19 días y 500 noches en la política potosina

Dispositivos identitarios, fisuras sociales y movimientos regionales, 2005-2010

 

19 days and 500 nights in politics in Potosí

Identitydevices, social fissures and regional movements, 2005-2010

Franz Flores Castro[1]

 

 

Fecha de recepción: septiembre de 2011

Fecha de aprobación: octubre de 2011

Versión final: noviembre de 2011

T’inkazos, número 30, 2011,  pp. 105-125, ISSN 1990-7451

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A partir del análisis de un conflicto regional de 19 días que se presentó en el departamento de Potosí entre los meses de julio y agosto de 2010, el autor reflexiona en torno a la identidad colectiva y los sujetos colectivos que interpela y moviliza. Así muestra que si bien la movilización es capaz de generar cohesión social, también puede ocultar las profundas fisuras sociales, postergando una discusión seria que replantee los problemas por los que atraviesa el departamento de Potosí, uno de los más pobres de Bolivia.

Palabras claves: movimiento social / identidad cultural / discurso / análisis de discurso / desigualdad social / demanda regional / Potosí

Basedontheanalysis of a 19-day regional conflictthattook place in thedepartment of Potosí in July and August 2010, theauthorreflectsongroupidentity and thecollectivesubjectsit appeals to and mobilises, showingthatalthoughmobilisationiscapable of generating social cohesion, itmayalsoconcealprofound social fissures, thuspostponing a seriousdiscussiontorethinktheproblemsexperiencedbythedepartment of Potosí, one of thepoorestregions of Bolivia.

Key words: social movements / cultural identity / discourse / discourseanalysis / social inequality / regional demands / Potosí

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Introducción

El 16 de agosto de 2010, la comisión negociadora del Comité Cívico Potosinista (Comcipo)[2] encabezada por su presidente Celestino Condori llegaba a Potosí procedente de la ciudad de Sucre, con olor a popularidad. Miles de personas, cansadas pero orgullosas de su movilización, salían a las calles para saludar, abrazar y santiguar a sus dirigentes que, recibidos como héroes, recorrían la angostas calles coloniales de una ciudad que había soportado durante 19 días (29 de julio hasta el 15 de agosto de 2010) la paralización total de sus actividades, el casi suicida encierro por el bloqueo de caminos y la participación en una huelga de hambre que, sin medir edad ni condición laboral y social, se nutrió al extremo de sobrepasar los 1.500 ayunadores.

No obstante este entusiasmo, literalmente la comisión no había traído nada concreto, a no ser las consabidas promesas gubernamentales de realizar estudios y destinar comisiones para el logro de convenios[3]. Pero entonces, sin logros tangibles: ¿cuál era la razón de la alegría potosina?, ¿por qué salían a recibir a sus dirigentes? En realidad, ¿cuál era el logro alcanzado por su movimiento que provocaba tantas y tan espontáneas muestras de aprecio de la población?

Para responder a esta pregunta tal vez sea necesario partir de las reflexiones de los propios testigos y actores del movimiento. Así, para la ex prefecta de Potosí, Gisela Derpic:  

… en el momento de recibir a los miembros de la comisión, todos varones, pero los salen a recibir y les besan les ponen la señal de la cruz y les bendicen y les ovacionan porque al final de cuentas lo que encarnaban esos líderes era simple y llanamente la voluntad de un pueblo digno que pese a todo y cuando digo pese a todo, incluso a los términos de convenio que se firma, cumplieron la consigna de no arrodillarse (ISALP, 2011). 

Es decir que las demandas señaladas en seis puntos del pliego petitorio pasaron a un segundo plano, siendo lo más rescatable el hecho de haber mostrado al gobierno y al país en su conjunto que los potosinos tienen dignidad y capacidad de unirse en pos de sus ideales de desarrollo, aspecto que está claramente mencionado cuando el periodista Gonzalo Romay indica:  

… ya no era tanto el qué resultados traían de la ciudad de Sucre, sino, el cómo volvían, qué tan dignos volvían (ISALP, 2011). 

Por tanto, el solo haberse hecho respetar por el gobierno y haber recobrado la autoestima hace casi innecesario reflexionar si hubo o no logros efectivos del movimiento cívico. Como decía una dirigente: 

… no nos han dado nada, de acuerdo, pero nos hemos dado cuenta que valemos y que cuando estamos unidos podemos lograr muchas cosas (ISALP, 2011).  

El llamado a la dignidad regional como un dispositivo[4] discursivo-identitario es el resultado de factores históricos que tienen que ver con las relaciones entre la región potosina y el Estado colonial, luego entre el departamento y el Estado republicano, relaciones tejidas en torno a las riquezas mineralógicas del Cerro Rico y que han producido un imaginario colectivo que identifica a Potosí como una región con grandes riquezas naturales que, paradójicamente, no han servido para dinamizar el propio desarrollo sino el de otros países (España), y/o el de otros departamentos (Santa Cruz, La Paz, Cochabamba).

Para este imaginario colectivo, los potosinos nunca se habrían doblegado ante nada y nadie: ser parte de una región minera hizo y hace de sus habitantes, todos ligados de una u otra manera a la minería, personas duras, trabajadoras y luchadoras que no se atemorizan ante ningún poder, sea de origen extranjero (las transnacionales, los capitales foráneos) o nacional (gobiernos neoliberales o nacionalistas como el del MAS).

Por tanto, la referencia a la dignidad se constituye en un eje que ordena y valida los discursos en la región potosina, que actúa en distintas etapas históricas y con distintos emisores, es decir es un recurso discursivo del que pueden echar mano en una etapa neoliberal como en una etapa nacionalista los líderes de la clase media o personas más ligadas al ámbito popular. Así, cabe recordar la movilización potosina durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993), motivada por el pedido de anulación de un contrato directo con la transnacional LithiumCorporation para la explotación del Salar de Uyuni. La victoria potosina fue recordada en una plaqueta que aludía al tema de la dignidad.

18 años después, Celestino Condori, presidente del Comcipo, repetía una y otra vez que la dignidad potosina es la que tuvo la capacidad de enfrentarse al gobierno, aunque esto no significara gran cosa en términos de respuestas a demandas. En otras palabras, para el imaginario colectivo, Potosí puede perder la oportunidad de grandes inversiones en el departamento y la posibilidad de recibir recursos y trabajo, a cambio de conservar algo más valioso: la dignidad.

Por otra parte, este dispositivo discursivo que funciona dentro de un esquema más amplio como un movimiento regional, tiene la virtud de unir diferentes capas de la población potosina y, consiguientemente, de movilizarlas. Funciona junto a una hiperbolización de las riquezas supuestas de la región potosina que atraen la angurria externa. Es la lógica de la inmensa riqueza del cerro llevada a otros recursos naturales: en Uyuni estaría la única y más rica fuente de energía del mundo; Chile debería a Potosí 5.000 millones de dólares por el uso de aguas del río Silala, y en la zona de Coroma, fronteriza con el departamento de Oruro, Potosí tendría la mayor reserva de roca caliza de Bolivia, materia prima para la elaboración del cemento (El Potosí, 20.01.2010).

No obstante, si bien este recurso a la dignidad tiene su lado positivo en tanto aglutina y genera unión, por otro lado tiende a invisibilizar las fisuras sociales, las injusticias sociales, la creciente contaminación, la pobreza rural, el enriquecimiento de los empresarios cooperativistas mineros, la corrupción, la violación de los derechos laborales, la falta de visión regional y la explotación de recursos naturales sin pago impositivo justo. Esta identidad colectiva impide la apertura a espacios de debate e interdiscursividad sobre temas cuya discusión es necesaria para el desarrollo de un proyecto regional. Eso es lo que trataré de mostrar en el presente artículo.

