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Tinkazos

versión On-line ISSN 1990-7451

Tinkazos v.14 n.29 La Paz jun. 2011

 

Entre protestar y gobernar
Movimientos sociales en Bolivia
en tiempos del MAS

Betweenprotest and government

Social movements in Bolivia in the era of the MAS

Ton Salman[1]

T’inkazos, número 29, 2011,  pp. 21-43, ISSN 1990-7451

Fecha de recepción: marzo de 2011

Fecha de aprobación: abril de 2011

Versión final: mayo de 2011

El MAS es un partido-movimiento, un instrumento político que reúne las demandas y programas de una amplia gama de movimientos sociales en Bolivia. En este artículo el autor analiza las relaciones entre la parte del movimiento que se ha convertido en aparato de gobierno y  aquella que ha seguido promoviendo los intereses de sus bases. Una pregunta atraviesa el texto: ¿Cómo surgió la grieta entre el MAS y los movimientos sociales que lo componen?

Palabras clave: movimientos sociales / gobernabilidad / institucionalidad política / institucionalidad democrática / demandas sociales / mandato electoral / autonomía / vida política / victoria electoral MAS

The MAS isboth a party and a movement, a politicalinstrumentthatbringstogetherthedemands and agendas of a widerange of social movements in Bolivia. In thisarticletheauthoranalyzesrelationsbetweenthepart of themovementthat has taken office in government and thepartthat has continuedto lobby fortheinterests of itsgrassrootsmembers. Thequestionthatthreadsthroughthearticleis: Howdidtherift open up betweenthe MAS and itsconstituent social movements?

Keywords: social movements / governance / politicalinstitutionality / democraticinstitutionality / social demands / electoral mandate / autonomy / politicallife / mas electionvictory


Si te encuentras con una bifurcació

en el camino, tómala.

Yogi Berra

Introducción

La tesis que desarrolla este artículo[2] plantea que, en caso de una victoria rotunda de un (grupo de) movimientos social(es) combinada con una continuidad institucional (democrática), los movimientos se dividirán entre un grupo o coalición, en forma de partido político, cuyas preocupaciones adicionales y posiblemente prioritarias serán gobernar, mantenerse en el poder y preservar el ordenamiento democrático; mientras tanto, otro grupo continuará presionando por el logro prioritario de las agendas de los movimientos de antes de la victoria electoral[3]. El preciso equilibrio entre estas dos corrientes dependerá del radicalismo de estas agendas, particularmente en relación con la reforma de la institucionalidad estatal, o bien el respeto a la institucionalidad toutcourt, con imparcialidad y previsión de estadista que muestre la coalición gobernante; y también dependerá de factores más contingentes como la articulación de las fuerzas opositoras, la presencia o ausencia de un antagonismo étnico, la posición que la corriente gubernamental asumirá respecto al valor de la “democracia representativa/liberal” y la presión internacional.

Por cierto, las circunstancias específicas son cruciales. En los casos en que la victoria del contendor estuvo acompañada de un total desmantelamiento de la institucionalidad, los procesos asumieron con frecuencia un perfil claramente revolucionario. En países como Irán (1979), Zimbabwe (1980), Nicaragua (1979) y Timor Oriental (2002), el cambio fue violento y el conflicto de naturaleza dicotómica: “o ellos, o nosotros”. Casi todas las instituciones colapsaban cuando cayó el viejo régimen. Debido a la virtual ausencia de influencia de los anteriores gobernantes después de la victoria, la situación se caracterizaba por la necesidad de construir un aparato estatal completamente nuevo o, incluso, un nuevo país.

La preocupación en este texto son los casos en los que un cambio político de gran envergadura se dio conjuntamente con un alto grado de continuidad en las bases del Estado, además de circunscribir el análisis principalmente a los Estados democráticos. Mi interés aquí está centrado en Bolivia donde la herencia democrática fue tanto el vehículo que trajo consigo la posibilidad de este cambio como uno de los principales motivos de ofensa contra los que movilizaban los movimientos. Más específicamente, su objetivo no era abrogar la democracia sino ampliarla y profundizarla, y hacerla encajar mejor al interior del particular universo etno-cultural que postulaban era Bolivia. Esto hizo que, desde el comienzo, fueran dos impulsos los que acompañaron el cambio en Bolivia: defender los derechos y garantías que son parte esencial de la democracia liberal y que habían posibilitado el espacio para obtener una victoria electoral contundente, y “rehacer” simultáneamente esta democracia porque representaba las injusticias que los movimientos consideraban se habían cometido contra ellos en el pasado.

Evo Morales, el candidato presidencial indígena, portavoz de muchas de las reivindicaciones de movimientos sociales de Bolivia, obtuvo una victoria mayoritaria en diciembre de 2005, repitiéndola en diciembre de 2009. A partir de enero de 2006, gobernó su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), y los movimientos que habían apoyado su candidatura estuvieron buscando un nuevo rol y presencia en los posteriores escenarios en el país (Zuazo, 2010). El triunfo de Morales fue, en varios sentidos, sin precedentes: en primer lugar, las elecciones de diciembre de 2005 marcaron el fin del “viejo” sistema de partidos. En este sistema, un número relativamente pequeño de partidos tradicionales, en ocasiones apoyados por otros más volátiles, formaban coaliciones diferentes una y otra vez. Gruesos sectores de la población boliviana sentían que sus intereses y problemas estaban poco reflejados en las decisiones del gobierno o las deliberaciones parlamentarias (Albó y Barrios, 1993: 146-148; Salman, 2007; Koonings y Mansilla, 2004; Crabtree y Whitehead, 2001: 218; Gray-Molina, 2001: 63; Zuazo, 2010). La victoria del MAS ocurrió en un contexto en el que un sistema de partidos “consolidado”, pero inepto y defectuoso (lo que ampliaremos más adelante), fue aplastado. En su lugar, el “partido movimiento” (Zegadaet al., 2008: 45 y passim) MAS asumió el poder.

En segundo lugar, surgió una novedosa configuración política. Las críticas hacia el viejo sistema político-partidario combinaron ingredientes étnicos referidos a una ética gubernamental (promoción de las tradiciones reivindicadas como indígenas: autoridades subordinadas a sus bases, deliberación permanente, contacto estrecho con la comunidad en su conjunto) con ingredientes que aluden al rechazo ideológico de la codicia (“occidental”), de la indiferencia hacia el medio ambiente y la Pachamama, de rechazo a la subasta de la soberanía nacional (Albro, 2005: 445-448) y al lucro por encima del vivir bien (como opuesto a “querer más y más”). El renacimiento de la autoconciencia indígena se combinó así con una crítica al imperialismo “blanco” y al salvaje capitalismo neoliberal.

En tercer lugar, y aun más importante para nuestro argumento, la victoria de Morales fue posible, entre otros factores, debido a una serie de movilizaciones sostenidas y masivas que habían deslegitimado y dañado al sistema electoral de partidos tradicionales, y que habían enfatizado los temas que preocupan o ponen furiosos a muchos bolivianos: la exclusión (indígena), el neoliberalismo, las privatizaciones, el “despilfarro” de los recursos naturales bolivianos, la falta de crecimiento económico y del empleo, y aquello que se percibía como una “democracia engañosa”. El partido de Evo Morales fue capaz, en 2005, de agregar muchas de estas reivindicaciones.

