Una mirada retrospectiva a la crisis de 2000-2005

La relación de las instituciones políticas, la forma multitud y los movimientos sociales en Bolivia

Carlos Ernesto Ichuta Nina¹

La crisis social y política ocurrida en Bolivia en el periodo 2000-2005 evidenció el desgaste de un régimen político excluyente. El rol de los movimientos sociales en esta etapa fue fundamental, pero otra sería la historia si su poder no habría colapsado por las soluciones institucionales impuestas a la crisis y la presencia de la “forma multitud”.

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Las desigualdades socioeconómicas, políticas y culturales explican la evolución de las luchas populares en Bolivia, porque bajo esas condiciones se erigió un Estado ajeno a la sociedad. Ese defecto se profundizó con el establecimiento del régimen de la “democracia pactada”², en 1985. El acceso al poder estuvo definido por el juego de negociaciones entre un “trípode de partidos tradicionales” que rotaron sucesivamente en el poder (Mayorga, 2002), amparándose en lo dispuesto por el artículo 60 de la Constitución Política del Estado, que define que el presidente debe ser elegido por el Congreso entre los dos candidatos más votados, cuando ninguno obtiene el voto popular mayoritario. Así, el rol que el Congreso debía jugar a favor de la gobernabilidad, y el sistema multipartidista que alentaba las preferencias plurales, que podrían ser consideradas las principales virtudes del sistema político, fueron amañadas por partidos débiles, personalizados y de bajo apoyo electoral (Mainwaring y Scully, 1995:1-34). La construcción de mayorías artificiales permitió la indiferenciación programática e ideológica de estos partidos y facilitó la reducción de los espacios para la oposición.

Para algunos, este régimen posibilitó la “estabilidad” de la democracia, pero incluso quienes la defienden reconocen que estuvo basado en el favoritismo político, el patrimonialismo y la empleomanía de las clases medias (Gamarra, 1999; Gamarra y Malloy, 1995). Es decir, fue un régimen excluyente, sometido, además, a la dependencia de organismos internacionales y al gobierno de Estados Unidos. Éste le obligó a llevar adelante programas-receta, incluso a través del uso de la fuerza, que lo convirtió en un régimen democrático-autoritario.

Pero a partir del año 2000, una serie de conflictos sociales turbaron esa “estabilidad”, sobre todo cuando los Movimientos Sociales (MS) resistieron al método represivo de imposición política (Alenda, 2004). Los hitos de esa crisis fueron la “guerra del agua”, “febrero negro” y la “guerra del gas”. En un sentido práctico, éstos fueron un efecto de la imposición de medidas antipopulares, y en un sentido ideológico representaron una dura lucha contra el neoliberalismo.

El zenit de la crisis lo constituyó la guerra del gas, cuando los MS pasaron de identificar a los operadores de la democracia pactada como enemigos del país, a cuestionar la estructura institucional. Pero fueron las demandas prácticas de la multitud, como la renuncia de dos presidentes y la convocatoria a elecciones, las que desplazaron las aspiraciones de cambio haciendo triunfar la institucionalidad “democrática”. Con las elecciones de 2005, el poder de los MS colapsó definitivamente por la vinculación de varios sectores sociales con el Movimiento al Socialismo (MAS) quien, a pesar suyo, era un agente del sistema. Por eso la crisis identificada como un “momento de inflexión política” (PNUD, 2004; Calderón y Gamarra, 2005), asume razón, en la medida en que habría provocado sólo el cambio del sistema de partidos y no el fin de los partidos, de los políticos, ni de las prácticas de la democracia pactada.

En este artículo profundizamos la explicación de ese proceso de desplazamiento que los MS habrían sufrido como actores protagónicos de la crisis de los años 2000-2005. Reconstruyendo la trama conflictiva, concluimos que la aparición de la forma multitud, portadora de objetivos inmediatos, impidió a los MS lograr sus objetivos ideales. Y atendiendo el tema institucional, en la teoría de los MS, concluimos que la crisis del sistema hizo que sus agentes lo defendieran cooptando y derrumbando las aspiraciones de cambio.

Lo institucional en la teoría de los MS

Los MS son diferenciados de otros tipos de acción colectiva por contar con una organización, establecer vínculos de solidaridad, y por tener un carácter a-institucional, al ser un producto de la ineficacia de los gobiernos para responder a las demandas de la sociedad (Smelser, 1995). Este carácter a-institucional fue expuesto con mayor fuerza por el “enfoque estructural” europeo, según el cual los movimientos estarían consagrados a la acción crítica y se orientarían por la contradicción, más que por el conflicto, pues su lucha se daría contra el orden establecido por una clase dominante (Touraine, 1988). Aunque llegaran a quedarse en el terreno de la acción reivindicativa, esa tendencia los llevaría siempre al intento de rebasar el límite de la política (Melucci, 1990).

La compleja manifestación de los MS en la vida cotidiana, donde lo a-institucional es simple posibilidad, obligó a una reinterpretación teórica. Surgió la necesidad de entenderlos como sistemas de acción que actúan en campos sistémicos de posibilidades y límites, y en torno a nexos entre orientaciones y oportunidades y/o constricciones sistémicas (Melucci, 2002:37). Ello los haría dependientes no del logro de objetivos sino de las condiciones para lograrlas. Entonces los MS debían estudiarse dentro de marcos espacio-temporales precisos, y en sus formas organizativas y discursivas particulares, prescindiendo incluso del uso de una sola teoría (Sousa Santos, 2001). Por ejemplo, el conflicto de valores materiales y postmateriales en la sociedad postindustrial, analizado por Inglehart (1997), podría ser adoptado en la explicación de la tensa coexistencia de movimientos con tendencia a la practicidad, y movimientos con tendencia al idealismo. Distinguiríamos así “al MS” (el gran actor) orientado al nivel histórico estructural y al cambio, de “los MS” (actores diversos) orientados a mantener el statu quo (Garreton, 2002). Este es un conflicto que fue evidente en la crisis boliviana.

La teoría estructuralista quedó relegada de ese modo al análisis de los viejos MS, y reinterpretando lo a-institucional surgió la teoría “micro-sociológica” anglosajona, dominante en el análisis de los nuevos MS. En esta teoría la acción colectiva es entendida como una respuesta al cálculo individual y utilitarista del individuo, quien agrupado busca defender, con los medios más eficaces, sus intereses egoístas (Olson, 1992; McCarhty y Zald, 1987). Los conceptos de “movilización de recursos” y “estructura de oportunidades políticas” permiten tomar en cuenta las condiciones para la movilización y la consecución de objetivos en formas cíclicas (Tarrow, 2004; McAdam, 1996; Tilly, 1978). Los MS actuarían así en un campo de limitaciones y oportunidades políticas que permiten u obstaculizan sus éxitos (Foweracker, 1995).