De esta manera, la primera parte del artículo propone un acercamiento a las características de la identidad regional, a la forma cómo la apelación al significante “dignidad potosina” valida y ordena el campo discursivo regional. Luego, repaso las escisiones en los aspectos sociales, culturales y políticos, tratando de mostrar una sociedad potosina fuertemente dividida, para luego ver cómo el discurso del movimiento cívico logra hacer desaparecer estas diferencias y aglutinar a sectores sociales, otrora antagónicos, alrededor del “conflicto de los 19 días” (en 2010) que adquirió grandes dimensiones no tanto por la naturaleza de los pedidos -muchos de los cuales eran absolutamente atendibles- sino porque se dieron las condiciones -erradas acciones estratégicas del gobierno, defensa de un recurso natural- para que se active a plenitud el dispositivo discursivo que hace a la identidad regional. 

1. La identidad regional potosina 

A continuación presentaré la manera en que se articula el significante de “dignidad potosina” y cómo aparece en los distintos discursos y conflictos cívicos.

Desde tiempos coloniales, la ciudad de Potosí se ha constituido con una fuerte, casi excluyente identidad minera, debido naturalmente al llamado Cerro Rico que fue el manantial argentífero desde donde América se ligó a Europa y, en cierta manera, ayudó a producir su modernidad, tal era la riqueza del cerro.

Con el tiempo, ya en la época republicana, el Cerro Rico y los recursos mineralógicos de todo el entorno departamental fueron una de las fuentes a las que acudieron los gobiernos para sostener la economía nacional y, particularmente, para sustentar a la naciente burocracia. Estos recursos, a diferencia de los hidrocarburíferos, siempre fueron considerados nacionales, como señala Rossana Barragán: 

La política del Estado respecto a los hidrocarburos resultó muy distinta a la de los minerales. Estos últimos fueron siempre considerados ingresos “nacionales” y dieron vida al Estado boliviano durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX, al permitir el funcionamiento de los servicios estatales en las regiones más alejadas, menos favorecidas y menos pobladas. Por su condición de ingreso nacional, los minerales no generaron recursos significativos para los tesoros departamentales ni para los departamentos productores (Barragán, 2009: 48, subrayado de la autora). 

Es decir que: 

Los minerales, que se producían sólo en algunos departamentos (Potosí, Oruro y secundariamente La Paz) fueron clasificados como nacionales y por ello casi no beneficiaron a sus regiones. Fue el caso claro de Potosí (Barragán, 2009: 48). 

Naturalmente, esta lógica estatal que prefirió a los departamentos del eje económico boliviano (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz) ha tenido efectos en el desarrollo potosino y en la percepción de sus habitantes que sienten que están en una región rica en recursos pero siempre pobre y postergada. Aquello generó un elemento identitario básico como el de ser el sostén económico del país, pero sin haber recibido ningún tipo de reconocimiento a cambio. El movimiento cívico, en sus discursos, constantemente apela a la idea de que Potosí tiene una “explotación sin retribución" (Íñiguez, 2008: 96) en alusión al hecho de que las inmensas riquezas mineralógicas del departamento, ya desde la temprana época colonial, habrían servido para nutrir el desarrollo de otras regiones pero nunca para sí misma: “Hemos dado todo al país y a cambio solo recibimos indiferencias y pobreza” es el lugar común en los discursos cívicos potosinos.

Desde nuestro criterio, esta “percepción trágica de la historia” (Íñiguez, 2008: 94) generaría en la mentalidad del potosino la idea de que si bien existe un legado de despojo e indiferencia, también tiene la misión de impedir que aquello vuelva a suceder, luchando para que sus recursos naturales sirvan ya no solo para enriquecer a extraños o para generar el progreso de otras regiones, sino para los propios potosinos. Veamos tres ejemplos en los que estos rasgos de identidad habrían funcionado.

En 1990, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993), se produjo un movimiento regional que buscó anular la contratación directa con la LitiumCorporation para la explotación de los recursos del Salar de Uyuni, bajo el supuesto de que la empresa pretendía apropiarse de la inmensa riqueza del Salar sin dejar casi nada a cambio para la región potosina. Durante siete días, el departamento llevó adelante un bloqueo de caminos y al final logró que el Presidente anuncie que la contratación directa para proceder a una licitación internacional quede sin efecto.

En este conflicto, la identidad del potosino, guardián y defensor de una inmensa riqueza codiciada por extraños, se puso claramente en acción. El presidente del Comcipo, Facundo Gómez, señalaba: 

El pueblo potosino tiene que estar consciente de que se trata de defender una de las riquezas más importantes de Potosí, que aún no fueron explotadas en beneficio de intereses ajenos a los nacionales, departamentales y nacionales (Gómez en Iñiguez, 2008: 87).  

En ese sentido, de nada sirvieron los denodados esfuerzos que hicieron los ministros y responsables de minería del gobierno de Paz Zamora respecto a divulgar los beneficios económicos que conllevaría la ejecución del proyecto, ya sea a través de demanda de mano de obra o a través de las cuantiosas regalías departamentales que se pensaban recibir. De hecho, el movimiento cívico tomaba con mucha suspicacia e incredulidad todas estas declaraciones: todo beneficio parecía escaso, si se partía desde el punto de vista de que la riqueza en litio del Salar era la única y la más grande del mundo.

Al terminar el conflicto y sin posibilidades de desarrollo industrial de los recursos evaporíticos-entre ellos el carbonato de litio, materia prima para la fabricación de baterías- los dirigentes del Comcipo, luego de una huelga de hambre en la ciudad de La Paz, fueron recibidos en medio de vítores y aplausos por la ciudadanía potosina y colocaron, a manera de colofón, una plaqueta en el obelisco central en la que se podía leer “Potosí Capital de la Dignidad nacional”.

Otro conflicto se presentó en 1996, cuando el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) propuso un proyecto de gran escala para explotar el Cerro Rico que, utilizando alta tecnología, pretendía extraer el mineral del cerro sin afectar su forma cónica. Sin embargo, los esfuerzos de los técnicos por convencer de la utilidad del proyecto chocaron con la oposición del Comité cívico. Un manifiesto del Comcipo señalaba, respecto al Cerro Rico: 

Manifestar a nuestros hermanos bolivianos, a América y el mundo que este magnánimo Cerro Rico, es el símbolo y protector de nuestra histórica ciudad, razón por la cual que desde las faldas mismas de sus entrañas reiteramos una vez más la voluntad de cuidar su preservación física y lograr que las riquezas que posee deben ser aprovechadas para su beneficio y honra de sus hijos, y de su suelo mil veces admirado por propios y extraños (Comcipo en Íñiguez, 2008: 97). 

Como se puede ver, el Cerro Rico es una representación de la avidez del extranjero, ya sea nacional o extranjero. Sin embargo, ahí estaría el potosino, digno y firme, para que esto no vuelva nunca más a suceder incluso al costo de separarse de Bolivia y optar por la federación que, en los momentos críticos de las movilizaciones cívicas, es propuesta como amenaza y salida radical.

Para Cruz y Absi (2005), esta alusión a la defensa del Cerro es:  

… un fenómeno clásico de cristalización identitariaen este caso regionalista en torno a un patrimonio instrumentalizado al servicio de reivindicaciones locales; y un proceso, a primera vista paradójico, de confinamiento de lo político y económico barridos por la dimensión cultural de las reivindicaciones patrimoniales (Cruz y Absi, 2005: 87). 

Por tanto hay un relegamiento de lo económico y lo político por lo moral y simbólico. Por paradójico que parezca, en un departamento pobre que necesita con urgencia mejoras en el plano económico y social, hay una especie de “cierre discursivo” en torno a todo lo que tenga que ver con la explotación de sus recursos naturales.

