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Tinkazos

versión On-line ISSN 1990-7451

Tinkazos v.14 n.29 La Paz jun. 2011

 

¿Qué hacer con las rentas del gas?
¿Y del litio?

Whatshouldwe do withtherevenuefromthe gas?
And theprofitsfromthelithium?

Roberto Laserna[1]


La respuesta no puede ser otra que dárselas a la gente, garantizando que se cumpla la promesa constitucional de que los recursos naturales pertenecen a todos.

Acaba de publicarse un fuerte respaldo a esa propuesta: Generación, distribución y uso del excedente de hidrocarburos en Bolivia (del Granado et al., 2010). Efectivamente, cuatro destacados profesionales han publicado un libro sobre un tema crucial en el país: el uso de los recursos que se obtienen de la extracción de hidrocarburos. El equipo fue dirigido por Hugo del Granado, y lo integraron también Mauricio Medinaceli, Leila Mokrani y Jorge Gumucio. El estudio fue publicado por el PIEB con el respaldo de la Embajada del Reino de los Países Bajos.

Como lo anuncia el título, el estudio está dedicado a describir y analizar la generación, distribución y uso del excedente de hidrocarburos en Bolivia. En sus cuatro capítulos trata aspectos que van desde la teoría y el análisis de las políticas sectoriales hasta la evaluación prospectiva de las rentas utilizando dos modelos. Uno proyecta los posibles impactos que tendrían distintas políticas tributarias y de inversión en la generación y captura de rentas de hidrocarburos. El segundo diseña las consecuencias que tendrían sobre la economía y la población diferentes opciones de uso y distribución de las rentas generadas por la actividad extractiva. El libro finaliza planteando propuestas de política a partir del análisis realizado.

Ojalá que todas las políticas que se diseñan y aplican en el país pudieran contar con aportes como el que ofrece este libro, que debería ser de lectura obligatoria en la Asamblea Plurinacional y en los ministerios involucrados en el tema. O, por lo menos, que reprodujeran en ellos esta metodología, porque es fundamental evaluar los costos y beneficios de distintas opciones antes de decidir un curso de acción.

Esto no quiere decir que los resultados propuestos sean indiscutibles. Lo que hacen es orientar el debate hacia los argumentos y hacer explícitos los supuestos, así como precisar las consecuencias que podría tener una decisión, considerando tanto los objetivos deseados, como advirtiendo acerca de resultados no deseados que podrían presentarse.

Habiendo prestado atención al tema de los usos de la renta petrolera en mis estudios sobre el rentismo, me interesó particularmente la evaluación de las opciones sobre su utilización.

Proyecciones de alternativas

Combinando un modelo de equilibrio general con los datos de ingreso y consumo familiar de la encuesta de hogares, los autores evalúan los impactos que tendrían sobre el crecimiento, la pobreza y la desigualdad ocho políticas diferenciadas de uso de las rentas.

Esas ocho opciones son: la distribución directa universal, la promoción de exportaciones del sector rural, la distribución directa solo a las familias rurales, la distribución directa solo a los productores informales, la inversión en educación, la migración asistida del campo a las ciudades, una combinación de estas dos últimas (educación y migración), y una combinación de apertura del mercado internacional a los productores rurales con inversiones en educación.

Para cada una de las opciones, los autores calculan los posibles resultados en términos de la tasa de crecimiento del PIB, la desigualdad medida por el coeficiente de Gini, y la pobreza (general y extrema). Además, calculan el tiempo necesario para conseguir resultados. Una síntesis de las proyecciones se encuentra en el cuadro 1.

Como se puede ver, la tasa más alta de crecimiento económico (5,14%) se lograría con migraciones, pero en ese caso podría empeorar la desigualdad (a 64,5%) y aumentar la pobreza (a 52,7%). Los mejores resultados en la reducción de pobreza (bajándola al 14,8%) se alcanzarían combinando exportaciones rurales con educación, pero ello exigiría un tiempo prolongado (21,56 años) y el supuesto de que las políticas se mantendrían sin mayores alteraciones. El mejor resultado en la reducción de la desigualdad (bajarla al 52,8%) se lo obtendría invirtiendo mucho en educación (de buena calidad), pero la economía crecería lentamente (1,72%) y, además, se requerirían 11,96 años para que se perciban los resultados deseados.

 

Conclusiones del análisis

A partir del análisis de estos resultados, los autores recomiendan la opción 8, pues aunque tendría la más baja tasa de crecimiento, podría ser la que más reduzca la pobreza. Pero, como es de avance lento y de largo plazo, los autores creen que solo es viable a partir de un “pacto fiscal” y lo presentan como condición básica de su propuesta.

Los argumentos económicos y sociales que plantean los autores son razonables, pero la historia política debería haberlos desalentado de hacer esa recomendación. Las expectativas de los bolivianos son muy altas como para proponer un proyecto de 20 años. Y las instituciones políticas son muy débiles como para esperar que ese pacto se cumpla y se respete por tan largo periodo.

Por ello, creo que esa opción no es viable. Además, objetivamente tampoco es la mejor, como lo muestran precisamente los datos de los autores.

Volvamos al cuadro anterior y asignemos un valor de orden, como índice de logro, a cada opción, de manera que la de mejor desempeño en cada columna tenga un valor de 1 y la de peor un 8. Por ejemplo, en la columna de crecimiento la opción 6 sería la primera, por tener la tasa más alta; la 7 sería segunda y así sucesivamente. En la columna de desigualdad la opción 5 sería la primera, por tener el Gini más bajo y así, hasta llegar a la opción 6, que tendría un valor de 8 por ser la que alcanza el peor Gini. Si hacemos ese ejercicio en todas las columnas y sumamos al final el nivel alcanzado por cada opción, la mejor de todas, y por tanto la recomendable, sería aquella que haya alcanzado el menor puntaje. Eso sucede con la opción 3, de distribución directa a la población rural, que suma 16 puntos.