En lo que sigue, exploro particularmente el tema del acto de equilibrio entre la parte del movimiento que se ha convertido ahora en aparato de gobierno y los movimientos que han seguido como movimientos, promoviendo los intereses de sus “bases sociales”. Lo que analizo es cómo surgió una grieta entre los movimientos pro-MAS que siguieron siendo movimientos, luchando por cambios sustanciales y relativamente indiferentes hacia las vicisitudes de los opositores o el Estado nación como tal, y el MAS como partido de gobierno, imposibili-
tado de permanecer completamente indiferente hacia el reto de gobernar no solamente para sus ideales, sino también para el Estado-nación. A continuación, analizaré primero algo de la bibliografía existente sobre los “logros de los movimientos sociales” y evaluaré su aplicabilidad al caso boliviano. Después, esbozaré brevemente la forma en que el MAS se volvió un partido-movimiento. En el siguiente acápite abordaré y analizaré la situación actual: el gobierno de un partido-movimiento y su forma de relacionarse tanto con sus movimientos de apoyo como con sus movimientos de oposición. Por último, discutiré las consecuencias de mis hallazgos.

Los logros de los movimientos sociales  

Según Cress y Show (2000: 1063-4; ver también Giugni, 1998: 373), “nuestra comprensión de los resultados de los movimientos sociales está evidentemente poco desarrollada”. Además, la mayor parte de la bibliografía que se ocupa del tema circunscribe sus explicaciones a las situaciones en las que se ha obtenido algo, trátese de concesiones, de (algún) cambio, de “aceptación y/o ventajas” (Gamson, 1990; ver también Giugni, 1998: 376), o de nueva legislación. No es con frecuencia que la situación abordada es aquella en la que las consecuencias son un vuelco completo del sistema político (ver, por ejemplo, Lanegram, 1995; Zuern, 2004).

Esto no necesariamente significa que las perspectivas desarrolladas en esos textos no sean útiles. Los análisis discuten asuntos que podrían ser muy relevantes para las situaciones de revuelta política combinada con preservación de la institucionalidad. Por ejemplo, Cress y Show (2000: 1098-1102) afirman que las propias características, estructuras y marco de orientación del movimiento proporcionan una causa más convincente para pronosticar los resultados (exitosos) que aquellas ofrecidas por las condiciones externas. Sin embargo, ellos añaden que no existe ningún factor de predicción singular: es la combinación de las características del movimiento con las condiciones externas la que, en último término, ayuda a explicar el logro de resultados. En el caso de Bolivia, como analizaremos más adelante, esto parece ser correcto: fue la fuerza de los movimientos para enmarcar sus demandas -a través del MAS- la que posibilitó que tanto las reivindicaciones étnicas como las socio-económicas y políticas pudieran amalgamarse. Sin embargo, esto funcionó únicamente en un contexto en el que la credibilidad del sistema estaba hecha añicos. En un escenario de polarización las diferencias entre los partidos establecidos se volvieron casi imperceptibles y, en todo caso, irrelevantes para mucha gente, por cuanto fueron identificados en conjunto con todo el espectro de daños sufridos por el pueblo (Salman, 2006, 2007). Al mismo tiempo, la emergente alternativa del MAS llegó a ser reconocida como la única opción que haría factible todas aquellas aspiraciones que habían estado bloqueadas por el sistema establecido (Cress y Snow, 2000: 1067; Córdova et al., 2009: 67).

De manera similar, Giugni (1998) y Gamson (1990; ver también McAdamet al., 2001) se concentraron más en los factores que ayudan a explicar el éxito antes que en los percances de los movimientos después que obtuvieran considerable éxito. Además, sus marcos de referencia tienen un valor limitado para el caso boliviano. Por ejemplo, el tema de centralización y unidad de un movimiento es, en el caso del MAS, un tema complicado que abordaremos más adelante. En cualquier caso, simplemente afirmar que el MAS se burocratizó, centralizó y unificó es poco apropiado. Giugni (1998) pone el acento en la necesidad de focalizar “las condiciones del entorno que encauzan sus resultados [los de los movimientos, TS]” (Ibíd.: 379), y no así en las propias características del movimiento.
Él subraya la importancia de la opinión pública y señala en ésta “el papel fundamental de los medios de comunicación” (Ibíd.: 380) y las estructuras de la oportunidad política. Reflexionando otra vez sobre el caso boliviano, estas sugerencias dan como resultado hallazgos contradictorios. Evidentemente, en la opinión pública, la credibilidad del viejo sistema de partidos políticos se debilitaba rápidamente desde finales de la década de 1990. Esto fue escasamente reflejado por la mayoría de medios en Bolivia: por el contrario, eran bastante hostiles a Morales y el MAS. En cuanto a la estructura de la oportunidad política, no hay duda que los “viejos” partidos se encontraban en desbande. Pero la “crisis amplia a nivel de sistema” (Ibíd.: 380), que es supuestamente un factor para el éxito de los movimientos, fue provocada en gran medida por estos mismos a través de sus incesantes movilizaciones de protesta. Finalmente, la revisión de Giugni de los posibles resultados de las acciones de movimientos sociales (inspirada por Gamson, 1990), que van desde una respuesta plena, la apropiación, la cooptación y el colapso (Giugni 1998: 382), no llega a considerar realmente la posibilidad de un derrocamiento completo de los “antiguos gobernantes”.

La razón para referirse a estas contribuciones, a pesar de que no llegan a abordar el análisis de los movimientos sociales “después de una victoria total”, es que considero que hay algo importante en sus propuestas, por ejemplo en torno a la historia de formación de movimientos. Después de todo, en ese momento, los movimientos ya tienen historias específicas que siguen informando sobre sus posiciones y destinos después del triunfo de su avanzada electoral, su ‘instrumento político’. Allí está otra vez el asunto del impacto relativo de los factores internos y externos. Sin duda ellos se retroalimentan mutuamente. Los factores externos tales como una posición de simpatía o antagonismo por parte de las autoridades, o una opinión pública o mediática de apoyo o indiferencia u hostil, o instituciones de gobierno débiles o fuertes, o las variaciones en las tácticas de la autoridad y los niveles de represión, o la presencia o ausencia de entidades mediadoras, sin duda tienen influencia en las características y los procesos del movimiento. Por otro lado, las características de los movimientos como el tipo de motivación de los participantes, la composición social, étnico y de género, la inclusividad, coherencia, simplicidad y cualidades retóricas del discurso de movilización, el grado de institucionalización y la disponibilidad para “tratar” con las autoridades y/u opositores, tienen influencia en las reacciones del mundo externo. Sin embargo, el asunto que a menudo se pasa por alto en el análisis sobre lo que sucede después de una victoria movimientista es el cambio de posición por el que pasa el partido unificador de los movimientos (o el ‘partido-movimiento’, o el representante titular) después de la victoria: de entidad demandante, cambia ahora a entidad ejecutora y a entidad gobernante-y ello restringe su espacio de maniobra y, por tanto, provocará tensiones con sus partes constitutivas-. En general, los pocos análisis de movimientos que llevaron a “su” partido al poder enfatizan que la relación se torna con frecuencia espinosa o al menos complicada (Bowie, 2005: 56-59; Valente, 2008; Osava, 2006). Si bien por un lado persiste cierta lealtad (también impulsada por la intuición de que las alternativas políticas conllevan a algo mucho peor), por otro lado surge cierta distancia provocada por las diferencias existentes entre los imperativos de las demandas de gobierno y aquellos relacionados con la promoción de sus intereses. Creo que éste es también el factor que produce que los movimientos enfrenten a menudo el peligro de ser cooptados (Stefanoni, 2007), y por tanto convertidos en inocuos, o terminen por inhibir a sí mismos sus acciones debido a su deseo de no desestabilizar al gobierno (Zegadaet al., 2008: 102). Pero la particular dinámica que caracteriza a la situación pos-triunfo electoral, y después de la división de los movimientos entre aquellos sectores que efectivamente asumirán el gobierno y los sectores cuya pretensión es continuar luchando por la causa, no ha sido abordada de un modo más sistemático.