De esa manera, si los viejos MS emergían de las contradicciones sociales en base a un horizonte societal alternativo, los nuevos movimientos emergerían desde los asuntos de la vida cotidiana (Offe, 1985; Habermas, 1981), si a los viejos MS los definía su lucha por el control de la historicidad y su identidad de clase, a los nuevos movimientos los definiría la multiplicidad de actores, la desideologización, las motivaciones disímiles y la estructura organizativa renuente a la centralización o a la jerarquía (Dalton y Kuechler, 1992); si a los viejos MS los definía la identidad de un nosotros, frente a un ellos como enemigo, los nuevos movimientos, como agrupaciones de actores diversos, convertirían en asuntos de estrategia la identidad y la solidaridad (Cohen y Arato, 1995), y si los viejos MS adoptarían tendencias a-institucionales, los nuevos movimientos buscarían oportunidades, negociarían con las instituciones o participarían de sus canales para lograr sus objetivos.

La pérdida de carácter a-institucional, no implicaría empero dejar de lado la confrontación con el Estado, pues los MS tienen demandas que sólo él puede satisfacer. Como foco de contradicción, el desarrollo de los movimientos y la modernización del Estado podrían ocurrir en paralelo (Foweraker y Landman, 2000:226), pero eso depende de la naturaleza del MS. El Estado representa un orden urdido por un conjunto institucional de patrones que buscan la reproducción del sistema, en función de sanciones y recompensas, actuando sobre agentes disfuncionales (como los MS) mediante la institucionalización (Jepperson, 1991:145). Por eso todo lo que tiene que ver con las instituciones del Estado se mueve en el ámbito de la maniobra política (Foweraker y Craig, 1990:5), y como ente que representa orden y control, no permite el cambio social por una sola fuerza, por lo que esas iniciativas las tolera o las coopta (Durand, 1994:17). Es decir, si los MS pierden su carácter a-institucional, pese a la mayor probabilidad de logro de objetivos, se convertirían en actores conservadores pues la institución, en tanto destino del movimiento, sería producto de su derrota y de su rendición a lo existente, o el término de una tensión entre la perfección-ilusión y la institución-engaño (Alberoni, 1984:13).

En la crisis boliviana, los MS fueron actores de distinta naturaleza y estuvieron diferenciados por su prospectiva política. La fuente de conflicto fue su compleja y diferenciada relación con las instituciones políticas y el Estado, a pesar de ser éste el foco de contradicción.

Grandilocuencia teórica boliviana

Los estudiosos de los MS en Bolivia no atendieron el tema institucional. Más bien, en base a un sincretismo teórico propio de los estudios latinoamericanos (Calderón y otros, 1992), se concentraron en el análisis de su dinámica y naturaleza. El revisionismo teórico también es notable (García y otros, 2004) en un contexto en el que los MS necesitan ser pensados en base a imperativos de la propia realidad.

Es más, con la crisis dominaron las interpretaciones exageradas. Los MS fueron vistos como “constituyentes de una nueva hegemonía de masas” (Escobar y Alvarez, 1992), que habría hecho posible la presencia de la “forma multitud”. Originalmente la forma multitud fue pensada como un síntoma del imperio, que no es como el pueblo ni como la clase obrera, ni indiferenciada como las masas, sería más bien una clase global que incluye a lo diverso no dejando fuera a ningún sector de la población; pretendería desbordar al imperio tendiendo a la ruptura revolucionaria porque llevaría consigo el proyecto político democrático, aunque no diferenciaría entre reforma ni revolución (Hardt y Negri, 2004). En su versión boliviana, la protesta social habría derivado en la forma multitud por sobrepasar su carácter de clase, ser una agregación de sujetos sociales o asociación de asociaciones donde cada sujeto habló por la entidad colectiva, adquiriendo un sentido prospectivo de la democracia, derivando en la rebelión de la Bolivia plebeya (García y otros, 2001; Prada, 2004: 65-69). Presentado así, la forma multitud sería un todo movilizado pero desorganizado, y la movilización contra-imperial (si es que existió) sólo sería posible con la presencia de organismos orientadores de la lucha. Casualmente esos organismos fueron los partidos indigenistas: el MAS y el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), por lo que la forma multitud parece más un argumento para la institucionalización de los MS. Habría así una lectura interesada del conflicto, porque la multitud se mueve según la noción de “ambivalencia”, siendo solidaria o agresiva, o posibilidad de cambio o destrucción (Virno, 2006). Para que tenga sentido debe ser orientada, y en Bolivia lo fue a través de la forma partido, merced a lo cual se defendió su absoluta positividad, no resultando extraño que esa reflexión provenga de los intelectuales cercanos al MAS.

Tal interpretación maniquea ocultó la lógica del conflicto de intereses que primó en la movilización. No explicó cómo ni por qué se estableció un discurso hegemónico reivindicativo indígena por encima de la multitud, ni por qué no se vino abajo el sistema existente. Tampoco explicó por qué los MS fueron inevitablemente apresados por el MAS, a pesar de la tendencia a-institucional de algunos de ellos.

La ruta reivindicativa

La sociedad boliviana siempre ha sido vista como conflictiva. Si es así, hay que preguntarse por qué el régimen de la democracia pactada duró tanto tiempo. Hipotéticamente podría deberse a cuatro aspectos:

1. La lucha popular habría tendido sucesivamente a la lógica reivindicativa, es decir, a la canalización de demandas por canales institucionales. La consecuente pérdida de radicalidad de los MS habría repercutido en el descenso del conflicto social (gráfico 1) y en la oxigenación del régimen.
2. La atomización del sector laboral, tras la imposición del modelo neoliberal en 1985, contribuyó al establecimiento del patrón reivindicativo. Desde la restauración de la democracia, hasta 2004, la mayor conflictividad social fue vivida en los gobiernos de la UDP y de Paz Estenssoro, cuando una potente y radical Central Obrera Boliviana (COB) enfrentó con dureza los desaciertos de la UDP y la aplicación de la Nueva Política Económica del primer gobierno del MNR. Memorable es la “marcha por la vida”, de 1986, en contra del decreto de “relocalización obrera” 21060³, medida que rompería la hegemonía del sector minero al interior de la COB, desplazándola como interlocutora del sector laboral y haciendo que las demandas sectoriales persiguieran su realización individual.
3. Los gobiernos de la democracia pactada practicaron formas autoritarias de imposición política⁴ que pudieron haber ahuyentado a los trabajadores del campo del conflicto, alentando una especie de egoísmo sectorial de negociación directa de sus demandas con los gobiernos de turno, en detrimento de la lucha articulada.
4. Los gobiernos del régimen se empeñaron en consolidar “la democracia” y es probable que los MS asimilaran tal empeño. Mientras que el espíritu nacional-popular y el clima de recuperación de la democracia, en el gobierno de la UDP, permitió que los MS vieran en él la posibilidad de realización de sus más diversos objetivos, de 1996 al 2000 el apoyo a la democracia fue del 62% y la cantidad de conflictos bajó; en el periodo de crisis el apoyo declinó hasta el 50% (Latinobarómetro, 2005:51). Es decir, si el discurso pro democrático afectó la acción de los MS, entonces la acción reivindicativa podría haberse hecho funcional a su “estabilidad”. Por ejemplo, la “Marcha (indígena) por la soberanía popular, el territorio y los recursos naturales”, de 1990, demandó el reconocimiento de sus territorios y la convocatoria a una Asamblea Constituyente (AC), pero no fue más allá de obtener el reconocimiento constitucional del carácter multicultural y plurilingüe del país, lo que constituyó un signo de mejora de la “democracia” y la afirmación de la legitimidad del régimen.

