos priman sobre el derecho individual. Entonces, esta pelea entre lo que es el derecho individual y el derecho colectivo, también es un tema que entra en tensión, porque muchas mujeres, por el bien del barrio, por el bien de la familia o por el imaginario de ser mujer obediente no denuncian. Y es buena aquella que no denuncia, aquella que no dice, que no saca los trapos afuera. El control social es muy fuerte y a las mujeres les es muy difícil romper con esos estereotipos, con esos mandatos asignados a las mujeres social y culturalmente.

Salir y decir "me ha pegado" es una ruptura muy grande; tal vez los servicios o los programas, las políticas, todavía no han comprendido esta dimensión. Si la mujer sale y rompe su silencio, lo ha hecho porque ha visto que hay una esperanza, hay una luz, una ventana posible para solucionar ese problema. Se ha cansado de ser víctima de violencia, entonces rompe con estos esquemas comunitarios, familiares y de tradiciones. Y cuando decide y acude a los servicios (SLIM, Policía y Fiscalía) y no recibe una atención integral y protección inmediata y oportuna, debe volver a su casa, con el agresor, en condiciones de mayor riesgo a ser víctima de violencia.

Entonces, el proponer la integridad desde la sociedad civil, desde el movimiento de las mujeres, fue muy importante porque tiene que ver con que las mujeres tengan protección legal, un apoyo psicológico, un apoyo social, seguimiento y acompañamiento, y un servicio de atención para protegerse de la vulneración de sus derechos y acciones para prevenir otras agresiones no solo en la familia sino en la misma comunidad.

Entonces la ley se ha pensado para que haya atención, prevención, acceso a la justicia, y se complementen.

SONIA MONTAÑO

Muchas gracias Mary. Hemos tocado temas que tienen que ver con la institucionalidad, este vínculo que María Eugenia refiere con los llamados usos y costumbres, todo el abordaje que Julieta nos ha presentado sobre el funcionamiento real, la distancia entre lo que se dice y lo que se hace en la ley, y lo que es la expectativa del movimiento de mujeres, por lo menos para disminuir si no erradicar el impacto de la violencia. Les pido a cada una de ustedes que hagamos un esfuerzo por identificar lo que a su juicio

son los dos desafíos más estratégicos: qué es lo que ustedes recomendarían para el mejoramiento hacia adelante, qué es lo que a su juicio, si ustedes tendrían los recursos y el poder para decidir, se debería hacer.

JULIETA MONTAÑO

Yo creo que se debe priorizar el tema de recursos económicos para fortalecer las instituciones encargadas de prevenir, erradicar, sancionar. Con el 0,6% de Presupuesto General de la Nación para el Órgano Judicial no podemos pretender avanzar mucho más. Además, que se siguen creando nuevas figuras penales y se va cargando al Órgano Judicial, se judicializa y penaliza absolutamente todo.

Realmente necesitamos tener recursos, tener un Órgano Judicial fuerte, un Ministerio de Justicia fuerte, con toda la jerarquía, pues la jerarquía no se la da solo en la norma, también se la pone. Y no solamente son recursos, sino la voluntad política para el fortalecimiento institucional que supone también la continuidad, la contratación de personal especializado, la evaluación sistemática de este personal. Los municipios hasta ahora han estado burlándose de las expectativas de las mujeres, ya sea por cuestiones económicas u otras; cada seis meses contratan un equipo, y todos cada seis meses estamos descubriendo la pólvora con personal nuevo, ese personal está empezando a aprender y ya es cambiado, ya no se lo contrata, y todos los casos que ese personal estaba atendiendo, tienen que volver a fojas cero, y las mujeres que estaban siendo atendidas por ese personal, tienen que volver a contar la historia, y finalmente se cansan.

Yo creo que son dos cosas: recursos y fortalecimiento institucional.

MARY MARCA

Complementando lo que ya ha dicho Julieta. Una estrategia de prevención es importante. Esta estrategia debería partir después de hacer una evaluación del nivel de ejecución de las gobernaciones y los municipios. Esta acción de prevención debería, además, estar acompañada de actividades para visibilizar los datos de violencia que permitan implementar la alerta nacional. Alerta nacional que pueda demostrar que con una alerta de prevención se puede reducir la violencia contra las mujeres, y en ese sentido creo que es importante pedir rendición de cuentas: la ley establece que si el alcalde o el gobernador no cumple, tienen juicios por incumplimiento de deberes. Y sumado a eso los juicios de responsabilidad, no es cierto, porque sino, como decía Julieta, no hay una institucionalidad fuerte que exija a estas instancias que deberían implementar acciones como la ley les demanda, y no están cumpliendo.

