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Tinkazos

versión On-line ISSN 1990-7451

Tinkazos vol.18 no.37 La Paz jul. 2015

 

ARTÍCULOS

 

El Estado pactante: pensando en la fortaleza de la sociedad organizada

 

The pact-forging State: Thoughts on the strength of organised civil society

 

 

Rossana Barragán Romano1
1 Historiadora, miembro de la Coordinadora de Historia. Coordinadora del tomo IV de Bolivia, su historia, junto con Pilar Mendieta y Ana Mana Lema. Trabaja actualmente en el Instituto Internacional de Historia Social de Amsterdam.
Correo electrónico: rossanabarragan2003@yahoo.com.
Amsterdam, Holanda.

Fecha de recepción: mayo de 2015 / Fecha de aprobación: junio de 2015 / Versión final: junio de 2015

 

 


Resumen

En este artículo se analiza la fortaleza de la sociedad organizada en Bolivia que, a través de diferentes mecanismos, ha logrado no solo frenar políticas estatales sino, también, modificarlas, rechazarlas o, finalmente, demandar medidas que le fueron favorables. Es una perspectiva presente, de diversas maneras, en los tomos de Bolivia, su historia, donde se demuestra que el Estado no ha sido una máquina que se ha impuesto inexorablemente a la sociedad.

Palabras clave: Historia de Bolivia / sociedad civil / corporaciones / Estado / políticas públicas / gobiernos / ayllus / gremios y sindicatos / regiones


Abstract

This article analyses the strength of organised civil society in Bolivia. Making use of various mechanisms, it has managed not only to cali a halt to state policies but also to modify them, reject them or, ultimately, demand measures that have benefited society. This perspective is present in different ways in the Bolivia, su historia collection, which shows that the State has not been a machine imposing itself inexorably on society.

Key words: History of Bolivia / civil society / corporations / State / public policies / governments / ayllus / guilds and trade unions / regions


 

 

Si se piensa y se analiza "el Estado", se remarca y se subraya por lo general su poder omnipotente. La metáfora utilizada por Hobbes en 1651, del Estado como Leviatán (Leviatán o La materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil or The Matter, Form and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil] o monstruo todopoderoso, "rey sobre todos los soberbios", que se encuentra en el antiguo testamento ha contribuido

indudablemente a esa imagen (ver tapa del libro de Hobbes). Pero no ha sido indudablemente el único; Weber definió al Estado como el que detenta el poder de la violencia (1919) en un determinado territorio. Las corrientes marxistas, al enfatizar el rol del Estado al servicio de determinadas clases poderosas, así como los análisis sobre el colonialismo y sus políticas, han contribuido a ese imaginario que impera cuando pensamos en el Estado boliviano.

En este artículo-ensayo, no se pretende negar el poder del Estado ni de sus políticas de imposición. Nos interesa, más bien, focalizarnos en su contrapuntó, el de la fortaleza que ha tenido la sociedad organizada y subalterna que ha marcado la configuración social y estatal a través de nuestra historia. Nos referimos, entonces, a la organización de diferentes grupos que, de diversas maneras y a través de distintos mecanismos, han logrado no sóIó frenar determinadas políticas estatales sino también modificarlas, rechazarlas 0, finalmente, demandar medidas, de las diversas instancias gubernamentales, que pudieron haberles sido favorables. Esto significa que esos grupos lograron y logran incidir en las políticas estatales. En otras palabras, las presiones que tódós/tódas los/las bólivianós/as experimentamos cotidianamente en nuestro país y que provienen de distintos sectores de la sociedad (estudiantes, mineros, maestros, cócaleros, organizaciones vecinales, etc.) y que se expresan en paros, pliegos petitorios, huelgas, boycots, etc., no son fenómenos del presente. Nó son producto ni de la Revolución de 1952 ni de la historia de las últimas décadas, asociadas a la recuperación de la democracia. Estas relaciones deben situarse y comprenderse en una historia de muy larga duración, ló que significa que en el territorio boliviano se ha tenido, a Ió largó de su historia, grupos organizados de la sociedad de tal manera que el Estado no ha sido solo una máquina que se ha impuesto inexorablemente. Esta perspectiva ha estado presente, de alguna manera, en los diferentes tomos de Bolivia, su historia de la Coordinadora de Historia. Se ha desarrollado, entonces, una relación que ha moldeado al conjuntó de instancias de gobierno pero también de la sociedad, por ló que planteamos la idea y el concepto de Estado pactante.