Pero la imposición del patrón reivindicativo no supuso el fin de la confrontación de los MS con el Estado. Laserna y otros (2006:94) calculan que entre 1970 y el 2005, 60.6% de los conflictos tuvieron como adversario al Estado central, y 11.6% al Estado local, lo que quiere decir que los MS amenazaron crecientemente la estabilidad de los gobiernos, pero sin poder rebasar al Estado.

 

2000-2002: La ruta del viraje, atisbos de la crisis

Antes de 2000, las huelgas, marchas y paros prolongados constituían los repertorios de acción de los MS, después fueron los bloqueos de carreteras (Tellería, 2006; Villarroel, 2002), más tarde, la quema y asalto de instituciones políticas y el cerco económico. Estos últimos, sin embargo, expusieron a mayor riesgo a los movilizados por la violencia ejercida por los gobiernos⁵. Mas la intensificación de los repertorios de acción de los MS habría sido directamente proporcional a la violencia ejercida por el Estado; cuando ésta fue mayor se desató la crisis. La guerra del agua⁶ (septiembre de 1999 - abril del 2000) fue su primer hito.

Decretada la privatización por Banzer, y transferidos los pozos de agua de propiedad comunal a la transnacional Aguas del Tunari, se vio en el derecho de triplicar los precios por el consumo de agua. Masivas protestas desde los barrios pobres sucedieron al hecho, generando una estructura de oportunidades favorable a la conformación de la Coordinadora del Agua, para desplazar al Comité Cívico que había tomado el rumbo de la negociación con el gobierno, saliendo al paso de la condición impuesta (por éste) de negociar con interlocutores válidos y reconocidos por las bases (Mayorga y otros, 2005).

Mientras las negociaciones resultaron infructuosas, el movimiento adquirió mayor radicalidad, adoptando discursos antineoliberales, denunciando el “entreguismo del gobierno vende-patria” y demandando la renuncia del presidente. Aunque eso dificultó más el proceso de negociación, sólo el paso del predominio social al predominio político-discursivo permitió la expulsión de la transnacional bandera del neoliberalismo (Daroca, 2002:12).

Pero ese resultado no fue exactamente un logro de los MS. La quema y asalto a las dependencias del gobierno obligó a éste a declarar un estado de sitio que no logró detener sin embargo la movilización. Las Fuerzas Armadas fueron convocadas, y tras la primera pérdida humana la protesta se hizo masiva, y arribó la forma multitud asfixiando las aspiraciones radicales del movimiento. Una vez lograda la rescisión de los contratos de privatización, la Coordinadora fue abandonada, se institucionalizó y oligarquizó.

A pesar de eso, la guerra del agua develó que el único radicalismo en avanzada era el de las políticas neoliberales en su “fase de desposesión” (Harvey, 2005), llevada a ultranza por los gobiernos del régimen. Parte de la población adquirió por tanto una conciencia de que las medidas políticas asfixiantes de dos décadas se podían revertir (Crabtree, 2005:30)⁷.

La ambigüedad del movimiento indígena-campesino y sus efectos

A la par de la guerra del agua, reapareció en el altiplano el movimiento indígena-campesino con un discurso destructivo en contra de las elites gobernantes. Felipe Quispe, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), basándose (sin reconocerlo) en el indianismo fundamentalista de Fausto Reynaga⁸, revivió la tesis de las “dos Bolivias”, refiriendo la relación colonial que ejercen los k’aras (blancos) sobre los indios, por más de 500 años. Y planteó la generación de un proceso descolonizador y de retorno al “ayllu”⁹.

Pero ese discurso hizo renacer el regionalismo antioccidental de las elites del departamento de Santa Cruz de la Sierra. Y mientras Quispe planteaba la recomposición nacional indígena, las elites cruceñas se organizaron alrededor del Comité Cívico pro Santa Cruz, sacando de la clandestinidad un engañoso pero efectivo discurso de la “Nación Camba” (exaltador de los atributos, riqueza y carácter cultural del Camba), en torno a un anticentralismo y una aversión al país dominado por el poder colla, facilitando una tendencia al secesionismo.

Ambos MS tuvieron un efecto polarizador. Pero en el camino, bajo el argumento de los 500 años de dominación k’ara, Quispe estableció una lucha pragmática y sin cuartel contra el gobierno, demandando una serie de atenciones a su sector (modificación de leyes, dotación de infraestructura, etc.), y el movimiento cruceño disfrazó su interés práctico con objetivos más ideales, organizándose local y regionalmente, sin la necesidad de confrontarse con el gobierno, debido a su origen institucional.

En septiembre de 2000, el movimiento campesino paralizó económicamente parte del país, apoyando una marcha de maestros (de Oruro a La Paz) por mejores salarios. Hubo 10 muertos y 159 heridos (La Prensa, 31.12.2005), y en torno a ello exigió la renuncia del presidente y demandó la refundación del país a través de la realización de una AC. Pero incoherentemente, sobre la base de su poder de convocatoria, Quispe decidió dar un paso más en la lucha formando el MIP. Institucionalizó el movimiento, pero incurrió en prácticas caudillistas y autoritarias, provocando fisuras al interior del partido y el movimiento, con la separación de la Federación de Mujeres Campesinas-Bartolina Sisa y el Consejo Nacional de Marqas y Ayllus del Qullasuyo.

La búsqueda de espacios políticos y de representación efectiva para los indígenas y campesinos, a través del MIP, provocó otra vez que las elites cruceñas buscaran hacer atravesar su discurso regionalista de sus paredes institucionales. Cruda o coherentemente, los grupos conservadores debían impedir la indianización o collanización del país.

La ambigüedad del movimiento cocalero

El gobierno de Estados Unidos obligó a los gobiernos del régimen a la lucha contra el narcotráfico (Aranibar, 2004) que consistió en la criminalización de los productores de coca. Quien llevó al extremo tales obligaciones fue Banzer, a través del plan de erradicación “coca cero”, consistente en la militarización del Chapare, cuyo objetivo fue la erradicación exitosa y el despedazamiento de la organización cocalera. 50.000 productores y sus familias fueron despojados de su medio de sobrevivencia, al no existir planes de compensación económica; el país perdió 500 millones de dólares, hasta 2002, y se incurrió en la violación de los derechos humanos (Freedom House, 2005). Entonces la lucha de los cocaleros se hizo más organizada, resistente, militante, antineoliberal, antiimperialista y antiestadounidense.