Inclusive, algunos presupuestos destinados todavía no se han ejecutado. Las casas de acogida del 2013 al 2015 ya deberían estar construidas.

SONIA MONTAÑO

Muchas gracias Mary. María Eugenia las dos prioridades.

MARÍA EUGENIA CHOQUE

Sí, es importante consensuar la normativa. Tenemos la Constitución Política del Estado Plurinacional que en el artículo 30 hace referencia a los pueblos indígenas. El artículo 7 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas hace referencia a que "los pueblos indígenas, tienen derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia...". Esto, sin embargo, en el plano operativo presenta contradicción. En el caso de violencia tiene que existir una denuncia, y si no existe una denuncia formalizada, no hay sanción.

El otro punto son los talleres de sensibilización sobre el tema de violencia. Más cursos o talleres de formación para visualizar la violencia como un delito que va en contra de los derechos humanos. Las mujeres indígenas y en situación de pobreza, acuden a las autoridades tradicionales para volver a su casa. Después de haber recibido golpizas, recurren a las madres, a una persona mayor, para pedir "la vuelta a la casa", para pedirles que les "hagan abuenar".

Entonces, cómo rompemos esta cuestión de que golpear no es natural. Son importantes estos talleres de sensibilización, de acompañamiento, de todos los actores que hacemos la sociedad boliviana, con políticas y programas que puedan ayudar a las mujeres a salir de la violencia. Aún falta que el tema sea agenda de trabajo desde las organizaciones indígenas, campesinas y el apoyo de las instancias del Estado y la sociedad civil con recursos económicos que contribuyan a salir de la violencia.

Es importante que el tema de violencia pueda estar en un escenario de preocupación social y política.

SONIA MONTAÑO

Gracias María Eugenia.

ANA MARÍA NÚÑEZ

Antes de entrar precisamente a las dos prioridades que pide, por supuesto que creo y estoy consciente, y estamos conscientes también en el Ministerio de Justicia, que la violencia es un tema estructural, es un tema que no solamente con la varita mágica de una ley se va a solucionar. La normativa es importante pero se ha estudiado, desde los diferentes feminismos, desde las organizaciones, desde el mismo Ministerio de Justicia, y está ampliamente discutido que hay un tema estructural, el patriarcado, que pasa por todas las personas, no solamente por las instituciones, por todos los que hacemos la sociedad, hombres, mujeres de la comunidad, gente de las instituciones públicas, privadas. Lamentablemente no estamos fuera de este contexto estructural de lo que es el patriarcado y las causas de la violencia.

Entonces, ahí veo un aspecto claro. Cuando una mujer presenta su denuncia, es porque ya no sabe qué más hacer, agotó todas las posibilidades, ahí está la responsabilidad del Estado de ver qué se hace, qué soluciones le da. Los SLIM están para apoyarla a presentar la denuncia, pero se encuentran en proceso de funcionamiento, no nos olvidemos que son tres años que tiene la ley. No todos los municipios tienen SLIM, pero poco a poco se van implementando.

De acuerdo a la Ley 348 tenemos unos fondos del IDH para trabajar violencia específicamente, y decía Mary que no se están ejecutando. Resulta que desde el Ministerio de Justicia hacemos seguimiento a los municipios, y yo veo un problema estructural, inmerso en el cuerpo, en la estructura mental. Para los hombres (alcaldes), en este patriarcado que vivimos, en muchos casos la violencia es sinónimo de problemas entre parejas; no asumen la obligación que tienen de encarar la violencia y van priorizando otros aspectos en su Plan Operativo Anual Municipal como temas de carreteras y servicios, dejando a un lado el trabajo que se tiene que hacer en la lucha contra la violencia. Desde el Ministerio damos seguimiento al cumplimiento de la Ley 348 pero no nos olvidemos que las decisiones son autónomas en los municipios.