Estado pactante hace referencia así a un Estado que, en sus diversas instancias gubernamentales, se ve obligado a tomar o dejar de tomar ciertas medidas después de sostenidas presiones, solicitudes e incluso acuerdos2. Es indudablemente producto y fruto de una relación que se ha ido desarrollando y construyendo a través del tiempo. Ha sido y es una relación política entre grupos con poderes diferenciales y desiguales. Podríamos entonces afirmar que las relaciones establecidas constituyeron una institución en el sentido que le confiere O'Donnel: "patrones regularizados de interacción que son conocidos, practicados y aceptados regularmente (aunque no necesariamente aprobados normativamente) por agentes sociales... que... esperan continuar interactuando de acuerdó a las reglas y normas incorporadas (formal o informalmente)" (1995: 224).

Nadie tendrá dudas de que toda administración gubernamental y tódó régimen político es resultado de pactos que se expresan particularmente en las elecciones. En las últimas décadas del siglo XX, por ejemplo, hemos visto que los resultados electorales iniciaban los pactos mientras que en el siglo XIX, las urnas sancionaron, en gran parte, los arreglos que se daban previamente por lo que se tenían mayorías aplastantes. Las elecciones no fueron, sin embargo, los únicos momentos en que se expresaron ciertos acuerdos. Las relaciones y las presiones pueden darse con mayor continuidad en función de la unidad de los grupos pero también de la correlación de fuerzas existente.

El concepto de Estado pactante implica, por consiguiente, la presencia de organizaciones y grupos en la sociedad, lo que recuerda la noción de estado aparente y sociedad abigarrada de Rene Zavaleta, y de subsuelo político y país multisocietal de Luis Tapia.

Sociedad abigarrada es, para Zavaleta, una sociedad en la que existen "varias formas de sociabilidad en un mismo territorio en el que un Estado pretende ser la unidad y el gobierno político" (En Tapia, 1997: 422). La conceptualización de Zavaleta tiene que ver con su reflexión sobre "las dificultades que se plantean en los procesos de implantación de democracias representativas en sociedades altamente heterogéneas y no articuladas de manera orgánica" {Ibíd). Una formación social abigarrada se caracterizaría entonces por la coexistencia de diversas temporalidades ó tiempos históricos, de varias relaciones sociales, jurídicas y de producción, de diversidad de formas políticas y diversidad de historias (Tapia, 1997: 555-556).

La noción de subsuelo político de Tapia hace referencia a "aquel conjunto de prácticas y discursos políticos que no son reconocidos social y estatalmente pero que emergen como forma de asociación, interacción y opinión sobre la dimensión política y de gobierno de las sociedades" (Tapia, 2001: 124, 133 y 143). La metáfora geológica de subsuelo político podría sugerir que estas sociedades han vivido "más allá del Estado" o por "debajo del Estado", lo que conduce a olvidar que no sóIó han estado en relación con el Estado -es la noción de pactó de reciprocidad-sino que frecuentemente lo han obligado a transar. De ahí que rescatamos más bien la noción de Tapia de "país multisocietal" y su afirmación de que "la práctica de derechos políticos" se ejerció más "en torno a organizaciones colectivas, sindicatos que a través de elecciones e instituciones liberales" {Ibíd.: 1 37).

Nos interesa subrayar, por tanto, que tanto Zavaleta como Tapia se han referido, de una y otra manera, a la existencia en el territorio boliviano de "sociedades" -en plural- que aquí estamos denominando "sociedad organizada". Sociedad organizada puede remitir también al concepto de sociedad civil o al de instituciones corporativas. Consideramos, sin embargo, que ninguno de estos conceptos puede aplicarse totalmente a la situación existente en los siglos XIX y XX aunque, al mismo tiempo, tienen elementos de ambos.

Recordemos que la constitución de una sociedad civil es considerada como uno de los requisitos de la democracia, lo que supone una separación y diferenciación entre Estado y sociedad civil. La sociedad civil hace referencia a espacios fuera del Estado en el que actores colectivos expresan sus intereses y demandas al Estado de manera autónoma (Portantiero, 1999: 37). Es "la arena de la comunidad política en que grupos, movimientos e individuos autó-órganizadós y relativamente autónomos intentan articular valores, crear asociaciones y solidaridades y satisfacer sus intereses" (Linz y Stepan, 1996: 17).