Ya en 1996 los cocaleros habían decidido organizarse políticamente, sugiriendo en los ampliados de la CSUTCB la conformación de un instrumento político campesino-indígena, que tomó cuerpo en la formación de la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP), y su participación en las elecciones de 1997 con Izquierda Unida, cuando resultó electo diputado el dirigente Evo Morales. Pero la rivalidad sectorial y dirigencial al interior de la ASP obligó a los cocaleros a formar por su cuenta el Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), para buscar la representación efectiva del sector y su defensa de la agresividad del Estado. La estrategia consistió en ocupar cargos políticos y crecer como fuerza política (Stefanoni y Alto, 2006; Alto, 2007b). Es decir, la presencia de Morales en el parlamento no fue factor de dilación de la agresividad del gobierno sobre los cocaleros, por lo que su rol protagónico estuvo en la dirigencia sindical, desde donde impulsó la constitución de una organización partidaria autónoma (el MAS-IPSP) que le permitiera el logro de los objetivos sectoriales.

En el año 2002, producto de una intervención, varios militares fueron hallados muertos en el Chapare. Morales fue señalado como autor intelectual de los hechos, y pasó a ser desaforado por los partidos del régimen. Entonces el movimiento buscó irradiar su capacidad de resistencia hacia otros MS, criticando el entreguismo del gobierno a los intereses norteamericanos. Morales fue encumbrado como luchador antiimperialista, y el movimiento encontró la doble vía de lucha contra el régimen: la institucional y la social. Pero estos dos factores no siempre se relacionarían de modo coherente, sobre todo con la adhesión de otros sectores no afines a la estrategia cocalera (Alto, 2007a).

Aminoraciones a la crisis

La institucionalización de los MS más importantes y combativos de los últimos tiempos, permitió que la realización de elecciones sea vista como la real estructura de oportunidades políticas. Pero la forma partido hizo que los objetivos de los MS sufrieran transfiguraciones, porque las posibilidades de cambio tendrían que pasar necesariamente por el protagonismo de las elites.

De ese modo, las elecciones de 2002 taponaron el conflicto social. Además, el nivel de desaprobación del gobierno (79%), tras la renuncia de Banzer, había sido revertido (70%) por Jorge Quiroga, su vicepresidente¹⁰ (De Mesa, 2001: 5-8), generando un aparente clima de paz social y de legitimidad del gobierno.

Como nunca, los componentes étnico y antisistema definirían la dinámica electoral. Los partidos antisistema manifestaron una vocación pragmática¹¹, pues basándose en la denuncia de la incompetencia y la corrupción de la clase política, y con el fin de acabar con esos privilegios, plantearon la reforma de la Constitución a través de una AC. Los partidos que condensaron los componentes étnico y antisistema (MAS, MIP), representaron no sólo una política alternativa por su procedencia (Van Cott, 2003), sino una amenaza a los privilegios de la clase gobernante. El desafío más importante para estos partidos consistió en revertir la suerte de la representación indígena en un país considerado mayoritariamente mestizo (Seligson, 2004:43) y que había hecho fracasar al indianismo y al indigenismo por mucho tiempo, a pesar de su lucha contra un Estado discriminador (Hurtado, 1986; Ticona y otros 1995). Pero el MAS destrabó el discurso fundamentalista del MIP, en su intención de llegar a sectores sin sensibilidad por el indianismo, aunque su discurso antiimperialista debía revertir la situación de la izquierda en un país en el que ya no encontró cabida.

Al final el MIP obtuvo un buen resultado, y el MAS, segundo, desplazó a NFR, considerado el principal rival por los partidos del régimen; gran parte del resultado obtenido por el MAS lo explica el intervencionismo de la embajada de Estados Unidos, que había amenazado a la población con el recorte de la ayuda económica si ganaba Morales¹². La institucionalización de los MS había rendido así sus frutos, dándole eficacia a la democracia electoral, aunque polarizando el sistema de partidos (Mayorga, 2002) en extremo.

Como fue la norma desde 1982, ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta de votos¹³, y en la negociación congresal la democracia pactada, con ayuda de partidos chicos, llevó otra vez a SL al poder. Pero frente a un presidente de reducida legitimidad, se levantó una oposición real, comprometida con hacer política en el parlamento y en las calles.

2003-2005: El poder del movimiento, las continuas derrotas

SL se vio obligado a continuar la “exitosa” política de erradicación de la coca de su antecesor, y para asegurar la ayuda internacional debía además garantizar la estabilidad económica, aún cuando la exportación de hidrocarburos mantuvo a flote la economía (CEPAL, 2005:149-156).

La continuación del plan coca cero llevó a la profundización de los enfrentamientos entre militares y cocaleros. Con ello emergió el Estado Mayor del Pueblo, en enero de 2003, a la cabeza del MAS-IPSP, que buscó aglutinar a la mayor cantidad de sectores sociales para llevar adelante la resistencia popular conjunta y una lucha articulada en contra del gobierno.

Con la política antidroga llevada al fracaso, el gobierno centró su atención en las medidas económicas, gravando un impuesto sobre el ingreso del 12.5%. El “impuestazo”, llamado así popularmente, fracasaría, sólo considerando que 80% de la gente vive en la pobreza (International Crisis Group, 2003:5). El día 11 los policías, el sector asalariado más menguado, abrió el escenario de la crisis de “febrero negro” con varios amotinamientos. El día 12, ante la falta de resguardo policial, una marcha de estudiantes del colegio Ayacucho logró arremeter contra el Palacio de Gobierno. Las Fuerzas Armadas fueron movilizadas, reaccionaron los policías, y ambos se enfrentaron a balazos. La crisis del Estado quedaba manifiesta.

La zozobra llevó a parte de la población a protagonizar una revuelta popular. La quema de oficinas gubernamentales y partidarias apareció como una expresión de neo-Ludismo a la británica (como los obreros que identificaban a las máquinas como elementos de opresión capitalista), haciendo emerger un sentimiento antipartidista¹⁴. La convulsión llevó incluso a que sectores conservadores rumoraran intentos de golpe de Estado, pidiendo al gobierno la protección de la propiedad privada (Gamarra, 2003:6-10).

Por la fuerza de los hechos el gobierno dejó sin efecto el impuestazo, exigió subordinación a la policía e intentó reconstituir el respeto al Estado, antes de declarar un estado de excepción, como fuera costumbre. Jugó así su última carta: exportar gas a Norteamérica, favoreciendo a las empresas transnacionales beneficiadas con la concesión de campos petrolíferos en el proceso de privatización del anterior gobierno de SL. Con el argumento de los bajos costos, éste anunciaría que la exportación se haría por puerto chileno, irritando el sentir antichileno en la opinión pública y haciendo emerger un neonacionalismo de sentido práctico.