Sin embargo debo matizar un poco estas afirmaciones. La oposición al ingreso de capitales extranjeros a Potosí a partir de la imagen de “explotación sin retribución” no ocurre en todos los casos. No hubo oposición a las inversiones de la transnacional Sumitomo en la empresa San Cristóbal, que explota ingentes cantidades de plata y zinc en la provincia NorLípez. Esta oposición solo se presenta en torno a un recurso que, en el imaginario colectivo potosino es considerado singularmente rico y único. Ocurrió con el litio, pasó con el Cerro y también con el río Silala.

El río Silala, ubicado en la región potosina de Uyuni, nace en Bolivia y desemboca en Chile, motivo por el que existe un conflicto entre ambos países. La diplomacia boliviana sostiene que Chile debe pagar por la totalidad del agua que usa ya que el Silala es un río artificial y no sujeto al uso de leyes de aguas compartidas. Chile, por su parte, defiende la idea de que el Silala es un río de curso sucesivo proponiendo pagar la mitad de dichos derechos.

En 2009, en pleno auge del gobierno de Evo Morales, se lograron los mayores avances diplomáticos con Chile sobre este tema. A mediados de ese año, el canciller David Choquehuanca, anunció la existencia de un borrador de acuerdo con Chile que señala que este país pagaría por la mitad del agua del Silala hasta que un estudio posterior indique la naturaleza y origen del mismo. Rápidamente, los pobladores de Quetena, una población cercana al manantial, manifestaron su acuerdo con este anuncio ya que implicaría un pago de $us 17.000 por día al Estado boliviano, una suma que despertaba mucho interés tratándose de una región tan pobre (El Potosí, 26.08.2009).

Este preacuerdo fue duramente criticado por el Comcipo que considera que Chile debe pagar por el cien por ciento de las aguas del río Silala; no solo eso: debería haber un pago denominado “histórico” por el uso de aguas que Chile ya hizo en el pasado. Por ello, el Comité anunció que tomaría medidas de presión.

Es interesante notar que para el rechazo de este acuerdo, el Comité Cívico volvió a recurrir a la dignidad como factor que justifica la no llegada de recursos. Su presidente, Celestino Condori, dijo que Potosí “no pelea por centavos de dólar, lo hacemos por la dignidad y la soberanía ya que esas aguas son de Bolivia” (El Potosí, 15.08.2009). Es decir que nuevamente se activa este dispositivo identitario de la dignidad, lo que nuevamente convierte a los potosinos en defensores de la angurria, del despojo y del engaño que viene del exterior.

Al final, ante una presión que adquirió una dimensión nacional, con la participación de la oposición parlamentaria y mediática, el gobierno anunció una consulta previa sobre las aguas que, en los hechos, significó un congelamiento de un posible acuerdo con Chile sobre este tema.

En suma, hay una identidad potosina que tiene como referencia principal a lo ocurrido con el Cerro Rico y con lo que este simboliza: riqueza pero también despojo, explotación pero no retribución, opulencia pero pobreza. A la vez tiene como causa, por una parte, al hecho de que los gobiernos no fueron justos con Potosí, pero también al factor de que los potosinos no habrían sido centinelas y guardianes celosos de sus riquezas, lo que los vuelve desconfiados ante la intención de una empresa o de de un país extranjero de explotar algún recurso natural, sea cual sea. En este caso, ya no solo está en juego la demanda, sino algo más valioso: la dignidad del potosino.

Sin embargo, como veremos a continuación, lo que hace esta fuerza identitaria que genera cohesión y unidad social es ocultar e invisibilizar las fuertes contradicciones y tensiones que se presentan en la misma ciudad, que básicamente tienen que ver con el trabajo minero.  

2. Mineros, ciudad de Potosí y movimiento cívico: una conflictiva relación  

Hoy, en virtud del fuerte repunte del precio de los minerales generado por la pujante economía asiática, desde 2005 se han producido fuertes inversiones en el ámbito minero sobre todo en el zinc y la plata, lo que ha dinamizado el aparato productivo potosino pues para el período 2005-2009, el Producto Interno Bruto departamental creció a un promedio de 12,3% con efectos notables en el ingreso per cápita: entre 2006 y 2009, el PIB per cápita fue de $us 1.151, o sea más del doble del promedio de los años 1988 y 2005, cuando solo llegó a $us 476 (Fundación Milenio, 2010).

Una nota de prensa patentiza el impacto urbanístico del buen momento que vivía la minería en Potosí ya que, según el alcalde René Joaquino, se constata un afiebrado crecimiento de la mancha urbana con la consolidación de urbanizaciones como ACLO, Potosí Golf club, Cobimin, Fedecomin, Lecherías y Villa Rosario. También señala que la migración rural urbana se duplicó en los últimos dos años, lo que genera problemas de dotación de servicios básicos (El Potosí, 28.03.2007). Asimismo, el aporte por el Impuesto Complementario a la Minería desde 2005 creció en 600%: en 2005 recaudó Bs. 9.820.000, y en 2006 logró Bs. 33.320.000 (El Potosí, 2.05.2007). En el año 2009, eso significó mayores recursos para la prefectura y los municipios.

Pese a este panorama, los indicadores sociales no han mejorado mucho en el departamento. Según el informe de desarrollo humano del año 2010, 7 de cada 10 potosinos están en la extrema pobreza, cuando el promedio en Bolivia es de solo 3 personas, cifra que sube mucho más en las provincias; por ejemplo en el norte de Potosí la extrema pobreza llega a 90% (PNUD-Udape, 2011: 1).

Uno de los principales actores sociales y políticos en el departamento son las cooperativas mineras. A continuación presentamos algunos rasgos de este actor, junto a los problemas que se derivan de su actividad productiva. 

Las cooperativas mineras y su relación con la ciudad

Las cooperativas mineras tienen una larga tradición histórica ligada a la práctica de la época colonial denominada kajcheo, que consistía en que cada fin de semana los trabajadores de las minas se internaban, por su propia cuenta y riesgo, en las galerías subterráneas para producir el mineral (Absi, 2005: 17-18).

Fue en 1952, en el marco de la Revolución Nacional, que se institucionalizó a las cooperativas mineras y se las potenció, productiva y económicamente. Las minas del Cerro Rico que pertenecían al empresario privado Mauricio Hochschild, uno de los “barones del estaño”, pasaron en una buena porción a manos de los kajchasque las recibieron en calidad de concesiones mineras: al pagar por el arriendo un 2% del valor de la producción, pudieron tener un alto margen de independencia hacia el Estado (Absi, 2005: 26).

Un dato llamativo, para comprender las relaciones entre la sociedad potosina y los cooperativistas, es el origen de los últimos. Según el estudio de Absi:  

… más de la mitad de los trabajadores (57,16%) son originarios de las provincias del departamento de Potosí, un 40,57% son nacidos en la propia ciudad y solo un 2,25% provienen de otro departamento, y todos son, en la mayoría de los casos, personas que provienen de regiones mineras o de familias mineras (Absi, 2005: 34). 

Estos datos llevan a la autora a pensar que la inserción citadina de los cooperativistas mineros está marcada por la marginalidad, ya que  

… su estatus específico es distinto del de los campesinos y de la elite urbana, pero también del estatus de la clase popular de los cholos, con los cuales comparte, no obstante, muchas prácticas socioculturales y espacios vitales (Absi, 2005: 63). 

En el plano político, se asocia al minero con la incapacidad de generar discursos políticos, con su arribismo y con la virulencia de sus protestas que le daría, no obstante, la capacidad de definición política en virtud de su disposición y habilidad para el manejo de la dinamita, que los convierte de facto en una fuerza cuasi militar.