Es difícil pensar que hubo, en la Bolivia del siglo XIX, una sociedad civil strictu sensu porque la igualdad, la individualidad e individuación no estuvieron totalmente presentes y porque, como lo señaló Arendt, no conformaron una esfera de acción colectiva dónde tódó el mundo podía ser visto y escuchado (en Pórtantiero, 1999: 37) como lo recordó también Tapia. La esfera a la que nos estamos refiriendo no sería necesariamente la "sociedad política" o esa arena donde "los actores políticos compiten por el derecho legítimo de ejercer el control sobre el poder público y el aparató del Estado" (Linz y Stepan, 1996: 33). Finalmente, porque no fueron totalmente autónomos.

Pero no se trata, tampoco, de organizaciones corporativas como en el "antiguo régimen" ("ancien régime") porque en principió y jurídicamente no fueron pensadas como parte de la estructuración de toda la sociedad y porque se desarrollaron también en el marcó de un Estado con características liberales y modernas.

Los tres grandes grupos de lo que denominamos "sociedad organizada" y que se pueden identificar durante el largó siglo XIX, y que pueden enfrentar y ejercer cierto poder frente al Estado, fueron los ayllus y las comunidades, los gremios y sindicatos y, finalmente, los departamentos y las regiones.

 

LAS RELACIONES ENTRE LOS AYLLUS Y EL ESTADO

Tristan Platt, en su libro ya clásico sobre el Estado boliviano y ayllu andino planteó la relación entre ambos como un "pacto de reciprocidad" que consistía "en la obligación del Estado no solo de reconocer los derechos colectivos de los ayllus a sus tierras, sino también de aceptar, como contraparte, los servicios tradicionales de la tasa, antiguo tributo indígena pagado por los indios" (Platt, 1982: 20). De ahí que hablara también de la "compleja red de obligaciones y contraobligaciones que fundaban las relaciones comunidad/Estado" (1982: 101).

La idea de este pacto ha sido criticada por Esteban Ticona quien considera que no toma en cuenta la imposición que supuso desde la conquista. Reconociendo su origen, pensamos que debe ser visto también como parte de una lucha entre los ayllus y el Estado enmarcada en los intereses coyunturales. Raúl Calderón ha mostrado, por ejemplo, que la preocupación del presidente Santa Cruz por asegurar las finanzas para emprender su proyectó de confederación puede explicar la serie de medidas tomadas respectó a la contribución indígena y la emisión de algunos decretos favorables como la prohibición de que las tierras de los tributarios puedan ser vendidas porque ello implicaba pérdidas inmediatas y directas para el Estado (Calderón, 1991: 87).

Ello nos conduce a resaltar la participación política de los indígenas, especialmente comunariós, en la propia política caudillista, en el sentido, por una parte, de intervenir y prestar apoyó a algunos caudillos, como parte de acuerdos a través de los cuales, mediando movilizaciones y luchas, se podían alterar las políticas que los atañían. La intervención popular decisiva para los caudillos ha sido analizada para el Cusco, Walker planteó, incluso, que habría que pensar que la política caudillista constituyó un tipo singular de formación del Estado (1999: 283). En el casó de Bólivia, la participación indígena en el régimen de Belzu fue decisiva desde el inició. Calderón ha mostrado que Belzu llamaba a levantar armas contra un "gobierno tirano y abominable" (Calderón, 1991: 142-144) y que su slogan se apoyó en la máxima de "Justicia para todas las clases y garantías para todos los ciudadanos..." (1991: 158).

Aunque se señale que este apoyó no se tradujo, de manera concreta, en medidas favorables a los indígenas, es fundamental precisar que el que no se tomaran medidas en su contra era ya un resultado político de esa relación. Además, esa vinculación entablada, aún fuese nominal y simbólica, les otorgó legitimidad y confianza para su lucha contra la expansión de las haciendas, siendo su nombre continuamente enarbóladó. En 1854, por ejemplo, los yanaconas de las provincias de La Paz y Oruro rechazaron realizar los servicios a los dueños de las haciendas señalando que el presidente les había ordenado y que había decretado que las haciendas debían convertirse en ayllus. La situación era de franca rebelión en Omasuyós y los indígenas se titulaban y declaraban a sí mismos gobernadores y comandantes. Este estado de cosas se mantuvo además durante casi tres años, entre 1854 y 1857 (Calderón, 1991: 197-199).

Es precisó recordar, también, la oposición a las medidas de Melgarejo particularmente agudas en 1869 y 1870. En eneró de 1870, 20.000 indígenas se concentraron alrededor de la ciudad de La Paz y el resultado fue que Melgarejo tuvo que huir y que la Asamblea de 1871 decretó la restitución de las tierras usurpadas a los indígenas (Barragán, 2002 y 2012).