Fue la ciudad de El Alto el epicentro del terremoto político. En ella, en torno a sus demandas sectoriales contra el gobierno local, las organizaciones populares ligaron su demanda de exportación del gas por puerto peruano; modo y forma de lucha que se irradió hacia la ciudad de La Paz.

El movimiento indígena-campesino, liderado aún por Quispe, demandó acciones más radicales: la nacionalización del gas y la recuperación de los recursos naturales. El movimiento cruceño se opuso a la nacionalización y demandó autonomía administrativa sobre los recursos naturales, lo que hizo que el conflicto en Santa Cruz fuera visto de modo completamente diferente (Peña, 2006). En paralelo, una especie de implosión social acompañó al proceso: surgió el Movimiento Sin Tierra, los “Sin techo”, emergieron nuevos MS con liderazgos novedosos desde las juntas vecinales, se activaron los viejos MS como la COB, o se reconstituyeron mediante liderazgos novedosos, como la Central Obrera Regional - El Alto. Estos, sin embargo, no mostraron horizontes políticos coincidentes.

Contrario a ese panorama, el gobierno se aferró a su modo inconsulto de gobernar, permitiendo que en la opinión pública la explotación de los hidrocarburos se fuera convirtiendo en una panacea al estado de postración y pobreza existentes. Surgieron de ese modo prácticas deliberativas en el seno de los MS. Haciendo interactuar la voluntad formal democrática con la informalidad de la opinión sobre juicios de la vida buena y la justicia (Habermas, 1998:380; Elster, 2001:20), convergieron en dos lógicas de lucha: una lógica política de búsqueda del cambio total del país a través de la instalación de una AC, vía cierre del Parlamento; y una lógica económica de demanda de nacionalización de los hidrocarburos, conformando comités de defensa del gas. Con ambos ejes, el poder parecía emerger realmente del pueblo, pero la consecución de esos objetivos dependería de su confrontación con los objetivos del gobierno. La lucha duró 41 días.

La acción más radical de los MS consistió en cercar a la ciudad de La Paz, impidiendo el ingreso de productos agrícolas y cerrando las válvulas de suministro de gas. El gobierno ordenó la intervención militar de El Alto, y  entre el 12 y 14 de octubre se vivió la guerra del gas, con un saldo de 75 muertos y más de 300 heridos (Seoane y Taddei, 2003). Los vínculos de solidaridad con la lucha popular rompieron su sentido clasista, cuando grupos de clase media se sumaron a la movilización. Emergió así una vez más la forma multitud, no impulsando las aspiraciones político-económicas de los MS, sino únicamente la demanda de renuncia del presidente, sugerida también por los partidos de oposición (cuadro 1). El día 17, SL huyó a Miami, lo sucedió su vicepresidente, y se impidió la debacle del régimen.

Según el cuadro 1, la multitud habría estado compuesta por actores de posición conservadora y de posición ambigua. Ellos, por su cercanía al Estado, veían que la concertación, el diálogo e incluso la renuncia del presidente debían ser los remedios a la crisis. En cambio, quienes aspiraron a un cambio político, pasando por la renuncia del presidente, fueron los MS (con asterisco en el cuadro), pues en torno a un antipartidismo pedían “que se vayan todos” y demandaban el cierre del Congreso. Ese sentimiento privó de participar en las movilizaciones a los partidos políticos de oposición.

Pero la crisis había sido solucionada ya en el ámbito estatal, aunque la caída de SL fue fundamental para que los MS adquirieran conciencia de su poder, lo que iba a ser central en sucesivas coyunturas.

 Otras infelices experiencias

Al asumir el mando, el vicepresidente Mesa estableció una especie de luna de miel con la sociedad al recibir el 82% de apoyo popular (Calderón y Gamarra, 2005:32). Practicó además una especie de populismo haciendo visibles cada una de sus acciones, y conformando un gabinete sin filiación partidista, o un “gobierno sin partidos” (Mayorga, 2005). Incluso estableció relaciones con el MAS. Todos estos actos taponaron el poder de los movimientos y echaron a perder el liderazgo de Quispe, quien había anunciado su intención de derrocar a Mesa y a todos los oligarcas que ilegítimamente se habían servido de la lucha popular (La Razón, 29.10.2003). Pero la falta de carácter de Mesa hizo de su gestión una corta infeliz experiencia, pues a 19 meses en el poder, los sectores que lo respaldaron exigieron su renuncia.

A diferencia de los gobiernos de la democracia pactada, Mesa intentó practicar una política dialogante. Tras la guerra del gas estableció con los MS los “acuerdos de octubre”, con el fin de modificar la Ley de Hidrocarburos, convocar a un referéndum vinculante sobre el tema del gas y a una AC, institucionalizando así sus objetivos. En 2004 se realizó el referéndum, pero sus procedimientos amañados¹⁵ dejaron ver que la nacionalización no era el propósito de Mesa, que aducía no querer hacerse responsable de los costos sobre la economía, si llevaba adelante una medida de tal naturaleza (La Razón, 10.07.2004). Los MS emparentaron así esta gestión a la de su antecesor, y al régimen aún vigente.

El más grave error de Mesa fue no haber aplacado el avorazado afán de las elites cruceñas tratándolas como a los MS de occidente; al contrario, desairó al movimiento cruceño permitiendo que se radicalizara. Éste logró articular a toda la franja oriental del país formando el bloque de la “media luna”, en torno a la demanda de “autonomía regional”. El descuido de Mesa contribuyó a la mayor división regional que amenaza al país¹⁶, y al engrandecimiento de un contrapoder que lo obligó a establecer, en 2004, los “acuerdos de febrero” para proceder a la elección de prefectos por voto popular, convocar a referéndum autonómico y a una AC para tratar exclusivamente el tema de las autonomías departamentales.

De ese modo, la sociedad estaba rebasando al Estado y, en un intento parricida, Mesa amenazó con dimitir al cargo dos veces, en el afán de recibir mayor apoyo político. Pero el chantaje fue infructuoso, y su renuncia se consumó señalando como enemigos de la gobernabilidad a los dirigentes de los MS, las elites cruceñas y los partidos de oposición. Los partidos tradicionales encontraron así la oportunidad para reclamar la sucesión constitucional del cargo para el presidente del Congreso, miembro del MIR, trasladando la sesión congresal a la ciudad de Sucre, aduciendo la tensión social vivida en La Paz. Sólo el “que se vayan todos” pudo torcer tal objetivo, pues los MS fueron tras el enemigo, exigiendo el cierre del Congreso. Pero otra hábil maniobra sucedió: los congresistas cedieron el cargo al presidente de la Corte de Justicia, quien tuvo el mandato expedito de convocar a elecciones.

Esta vez, el discurso de defensa y compromiso con la “democracia” de los partidos de oposición, desplazó a los MS de sus objetivos de acabar con una falsa democracia y todas sus instituciones. La muestra de ello se dio en la conformación del “pacto antioligárquico” (mayo de 2005), cuando se produjo una aberrante guerra de acusaciones entre el dirigente de la COB y Morales; el primero apoyaba la constitución de Asambleas Populares, y el segundo la convocatoria a elecciones. Morales fue tildado de traidor de las aspiraciones populares, y el dirigente de la COB de golpista¹⁷.