En resumen, no obstante que la mayor parte de la literatura sobre los logros del movimiento se centra en los factores que influyen sobre estos resultados antes que en la situación posterior al triunfo, ésta contribuye bastante al colocar estos factores en el centro del escenario como antecedentes y trasfondo de la evolución que tales movimientos atraviesan después que sus aliados electorales o representantes titulares ganen. Además, el punto que más se elude fue que los indicios que señalaban la brecha creciente entre la rama gobernante y la rama de promoción de intereses propios del conjunto de movimientos sociales no fueron ocasionados únicamente por los problemas relacionados con la incapacidad de realizar todos los cambios de la noche a la mañana, sino también por el cambio en el rol y la posición de la rama gobernante. Puede que esta rama, después de asumir el poder, ya no se concentre únicamente en el contenido de los cambios, sino que tenga que prestar atención a los procedimientos. Cuanto más radicales y persistentes han sido las propuestas de los movimientos sobre el cambio institucional después del triunfo, tanto más probable es que la rama gobernante enfrente problemas para combinar su programa con sus obligaciones de gobierno y garantía de los derechos. Como observa muy bien Tapia (2009: 111), normalmente, “el estado es parte central en la articulación del orden social y su reproducción…”. Es por eso que el Estado, normalmente, defiende el orden, y los movimientos sociales lo cuestionan.    

En los siguientes dos acápites, que analizan lo sucedido en Bolivia, abordaré primero el surgimiento de los movimientos sociales bolivianos, y en este caso me referiré a la literatura que pretende explicar el triunfo mencionado anteriormente, y luego analizaré los dilemas del momento posterior al triunfo, refiriéndome a la tesis acerca de las consecuencias del cambio de posición de la rama gobernante de los movimientos.

El ascenso del MAS como partido-movimiento

Bolivia reconquistó la democracia en 1982. Después de un fugaz gobierno de izquierda que fue abrumado por la herencia de las dictaduras y una inflación galopante, una serie de coaliciones partidarias gobernaron a partir de 1985, compartiendo la idea básica de que el país necesitaba una “modernización”, o sea una reforma neoliberal. Esto significaba el fin de las “políticas de desarrollo nacional” que habían tenido lugar desde 1952. Se proponía entonces una Nueva Política Económica (NPE). La NPE consistía en la conocida receta de reducir el déficit fiscal, reformar el sistema monetario, achicar la burocracia estatal mediante despidos masivos, liberalizar los mercados e incentivar las exportaciones, principalmente de materias primas y cultivos agrícolas. Adicionalmente, se buscaba un sistema impositivo más eficiente. También implicaba una reestructuración de varias empresas estatales, es el caso de la Corporación Minera de Bolivia, que dio como resultado el despido masivo (conocido como “relocalización”) de 23 mil mineros. A partir de estos años, se estima que más del 65% de la fuerza laboral boliviana estuvo desocupada, sub-ocupada o con empleos informales (Tokman, 2007). Los sindicatos se debilitaron enormemente (Lucero, 2008; García Linera et al., 2008).

Si bien han existido varias coaliciones de gobierno, conformadas por diferentes partidos[4], hubo cierta consistencia en las políticas. Los resultados fueron, entre otros, un desigual y frágil crecimiento macroeconómico, pero también la persistencia de la pobreza, elevadas cifras de
desempleo y una falta de progreso sustancial en las áreas de salud y educación, con algunas excepciones. Más aun, durante estos años no llegó a darse un explícito debate público y político sobre el curso de las políticas económicas (Salman, 2006; McNeish, 2006). Las campañas electorales eran ambiguas y muchas veces manipuladas y, aunque en las elecciones generales no hubo fraude a gran escala, las acusaciones respecto a la utilización, por ejemplo, de fondos fiscales para las campañas de los partidos en función de gobierno eran frecuentes (Assies y Salman, 2003a, 2003b). Más aún, los programas y campañas de los partidos carecían muchas veces de algún esfuerzo por diferenciar al partido en cuanto a contenidos programáticos, de otras alternativas políticas.Las diferencias partidarias poco tenían que ver con posicionamientos respecto a políticas alternativas. Las campañas eran personalistas, clientelistas, corporativas y con frecuencia demagógicas. Tapia y Toranzo (2000: 30) criticaban a los partidos políticos del país por su fracaso como mediadores de la representación. Los partidos eran “vehículos electorales ideológicamente débiles” (Lucero, 2008: 12). Durante décadas, estas características de los partidos significaron que la gente dejó de comparar sus programas en términos de diferencias políticas y dejó de ver si estos programas podían estar cercanos a sus propios intereses y reivindicaciones (Latinobarómetro, 2004). En vez de ello, eran los movimientos sociales como, en ciertos casos, los sindicatos en proceso de recuperación, y movimientos sociales más recientes como ser: comités cívicos, federaciones de juntas vecinales, sindicatos campesinos, cocaleros, organizaciones de tipo étnico y otras, “las principales organizaciones en expresar los intereses de la sociedad” (Gamarra y Malloy, 1995 citado por Lucero, 2008: 42). A ello debería añadirse que la mayor parte de estos movimientos tenían vigencia en las tierras altas del occidente, donde los indígenas son una clara mayoría.

Desde fines de los años 1990, pero con mucha más fuerza entre 2000 y 2005, una innumerable serie de movilizaciones caracterizó la cotidianeidad del país (Crabtree, 2005; Mayorga, 2007). Estas movilizaciones, o enfrentamientos directos con el gobierno debido a la ausencia de otras alternativas creíbles de acceso a la política, delataban que, en último término, la “democracia”, a los ojos de muchos bolivianos, no era más que una farsa (Zuazo, 2010: 123). En estos años, los movimientos llegaron a encarnar poco a poco no sólo a la emergente protesta social contra una sociedad política “sin remedio”, sino a representar también unas “maquinarias de democratización de la sociedad” (Ibíd.: 19). En este sentido, fueron la respuesta a un sistema político excluyente (EjdesgaardJeppesen, 2006: 80) e inerme (Assies y Salman, 2003a; McNeish, 2006), además de incapaz y poco dispuesto a cambiar rutinas democráticas “petrificadas” y disfuncionales.

La promoción de los intereses colectivos y la ciudadanía de tipo corporativo han sido tradicionalmente importantes en Bolivia (García Linera et al., 2008: 14; Wanderley, 2007). García Linera et al. (2008: 14-16, ver también Dangl, 2009) afirman que, a partir de los años 1980, la tradición de promover el interés colectivo “funcional”, ilustrada por la otrora poderosa Central Obrera Boliviana, poco a poco cedió su lugar a rasgos más territoriales y culturales. Estos nuevos movimientos sociales asumieron paulatinamente el papel que habían jugado los antiguos sindicatos, y de ese modo expresaron la cambiada conformación socioeconómica y cultural de la sociedad boliviana en la que las identidades indígenas se volvieron cada vez más politizadas (Kruse, 2005; García Linera et al., 2008).