Platt analizó cómo las leyes tomadas a partir de 1866 y fundamentalmente en el periodo 1874-1880 fueron consideradas como la ruptura de este pactó de reciprocidad (1982: 95). Pero es igualmente crucial mencionar que las resistencias y sublevaciones en varias regiones del país, y la gran rebelión de 1899, especialmente en el norte de Potosí y en La Paz, lograron frenar muchas de estas medidas.

En el contexto de estas relaciones entre el Estado y los ayllus, no solo como pacto de reciprocidad sino como total rechazo pero también como alianza y participación en la política, se inserta el pactó entre los Liberales y Pando con Zarate Willka, en 1899 (ver Condarco Morales, 1965 y Pilar Mendieta, 2010) que en sus momentos de auge se presentaron como copresidentes3.

Una de las conquistas logradas a corto, mediano y largo plazo en esta historia fue el retroceso del Estado -se podría hablar incluso de abdicación- frente a las comunidades. En el cortó plazo, el Estado se retractó casi inmediatamente de algunos de los puntos que las propias leyes impulsaron y vale la pena subrayar ahora: las leyes de 1866 y 1874, que se pusieron en ejecución después de 1880, implicaban que después de precederse a la distribución de las tierras no debían reconocerse las comunidades4. Sin embargó, sóIó un año después, en 1881, el Estado tuvo que admitir la posibilidad de que se otorgaran títulos en pró-indivisó, es decir colectivos; en 1882 definió que el tituló colonial otorgado eximía de las operaciones de revisita de las tierras y por tanto de la distribución, y en 1883

se especificó que la posesión en común o la división de tierras era de libre elección de los indígenas (resolución del 04.07.1883; Barragán, 2012 y Rivera, 1984). Este reconocimiento tiene una enorme trascendencia: significa un retroceso que no se puede desdeñar ya que se había buscado, precisamente, la desaparición de las comunidades.

Las relaciones entre los ayllus y el Estado continuaron en el nuevo siglo. En los años de 1920, un gobierno como el liderado por Baustista Saavedra (según Klein representó a los grupos de clases medias urbanas), los tomó — ó tuvo— que tomarlos en cuenta, posiblemente en busca de sus propios réditos políticos en su enfrentamientó tanto contra los liberales como contra las otras facciones de su partido. Bautista Saavedra, el personaje que defendió a los indígenas en el juicio de Mohoza aludiendo su incapacidad, lo que lo convierte en el representante eximio del darwinismo social (Démelas, 1992); Bautista Saavedra, aquel que masacró una huelga minera; Bautista Saavedra, aquel que reprimió el levantamiento de Jesús de Machaqa, fue sin embargó y, al mismo tiempo, el que apoyó, en su momento, al gran cacique apoderado Santos Marka T'ula y su demanda de inspección de linderos. En 1919, llegó a hablarse de una alianza entre los caciques apoderados y el presidente Saavedra con la promesa y expectativa de recuperar sus tierras usurpadas (Irurozqui, 2000: 392). Esta relación permite explicar el "uso" mutuo, pero ciertamente desigual, como podemos apreciar en el siguiente testimonio citado por R. Choque:

Los indígenas del Departamento de La Paz que hemos venido a solicitarjústicia, repetidas veces y no hemos tenido nunca un buen resultado porque nuestras autoridades abusivas no han hecho caso de esta pobre raza indígena, hoy día gracias a los esfuerzos del gran Partido Republicano respiramos libertad yjústicia y ya no tendremos que lamentar abusos inhúmanos todos los indígenas del Departamento de La Paz estamos de pláceme y felicitamos al día glorioso de hoy que somos libres y viva el gran Partido Republicano (1920, Cit. por Choque, 2005: 160).

Esto quiere decir, también, que las demandas de las voces colectivas singularizadas por los caciques apoderados se convirtieron en públicas, en sociales, en nacionales, obligando a las fuerzas políticas de entonces, trátese de liberales, republicanos, grupos y movimientos sociales y el propio indigenismo que surgía, de no prescindir de esta "problemática": tuvieron que involucrarse, conocer, informarse, tomar partido e incluso negociar.