SONIA MONTAÑO

Son autónomos pero la Constitución rige para todos, no sé si ustedes pueden reaccionar...

ANA MARÍA NÚÑEZ

Déjame terminar la otra idea. Usted decía Julieta, que no con reglamentos se va a solucionar lo que olvidaron en la ley, por cierto que un reglamento no puede subsanar lo que la ley no expresa, estamos trabajando en una reglamentación que proteja los derechos de las mujeres que participan en organizaciones sociales, es decir a todas las mujeres que tienen participación política debe proteger la ley.

JULIETA MONTAÑO

Lo estás tomando en sentido negativo. Lo que he querido es aportar. En ese momento, en ese instante, lo más visible era la violencia a las mujeres que estaban o como candidatas o en ejercicio, pero ahora los hechos nos están demostrando también que las mujeres que quieren participar en las organizaciones sociales son objeto de violencia o acoso, entonces sería importante un pequeño artículo y listo.

ANA MARÍA NÚÑEZ

Estamos trabajando con los abogados del Ministerio de Justicia, específicamente la Dirección de Desarrollo Constitucional en coordinación con el Ministerio de Autonomías, en la reglamentación de la Ley 243 para la protección de los derechos de las mujeres en cuanto a la participación política de las mismas.

Bueno, sigo sobre los desafíos. Es necesario presupuesto pero no solamente para la Dirección de Género del Ministerio de Justicia, no lo veo así. Es el presupuesto también para una mayor cantidad de jueces, fiscales, para todo ese aparataje de justicia que tiene que ver desde que se presenta la denuncia, y que va más allá de nuestras propias competencias como órgano rector.

Nos reunimos con el Consejo de la Magistratura para ver la posibilidad de que se separen los juzgados especializados de violencia y corrupción, y el argumento, entre otros, es presupuesto para mayores juzgados y separación de los mismos.

Tenemos puesta la expectativa en la Cumbre de Justicia, que las propuestas de las diferentes organizaciones sociales sobre temas de violencia ayuden a solucionar los cuellos de botella que se tiene.

SONIA MONTAÑO

Valoro mucho este diálogo y el esfuerzo de identificar los desafíos entendiendo que hay todavía mucha tela que cortar. Está abierta la invitación de Ana María, del Ministerio de Justicia, para que las mujeres desde distintos ámbitos puedan hacer llegar sus propuestas; es muy importante, y sería muy importante ver que esta invitación se extienda públicamente.

ANA MARÍA NÚÑEZ

Se lo ha hecho, se ha mandado cartas específicas...

SONIA MONTAÑO

Ha habido una coincidencia respecto de la asignación de recursos y creo que ahí estamos poniendo en titular el tema de los recursos financieros que incluye al Ministerio de Justicia y al sistema judicial. Este es un tema que merece cruzarse con algo que ustedes también han dicho, la naturaleza estructural de la violencia. El problema es que —lo he visto también en otros lugares— muchos alcaldes y gobernadores suelen encarar otras prioridades, ignorando lo que la ley manda sobre el combate a la violencia, de esa manera están violando la ley, están incumpliendo la norma, en medio de la tolerancia social y la indiferencia institucional.

Entonces, lo "estructural" es algo que merece discutirse como parte del diálogo que propone María Eugenia, entre los usos y costumbres y la justicia occidental, ahí hay mucho tema para seguir conversando. Así debemos hacer frente en el corto plazo a los grandes problemas estructurales del país. El desafío es cómo fortalecer las voces de la sociedad. Y aunque no lo hemos mencionado es necesario considerar el papel que de verdad están jugando las organizaciones de mujeres, la sociedad civil, los feminismos, en fin, ahí hay también una asignatura pendiente para fortalecer una voz pública que no ha sido lo suficientemente fuerte como, por ejemplo, en el caso que ha denunciado María Eugenia y otros.

También veo que la mayoría ha anotado la importancia que tiene la jerarquía, la institucionalidad, el respeto a las leyes, la importancia de dar estabilidad institucional a los servicios, esas son las cosas inmediatas, las urgencias; quizás no hemos llegado a los grandes problemas teóricos: qué entendemos por violencia y cuál es el vínculo con el desarrollo y la pobreza, pero todas ustedes con sus intervenciones han mostrado la urgencia de medidas inmediatas, y apuntan a lo urgente. Las prioridades reflejan el carácter de urgencia de lo que estamos viviendo. Le voy a pedir a Ana María que continúe para cerrar.