Entre los movimientos que surgieron en los años 1990, y terminaron de florecer entre los años 2000 y 2005 (Mayorga y Córdova, 2008), están el movimiento de los cocaleros (Coca Trópico), las federaciones de juntas de vecinos (FEJUVE) en varias ciudades como El Alto, la Coordinadora de Defensa del Agua en Cochabamba y en otras ciudades, los campesinos que migraron en busca de nuevas tierras en la parte oriental del país (la Confederación de Colonizadores), los mineros organizados tanto en cooperativas como en su condición de asalariados, los movimientos indígenas como el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y el Movimiento Sin Tierra (MST). Lo indígena también obtuvo prominencia en su imbricación de lo campesino con lo étnico, como en la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y su contraparte femenina, la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, o al replicarse a nivel de su organización local como en los sindicatos o ayllus. Más todavía, hubo movilizaciones de sindicatos de transportistas, profesores, trabajadores de salud, estudiantes, jubilados, gremiales, organizaciones opuestas a los tratados de libre comercio u otras consecuencias de los procesos de globalización (Mayorga y Córdova, 2008) y muchos otros. No todos ellos fueron movimientos sociales consolidados, y había mucha yuxtaposición entre todas estas iniciativas. Sin embargo, se trataba de protestas masivas.

Poco a poco las protestas apuntaban a una alternativa global a la desastrosa herencia democrática “liberal”. Por tanto, los movimientos empezaron a articular la demanda de un cambio de gran alcance en el sistema democrático, aunque no se pretendía una abrogación de los derechos y libertades que ofrecía este sistema. La memoria de la época dictatorial era un fuerte incentivo para esta adhesión a las libertades ligadas a la democracia. De hecho, la dura crítica a la democracia existente se combinaba con el orgullo de haberla reconquistado a comienzos de 1980 y con la autoidentificación como país democrático. Con el transcurso del tiempo, muchos de estos movimientos llegaron a sentirse representados, en forma más estrecha o de modo más indirecto, por el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido-movimiento que llevó al poder a Evo Morales en diciembre de 2005.

Fueron los cocaleros, encabezados por su líder Evo Morales, los que llevaron la delantera en la construcción de un partido político a partir de los movimientos, inicialmente sobre todo del campo (Zuazo, 2010). Según Zegadaet al. (2008: 88-91), aparte de los cocaleros, son la CSUTCB, la CIDOB, la Confederación de Colonizadores y la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa las organizaciones que fueron integradas orgánicamente en el aparato del MAS. Los autores hablan de una “simbiosis” y una cooptación de los líderes de estos movimientos (Ibíd.: 88-90), aunque añaden que aquello no significa que éstos sean un bloque monolítico. No obstante, efectivamente significa que los líderes de estos movimientos eran muy cercanos a Morales y participaban en la toma de decisiones estratégicas y tácticas.


 

Un segundo y más amplio círculo de movimientos está conformado por aquellos cercanos e incluso vinculados al MAS, pero que no forman parte de los circuitos de toma de decisiones. Este incluye, entre otros, a la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de la ciudad de El Alto y a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) que agrupa a los mineros asalariados. Su papel consistía en convocar a sus afiliados a movilizarse a favor del MAS, a suministrar a un considerable número de parlamentarios tanto para las elecciones de 2002 como para las de 2005 y 2009; además, ellos ejercían “un apoyo crítico que no genera conflictos al gobierno” (Zegadaet al., 2008: 92). Sin embargo, una señal de la posición algo más independiente de estos movimientos fue que, cuando el dirigente de la FEJUVE de El Alto (Abel Mamani) fue designado como ministro en el primer gabinete de Morales (en el Ministerio del Agua, un ministerio de corta vida), FEJUVE declaró inmediatamente que Mamani no los representaba como movimiento (Ibíd.: 94).

Un tercer círculo, más amplio, incluye a los movimientos que apoyan, en términos generales, el proyecto de cambio del MAS. Pero ellos son más radicales en sus posiciones izquierdistas o indigenistas, o bien celosos de su autonomía. Ellos no quieren formar parte de los círculos de gobierno o “el oficialismo”. Se podría incluir en este círculo, entre otros, a la filial local de la COB, la Central Obrera Regional (COR) de la ciudad de El Alto, y al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), una agrupación bastante radical de organizaciones y asociaciones indígenas locales. Convencidos de que “generar conflictos para el gobierno sería desventajoso para los propios intereses de los sectores populares” (Ibíd.: 96), durante años estos movimientos se han abstenido de movilizaciones en contra del gobierno del MAS, aunque han expresado sus críticas de manera pública.

Entonces -es decir antes de diciembre de 2005- el MAS evolucionaba como partido-movimiento. Logró convencer a muchos movimientos debido a que combinó los términos socioeconómicos y de clase con un marco étnico. Produjo una síntesis de inspiración nacional-popular, izquierdismo marxista e indigenista[5]. Representaba a “lo popular” y “lo indígena”, a todos aquellos que sufrían las consecuencias de las políticas de “las elites, los imperialistas, los neoliberales, los vendepatrias”. Por tanto, surgió un contra-discurso que subrayaba las formas alternativas de pensar y gobernar de las tradiciones indígenas, la continuada exclusión de las voces indígenas en posiciones de poder reales, la indiferencia hacia el drama de los pobres y el carácter blanco-mestizo del neoliberalismo, es decir, la idea de que el neoliberalismo representaba en cierta forma al mundo occidental. Se trataba de un discurso que tal vez no tenía “claras en definitiva las fronteras ideológicas” pero que “se cohesiona en momentos de alta confrontación con el gobierno” (Zegadaet al., 2008: 56-57). Adicionalmente, una actitud oscilante respecto a la “democracia formal” se volvió evidente en estos movimientos: no salir en su defensa pero apreciar sus beneficios y libertades, criticándola al mismo tiempo por su sello occidental y por sus escasos canales de participación política.

En el desacuerdo entre Giugni (1998) y Cress y Snow (2000) respecto a si las características del movimiento o las condiciones del entorno contribuyen más a los resultados de los movimientos, la historia del fortalecimiento del MAS sugiere que ninguna de ellas sería completamente correcta: pareciera que fuera más bien la dialéctica entre las dos la que ayudaría a explicar la fortuna de los movimientos y del MAS. El MAS no necesitó un discurso coherente y único para convertirse en una alternativa electoral convincente, debido a que el adversario se encontraba en medio de un proceso de desbande y había quedado descalificado como la “pandilla” responsable del desastre y falta de respuestas. El MAS necesitaba alguna ambigüedad en su discurso a fin de volverse una autoridad para todos estos movimientos y demandas muy diferentes (Rubin, 1998). El MAS necesitaba también un vínculo “orgánico” con todo el espectro de movimientos para poder cumplir su rol como instancia de síntesis. Pero sólo podía florecer gracias a la posición de fuerza del conjunto de movimientos sociales.

En 2005, finalmente, la decisión fue tomada por los viejos líderes partidarios de abandonar los partidos viejos y reemplazarlos por un nuevo frente “unificado” para resistir la creciente popularidad de Morales. En 2005, este intento resultó ser tardío.

El principal asunto teórico que planteamos, sin embargo, fue aquel de la escisión que incluso creemos que debería ocurrir si la victoria de los movimientos es acompañada por la continuidad institucional democrática y, consecuentemente, por la obligación de respetar las normas democráticas que tiene la rama gobernante de estos movimientos. En tales casos, más allá de los obstáculos técnicos, materiales y políticos para concretar todos los cambios que fueron demandados anteriormente, está el obstáculo clave de la nueva posición en la que se encontrará la entidad gobernante: como tal, tendrá que respetar los procedimientos y normas, incluso en sus esfuerzos por sacar adelante los cambios propuestos lo más rápido posible. Los componentes no-gubernamentales del conjunto de movimientos no querrán, debido a su posición, enterarse mucho de este dilema.