Por otra parte, se debe destacar el rol económico social de las cooperativas mineras. Según las cifras brindadas por el estudio de Jocelyn Michard, en 2008, 60.000 personas trabajaban en las cooperativas mineras en Bolivia, es decir 90% del total de los trabajadores mineros del país; paradójicamente, su aporte al producto minero solo llega a 20% (Michard, 2008: 8). De estos, las personas que trabajan en las cooperativas de Cerro Rico llegarían a 12.000 según los datos de su organización matriz, con muy buenas remuneraciones en las épocas de alta cotización del mineral, pero muchos sin seguridad ni derechos laborales (El Potosí, 20.11.06).

Una vez presentados los rasgos sociales, políticos e históricos de este actor colectivo, a continuación veremos los temas centrales que lo enfrenta con la ciudad de Potosí y con su institución cívica, el Comcipo. 

La lucha por los impuestos 

Las cooperativas mineras tienen una relación tensa con el gobierno del MAS y con el Comité Cívico Potosinista a los que están permanentemente enfrentados. Aquel conflicto está marcado, en el plano político, por la necesidad del gobierno del MAS, de acuerdo a su proyecto y discurso, de tener un mayor dominio sobre los recursos naturales y de obtener mayores dividendos por la explotación minera.

El punto central del conflicto es el Impuesto Complementario a la Minería (ICM) y el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que el gobierno trata de hacer subir bajo el supuesto de que la minería, que pasa por un momento formidable de cotización internacional, debe tributar mucho más en beneficio del país y del departamento. Ante esto, los cooperativistas responden que su sector representa 70% de la economía local y los recursos que aporta por el ICM llegan superar los 30 millones de dólares al año con la probabilidad cierta de que esta cifra suba mucho más en los siguientes. Además, los mineros sostienen que si ellos paralizan sus labores en alguna parte de la cadena productiva, aquello afectará notablemente la economía regional, no solo en términos de empleo sino en los recursos por pago del ICM.

La iniciativa de incrementar los aportes de las empresas mineras es respaldada tanto por la Prefectura como por el Comcipo que, permanentemente, sea a través de los medios de comunicación como en sus reuniones de consejos consultivos, declara el pleno apoyo a todas las medidas tendientes a subir los aportes de las empresas mineras y, en específico, de las cooperativas. En esos momentos, se puede ver claramente al Comcipo respaldando las posiciones gubernamentales que se refieren, por ejemplo, a la refundación de la Corporación Minera de Bolivia[5] (Comibol), la nacionalización de varios yacimientos y una reglamentación de la explotación del Cerro Rico para la que existe un proyecto de reglamento del Concejo Municipal (El Potosí, 4.11.06).

Ante esto, la reacción de las cooperativas ha sido abandonar las reuniones del Comcipo, pedir la renuncia de su presidente y organizar instituciones cívicas paralelas, tales como el Comité Interinstitucional, creado en agosto de 2007, que reunió a la empresa privada potosina y cuyo fin central era lograr la renuncia del presidente del Comcipo, Alejandro Gutiérrez, que no llega a materializarse, ya que recibió el respaldo mayoritario de las instituciones agrupadas en torno a esta institución (El Potosí, 1.09.2007)

De todas maneras, los proyectos estatales de quedarse con parte del excedente minero, plenamente apoyadas por Comcipo, son recurrentes. No solo se quiere subir el ICM, sino controlar la propiedad de los mismos parajes mineros, por ejemplo, convirtiendo en reserva fiscal todas las zonas mineras del país. Estos intentos ciertamente son vanos ya que, en virtud de su capacidad de movilización, los mineros cooperativistas siempre han logrado salir airosos de los conflictos.

Por ejemplo, en los últimos meses de 2006, hubo un intento gubernamental de controlar la propiedad de las concesiones a través de la no renovación de los contratos de arrendamiento y de subir el ICM. La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fedecomin), a través de marchas y bloqueos, impidió esta intención gubernamental con el saldo de la muerte de un policía (El Potosí, 31.10.2006), obligando a retroceder al gobierno que abandonó su proyecto con el discurso de que carecía de los recursos para arrancar con la nacionalización de la minería (El Potosí, 01.11.2006).

Otra vez, entre 2007 y parte de 2008, el gobierno hizo un esfuerzo por lograr que la minería aporte mucho más al Estado, y bajo el argumento de la universalidad del pago de impuestos, propuso la aplicación del IVA por las ventas que los mineros realizan a los ingenios, con el argumento de que se necesitan recursos para encarar proyectos en el mismo ámbito minero. En respuesta, los dueños de ingenios y los mineros, agrupados en un Comité Interinstitucional de defensa de la cadena productiva minera y la economía de Potosí (El Potosí, 08.06.2008) argüían la ilegalidad de este cobro y nuevamente recurrieron a una serie de presiones que derivó, en junio de 2008, en un bloqueo de caminos contra lo que fue calificado como un “impuestazo”. Con bloqueo de caminos, toma de la Prefectura, de la Corte Electoral y con la quema del edificio de Impuestos Internos, se logró el objetivo de no pagar el IVA (El Potosí, 16.06.2008).

En suma, hubo varios intentos del gobierno, siempre apoyado por el Comcipo, por ser coherente con su lógica de nacionalización y de redistribución del excedente minero. Ha tratado de ampliar el control sobre las concesiones mineras, de incrementar las recaudaciones impositivas -sea aumentando el ICM o aplicando el IVA y el impuesto a las transferencias- lo que ha merecido el apoyo y respaldo de las instituciones cívicas. Sin embargo, esto ha sido constantemente rechazado por los mineros que, apelando a su capacidad de movilización y disposición de explosivos, han logrado que el gobierno retroceda, postergue o anule esas intenciones. En este, como en otros casos, fue la correlación de fuerzas materiales la que definió las políticas públicas.  

La lucha por la conservación del Cerro Rico de Potosí 

Un elemento central en el imaginario de los pobladores de la ciudad de Potosí es, sin duda, el legendario Cerro Rico de Potosí que no ha parado de ser explotado desde tiempos de la colonia cuando el indio Diego Huallpa descubrió que, a flor de tierra y nada más al encender una hoguera se podía encontrar la codiciada plata. Una vez conocida por los colonizadores españoles[6], fue el motivo para que se fundara en 1545 una ciudad donde la fortuna, el derroche, las fiestas y el lujo, eran la marca identitaria de una urbe que competía en población con las más numerosas de Europa[7].

En las dos últimas décadas, la explotación del Cerro estuvo fundamentalmente articulada con los mercados coreano, japonés y norteamericano que concentran como destino 80% de la exportación boliviana de plata y zinc que, con cotizaciones record, han dinamizado fuertemente la explotación de la denominada “montaña de plata”.

Como resulta lógico, toda la historia del Cerro, tanto en la colonia como en la república, hizo del mismo un factor de fuerte identidad local que fue reforzada en 1987, cuando la UNESCO declaró a la ciudad de Potosí y al Cerro Rico como Patrimonio de la Humanidad.

En concreto, el aspecto que tensiona la relación de los mineros con la ciudadanía y su entidad cívica Comcipo tiene que ver con el trabajo de las cooperativas y la minería mediana en la llamada cota 4500 a la cota 4600 (la parte más alta del cerro), que fue identificada como zona de alto riesgo para su estabilidad; el trabajo en roca dura puede generar, y de hecho lo hace, una serie de hundimientos que a la postre terminan por desfigurar su forma cónica.