ANA MARÍA NÚÑEZ

Solamente en esto que estamos dialogando, mostrar que hay instrumentos con un esfuerzo de políticas prácticas en la lucha contra la violencia, por ejemplo, comenzar a hacer eco del certificado SIPPASE, eso va a ir de alguna manera resquebrajando la violencia ya que al ser necesario presentar en el trabajo la certificación que no tiene sentencia ejecutoriada en violencia, muchos hombres violentos se quedarán sin trabajo.

SONIA MONTAÑO

¿Cuántos postulantes a la Defensoría habrían presentado este certificado?

ANA MARÍA NÚÑEZ

Se está empezando a emitir el certificado SIPPASE. Hay que darle el crédito de que ya es algo que está empezando a funcionar y que en uno o dos años va a depurar a funcionarios/as violentos.

En cuanto a la tensión entre justicia ordinaria y comunitaria, hemos hecho una reflexión desde la Dirección, lo vemos todos los días, vienen señoras que nos dicen: "esto está pasando, esto estoy viviendo, pero en mi comunidad solamente le han dado veinte chicotazos a actos violentos o por la violación a una persona", etc.

La propuesta que estamos trabajando, y que es parte de la Ley 348, gira en torno a la promotora comunitaria en violencia; es la señora que vive en su comunidad, es parte de la comunidad, respeta sus usos y costumbres, pero además se está especializando en conocer la Ley 348, así sabrá cuándo un caso de violencia tiene que ser remitido a la justicia ordinaria, etc. Para ello hemos realizado un encuentro nacional de Promotoras Comunitarias en Violencia, se ha elaborado una guía de promotoras comunitarias y el trabajo de ellas es no solamente acompañar a las víctimas de violencia o darles apoyo emocional, sino coordinar con las autoridades comunitarias para que los casos que deben pasar a la justicia ordinaria lo hagan, en cumplimiento de la ley.

Esta coordinación se está realizando con las autoridades comunitarias, con concejalas, alcaldes para que las Promotoras Comunitarias en Violencia sean un brazo operativo de los SLIM y articuladoras con las autoridades para la prevención de la violencia en las distintas comunidades, municipios, etc.

SONIA MONTAÑO

Muchas gracias Ana María. María Eugenia Choque, las últimas palabras de este diálogo.

MARÍA EUGENIA CHOQUE

Creo que nos quedan tareas pendientes como debatir el tema de derechos colectivos y derechos individuales, porque también la violencia son derechos colectivos.

Segundo tema es que la violencia es estructural. Las mujeres cuando acuden al centro de salud, al médico, son agredidas e insultadas en su razón de ser mujer embarazada. Y la partera dice: "yo atiendo a esa mujer, en estado de violencia, psicológicamente violentada, el feto está en sufrimiento, entonces doble trabajo para nosotras, porque estamos atendiendo a una mujer que está psicológicamente enferma".

La violencia es una cuestión estructural y se reproduce desde distintas instancias, desde lo estructural hasta llegar a lo familiar, la violencia tiene un carácter gradual, por lo tanto también su atención deberá ser gradual. Seguí el proceso, en el municipio de Copacabana, respecto a los SLIM. Me parece sumamente importante la existencia de oficinas de atención de casos violencia, pero también entra en una contradicción con las autoridades tradicionales que

cuestionan el rol de las defensoras en derechos humanos, por cuanto ven acciones aisladas: debe existir una relación de coordinación con autoridades tradicionales.

La violencia es estructural, no solo está referida a la violencia física, psicológica, sexual, sino también las mujeres sufren una violencia espiritual, porque son violentados de manera integral. Violencia es también racismo, discriminación, marginación, patriarcalismo; la violencia pasa por todos esos escenarios. La mujer en estado de violencia se convierte en un objeto y todo el mundo te trata así; si vas a denunciar, pasas por todo el calvario para denunciar.

SONIA MONTAÑO

Muchas gracias María Eugenia. Mary Marca, palabras de cierre.