Después del giro revolucionario: los movimientos sociales y el MAS

En diciembre de 2005, el MAS obtuvo una victoria por mayoría con el 54% y, desde inicios de 2006, es el partido de gobierno en Bolivia. Durante su primer período, hasta fines de 2009, tuvo que lidiar con una oposición mayoritaria en el Senado, pese a contar con la mayoría en la cámara de representantes. En su primer periodo, las medidas de cambio más importantes fueron la nacionalización de las enormes reservas de gas natural y otros recursos naturales estratégicos e industrias, una nueva Constitución pro-indígena y una serie de medidas de mitigación de la pobreza.

En las elecciones de diciembre de 2009, el MAS ganó con 64% de los votos, lo que, después de la asignación de escaños parlamentarios, lo llevó a una abrumadora mayoría de dos tercios en ambas cámaras de la Asamblea Plurinacional. Pero el cambio en el panorama de los movimientos sociales en Bolivia se presentó por supuesto desde los primeros meses de 2006 (Alto, 2006). La constelación emergente resultó presentar problemas completamente nuevos: si hasta 2005, los movimientos habían sido la manifestación de la ruptura de relaciones entre el Estado y la sociedad civil (García Linera et al., 2008; Salman, 2006, 2007) y un modelo incipiente de alternativas que terminaron por encarnar en el MAS, ahora se habían convertido repentinamente, de cierta forma, en el gobierno mismo (Cuba Rojas, 2006). Pero como vemos, “las relaciones entre el Estado y las organizaciones sociales se desenvuelven en un terreno pantanoso” (Stefanoni, 2007: 54). Sin embargo, antes de analizar el curso de la relación entre el MAS y los movimientos sociales que lo respaldaban, necesitamos primero brindar algunos antecedentes sobre el nuevo panorama político en Bolivia.

Inmediatamente después de inaugurarse el gobierno de Morales, surgieron nuevos movimientos sociales. Los movimientos pro-MAS tenían su plaza fuerte en el altiplano y la parte occidental indígena del país. Cuando su marco crecientemente “étnico” se volvió política de Estado, esto desencadenó una reacción en las tierras bajas orientales, donde las fuerzas conservadoras crearon un contra-movimiento regional, de derecha y crecientemente anti-indígena, construido sobre la base de un arraigado regionalismo de décadas (Soruco, Plata y Medeiros, 2008; Zegadaet al., 2008: 170; Roca, 2008; Paz Patiño et al., 2009). El Oriente llegó a ser conocido como la “media luna” debido a su forma geográfica (abarcaba los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija). La polarización entre el nuevo gobierno central y la “media luna” alcanzó su ápice en 2008, cuando los ataques violentos contra los seguidores del MAS en las principales ciudades de estos departamentos se volvieron frecuentes, mientras que los masistas hacían su parte contra las manifestaciones de la oposición en “su” territorio. El punto más dramático ocurrió en septiembre de 2008 con un ataque armado a una caravana de campesinos pro-MAS en el departamento de Pando, donde más de 10 personas fueron victimadas.

Es en estos departamentos que se ha encontrado las principales reservas de gas natural, y algunos empresarios regionales tuvieron éxito en movilizar a los departamentos por una mayor “autonomía”, aunque según muchos se trataba de una máscara para encubrir una contra-estrategia con el objetivo de alcanzar acuerdos regionales antes que nacionales con las empresas transnacionales interesadas en explotar el gas, además de preservar los privilegios de las elites tradicionales (Kohl y Farthing, 2006: 185; Sorucoet al., 2008; Zegadaet al., 2008: 173-176; Assies, 2006; Spronk y Webber, 2007: 37). Se agruparon en torno a los comités cívicos de los departamentos y sus principales ciudades. Entre los años 2006 y 2009, tuvieron un poder de movilización considerable. La mayoría de analistas concuerda que entre los motivos de los autonomistas habían rasgos de racismo y muchos condenaron las manifestaciones de violencia que hubieron durante sus movilizaciones (Sorucoet al., 2008; Assies 2006)[6]. Pero cabe añadir que las expresiones de racismo también fueron condenadas dentro de los departamentos en cuestión, y que los seguidores del MAS tampoco fueron muy correctos en sus expresiones.

Lo cierto es que un verdadero grupo de movimientos sociales anti-gubernamentales surgió en la parte oriental del país después que el MAS asumió el gobierno. Sorprendentemente, en la mayoría de publicaciones sobre los “movimientos sociales en Bolivia”, incluso las más recientes, estos movimientos no son siquiera mencionados (Dangl, 2009; Mayorga y Córdova, 2008; García Linera et al., 2008) siendo una excepción Zegadaet al. (2008: 169-178), y la importante contribución de Peña (2009). De cualquier manera, ellos provocaron reacciones contrarias de los movimientos pro-MAS que a veces se sorprendían de que el gobierno no los apoyara de modo incondicional en sus iniciativas -algo que sólo puede explicarse por la obligación que tiene el gobierno de tolerar también a sus detractores-. A los movimientos les era difícil entender que el MAS no reaccionara simplemente “como un movimiento” a los desafíos a su autoridad.

Esta evolución puede explicarse en parte -y se trata de un segundo rasgo importante de contexto- por una “maniobra semántica” notable del gobierno del MAS. Evo, el MAS y, posteriormente, también los medios, incluso la oposición, empezaron a referirse a “los movimientos sociales” como si fueran una entidad claramente identificable y abordable: el agrupamiento de movimientos que apoyan al nuevo gobierno. En Bolivia fue, en estos años, muy común escuchar decir a Evo Morales “pediré a los movimientos sociales apoyar a la nueva Constitución” (por ejemplo en el periódico Últimas Noticias, 22 de agosto de 2008), o bien escuchar a un periodista crítico decir “los movimientos sociales han secuestrado al gobierno de Evo” (periódico La Prensa, 10 de noviembre de 2009), u oír a la oposición decir que los movimientos sociales son el brazo fuerte de Evo (ver la revista quincenal Nueva Crónica 44, julio de 2009: 4-5) y escuchar al vocero de algún movimiento decir “nosotros, los movimientos sociales, vigilaremos de cerca el actual proceso” (La Prensa, 6 de marzo de 2009, 13 de agosto de 2009).

El sector de movimientos sociales que respaldan la victoria de Evo Morales pareciera haber obtenido cierto tipo de personalidad legal como grupo, monopolizando el título de “los movimientos sociales”. Los movimientos sociales se han vuelto así una entidad muy peculiar en los discursos tanto del gobierno como de la oposición: son actualmente un protagonista político con nombre y apellido, al que se dirigen de modo explícito y directo otros protagonistas políticos, como si fueran un interlocutor plenamente legítimo en política. En la nueva Constitución, aprobada en enero de 2009 mediante un referendo, incluso se ha formulado un rol explícito y legal para los movimientos sociales. En el título VI, artículo 241, apartado 2, está establecido que “la sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado”. Los movimientos sociales no sólo están aquí reconocidos como legítimos defensores de los intereses de sus bases, sino que están integrados de tal modo en la generación de la legislación y los asuntos del Estado que se los convierte casi en parte de la institucionalidad estatal. Adicionalmente, el gobierno creó el Consejo Nacional para el Cambio (CONALCAM) en el que supuestamente todos los movimientos nacionales que apoyan al gobierno se unieron para garantizar la posición oficialista. Esto podría llevar a creer que la relación entre los movimientos y el MAS, en tanto gobierno, es tan fluida como lo fue, en términos generales, antes de 2005, y que son tan parte del gobierno como lo es el MAS.