 

LAS RELACIONES ENTRE LOS GREMIOS Y LAS CLASES POPULARES CON EL ESTADO

Un artículo de la prensa de mediados del siglo XIX, que se refiere a la relación establecida entre la sociedad y el gobierno, es elocuente:

Cuando un pueblo... con sus demostraciones exteriores le dice a su presidente: yó te amó, entendemos que le dice también: para que tú me ames. Así, pues debemos esperar que el Gobierno, comprendiendo los intereses del pueblo, le retribuya por cada función un buen decretó cuando menos; pero un decretó que no sea meramente teórico, cosas positivas quieren los ciudadanos, señores ministros: preparaos para corresponder al pueblo paceño: no aparezcáis ingratos y desconocidos. Y vos, general Belzu, a quien todo el pueblo bendice porque sois el representante de sus intereses, no desmintáis sus esperanzas ni deis lugar para que ese mismo pueblo os maldiga mañana (Cortés, en: Arguedas, 1991: 81).

Actores fundamentales en el siglo XIX fueron indudablemente los artesanos, organizados en gremios siendo sus estatutos y reglamentos reconocidos por el Estado, lo que implica que eran reconocidos como actores legítimos.

Los gremios han sido considerados en general como antitéticos a una sociedad moderna y en oposición a los sindicatos porque en Europa constituían organizaciones que agrupaban a empleadores y empleados; porque no existían individuos libres e iguales, porque regulaban la venta al mercado y el acceso a nuevos miembros, principios todos incompatibles con la modernidad y el libre mercado.

Ese análisis no se aplica al caso boliviano donde la manufactura fue extremadamente reducida y la industrialización limitada a ciertos ámbitos. En otras palabras, las unidades de producción que trabajaban cón una manó de obra asalariada fueron escasas hasta las primeras décadas del siglo XX, predominando más bien unidades de producción familiares que fueron las que se organizaron en tornó a su ocupación laboral y ofició. La cercanía, entonces, entre gremios, mutuales y sindicatos es evidente y esta fue ya una constatación de Trifónió Delgado y León Loza. En el casó de La Paz, la FOL (Federación Obrera Local) de La Paz de 1927, por ejemplo, se fundó en base a cinco gremios: albañiles, sastres, trabajadores en madera y artes mecánicas (Lehm y Rivera, 1988: 28-29). El testimonió de un artesano señala:

Generalmente, los sindicatos revolucionarios han salido de las mutuales; por ejemplo los Obreros del Porvenir / Los Sindicatos han salido de las mutuales de artesanos (Lisandro Rodas y Teodoro Peñalosa, en: Lehm y Rivera, 1988:187).

Hasta el día de hoy coexisten de hecho gremios y sindicatos. En la actualidad, una de las organizaciones más poderosas en Bolivia la constituyen los gremios de comerciantes afiliados a las organizaciones sindicales mayores.

La diferencia sustancial entre los gremios de hoy y los de ayer tiene que ver con su relación cón el Estado y cón el rol que tuvo este. En el siglo XIX, el reconocimiento del Estado (existe hasta hoy a través del reconocimiento de sus personerías jurídicas) suponía un rol tutelar y patriarcal5. Tódó esto implicaba una dependencia establecida entre esas organizaciones y el Estado y por ende menores grados de autonomía. Sin embargó no debemos olvidar el rol más bien nominal que pudó haber tenido este reconocimiento. Finalmente, es importante poner de relieve que los gremios tuvieron funciones sociales en ausencia de un Estado de bienestar (para enfermedad, muerte, préstamos, montepíos o pensiones, etc.)6.

Los artesanos tomaron un rol predominante como actores políticos principalmente a partir de Belzu. Sin embargo, el movimiento de reestructuración y nueva organización de grupos artesanales continuó después de Belzu, formándose en 1860 la Junta Central de Artesanos que tenía como objetivos la unión de tódós los artesanos, su protección y ayuda mutua.

Las investigaciones de Irurozqui en tornó a las modalidades "ilegales" en las elecciones y a varios mecanismos que hoy nos parecen no democráticos, permitieron la participación popular e indígena de tal manera que los excluidos del sufragio se visibilizaron como ciudadanos de hecho y luego como ciudadanos de derecho (Irurozqui, 2000:414). La autora planteó, también, que fueron los conflictos y la competencia entre las élites los que definieron la dinámica política y social y "las posibilidades de intervención pública de los sectores populares" {Ibíd:. 21). Su "utilización" por parte de los grupos políticos dominantes y la existencia de relaciones y redes clientelares explicarían los intercambios entre actores con poder y estatus desigual permitiendo que la población mestiza, pero también indígena, pudiera materializar sus reivindicaciones en relación al trabajó y la educación {Ibíd:. 325-329).