Con las elecciones de 2005, sin embargo, los MS iban a asumir un comportamiento predecible, por su alineamiento a la opción representativa del cambio: el MAS; pero aparecería un desplazado: el movimiento cruceño.

2005: La real fuerza de Morales

La radicalidad de los MS no estuvo suficientemente sustentada por un horizonte político alternativo. Quizá por eso se vieron rebasados por la forma multitud y no pudieron controlar la estructura de oportunidades políticas. Y aunque fueron conscientes de su poder, no lo fueron respecto a sus alcances ni respecto a su relación con los agentes del sistema. Probablemente los viejos MS perdieron más, al ser incapaces de irradiar su discurso, sentar hegemonía y ser desplazados por el discurso pro democrático. A pesar de ello, las elecciones de 2005 fueron vistas como históricas.

Ahora la dinámica electoral estuvo determinada por la crisis, y apareció desplazado el MIP, justo el partido más radical en la coyuntura. Principalmente el MAS y Poder Democrático Social (Podemos, de Quiroga Ramírez), capitalizaron los efectos de la crisis, acomodándose incluso a las tendencias antipartidistas al acentuar su carácter de partido-movimiento, el primero, y de “agrupación ciudadana”¹⁸, el segundo (MAS-IPSP, 2005; Podemos, 2005).

Pero según el gráfico 2, ningún partido, ni Morales, gozaban de confianza antes de las elecciones, y la expectativa de diálogo ante la polarización social era pírrica. De ello se deduce que las elecciones nunca fueron una solución a la crisis, y que los MS pudieron haber leído con sensatez la situación coyuntural. Pero las elecciones fueron impuestas y el pesimismo de la sociedad y el radicalismo de los MS debían ser cooptados.

 

Según el gráfico 3, la tendencia al cambio social fue mayor en los grupos con condiciones de inseguridad simbólica (adultos de nivel socioeconómico bajo y alto) y de adaptación pragmática o instrumental (jóvenes de estrato medio y alto). En contraste, los grupos conservadores (adultos pobres, de fuerte autoidentificación indígena y niveles medios de educación) y con seguridad material básica (adultos en extrema pobreza), tendieron mucho menos al cambio. A pesar de lo cuestionable de estos datos, publicados por el PNUD, permiten ver que la disposición al cambio no fue generalizada. Por antonomasia, el MAS contaría con el respaldo de los grupos con esa tendencia, para lo que debía mantener cierto grado de radicalidad, pero si quería ganar votos debía extender su influencia a todos los grupos sociales, es decir, debía combinar radicalidad con conservadurismo. Coincidentemente, a la finalización de su campaña no insistió en el cambio del modelo económico o del sistema político, apostó más bien por la conciliación, el diálogo con los sectores de oposición y el respeto a la propiedad privada.

En cuanto a los MS, los de occidente, y algunos de oriente con carácter indígena, respaldarían al MAS. Los movimientos de oriente, portadores de la noción “no todos somos indígenas”, serían el capital electoral de Podemos, pero en torno a un antiindigenismo y un antievismo. Como Podemos fue un reciclaje del régimen, generaría tendencias antioligárquicas a favor del MAS.

El dilema de los MS consistió en afirmar su radicalidad, manteniendo su autonomía, o ceñirse al juego institucional aprovechando la coyuntura. Este dilema llevó a los MS a establecer con el MAS una relación conflictiva, pues éste, en el afán de ganar votos, ya había sacrificado su radicalidad, lo que le valió el alejamiento de los sectores radicales. De ese modo, el MAS rompió el carácter corporativo de los MS a través de la relación sectorial; Morales nunca estableció acuerdos globales con ellos, más bien los despedazó a través de la sectorialización. Los acuerdos se darían así en base a una real convicción o en base a intereses mezquinos, como en el caso de la Fejuve-El Alto, que condicionó su apoyo electoral a una cartera ministerial, al estilo del modo clientelar de la democracia pactada (La Prensa,  28.08.2005).

Según el cuadro 2, se produjeron dos tipos de vinculación, de tipo orgánico y de tipo electoral. Probablemente los sectores que apoyaron al MAS electoralmente fueron de tendencia radical, buscando no comprometer su autonomía. Su alineamiento habría sido estratégico, para garantizar la realización de la AC y la nacionalización de los hidrocarburos. Por eso, no es cierto que el gobierno del MAS sea de los MS; fueron más bien algunos sectores los que definieron la lógica de actuación del MAS, haciéndolo sensible a sus demandas.

No obstante, la lógica instrumental del MAS se impuso. Estableció vínculos con algunos sectores a nombre de los MS, con la clase media a través de ciertos intelectuales, con la izquierda a través de líderes de cuadros políticos, y a los grupos conservadores les ofreció seguridad jurídica y económica. Y para solucionar la polarización social convocó a un voto mayoritario. Morales obtuvo 53,7% de los votos, pero el país resultó partido en dos.

Consecuencias actuales

La vinculación sectorial del MAS con los MS fue un mecanismo excluyente de integración política, y aunque los sectores buscaron incidir directamente en la constitución del gobierno, ese real sentido se fue manifestando sucesivamente, sobre todo cuando el gobierno identificó en ello una fuente de la inviabilidad política. Dos hechos sostienen este juicio:

a) El primer gabinete gubernamental fue más indígena-popular y más cercano a los MS; tras un año, fue cambiado por una elite tecnócrata de izquierda, reciclada de viejos partidos, y muy lejana a los MS (Deheza, 2007). Paralelamente, se produjo una limpia de las tendencias radicales en el gobierno, que afectó directamente a los ministros de hidrocarburos y educación¹⁹. Con ello se produjo una concentración del poder en Morales, y en un entorno de izquierda pragmática (Stefanoni, 2006). Los MS quedaron relegados a una especie de cuartel popular disponible para la defensa de “su gobierno”, ante cualquier posible arremetida de la oposición y la oligarquía. El mismo vicepresidente pretendió teorizar esta relación utilitaria, tras la fachada de la recuperación del sindicalismo y la lucha por controlar los espacios estatales a través de un movimiento reformista y revolucionario-político (no social), que sería el “evismo” (García, 2006), echando por tierra el significado de toda la lucha social por el caudillismo político (Laserna, 2007).

b) La relación del gobierno con los sectores fue declinando, y lo que ahora se puede llamar como el “entorno social palaciego del gobierno” lo constituyen la CSUTCB, la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, la CIDOB, el CONAMAQ y la Confederación Sindical de Colonizadores, quienes para hacerle contrapeso al Consejo Nacional por la Democracia, formado por el bloque de la “media luna”, constituyeron la Coordinadora Nacional para el Cambio-Pacto de Unidad (La Prensa, 19.08.2008), dando a entender que el cambio debe atravesar necesariamente por la confrontación social.