Esta ha sido una constante preocupación de las autoridades locales y de su entidad cívica, el Comcipo, que ante las evidentes muestras del deterioro del cerro, han demandado la paralización de su explotación en la parte superior. Aquello generó oposición de los mineros que aluden en su defensa el Decreto Supremo 27787 que permite la explotación; además, se refieren a la ausencia de un estudio serio que indique de manera objetiva los riesgos por el trabajo minero. Los mineros mencionan también que realizan la manutención correspondiente en las zonas de explotación; en palabras de Benedicto Llano, presidente de Fedecomin en 2007: “para nosotros no hay ningún deterioro, más bien nosotros hemos dicho que se abran más esas bocaminas para poder hacer la manutención correspondiente” (El Potosí, 05.06.2007).

Ante esta situación, las acciones del Comcipo para detener la explotación del Cerro Rico en sus zonas peligrosas han consistido en varios paros de 24 horas y la solicitud de la militarización de la zona (El Potosí, 22.05.2009). La respuesta de las empresas mineras, más propiamente de las cooperativas y de la empresa Manquiri, ha sido la de amenazar con un bloqueo de caminos y con la toma de instituciones que, en diferentes momentos, fueron llevados a cabo, ya sea tomando la propia sede de la entidad cívica (El Potosí, 15.10.2009), marchando por las calles de Potosí armados de explosivos y, finalmente, quemando edificios. La frase del presidente de las cooperativas mineras de Potosí, Julio Quiñones, expresa la posición radical, violenta e inamovible de su sector cuando se les solicita parar la explotación del cerro:  

Ya no saldremos de forma silenciosa como lo hicimos recientemente, hoy marcharemos detonando nuestros cachorros de dinamita para demostrar que no estamos jugando cuando hablamos que no saldremos de este yacimiento (El Potosí, 6.05.2010). 

Todo esto ha deteriorado la imagen del minero ante la población potosina que critica su indiferencia en la situación del cerro, así como el hecho que sus ganancias no sean invertidas en la región, que no apoyen ninguna iniciativa para mejorar la educación y salud, que violen los derechos laborales[8], que trabajen sin ninguna seguridad laboral[9] y que no quieran aumentar el pago de impuestos; en suma que no quieran compartir su riqueza en una departamento que tiene los índices de pobreza más dramáticos y que, sin embargo, cuenta con la mayor cantidad de carros de lujo per cápita de toda Bolivia.

Por último, otro elemento importante a tomar en cuenta es la contaminación que genera la actividad minera que incluye al trabajo de los ingenios que están alrededor de la ciudad, lo que tiene que ver con aspectos de salud pública de los barrios nuevos que se han fundado en los años de fuerte repunte de la actividad minera (El Potosí, 01.09.2005).

En síntesis, existe una dura pugna entre los cooperativistas y el Comcipo que, como legítimo representante de las instituciones potosinas -ciertamente las que no están ligadas al ámbito minero- ha apoyado todo intento gubernamental de aumentar el pago de la carga impositiva, ya sea del Impuesto Complementario a la Minería y el Impuesto al Valor Agregado. Pero, a la postre, no ha logrado ningún fruto ya que la capacidad de movilización de los cooperativistas siempre ha sido más fuerte que la capacidad de imposición del gobierno y del Comcipo.

Sin embargo, como veremos, esta división que en muchos casos está caracterizada por la agresión verbal y física, puede ser superada cuando se presenta un conflicto regional que hace posible la circulación de discursos cívicos que, invocando la identidad potosina, logran que sectores como los cooperativistas que, al principio no solo se muestran indiferentes sino contrarios al conflicto, se unan al mismo bajo el discurso de defender la “dignidad potosina”. A continuación, presentamos un análisis del conflicto cívico potosino de los 19 días de paralización total de actividades, en el año 2010. 

  

3. La huelga de los 19 días

 El contexto político previo

El panorama político previo al estallido de la huelga potosina tenía las siguientes características: la existencia de un dominio político del MAS en todo el departamento donde ganó tanto en las elecciones nacionales como departamentales (para Gobernador) y municipales. Sin embargo, ese dominio no es total, pues en la ciudad de Potosí, el MAS ha sido vencido por el partido opositor Alianza Social del varias veces alcalde René Joaquino. Pero éste, en los meses previos al conflicto, enfrentó un juicio por la compra de autos usados en una gestión anterior, que lo obligó a dejar la Alcaldía. El juicio fue calificado como político y generó un fuerte malestar entre los simpatizantes de ese partido.

Por su parte, la directiva del Comcipo está en pugna con la poderosa Fedecomin que agrupa a los cooperativistas mineros, quienes critican el actuar del Comcipo al que tildan de oficialista. Adicionalmente, culminó en junio de 2010 una crisis de representatividad ya que varias provincias desconocen sus autoridades por el hecho de que la directiva elegida en 2008 no estaba completa y le quedarían apenas dos meses de gestión (El Potosí, 20.06.2010). Es posible que esta situación pudiera haber apurado y atizado el “conflicto de los 19 días”, por la necesidad de los dirigentes del Comcipo de legitimarse ante la población.  

Conflicto de límites con Oruro, catalizador del conflicto 

Uno de los antecedentes del conflicto cívico fue una serie de denuncias, medidas de presión y acciones gubernamentales en torno al conflicto de límites entre los departamentos de Oruro y Potosí por una superficie de 14 kilómetros² ubicados entre las provincias Avaroa (Oruro) y Bustillo (Potosí). El trasfondo del asunto es un secular problema entre ayllus, que ya se había presentado en octubre de 2006 y que, años después, se vuelve a replantear al conocer que las autoridades de Oruro mencionan que el cerro Cotaje no está ubicado en Coroma (provincia Antonio Quijarro, Potosí), sino en Sevaruyo (provincia Avaroa, Oruro) y donde se cree que no solo hay piedra caliza sino uranio. El titular del periódico local señalaba: “Oruro pretende apropiarse del uranio de los potosinos” (El Potosí, 05.06.2009).

Además, la posibilidad de crear una fábrica de cemento utilizando la materia prima del cerro Pahua que está ubicado entre las provincias Ladislao Cabrera (Oruro) y Antonio Quijarro (Potosí), azuza el conflicto y deriva en un duro enfrentamiento entre los comunarios de las poblaciones de Coroma y Quillacas por tierras (El Potosí, 15.04.2010).

Por consiguiente, en el mes de mayo de 2009, el tema de los límites entre Oruro y Potosí ya formaba parte del pliego petitorio del Comcipo que, para esa fecha, tenía demandas como la delimitación interdepartamental con Oruro en torno al Salar de Uyuni, la construcción de una fábrica de cemento en el cerro Pahua, el aeropuerto Nicolás Rojas a 10 kilómetros de la ciudad de Potosí y una definición respecto al deterioro del Cerro Rico, en proceso de estudio (El Potosí, 06.05.2009). A raíz de esta demanda, los cooperativistas salieron a marchar el 6 de mayo de 2009 reuniendo a 12.000 trabajadores mineros organizados en 47 cooperativas del Cerro Rico (El Potosí, 07.05.2009).

Por otra parte, en esos días, los cívicos potosinos se mostraron también muy susceptibles en torno al tema del Salar de Uyuni. Cuestionaban que se pretenda establecer en la ciudad de La Paz la sede de la empresa del litio y que se proyecte que los beneficios de la misma sean para todo el país. Acusaron a Oruro de ostentar un espíritu expansionista por haber pretendido, a través de sus parlamentarios, una participación en los beneficios del litio, cuando ningún mapa indica que el mismo llegue a este departamento. Un titular del periódico local sintetiza el sentimiento regional potosino: “Frente al expansionismo orureño, Potosí defenderá a muerte los recursos del Salar de Uyuni” donde se destaca la frase de una dirigente que indica que “los potosinos ya no quieren que su región siga siendo la vaca lechera del país” (El Potosí, 15.04.2010).