En las primeras décadas del siglo XX se tuvo además un período intensó de formación y organización de trabajadores de diferentes rubros y sectores presentándose también diferentes tendencias ideológicas en su señó (anarquistas, socialistas, marxistas, etc.). A partir de los 20, la organización de instancias nacionales fue fundamental para su propio fortalecimiento.

 

LOS DEPARTAMENTOS Y LAS REGIONES EN SU RELACIÓN CON EL ESTADO CENTRAL

Uno de los pioneros en resaltar la importancia de las tensiones regionales en la historia de Bolivia fue José Luis Roca quien afirmó que la "historia de Bolivia no es la historia de la lucha de clases. Es más bien la historia de sus luchas regionales" (Roca, 1979-1999). Se puede contra argumentar señalando que las luchas regionales pueden encubrir intereses de clases o que los conflictos de clase existen de todos modos y en diferentes niveles. Se puede aludir también que las regiones no son entidades "naturales" y preexistentes, al igual que las identidades. Sin embargo, más allá de estas precisiones, Roca tuvo la gran lucidez de identificar la dinámica regiones/Estado como uno de los ejes de tensión y disputa en la historia del país. La importancia de las regiones se expresó en las diferentes instancias territoriales y geográficas del país: se dieron, por un lado, demandas y presiones de cada uñó de los departamentos y, dentro de cada departamento, a nivel de las provincias y cantones. Por otro lado, existieron también tensiones entre dos grandes macro regiones, el Norte y el Sur, reemplazados por el Occidente y el Oriente.

En el siglo XIX, los departamentos se pensaron, desde el inicio de la República, como si fueran "Estados" en un sistema federal. La lógica de representación territorial antes que póblaciónal se impuso, por ejemplo, en las primeras Asambleas que tuvo el país y perduró durante mucho tiempo. Los diputados estaban así ligados a cada provincia y la representación de cada provincia tenía que ver con el numeró de cantones que tenía.

La misma lógica territorial se dio en la forma en que se construyeron las instituciones estatales. En el siglo XIX, por ejemplo, el ámbito de lajusticia creció de manera importante. Ló que sucedió es que las más altas instancias judiciales como las Cortes Superiores de Justicia, que inicialmente estaban sóIó en algunos departamentos, terminaron existiendo en cada uñó de los departamentos como resultado de la demanda que tuvo cada uno de ellos. De ahí que se dio un importante incremento de sus funcionarios: de 39 en 1827 a 437 en 1883. Lo que importa aquí es la lógica de este incrementó que consistió en la multiplicación de las instancias que existían en algunas capitales y ciudades más importantes, de manera parecida a como se ha dado y se da hasta hoy el crecimiento de las universidades públicas. Cada lugar buscó por tanto tener las instituciones y las autoridades pertinentes en un movimiento que hoy se calificaría de búsqueda por la descentralización y la autonomía.

Esta misma lógica se dio al interior de las provincias y cantones. Desde las alturas del "gobierno" la creación de nuevas unidades suponía la construcción de la república y el Estado. Desde abajó implicaba el reconocimiento estatal, y la posibilidad de tener mecanismos de participación. El resultado fue que de 28 provincias en 1826 se llegó a 57 en 1900, y de 272 cantones se pasó a tener 370 cantones. Ser provincia y cantón conllevaba también la instauración de las autoridades estatales correspondientes: en las provincias se instalaban gobernadores, jueces de letras/jueces de instrucción, policías, etc., y en los cantones, corregidores, jueces de paz, junta municipal y agentes municipales7. Finalmente, convertirse en cantón implicaba tener interlocutores de y para la región, tener autoridades estatales lócales y disponer de intermediarios pero ser también parte de redes clientelares.

En ótró nivel existían tensiones entre dos grandes macro regiones y ejes: el Norte y el Sur, que constituían espacios económicos ligados a los puertos del Pacífico. Su enfrentamiento se expresó en tornó a las políticas estatales que podían favorecer a una u otra región y frecuentemente tenían que ver con los aranceles, con las inversiones económicas que podían hacerse, ó, finalmente, como una oposición a que una de las regiones adquiriera la hegemonía en desmedró de la otra. Bal I ivián y Belzu se constituyeron claramente en representantes del Norte y así se los consideró durante el siglo XIX.