Pero esta idea descuida el hecho de que la posición de ambos es ahora completamente diferente. En el presente, el MAS es gobierno. Como tal, por supuesto que continuará luchando por sus ideales. Pero además, necesita “manejar” el país, necesita gobernar y dar continuidad a todos los asuntos de Estado y, por último, aunque no menos importante, necesita preservar y vigilar la democracia y las libertades y derechos de todos los ciudadanos bolivianos. Esto limita inevitablemente su libertad de actuar como lo hacía antes como movimiento social sin otras preocupaciones. Para los movimientos sociales que están detrás del MAS, como lo han sugerido varios autores (Tarrow, 1998; Álvarez, Dagnino y Escobar, 1999; Foweraker, 1995) en cambio, es simplemente “natural” que ellos continúen actuando por su propia cuenta, definiendo su propia estrategia y movilizándose cuando ellos mismos lo consideren oportuno. Pero su génesis y posición peculiar en Bolivia, además de la estrategia del gobierno, hacen que ésto sea difícil. Ellos fueron uno de los vehículos importantes para la llegada al poder de Morales y, hoy en día, son considerados por el gobierno como los aliados orgánicos de la “revolución” que Evo encarna (Zegadaet al., 2008; García Linera et al., 2008). Su independencia durante los años de las movilizaciones -lo que los volvía colaboradores naturales de las ambiciones políticas del MAS aunque todavía autónomos en sus decisiones- se ha dado la vuelta y, desde la perspectiva del gobierno, los convierte en defensores de lo que se ha logrado hasta el presente. Pero como “defensores”, pierden simultáneamente su posición independiente porque terminan siendo partes componentes del oficialismo, dejando así de cumplir uno de los “requisitos” para calificar como movimientos sociales; mientras paradójicamente al mismo tiempo son, de cierto modo, oficialmente nombrados y declarados “los movimientos sociales” de Bolivia. “[E]l derecho a la participación se restringe a los sectores organizados, que para ser tales deben estar reconocidos por el Estado” (Zuazo, 2010: 134). Esto podría diagnosticarse como una “subordinación de los movimientos sociales al Estado” (Zegadaet al., 2008: 72-100). Y parece dudoso que tal situación favorezca el libre debate interno y la democracia al interior de los movimientos sociales, lo que también, según muchos estudiosos, debería ser una característica de un “auténtico movimiento social”.

Esa no es, sin embargo, toda la historia. Si bien la oposición acusa al gobierno de instruir y dirigir a “los” movimientos sociales, particularmente cuando se encendieron protestas contra las políticas de Morales en la “media luna”, en defensa  del actual gobierno, incluso recurriendo a la fuerza en caso de necesidad[7], al mismo tiempo, estos movimientos no dudan en presionar a Morales para que mantenga sus promesas (Zegadaet al., 2008: 95-99) para que retire ciertas medidas, e incluso lo amenazan de que “podría sufrir el mismo destino que su predecesor”, obligado a renunciar en junio de 2005[8]. Los movimientos sociales seguidores del MAS también encarnan, por lo tanto, aquel impulso que les es natural: sin preocuparse de los problemas y responsabilidades del gobierno, presionan por sus causas.

Existen distintos tipos de tensiones. En varias ocasiones, los movimientos se movilizaron para defender los intereses de grupo específicos, tal el caso de los cooperativistas mineros que, en determinado momento, se enfrentaron violentamente con los mineros asalariados, siendo ambos declaradamente pro-Morales. Aquí el MAS tuvo que mediar y, por lo tanto, renunciar a la “simplicidad” de luchar por “la causa obvia”. Algo parecido ocurrió en varios casos en que grupos de mineros independientes eran echados de sus socavones por comunarios, reivindicando éstos su autonomía territorial (uno de los temas “propagandizados” por el MAS), o cuando importadores/vendedores de ropa usada traída desde USA chocaban con los propietarios o trabajadores de los talleres donde se produce la ropa nacional -a quienes el gobierno finalmente decidió apoyar en mayo de 2009. Aquí también el MAS se encontró en una situación en la que vio como su deber mediar, mantener la paz y, finalmente, decidir a favor de uno u otro teniendo en mente “el interés nacional”: precisamente, aquella situación que un movimiento social nunca encara. En 2009, 2010 y 2011 hubo tensiones entre transportistas y comités cívicos y la población urbana en general, sobre alzas en tarifas de transporte, y comerciantes urbanos protestaron contra la entidad estatal EMAPA (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos) de provisión de alimentos y estímulo productivo, por considerarla un “competencia desigual”. En todos estos casos, fueron segmentos de la población por lo general pro-MAS, quienes se enfrentaron entre ellos. Este es, entonces, un primer aspecto del cambio de la relación entre gobierno y movimientos sociales: el gobierno en el rol de mediador o árbitro, para resolver problemas dentro de la gama de los movimientos.

Hay otros aspectos. El gabinete de Morales fue cuestionado por “los movimientos sociales” a comienzos de 2006, y nuevamente entre marzo y abril de 2009, debido a que no incluía a suficientes ministros indígenas[9]. Se puede argüir que el MAS había decidido, en varios casos, optar por la experiencia y conocimientos por encima de la afinidad y lealtad étnica o de movimiento, algo que probablemente no habría hecho cuando todavía era un movimiento social reivindicando la emancipación indígena. La relación entre el MAS como gobierno y los movimientos sociales, en particular aquellos con una fuerte identidad étnica, resultó entonces ser más compleja que una simple simbiosis (Stefanoni, 2007: 49). El MAS optó por “capacidad de gestión” por encima de su obligación moral de favorecer a “sus” movimientos indígenas. Y a esto hay que añadir que justamente la “capacidad de gestión” fue un tema muy criticado en el gobierno del MAS, tanto por la oposición como por los movimientos pro-MAS.

Después vienen temas que tienen que ver con discrepancias sobre qué medidas o propuestas serían las óptimas, en distintos terrenos. Por ejemplo, a principios de 2008, la COB se movilizó en contra del nuevo proyecto de ley de pensiones, porque no estaba de acuerdo con su forma de financiamiento (a ser cubierto a partir de los recursos naturales nacionales antes que de los empleadores) y tampoco con la extensión de los derechos de pensión a los trabajadores informales, al interpretar la propuesta como un debilitamiento de los derechos exclusivos a las rentas de pensión para los trabajadores formales y organizados sindicalmente. Aquí, el MAS optó por una posición que consideraba preferible en apoyo a los intereses nacionales desde su punto de vista (Stefanoni, 2007: 55), en vez de una posición que habría sido más lógica en términos de satisfacer las demandas de un movimiento “amigo”. La COB (sin el respaldo de la
CSUTCB) desafió otra vez al gobierno del MAS en mayo de 2010, cuando se movilizó en oposición al incremento salarial del 5% propuesto por el gobierno. La COB demandó incrementos considerablemente mayores, convocó a una marcha hacia La Paz, y Morales abiertamente exigió “responsabilidad” a los trabajadores del país. Una figura similar se presentó a inicios de 2011, cuando otra vez la COB y varios otros gremios rechazaron la propuesta gubernamental sobre el alza de salarios. Asimismo, el alza en los precios de los alimentos y el retraso en las medidas de redistribución de la tierra desencadenaron manifestaciones de protesta, las mismas que fueron acerbamente criticadas por otros seguidores de Morales, temiendo el debilitamiento de su posición, sobre todo cuando tales protestas
coincidían con las tácticas de “sabotaje” llevadas a cabo por la oposición. Todas estas manifestaciones de protesta fueron realizadas por grupos relativamente pobres, frecuentemente indígenas y normalmente bien organizados; es decir por movimientos sociales. Y no siempre cedió el MAS: se preocupaba obviamente por su imagen de ser “ecuánime”, de respetar los intereses de las propiedades y las empresas privadas, y de respetar la ley y tener en mente los intereses nacionales (o de “otros amigos”) por encima de demandas particulares. En términos generales, por supuesto, los movimientos pertenecientes al primer y segundo círculo anteriormente mencionados se movilizaron menos que aquellos pertenecientes al tercer círculo, y que los de la oposición. Con todo, surgió claramente un distanciamiento entre la lógica de los “movimientos sociales normales” y el previamente movimiento social ahora en función de gobierno.