Si bien el pliego petitorio del Comcipo recoge las demandas tradicionales del departamento, como la construcción de un aeropuerto, la reactivación de la planta de fundición de plomo y plata de Karachipampa, la conservación del Cerro Rico, la fábrica de litio, etc., el verdadero detonante de la huelga fue un tema relativamente nuevo: el de los límites con el departamento de Oruro. La situación tenía dos facetas: por una parte, el tema del litio del Salar de Uyuni y, por otro, el de los límites departamentales entre Potosí y Oruro. Celestino Condori, presidente del Comcipo, reconocía que: 

… el espíritu combativo de la comunidad de Coroma fue el detonante para que los potosinos asuman una actitud de protesta frente al avasallamiento orureño y el nomeimportismo de las autoridades nacionales (El Potosí, 04.08.2010).  

El conflicto de límites es un catalizador importante de la movilización potosina porque puede activar un rasgo de la identidad regional como la defensa de la dignidad regional, que se materializa en la custodia de la integridad departamental, en este caso, de las riquezas contenidas en el cerro Pahua, es decir cantidades inmensas de materia prima para la fabricación de cemento. Según el discurso del Comcipo se defiende esta riqueza de la codicia de los orureños que habrían demostrado interés en su explotación.

En una reunión realizada en Llallagua sobre este tema, en presencia de representantes de las 16 provincias del departamento, se dijo “no ceder ni un solo milímetro a Oruro” (El Potosí, 19.05.2010) ya que Potosí cuenta con toda la documentación que respalda su jurisdicción sobre los territorios en disputa. Aquello ocurrió en medio de denuncias sobre el eventual loteamiento del cerro Pahua y de noticias de la fidelidad de los coromeños hacia Potosí pues, pese a las agresiones de los orureños, habrían izado la bandera potosina en el cerro Pahua (El Potosí, 15.06.2010).

A medida que pasaban los días, el problema de Coroma fue creciendo. El ente cívico ratificó su demanda de que la fábrica de cemento debía estar en Coroma, insistiendo en una definición al gobierno central.

En este contexto de desconfianza, en julio de 2010 fue rechazada la Ley de Autonomías que convertía al sudoeste potosino en una macro-región regionalmente autónoma, lo que podía haber sido un factor de división del departamento. El artículo 17 de la propuesta menciona que, en caso de problema de límites, este se solucionaría por la vía de un referéndum, lo que podía dejar a Potosí sin cerro Pahua ya que en la región, del cerro, habrían más orureños que potosinos. El rechazo a esta ley fue contundente, y preparó los ánimos para los acontecimientos posteriores (El Potosí, 16.07.2010).

Fue entonces que el Comité Civico, que en años anteriores respaldaba las políticas del MAS, empezó a alejarse del gobierno, desmarcándose de la Gobernación de Potosí, en manos del MAS, y pese a que las demandas de cambio en la Ley de Autonomías fueron atendidas, se decide convocar a un paro cívico departamental en el mes de julio. El concejal masista Gualberto Hockhofler tildó el paro de político, contrarrevolucionario y derechista (El Potosí, 18.07.2010).

 

 

 El inicio de la huelga de los 19 días

Si bien el inicio de la larga huelga de los 19 días fue el 29 de julio, ya hubo paros previos que mostraron la radicalidad del conflicto. El lunes 19 de julio hubo un paro contundente de 24 horas por once demandas: la consolidación de las reformas a la Ley de Autonomías, Karachipampa, el deterioro del Cerro Rico, la fábrica de cemento de Coroma, la industrialización del Salar de Uyuni, la conclusión de los trabajos de la carretera sur (entre Tarija y Potosí), el aeropuerto internacional de Potosí, la solución al conflicto de límites entre Coroma y Quillacas, la transferencia de las plantas hidroeléctricas a la Gobernación de Potosí, la definición del tema de las aguas del río Silala. Al finalizar el paro, se decidió radicalizar las medidas dando un plazo de 48 horas al gobierno para solucionar las demandas. Además, se preparaba un paro indefinido y una marcha hacia la sede de gobierno, La Paz (El Potosí, 20.07.2010).

Puesto que uno de los puntos del pliego petitorio cívico tenía que ver con los trabajos en el Cerro Rico, en esos días de efervescencia cívica, los cooperativistas estuvieron en contra del Comcipo; no acataron el paro y cuestionaron a sus dirigentes, “por darse el lujo de opinar de la problemática minera sin saber” (El Potosí, 20.07.2010) y mencionaron que coordinarían con la Gobernación para implementar medidas preventivas de conservación del Cerro Rico.

El 26 de julio, los pobladores de Coroma tomaron la plaza central para presionar al Comcipo acerca de sus problemas. Al día siguiente, desde el Comcipo se mencionó el pedido de revocatoria del Gobernador y de todos los asambleístas departamentales. Al no haber respuesta gubernamental, el jueves 29 de julio se inició el bloqueo de caminos por 48 horas. Este fue llevado adelante por los 800 coromeños que llegaron a la ciudad: “la decisión se da luego de que esperaron dos días el arribo de autoridades para que se defina que la fábrica de cemento sea en Coroma y no en Quiburí” (El Potosí, 30. 07.2010).

Para el 29 de julio, fecha de inicio de la huelga de los 19 días, todas las condiciones estaban dadas para el estallido de un conflicto de magnitud, con una demanda de fuertes connotaciones simbólicas en torno a la defensa de los recursos naturales del departamento que, a diferencia de anteriores conflictos, no están situados ni en el Cerro Rico ni en el Salar de Uyuni sino en una zona rural y alejada como Coroma, con el pedido de la definición de límites departamentales y la instalación de la fábrica de cemento.  

Estrategia gubernamental y unidad total en torno al Comcipo

El gobierno reaccionó sobre la base de su necesidad de superar la anomia social que se presentaba en anteriores conflictos y con anteriores gobiernos, cuando el Poder Ejecutivo acudía presuroso a tratar de calmar cada conflicto cediendo a la presión social. El gobierno del MAS, al sentirse dotado de una legitimidad y popularidad amplias producto de su éxito electoral, decidió imponer unas mínimas reglas del juego para evitar convertirse en rehén de los pedidos de la dirigencia cívica.

En esa medida, para el conflicto potosino, el gobierno desplegó una estrategia política que consistía en negarse a negociar mientras se mantuvieran las medidas de presión por una parte y, por otra, la descalificación del paro cívico.

Ante la amenaza de huelga indefinida, se decidió que los ministros no dialogarían hasta que se levanten las medidas. La nota del Ministerio de la Presidencia enviada al Gobernador Félix Gonzáles no pudo ser más elocuente:  

El gobierno nacional aclara que no habrá diálogo bajo un ámbito de presión y ninguna autoridad nacional se hará presente en Potosí mientras sigan las medidas de hecho adoptadas y se instalará la mesa de diálogo una vez levantadas todas las medidas de presión (El Potosí, 31.07.2010). 

A su vez, para descalificar el movimiento, el gobierno a través de sus ministros de la Presidencia, Oscar Coca, y del Interior, Sacha Llorenti, argumentaba que el movimiento tenía móviles políticos que buscaban desestabilizar al gobierno al afirmar que los potosinos estaban digitados por militantes del opositor partido Alianza Social y por el propio alcalde René Joaquino, para evitar su enjuiciamiento y salida de la Alcaldía (El Potosí, 3.08.2010).

En una cultura del conflicto en la que se espera mínimamente la llegada de ministros para hablar de soluciones, estas declaraciones encendieron los ánimos y activaron con más fuerza el dispositivo discursivo de la dignidad potosinista provocando que sectores como los cooperativistas, que estaban no solo al margen sino que se oponían al conflicto, se unan declarando que “consustanciados con la problemática potosina, estamos apoyando el movimiento ya que expresa las demandas del pueblo junto al cual lucharemos en procura de soluciones”(El Potosí, 1.08.2010).