MARY MARCA

Retomo lo que decía hace rato, que el control, la vigilancia, la exigibilidad, son importantes. Yo siempre digo la 348 es una ley que si realmente todas, si todos los actores (cumplieran), se avanzaría bastante: que el sistema de salud le dijera a la mujer qué puede hacer, le diera su certificado, le orientara; lo mismo en el SLIM. Entonces habría una red de estos actores sociales que pensarían bajo el concepto de que se ha violado los derechos de esta mujer, de esta víctima, y que se debe identificar al agresor. En este tema, el agresor es el hombre pero también las instituciones, porque permiten que las mujeres, que el juez, que el fiscal, que la policía maltrate a las mujeres, entonces eso es violencia institucional.

El agresor no solo es el hombre también son las instituciones, también tus propios líderes. En ese sentido debemos pensar en redes, pensar en articular los actores para vigilar, controlar, vuelvo a repetir, en el marco de esta normativa que de alguna manera da mandato. Yo pienso que si las consejeras conocieran la ley y su dimensión, podrían exigir su cumplimiento en la defensa de sus derechos.

SONIA MONTAÑO

Tiene la palabra Julieta.

JULIETA MONTAÑO

Yo no tengo un bagaje teórico muy grande pero sí una práctica muy grande. Creo que lo que es importante, es urgente, es esto que proponía María Eugenia, el diálogo intercultural para poder combatir efectivamente la violencia. Un diálogo intercultural que parta de un reconocimiento mutuo de iguales, sin paternalismos y sin idealizaciones porque, definitivamente, se puede recurrir al manido argumento de usos y costumbres ancestrales, que no tienen absolutamente de ancestral nada y si tienen hay que cambiarlo, porque solo las hormigas y las moscas no cambian, los seres humanos cambiamos.

El echar mano al diálogo intercultural para combatir la violencia es necesario, y una cosa que me parece también es el fortalecimiento de la sociedad civil. En la medida en que se debilita la sociedad civil, el Estado se debilita, no recupera la experticia que ha ido acumulando la sociedad civil; puede ser una sociedad civil incómoda, a momentos, pero de todas maneras es una sociedad civil que también en el diálogo con el Estado puede enriquecer para optimizar los pocos recursos que tiene este Estado.

 

NOTAS

¹Socióloga feminista, fue Directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Correo electrónico: soniamontanov2015@gmail.com. La Paz, Bolivia.

²Una versión actualizada de las leyes sobre violencia se puede ver en http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/oig/noticias/paginas/1/46121/P46121.xml&xsl=/oig/tpl/p18f.xsl&base=/oig/tpl/top-bottom-fisica.xsl.

³Tribunal Constitucional, Corte Suprema et al (2011). En Cl DH, Sesgo de género en la administración de justicia, Sucre.

⁴Es el caso de los objetivos de desarrollo sostenible, los Consensos de Población, las conferencias regionales sobre la mujer de América Latina y el Caribe.

⁵CEPAL (2014). Informe anual 2013-2014. El enfrentamiento de la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe (LC/G.2626). Santiago de Chile: CEPAL.

⁶Los países miembros del Sistema de Naciones Unidas han acordado armonizar la realización de encuestas sobre violencia. Ver: http://www.ee pal.org/oig/noticias/noticias/7/54887/Directrices_para_la_produccion_de_estadisticas_sobre_la_violencia_contra_la_mujer%5B1%5D.pdf

⁷Butler, Judith (2012). Vida precaria: el poder del duelo y la violencia. Primera edición. Buenos Aires: Paidós.

⁸ OEA (2012). Informe Bolivia MESECW-Mdoc.72/12

⁹Ver: http://www.jubileobolivia.org.bo/publicaciones/revistas-especializadas/item/158-a-7-anos-del-idh-en-que-se-gastan-los-recursos.html

¹⁰Ver: http://tsj.bo/tsj-participo-en-la-reunion-nacional-del-comite-de-genero-del-organo-judicial/

¹¹Ver: http://tsj.bo/magistrados-reivindican-tres-ejes-para-la-reforma-de-la-justicia/

¹²Han concluido las nueve cumbres departamentales llevadas a cabo hasta mayo de 2016.

¹³CIDH (2015). Acceso a la información, violencia contra las mujeres y la administración de justicia en las Américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¹⁴ Ver: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-9737-2015-05-29.html