 

Es decir, la relación utilitaria que los MS pretendían establecer con el gobierno funcionó al revés. Incluso la instancia que iba a permitir el cambio, la AC, funcionó bajo una forma que acabó por darle el tiro de gracia al papel protagónico que debían jugar, al desarrollarse bajo el patrón representativo de la democracia pactada. La conformación de organizaciones partidarias fue impuesta como un imperativo para participar, y ni siquiera la Ley de Agrupaciones Ciudadanas surtió efecto²⁰, porque en el afán de buscar la realización de logros sectoriales, mediante un instrumento político eficaz, diversos sectores tuvieron que participar con el MAS para no ser desplazados del proceso. Ello permitió también que los sectores conservadores representaran a los movimientos regionales, por lo que la polarización fue llevada al ámbito constituyente sometido a la presión de grupos interesados en la obtención y mantenimiento de privilegios (Fuente, 2008).

La AC se asemejó, así, a un ámbito de debate parlamentario donde los constituyentes debían seguir la línea política definida por los partidos y los grupos de presión (Chávez y Mokrani, 2007; Valcarce, 2008), por encima de las diferencias entre sectores transformacionistas y reformistas (Schilling, 2008). La constelación de grupos alrededor de los constituyentes hizo que el debate saliera del púlpito para refugiarse en organizaciones ajenas al ámbito deliberativo, y en torno a ello, gobierno y oposición estuvieron a punto de generar una guerra civil. Al final, el debate en torno al futuro del país se minimizó en la lucha de dos proyectos de organización política del país: la autonomía regional o la autonomía indígena. El gobierno se enfrenta desde entonces a una oligarquía hábil en el manejo de la multitud antievista y antiindigenista, probablemente marcando un antes y un después en el patrón de la movilización (Lavaud, 2007; Laserna, 2007; Gutiérrez y Lorini, 2007).

Según el gráfico 4, si bien el nivel de conflictividad es muy bajo entre 2006-2007, respecto a los tiempos de la democracia pactada, el nuevo ciclo de conflictividad tiene a otros sectores integrados y a otros sectores desplazados (Fundación UNIR, 2007:3), y éstos últimos manifiestan mayor radicalidad, porque la identidad que los sostiene es más particularista (Molina, 2008), y proclive a apelar a la superioridad racial frente a una multitud presta a las tendencias racistas y al discurso fácil. Lo paradójico es que si bien estos movimientos se confrontan con el Estado, ya no lo detentan, sino buscan su desmembramiento por medio de su afán autonomista y la construcción de estados paralelos.

 

Todo ello es producto de una crisis de Estado, que junto con la polarización social nunca fueron solucionadas. Producto de esa crisis el proceso de cambio requería que el gobierno de Morales fuera de transición, para posibilitar la constitución de un nosotros unitario y para buscar la fortaleza del Estado, a falta de una estructura económica que permita el fácil paso hacia una verdadera democracia (Rostow, 1970). Todo lo contrario, el MAS heredó un Estado en crisis y la división social se ahondó por la proyección del discurso indígena y un proyecto de Constitución escasamente multicultural. Para rematar, sobre esos problemas el gobierno inició un proceso “revolucionario democrático y cultural” que sólo posibilita la viabilidad de una política reformista y asistencialista, sobre el sistema económico que el mismo MAS había criticado (Orellana, 2006). Por eso la nacionalización no tuvo el impacto esperado, porque además se basó en el interés de no perder el apoyo de los MS demandantes de esa tarea, lo que supone la inexistencia de una visión más amplia del problema económico (Molina, 2007), aunque su ideólogo principal sostiene argucias inentendibles, como el “capitalismo andino”. Pero en el recuento de los daños quizá podríamos estar peor.

Conclusión

En la crisis social y política de 2000-2005, los MS fueron desplazados del rol histórico que debía haberles correspondido jugar, por tres aspectos principales: los arreglos institucionales que se sobreponen a las tendencias radicales de los MS, la aparición de la forma multitud, que no genera una situación revolucionaria, y el rol que juegan los partidos políticos, como actores “legítimos” del sistema democrático.

La historia de los MS bolivianos es así una historia de continuas derrotas. En las elecciones de 2005, sin embargo, el MAS posibilitó la visibilización de un cambio profundo, el problema es que nunca dejó de ser un agente del sistema, y en su preocupación por representar a los que no lo fueron históricamente, generó nuevos desplazados. En torno a ello, y si tomamos en serio lo dicho por Touraine (2006), de que el gobierno de Morales definiría la suerte de la izquierda en la región, en las actuales condiciones éste parece ser menos radical y revolucionario, que los MS conducidos por grupos oligárquicos, quienes parecen tener mayor vocación transformadora, porque han logrado objetivos en contra del Estado por la vía a-institucional. Ello hace a la pugna de dos proyectos disímiles: uno que se ampara y demanda el respeto al derruido Estado de derecho, y otro que, vía multitud, lo cuestiona. Por esto, las posibilidades de transformación y cambio, parecen depender otra vez de los MS.

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1   Candidato a doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Académica México (FLACSO).

2   La democracia pactada es un régimen en el que el acceso al poder estuvo basado en la formación de coaliciones partidarias. Dicho mecanismo surgió con el objetivo de solucionar el impase provocado por el artículo 60 constitucional que exige la mayoría absoluta de votos para ocupar el cargo de presidente, cuando el propio sistema multipartidista impedía el logro de ese resultado. Con el tiempo, el mecanismo degeneró pues no permitió la apertura de los espacios de representación, sino la hegemonía de los llamados partidos tradicionales: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) (gráfico 1). Sólo hasta el 2005 el sistema electoral conoció excepciones. Entre otros, Mayorga (2001) dice que ese mecanismo posibilitó la estabilidad democrática, pero Calderón y Gamarra (2005) le atribuyen a ello la generación de tendencias antisistema y la crisis del régimen.

3   El decreto 21060, de relocalización obrera, estipuló la libre contratación y la racionalización de la burocracia, en teoría; en la práctica consistió en el despido de casi 23.000 trabajadores mineros.

4   De 1986 a 2002 decretaron 6 estados de sitio: 3 en el gobierno de Paz Estenssoro, 2 en el primer gobierno de Sánchez de Lozada (SL), y 1 en el de Banzer; aproximadamente 1.194 trabajadores fueron detenidos y 739 confinados (Tellería, 2006:30; Alenda, 2004:9)

5   De 110 heridos y 15 muertos entre policías, civiles y militares, en el gobierno de Paz Estenssoro, la cifra subió a 580 heridos y 98 muertos en el gobierno de Banzer; la mayor cantidad de asesinados (135) se produjo en el segundo gobierno de SL (Tellería, 2006:32).