A partir de ese momento, el movimiento cívico tuvo un aliado de primer orden. Efectivamente, la contundencia de las protestas mineras -dinamitas mediante- están fuertemente ancladas en el imaginario político boliviano. Al fin y al cabo, para los cooperativistas era un buen negocio ya que apoyaban un movimiento que menoscababa la legitimidad de un gobierno que los había atacado en el pasado; además podían, desde el interior del movimiento, controlar la dirección y la intensidad del pedido de conservación del Cerro Rico, una de sus preocupaciones centrales. Eso fue evidente cuando Guillermo Condori, un conocido dirigente cooperativista, fue elegido como presidente del Comité de movilizaciones. En una de sus actuaciones más memorables, cuando los ministros se negaban a llegar a Potosí por temor a su seguridad, los cooperativistas dijeron que “si los ministros tienen miedo, los mineros les vamos a cuidar más que a niños para que nadie les toque, pero tienen que llegar a Potosí”, poniendo a su disposición a los 12.000 cooperativistas (El Potosí, 05.08.2010).

La postura gubernamental de no negociar en las condiciones planteadas por los cívicos ocasionó también una serie de rupturas al interior del partido de gobierno. El propio gobernador junto a los asambleístas departamentales y parlamentarios se sumaron a la exigencia de que un equipo de ministros llegara a Potosí. En la Asamblea del pueblo, el gobernador relató que “pidió a las autoridades nacionales que por favor le cooperen, que vengan a Potosí ante la fuerte movilización social que se estaba consolidando”, pero no atendieron su llamado, y confesó que lloró de impotencia al quedar solo ante el conflicto (El Potosí, 05.08.2010).

En la medida que se fue prolongando la huelga, se amplió a otras provincias, incorporándose los habitantes de Betanzos, Vitichi, Cotagaita y Tupiza, argumentando estar molestos porque no se atendían las demandas de Potosí mediante la llegada de los ministros, que fueron calificados de “soberbios” e “insensibles”.

En suma, el movimiento se hizo total. Cada día se instalaron nuevos piquetes de huelga de hambre en la ciudad de Potosí, en sus provincias y en otros departamentos. Nadie permanecía al margen del movimiento; incluso los empresarios privados se sumaron donando vituallas y comida a los movilizados y a los afectados por la movilización. En una acción inédita, los empresarios entregaron dos lotes de frazadas y varias arrobas de té, café, coca y pan a los coromeños que fueron bautizados por el presidente de la Federación de Empresarios Privados, Jaime Uzquiano, como “los héroes de la lucha reivindicativa” (El Potosí, 03.08.2010).

Al cabo de diez días de movilización, llegó el momento en que la masa ya no respondía a un mando cívico o, en todo caso, ya no consultaba con los dirigentes acerca de sus iniciativas. Es cuando surgió la solidaridad y la auto-organización de vecinos y mujeres que recogían donaciones de alimentos y llevaban comida no solo a los que estaban en los bloqueos, fundamentalmente los coromeños (cerca de 800 a 1000 personas), sino a los propios afectados. Estos actos de solidaridad evitaron el enfrentamiento y la violencia, uno de los extremos que podía deslegitimar el movimiento. El 3 de agosto, hubo una marcha multitudinaria, que recorrió las calles de Potosí, en la que se calcula que participaron más de 100.000 personas (El Potosí, 4.08.2010).

Había escases de carne, de verduras y de leche y subían los precios; incluso había hambre en la ciudad. Los asambleístas departamentales Paulino Llima (MAS), Juana Cabrera (AS) y Elizabet Soto (AS) ayunaban y en la ciudad de La Paz, lo hacían Eduardo Maldonado, senador por el MAS; Juan Carlos Cejas, Hugo García, diputados por el MAS y David Cortes, por AS.

Los maestros de las Escuelas de Cristo instruyeron bloquear los caminos e ingresar a la huelga de hambre. Se suspendieron todos los actos por la fiesta nacional del 6 de Agosto y se denunció que algunos directores obligaron a sus profesores a pasar clases. En la ciudad, hubo una convocatoria del Comcipo a una marcha de protesta para las 9 de la mañana de ese día, con concentración en la Plaza El Minero con banderas a media asta y crespón negro. Al terminar, se estimó una participación de 150.000 personas, se leyó la proclama del pueblo soberano y se fortalecieron los puestos de bloqueo en las localidades de Vitichi, Betanzos, Tupiza y Coroma
(El Potosí, 06 y 07.08.2010).

La presión continuaba, aun cuando se abrió la posibilidad de dialogar sobre Coroma en la ciudad de Sucre y los demás temas en Potosí, pues “un grupo de radicales ingresó abruptamente a la entidad cívica exigiendo que se mantengan las demandas iniciales”. Había malestar en los puestos de bloqueo y amagos de enfrentamiento: “Como medida de presión, los transportistas y pasajeros quemaron un poste de línea de alta tensión” (El Potosí, 07.08.2010).

Once días de huelga. Numerosos turistas pasaron horas muy duras por culpa del bloqueo. El Defensor del Pueblo pidió al gobierno dialogar en Potosí. El ministro de Autonomías, Carlos Romero, indicó que la reunión tenía que ser en Sucre y anunció que Oruro también estaba en emergencia. Ya se contaba con 60 piquetes de huelga de hambre entre los que se encontraban representantes de la empresa privada, de comerciantes del mercado Uyuni que instalaron sus carpas en plena calle, además de numerosas personas en otros departamentos (El Potosí, 08.08.2010).

La situación empeoraba. Los piquetes ascendieron a 120 reuniendo a más de mil personas ayunando, tanto en la ciudad como en las provincias, “entre los que no solo estaban autoridades oficialistas sino también trabajadoras sexuales que están en la zona de San Roque” (El Potosí, 09.08.2010). Se hablaba de radicalizar las medidas paralizando el aparato productivo. De hecho, los cooperativistas ya lo hicieron junto a la empresa Manquiri y se pensaba en bloquear la línea férrea de Puerto Antofagasta para afectar el centro minero de San Cristóbal. Se mencionaba que toneladas de harina estaban bloqueadas (El Potosí, como en la cita siguiente 09.08.2010).

De todas maneras, pese a la unidad de la movilización, hubo organizaciones campesinas al lado del gobierno. La Federación de Sindicatos Campesinos del Norte de Potosí y la Federación de Ayllus pidieron al Gobernador que se replegara a esa región para asumir sus funciones: “Identificaron Comcipo como un bloque discriminador del gobernador Gonzáles y que solo está buscando el poder político a través de la medida de presión” (El Potosí, 09.08.2010).

Finalmente, el 9 de agosto, una asamblea del Comcipo aceptó hablar del tema de Coroma en Sucre y los demás puntos en Potosí mientras que, desde el gobierno, se mantenía la posición de hablar siempre y cuando se levantaran las medidas de presión. El 10 de agosto, el inicio de diálogo no dio mayores frutos pues, si bien los cívicos y el Gobernador viajaron a Sucre con ese propósito, los ministros no acudieron a Potosí para resolver los demás puntos, y la comisión tuvo que retornar. Condori denunció que los ministros de Evo diseñaron una estrategia para enfrentar el conflicto potosino por la vía del cansancio, la provocación de parte de sectores campesinos, y la amenaza de juicios (El Potosí, 11.08.2010).

Las medidas se radicalizaron aún más pues los comunarios del Ayllu JatunYura del municipio de Tomave anunciaron la toma de la subestación de electricidad ubicada en su territorio y estaban dispuestos a cortar el suministro de electricidad a la empresa minera San Cristóbal.