Ya en el siglo XX, otra demanda persistente fue la que se originó en Santa Cruz y que dio inició a la oposición que reemplazó a ese eje Nórte/Sur por el de Occidente/Oriente. En este sentido, el Memorándum de 1904 es un documentó fundante de las demandas del oriente del país. Fue enviado al Congreso Nacional cuando se iba a discutir la construcción de vías férreas. En el documentó se plantearon los inconvenientes de una conexión ferroviaria que privilegiaba el Pacificó, ocasionando la dependencia del país con el Perú y con Chile, y que significaba la ruina de Santa Cruz tanto por su desconexión como por la competencia para su economía. La propuesta alternativa era, por tanto, una vinculación con el Atlántico (a través de las cuencas del Plata y del Amazonas) uniendo el oriente con el occidente del país, lo que suponía que Santa Cruz se vinculara a Chuquisaca y los otros departamentos. Este documento sería enarbolado una y otra vez logrando, indudablemente, reunir las demandas de diferentes sectores y grupos en Santa Cruz pero también el obtener, de parte del Estado central, las regalías del petróleo décadas después.

 

PARA CONCLUIR

Entre el marcó de análisis de las armas cotidianas de resistencia de las sublevaciones y rebeliones, se abre la posibilidad de pensar en la incidencia que ha tenido la sociedad organizada en las políticas estatales, lo que resulta aún más sorprendente si tomamos en cuenta que el voto político era sumamente restringido.

Las demandas y presiones establecidas por los grupos que mencionamos permitieron logros y conquistas que pueden resultar irrisorios frente a la verdadera Revolución, con R mayúscula, pero que para las personas y actores de la época tuvieron una enorme trascendencia. Las pequeñas y continúas movilizaciones, las demandas, las resistencias, la búsqueda de soluciones, planteamientos de alternativas, etc., han sido parte de la historia y nó pueden invisibilizarse ni menospreciarse. Es una manera también de reconocer las luchas, los logros y los legados de los actores y sujetos del pasado.

En el largo plazo, uno de los ejemplos más importantes es el de la situación de las tierras en el altiplano de La Paz, región dónde se dio con mucha crudeza e importancia la expansión latifundista. Después de casi 144 años desde los primeros decretos de Melgarejo, la tierra está casi en su totalidad en manos de comunidades originarias o en manos de comunidades de exhacienda (reconformadas y reconfiguradas después de la Reforma Agraria o mucho antes). Esta situación no solo se debe a la Reforma Agraria, sino que se remonta, por un lado, a la revolución antes de la Revolución, utilizando los términos del libro de Laura Gotkowitz, pero también a la persistente presión y negociación posterior como muestra la investigación reciente de Carmen Soliz (en prensa). En otras palabras, la situación de la propiedad en el área rural aitipiánica de La Paz es indudablemente producto de una larga y persistente lucha.

Ló anterior supone que grupos como los que mencionamos, presionaron hasta lograr determinadas medidas. Pero deben existir condiciones para que las presiones y negociaciones puedan darse. En este sentido, la magnitud de la población, la claridad de sus demandas, la persistencia, continuidad y organización pero también la deslegitimación de los grupos de poder, son elementos cruciales. Se debe mencionar la existencia de relaciones y contactos entre diferentes grupos, entre representantes de distintos sectores, entre el área rural y el área urbana, entre comunarios y trabajadores de hacienda, entre indígenas y "vecinos" de pueblos. Pueden ser relaciones horizontales pero también relaciones verticales, informales, relaciones de padrinazgo y compadrazgo8. Este conjunto de prácticas y acciones ayudan a explicar que el Parlamento recibiera, como parte de su quehacer casi cotidiano, "demandas y solicitudes" elevadas a los "padres de la Patria". Era posiblemente más fácil llegar al Congreso que al juez del lugar y, de hecho, para llegar al juez era en muchos casos necesario llegar primero a actores poderosos, como los diputados y senadores.

En estas relaciones e interrelaciones, en este ir y venir de tensiones, disputas, enfrentamientos y juicios, parece emerger, además, una cultura política común con múltiples influencias, otra área prometedora para futuras investigaciones. Aquí quisiera referirme a la trascendencia que parece haber tenido la dinámica política tradicional del Parlamento del siglo XIX en la forma en que gremios, asociaciones laborales y sindicatos operaron y operan en nuestro país. Debemos recordar que las elecciones para diputados duraban meses, debido al sistema indirecto de elecciones que tenía lugar cada dos años en diferentes fechas y lugares (pueblos y cantones, capitales de provincia, capitales de departamento). No era un evento puntual y constituía un acontecimiento que se hacía sentir, del que se hablaba, al que se asistía, aunque fuese para mirar la performance. Pero además, las discusiones del Congreso, con todo lo elitista y cerradas que fueron, tuvieron aparentemente una reverberación y olas expansivas de comunicación que apenas las imaginamos.