El segundo lugar lo obtiene la opción 1, que suma 17 puntos. Y así, el último lugar sería para la opción 7, que suma 32 puntos, porque resulta penúltima en tres columnas y última en otra.

En suma, los números proyectados sugieren que la mejor opción es la distribución directa de la renta a la población rural. Aunque no lograría la tasa más alta de crecimiento, es la que mejores resultados lograría en reducción de la desigualdad y la pobreza con la ventaja de que empezaría desde el primer año.

Sin embargo, razones políticas y de gestión la hacenpocorecomendable. Sería de difíciladministraciónasegurarque los receptoresseanrealmente los quecorresponde, y esopodríadarlugar a corrupción entre los encargados de la verificación de “ruralidad” del receptor y de hacer los pagos.

Sin embargo, razones políticas y de gestión la hacen poco recomendable. Sería de difícil administración asegurar que los receptores sean realmente los que corresponde, y eso podría dar lugar a corrupción entre los encargados de la verificación de “ruralidad” del receptor y de hacer los pagos. Además generaría resentimientos en la población excluida, que sería además la urbana, cuya capacidad de movilización y protesta es muy alta. Y podría, finalmente, generar una migración, así sea simulada, hacia el área rural, aumentando los costos de proporcionar servicios públicos en el país.

Esto nos lleva a considerar la siguiente, que es la opción 1, distribución universal directa. Esta evita todos los problemas políticos y de gestión anotados anteriormente y ofrece, además, resultados muy cercanos a la que resultó con el mejor puntaje en términos de reducción de la pobreza y de la desigualdad, con la ventaja adicional de que permitiría alcanzar tasas de crecimiento bastante superiores.

Esta conclusión refuerza la propuesta que hemos venido planteando desde hace ya varios años y muestra, una vez más, que es una opción que tiene la virtud de impulsar el crecimiento mientras reduce la pobreza y la desigualdad, sin ofrecer grandes dificultades políticas y de administración.

Dos estudios no publicados, realizados independientemente por los economistas Rolando Morales Anaya y Gover Barja, llegaron a conclusiones similares a las tendencias que había destacado en mi trabajo titulado Riqueza nacional para la gente (Laserna, 2008). Hay diferencias de magnitud en todos estos trabajos, pero lo importante es que las variables de crecimiento, desigualdad y pobreza muestran las mismas tendencias si se distribuyen universalmente las rentas. El hecho de que los cuatro estudios obtengan similares resultados con metodologías muy diferentes es convincente y debería alentar a considerar con más seriedad la posibilidad de darle “a la gente su plata”.

Hay un “pero”muy grande

Un aspecto clave del libro de del Granado y su equipo es que también hace proyecciones sobre las rentas del gas considerando distintos escenarios de precios internacionales y de políticas tributarias.

Sus proyecciones ponen en evidencia que el país ha estado siguiendo una política muy riesgosa, porque es viable solamente en condiciones de precios altos, sobre los que no tenemos ni podemos tener ningún control. Si además se recuerda que han caído las inversiones por la política aplicada hacia el sector privado, estamos ante la posibilidad de que debatir el destino de las rentas sea irrelevante, porque ellas podrían simplemente desaparecer.

En todo caso, creo que se podría generar un escenario más adecuado para el diseño de políticas de explotación y exportación de recursos naturales si se aplicara la opción de la distribución universal de las rentas, tanto a las que se generen en hidrocarburos como en minería, incluyendo las de hierro y litio. Si todos los bolivianos tuvieran la certeza de que la parte que les corresponde de las rentas de todos los recursos naturales, que según la Constitución les pertenecen, seguramente empezarían a preocuparse de lograr una combinación que permita alcanzar la mayor renta posible, por el mayor tiempo posible.

El modelo actual de captura de rentas induce un comportamiento que atiende al plazo inmediato y al interés particular del grupo. Mientras la presión conflictiva permita satisfacer la demanda del grupo, a este no le importa si las rentas alcanzan para los demás o si se acabarán mañana. Vivimos lo que se llama “la tragedia de los bienes comunes”.

Pero podemos evitar esa “tragedia” si los “bienes comunes” se hacen verdaderamente propiedad de todos y cada uno de los ciudadanos, y se permite que cada uno disfrute lo que le pertenece y asuma la responsabilidad de utilizar lo que le corresponde de la manera que mejor satisfaga sus necesidades.

Como nos lo ha permitido verificar una vez más el libro que comento, eso posibilitaría lograr crecimiento, reducir la pobreza y alcanzar más equidad. 


BIBLIOGRAFÍA

Barja, Gover,
2009 “Ejercicio exploratorio sobre el impacto macroeconómico de la distribución de una renta personal universal” (Manuscrito). Fundación Milenio.

Del Granado, Hugo; Medinaceli, Mauricio; Mokrani, Leila; Gumucio, Jorge
2010 Generación, distribución y uso del excedente de hidrocarburos en Bolivia. La Paz: PIEB.

Laserna, Roberto
2007 Riqueza nacional para la gente. Entre el ch´enko y el rentismo. Una opción para la democracia y el desarrollo sostenible. La Paz: Fundación Milenio (Análisis de Coyuntura N° 6).

Morales, Rolando
2009 “Modelo de simulación para evaluar el impacto de transferencias directas a la población entre 18 y 60 años de edad” (Manuscrito). Fundación Milenio.

 

 

 [1]Economista, Presidente de la FundaciónMilenio e investigador del Centro de Estudios de la RealidadEconómica y Social
(CERES), Cochabamba. http://lasernawordpress.com - Correoelectrónico: laserna_r@yahoo.com

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