La ambivalencia del MAS hace que varios movimientos oscilen entre ser aliados y opositores. Su posición depende de temas concretos, hechos específicos e incertidumbres tácticas. Según comentarios en la prensa, la inclinación a, “por principio”, considerarse aliados del gobierno, disminuyó considerablemente en 2011. Esto implica que surgió un distanciamiento entre la lógica de los ahora gobernantes movimientos sociales y los movimientos que no necesitan preocuparse de las responsabilidades ligadas al gobierno o simplemente estánendesacuerdo con las medidas tomadas.

Estos resultados ambivalentes demuestran la situación inestable en que los movimientos sociales se encuentran hoy en Bolivia. Resumiendo las características de tres actores principales, concluimos que los movimientos que se oponen al gobierno, concentrados principalmente en el Oriente del país, son los que más cerca llegan a lo que podría esperarse de movimientos sociales: ellos formulan sus diferencias respecto a las medidas gubernamentales, sus identidades, sus discursos, y se movilizan. Son movimientos sociales haciendo lo que uno supone que harían. Se oponen al actual gobierno, luchan por sus visiones e intereses, y les es indiferente la gobernabilidad o su cuota parte en el resguardo de la democracia, el estado de derecho y el cumplimiento de los procedimientos y las estipulaciones legales. Sin embargo, su poder de movilización en los años 2009 y 2010 se debilitó considerablemente.

El segundo actor, los movimientos que apoyan a Morales, demostraron que en parte están dispuestos a ayudar a aplastar, de modo violento si fuera necesario, las manifestaciones de la oposición, y se mostraban asombrados si el gobierno no los apoyaba ni facilitaba sus acciones. Pero en momentos más tranquilos, ellos y los otros movimientos más moderados o menos apegados al MAS, han oscilado entre el apoyo y la protesta incidental o regular. La mayor parte de los movimientos se identifican con el actual gobierno y sus políticas (aunque muchos dirán que esta identificación disminuyó en 2011), pero ello no quiere decir que siempre estén de acuerdo.

Por último, en sus discursos y también en muchas de sus acciones y medidas, el MAS continúa luchando por sus ideas e ideales, aquellos que comparte con sus movimientos sociales de apoyo, aunque varios movimientos sociales también dirán que el MAS se equivoca. No obstante, el MAS también trata de cooptar a estos movimientos y se siente muy descontento cuando no logra hacerlo. Le cuesta garantizar los derechos de sus opositores, sus antiguos adversarios que estaban en función de gobierno en otro tiempo, pero tiene que hacerlo. Tiene que respetar las normas, la legislación, las instituciones. Tiene que manejar el Estado y el país. Y según comentaristas, a veces, a través de intervenciones en el ámbito jurídico o a través de otras medidas, no respeta debidamente la institucionalidad estatal “liberal”.

A manera de conclusión

En las publicaciones que reflexionan sobre cuestiones de los movimientos sociales y sus triunfos, la mayor parte de la atención se ha concentrado hasta ahora en los factores que explican estos triunfos. Se distingue cierta controversia entre los autores que subrayan los factores de situación y entorno, y aquellos que enfatizan la importancia de las características intrínsecas de los movimientos y/o sus mutuas alianzas. La reconstrucción del caso del surgimiento en Bolivia de un espectro de movimientos sociales y su aglutinación en el MAS sugiere que el factor clave es la interacción entre estas dos dimensiones. El MAS evolucionó de la forma en que lo hizo tanto debido a las condiciones económicas, sociales y políticas que vivió el país, debido a sus decisiones estratégicas influenciadas por los movimientos constitutivos, pero también gracias a su éxito en postularse como una alternativa creíble frente al sistema de partidos políticos en bancarrota.

En los debates más teóricos, sin embargo, poca atención se ha dado a las situaciones en las que efectivamente el éxito se materializó plena o casi plenamente. Los únicos casos analizados fueron aquellos en los que una victoria militar resultó ser un completo aniquilamiento y reconstrucción de la institucionalidad estatal, tal como ocurrió en Irán, Nicaragua y Zimbabwe. Una atención al reestablecimiento concreto de las relaciones entre movimientos sociales y el nuevo gobierno, supuestamente respaldado por estos movimientos, sólo fue central, sin embargo, en casos como el sudafricano. En este caso se dio la mayor importancia a las fuertes críticas que recibió el primer gobierno del Congreso Nacional Africano por haber otorgado una mayor prioridad al crecimiento económico y a la “salud” monetaria que a la deuda social desatendida desde mucho tiempo atrás (Weeks, 1999) y se dio importancia al distanciamiento creciente entre los funcionarios del partido y los militantes de base (Lanegram, 1995; Zuern, 2004). No se ha dedicado muchos estudios a situaciones en que el partido representante de los movimientos sociales se volvió la fuerza hegemónica y gobernante, y cómo esto afecta a la relación entre este representante y la gama de movimientos -¿menos autónomos ahora?-que lo apoyan.

El caso boliviano sugiere que la característica más importante de una configuración semejante es un cierto grado de división entre la entidad gobernante y los movimientos, no sólo debido a la “moderación” de la primera, sino a que su cambio de posición hace que inevitablemente se distancie de la lógica de los movimientos sociales. Hay una diferencia “intrínseca” entre gobierno y movimientos sociales, no importa cuán parecidas puedan ser sus posiciones político-ideológicas. Esta diferencia conducirá, en todos los casos, a cierta incomprensión de los movimientos sociales respecto a las consideraciones y decisiones de su gobierno y, en muchos casos, llevará también a una actitud de gobierno que pretenda cooptar y mantener la plena lealtad de los movimientos, y simultáneamente a un dilema entre priorizar la satisfacción del pliego petitorio de los movimientos o su status como un gobierno más “estatal”, a pesar de su pasado de insubordinación.