A 12 días del inicio de la huelga, una resolución de la asamblea del Comcipo indicó que “manteniendo la huelga general, el ayuno voluntario y el bloqueo de caminos se viajará a Sucre para dialogar con Evo Morales y su equipo de trabajo”. En dicha reunión, se propuso como medidas de presión: la nacionalización de San Cristóbal, la sesión de la Asamblea departamental para definir Coroma como patrimonio potosino y sitio industrial para una fábrica de cemento, y el anuncio de una marcha desde la Ceja de El Alto hacia la ciudad de La Paz (El Potosí, 12.08.2010).

Luego del intento de inicio de diálogo en la ciudad de Sucre, entre amenazas de retorno de la comisión del Comité Cívico a Potosí, el 15 de agosto de 2011, seis mesas de diálogo fueron instaladas en la Gobernación de Chuquisaca, en Sucre, para solucionar las demandas. Tras horas de discusión, se llegó a acuerdos generales en cinco de los seis puntos planteados: respecto del conflicto de límites entre Potosí y Oruro, se indicó que se tramitaría una ley de unidades territoriales y la creación de una comisión para trabajar en la conciliación de límites; sobre la demanda de puesta en marcha del complejo metalúrgico de Karachipampa, se acordó que se presentaría un cronograma de operaciones; acerca de la preservación de la estructura del Cerro Rico de Potosí, se mencionó que se crearía un organismo técnico con participación de los cooperativistas; y respecto a la instalación de la fábrica de cemento, el gobierno se comprometió a instalar fábricas en Potosí y Oruro, cuando concluyeran los estudios; finalmente, en cuanto al aeropuerto, se dejó a la gobernación la responsabilidad de realizar los estudios correspondientes. Solo el tema de caminos quedó pendiente de negociación.

En suma, como se señaló al inicio de este trabajo, la huelga de los 19 días no obtuvo resultados concretos, más allá de la instalación de comisiones y la realización de estudios, es decir que solo se logró postergar la atención a las demandas.

Conclusiones 

A lo largo del trabajo, se ha analizado las características de la identidad potosina que tiene una larga construcción histórica con raíces en el periodo colonial y en la República, en la que se constata que las riquezas naturales de Potosí siempre han servido para generar desarrollo en otros países y departamentos, pero no para el propio Potosí. Aquello se debería tanto a la angurria de los vecinos como a la indiferencia de los potosinos.

A partir del análisis de conflictos regionales ocurridos en varios momentos y en distintos gobiernos, ha sido posible establecer que cada conflicto regional activa una identidad colectiva que tiene tres determinantes capaces de generar una fuerte movilización: a) se defiende un recurso natural; b) en el imaginario, este recurso es único y enorme; c) se lo cuida de la voracidad de elementos externos a la región, sean nacionales o extranjeros. Ahí se activa el dispositivo identitario que hace de los potosinos los defensores de sus recursos naturales, dispuestos a no repetir la amarga historia de una explotación sin retribución.

Lo interesante de este tipo de movilizaciones y de las identidades que activan, es que son capaces de relegar, ocultar u opacar las fisuras sociales existentes en la región potosina. El trabajo ha mostrado problemas derivados de los intereses contrapuestos en torno a la minería en aspectos tales como los impuestos, la conservación de la forma cónica del Cerro Rico, la falta de seguridad laboral, la pobreza y la marginalidad. Dichos aspectos son invisibilizados cuando una movilización regional logra cohesionar a los actores regionales. Es el caso concreto de los cooperativistas que estaban en contra de la movilización potosina del año 2010 en sus primeros días, porque el pliego petitorio que la respaldaba los afectaba al proponer la no explotación del Cerro en su parte más alta. Sin embargo, se unieron a la movilización cívica y lograron direccionar, postergar y anular la demanda cívica de la suspensión de la explotación minera en la parte alta del Cerro Rico. Lo mismo ocurrió con los empresarios privados y los partidos políticos.

El recurso a los dispositivos identitarios no funciona en el vacío. Estos se manifiestan en un determinado contexto político que anima o anula la movilización, que la impulsa hacia el diálogo o a la confrontación, que la dinamiza o la atrasa. El estudio permitió determinar que las acciones del gobierno de Evo Morales de descalificación discursiva, de inacción e indiferencia política llevaron a una mayor recepción por parte de la población potosina de discursos radicales que tenían como centro la defensa de la dignidad potosina.

Por último, se pudo evidenciar que el recurso a la dignidad potosina como factor de cohesión regional puede funcionar para llevar a cabo una movilización que dure 19 días, pero que fueron y son seguidos de 500 noches en que permanecen las pésimas condiciones socio-económicas que hoy continúa exhibiendo la región potosina.

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Hemerografía:

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El Siglo, año 1976.

 

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[1]  Economista y máster en Ciencia Política. Docente de pregrado y postgrado de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca y de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sucre-Bolivia. Correo electrónico: franzflo@gmail.com

[2]  Comcipo agrupa a instituciones sindicales, gremiales, provinciales y empresariales del departamento de Potosí. Fue fundada el 2 de agosto de 1976 durante el gobierno militar de Hugo Banzer. En sus inicios reunió a profesionales y representantes de la clase media que enarbolaron demandas como una planta de fundición de zinc, la construcción de un aeropuerto y caminos (El Siglo, 3.08.1976). Su discurso se puede caracterizar de izquierda y nacionalista y pese a que a lo largo de su vida ha recibido muchas críticas, (representatividad de sus dirigentes, utilización de Comcipo para conseguir favores personales o ingresar a la política) siempre se ha constituido en un efectivo canal de agregación de las demandas regionales, gozando de una alta legitimidad y capacidad de acatamiento de sus decisiones.

[3]  En tres de las demandas centrales, el tono es el mismo: para la cuestión de límites entre Oruro y Potosí, se crea una comisión mixta entre el Ministerio de Autonomías, Instituto Geográfico Militar y municipios afectados; para el tema de la preservación del Cerro Rico se conforma una comisión interinstitucional y, respecto al aeropuerto, aunque su construcción se declara prioridad nacional, se pide realizar estudios para garantizar su financiamiento (El Potosí, 16.08.2010).

[4]  Dispositivo en el sentido de ordenador de los discursos y las acciones de los actores sociales.

[5]  La Comibol se creó a través del Decreto Supremo de 2 de octubre de 1952, después de la nacionalización de los centros mineros que pertenecieron a los llamados barones del estaño: Patiño, Hoschild, Aramayo. En 1985, en el marco de una política neoliberal, se cerró hasta el 31 de octubre de 2006, fecha en que retoma sus actividades pero sin la capacidad productiva de antes (Comibol, 2011)

[6]  Otra versión con mayor respaldoempíricosobreeste “descubrimiento” se encuentra en el estudio de Platt y Quisbert (2007: 389-428).

[7]  Dice Lewis Hanke: “En sutranscurso la Villa Imperial (Potosí) suscitóunasociedad tan rica y desordenadacomo el mundoapenashabíavisto antes. El vicio, la piedad, el crimen, las fiestas de los potosinos, todo asumía allí proporciones enormes. En 1556, por ejemplo, a once años de fundada, la villa celebró la coronación de Felipe II con un festejo que duró veinticuatrodías” (Hanke, 1954: 15).

[8]  En palabras de un potosino: “los cooperativistas son empresariosquecontratanpeonesquevienen del campo a los que se les pagaunoscuantos pesos por sacar el mineral” (El Potosí, 6.05.2010)”.

[9]  Es frecuente leer estetipo de titulares en la prensa local: “Ritual en el Cerro rico. El ‘Tío’ se comió la vida de dos jóvenesmineros, efectuabanun ritual y no se percataron de la presencia del gas” (El Potosí, 27.10.07).