6   Siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial, en 1999 el gobierno otorgó la concesión de distribución del agua, por cuarenta años, a un consorcio italo-norteamericano, privatizando así el sistema de agua en Cochabamba. La concesión dispuso libertad de estipulación de precios, y la propiedad sobre las aguas de pozo comunal. El Comité en Defensa del Agua y de la Vida o Coordinadora del Agua, liderado por Oscar Olivera, ejecutivo de la Federación de Trabajadores Fabriles, fue creado para revertir tal medida. En abril de 2000 se ganó una demanda que obligó al gobierno a cancelar los contratos de privatización y a regresar el control del agua a las empresas cooperativistas (Olivera y Lewis, 2005: Daroca, 2002).

7   “La Guerra del Agua marca una ruptura con la  manera de ser dirigentes, y volcamos nuestros esfuerzos en defensa de temas ciudadanos (…) Nos dimos cuenta que podíamos articularnos todos como ciudadanos, ahí nace la conciencia de movimiento ciudadano” (Fajardo, 2003; entrevista a Oscar Olivera).

8   Intelectual aymara que formó en 1968 el primer Partido Indio de Bolivia (Reynaga, 1969).

9   Quispe sostiene: “Simón Bolívar y Antonio José de Sucre llegaron luchando, matando hasta a sus abuelos, hasta a los criollos. Ellos republicanizan al país, y a nosotros los indígenas nos bolivianizan. En la época de Víctor Paz Estenssoro hubo la revolución de 1952, y tampoco esos movimientistas llegaron con un ramo de flores en las manos (…) Los indígenas somos mayoría en Bolivia, y como mayoría histórica estamos decididos a autogobernarnos, a dictar nuestras propias leyes, a cambiar la Constitución política del Estado por nuestra Constitución; a cambiar el sistema capitalista por nuestro sistema comunitario, a cambiar la bandera boliviana tricolor por nuestra bandera de siete colores (…) Lo que tenemos que hacer es trabajar para el cambio, sólo con ese cambio Bolivia no sería ya ni siquiera Bolivia, sino la República del Qullasuyo (…) En Europa el patrón es gringo y el peón es gringo. En Bolivia el patrón es gringo y el peón es indio (…) Los que construyen los edificios, barren, lavan, planchan, cargan, cultivan, producen, sudan, manejan los camiones y ponen la sangre en las guerras son indios. En la llamada Bolivia los indígenas hemos perdido nuestros territorios y tierras, nos han discriminado y nos tratan a patadas (Jimenez, 2003; entrevista a Felipe Quispe; cursivas mías).

10 En agosto de 2001, afectado por un cáncer, Banzer renunció a la presidencia y le sucedió Quiroga, miembro del ala renovadora de ADN enfrentada al entorno de Banzer, por su vocación tecnocrática. Quiroga había ocupado el cargo de ministro de finanzas en la presidencia de Paz Zamora, desde donde impulsó la venta de las empresas estatales.

11 Sus nombres fueron sui géneris: Libertad y Justicia, Movimiento Ciudadano por el Cambio, y la propia NFR.

12 Días previos a las elecciones, el director antinarcóticos de la embajada de Estados Unidos sentenció: “Esta es una decisión para los bolivianos, ustedes conocen a Evo Morales y sabemos que ha trabajado contra los intereses del país” (La Razón, 12.06.2002), y lo secundó el embajador: “Una Bolivia dirigida por gente que se ha beneficiado del narcotráfico no puede esperar que los mercados de los Estados Unidos se mantengan abiertos para las exportaciones tradicionales de textiles (...) si eligen a dirigentes vinculados de una u otra manera con el narcotráfico y el terrorismo: ¡abran los ojos!” (La Razón, 27.06.2002).

13 La pequeña diferencia entre el MNR (22.46%), el MAS (20.94%) y NFR (20.92%) iba a generar una crisis de legitimidad, porque el gobierno lo conformaría una megacoalición. El MIR (16.31%) resultó cuarto, y muy lejos se ubicó el MIP (6.09%), que sin embargo, como ninguna opción indianista en la historia, obtuvo 6 diputaciones.

14 El gobierno movilizó a francotiradores dejando un saldo de 30 muertos y más de 100 heridos (Freedom House, 2005).

15 En 2004, sólo el 33.7% valoró óptimamente el referéndum (Corte Nacional Electoral, 2004: 89).

16 Los movimientos regionales nacieron con la fundación de la república, y con ellos su tendencia secesionista. “Nación Camba”, apareció mucho antes de 2000 de la mano de las juventudes cruceñistas y de manera clandestina (Gutiérrez, 2005), pero se hizo visible en la etapa de crisis, siendo criticado por su uso del concepto de nación, justificada de manera subjetiva y en torno a una aversión al poder kolla (Ichuta, 2002). Pero detrás de tales abusos discursivos, el derecho a la administración de la riqueza regional constituye su principal fortaleza, por ello pasó a constituir fácilmente el resorte “ideológico” del movimiento liderado por el Comité Cívico pro Santa Cruz y las “instituciones regionales representativas cruceñas”.

17 El principal actor contrario a esa propuesta fue la COB. Jaime Solares, entonces su ejecutivo, justificaba: “mi filosofía es socialista, de los trabajadores, de los campesinos, la de instalar el gobierno obrero-campesino y esto no es un delito (…) Los mineros son la vanguardia porque no hablan simplemente del problema de su gremio, sino de programas políticos, de salud, educación. Aunque seamos pocos, y sin menospreciar a los demás, por excelencia la clase proletaria es la clase revolucionaria (…) Aquí no manda el MIP ni el MAS, partidos políticos neoliberales, sino los trabajadores y campesinos” (Solares, 2004).

18 El sentimiento antipartidista de los MS también fue canalizado vía institucional, cuando, por presión, en 2004, el gobierno de Mesa promulgó la Ley 2771 de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, rompiendo con el monopolio representativo de los partidos. Esta ley permitía que ciudadanos independientes y movimientos indígenas se constituyeran en organizaciones de representación política. Mas esta no fue aprovechada por las organizaciones, sino por Podemos, un Catch-All Party, o partido reciclaje, que se arropó en dicha figura para escapar a la crisis institucional.

19 Andrés Soliz Rada, político de izquierda, nombrado ministro de hidrocarburos, había criticado la tibia actitud de su gobierno, en especial del vicepresidente, para apoyar un proceso de nacionalización radical de expropiación absoluta; al final fue obligado a renunciar, en ausencia de Morales. Felix Patzi, ideólogo indianista, nombrado ministro de educación, fue depuesto del cargo tras denunciar insistentemente el efecto distorsionador que en el proceso de cambio estaba logrando el llamado “entorno blancoide del presidente”.

20 Catorce agrupaciones políticas participaron en la Constituyente. De ellas, sólo AYRA y el Movimiento Originario Popular apelaron a lo indígena. El resto de los cupos representativos lo constituyeron el MAS, Podemos, Unidad Nacional, el MBL, el MIR, el MNR, Concertación Nacional y Autonomías para Bolivia, todas organizaciones partidarias.

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