Adicionalmente, parece plausible que tal situación conducirá siempre a cierta inseguridad para los movimientos sociales que apoyan al nuevo gobierno. Por un lado, se trata de su gobierno: ellos lo llevaron allí y él tiene que hacer lo acordado. Por otro lado, el gobierno tiene que ser un gobierno para todos: que es árbitro cuando “sus” movimientos pelean entre ellos, que trate a todos los ciudadanos por igual, y respete las normas generales o “universales”. Tiene que otorgar tanto espacio a las manifestaciones callejeras de la oposición como a las organizadas por los movimientos que lo apoyan. Esto es algo que desde la perspectiva de los movimientos “pro” es difícil de entender. De cualquier modo, es inherente al cambio que afecta al exitoso movimiento “emisario”, en nuestro caso el MAS, particularmente cuando la institucionalidad democrática es sostenida e incluso defendida por todos los partidos. Barrios (2008: 127-128) nos recuerda que cualquier democracia madura necesita distinguir entre, por un lado, la participación democrática y, por el otro, el estado de derecho y los ámbitos estatales más “apolíticos”, una “clara separación entre el aspecto de pesos y contrapesos del Estado liberal y el componente democrático” (Ibíd.). A los movimientos de apoyo, por su posición y “naturaleza”, se les hace difícil apreciar esto, particularmente cuando el “emisario” continúa utilizando en sus discursos las expresiones vernáculas del movimiento de protesta, como lo hace MAS en el caso boliviano. Pero, en tanto sistema político, tiene que hacer dos cosas a veces contradictorias: tiene que concretar un programa político y, en este cometido, encuentra a una multitud de movimientos sociales a su lado. Pero también tiene que mantener y sostener al “Estado”, y como tal es propenso a garantizar un trato igual a todos los ciudadanos y sus manifestaciones.

Si bien la mayor parte de los observadores (como la OEA y Human RightsWatch) concuerdan en que el gobierno de Morales cumplió, en términos generales, con su responsabilidad de actuar de modo “estatal” y “digno”, también ha sido blanco de ataque desde la oposición con cargos de autoritarismo, patrimonialismo, politización de la justicia y nepotismo. Además, fue acusado de debilitar la institucionalidad democrática. Entonces, emergió la pregunta: ¿Cuándo es que una forma de democracia radical, altamente participativa, descentralizada, comunal y “directa” (como lo quieren muchos movimientos) empieza a amenazar el equilibrio institucional, e incluso la idea de igualdad en términos de oportunidades de
acceso a la toma de decisiones, y en términos de las garantías ciudadanas? ¿Cuándo comienza a vulnerar la idea misma del Estado, debido a que se ve a este último como algo a ser “capturado” (Ibíd.: 129), “un espacio que puede ser uniformemente tomado, sin una consideración apropiada de cómo ello podría afectar su dinámica y funciones más especializadas”? (Ibíd.: 132). ¿Y cuándo esto empieza a sofocar el espacio que la sociedad necesita (y el Estado debiera garantizar) para deliberar, para buscar identidades y para manifestarse?

Bolivia se encuentra todavía en el proceso de construcción del necesario equilibrio. Los intentos del MAS por comportarse de modo “institucional” se complican con su agenda política y con los movimientos sociales que la apoyan o la desafían. La evaluación del éxito del gobierno es difícil, debido a que la postura política hacia el actual gobierno muchas veces prevalecerá en las opiniones de la gente. Sin embargo, según un estudio del PNUD (AranibarArze, 2008), la confianza en la democracia y su legitimidad en Bolivia aumentó desde que Morales asumió el poder. Comparte dicha opinión el director del Latinobarómetro[10] y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos[11]. No obstante, la crítica persiste (Molina, 2007).

La situación de Bolivia es, por supuesto, única. No lo es, sin embargo, el tipo de problemas y dilemas que surgen en el país después que el MAS, representando a los movimientos sociales radicalmente desafiantes, obtuviera una victoria electoral mayoritaria por dos veces consecutivas. Cualquier transición acompañada de continuidad institucional pondrá a la entidad que asume el poder en una incertidumbre entre su identidad de movimiento y sus obligaciones de gobierno, conducirá a enojos entre el emisario gubernamental y los movimientos, producirá inseguridad para estos movimientos y empujará al centro del escenario a los agrios debates respecto a la democracia, el estado de derecho y los derechos de los vencidos.


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[1] Antropólogo, trabaja en la Universidad Libre de Amsterdam, Países Bajos. Correo electrónico: a.j.salman@vu.nl

[2]Este artículo es una revisión en profundidad y actualización de un texto que aparecerá en la revista chilena Persona y sociedad XXV/1. El autor agradece a Hernando Calla por la traducción, y al Consejo editorial y los lectores anónimos de T’inkazos por sus valiosos comentarios a una versión anterior.

[3]Este artículo fue escrito antes de los acontecimientos de diciembre de 2010 conocidos como “el gasolinazo” y los de marzo y abril de 2011, pero fue ligeramente actualizado. En el primer caso, mediante decreto el gobierno incrementó sustancialmente los precios de la gasolina y el diesel para terminar con la práctica de subsidios a combustibles y con el contrabando hacia países vecinos. Tras sendas protestas, fue abrogado. Fue una muestra de cómo el MAS no logró tener un control total sobre los movimientos sociales: si bien estos apoyan al gobierno, en general, no han dudado en rechazar algunas medidas impopulares, pese a que sus líderes les pidieron un esfuerzo “por el bien del país”. En la prensa nacional, el gasolinazo ha sido considerado como un “error mayor” que le costó al gobierno no solamente apoyo en términos estadísticos, sino también el goodwill de muchos movimientos sociales. Las protestas de marzo y abril de 2011 fueron protagonizadas por la Central Obrera Boliviana (COB), lo que llevó a especulaciones sobre el resurgimiento de esta entidad. A pesar de que el texto fue concebido antes de estos sucesos, espero que el análisis siga siendo válido.

[4]Los tres partidos principales eran Acción Democrática Nacionalista (ADN), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR). ADN era un partido de derecha fundado por el General Hugo Banzer después de renunciar a su presidencia dictatorial. El Movimiento Nacionalista Revolucionario fue el partido responsable de la Revolución de 1952, la misma que dio formalmente fin a los gobiernos aristocráticos basados en la discriminación étnica en el país. Por último, el MIR, fue originalmente una fracción izquierdista del Partido Demócrata Cristiano, pero más tarde se volvió una máquina electoral oportunista y muy corrupta.

[5]Se ha observado que, cuando el MAS entró más al ambiente urbano, una tensión emergió porque la adhesión urbana fue más individual, lo que sugiere otra estructura partidaria. En esta interpretación, el MAS resolvió el asunto a través del caudillismo (Zuazo, 2010: 126-128).

 [6]En Bolivia existe desde hace mucho tiempo cierta animosidad tradicional entre las poblaciones (mayoritarias) de las tierras altas del occidente y las de las tierras bajas orientales, es decir entre “collas” y “cambas”, sobre la base de supuestas diferencias físicas, de origen étnico y de comportamiento (Sorucoet al., 2008; Roca, 2008; Barragán, 2008; Paz Patiño et al.,2009). A partir del acceso al poder de Evo Morales, la oposición colla-camba adquirió una nueva intensidad retórica que ha polarizado al país.

[7]Ver La historia paralela, ‘internacional’, 1 de enero de 2007, www.lahistoriaparalela.com.ar

 [8]Ver www.mrzine.monthlyreview.org/eb050206.html, 5 de febrero de 2006.

[9]En IAR-Noticias, 24 de enero de 2006, ver www.iarnoticias.com

[10]Ver http://www.infolatam.com/entrada/latinobarometro_la_opinion _sobre_la_demo-10110.html, 2008.

 [11]En marzo 2010, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se mostró también optimista, con algunos matices, sobre el curso de los acontecimientos en Bolivia (ver La Prensa, 25 de marzo de 2010).

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