Existen así muchas prácticas políticas que se comparten entre el universo de los diputados del Parlamento y gran parte de las asociaciones sindicales, gremiales y asociaciones. En otras palabras, las modalidades de representación, reunión y discusiones parecen haber influido poderosamente en la dinámica política de los grupos populares y subalternos así como en la cultura política. Una de las influencias puede verse en la representación. Los representantes 0 diputados fueron en la época de las elecciones indirectas, una representación fundamentalmente de lugares, aunque luego se combinó con el criterio poblacional. Esta misma lógica es la que se encuentra hoy en la organización de diferentes sectores. Para quien vive en Bolivia, es casi parte de nuestra vida laboral cotidiana estar inmersos en nuestra inserción y adscripción laboral (sindicato, "estamentos" en la universidad, gremios, colegios, etc.) con un sistema de representación de diferentes niveles en una estructura piramidal de las bases a la vértice y viceversa, asambleas generales y diferentes instancias de legislación, gobierno y ejecución en muchas de las instancias de organización sindical y laboral. El lenguaje del Parlamentó del siglo XIX imbuye la vida universitaria del siglo XXI: las credenciales de representación, los consejos, la formación de comisiones, la agenda de temas y oradores, los "previos", las redes de apoyo, las impugnaciones... El lenguaje es otro tema que llama la atención. En plena universidad se habla así de "Vuestra Señoría...".

El énfasis en las relaciones apuntalada en este ensayó permite también pensar en las articulaciones y no así sola y exclusivamente en la coexistencia de diferentes grupos y sociedades que frecuentemente se asumen como oposición, cómo la que existe cuando se habla de las dos repúblicas que nunca parecen haberse disueltó, 0 la que se presenta entre una comunidad imaginada como pre-mercadó 0 anti-mercadó pura y prístina, y otra capitalista moderna y corrupta. No se trata de eliminar las oposiciones y las contradicciones sino pensar en el entramado denso y complejo de las relacionesjerárquicas que nos atraviesan.

 

Notas

2 término de pactos y acuerdos no es totalmente ajeno en nuestra historia. Recordemos, por ejemplo, "El pacto de caballeros" que se entabló entre los departamentos de Beni y Santa Cruz en 1938 (Roca, 1979/1999: 89) pero también el Pacto Militar Campesino establecido entre el presidente Barrientes y los campesinos. El término tiene mucho que ver también con la conceptualización de Platt sobre el pacto de reciprocidad planteado por el autor en los 80 a la relación específica entre ayllus y Estado. Existen además otros trabajos para el Perú, como los de C. Méndez que plantea el concepto de "Pactos sin tributos" en la relación caudillos y campesinos, o el trabajo de Walker que muestra también la importancia de la relación en el Estado caudillista.

3    Zavaleta se preguntaba cómo Pando tuvo el apoyo de los Indios (Zavaleta, 1986: 1 44).

4    El término desvincular slgnlflcajurfdlcamente terminar con las antiguas llmltaclonesjurfdlcas que se oponían a la libre circulación de las tierras e Implicaba que los bienes debían estar libres pero en sus mismos poseedores como en los mayorazgos; el término desamortización, en cambio, Implicaba que los poseedores perdían las tierras que pasaban al Estado convirtiéndose en bienes nacionales que podían ser vendidos a particulares.

5 Los gremios y sindicatos de hoy deben pasar por el "reconocimiento" estatal a través de la personería jurídica que es considerada por los miembros de las organizaciones como la carta de Identidad frente al Estado.

6 Ver los reglamentos de los carpinteros y sastres en Lora, 1967: 300-313.

7 De acuerdo a la Constitución de 1839, en cada cantón debfa haber una Junta Municipal, y de acuerdo a la Constitución de 1861, uno o dos agentes municipales.

8 Releyendo el libro Oprimidos de Silvia Rivera, encontré que ella señaló precisamente la "colaboración" de varios abogados de pueblos en la lucha legal contra las bases Jurídicas de las leyes antlcomunales (Rivera, 1984: 45). Sin duda existen varios ejemplos del rol de los artlculadores y mediadores. Un ejemplo que queda aun por estudiar y analizar es sin duda el de Trlstan Marof. Otro personaje Interesante en el libro de Gotkowltz es Alberto Méndez López que fue diputado entre 1926 a 1930, Delegado en la Convención de 1938, Ministro de Hacienda e Industria de Busch y miembro del Partido Socialista Obrero Boliviano de Trlstan Marof.

 

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